25° período de sesiones
Acta resumida de la 527ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 18 de julio de 2001, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Manalo (Vicepresidenta)
más tarde:Sra. Acar (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Segundo informe periódico de Guyana (continuación)
En ausencia de la Sra. Abaka (Presidenta), la Sra. Manalo (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Segundo informe periódico de Guyana (continuación) (CEDAW/C/GUY/2)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Guyana toman asiento como partic i pantes en el debate de la Mesa.
La Sra. Shadick (Guyana) acoge favorablemente el examen a fondo realizado por el Comité del segundo informe periódico de Guyana (CEDAW/C/GUY/2). Su Gobierno se ha comprometido a establecer mecanismos de derecho y de hecho que garanticen la participación íntegra e igual de las mujeres y de los hombres en la sociedad. La oradora desea destacar novedades en siete esferas claves y pide al Comité que tenga presente los problemas persistentes de las normas patriarcales y el difícil entorno económico.
El principio de la igualdad de derechos y de la no discriminación está consagrado en la Constitución de 1980, pero no se puede hacer cumplir. Habida cuenta de su falta de concienciación y de instrucción, las mujeres apenas han hecho valer ulteriores disposiciones legislativas, como la Ley relativa a la igualdad de derechos (1990) y la Ley sobre prevención de la discriminación (1997). La oradora se complace en informar que las limitaciones de la Constitución se han abordado durante el reciente proceso de reforma constitucional de Guyana. El Comité de Reforma Constitucional, integrado por representantes de organizaciones religiosas, la sociedad civil y todos los partidos políticos, llegó a la conclusión de que la Constitución debería incluir un derecho fundamental con fuerza ejecutoria relativo a la no discriminación por razones de sexo, género, estado civil o embarazo. Además, se decidió que siete convenciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pasarían a formar parte de las disposiciones de la Constitución y serían aplicables tanto al sector público como al sector privado. A finales de mayo de 2001 la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley en el que se disponía el establecimiento de varias comisiones constitucionales encargadas de supervisar la aplicación de esas convenciones. Para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tenían interés la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género, la Comisión de las Poblaciones Indígenas y la Comisión de los Derechos del Niño.
La oradora subraya las responsabilidades de los diversos organismos y programas que constituyen el mecanismo nacional de Guyana para el adelanto de la mujer. A fin de garantizar la complementariedad de sus papeles y funciones, el Misterio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social formuló claros objetivos para cada organismo.
La Oficina de Asuntos de la Mujer, organismo del Ministerio, fue establecida en 1981. La Oficina, que se encarga de coordinar las actividades nacionales encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la plena participación de la mujer en la sociedad, ha formulado recomendaciones normativas, propuesto legislación y otras medidas, aplicado programas de concienciación y de otra índole, organizado programas de capacitación, gestionado un fondo rotatorio de microcréditos y reunido y difundido información. Con objeto de que la Oficina pudiera terminar gradualmente algunas actividades y ocuparse más eficazmente de iniciativas normativas y relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género, en 1997 se puso en marcha un proceso de racionalización que entrañaba el establecimiento de dos organismos financiados por el PNUD, a saber, el Instituto del Liderazgo de la Mujer de Guyana y el Centro Nacional de Recursos y Documentación. La propia Oficina será reforzada en breve por lo que respecta a su estructura, su personal y su financiación.
La Oficina, el Instituto del Liderazgo de la Mujer y el Centro Nacional de Recursos y Documentación son tres organismos estratégicos a través de los cuales el Ministerio coordinará un programa integral con un ciclo de proyectos cuatrienal titulado "Desarrollo de la capacidad en pro de la igualdad entre los géneros". El programa, en todas cuyas etapas las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñarán un papel, estará destinado a cinco grupos: las mujeres dirigentes en la política y en la vida pública; las mujeres de las ONG, como los sindicatos y las organizaciones de base comunitaria; las mujeres marginadas que viven en la pobreza en las zonas rurales o urbanas; las mujeres con un elevado nivel de instrucción que tienen un bajo nivel de autoestima; y los encargados de formular políticas, los grupos de profesionales y otras personas que puedan incorporar una perspectiva de género en su trabajo.
El Instituto del Liderazgo de la Mujer de Guyana se concentra en la potenciación del papel de la mujer mediante actividades de sensibilización a fin de eliminar los obstáculos psicológicos y las actitudes que disuaden a la mujer de participar en el proceso de desarrollo. Sus programas de formación, encaminados a promover aptitudes interpersonales y confianza en los medios propios a fin de lograr la participación en las esferas pública, cívica y económica, se concentran en las mujeres a nivel de la comunidad; entre las futuras tareas que habrá que cometer cabe mencionar el aumento de las repercusiones de la capacitación en las mujeres de las zonas rurales y la adopción de medidas para corregir la disparidad entre la disponibilidad de mujeres con cierto grado de especialización y su representación insuficiente en los cargos directivos. El Centro Nacional de Recursos y Documentación reúne y difunde información sobre las cuestiones relacionadas con el género, pública un boletín de interés para la mujer y colabora con la Oficina para reunir datos estadísticos sobre la participación de la mujer en diversos sectores.
Como parte integrante del programa titulado "Desarrollo de la capacidad en pro de la igualdad entre los géneros" cabe mencionar el Plan Nacional de Acción para la Mujer, 2000-2004, que será financiado principalmente por el Gobierno. El Plan, que se basa un enfoque general respecto de los numerosos factores que afectan a la mujer, esboza estrategias de acción para los microniveles (por ejemplo, la enseñanza de técnicas) y para el nivel macropolítico. Además, en el Plan se reconoce que el acceso de la mujer al poder y al proceso de adopción de decisiones es indispensable para conseguir que se beneficie en las mismas condiciones que el hombre de los recursos y programas de desarrollo.
Un Comité Interministerial, integrado por técnicos de nivel superior de los diferentes sectores de la economía, comparte con la Oficina de Asuntos de la Mujer la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género y presta asesoramiento técnico a la Oficina. Una Comisión Nacional sobre la Mujer, que asesora al Gobierno en cuestiones normativas y realiza investigaciones, está integrada por representantes de los partidos políticos y de una amplia base de mujeres con experiencia en los problemas concretos que les atañen y en el desarrollo. Se reconoce que sus funciones forman parte del espectro más amplio de responsabilidades de la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género.
La igualdad en el ámbito de la participación política es esencial para el adelanto de la mujer en otras esferas. Una masa crítica de mujeres encargadas de la formulación de políticas podría cambiar los valores y prioridades impuestos por los hombres. Por consiguiente, la oradora se congratula en anunciar un aumento significativo del número de mujeres que desempeñan cargos de representación a diversos niveles tras las recientes elecciones generales. Veinte de los 65 parlamentarios son a la sazón mujeres, lo que representa un aumento de alrededor del 15% respecto de 1997. El número de mujeres que desempeñan cargos ministeriales se ha multiplicado por dos, ya que ha pasado de dos a cuatro. Por vez primera una mujer de origen amerindio desempeña la cartera de Ministra de Asuntos Amerindios. La Asociación de Parlamentarias y el recientemente creado Foro Político de Mujeres, que cuenta con el apoyo del Canadá, garantizarán que las mujeres en general se beneficien del aumento de su representación en el Parlamento. Dentro del sistema de gobierno local, la representación de las mujeres en los diez Consejos Democráticos Regionales ha pasado del 21% en 1997 al 30%, aunque no haya a la sazón ninguna mujer que presida un Consejo. Por último, la oradora se congratula en anunciar que la Magistrada Desirée Bernard, ex Presidenta del Comité, es la primera mujer que ha pasado a ocupar el cargo de Canciller de la Judicatura.
Guyana tiene la segunda tasa más elevada de la región del Caribe de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). A causa de la pobreza y del desempleo, las mujeres constituyen un grupo vulnerable que representa el 45% de los casos de VIH/SIDA registrados en 2001. La Oficina de Asuntos de la Mujer se propone movilizar a las mujeres mediante las ONG para que colaboren con la Secretaría del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, que ha sido reestructurada, en relación con un programa de prevención con diversas facetas, al que se han asignado fondos adicionales del Estado, al tiempo que hay otros programas de promoción y educación que cuentan con el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (ONUSIDA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID).
Guyana ha conseguido importantes logros en materia de salud durante el período 1997-1999. La mortalidad de las mujeres y de los niños ha disminuido en torno al 30%. La Ley relativa a la interrupción médica del embarazo ha servido para legalizar la práctica del aborto cuando éste se lleva a cabo por médicos oficialmente reconocidos en hospitales autorizados. El aborto ha sido legalizado si se dan algunas circunstancias (por ejemplo, si la mujer ha quedado embarazada de resultas de una violación o de un incesto o hay riesgos para de la salud de la mujer, la mujer es seropositiva o corre el riesgo de tener un hijo con defectos físicos o mentales). De conformidad con la Ley, no se puede practicar el aborto después de ocho semanas de embarazo; y la interrupción del embarazo ha de hacerse siguiendo un procedimiento no quirúrgico, administrado o supervisado por un médico. Las mujeres han de ser obligatoriamente asesoradas antes y después del aborto por expertos designados por el Gobierno y por una ONG especializada.
En la esfera de la enseñanza, diversas entidades del Gobierno y otros organismos y ONG imparten formación profesional a los jóvenes que abandonan la escuela. En junio de 2001, 159 mujeres se graduaron tras haber cursado el primer ciclo de capacitación en técnicas no tradicionales para la mujer como la carpintería y la plomería, y muchas de ellas ya han conseguido trabajos seguros en empresas de la construcción.
La Ley relativa a la igualdad de derechos y la Ley sobre prevención de la discriminación son los principales instrumentos jurídicos que protegen a la mujer frente a la discriminación en el empleo; se están adoptando medidas para alentar a que se interpongan acciones judiciales y a que se impongan sanciones en el caso de violaciones. En el Plan Nacional de Acción para el Desarrollo de la Mujer figuran medidas encaminadas a reducir el desempleo. La ONG denominada Red de Mujeres Rurales está colaborando con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola para ejecutar programas educativos y de generación de ingresos para la mujer.
Las mujeres que trabajan en los organismos públicos tienen derecho a tres meses de licencia de maternidad con disfrute de sueldo, pero las que trabajan en el sector privado no tienen ninguna garantía de esa licencia y pueden ser despedidas de manera encubierta después del embarazo. El Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social concede especial importancia a la formulación de una política nacional sobre licencia maternidad, para lo cual se celebrará amplias consultas con el sector privado.
Guyana, y particularmente las mujeres del país, se enfrentan a dificultades económicas a causa de la carga de la deuda, pese a los importantes progresos realizados en la condonación. En el marco de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, el Gobierno ha preparado una estrategia de reducción de la pobreza que entraña la celebración de consultas con las mujeres en los planos local, regional y nacional, lo que puede posibilitar una nueva reducción de la deuda de los países endeudados por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por conducto de las iniciativas de base comunitaria se están adoptando otras medidas de reducción de la pobreza que benefician a la mujer.
La lucha contra el fenómeno de la violencia contra la mujer y los niños exige cuestionar creencias y prácticas culturales, incluida la opinión de que esos asuntos deben mantenerse en privado. La social civil ya ha adoptado la iniciativa de incluir la cuestión en el ámbito público. La ONG Women’s Rights Campaign redactó la Ley sobre violencia en el hogar (1996), con lo que sentó las bases de la actuación del Gobierno. Hasta la fecha, el Gobierno ha proporcionado servicios de asesoramiento y de asistencia letrada, ha establecido diversas ONG para que colaboren con las tareas de asesoramiento, apoyo judicial y ubicación de las mujeres en albergues, ha proporcionado subvenciones a diferentes ONG, como la Asociación de Abogadas de Guyana y Help and Shelter, y ha capacitado a agentes de la policía y a trabajadores sociales para que gestionen casos de violencia contra la mujer.
La oradora lamenta el actual clima de inestabilidad política, que constituye un obstáculo para el desarrollo de la mujer, y dice que el Plan Nacional de Acción para el Desarrollo de la Mujer contribuirá a unir a las mujeres por encima de las diferencias religiosas, sociales y políticas, en calidad de fuerza vinculadora de la sociedad. Con arreglo al Plan, se desarrollarán sistemas analíticos para garantizar que los datos oficiales se desglosan por sexo y ubicación geográfica. Guyana, que fue uno de los primeros países en adherirse a la Convención, ha realizado avances considerables a los efectos de reducir las desigualdades entre los géneros, con la ayuda, en particular, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Gobierno del Canadá.
La Sra. González encomia a Guyana por haber presentado tan rápidamente su segundo informe periódico; ello constituye un ejemplo para otros países de la región que aún no han presentado su informe o lo han presentado tarde. La detallada presentación oral realizada por la Sra. Shadick ha colmado lagunas y ha aclarado dudas planteadas en el informe escrito; además, en los cuadros con datos estadísticos que acaban de distribuirse se muestra, entre otras cosas, un notable aumento de la representación de la mujer en la política. No obstante, por lo que respecta al cuadro relativo al VIH/SIDA, la oradora pregunta si están disminuyendo realmente los casos.
La oradora acoge favorablemente la creación de comisiones constitucionales para supervisar la aplicación de los instrumentos de derechos humanos y sugiere que, como medida complementaria, se informe a la mujer acerca de sus derechos. La oradora pide aclaraciones sobre la relación entre la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género y el sistema existente para el adelanto de la mujer, como la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Comisión Nacional sobre la Mujer. ¿Qué tipo de coordinación existe y cómo pueden reforzarse entre sí los diversos mecanismos?
La Sra. Hazelle, después de destacar los progresos realizados en la promoción de los derechos de la mujer, manifiesta preocupación por la aplicación parcial de la legislación vigente y por la falta de mecanismos eficaces. Por ejemplo, pregunta si el Oficial Jefe de Asuntos Laborales desempeña un papel activo en su calidad de autoridad encargada de incoar actuaciones judiciales en el marco de la Ley sobre prevención de la discriminación, si el personal correspondiente recibe formación adecuada y si la sociedad en general conoce suficientemente las disposiciones de la Ley. Además, pregunta si se ha establecido realmente la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género y cuáles son su mandato y su composición, si es un organismo que desempeña sus actividades en régimen de dedicación exclusiva, cómo se le plantean los asuntos y si sustituirá o simplemente complementará la labor de la Comisión Nacional sobre la Mujer. Además, convendría saber qué vínculos o mecanismos nacionales se han creado para garantizar las relaciones de asociación y colaboración entre todos los interesados directos a fin de que se conozca mejor la Ley sobre prevención de la discriminación y qué papel desempeña la Asociación de Abogadas de Guyana. La reorganización del mecanismo nacional de derechos de la mujer constituye un paso positivo y es importante que el Comité Interministerial para promover la igualdad de género incluya una representación relativamente de alto nivel para que sea verdaderamente eficaz; la oradora pide más información sobre el personal y el presupuesto de los mecanismos nacionales sobre los derechos de la mujer.
Es importante que se imparta formación a la judicatura sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y la oradora pregunta qué se ha hecho para capacitar a la policía, la judicatura y los estudiantes en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; además, pregunta qué penas se prevén en la legislación para los culpables de actos de violencia dentro de la familia. La situación de las madres adolescentes también se ve agravada por la pobreza y la oradora manifiesta sorpresa por el hecho de que no se permita a esas madres incorporarse a la escuela después de haber dado a luz.
La Sra. Ferrer Gómez pide más información acerca del Plan Nacional de Acción para la Mujer, 2000-2004, particularmente acerca de si hay proyectos para prestar asistencia a las mujeres de los grupos más vulnerables. Después de destacar el papel de coordinación que desempeña la Oficina de Asuntos de la Mujer, la oradora pregunta si el Gobierno tiene previsto establecer un ministerio independiente para los asuntos de la mujer y si asignará más fondos a ese asunto. Es especialmente importante que exista una coordinación adecuada a todos los niveles y entre los interesados directos a los efectos del adelanto de la mujer. La situación de las mujeres amerindias, quienes generalmente viven en zonas rurales y se encuentran entre los grupos más desfavorecidos, constituye un motivo de especial preocupación para la oradora, quien destaca el elevado porcentaje de mujeres amerindias que son cabezas de familia. La oradora pide más información acerca de la situación de las mujeres de las zonas rurales y acerca del modo en que esas mujeres, particularmente las amerindias, están representadas en los consejos de aldea, la Comisión de Poblaciones Indígenas, la Comisión de Relaciones Étnicas y la Red de Mujeres Rurales.
La Sra. Abaka destaca el efecto de la pobreza en las mujeres de las minorías étnicas en particular, manifiesta satisfacción por el hecho de que se haya asignado la cartera de Asuntos Amerindios a una joven amerindia y pregunta si se han adoptado medidas especiales para mejorar la situación de esas mujeres. Refiriéndose a la Ley relativa a la interrupción médica del embarazo, la oradora pregunta si existe alguna disposición para interrumpir el embarazo después de las ocho primeras semanas, como, por ejemplo, por razones de desarrollo anormal del feto o de salud mental de la madre. Además, pregunta si tiene alguna explicación el aumento del VIH/SIDA, particularmente entre ciertos grupos étnicos y de edad.
La Sra. Shadick (Guyana), respondiendo a las preguntas acerca de los vínculos existentes entre los mecanismos de derechos de la mujer, dice que el proyecto de ley de reforma constitucional aprobado el 31 de mayo de 2001, del que proporcionará un ejemplar al Comité, define el mandato y la composición de la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género. La Comisión aún no ha sido establecida, pero sus miembros serán nombrados por la Asamblea Nacional después de la celebración de consultas públicas e incluirán a la Administradora de la Oficina de Asuntos de la Mujer y a una representante del Comité Consultivo de la Mujer del Congreso Sindical. Las diversas comisiones se agruparán dentro de la Comisión de Derechos Humanos y el mandato de cada una se definirá a medida que se establezca. Los vínculos concretos con los organismos existentes y el papel de la Comisión Nacional sobre Mujer que aún no se han definido. Por lo que respecta a las tasas del VIH/SIDA, la oradora dice que el total de 1.862 casos que figuran en el cuadro distribuido en la sala de conferencias se refiere, de hecho, a todo el período comprendido entre 1987 y 2001 y no únicamente al año 1987. La agrupación de los servicios laborales, la asistencia humanitaria y la seguridad social en único ministerio facilitará la tarea de los oficiales laborales de hacer cumplir las disposiciones contra la discriminación. Se ha impartido capacitación a los oficiales laborales y, aunque se han recibido muy pocas quejas hasta la fecha, la creación del nuevo ministerio dará lugar a un mayor grado de aplicación. La Oficina de Asuntos de la Mujer y la Comisión Nacional sobre la Mujer, en colaboración con la Asociación de Abogadas de Guyana, proporcionan recursos y capacitación a los grupos de mujeres. La oradora destaca que el Comité Interministerial para promover la igualdad de género ya cuenta con una representación relativamente de alto nivel y, por consiguiente, es bastante eficaz. El presupuesto actual de la Oficina de Asuntos de la Mujer, cifrado en el 0,0065% del presupuesto nacional, resulta suficiente y no cabe inferir que los programas en pro de la mujer carezcan de fondos suficientes.
En relación con la cuestión de la violencia contra la mujer, la oradora dice que los agentes de policía de todos los niveles reciben capacitación básica por lo que respecta al papel que han de desempeñar para hacer frente a los casos de violencia en el hogar, aunque, con frecuencia, tales casos están insuficientemente documentados o no lo están en absoluto. En consecuencia, después de reunirse con oficiales superiores y con el Comisionado de Policía, la oradora ha proporcionado a las comisarías de policía una lista de instrucciones, que contiene preguntas concretas que han de formular a las víctimas los agentes de policía encargados de los casos de violencia contra la mujer. El Gobierno, las organizaciones no gubernamentales, y las iglesias están colaborando para que se conozca mejor la Ley sobre violencia en el hogar; por ejemplo, la semana anterior se organizó un seminario de capacitación para asesores en la materia. Además, se ha capacitado a 16 trabajadores sociales y se les ha facultado a para que interpongan acciones ante los tribunales sin intervención de la policía; además, pueden pedir órdenes de protección y comparecer en nombre de las víctimas. Quien haya violado una orden de protección judicial puede ser encarcelado y la violencia en el hogar es perseguida de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal relativas a las agresiones y a los daños corporales graves.
En los debates celebrados con la Canciller de la Judicatura, ésta ha recomendado que se examinen por separado los casos que entren dentro del ámbito de la Ley sobre violencia en el hogar y que se nombren magistrados especializados en ese tipo de violencia. Es de esperar que se apruebe antes de final de año la legislación necesaria para crear los tribunales de familia. La Canciller ha manifestado que no habrá ningún problema en designar a magistrados para esos tribunales.
En respuesta a la Sra. Hazelle, la oradora dice que no es cierto que no se permita a las muchachas embarazadas a regresar a la escuela; de hecho, se las alienta a reanudar sus estudios después de dar a luz.
En respuesta a la Sra. Ferrer Gómez, la oradora reconoce que las mujeres son ciertamente las víctimas principales de la pobreza y uno de los grupos más vulnerables de la social. Se están poniendo en marcha programas para abordar la situación, particularmente en las zonas rurales. Se han establecido servicios de asistencia letrada para las mujeres de las zonas rurales utilizando recursos de un fondo especial contra la pobreza del Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social. Los servicios de asistencia letrada son especialmente útiles para las divorciadas o separadas con dificultades para obtener el pago de alimentos o conseguir que se les entreguen sus bienes. Sobre la base de las consultas celebradas con grupos de mujeres de las diferentes regiones, el Ministerio proporciona subvenciones para que las mujeres especialmente vulnerables puedan poner en marcha pequeñas empresas generadoras de ingresos. Esas medidas se verán impulsadas por la aplicación de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y el documento de estrategia para la reducción de la pobreza. Además, el Presidente de Guyana ha anunciado que se prestará asistencia para establecer fábricas de ropa en las zonas rurales a fin de crear puestos de trabajo para las mujeres cabezas de familia.
Se ha realizado una considerable labor con las comunidades amerindias. Las mujeres participan en los consejos de comunidad amerindios y dan a conocer las necesidades de sus comunidades a la Ministra de Asuntos Amerindios y otras autoridades del Gobierno. En todas las comunidades amerindias se han establecido centros de salud (ambulatorios en las comunidades más grandes y "chozas de salud" en los asentamientos pequeños) y escuelas de nivel secundario. Algunas comunidades ya cuentan con suministro de agua y el Ministerio de Vivienda y Recursos Hídricos está supervisando la instalación de servicios en las demás. En la actualidad, los cabezas de familia se clasifican en función del grupo étnico al que pertenecen; no obstante, merced a la informatización, será posible generar estadísticas desglosadas étnicamente. El Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social está colaborando con las comunidades amerindias en el marco de los comités de mujeres en el plano regional. Las mujeres amerindias también participan en todas las conferencias nacionales sobre la mujer celebradas en Georgetown.
En respuesta a la Sra. Abaka, la oradora dice que no es cierto que los amerindios carezcan de instrucción; tal como ha explicado, hay escuelas hasta el nivel secundario inclusive en todas las comunidades. La Ley relativa a la interrupción médica del embarazo no prevé que se practiquen abortos después de ocho meses de embarazo; la práctica del aborto se deja a la discrecionalidad de los médicos. Aunque no se han investigado las causas del aumento del VIH/SIDA, la oradora considera que obedece principalmente a la renuencia de los adolescentes a tomar precauciones. Mediante sus actividades de promoción y educación, el Gobierno intenta transformar las actitudes de los jóvenes y alertarlos acerca de los peligros del VIH/SIDA. No se dispone de información sobre la permanencia del VIH/SIDA en los diversos grupos étnicos. La mayoría de las víctimas tienen entre 18 y 30 años de edad.
La Sra. Livingstone Raday encomia al Estado parte por todos sus logros por lo que respecta a la participación de la mujer en la política y en la vida pública y por su elevada tasa de alfabetismo, que contrasta marcadamente con la persistencia de la pobreza y del sexismo. La escasa presencia de la mujer en el mundo laboral —el 26%— es ciertamente preocupante y exige una aplicación más eficaz de la legislación laboral. A este respecto, la oradora critica que se haga hincapié en las actuaciones penales más que en los recursos civiles de conformidad con la Ley relativa a la igualdad de derechos. Las actuaciones penales dan lugar a una pesada carga de la prueba, que puede resultar un problema en los casos de discriminación, y a una intervención burocrática, que hasta el momento no ha tenido mucho éxito. Lo más importante, en el marco de ese sistema, es que las mujeres no se sienten habilitadas para intentar interponer sus propios recursos y carecen de incentivos reales para hacerlo (por ejemplo, la indemnización punitiva, la reposición en el puesto de trabajo y la igualdad de sueldo). La oradora desea saber si las mujeres guyanesas tienen derecho a interponer acciones civiles y, de ser así, por qué esa opción no se ha puesto de manifiesto en el informe. De no ser así, la oradora pregunta si el Estado parte tiene previsto establecer dichos recursos civiles.
La oradora está preocupada por la inexistencia de una licencia de maternidad obligatoria y por el hecho de que no esté suficientemente garantizada la licencia de maternidad con disfrute de sueldo. En particular, pregunta si se imponen penas a los empresarios del sector privado que no aportan contribuciones al plan nacional de seguros o si, por lo menos, se les obliga a sufragar los gastos de la licencia de maternidad con disfrute de sueldo de las empleadas a las que les han negado ese derecho.
La oradora acoge favorablemente el proceso de reforma constitucional de Guyana y pregunta si las recomendaciones formuladas para que se establezca una representación obligatoria de género del 33,3% han tenido éxito en los planos regional y nacional. La oradora desea que se aporten cifras sobre los casos registrados de violencia contra la mujer y, en particular, de violencia en el hogar, sobre las actuaciones judiciales y sobre las declaraciones de culpabilidad, así como sobre la gravedad de las condenas en los casos de culpabilidad. Sería interesante saber si el Estado parte tiene previsto ampliar su programa de formación de los agentes de policía en materia de violencia contra la mujer. La oradora confía en que tendrán mucho éxito los próximos seminarios que se organizarán para la judicatura en relación con la violencia contra la mujer y la violencia en el hogar.
La Sra. Goonesekere manifiesta sorpresa por el hecho de que un país como Guyana, con un impresionante número de mujeres en la vida política, una Ley relativa a la igualdad de derechos y una Ley sobre violencia en el hogar, no cumpla las normas establecidas en la Convención relativas a la licencia de maternidad, licencia que, de conformidad con sus artículos 5 b), 11 1) f) y 2), se considera un derecho básico y no una prerrogativa que puede revocarse discrecionalmente por los empleadores. El Estado parte debe atenerse a las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las que figuran en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención. Es particularmente importante convencer al sector privado de que la concesión de la licencia de maternidad es ciertamente una buena práctica de gestión y que la producción económica se resentiría si corriera riesgos la salud de las mujeres y los niños. La oradora comparte la preocupación de la Sra. Livingstone Raday por el hecho de que la Ley relativa a la igualdad de derechos haga más hincapié en las actuaciones penales que en los recursos civiles para lograr que se cumplan las garantías constitucionales. La Ley sobre prevención de la discriminación parece concentrarse en las cuestiones laborales; la oradora agradecería aclaraciones sobre su alcance. Además, insta al Estado parte a que, en el contexto de las reformas constitucionales, considere la posibilidad de establecer un procedimiento de formulación de quejas, que permitiría que las mujeres obtuvieran reparaciones de manera más rápida que mediante las actuaciones ante los tribunales. Como complemento, podría establecerse una comisión nacional independiente que tendría sus propios mecanismos de formulación de quejas. El Estado parte tal vez desee tener en cuenta la experiencia sumamente positiva de la India al respecto. Además, una comisión independiente reforzaría la relación de colaboración con las organizaciones no gubernamentales, lo que resulta absolutamente esencial. La oradora sugiere que Guyana reconsidere sus leyes de penalización de la prostitución, habida cuenta en particular de la crisis del VIH/SIDA.
La Sra. Acar (Vicepresidenta) ocupa la Preside n cia.
La Sra. Gabr dice que, pese a sus notables logros legislativos y políticos, el Estado parte tiene servicios sociales deficientes y las mujeres son las más perjudicadas. La oradora manifiesta preocupación por la tasa general de alfabetización del país y, por lo que se refiera a la salud, destaca la urgencia de que se sensibilice más a la opinión pública acerca de los métodos anticonceptivos. Por último, la oradora acoge favorablemente la cooperación entre el Gobierno y las ONG.
La Sra. Myakayaka-Manzini pregunta si el Estado parte ha considerado la posibilidad de aprobar legislación o procedimientos administrativos para establecer la obligatoriedad de la licencia de maternidad, lo que resulta especialmente esencial en el sector privado. La oradora pide información acerca de las medidas adoptadas para mantener los destacados logros de la mujer en la vida política, como, por ejemplo, las medidas adoptadas por los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales de mujeres, y acerca de las iniciativas del Gobierno para garantizar la igualdad entre los géneros en todos los ámbitos, recurriendo, entre otras cosas, al apoyo presupuestario necesario.
La Sra. Kwaku dice que Guyana está promoviendo el adelanto de la condición jurídica y social de la mujer a todos los niveles. Sin embargo, la situación de las mujeres de las zonas rurales es bastante patética si se tienen en cuenta los inmensos avances realizados en otros sectores, razón por la que la oradora insta al Gobierno y a las mujeres de Guyana a que pongan en marcha programas y proyectos prioritarios para ellas. La oradora confía en que Guyana será el primer país en desarrollo en alcanzar una tasa de escolarización del 100% entre las mujeres de las zonas rurales.
La Sra. Shadick (Guyana) explica que se carece de legislación para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral mediante la imposición de cuotas obligatorias, si bien tampoco hay ningún impedimento jurídico o de otra índole para que las mujeres soliciten la adjudicación de cualquier cargo y la obtengan; de hecho, desde la presentación del segundo informe (CEDAW/C/GUY/2), ha aumentado el porcentaje de mujeres asalariadas. En la profesión docente, más del 80% de cada cohorte que pasa por una escuela de maestros está integrado por mujeres, en tanto que, por lo que respecta al ámbito jurídico, la oradora dice que, entre sus compañeros del último curso de licenciatura en la facultad de derecho, en 1998, había 17 guyaneses, de los que únicamente cuatro eran mujeres. Esa tendencia se mantiene.
La Ley relativa a la igualdad de derechos no se concentra sólo en los derechos laborales, sino que abarca también todas las demás esferas de la sociedad, incluidos los derechos sobre la propiedad de las mujeres que viven con hombres con los que no están casadas. Por otra parte, la Ley sobre prevención de la discriminación se concentra primordialmente en los asuntos laborales. De conformidad con esa Ley, el Oficial Jefe Laboral puede interponer actuaciones contra los infractores, pero no hay ningún impedimento jurídico para que las mujeres interpongan acciones civiles a fin de obtener reparaciones por daños y perjuicios u otro tipo de reparaciones, al igual que cualquier otra persona. Esas acciones dieron lugar en otras épocas a la imposición de indemnizaciones punitivas, a la reposición en el puesto de trabajo de la víctima de una discriminación probada, etc. El impedimento real a la interposición de acciones civiles por parte de la mujer es el profundo retraso en la tramitación de las causas ante los tribunales: desde que se interpone una acción, pueden transcurrir cinco o seis años hasta que se celebra la vista y se dicta una sentencia en la que se ordena el pago de una indemnización.
De conformidad con la Ley nacional del seguro, tanto el empleado como el empleador han de hacer aportaciones obligatorias con destino al pago de la prestación por maternidad. Un empleador que no aporta las contribuciones o no da de alta a un empleado puede ser objeto de una acción penal de conformidad con la Ley. Ese régimen se hace cumplir mediante un sistema de inspectores en todas las regiones del país, quienes responden ante cualquier denuncia que se haga. Además, en la Ley se establece que se ha de disfrutar obligatoriamente de una licencia de maternidad de seis semanas antes del alumbramiento, de una semana con motivo del alumbramiento y de seis semanas después del alumbramiento. Ciertamente algunos empleadores del sector privado intentan eludir el cumplimiento de la Ley mediante algún otro acuerdo contractual con sus empleadas. No obstante, de conformidad con el derecho de los contratos, las cláusulas que entren en conflicto con la legislación en vigor no son válidas y, por consiguiente, ese empleador puede ser llevado ante los tribunales por la empleada.
La Ley sobre prevención de la discriminación penaliza la discriminación por motivos que raza, sexo, religión, color, origen étnico, pertenencia a una población indígena, origen nacional, origen social, situación económica, opinión política, discapacidad, responsabilidades familiares, embarazo, estado civil o edad. Se ha de impartir capacitación a los oficiales laborales para que puedan abordar todas esas formas de discriminación, si bien la oradora admite que, hasta que ese elemento del sistema fue incorporado a su Ministerio, no había ninguna oportunidad real para motivar a los inspectores y reorientarlos a que abordaran la discriminación por razones de género de manera más eficaz. Anteriormente había habido una tendencia a no tener en cuenta algunos aspectos. El correspondiente oficial laboral o inspector del seguro nacional entrará primeramente en contacto con el empleador para intentar llegar a una solución satisfactoria de las controversias en lugar de interponer automáticamente una acción penal, la cual, sin embargo, interpondrá si no queda otro remedio. Con todo, lo principal es que las mujeres sean conscientes de sus derechos, razón por la que el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña de educación a tal efecto.
El Gobierno reconoce la necesidad de modificar la legislación o establecer nuevas normas a fin de abordar la discriminación, el hostigamiento sexual y otras cuestiones cuando se plantean de manera indirecta. La oradora manifiesta su confianza en que ello se habrá logrado cuando su país presente su próximo informe.
La oradora está de acuerdo en que es necesario contar con un procedimiento de denuncias al margen de la estructura del Gobierno y dice, a este respecto, que existe una autoridad policial encargada de las denuncias. La oradora destaca que los oficiales laborales, cuando reciben denuncias, entran en contacto con los empleadores como parte de sus investigaciones y en ocasiones consiguen que se rectifique la situación antes de que sea necesario interponer una acción judicial. La oradora promete intentar establecer un procedimiento de denuncias en un futuro muy próximo.
La oradora dice que el 30% de los miembros de los consejos regionales son mujeres. No obstante, es de lamentar que todos esos consejos han elegido a hombres como presidentes. Los grupos de mujeres y el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social mantienen una actitud muy vigilante sobre el asunto de la representación de las mujeres y harán todo lo que esté en su mano para asegurarse de que no se omiten cifras. De hecho, intentarán mejorar la representación para que llegue al 50%; ese objetivo se pueda alcanzar.
La oradora da lectura al número de casos de violaciones planteados ante los tribunales entre 1996 y 2000: las cifras correspondientes a cada uno de los años fueron 9,10, 9, 5 y 8. En 1996 se celebraron cinco juicios al respecto y en dos de ellos se dictó la absolución del acusado; por lo que respecta a los otros tres, se dictó una condena de tres meses de privación de libertad y dos condenas de 15 años de privación de libertad. En 1997 se celebró un juicio tras del cual se impuso una condena de ocho años de privación libertad. En 1998 se celebraron cinco juicios que dieron lugar a una absolución, a una multa de 75.000 dólares, a una condena de cuatro años de privación de libertad, a una condena de 15 años de privación de libertad y a otra de 20 años de privación de libertad. En 1999 se celebró un juicio que dio lugar a la imposición de una condena de 15 años de privación de libertad. En 2000 se celebró un juicio, tras del cual se impusieron sendas condenas de 20 años de privación de libertad a los cuatro acusados. La oradora destaca que los casos respecto de los que no se han celebrado juicios no han sido abandonados, sino que están pendientes de tramitación y que tal vez se celebren juicios durante el año judicial en curso.
La oradora proporciona información del Centro de Asistencia Jurídica de Georgetown en relación con la violencia en el hogar: entre enero y abril de 2001, 46 personas pidieron que el Centro las representara en asuntos relacionados con la violencia en el hogar; 19 fueron representadas por abogados del Centro y 27 recibieron asesoramiento en cuanto a las acciones que podían interponer. Además, se planteó cierto número de casos relacionados con lesiones corporales, aunque resulta imposible decir cuántos de ellos correspondían a violencia en el hogar. Dos víctimas de violaciones o de otras agresiones sexuales pidieron ayuda al Centro y obtuvieron asesoramiento.
La formación de los agentes de policía en relación con la violencia en el hogar es un proceso en curso. El programa de estudios de cada nueva promoción de agentes de policía incluye formación en cuestiones relacionadas con la violencia en el hogar. Los agentes más antiguos que no han recibido ese tipo de formación asisten a cursos especiales. El objetivo que se persigue es que un agente de policía de cada comisaría esté también capacitado como trabajador social, lo que está próximo a conseguirse en la práctica.
La Comisión Nacional sobre la Mujer es una comisión independiente con representación de ONG recomendadas por el Comité. El Gobierno de Guyana nunca ha intentado excluir a las ONG ni a los órganos independientes. Cuando se constituyan las comisiones constitucionales, el papel de las demás comisiones tendrá que ser examinado para determinar si se mantienen como tales o pasan a ser organismos del Gobierno; al proceder a este examen, habrá que tener presente la cuestión de su independencia.
La oradora dice que Guyana ha examinado modelos de la legislación de la India para ciertas cuestiones y que el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social la estudiará en relación con el establecimiento de una comisión independiente que se encargaría de las denuncias.
La oradora está de acuerdo en que la legislación sobre la prostitución es arcaica e inadecuada. Por ello, se compromete a dar prioridad a su reforma y a su inclusión en su programa para 2000. Las prostitutas son detenidas principalmente acusadas de merodear, vagancia, prostitución callejera o hurto; a sus clientes no se les imputan cargos, entre otras cosas, porque resultan difíciles de identificar. Ciertamente la gente guarda silencio acerca de esos asuntos y no está dispuesta a hablar ante los tribunales.
La tasa de alfabetización constituye un motivo de preocupación para el Gobierno de Guyana en general y para el Ministerio de Educación en particular: aunque todos pueden acceder a la educación en Guyana, algunos niños siguen abandonando la escuela sin saber leer. El Ministerio de Educación está abordando ese problema mediante programas de aprendizaje de lectura para adultos y niños.
En el marco de los programas de sensibilización sobre el SIDA que existen en Guyana, la cuestión de los anticonceptivos se plantea con frecuencia. La Asociación guyanesa de paternidad responsable proporciona asesoramiento y anticonceptivos gratuitamente y organiza sesiones y programas de capacitación para los jóvenes y adolescentes. Lamentablemente existe una marcada renuencia a tomar en serio el riesgo del VIH, razón por la que aún queda mucho por hacer para sensibilizar a los jóvenes acerca de la necesidad de utilizar anticonceptivos.
La situación de las mujeres rurales está comenzando a ser abordada en el marco del Plan Nacional de Acción para la Mujer, el cual es de esperar que tenga un efecto positivo.
La oradora se compromete a estudiar las asignaciones presupuestarias para las cuestiones relacionadas con las mujeres como parte del proceso presupuestario para el año 2002, que dará comienzo en septiembre de 2001. La oradora no contó con ninguna aportación para el presupuesto de 2001, razón por la que intentará conseguir que los órganos del Estado que se ocupan de las cuestiones relacionadas con la mujer cuenten con la debida financiación en 2002.
La oradora confirma que hay cinco magistradas en el Tribunal Supremo de Guyana y que una mujer, ex magistrada del Tribunal Supremo, ocupa el cargo de Canciller.
La Presidenta, hablando en nombre del Comité, encomia a la Ministra por el informe de su país, la congratula por su contribución al diálogo positivo y constructivo y dice que desea que prosiga con éxito la labor que ya ha comenzado en pro de la mujer de Guyana.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.