31° período de sesiones

Acta resumida de la 658ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 15 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. Açar

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes, con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe periódico de la República Dominicana

Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe periódico de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/5, CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.2, CEDAW/C/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1)

Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la República Dominicana toman asiento a la mesa del Comité.

La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana), presenta el informe de su país y dice que la República Dominicana incorpora en su proceso de desarrollo las medidas requeridas para el logro de una equidad efectiva entre mujeres y hombres como fundamento de una cultura democrática participativa. Se ha comprometido a garantizar los derechos de la mujer al ratificar la Convención en 1982 y su Protocolo Facultativo en junio de 2001. Como ha solicitado el Comité, el quinto informe, correspondiente al período 1998-2001, se ha actualizado hasta el primer trimestre de 2004.

Según la encuesta de gastos e ingresos de los hogares realizada por el Banco Central en 1998, el 28,7% de los hogares dominicanos y el 33% de los hogares de ingresos más bajos están encabezados por una mujer. En las zonas rurales, es jefe de familia una mujer en el 22% de los hogares. Cuanto mayor el ingreso, mayor la probabilidad de que el jefe del hogar sea un hombre. La misma encuesta indica que el 76% de los hogares encabezados por una mujer se encuentran en Santo Domingo y en las demás zonas urbanas donde está concentrada la población más pobre, en comparación con sólo el 64% de los hogares encabezados por un hombre.

En la actualidad el país atraviesa una crisis económica que le ha obligado a concertar un nuevo acuerdo “stand-by” con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo se expresa preocupación por el impacto que éste podría tener en los grupos sociales vulnerables, pero no se incluyen disposiciones para protegerlos. Para ello, el Gobierno está tomando medidas para contener la inflación controlando el tipo de cambio con el dólar de los Estados Unidos y los precios de los bienes de la canasta familiar y los servicios básicos. Recientemente ha asignado el 2% del producto interno bruto a la tarea de amortiguar el impacto de las medidas antiinflacionarias en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si bien ha eliminado los subsidios a los servicios básicos, ha mantenido el subsidio a la energía eléctrica para la población de menos ingreso y el subsidio al gas licuado de petróleo que se utiliza para cocinar. No obstante, ha sido necesario recortar el gasto público para pagar la deuda interna y externa del país, lo cual ha ido en detrimento del gasto social. Se ha ampliado la red de mercados populares, donde se venden los alimentos básicos a precios muy bajos. En agosto de 2002, el Gabinete de Asuntos Sociales del Gobierno adoptó una estrategia nacional de reducción de la pobreza de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina, en la que se fijaba la línea de indigencia en 42,09 dólares EE.UU. per cápita por mes, en comparación con un poder adquisitivo de 85,80 dólares por mes para la línea de pobreza. Según estimaciones oficiales, el 12,8% de la población, ó 1.041.569 personas, viven por debajo de la línea de indigencia. El Gobierno, conjuntamente con el Gabinete de Asuntos Sociales, está aplicando 17 medidas de apoyo social en las esferas de la salud, la nutrición y la subvención del ingreso familiar, 24 programas de bienestar social en los sectores de la salud, la educación, la infraestructura básica, la vivienda y el abastecimiento de agua potable y 45 programas de reducción de la pobreza, en los sectores de la salud, la generación de empleos y la seguridad social. En enero de 2001, la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) inició un programa para incorporar la perspectiva de género en la labor de los organismos estatales de conformidad con el decreto presidencial 974-01. Se han establecido oficinas sectoriales de equidad de género en cada secretaría de Estado, de conformidad con el Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG). Se ha incorporado la formación en la temática del género en los servicios del sector público. Los programas de asistencia social están destinados a quienes viven en la pobreza extrema, en particular las mujeres que son jefas de hogar. La SEM ha desempeñado un papel protagónico en el proceso que culminó en la promulgación de la Ley de trata y tráfico de personas y la aplicación del plan nacional de prevención de la trata. Se ha creado una casa de acogida para mujeres víctimas de la trata. Las mujeres discapacitadas, las migrantes y las de la tercera edad reciben ayuda de programas concretos en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Un total de 300.000 madres solteras reciben pensiones solidarias de 300 dólares por mes.

Según la encuesta del Banco Central, el 42,8% de las mujeres mayores de 10 años forma parte de la fuerza laboral, en tanto que los hombres representan el 68,4%. De las personas con empleos permanentes a tiempo completo, el 39,14% son mujeres y el 30.3% trabajan en el sector informal. Sólo el 3% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector de la agricultura, en tanto que el 20% trabaja en la industria. La remuneración de las mujeres, dependiendo de su nivel de educación, varía del 61 al 76% de la de los hombres. En 2003, casi la mitad de la fuerza laboral empleada en el sector del turismo eran mujeres. La SEM ha firmado un convenio con el Programa de Microfinanciamiento para la Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)para conceder préstamos y asistencia técnica a una gran variedad de pequeñas empresas.

Las medidas para combatir el trabajo infantil forman parte de una iniciativa conjunta del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América y las Secretarías de Estado de Educación y de Trabajo de la República Dominicana, de acuerdo con los decretos legislativos 144-97 y 566-01.

El Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y el Código Civil se encuentran en proceso de revisión para asegurar la equidad de género. Se están precisando y volviendo a definir diversos conceptos, entre ellos el de género, violencia intrafamiliar y acoso sexual.

La SEM cuenta con 52 oficinas provinciales y municipales de la mujer, además de las oficinas de equidad de género que existen en los departamentos de la administración pública. También presta apoyo a la aplicación de la Ley No. 24-97 sobre violencia intrafamiliar proporcionando capacitación en cuestiones de género para el personal del ministerio público y la policía nacional; ha creado casas de acogida y cuenta con cinco destacamentos especializados para las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Entre agosto de 2000 y diciembre de 2003, el equipo técnico de la SEM y la policía atendieron 74.159 casos de violencia contra la mujer.

La SEM también coordina la labor del Comité Interinstitucional de Apoyo a la Mujer Migrante (CIPROM). A nivel provincial y municipal, existen siete redes locales de prevención de la trata de personas y apoyo a las víctimas.

El enfoque de equidad de género se está incorporando en las asignaturas y programas de estudio escolares, los programas de formación de educadores y el plan nacional de desarrollo de la educación para los próximos diez años.

En el sector de la salud, el Gobierno cuenta con un plan para reducir la mortalidad maternoinfantil que incluye un programa para la detección oportuna del cáncer cervical uterino. Desde el año 2002 existe un programa de prevención y atención de embarazos en adolescentes de escasos recursos en siete zonas del país, en el marco de la campaña nacional de reducción de la pobreza. Se ocupa de la situación de la mujer rural una oficina sectorial agropecuaria de la mujer, que depende del Ministerio de Agricultura, y que está encargada de garantizar que la política oficial en el sector agrícola incluya una perspectiva de género. Esa oficina también financia actividades de capacitación y apoyo para las mujeres que se dedican a la producción y comercialización de productos agrícolas. La SEM ha organizado dos encuentros regionales con mujeres campesinas y organizaciones de mujeres para identificar problemas prioritarios y posibles soluciones en las áreas de la salud, la educación, el medio ambiente, la participación política y el empleo. La información recogida se utilizará para el diseño de políticas públicas y se incorporará a la base de datos para el censo agropecuario.

Artículos 1 a 6

La Sra. Ferrer Gómez desea recibir más información, en particular en forma tabulada, sobre los casos de homicidio de mujeres mencionados en el párrafo 3.3.1 del informe. Las reformas que se tiene la intención de introducir en el Código Penal parecen muy razonables. No obstante, la legislación sobre la violencia contra la mujer, en particular la Ley No. 24-97, no parece tener en cuenta la definición de violencia por motivos de género que figura en la Convención de Belém Do Pará, con lo cual parece haber una contradicción entre la norma internacional vinculante para el Estado parte y la legislación interna. La oradora pregunta qué medidas se están tomando para reformar la disposición del Código Penal por la cual se puede suspender la ejecución de una sentencia penal por violación si el transgresor contrae matrimonio con la víctima, y pregunta también por qué el incesto no está tipificado como delito. Además, la respuesta del Gobierno a la lista de cuestiones planteadas por el grupo de trabajo que se reunió antes del período de sesiones (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1) no contiene ninguna evaluación de los beneficios que entrañaría para la población la estrategia nacional de lucha contra la pobreza.

La oradora expresa el temor de que se suspendan las acciones judiciales si la mediación es obligatoria en las causas sobre violencia contra la mujer, con lo cual los perpetradores quedan en libertad para delinquir de nuevo. Observando que el principal objetivo de la Convención no es sólo la equidad sino la igualdad concepto vinculado al de justicia social, pregunta si la evaluación del Plan Nacional de Equidad de Género se terminó, según lo previsto, en junio de 2004 y si se tiene pensado introducir algún cambio. También desea saber si el Gobierno está tomando medidas para proteger a las mujeres que son víctimas de la esclavitud sexual al caer en manos de bandas internacionales de trata de personas, por ejemplo mediante acciones judiciales contra los tratantes o acuerdos de cooperación con otros países.

La Sra. Coker-Appiah observa que en el informe (CEDAW/C/DOM/5, párr. 3.3.3) se señala que una de las principales funciones de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar es vigilar el cumplimiento de la legislación contra la violencia, a saber, las leyes Nos. 24-97 y 14-94. No obstante, se reconoce (en el párr. 3.3.2 del informe) que los servicios especializados de atención de las víctimas de la violencia intrafamiliar son insuficientes, salvo los proporcionados por organizaciones no gubernamentales, y que no existen casas de acogida para las víctimas. La oradora desea saber qué medidas está tomando el Gobierno para remediar la situación y para ayudar a financiar las organizaciones privadas que actúan en este campo, y también qué porcentaje del presupuesto nacional total y del presupuesto de salud se asigna a actividades relativas a la violencia intrafamiliar. En el próximo informe se deberían incluir estadísticas e información sobre los efectos de los diversos programas en este campo.

La Sra. Gnacadja señala que, a pesar de que se han reformado el Código Civil y el Código Penal, al parecer siguen en vigor algunas disposiciones discriminatorias. En su respuesta a la pregunta 20 de la lista (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.2), el Gobierno no proporciona información sobre las cinco comisarías especiales para la protección de la mujer contra la violencia familiar; la oradora pregunta qué efecto han tenido los destacamentos de protección de la mujer establecidos en algunas ciudades (párr. 3.2 del informe) Además, en la respuesta a la pregunta 21 de la lista no se proporcionan los datos estadísticos prometidos; por lo tanto, esos datos se deberían proporcionar ahora verbalmente.

La Sra. Achmad dice que según la evaluación del Gobierno de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (párr. 3.5.1 del informe), no son muchos los progresos logrados para mejorar la condición de la mujer o eliminar prácticas y estereotipos sexistas. Las respuestas a las preguntas 18 y 19 de la lista indican que la situación no es muy satisfactoria en lo que respecta a la imagen de la mujer que difunden los medios de información, que deberían actuar como agentes para cambiar la mentalidad del público y concientizarlo. Es evidente que las personas que trabajan en esos medios necesitan capacitación en cuestiones de género. La oradora pregunta si el Gobierno se propone evaluar el impacto de las actividades descritas en las respuestas 18 y 19 y si ha tomado alguna medida para concientizar a los profesionales de los medios de información o se han ofrecido premios u otros incentivos a los programas que destaquen las ventajas de la igualdad del hombre y la mujer.

La Sra. Gaspard dice que, normalmente, cuando en un plan nacional, se emplea el término “equidad” en lugar de “igualdad”, ello indica que no existe el firme un compromiso de promover una auténtica igualdad. Pregunta cuántas mujeres están confinadas en las cárceles, las razones por las cuales han sido privadas de su libertad y las medidas que se adoptan para rehabilitarlas. Sería interesante saber si hubo dificultades para aplicar las medidas especiales de carácter provisional en virtud del párrafo 1 del artículo 4, como la relativa a las cuotas para esas candidaturas.

La Sra. Tavares da Silva dice que si bien el informe contiene muy poca información con respecto al artículo 5, la respuesta a la lista de cuestiones y la introducción oral indican que se están tomando medidas en la esfera abarcada por ese artículo. En lo que respecta a la prostitución y la trata de mujeres, cuestiones a las que se refiere el artículo 6 de la Convención, se indica en el informe (párr. 3.6) que el Gobierno no ha realizado ningún estudio del número de mujeres que trabajan en la industria del sexo, a pesar de que, según un estudio de una organización no gubernamental, se calculaba que su número prácticamente se duplicó entre 1998 y 2000. Si bien en el informe se señala que las trabajadoras sexuales cuentan con una mayor aceptación social y mejores servicios, lo cierto es que éstas son mujeres obligadas a dedicarse a esa actividad a causa de la pobreza y la cruda realidad de sus circunstancias. La respuesta a la pregunta 20 relativa a las sanciones impuestas a quienes explotan la prostitución indica que se penaliza sólo a los que explotan a los menores (de menos de 18 años) a pesar de que ese tipo de explotación constituye una violación del artículo 6, independientemente de la edad de la víctima.

La Presidenta invita a la delegación a responder a las preguntas del Comité.

El Sr. Mesa (República Dominicana) dice que las estadísticas relativas a la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar efectivamente están disponibles y se transmitirán al Comité. Se trata de datos sobre el número de casos investigados, el número de homicidios o suicidios, el tipo de violencia, la edad de las víctimas y el número de acciones judiciales. El número de denuncias recibidas por los diversos departamentos estatales que se ocupan de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar varió de aproximadamente 8.000 casos en 2000 a 10.000 casos en 2001, 13.000 en 2002, 8.000 en 2003 y 1.000 al mes de mayo de 2004. En esos mismos años, los destacamentos de protección de la mujer establecidos en dos ciudades recibieron aproximadamente 5.500 denuncias en 2000, 1.200 en 2001, 7.000 en 2002, 13.000 en 2003 y 4.000 al mes de mayo de 2004.

Los proyectos de enmienda al Código Penal se están examinando actualmente en un comité de la Cámara de Diputados que estudia todas las reformas propuestas por la Secretaría de Estado de la Mujer conjuntamente con una coalición de organizaciones no gubernamentales. En ese contexto se podría considerar una definición de violencia doméstica.

La Secretaría de Estado de la Mujer, como parte de la campaña para combatir la violencia intrafamiliar, ha patrocinado un programa de radio, denominado “Conozca sus derechos” para sensibilizar tanto a hombres como a mujeres acerca de esta cuestión. Se transmite dos horas por semana y abarca todos los aspectos de los derechos y el trato de la mujer y será un instrumento excelente para familiarizar al público con las disposiciones de la Convención. La Secretaría de Estado, en cooperación con la Escuela Nacional de la Judicatura, también patrocina talleres muy concurridos que ofrecen formación sobre cuestiones de género a los jueces y al personal de todos los niveles de la Fiscalía. Para sensibilizar al público, se han organizado talleres, se han publicado revistas especiales de historietas y se han realizado actividades comunitarias y cursos en las escuelas. Entre 2000 y 2004, el Departamento del Asesor para la Defensa de la Mujer contra la Violencia colaboró con la Comisión Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar en actividades que reducirían la violencia contra la mujer en general y en la familia: a corto plazo, se tenía proyectado utilizar las redes regionales y locales para atenuar el impacto de la violencia alentando a las escuelas y universidades, iglesias y asociaciones profesionales a que promovieran la solidaridad y la armonía. La Secretaría de Estado de Educación está preparando el material educativo apropiado. Además, se han establecido en otras ciudades destacamentos de protección de la mujer asignados a la Policía Nacional como los mencionados más arriba. Como se señala en el informe (párr. 3.3.3), se ha preparado un modelo nacional de atención y prevención de la violencia intrafamiliar a fin de aplicar la Ley No. 24/97. En ese modelo se establecen directrices para aprovechar al máximo los recursos disponibles en los distintos sectores, centrando la atención en esferas convenidas y promoviendo la coordinación entre la Secretaría de Estado de la Mujer, las Secretarías de Estado de Educación, Salud Pública y Bienestar Social, la Policía Nacional, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, y sus oficinas regionales y locales. Además, las redes locales establecidas para combatir la violencia familiar, que se mencionan más arriba, realizan actividades a nivel de la comunidad. Esas redes establecidas en diversas partes del país después de la ejecución de un proyecto piloto en la capital, están integradas por representantes regionales y locales de instituciones que componen la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Se proporciona capacitación basada en un modelo internacional sobre cuestiones de género y violencia familiar a jueces, docentes, personal del ministerio público, la policía y miembros de la comunidad. En 2002 y 2003, 50.000 mujeres participaron en reuniones a nivel comunitario para examinar las disposiciones de la Ley No. 24-97. Se distribuirán al Comité varios folletos, manuales y publicaciones sobre todas esas actividades.

En la legislación aprobada recientemente se prevé el establecimiento de casas de acogida, de las que actualmente hay dos en funcionamiento, un centro para mujeres maltratadas y otro para víctimas de la violencia intrafamiliar.

En 2003, la Secretaría de Estado de la Mujer presentó un proyecto de ley sobre la trata que fue aprobado por el Congreso y promulgado por el Presidente de la República con el nombre de Ley de trata y tráfico de personas. Se ha emprendido una campaña para divulgar información sobre la Ley, que incluye programas de radio, la publicación de artículos en la prensa y la divulgación de la Ley entre los organismos que componen el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Mujer Migrante (CIPROM), las redes locales de apoyo y prevención y las oficinas provinciales y municipales para la mujer. También se ha proporcionado asistencia médica y apoyo psicológico y afectivo y capacitación para el empleo. Se ha procurado asimismo obtener información sobre casos de trata de personas y divulgar información en los países de destino. En lo que respecta al proyecto de enmienda al Código Penal, el orador señala que las secciones previstas son las relativas al genocidio, el género, la orientación sexual, el asesinato de mujeres, la violencia, la violencia sexual, la violación, el incesto, la trata de personas, los atentados a la dignidad de la persona, el acoso y el abandono de la familia.

La Sra. Nivar (República Dominicana) respondiendo a una pregunta del Comité acerca del papel de los medios de información en la lucha contra la violencia intrafamiliar, dice que se ha establecido una red de periodistas contra la violencia intrafamiliar que desarrolla una gran actividad, publica revistas y estudios y organiza reuniones, conjuntamente con la Secretaría de Estado de la Mujer. Se han hecho esfuerzos por alentar a las iglesias y a los medios nacionales de información a que empleen el término “violencia intrafamiliar” lo cual no había ocurrido hasta ahora. En otras campañas de concientización se utilizan la música, canciones y otras formas de expresión artística, así como la participación de conocidos deportistas. La Ley de trata y tráfico de personas, recientemente aprobada, se incluye sanciones por violencia contra la mujer y los niños. En cuanto a la inclusión de la violencia intrafamiliar en los Códigos Penal y Civil, la oradora señala que las organizaciones no gubernamentales, los organismos estatales y las entidades de la sociedad civil que han estudiado el proyecto de Código Penal han determinado que no se trata adecuadamente en el Código el tema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la Secretaría de Estado ha presentado nuevas propuestas que han recibido un amplio apoyo. La Secretaría también está preparando propuestas para la revisión del Código Civil. Por último, la oradora dice que la ley dispone que un 33% de los candidatos al Congreso deben ser mujeres y que se ha presentado una propuesta para establecer el mismo umbral en los planos municipal y local.

La Sra. Díaz (República Dominicana), respondiendo a una pregunta de la Sra. Gaspard acerca de las cárceles, dice que si bien el problema del hacinamiento existe en algunos de los 32 establecimientos penitenciarios de la República Dominicana, ese problema no afecta particularmente a las mujeres porque sólo cuatro de cada 100 presos son mujeres. Los delitos más comunes por los que se encarcela a las mujeres son el tráfico y transporte de drogas y el robo.

La Sra. Shin, refiriéndose a las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones del Comité (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1), pide a la delegación que tenga a bien dar más detalles sobre el uso del término “equidad” que se emplea en lugar del término “igualdad” en el quinto informe periódico. Según la respuesta del Estado parte, el término “equidad” establece la premisa de que los hombres y las mujeres no son iguales en lo que respecta a su verdadera situación social, política, económica y cultural. En el informe también se proponen programas y medidas que posiblemente no sean las mismas para los hombres y las mujeres sino que establecerían un justo equilibrio. En su opinión, si el Plan Nacional de Equidad de Género que ha establecido el Estado parte tiene realmente por fin lograr ese “justo equilibrio”, esto sería problemático, ya que los artículos 1 a 16 de la Convención están íntegramente basados en el concepto de “igualdad” y no de “equidad”.

La Sra. Morvai pregunta si en los casos de violencia familiar se aplican estrategias de mediación y reconciliación o si se considera responsable al transgresor, de conformidad con la recomendación general No. 19 del Comité, relativa a la violencia contra la mujer. Respecto de una cuestión conexa, la oradora tiene entendido que las víctimas de la violencia familiar deben pagar el costo de sus certificados médicos. Si es así, insta al Estado parte a cambiar sus prácticas. Señalando que en la República Dominicana la prostitución se considera una actividad normal hasta un punto que no observa en ningún otro Estado parte, la oradora pregunta cuál es el efecto de la prostitución en la familia. Si el Gobierno dominicano considera que la prostitución es una actividad normal, la oradora duda que se pueda considerar seriamente el compromiso del Estado parte de defender la dignidad de la mujer.

El Sr. Flinterman, observando que el Estado parte ha declarado que su ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención es una medida especial de carácter temporal, pregunta si el Estado parte comprende cabalmente el significado del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, relativo a la adopción de medidas especiales de carácter temporal. Debida cuenta de que el Estado parte está obligado a dar a conocer el Protocolo Facultativo, pregunta qué medidas se han tomado para informar a los abogados, al sistema judicial, a las organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos acerca de la existencia de ese Protocolo.

La Sra. Gabr agradecería recibir más información sobre el proyecto de enmienda del Código Civil y pregunta cuándo entrará en vigor el Código revisado. También señala que la adhesión del Estado parte a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos tendría repercusiones en dicho proyecto de enmienda. Además desea saber cómo se financian los mecanismos establecidos para garantizar los derechos de la mujer. En lo que respecta a la lucha contra la pobreza, en particular entre las mujeres, le preocupa que se dé más importancia a la asistencia que a la participación y espera que el Estado parte proporcione datos sobre la participación de las propias mujeres.

La Sra. Šimonović pregunta si en la Constitución del Estado parte y el Plan Nacional de Equidad de Género se hace referencia explícitamente a la igualdad de género o si en esos instrumentos se usa el término “equidad” en materia de género. El empleo de la terminología correcta es sumamente importante para la protección de los derechos de la mujer.

La Sra. Patten, observando que las leyes electorales del Estado parte incluyen una disposición sobre cuotas de candidaturas, pregunta si la Constitución incluye una disposición sobre medidas de carácter temporal, tal como se prevé en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. De ser así, desearía saber cómo está formulada exactamente esa disposición, para que el Comité pueda determinar si está en conformidad con la Convención. A este respecto, señala a la atención del Estado parte la recomendación general No. 25 del Comité, en la cual se aclara el significado del párrafo 1 del artículo 4. Además de las cuotas de candidaturas, las medidas especiales de carácter temporal pueden incluir medidas legislativas, ejecutivas o administrativas, o instrumentos de reglamentación y prácticas tales como los programas de promoción y apoyo, la asignación y reasignación de recursos, el trato preferencial y medidas precisas de contratación y ascenso.

La Sra. Balcácer (República Dominicana) dice que su país es consciente de que la meta de la Convención es el logro de la igualdad. Además, la Constitución de la República Dominicana establece el principio de igualdad al estipular que todos los seres humanos son en todo sentido iguales ante la ley. No obstante, no se puede lograr la igualdad sin equidad y se refiere a las medidas, políticas y programas destinados a compensar las diferencias resultantes de la discriminación de la que históricamente han sido víctimas las mujeres. Como la realidad socioeconómica, política y cultural de la vida del hombre y la mujer es diferente, el impacto de las políticas estatales también será diferente. Esa es la razón por la que en el quinto informe periódico de su país y en la respuesta de su delegación a la lista de preguntas del Comité se destaca la necesidad de aplicar políticas basadas en la equidad como medio de lograr la justicia de manera de compensar a la mujer. Por lo tanto, el Plan Nacional de Equidad de Género se ha de aplicar en todos los sectores y ámbitos de la vida nacional sobre la base del principio fundamental de la equidad. Los progresos han sido muy lentos debido principalmente a la resistencia cultural. No obstante, la Secretaría de Estado de la Mujer no ha escatimado esfuerzos para asegurar su aplicación en los distintos sectores.

En lo que respecta a las medidas positivas, la oradora menciona la Ley No. 12-2000 por la que se establecen cuotas para que una proporción de los candidatos a miembros del Congreso sean mujeres. La ley obliga a los partidos políticos a asegurarse de que el 33% de los candidatos a miembros de la legislatura sean mujeres, aunque no está garantizado el número de mujeres que puedan resultar elegidas en última instancia. También menciona la Ley 13-2000, relativa a la igualdad de género entre las personas propuestas como candidatos para los cargos de alcalde y su adjunto. En las elecciones de 2002, 13 mujeres fueron elegidas alcaldes. Además, existen varios programas administrados por la Secretaría de Estado de la Mujer, que presta apoyo a los hogares encabezados por mujeres, que representan el 28% del total de hogares de todo el país.

Aún queda mucho por hacer con respecto a la reducción de la pobreza, pero se han tomado medidas positivas en forma de estrategias de reducción de la pobreza, que comprenden programas de asistencia y bienestar social destinados a las mujeres de ingreso bajo. Históricamente, las mujeres han tenido pocas oportunidades de conseguir empleo y obtener un ingreso. No obstante, la oradora subraya que el aumento del número de hogares encabezados por mujeres no debe considerarse necesariamente como algo negativo. Se trata más bien de una consecuencia de la potenciación de la función de la mujer que, por primera vez, tiene la oportunidad de conseguir empleo, tener independencia financiera y tomar decisiones.

En respuesta a las preguntas formuladas sobre las trabajadoras sexuales, la oradora explica que existe en la República Dominicana una organización de mujeres que se dedican a la prostitución que ha desarrollado una amplia labor e incluso ha hecho campaña para que se reconozca su ocupación como una actividad económica digna. El término “trabajadora sexual” es utilizado por los propios partidarios de este movimiento, otras organizaciones de mujeres y el Gobierno para referirse a las mujeres que se dedican a la prostitución. La prostitución es un fenómeno social que tiene ramificaciones locales, nacionales e incluso internacionales, ya que es considerable la cantidad de mujeres dominicanas que se trasladan a otras partes del mundo. Se debe prestar más atención a la situación de las mujeres que tienen pocas alternativas para ganarse la vida por su cuenta y para mantener a sus familias tanto inmediatas como extensas. Los programas emprendidos de conformidad con la Ley de trata y tráfico de personas (Ley 137-2003) tienen por fin concientizar a las mujeres que trabajan como prostitutas fuera del país. Por medio de diversos mecanismos, que incluyen cursos de capacitación en las misiones consulares en el extranjero, se trata de proporcionarles información sobre la protección de sus derechos humanos y sobre los recursos que les brinda la ley. Los tratantes propiamente dichos son sancionados por la ley.

La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana), respondiendo a una pregunta de la Sra. Morvai, dice que las víctimas de la violencia intrafamiliar reciben certificados médicos sin cargo alguno.

La Sra. Balcácer (República Dominicana) describe brevemente varios programas emprendidos en el marco de la estrategia oficial de reducción de la pobreza, que incluye el fomento de las microempresas para generar ingresos, programas de apoyo en el sector de la salud y la financiación de actividades en el sector agrícola y la promoción de mercados populares destinados principalmente a las mujeres que son jefas de hogar. Además, se han establecido centros comunitarios para el cuidado de niños a fin de ayudar a las mujeres que trabajan.

La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana) dice que también se han ejecutado programas para reducir el número de embarazos en la adolescencia y ayudar a las familias de bajos ingresos a reparar y mejorar sus viviendas.

Artículos 7 a 9

La Sra. Khan, refiriéndose a las observaciones finales del Comité sobre el informe anterior de la República Dominicana, dice que en esa oportunidad el Comité expresó preocupación por ciertas políticas sobre la nacionalidad que discriminaban contra los haitianos y otras minorías. Según la respuesta del Estado parte a la actual lista de cuestiones, existen ciertos factores culturales que obstaculizan la aplicación de la ley sobre la nacionalidad. Desea saber cuáles son esos factores y también pide que se aclare en qué situación se encuentran las personas indocumentadas, que son miembros de minorías y que han nacido en suelo dominicano. Se ha recibido información en el sentido de que esas personas, nacidas de padres extranjeros, pueden asistir a la escuela sólo hasta el octavo grado, pero no tienen oportunidades de progresar más adelante en la vida debido a su bajo nivel de instrucción. La política dominicana a este respecto constituye una denegación del acceso a la educación, la ciudadanía y los medios de vida.

La oradora pregunta cuáles son los criterios para otorgar microcréditos, y en particular si las mujeres pertenecientes a minorías deben presentar documentos que prueben su nacionalidad para tener derecho a esos créditos.

El Sr. Flinterman pregunta si el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley sobre inmigración después de que se presentó la respuesta a la lista de cuestiones. También desea saber qué cambios se espera lograr mediante la aprobación de esa ley, y si la ley tiene en cuenta las necesidades de las trabajadoras migrantes.

La Sra. Belmihoub-Zerdani felicita al Gobierno de la República Dominicana por la férrea voluntad política que ha demostrado frente a la situación económica y social que atraviesa el país y por haber quedado relativamente incólume a pesar de las rigurosas condiciones del ajuste estructural y el servicio de la deuda. Si bien los esfuerzos que ha desplegado por lograr la igualdad en materia de género son encomiables, aún queda mucho por hacer. En lo que respecta a la representación política, insta al Estado parte a que considere la posibilidad de adoptar medidas legislativas para asignar a mujeres un determinado número de cargos ejecutivos.

La oradora también agradecería recibir información sobre los logros del Foro de Mujeres de Partidos Políticos desde su fundación en 1999.

La Sra. Saiga pregunta si los extranjeros que contraen matrimonio con ciudadanos dominicanos adquieren la nacionalidad y desea saber cuál es la situación jurídica de los hijos de esos matrimonios tanto en el territorio de la República Dominicana como en el extranjero.

La oradora pide más información sobre el contenido del proyecto de ley sobre inmigración y sobre la situación del convenio entre la Secretaría de Estado de la Mujer y la Organización Internacional para las Migraciones.

La Sra. Patten pide detalles sobre la fraseología del proyecto de ley sobre inmigración. Desea saber en qué medida eliminarían la discriminación contra los inmigrantes las enmiendas propuestas que figuran en ese proyecto de ley y qué probabilidades hay de que dicho proyecto se apruebe en una fecha próxima. Al igual que la oradora anterior, pide información adicional sobre la condición jurídica de los hijos de padres haitianos nacidos en la República Dominicana. Además, desea saber si las mujeres extranjeras casadas con dominicanos pueden conservar su nacionalidad y transmitirla a sus hijos.

La oradora pregunta en qué medida se ha aplicado el acuerdo concertado entre la Secretaría de Estado de Educación y la Junta Central Electoral a fin de simplificar los procedimientos para obtener certificados de nacimiento, que se requieren para matricular los niños en las escuelas, y qué medidas se han tomado para asegurar que ese acuerdo beneficie a los grupos a los que esperaba favorecer.

El Sr. Mesa (República Dominicana) dice que en la redacción del proyecto de ley, la Secretaría de Estado de la Mujer ha colaborado directamente con los órganos competentes que se ocupan de la protección de las mujeres migrantes. También se han adoptado amplias medidas de coordinación con el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Mujer Migrante (CIPROM).

De acuerdo con la Constitución, toda persona nacida en la República Dominicana, con la excepción de los diplomáticos extranjeros y las personas en tránsito, tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Se están tomando medidas por conducto de la Secretaría de Educación a fin de elaborar procedimientos para encarar la cuestión del acceso a la educación.

La Sra. Díaz (República Dominicana), respondiendo a una pregunta de la Sra. Saiga sobre la nacionalidad, dice que las mujeres extranjeras casadas con dominicanos son objeto de una discriminación positiva, en la medida en que adquieren automáticamente la nacionalidad dominicana y conservan su propia nacionalidad; ello no ocurre en el caso de los hombres dominicanos casados con mujeres extranjeras. Los hijos nacidos en la República Dominicana son dominicanos. Los hijos nacidos en el extranjero de padres dominicanos tienen la opción, al cumplir 16 años de edad, de adquirir la nacionalidad dominicana mediante un proceso sencillo que consiste en presentar una solicitud al Ministerio de Interior.

La Sra. Cubilete (República Dominicana) explica que, a través de una decisión de la junta electoral, se están haciendo decididos esfuerzos por afrontar el problema de las personas indocumentadas que no tienen acceso al sistema de educación. La legislación dominicana aplicable a los niños y los adolescentes garantiza a todos ellos el acceso a los servicios sociales, independientemente de su origen étnico.

La Sra. Balcácer (República Dominicana) dice que, en lo que respecta al otorgamiento de créditos y a los derechos económicos, las mujeres en principio no están obligadas a presentar pruebas de su nacionalidad al solicitar préstamos. Sin embargo, tratándose de algunas formas de crédito informal, con arreglo a los programas de erradicación de la pobreza, las instituciones de financiación tienen muchas veces la política de solicitar una prueba de nacionalidad y de residencia como garantía de que el solicitante cumplirá la obligación de reembolsar el préstamo.

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