21° período de sesiones
Acta resumida de la 442ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 22 de junio de 1999, a las 10.15 horas
Presidenta:Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Segundo y tercer informes periódicos de Chile
Se declara abierta la sesión a las 10.50 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Segundo y tercer informes periódicos de Chile (CEDAW/C/CHI/2 y 3, CEDAW/C/1999/II/CRP.1/Add.2)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Bilbao (Chile) se sienta a la mesa del Comité.
La Sra. Bilbao (Chile), tras presentar el segundo y tercer informes periódicos de Chile (CEDAW/C/CHI/2 y 3), dice que ya en 1949 su país demostró su preocupación por la condición jurídica y social de la mujer al establecer una Oficina Jurídica de la Mujer, seguida por la Oficina Nacional de la Mujer, en 1951. Durante el decenio de 1960 se siguieron creando organismos gubernamentales para el adelanto de la mujer, hasta la instalación del régimen militar en 1973. La participación popular se redujo drásticamente en ese momento, y las políticas dirigidas hacia la mujer se transformaron básicamente en políticas asistenciales. En ese periodo, la Secretaría Nacional de la Mujer, compuesta de organizaciones voluntarias, tenía como propósito principal promover el proyecto político e ideológico del gobierno militar; en ese contexto, muchas mujeres volvieron a sus hogares, pero gradualmente comenzaron a participar en organizaciones en pro de la democracia. La crisis económica del decenio de 1980 también impulsó a muchas a incorporarse a la fuerza de trabajo para contribuir a la subsistencia de su familia.
Chile se reincorporó a la comunidad internacional en 1990, con la llegada de la democracia, pero con una gran desventaja: el debate cultural había estado suspendido durante casi 20 años. Este aislamiento prolongado creaba un obstáculo, no sólo para incorporar una perspectiva de género en la política pública, sino también para introducir otros cambios necesarios para mejorar la situación de la mujer. Los avances en la situación de la mujer durante la pasada década fueron potenciados por el establecimiento del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) en enero de 1991. El SERNAM es un servicio público cuya Directora tiene rango de ministra e integra el Gabinete del Presidente de la República. Tiene un presupuesto autónomo, que inicialmente se financiaba sobre todo por conducto de la cooperación internacional; en la actualidad el Gobierno aporta el 90% de su financiación.
La misión del Servicio es colaborar con el poder ejecutivo en el diseño y la coordinación de políticas públicas que contribuyan a poner fin a la discriminación contra las mujeres en los ámbitos familiar, social, económico, político y cultural. Así pues, gran parte de su tarea es de índole intersectorial. Al mismo tiempo, propone reformas a la normativa vigente. El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1996 se incorporó en el programa del Gobierno y fue el instrumento principal para el cumplimiento de los compromisos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Gran parte de los progresos se deben al proceso de modernización en curso en el país. Junto con la crisis económica, ello condujo a un aumento espectacular de la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y a mejores servicios de atención de salud y planificación familiar. Las organizaciones internacionales también influyeron en el debate público, al incluir temas que antes se consideraban asuntos privados, por ejemplo, la violencia doméstica.
Entre los retos futuros que esperan a la mujer chilena pueden mencionarse el acceso a las oportunidades económicas y al empleo. Si bien, la brecha de la proporción de hombres y mujeres en la fuerza de trabajo ha disminuido, las mujeres siguen ganando, en promedio, un 29% menos que los hombres. Uno de los principales compromisos de los gobiernos democráticos ha sido la superación de la extrema pobreza, y un número importante de familias han podido mejorar sus condiciones de vida gracias a la contribución económica de la mujer. Así pues, el Programa de formación profesional integral para mujeres de escasos recursos, preferentemente jefas de hogar, se ha convertido en un programa social fundamental para la superación de la pobreza en Chile. Se han establecido asimismo programas para trabajadoras temporeras, cuya situación es especialmente precaria. Además, se han introducido muchas modificaciones en la legislación laboral para mejorar el acceso y las condiciones de trabajo de la mujer y promover las responsabilidades familiares compartidas y la protección de la maternidad.
La educación es clave en la consecución de la igualdad de oportunidades y el desarrollo. Uno de los grandes logros de Chile es que la matrícula en la enseñanza básica, media y superior es similar entre hombres y mujeres. Se ha erradicado prácticamente el analfabetismo, salvo en el caso de las mujeres de edad, particularmente en las zonas rurales, para quienes se han concebido programas de educación de adultos. La matrícula escolar de los niños de 6 a 12 años es virtualmente del 100 por 100, lo que es especialmente significativo en las zonas rurales. Cerca de un 80% de las niñas de 13 a 19 años asisten a la escuela. El número de niñas y de niños de familias de bajo ingreso que dejan la escuela precozmente para contribuir a resolver los problemas económicos del hogar es aproximadamente el mismo, los varones generalmente para tomar un empleo remunerado, y las niñas para realizar trabajos domésticos.
En términos de igualdad de oportunidades en la educación, la política pública debe abordar las cuestiones de la calidad de la enseñanza y de la discriminación resultante del contenido y los métodos de enseñanza. Se debe también seguir capacitando a los docentes en el tema de la perspectiva de género, a fin de interrumpir el círculo vicioso que orienta a la mujer hacia determinados ámbitos de estudio.
Otro tema que debe abordarse con mayor decisión es la prevención del embarazo de adolescentes. Aunque la tasa de fecundidad en Chile ha disminuido, ha aumentado el número de hijos nacidos de madres adolescentes, que en 1996 representaban el 14,6% de los nacimientos. El Estado está abordando la cuestión de manera integral y adoptando medidas preventivas específicas en el sistema escolar y los servicios de salud. En ese sentido, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en colaboración con los Ministerios de Educación y de Salud, han puesto en marcha las Jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad (JOCAS). A fines del año ese programa, centrado en la información a los jóvenes, para que se ocupen de sí mismos y asuman su sexualidad de manera responsable, ha de abarcar el 50% de los establecimientos educativos públicos del país.
En cuanto a la atención de salud y los seguros de salud, observa que la calidad de la atención primaria de salud en Chile es casi tan elevada como la de los países en desarrollo. La tasa de mortalidad materna es actualmente de 0,2 por cada 100.000 hijos nacidos vivos. Asimismo, las mejoras en este ámbito han reducido considerablemente la desnutrición en los niños menores de seis años, si bien durante el periodo que se examina comenzaron a aparecer problemas de sobrepeso.
Otro importante problema de salud pública en Chile es el aborto inducido, que constituye la segunda causa principal de muerte materna. Se estima que uno de cada cuatro embarazos termina en aborto. La legislación chilena prohíbe y penaliza el aborto en todas sus formas. Los riesgos médicos asociados con el aborto debido a las condiciones de clandestinidad en que se practican tienden a concentrarse en los sectores de más bajos ingresos. La estrategia fundamental del Gobierno para prevenir el aborto y reducir sus consecuencias es la planificación familiar y la promoción del concepto de la paternidad responsable, que permita a las parejas decidir acerca de los embarazos y nacimientos que desean.
La razón para vincular estrechamente la previsión de la salud y la inserción laboral de las mujeres se basa en que la mayoría de las mujeres todavía están dedicadas a las tareas domésticas como actividad principal. Por consiguiente, su acceso al sistema de seguro de salud se hace bajo la condición de “dependiente”. En 1999, el 26% de las esposas consideradas “inactivas” tenían acceso al sistema de salud solamente como indigentes. Por el contrario, sólo el 13% de las esposas activas recibían atención como indigentes, ya que como trabajadoras tienen acceso a su propio sistema de previsión, que les ofrece mejores oportunidades de atención de salud. Así pues, puede afirmarse que cualquier política para mejorar la inserción laboral de las mujeres debe tener un impacto directo sobre sus posibilidades de proteger la salud.
En cuanto a la participación de la mujer en la vida pública observa que, si bien las mujeres votan más que los hombres, no están representadas equitativamente en los niveles de adopción de decisiones. A pesar de ello, el número de mujeres elegidas en cargos de elección popular en las municipalidades y en el Congreso ha aumentado, así como el número de mujeres en puestos técnicos y profesionales, el poder judicial, los medios de comunicación y las empresas. A pesar de esos progresos, las mujeres tienen dificultades para tener acceso a puestos de decisión en los ámbitos económico y político. Nunca una mujer ha ocupado hasta ahora la Presidencia del Senado ni de la Cámara de Diputados, y ni ha integrado la Corte Suprema. Pocas mujeres participan en cuestiones como seguridad nacional y política macroeconómica. En cambio, se concentran en los ámbitos de actividad relativos a la educación, la salud, la familia y la justicia.
Las mujeres también tienen dificultad para acceder a los cargos de dirección de los partidos políticos, a pesar de que se presentan como candidatas. En la legislación chilena no se han incorporado políticas de discriminación positiva, pero se las ha aplicado dentro de los partidos políticos. En ese sentido, cabe mencionar el proyecto presentado en 1997 de establecer cupos específicos que aseguren niveles de participación de la mujer en el Congreso, que no recibió el respaldo necesario en el Parlamento. Es más, en el marco del proceso en curso de modernización de la gestión pública se ha considerado, entre otros criterios, la igualdad de oportunidades para las funcionarias y los funcionarios.
Con respecto a la institucionalización de las políticas de género, el SERNAM ha hecho enormes esfuerzos para poner de manifiesto la existencia de la discriminación y ha insistido en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer social. El Estado de Chile, a través del SERNAM, ha contribuido a promover la igualdad de los derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres. Ello se expresa principalmente en el número de acuerdos establecidos con distintos ministerios y municipalidades, y en la cantidad de comisiones interministeriales en las que el SERNAM participa como coordinador y como miembro activo.
El SERNAM también lleva a cabo una tarea de creciente sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos para que incorporen la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de programas. Es más, el Servicio contribuye a la divulgación de los derechos de la mujer, mediante el fortalecimiento de la labor de los Centros de información de los derechos de la mujer en todas las capitales regionales. Al mismo tiempo, el SERNAM divulga sus derechos por conducto de programas radiales que se trasmiten en todo el país.
Se han hecho progresos significativos en las reformas jurídicas y constitucionales. El número de reformas promulgadas no sólo ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres, sino también ha mejorado su situación y ha contribuido a atenuar las brechas de género existentes en distintos ámbitos. En ese sentido, el 16 de mayo de 1999 el Congreso aprobó una enmienda al artículo 1 de la Constitución, en virtud de la cual se sustituyó el vocablo “hombres” por el de “personas”, y una enmienda al artículo 19, por la que se expresa que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Se han preparado otras leyes relativas a la violencia doméstica, filiación, participación en los bienes gananciales y reformas en materia laboral.
El grueso de la tarea legislativa se abordó de 1995 a 1999, periodo durante el cual se aprobaron todas esas leyes, con excepción de la Ley sobre acoso sexual. Al desarrollar su programa legislativo, el SERNAM debió considerar la tendencia conservadora de algunos sectores de la sociedad y de la oposición en el Senado, en el que el Gobierno no cuenta con la mayoría, en parte debido a la institución de los senadores designados. La reciente reforma a la Constitución marca uno de los hitos en el avance de la condición de la mujer chilena y muestra el resultado de la globalización en materia cultural. Esa importante señal en la adecuada utilización del lenguaje debe hacerse extensiva a otros ámbitos, como las instituciones educativas y los medios de comunicación.
La Ley sobre violencia intrafamiliar, que define como violencia todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de un miembro de la familia, supone un importante avance social y cultural, ya que en uno de cada cuatro hogares chilenos las mujeres son víctimas de violencia. Por consiguiente, ha sido necesario establecer sanciones jurídicas y sociales a esa conducta. Otra importante consecuencia de la ley ha sido la creación de la Comisión Interministerial de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Otro importante avance es también la Ley Nº 19.585, de 1998, por la que se modifica el Código Civil y otras leyes sobre filiación, y que representa la reforma más importante y radical del siglo en materia de derecho de familia.
Esa Ley es fundamental en un país en que el 40% de los niños son ilegítimos, con toda la carga social negativa que ello conlleva. En virtud de la nueva Ley, todos los hijos e hijas tendrán los mismos derechos hereditarios, de apoyo y de representación legal. Se consagra el principio de la libre investigación de la paternidad, admitiéndose toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Siguen pendientes otros proyectos de ley relativos a la cuestión de la mujer y el derecho de la familia, entre ellos, el que crea los tribunales de familia, el que aborda el tema de los delitos contra la libertad sexual, que sanciona expresamente la violación dentro del matrimonio, y el proyecto sobre adopción.
Chile trata de establecer un nuevo orden de género que termine con las formas basadas en la discriminación, la exclusión política, la violencia y la desvalorización cultural de las mujeres. En ese sentido, está redactando un nuevo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que abarca un periodo de 10 años y en el que participan todos los sectores de la sociedad. Entre los temas futuros de ese plan pueden mencionarse la necesidad de profundizar el cambio sociocultural para eliminar las discriminaciones, promover una cultura de autonomía económica e igualdad para la mujer, y fomentar la igualdad de género. Otros temas incluyen reestructurar la vida familiar, para fortalecer la presencia del hombre, e incorporar un enfoque de género en todas las políticas públicas.
La Presidenta felicita al Gobierno por el proyecto de reforma de la Constitución que ha enviado al Congreso, a fin de que se reconozca explícitamente la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer (tercer informe, páginas 14 a 16). Se trata de una iniciativa muy importante, que ha de inspirar a otros países a imitarla. El Gobierno también es digno de elogio por haber ratificado el Convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y haber adoptado el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, 1994-1999 (tercer informe, página 21), que contempla programas de información útiles para inculcar un enfoque de género en los funcionarios públicos.
El Programa Nacional de Formación Profesional para las mujeres con escasos recursos, en particular las jefas del hogar (tercer informe, página 17) ha de contribuir considerablemente a reducir la pobreza en el país. El programa para trabajadoras temporeras (tercer informe, página 36) también satisface una necesidad para quienes, en efecto, constituyen una gran parte de la fuerza de trabajo. Las medidas de protección de las empleadas domésticas en Chile ha de servir como modelo para otros países, ya que ese grupo de mujeres con frecuencia es uno de los más desfavorecidos.
En cuanto a los servicios de guarderías para las madres que trabajan, que deben sufragar los empleadores si tienen por lo menos 20 empleadas mujeres, al parecer muchos empleadores mantienen su fuerza de trabajo por debajo de 20, para no tener que ofrecer esas prestaciones. La solución a esa opción contraproducente podría tal vez ofrecer las prestaciones por igual a los hombres y a las mujeres. Pregunta si el programa de propiedad de tierras para las mujeres rurales está también abierto a las mujeres mestizas e indígenas, ya que en definitiva la meta es, obviamente, dar a la mujer acceso a las tierras del mismo tamaño y calidad que las que se dan a los hombres.
Los resultados del SERNAM en tantos ámbitos muestran que el organismo está bien planificado, goza de respaldo político y tiene funciones bastante definidas. La representante de Chile ha indicado que, como su misión es colaborar con el poder ejecutivo y diversos órganos gubernamentales como principal organización de política para cuestiones de la mujer, el SERNAM no trabaja directamente con las mujeres. Sin embargo, podía ser útil desplazar el enfoque hacia una relación y un diálogo más directo entre este organismo y los muchos grupos de mujeres y de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno, especialmente teniendo en cuenta que en la Plataforma de Acción de Beijing se hace hincapié en el vínculo con la sociedad civil. Los informes de Chile extrañamente guardan silencio sobre la función de los grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales en el país. Se sabe que la mujer chilena siempre ha participado en el desarrollo nacional, en los ámbitos económico, político, social y cultural, y el Comité estaría interesado en saber más acerca de esa función después del establecimiento de la democracia.
El programa de prevención de embarazos de adolescentes (tercer informe, página 19 y 20) no ha logrado los resultados previstos, ya que los embarazos de adolescentes han aumentado. La explicación sólo puede ser una insuficiente educación sexual e información en las escuelas, o la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Como las niñas en Chile quedan embarazadas a edades muy jóvenes, el problema requiere la intervención directa del SERNAM y otras organizaciones competentes, así como una distribución generalizada de anticonceptivos, incluso teniendo en cuenta la influencia de la Iglesia Católica en la materia, en Chile y en otros países latinoamericanos. Conviene asimismo observar que la esterilización, decisión sumamente personal de la mujer y uno de sus derechos reproductivos, en la actualidad exige la autorización el hombre en virtud de la ley chilena, aspecto en que el Gobierno debe considerar una rectificación. Pregunta qué medidas se han adoptado, en su caso, acerca del proyecto pendiente de ley sobre el cambio de la tipificación jurídica, enjuiciamiento y sanciones de determinados delitos sexuales (tercer informe, página 21).
La Sra. Abaka , recordando que una delegada de Chile, interesada en las cuestiones de género, participó activamente en el grupo de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer acerca de un protocolo facultativo a la Convención, dice que confía en que Chile apoye la aprobación del Protocolo por la Asamblea General y que ulteriormente lo ratifique. Coincidiendo con las observaciones de la Presidenta acerca de las cuestiones de salud, señala que el requisito del consentimiento marital para la esterilización voluntaria se añadió a los reglamentos a instancia de las dependencias de salud pública de Chile. Los proveedores de salud aparentemente no conocían los derechos reproductivos de la mujer y podría ser útil impartir una formación en derechos humanos. La disposición contraviene el párrafo 1 del artículo 12 y el apartado e) del artículo 16 de la Convención. El Gobierno debe considerar la modificación de éste y otros reglamentos sobre derechos reproductivos, y aplicar las recomendaciones generales Nº 21 y Nº 24 del Comité.
Los anticonceptivos suponen un problema, debido a la fuerte influencia de la Iglesia en la sociedad chilena y el Gobierno. Sin embargo, el Gobierno debe asegurarse de que todos disfruten del derecho a una buena salud, incluida la salud reproductiva, y debe actuar como un Gobierno secular, tal como se espera de un país altamente desarrollado como Chile. En todo caso, no debería ser difícil legislar acerca del acceso a sistemas anticonceptivos asequibles de emergencia después de una violación, que en general son eficaces en un 90%.
La discriminación contra las estudiantes embarazadas que son expulsadas es lamentable, y constituye una violación flagrante de los derechos a la igualdad y a la educación. Un Gobierno tan progresista como Chile seguramente tiene la voluntad política para cambiar esa situación. Aun cuando los primeros intentos hayan fracasado, debe tratar de nuevo, en el ínterin, de sensibilizar a la población sobre el asunto. En virtud del artículo 12, el informe debe facilitar información sobre el abuso de sustancias, incluido el abuso del tabaco. Supone que muchas mujeres fuman en Chile, y confía que en el próximo informe se indique qué se está haciendo para abordar el problema.
La Sra. Açar dice que el informe no abarca una importante faceta del artículo 5. A su juicio, la menor participación de la mujer en el poder judicial, la vida política y la administración pública, así como el tratamiento de la mujer en virtud de la ley, indican claramente que el estereotipo de funciones es un obstáculo capital al adelanto de la mujer en Chile. A menos que las reformas institucionales estén acompañadas por cambios culturales, éstas tienden a debilitarse o incluso a producir resultados no deseados. Por ejemplo, aunque existan leyes, la no discriminación en el empleo y la promoción de la mujer se ven obstaculizada por las actitudes y comportamientos culturales.
Las leyes que prohíben la violencia contra la mujer pueden de hecho fomentar la violencia contra ellas, ya que los hombres perciben a la mujer como una amenaza a las nociones tradicionales de masculinidad. Así pues, es necesario concebir programas para hombres, destinados a modificar los elementos dominantes de la cultura patriarcal. Esas iniciativas de sensibilización son especialmente importantes en las culturas en que ha sido difícil cambiar las estructuras políticas. Desearía saber qué medidas o programas ha emprendido Chile para sensibilizar a los dirigentes políticos, los dirigentes de la comunidad y los grupos sociales pertinentes con respecto a la igualdad entre los géneros.
La Sra. Aouij felicita al Gobierno de Chile por su informe franco y transparente. Son igualmente encomiables sus esfuerzos por erradicar la pobreza, combatir la violencia contra la mujer e integrar un enfoque específico de género de los derechos de la mujer en todos los sectores. Con todo, le preocupa el problema de los embarazos de adolescentes y la prohibición del aborto, que obstaculiza el goce de los derechos a la educación, la salud, e incluso la vida. Incumbe exclusivamente al Estado proteger esos derechos. Es preciso establecer programas para enseñar a las jóvenes las nociones de salud reproductiva, a fin de evitar los embarazos precoces. El Gobierno, que exige a las escuelas públicas que admitan nuevamente a las niñas después que hayan dado a luz, debe considerar la posibilidad de ejercer presión en ese sentido sobre las escuelas privadas, a través de su sistema de concesión de licencias. El aborto es un asunto de importancia crítica, que afecta a los derechos de la salud y la vida. Cabe preguntarse por qué incluso se ha prohibido el aborto terapéutico.
Se han hecho importantes avances en la protección de los derechos relacionados con la vida familiar; todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio en la actualidad se consideran legítimos. Los cónyuges deben ajustarse al principio de la responsabilidad compartida; el concepto de autoridad parental ha reemplazado al de patria potestad. La edad del matrimonio, aunque sigue siendo baja, no es diferente para los niños y las niñas, y no se exige más a las mujeres que obtengan autorización de sus esposos para ejercer una profesión. Y sin embargo, el proyecto para legalizar el divorcio, aunque fue respaldado por la Cámara de Diputados en 1997, aún no ha sido aprobado por el Senado. Desearía saber las razones de esa demora, y si son de procedimiento, culturales o religiosas. Insta al Gobierno de Chile a que redoble sus esfuerzos para legalizar el divorcio.
La Sra. Cartwrigth dice que le preocupan profundamente las leyes y políticas que rigen aspectos privados de la mujer chilena. El aborto se prohibió hacia el final del régimen autoritario, con graves efectos adversos en las mujeres. Chile tiene el índice más elevado de abortos ilegales por habitante en América Latina. Una cuarta parte de la mortalidad materna está causada por abortos ejecutados en condiciones inseguras, y ese número crece constantemente. Como la mujer está sujeta a pena de prisión cuando tiene un aborto, el requisito impuesto a los médicos de denunciar los abortos que se señalen a su atención en los hospitales, es igualmente peligroso para la salud de la mujer. Además el grave problema de la violencia contra la mujer en Chile índica que muchas mujeres tal vez queden embarazadas con empleo de coacción.
Los esfuerzos del Gobierno para mejorar la legislación sobre violencia doméstica han dado como resultado una proliferación excesiva de demandas en el sistema judicial, y los jueces no se seleccionan en función de su sensibilidad a las cuestiones de género o su especialización en la materia. Además, la información disponible indica que las fuerzas conservadoras, entre ellas la Iglesia, han llevado a cabo una campaña masiva para prevenir la aprobación de la ley el divorcio. Si bien la legislación que rige la división de los bienes entre los cónyuges y el derecho a tener bienes durante el matrimonio no es actualmente una cuestión capital, ha de asumir mayor importancia una vez que se promulgue la legislación sobre el divorcio.
Se debe dar especial atención al fortalecimiento de los tribunales de familia, la selección y capacitación de los jueces, la elaboración de políticas sólidas sobre divorcio, aborto y administración de bienes durante y después del matrimonio, y la protección de los derechos de la mujer en relación con la atención de sus hijos. Por último, apoya profundamente los esfuerzos del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y de las organizaciones no gubernamentales chilenas que contribuyen a la aplicación de la Convención.
La Sra. Corti dice que el Gobierno chileno ha hecho progresos notables en la consecución de la igualdad de oportunidades para la mujer, durante nueve años de régimen democrático. Está impresionada por la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, la casi completa erradicación del analfabetismo, y la campaña para eliminar la pobreza. Con todo, está convencida de que, para tener las atribuciones que le permitan introducir cambios auténticos, el SERNAM debería tener rango ministerial, como su Directora, que es Ministro. Ello le daría más visibilidad para las organizaciones no gubernamentales que trabajan con él.
Al igual que otros miembros del Comité, deplora la prohibición del divorcio y del aborto. Chile debe contemplar una modificación de sus nociones del derecho a la vida, habida cuenta del gran número de mujeres que mueren en abortos clandestinos. Si bien el Gobierno ha dado su respaldo en las importantes cuestiones públicas planteadas en foros internacionales como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, debe ahora centrar su atención en proteger los derechos de la mujer en la esfera privada.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.