30° período de sesiones
Acta resumida de la 646ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 27 de enero de 2003, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
más tarde:Sra. Shin (Vicepresidenta)
más tarde:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Etiopía (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Etiopía (continuación) (CEDAW/C/ETH/4-5, CEDAW/PSWG/2004/l/CRP.1/Add.2 y CEDAW/PSWG/2004/l/CRP.2/Add.2)
La Presidenta invita a los miembros de la delegación de Etiopía a que tomen asiento a la mesa del Comité.
Artículos 10 a 14 (continuación)
La Sra. Šimonović dice que si bien la tasa de mutilación genital de la mujer ha disminuido del 92% al 80%, la cifra no deja de ser alarmante y sugiere que se está negando a las mujeres el derecho constitucional de protección contra las prácticas nocivas. Se pregunta si el Gobierno prevé adoptar otras medidas en el futuro cercano para evitar esa práctica. En el nuevo Código Penal las sanciones contra la mutilación genital de la mujer son menores y de todos modos aún no ha sido aprobado. En la elevada tasa de mortalidad materna incide el alto número de abortos practicados en condiciones de riesgo, por lo que la oradora pregunta si el Gobierno prevé abordar esta cuestión, incluida una revisión del Código Penal para legalizar el aborto, como se recomienda en la Plataforma de Acción de Beijing.
La Sra. Khan dice que el Comité ha recibido poca información sobre los servicios de salud y reproductivos a los que tienen acceso las mujeres y tras señalar la elevada tasa de mortalidad materna dice que las reformas actuales han tenido poco efecto sobre la atención básica de las madres y los niños. Señala que el 8% de las mujeres casadas emplean métodos anticonceptivos y se pregunta sobre la disponibilidad de servicios de planificación familiar para las mujeres y las adolescentes. Si bien en principio el aborto es ilegal, en la práctica es frecuente y la mayoría de las mujeres que recurre a este procedimiento es menor de 24 años de edad. La oradora pregunta si se proporcionará orientación adecuada sobre la planificación familiar, inclusive a las mujeres de las zonas rurales. Cuestiona la aseveración de la delegación de que una mejora en la educación permitirá reducir la tasa de mutilación genital de la mujer porque el número elevado de casos demuestra que esta práctica se emplea en todos los niveles de la sociedad y sugiere que debe haber una mayor voluntad para reformar la legislación y prohibirla.
La Sra. Gabr encomia los esfuerzos por mejorar el nivel educativo de las mujeres, como el hecho de establecer un cupo de 30% para las mujeres en la enseñanza superior y dar prioridad a la educación de las niñas, pero no queda claro qué se está haciendo para reducir las elevadas tasas de deserción escolar y encarar otros problemas, especialmente en las zonas rurales. Con respecto al empleo, si bien Etiopía es parte en muchos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, se sigue discriminando a las mujeres. La oradora se pregunta si se están aplicando medidas para abordar este problema y asegurar la habilitación económica de la mujer, inclusive mediante la creación de pequeñas empresas y una mayor disponibilidad del crédito. El Comité también acogerá con beneplácito mayor información sobre el sector no estructurado donde la mujer desempeña un papel importante. En las zonas rurales, aunque en principio las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad que los hombres, en la práctica la situación es muy distinta. Pregunta si el Gobierno tiene planes o ha organizado programas para solucionarlo.
El Sr. Flinterman dice que acoge con beneplácito los esfuerzos por reducir las diferencias entre los hombres y las mujeres en la educación y para que el sistema educativo sea más sensible a las cuestiones de género, pero se pregunta sobre la división de poderes en la esfera de la enseñanza entre el Gobierno federal y las regiones. Si el Gobierno tiene las atribuciones necesarias para ordenar que la educación primaria sea universal y obligatoria, desea saber si ha hecho uso de ellas o si se han fijado plazos para hacerlo. Dice que advierte que en las respuestas a las cuestiones y preguntas formuladas por el Comité se menciona un estudio sobre las diferencias por razones de género en las escuelas primarias de cinco regiones y pide información sobre los resultados del estudio y si como resultado de ellos se ha previsto adoptar alguna medida. Con respecto a la meta de asegurar que el 30% de los estudiantes en la enseñanza superior sean mujeres para el período lectivo 2004-2005, desea saber cuáles son las metas para los años siguientes y cuando se alcanzará una proporción del 50%. Asimismo solicita información sobre los programas que pueda haber puesto en marcha el Gobierno para asegurar la igualdad en materia de género en el sector de la enseñanza privada.
La Sra. Shin dice que acoge con satisfacción el hecho de que se hayan fijado cuotas para las estudiantes universitarias pero le preocupa que, según las estadísticas suministradas en las respuestas a las preguntas y cuestiones del Comité, las diferencias por razones de género en la escuela primaria y secundaria parecen estar aumentando. Además de las medidas especiales de carácter temporal adoptadas para el nivel universitario, quizás el Gobierno también deba encarar medidas en la enseñanza primaria y secundaria, como el otorgamiento de becas y el establecimiento de incentivos económicos para alentar a los padres a que envíen a sus hijos a la escuela. Las tasas de deserción y de repetición de las niñas también han aumentado y se pregunta si se ha hecho algo para determinar los motivos de ese incremento. La adopción de medidas especiales de carácter temporal puede ser una solución y pregunta si existen programas de educación para adultos, incluidas las mujeres, para reducir el analfabetismo. En la esfera de la salud se desea saber qué tipo de servicios de planificación familiar existen, como el uso de anticonceptivos, si éstos son asequibles y si se prevé la adopción de alguna medida para mejorar los servicios de planificación familiar.
La Sra. Asfaw (Etiopía) dice que coincide en que una tasa de mutilación genital de la mujer de 80% es muy alta, pero señala que al menos dicha tasa ha caído del nivel de 92% de hace 10 años atrás. La mutilación genital de la mujer a los ocho días de edad o cuando es mayor es una práctica tradicional cuyo objeto es proteger los derechos de propiedad del hombre jefe de hogar y servir de garantía que sus hijos sean realmente suyos. Es indudable que le gustaría que esa práctica se elimine, y si bien la Constitución considera un delito la mutilación genital de la mujer, será necesario el transcurrir del tiempo y la realización de campañas de sensibilización para eliminarla. Sobre todo es preciso que la mujer comprenda que la mutilación genital es contraria a sus propios intereses.
También deplora la elevada tasa de mortalidad materna, que según las estadísticas más recientes asciende a 871 por 100.000 nacidos vivos. Dos de los factores que inciden en esa cifra son los matrimonios a edad temprana, aunque en principio, la edad legal para casarse es de 18 años, y los abortos ilegales que causan la muerte de muchas jóvenes. La cuestión del aborto es muy controvertida y es difícil conversarla con los padres y los jóvenes. Otro factor que incide en la tasa de mortalidad materna es la frecuencia con que se producen hambrunas graves, que tienen un efecto duradero en la salud general de las mujeres.
En las zonas rurales el Gobierno ha instalado dispensarios, pero es difícil encontrar personal idóneo teniendo en cuenta que, en general, el nivel de educación de la población es bajo. El Gobierno está tratando de ubicar al menos dos trabajadoras sanitarias en cada condado, lo que no sólo crea oportunidades de trabajo para las mujeres, sino que les garantiza la posibilidad de ser atendidas por mujeres con las que pueden sincerarse. Las trabajadoras sanitarias cumplen el papel de modelos para las niñas y las estudiantes. El Gobierno también tiene la intención de asegurar que el 50% de los maestros de las zonas rurales sean mujeres, generando oportunidades de empleo para las mujeres y modelos para las jóvenes y contribuyendo a que la gente tome conciencia de que la mujer puede desempeñar funciones útiles fuera del hogar.
Las mujeres de las zonas rurales tienen el derecho a heredar propiedades en un pie de igualdad con los hombres. Lamentablemente, aunque las mujeres pueden desempeñar tareas como sembrar y escardar, no tienen derecho a arar la tierra empleando bueyes. En consecuencia, la mujer está obligada a pagar a un hombre para que are la tierra y también debe pagar el alquiler de los bueyes, cuyo costo es elevado y reduce significativamente sus ingresos.
Con respecto a la educación, dice que las diferencias por razones de género subsisten porque no sólo asisten más niñas a la escuela, sino que también aumentó el número de varones. Es difícil aumentar la asistencia general a la escuela en una economía de subsistencia porque se necesita que los niños trabajen, especialmente en las comunidades agrícolas. La tasa de deserción escolar tanto de las niñas como de los varones generalmente aumenta durante los períodos de la siembra y la cosecha. La delegada dice que gracias a un sistema mejorado de recopilación de estadísticas, confía en que puedan obtenerse estadísticas cada vez más exactas en todas las regiones del país. Las actitudes de los padres no afectan realmente la asistencia a la escuela y las tasas de deserción. Los padre tienen clara conciencia de la necesidad de la educación pero sencillamente necesitan a los niños para que contribuyan con su trabajo al sustento de la familia. Si se obligara a todos los niños a asistir a la escuela a tiempo completo se derrumbaría la economía agrícola de subsistencia.
Su Gobierno ha comenzado a incorporar la educación cívica a los planes de estudio de las escuelas a fin de que los estudiantes adquieran conocimientos sobre los derechos humanos, incluida la Convención. Asimismo se están realizando esfuerzos para alentar a más mujeres a que estudien ciencias y tecnología. Sin embargo, todavía subsisten los prejuicios que se oponen a que las mujeres estudien matemáticas y ciencias, por lo que el Gobierno creó escuelas especiales para mujeres orientadas a las ciencias y la tecnología. La proporción de mujeres que desarrollan actividades en esas disciplinas a nivel universitario sigue siendo baja, pero este desequilibrio puede ir corrigiéndose con el tiempo a medida que las mujeres adquieran la confianza y la capacitación necesarias.
Muchas veces el salario depende de los niveles de educación y los hombres y mujeres con el mismo nivel generalmente tienen el mismo salario. Al menos en el sector público las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres son mínimas, aunque en el sector privado se cometen abusos. Como parte de la estrategia de desarrollo económico de las zonas rurales el Gobierno está tratando de alentar la asistencia escolar y está desarrollando infraestructura como los caminos, la electricidad y la construcción de molinos harineros, todo lo cual debería contribuir a mejorar la situación de la mujer.
La Sra. Abasiya (Etiopía) dice que si bien la mutilación genital de la mujer ha sido tipificada como delito, para poner fin a esta práctica sería más eficaz lograr un cambio de actitudes y crear conciencia sobre sus consecuencias. Las madres son quienes realizan el procedimiento a sus hijas, por lo que los esfuerzos dirigidos a crear conciencia sobre el tema deberían orientarse a las mujeres. La baja tasa de uso de los anticonceptivos también puede atribuirse a la tradición, según la cual los métodos anticonceptivos equivalen a matar al niño. No obstante, los anticonceptivos se distribuyen en forma gratuita. Todos los consejos locales están capacitando a dos mujeres como promotoras voluntarias de salud que brinden información sobre la salud de las mujeres, lo que debería comenzar a dar resultados.
El Gobierno fijó como objetivo para 2007 matricular al 65% de las niñas en la escuela primaria. Confía en lograr igualar la matrícula de niñas y niños en 2015. El hecho de que la tasa deserción escolar de las niñas sea muy alta puede atribuirse hasta cierto punto a la elevada tasa de infección por el VIH/SIDA y también a los matrimonios a edad temprana.
La Sra. Tavares da Silva dice que el informe no brinda una imagen completa del mercado de trabajo. La oradora desea saber en qué sectores se emplean más mujeres y las disposiciones que rigen para los derechos de maternidad y los servicios de guardería, especialmente en el sector privado. La oradora tiene la impresión de que la legislación laboral está orientada a proteger a la mujer más que a garantizar la igualdad.
La Sra. Kwaku pregunta si el programa de adopción de medidas de patrocinio para la educación y la alfabetización de las niñas y las mujeres, mencionado en los párrafos 19 y 20 del informe, se ha puesto en práctica en otras escuelas. La oradora desea que en el próximo informe se incluya más información sobre las mujeres con discapacidad y de más edad.
La Sra. Saiga pregunta cuántos años de escolaridad son obligatorios y si ésta es gratuita. También desea conocer más pormenores sobre el Proyecto de iniciativa sobre el desarrollo de la mujer.
La Sra. Patten dice que el informe transmite una imagen desalentadora de la situación de las mujeres de las zonas rurales y sin embargo el número de beneficiarias de las iniciativas para mejorar su situación parece bastante bajo. Se pregunta si el Gobierno prevé la aplicación de una política integral en relación con las mujeres de las zonas rurales. Dice que desea más información sobre el acceso al crédito, la asistencia técnica y la tierra, y si existe una política en materia de tierras a nivel federal.
La Sra. Manalo dice que le resulta difícil aceptar que la economía de subsistencia de las zonas rurales se derrumbaría si se permite que las niñas asistan a la escuela. Su educación es un imperativo moral. En el largo plazo, la falta de educación de las niñas obstaculizará el desarrollo de la sociedad. La oradora pregunta si en el plan nacional de desarrollo existen disposiciones sobre la incorporación de las cuestiones de género.
La Sra. Morvai dice que los matrimonios a edad temprana son un obstáculo a la igualdad de las mujeres. Considera que los certificados de nacimiento serían un medio para verificar el cumplimiento de las normas relativas a la edad mínima para contraer matrimonio y pregunta si existen planes para implantar los registros de nacimientos. La esperanza de vida de las mujeres de 44,9 años es increíblemente baja. Pide más información sobre las principales causas de muerte en las mujeres y las estrategias previstas para encarar esta situación. Por último, pide hechos y cifras sobre la prostitución en Etiopía.
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que, según su experiencia, es muy difícil que un país se desarrolle si la tasa de crecimiento económico es menor que la tasa de nacimientos y por lo tanto es preciso reducir la elevada tasa de 6,9 hijos por mujer. Los organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas pueden brindar asistencia técnica y financiera para los programas de planificación familiar. Asimismo, es preciso adoptar medidas para mejorar la situación de las mujeres de las zonas rurales, en especial con respecto a la educación.
La Sra. Asfaw (Etiopía) dice que el Gobierno coincide en que es lamentable que los niños deban trabajar para contribuir a la supervivencia de la familia, pero se trata de un hecho ineludible. Por ejemplo, en los programas de educación se hace lo posible por paliar esta situación dando clases en distintos turnos. La educación primaria es gratuita pero no hay suficientes escuelas para dar cabida a todos los niños cuya edad corresponde a la escolaridad primaria. La asistencia corre por cuenta de los padres. El país aún no ha logrado un grado de desarrollo suficiente como para exigir la escolaridad obligatoria.
Con respecto al empleo de la mujer en el sector privado cabe señalar que el 85% de la población es campesina y sólo el 15% vive en las zonas urbanas. Como en muchos países con un nivel de desarrollo similar, el Gobierno es el principal empleador fuera del sector agrícola. El sector privado es muy pequeño y no puede contribuir significativamente al empleo de las mujeres.
El registro de los nacimientos no es una práctica generalizada, pero algunas iglesias están empezando a llevar registros. En las zonas rurales el problema es que poca gente tiene el nivel de alfabetización necesario para llevar los registros. La esperanza de vida de las mujeres se ve afectada por el bajo nivel general de la atención de salud y los ciclos recurrentes de sequías y hambrunas. Las mujeres debilitadas por la falta de una alimentación adecuada a menudo mueren durante el parto. Los ciclos de sequía, que antes eran de aproximadamente 30 años, últimamente se han acortado a tres años.
En Etiopía existe una correlación directa entre la pobreza y la prostitución. Las mujeres indigentes de las zonas rurales emigran a las ciudades más grandes y posteriormente a países vecinos como el Sudán, donde la prostitución es su única fuente de sustento. La prostitución no se tipifica como delito ya que una mujer se convierte en prostituta sólo porque no tiene otra alternativa. Sancionarla sería el colmo.
En cuanto a la tasa de natalidad cabe decir que la sociedad considera que los niños son una bendición y un reaseguro para la vejez. El alto nivel de mortalidad infantil contribuye a esta situación. Si mejorara la tasa de supervivencia de los niños y la educación, a la larga se reduciría la tasa de nacimientos.
La Sra. Abasiya (Etiopía) dice que desde su creación en 2001, el Fondo etíope para el desarrollo de la mujer (EWDF) ha puesto en marcha un proyecto experimental quinquenal en nueve regiones. El proyecto, que promueve la independencia económica a nivel comunitario mediante programas que generan ingresos, ha sido financiado por los Gobiernos de Etiopía e Italia en colaboración con el Banco Mundial, con una suma que asciende a 1.623.438 de dólares. Participan 479 grupos de mujeres, que representan 8.315 personas de 1.663 hogares.
La Sra. Asfaw (Etiopía), en respuesta a las preguntas sobre la situación de las personas de edad, dice que en la sociedad etíope las personas de edad desempeñan un papel importante como miembros plenos de la familia. La propagación de la epidemia del VIH/SIDA ha generado una situación en la que los abuelos se ven obligados a cumplir el papel de padres de los niños pequeños cuyos progenitores han muerto. Las estadísticas sobre el alcance de este fenómeno se incluirán en el próximo informe presentado por su país.
El Gobierno y la activa comunidad de organizaciones no gubernamentales brindan un apoyo importantísimo a los grupos de personas con discapacidad, incluidos los veteranos de guerra.
Artículos 15 y 16
La Sra. Gaspard dice que es evidente que el Gobierno de Etiopía tiene una firme voluntad política de aplicar la Convención. El diálogo con la delegación de ese país, tan competente y comprometida, ha reforzado la convicción del Comité de que el Gobierno está dispuesto a establecer la estructura administrativa necesaria para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, sigue perpleja por la falta de una declaración inequívoca con respecto a la aplicación del artículo 16 de la Convención y desea recibir más información sobre el Código de Familia. La oradora desea saber cómo se aplica el Código y qué organismos de la administración pública son responsables de su difusión y aplicación. Teniendo en cuenta que en algunas regiones todavía no se ha adoptado el Código de Familia, la delegada se pregunta si existe una ley nacional que obligue a aplicar el Código en los asuntos relacionados con el derecho civil. También desea saber qué medidas ha tomado la administración pública federal para promover la adopción del Código por los gobiernos regionales, especialmente en temas tan importantes como la edad mínima para contraer matrimonio. Si bien reconoce la magnitud de las dificultades que enfrenta Etiopía, manifiesta su esperanza de que el Gobierno comprenda la urgencia de movilizar a las administraciones de los estados para luchar contra la discriminación.
La Sra. Gabr se refiere a varias prácticas tradicionales nocivas que siguen vigentes y socavan gravemente los derechos y la integridad personal de las mujeres y la vida familiar. A menos que se aborden esas costumbres, todos los esfuerzos que se realicen para promover el respeto de los derechos de la mujer y eliminar la discriminación basada en el género serán inútiles.
La Sra. Coker-Appiah felicita a Etiopía por ser uno de los pocos países africanos en aprobar leyes sobre los bienes comunes. Señala que las respuestas a las cuestiones planteadas no son claras en relación con las causales que pueden invocarse en casos de divorcio y sobre las soluciones disponibles a cualquiera de las partes en relación con los pagos de alimentos.
La Sra. Gnaneadja dice que si bien comprende perfectamente el contexto en el que debe trabajar el Gobierno de Etiopía para promover los derechos de la mujer, sigue teniendo la obligación de lograr progresos para frenar la discriminación. Las normas constitucionales conceden plena soberanía a las siete regiones, cada una de las cuales tiene su propio código relativo a la ley de la familia. En consecuencia el poder del Estado federal es algo limitado en esa esfera. La oradora pregunta cuántos códigos de familia se aplican en Etiopía en los niveles estatales y federal.
También señala que si bien muchas prácticas religiosas consuetudinarias están reconocidas en la Constitución, perpetúan la discriminación contra la mujer y alientan la elaboración de leyes que socavan los derechos de las mujeres. Por lo tanto considera necesario recurrir a los principios constitucionales, cuya jerarquía jurídica es superior a las leyes consuetudinarias de los estados y se pregunta si sería posible establecer disposiciones que declararan que dichas leyes son nulas porque violan la Convención. La oradora se pregunta qué justificación pueden esgrimir los estados para seguir adoptando leyes discriminatorias y cómo se aplica el principio de primacía de la Constitución sobre las leyes estatales.
La Sra. Morvai pregunta sobre la situación de la legislación relativa a la violencia contra la mujer, especialmente la violencia en el hogar, y si las leyes pertinentes son compatibles con la recomendación general No. 19. También desea saber si al mutilación genital de la mujer es legal y si se considera un delito infectar a otro a sabiendas con el virus VIH/SIDA a través de las relaciones sexuales. En tal sentido le interesa saber si la propagación de la epidemia se debe a la promiscuidad masculina, la poligamia o la comisión de delitos sexuales.
La Sra. Belmihoub-Zerdani hace hincapié en el hecho de que los Estados Partes en cualquier convención tienen la obligación de insistir en la aplicación de sus disposiciones y reunir los recursos necesarios para lograrlo. Un paso fundamental para desalentar la práctica de los matrimonios a edad temprana, que son nocivos para la salud de las niñas jóvenes, es que Etiopía establezca un sistema de registro de nacimientos y matrimonios a fin de que las autoridades puedan verificar y registrar la edad de las personas que contraen matrimonio.
La Sra. Kapalata, hablando sobre la aplicación del Código de Familia y la primacía de la Constitución sobre las leyes estatales o regionales, dice que la diversidad del sistema empleado en Etiopía no debería constituir un obstáculo al cumplimiento de la Convención.
La Sra. Patten se une al pedido de aclaraciones de la Sra. Coker-Appiah sobre las causales de divorcio. Además, desea saber cuál es el papel de los árbitros de asuntos familiares y cómo se designan y capacitan. Como la mayoría de las mujeres etíopes están casadas con arreglo a los ritos religiosos o consuetudinarios, se pregunta si se han revisado las leyes consuetudinarias de los diversos grupos étnicos.
La oradora reitera la urgencia de establecer un sistema de registro de nacimientos y matrimonios y aprobar una ley que regule el estado civil.
La Sra. Abasiya (Etiopía) reafirma la voluntad política del Gobierno etíope de eliminar la discriminación contra la mujer pero reconoce que la transición a la etapa de aplicación plantea varios problemas. En repuesta a las preguntas sobre la aplicación de la ley federal a nivel regional, dice que todas las leyes aprobadas tienen que estar en consonancia con la Constitución. Si ello no ocurre, el Gobierno federal está facultado a intervenir. El Código de Familia federal se está aplicando directamente en dos regiones administrativas y ha sido ratificado por tres de los nueve gobiernos regionales. Los seis gobiernos regionales restantes se han comprometido a ratificarlo para fines de 2004.
Confirma que el rapto de mujeres, los actos de violencia cometidos en su contra y la confiscación de la herencia de las viudas están prohibidos por ley y los matrimonios sólo pueden realizarse con el consentimiento de ambas partes. La transmisión a sabiendas del VIH/SIDA está prohibida en el proyecto de Código Penal etíope, que está en proceso de aprobación por el Parlamento.
La Sra. Asfaw (Etiopía), subraya que las disposiciones de la Convención no son letra muerta en su país: están consagradas en la Constitución, que a su vez, ha sido ratificada por todos los gobiernos regionales. Sin embargo, reconoce que lograr la aplicación de la legislación relativa a los derechos humanos de la mujer muchas veces resulta difícil porque las conductas estereotipadas y discriminatorias están fuertemente enraizadas en la sociedad etíope y no pueden eliminarse de la noche a la mañana. Considera que la situación podrá cambiar sólo cuando las propias mujeres sientan que están lo suficientemente emancipadas como para impulsar el cambio.
Con respecto a la cuestión del matrimonio y el divorcio, reconoce que si bien el rapto de mujeres jóvenes con el propósito de contraer matrimonio es un delito penal, todavía se sigue produciendo. Para erradicar esta práctica es preciso contar con tribunales eficaces.
Las causales de divorcio en Etiopía son muchas y variadas. Los hombres muchas veces se separan de sus cónyuges porque desean iniciar una nueva relación con una mujer más joven y las mujeres abandonadas tienen pocas posibilidades de conseguir un nuevo marido. Sin embargo, se han logrado algunos avances en esa esfera: se está volviendo cada vez más difícil para los hombres solicitar el divorcio sin un motivo legítimo y se está aplicando gradualmente en las normas consuetudinarias un sistema de vida de pareja según el cual si un hombre ha vivido más de dos años con una mujer es considerado su marido. Tradicionalmente, los árbitros de asuntos familiares han participado en las actuaciones de divorcio y conciliación pero actualmente su papel es muy limitado porque la gran mayoría son varones y conservadores.
La Sra. Shin pregunta si el Gobierno etíope ha adoptado medidas para promover el uso de los anticonceptivos por parte de las mujeres.
La Sra. Khan señala que ha obtenido estadísticas sobre la mortalidad infantil en Etiopía en un informe elaborado en 2001 por la Organización Mundial de la Salud.
La Sra. Asfaw (Etiopía) reitera que la tasa de mortalidad infantil citada por la Sra. Khan es demasiado elevada. Con respecto a la planificación familiar, el Gobierno ha estado conversando con las mujeres y promoviendo el uso de anticonceptivos y como consecuencia de ello actualmente más del 4% de la población está empleando algún método de control de la natalidad. Existe un vínculo evidente entre el uso de anticonceptivos y la educación sexual. En tal sentido, se han puesto en marcha campañas de educación a nivel comunitario para alentar el espaciamiento de los nacimientos y aconsejar a las madres que eviten tener más de un total de cuatro hijos. La introducción de programas de vacunación infantil ha tenido efectos importantes en la distribución de los nacimientos en Etiopía: ahora muchos niños sobreviven hasta convertirse en adultos y no es necesario que las mujeres tengan que soportar tantos embarazos.
La Presidenta dice que el Comité tiene conciencia de las enormes dificultades que enfrenta Etiopía. Sin embargo, es evidente que pese a la existencia de leyes sobre la igualdad en materia de género la situación de las mujeres no ha mejorado significativamente durante el período que abarca el informe. La experiencia permite inferir que el reconocimiento del principio de la igualdad en materia de género es una condición previa para la adopción de medidas eficaces de lucha contra las violaciones a los derechos humanos de la mujer, pero sin el desarrollo económico y social necesarios los esfuerzos para promover esos derechos en Etiopía seguirán siendo ineficaces. Por lo tanto insta al Gobierno a que adopte estrategias concretas para establecer un marco económico, social y cultural adecuado.
Es necesario aplicar un enfoque más dinámico a la formulación de políticas en la esfera de los derechos humanos y es preciso tomar en cuenta la incorporación de las cuestiones de género y la preparación de presupuestos con una perspectiva de género para el desarrollo de las políticas en todos los sectores. La feminización de la pobreza reviste especial interés habida cuenta de sus efectos en la educación y la salud de las mujeres, entre otras cosas.
Al tiempo que encomia la participación de instituciones de base en el proceso de adopción de decisiones en Etiopía, considera que el proceso no se lleva a cabo con la urgencia debida. En ese sentido es preciso aplicar medidas cuyo objeto sea acelerar el proceso y mejorar los resultados y espera que en el próximo informe se incluirá información sobre los programas y actividades pertinentes del Gobierno. Es preciso informar a las personas que participan en el proceso de adopción de decisiones de las obligaciones del Gobierno en la esfera de la igualdad en materia de género y proporcionarles la capacitación pertinente. También es necesario realizar actividades de creación de conciencia en el plano local a fin de familiarizar a los ciudadanos con los principios consagrados en la Convención.
Todos los ciudadanos etíopes deben ser informados sobre sus derechos humanos. El primer paso fundamental para lograr la igualdad en materia de género, de facto y de jure, es modificar la percepción que las mujeres tienen de sí mismas. En tal sentido la educación es la primera herramienta. La oradora insta al Gobierno a que ponga en marcha campañas en los medios de difusión dirigidas a eliminar las actitudes y costumbres estereotipadas y supervisar y evaluar el efecto de esas campañas en el pueblo.
La delegada felicita al Gobierno por sus intentos de revisar y modificar el Código Penal y le insta a acelerar sus esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, hay que asegurar la coherencia con las disposiciones de la Convención.
En cuanto a las prácticas y costumbres tradicionales, encomia la voluntad política del Gobierno de erradicarlas pero subraya la necesidad de adoptar medidas concretas y bien orientadas. También es preciso adoptar ese tipo de medidas en la esfera de la prevención del VIH/SIDA, la atención de salud, la educación y el empleo. En ese sentido, insta al Gobierno a que realice encuestas y recopile datos desglosados por sexo.
Se levanta la sesión a las 17.25 horas.