31° período de sesiones
Acta resumida de la 655ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 12 de julio de 2004 a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Ferrer Gómez (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados e informes periódicos combinados cuarto y quinto de Angola
En ausencia de la Presidenta, ocupa la Presidencia la Sra. Ferrer Gómez, Vicepresidenta.
Se declara abierta la sesión a las 10.30 horas.
Consideración de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Co n vención (continuación)
Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados e informes periódicos combinados cuarto y quinto de Angola (CEDAW/C/AGO/1-3 y 4-5)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Angola toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Delgado (Angola) reseña la historia reciente de su país a partir de la independencia, obtenida en 1975, y la posterior guerra civil, que dejó como saldo una enorme cantidad de desplazados internos, pobreza extrema y uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo.
Presentando el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados de Angola (CEDAW/C/AGO/1-3) y sus informes periódicos combinados cuarto y quinto (CEDAW/C/AGO/4-5), la oradora dice que, a pesar de las limitaciones que le impidieron presentarlos en tiempo, el Gobierno asigna importancia a las disposiciones de la Convención, que ha ratificado sin reservas. Una de sus prioridades es promulgar leyes contra la discriminación, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución, que consagra los principios de igualdad y no discriminación y el establecimiento de un mecanismo nacional con tal fin.
El Ministerio de Planificación Familiar y Promoción de la Mujer es la institución responsable de ejecutar las políticas nacionales sobre los derechos de la mujer. Trabaja en estrecho contacto con las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de mujeres, y tiene enlaces en casi todos los Ministros y empresas, con el objetivo de lograr la incorporación de las perspectivas de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. Por ejemplo, el Ministerio procura eliminar la pobreza basada en el género brindando asesoramiento y asistencia jurídica a las mujeres, y erradicar la pobreza mediante programas de microcrédito y otros proyectos dirigidos a las mujeres rurales.
En su legislación, el Gobierno, en relación con los aspectos sociales, económicos, jurídicos y políticos de la paridad de género y la discriminación, ha procurado proteger los derechos e intereses especiales de las mujeres, en especial en el Código de la Familia, el Código del Trabajo, la legislación sobre el VIH/SIDA, las leyes sobre nacionalidad y las leyes que prohiben todas las formas de explotación, inclusive la trata, la prostitución y la violencia. La legislación de Angola no es discriminatoria ni en su letra ni en su espíritu. En la práctica, empero, las leyes no se aplican muy eficazmente.
Como el progresivo desarrollo social y económico incide directamente en la condición de las mujeres, es fundamental elevar los niveles de vida de la población. En materia de salud y educación, las prioridades son la rehabilitación infraestructural y la capacitación. Hay un plan nacional de educación para todos para el año 2015 que tiene en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y los niños en la educación formal y no formal. Hay también un programa integral de salud reproductiva encaminado a reducir las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, y programas para hacer frente a la malnutrición, el limitado acceso al agua y la ignorancia acerca del saneamiento adecuado.
Pese a que la legislación del trabajo no es discriminatoria, algunas empresas privadas discriminan contra las mujeres. La propia administración pública emplea un 60% de hombres y un 40% de mujeres. La desocupación es más elevada entre las mujeres, y en consecuencia son la mayoría en el sector informal, en el cual algunas de ellas son empresarias. La participación de las mujeres en la adopción de decisiones está avanzando muy lentamente. En el actual Gobierno, las mujeres representan menos del 10% de los funcionarios de nivel ministerial y viceministerial, apenas cerca del 7% en el Parlamento, y cerca del 10% en el servicio diplomático. Desde el advenimiento de la paz, dos años atrás, el Gobierno ha estado elaborando y adoptando diversas estrategias para la igualdad y el adelanto de la mujer, la reducción de la pobreza, el desarrollo rural, la educación para todos, la salud reproductiva, la reintegración social y el rastreo y la reunificación de las familias.
La Sra. Gaspard celebra la presentación de los informes y la iniciación de un diálogo como señal de la firme determinación del Gobierno de aplicar la Convención en muy difíciles circunstancias. Sin embargo, algunos de los artículos de la Convención no han sido examinados, o no lo han sido en forma completa, o no han sido comprendidos correctamente. El principal problema parece radicar en la diferencia entre los derechos consagrados de jure y los que se gozan de facto. Las mujeres sufrieron mucho durante la guerra civil, pero no puede haber reconstrucción nacional sin mujeres.
Artículo 2
El Sr. Flinterman, haciendo referencia al apartado c) del artículo 2 en relación con la igualdad ante la ley y a la clara intención del Gobierno de respetar el imperio de la ley, pregunta si los jueces tienen conocimiento de las disposiciones de la Convención y pueden aplicarlas directamente; si se imparte a los jueces y abogados una capacitación específica acerca de la Convención, qué obstáculos encuentran las personas para tener acceso a los tribunales; qué medidas se están tomando para ayudar en particular a las mujeres de las zonas rurales, y cómo las está ayudando el Gobierno. El orador desearía tener mayor información acerca de las reformas jurídicas en curso, en especial las revisiones de la Constitución: si se definirán las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, si los derechos de la mujer se incluirán en la nueva declaración de derechos, y si se establecerá una corte constitucional.
La Sra. Šimonović pregunta si la Convención se ha incorporado al derecho interno, si prevalece sobre las leyes internas y si alguna vez ha sido invocada directamente en los tribunales. La delegación debería dar detalles acerca de la forma en que el Gobierno se propone incluir las cuestiones de género en su Constitución y sus leyes. Sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres, la oradora desearía contar con información y estadísticas sobre los programas que existan para las mujeres que fueron víctimas de violación y secuestro durante la guerra y para sus hijos, y sobre los enjuiciamientos que hayan tenido lugar por esos motivos. No se ha proporcionado información sobre la mutilación genital femenina, y la delegación debería dar al Comité una idea de la posición del Gobierno, así como algunas estadísticas a ese respecto.
La Sra. Saiga pregunta si los Centros de Asistencia Jurídica provinciales (informe inicial e informes segundo y tercero combinados, pág. 21) son órganos públicos o no gubernamentales, qué poderes tienen y cómo funcionan en relación con los tribunales.
En los informes se reconoce que los derechos humanos son frecuentemente violados en la práctica, pero no está claro si hay un organismo que monitoree las violaciones de los derechos humanos en las situaciones en que no se dispone de protección jurídica. En el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados (pág. 17) se habla de algunas medidas prácticas que es preciso adoptar para lograr la plena aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. La oradora desea saber si dichas medidas se han tomado y cuáles son los planes futuros.
A medida que la economía y la sociedad se vayan modernizando, irán surgiendo diferentes necesidades, que provocarán cambios en los roles y responsabilidades tradicionales, en los sistemas de valores y en las pautas familiares y la migración. Ya es hora de disipar la vieja idea de la vulnerabilidad de las mujeres y reconocer que la experiencia ha demostrado que las mujeres son tan capaces como los hombres y que deben respetarse sus derechos. El Presidente de la República ha manifestado expresamente el compromiso del Gobierno de promover el adelanto de las mujeres y crear condiciones propicias para el bienestar de las familias mediante políticas y programas que establezcan la efectiva igualdad de derechos, pongan fin a la discriminación y logren una plena integración de los géneros.
Las mujeres, que han sido las principales víctimas de siglos de colonialismo y decenios de guerra, necesitan una especial atención para poder aprovechar la igualdad de oportunidades en materia de educación, capacitación y empleo. Las mujeres deben tener prioridad en las políticas sociales del Gobierno, habida cuenta del papel fundamental de la familia en la formación de las nuevas generaciones y en el proceso de pacificación y reconciliación nacional. Consiguientemente, el Presidente se ha comprometido a adoptar normas legislativas contra la violencia doméstica, de conformidad con la Convención.
La Presidenta invita a los miembros del Comité a formular observaciones generales sobre el informe o preguntas relacionadas con artículos determinados de la Convención.
El Sr. Melander dice que, habida cuenta de que la aplicación de las normas legislativas es un problema en Angola, es necesario fortalecer el imperio de la ley y la administración de justicia. El orador pregunta cuándo se prevé que se haya adoptado la Estrategia Nacional y Marco Estratégico para la Promoción de la Igualdad de Género, a que se hace referencia en el prólogo a los informes periódicos combinados cuarto y quinto, y si, entre tanto, la delegación está satisfecha con las medidas tomadas para el adelanto de las mujeres, y si la comunidad internacional puede hacer algo más para prestar ayuda. Asimismo, el orador desea saber si se estableció una comisión de reconciliación para ocuparse de la inevitable secuela de las graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la guerra civil, y si se ha otorgado inmunidad a los responsables de tales violaciones. Por último, no está claro si la Convención es directamente aplicable en Angola o si es necesario que primero se incorpore al derecho interno.
La Sra. Gabr observa que la integración de las mujeres y la plena observancia de sus derechos es un lento proceso que requiere una planificación a largo plazo. La oradora desearía que se brindara más información sobre el enfoque del Gobierno respecto del grave problema de los desplazados internos, y sobre las leyes y estrategias que se proponga adoptar para transformar las perspectivas culturales que militan contra las mujeres, y pregunta cómo encara el papel de la sociedad civil a ese respecto. Por ejemplo, desea saber si en la elaboración de los informes participaron las organizaciones no gubernamentales.
La Sra. Morvai dice que Angola debe, por razones de elemental justicia, pedir la ayuda de la comunidad internacional para hacer frente al enorme desafío de reconstruir el país y las vidas y esperanzas de la gente. La oradora desearía recibir detalles concretos sobre la asistencia financiera y técnica internacional que Angola ha estado recibiendo, y pregunta si los programas y proyectos se ajustan a las necesidades, y si el uso de la ayuda extranjera ha sido transparente y ha sido bien monitoreado. También sería interesante tener más información sobre la forma en que se está aplicando el Marco Estratégico para la Promoción de la Igualdad de Género y acerca de si las organizaciones no gubernamentales participan en el trabajo y en el monitoreo del proceso. Por último, la oradora pregunta cómo hará el Gobierno, que ahora ha dado el importante paso de presentar informes periódicos, para publicitar y utilizar las observaciones finales del Comité.
Artículo 3
La Sra. Saiga dice que agradecería recibir más información acerca de los Centros de Asistencia Jurídica mencionados en el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados. En particular, el Comité desea saber si los Centros son administrados por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales, la naturaleza de su mandato, y sus relaciones con los tribunales. Señalando también que en los informes se hace referencia a la constante violación de los derechos humanos en Angola, la oradora pregunta cómo se propone el Gobierno hacer frente a ese problema.
La Sra. Shin pide más información acerca de la incidencia del primer Plan de Acción adoptado por Angola luego de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1999. Además, la oradora señala que el segundo Plan de Acción fue aprobado a finales de 2001 pero no se puso en vigor hasta 2003. La oradora desea saber si ese intervalo de un año indica una falta de compromiso con el adelanto de la mujer. Por último, el Comité desea saber si las organizaciones no gubernamentales fueron consultadas durante la redacción de los dos planes de acción.
La Sra. Tavares da Silva dice que desea destacar los aspectos positivos de las reformas legislativas llevadas a cabo por Angola, así como el tono progresista de dichas reformas. Sin embargo, la oradora ha advertido una gran divergencia entre el reconocimiento formal de los derechos de la mujer y la posibilidad de que las mujeres gocen de esos derechos en la práctica. Los informes reflejan a veces una falta de claridad acerca de las estrategias necesarias para colmar esa brecha. Los informes periódicos combinados cuarto y quinto son más claros que los anteriores, en los que en algunos casos simplemente se expresaba que el Estado parte no estaba en condiciones de hacer frente a los desafíos que se le planteaban. El mensaje introductorio del Presidente de Angola a los informes periódicos combinados cuarto y quinto causa muy buena impresión, pues refleja un fuerte compromiso político y reconoce la necesidad de lograr la igualdad de facto. Señalando la intención del Presidente de adoptar nuevas normas legislativas contra la violencia doméstica, la oradora pregunta si en dichas normas se contemplará también la violencia en todas sus formas, y cuándo se presentarán.
La Sra. Gaspard señala que, en sus informes, el Estado parte analizó el artículo 3 de la Convención en relación con el artículo 4, y desea saber si ello refleja una comprensión errónea de la naturaleza de artículo 4. Con respecto al mecanismo nacional de Angola para promover la igualdad de género, el Comité agradecería recibir más información acerca de los recursos humanos y financieros del Ministerio de Asuntos de Familia y para el Adelanto de la Mujer. Habida cuenta de que numerosas cuestiones relacionadas con las mujeres son de carácter transversal, la oradora también desea saber si dicho Ministerio trabaja junto con los funcionarios de otros ministerios y de las autoridades locales. Sería útil saber cómo ha actuado el Gobierno para oponerse a los matrimonios precoces y formar conciencia acerca de la planificación familiar. La oradora desea saber si el Estado parte utiliza la radio, que en numerosos países africanos ha demostrado ser ideal para llevar a cabo ese tipo de campañas de información. Por último, la oradora desea saber si los Centros de Asistencia Jurídica mencionados en el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados son administrados por el Gobierno o por organizaciones no gubernamentales y, en este último caso, si el Gobierno presta algún tipo de apoyo.
Artículo 4
La Sra. Patten agradece a la delegación por haber suministrado datos adicionales en sus informes periódicos combinados cuarto y quinto, y acoge con beneplácito el mensaje introductorio del Presidente de Angola, que demuestra la voluntad política del Gobierno de promover la igualdad de género. La delegación dijo que la ausencia de mujeres en cargos de adopción de decisiones, tanto en el Gobierno como en organizaciones internacionales, era un importante impedimento para el adelanto de la mujer. Por consiguiente, el Comité desea saber si el Gobierno se propone implantar medidas especiales de carácter temporal a fin de alcanzar la efectiva igualdad de género, y si la Constitución de Angola contiene disposiciones relativas a la implantación de tales medidas. Por último, la oradora señala a la atención del Estado parte la recomendación general N° 25 del Comité, que aclara el significado del artículo 4 de la Convención.
Artículo 5
La Sra. Achmad señala que el Estado parte ha reseñado en sus informes los esfuerzos que se están realizando a fin de eliminar la violencia contra las mujeres. La oradora desea saber si en las normas legislativas que se están elaborando en esa esfera se tendrá en cuenta la recomendación general N° 19 del Comité, y si el Gobierno ha establecido un cronograma para su aprobación. La delegación debería indicar si Angola se propone promulgar una ley general sobre la violencia contra las mujeres, y si la capacitación tendiente a sensibilizar a la policía acerca de las cuestiones de género se imparte también a los fiscales, los jueces y los medios de comunicación. Si dichos medios están sensibilizados respecto de las cuestiones de género, pueden ser un medio eficaz para lograr que la sociedad en general, y en particular las propias mujeres, comprendan más claramente que los hechos de violencia contra las mujeres deberían considerarse violaciones de los derechos humanos.
El Comité desea saber si los Centros de Asistencia Jurídica ejercen presión sobre el Gobierno, o le prestan apoyo en lo tocante a sus planes de sancionar una ley sobre la violencia contra las mujeres, y si los Centros siguen alentando a las mujeres víctimas a formular denuncias y pedir una reparación. Asimismo desearía contar con más información acerca de los mecanismos institucionales para monitorear la violencia contra las mujeres y acerca de la incidencia de las políticas y medidas adoptadas en relación con las mujeres víctimas y los responsables, en lo tocante a los cambios de actitudes, la respuesta de la comunidad y la calidad de la respuesta judicial.
La Sra. Kwaku pregunta si el proyecto de ley del Gobierno sobre la violencia doméstica abarcará a todas las formas de violencia, y cuán pronto podría entrar en vigor. La oradora también desea saber si el Centro de Asesoramiento Familiar mencionado en los informes periódicos combinados cuarto y quinto contempla las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia doméstica, y si el Gobierno se propone establecer más centros de esa índole.
La Sra. Morvai dice que el problema de la temprana iniciación de las niñas en la vida sexual debería ser objeto de atención por parte del Gobierno y desea saber si el problema en su conjunto no debería considerarse en el contexto del abuso y la violencia y ser objeto de atención en tal carácter. La oradora pregunta si el Gobierno estaría dispuesto a tomar esa medida, y, en caso afirmativo, si estaría dispuesto a enjuiciar a los infractores por tal motivo. El Comité también agradecería recibir más información acerca de la forma en que el problema se manifiesta en la práctica.
La Sra. Gnacadja señala que en el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados se expresó que se tomarían varias medidas prácticas para asegurar que se respetase la igualdad de género. Asimismo se hizo referencia a los abusos cometidos por la policía contra las mujeres víctimas, a la falta de conciencia acerca de la violencia contra las mujeres, al trato preferencial que se da a los hombres en los tribunales, y a la inacción de la fuerza policial. En los informes también se dice que no hay una cultura de igualdad de género en el Gobierno, y que los organismos responsables de proteger los derechos fundamentales de las mujeres no cumplen ese cometido. La oradora esperaba que en los informes periódicos combinados cuarto y quinto se hiciese alguna evaluación de los progresos realizados en esas esferas, pero lamentablemente ello no ha ocurrido. Por consiguiente, el Estado parte debería suministrar al Comité tal evaluación, así como información acerca de las actividades del Centro de Asesoramiento Familiar y los Centros de Asistencia Jurídica.
Artículo 6
La Sra. Coker-Apiah dice que no se ha hecho mucho por eliminar la trata de mujeres, aun cuando Angola ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. La trata no afecta sólo a los niños, sino también a las mujeres y las jóvenes, y asimismo tiene que ver con la prostitución. El Comité desea saber cómo se propone el Gobierno hacer frente a esa situación. La oradora también señala que el Estado parte hizo referencia a organizaciones que prestan apoyo a las trabajadoras sexuales, y desea saber más a ese respecto.
La Sra. Khan pregunta si se ha establecido una comisión de crímenes de guerra para investigar los hechos de violencia contra las mujeres cometidos durante el conflicto armado de Angola y castigar a los responsables. La oradora desea saber si se han tomado medidas para el cuidado de los niños nacidos a consecuencia de violaciones y prestar apoyo a las familias que perdieron su único miembro masculino, y si se tomarían algunas medidas especiales de carácter temporal. Asimismo sería útil contar con más información acerca de la condición de las mujeres refugiadas en países vecinos y de las medidas tomadas para reintegrarlas.
Artículo 7
La Sra. Tavares da Silva, haciendo referencia al informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados, pregunta por qué disminuyó la cantidad de mujeres en cargos de adopción de decisiones políticas y económicas. Según el informe, las mujeres no participan en la adopción de decisiones acerca de las cuestiones relacionadas con la paz, el desarme y la reconciliación. La oradora desea saber la razón de la disminución de la participación de las mujeres, en especial a nivel local, y si el Gobierno está tratando activamente de revertir esa tendencia.
La Sra. Belmihoub-Zerdani sugiere que se dedique una mayor parte de las ganancias de la industria petrolera de Angola a los programas para el adelanto de las mujeres; habida cuenta del papel fundamental que desempeñan en la vida familiar, se beneficiaría toda la nación.
La Sra. Šimonović pregunta si el Gobierno ha tomado medidas especiales de carácter temporal para cumplir su compromiso de incrementar la cantidad de mujeres en cargos políticos y si está trabajando para aplicar la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad.
El Sr. Flinterman señala que el cuadro sobre representación y participación de la mujer en la administración de justicia que figura en la página 27 de los informes combinados cuarto y quinto (CEDAW/C/AGO/4-5) no contiene estadísticas sobre la cantidad de mujeres juezas en los tribunales provinciales. El hecho de que las mujeres representen cerca de la mitad de los estudiantes de derecho de la nación sugiere que a larga el problema podría resolverse, pero también deberían adoptarse medidas especiales de carácter temporal. En el párrafo 24 de la recomendación general N° 25 del Comité se expresa que los Estados partes están obligados a adoptar y aplicar medidas de esa índole siempre que sea necesario.
La Sra. Gaspard dice que el bajo porcentaje de mujeres en puestos de adopción de decisiones, y en especial en cargos electivos, no se debe a falta de interés, sino a la pesada carga que recae sobre ellas en todos los países. Esa situación se ve agravada en Angola por la gran cantidad de hogares monoparentales encabezados por mujeres. Se necesita una firme voluntad política; si los partidos políticos no establecen cuotas en las que se fije la cantidad de candidatos que deban ser mujeres o la cantidad de las mujeres que hayan de resultar elegidas para ocupar cargos, tales cuotas deberían ser impuestas por la ley. Ese enfoque ha resultado exitoso en otros países africanos, entre ellos, Marruecos, Uganda y Rwanda. La oradora desea saber qué medidas se propone tomar el Gobierno a ese respecto y si la delegación cree que en las elecciones que se celebrarán en 2004 habrá de mejorar significativamente la situación. El objetivo final debería ser la absoluta igualdad en la cantidad de hombres y mujeres que ocupan cargos.
Artículo 9
El Sr. Flinterman pide que se aclare la afirmación contenida en la página 27 de los informes periódicos combinados cuarto y quinto de que los artículos 55 y siguientes del Código Civil se consideran derogados por ser en sí mismos discriminatorios en el contexto de la nacionalidad de los niños. Sería útil saber qué contenido tenían las disposiciones de esos artículos, quién las derogó y si se está aplicando la legislación sobre nacionalidad (Ley N° 13/91), que sigue estando en vigor.
Artículo 10
La Sra. Manalo celebra que la delegación haya mencionado el plan nacional “Educación para todos para el año 2015”; tiene entendido que también se ha adoptado un plan centrado en las niñas para el período 2000-2005. La oradora pregunta qué organismo tiene la responsabilidad principal en la ejecución de dichos planes, si se dispone de financiación adecuada y de qué fuentes proviene, y qué papel desempeña el Ministerio de Educación en el proceso de ejecución. También sería útil saber qué incentivos, tales como becas, almuerzos gratuitos y uniformes, se brindan a las mujeres y niñas estudiantes, y si hay programas de capacitación de maestros, pues la mayoría de los maestros de escuelas primarias ni siquiera han terminado la educación secundaria. Por último, la oradora pregunta si la liberalización del sistema educacional ha tenido resultados positivos, y qué porcentajes de mujeres y niñas están matriculadas en escuelas privadas.
La Sra. Achmad señala que los estereotipos de género frecuentemente hacen que los padres y los maestros disuadan a las niñas de matricularse en asignaturas no tradicionales, en especial en las zonas rurales. La oradora pregunta si en el estudio sobre género mencionado en la página 34 del informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados se examinó esa cuestión y sugiere que se inicie un monitoreo sistemático del sistema, pues es probable que las niñas que optan por esferas de estudio tradicionales se vean confinadas a empleos en el sector informal.
En los informes periódicos combinados cuarto y quinto se menciona el establecimiento de un Programa Nacional de Género en el Contexto del Sistema de Enseñanza, 2001-2005, y de una Comisión Nacional para las Cuestiones de Género, así como de un programa nacional provisional relativo a la educación de las niñas para el período 1999-2000, entre cuyos objetivos figuraba la prevención de los estereotipos de género en las aulas. La oradora desea saber cómo se procura alcanzar ese objetivo; entre las distintas posibilidades figuran la capacitación de maestros, la reforma de los textos de estudio y la implantación de un currículo común para varones y niñas. Asimismo pregunta si se ha reducido la elevada tasa de analfabetismo de las mujeres, y en caso afirmativo en qué grado.
La Sra. Saiga pregunta cuántos años de educación primaria son obligatorios actualmente y si se imparten gratuitamente. El compromiso político del Gobierno con la educación, por más laudable que sea, no parece haberse reflejado adecuadamente a nivel de la elaboración de políticas. No está claro cuáles son los verdaderos objetivos de la reforma educacional ni qué se está haciendo por alentar a los niños a permanecer en la escuela.
Artículo 11
La Sra. Gabr dice que la gran riqueza de Angola en materia de recursos naturales confiere especial importancia a la sanción de leyes laborales equitativas. La legislación de Angola parece establecer la igualdad de oportunidades en el sector público, pero la mayoría de los países están pasando a economías de mercado libre y el sector privado podría absorber numerosas trabajadoras. La delegación debería explicar si hay discriminación en cuanto a los empleos a que pueden aspirar las mujeres. Asimismo es importante asegurar la protección social para las esposas y madres que trabajan, inclusive mediante guarderías y otros beneficios, eliminar los abusos sexuales en el lugar de trabajo y facilitar el otorgamiento de crédito a las mujeres.
La Sra. Patten dice que acoge con beneplácito el otorgamiento de beneficios de maternidad para las trabajadoras a partir de 2000 y pregunta si se hicieron campañas de concienciación para que las mujeres de las zonas urbanas y rurales se informaran acerca de esos beneficios. Como las mujeres tienen poco poder de negociación y podrían tener miedo de perder sus empleos si denunciaran las violaciones de la ley, debería establecerse una inspección del trabajo para fiscalizar el cumplimiento, inclusive en las esferas de la salud y la seguridad, y en especial en el sector privado; asimismo se necesitan tribunales industriales y asistencia jurídica gratuita para las mujeres.
El Comité ha recibido informes acerca de casos flagrantes de desigualdad de remuneración; la oradora pregunta qué sistema se ha establecido para monitorear ese problema y qué convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ratificado Angola. También se agradecería recibir más información sobre las normas legislativas que existan en relación con los problemas del trabajo infantil y del acoso sexual en el lugar de trabajo.
La Sra. Khan señala que hay niñas de 10 años de edad incluidas en las estadísticas de empleo y desea saber qué tipos de trabajo realizan. La oradora también pregunta qué oportunidades de empleo hay para las mujeres en el sector público. En el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados se dice que las mujeres representan el 51% del total de empleados públicos, pero que el 44% de las mujeres de 19 o más años de edad no han recibido instrucción alguna. Esas dos estadísticas parecen incompatibles. Por último, la oradora desea saber si los servicios de microcrédito existentes exigen garantías, en cuyo caso la mayoría de las mujeres no estaría en condiciones de obtener préstamos mediante dichos servicios.
Artículo 12
La Sra. Saiga señala que para esta fecha deberían haber finalizado el plan quinquenal para la atención de la salud maternoinfantil y el programa bienal de atención de la salud, que se mencionan en el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados, y pregunta si se están ejecutando otros nuevos. Sería útil contar con estadísticas de evaluación del plan, el programa y las demás medidas en materia de salud mencionadas en las páginas 42 y 44 de dicho documento.
La Sra. Khan dice que, de todas las esferas de la vida en Angola en que existe una crítica situación luego del fin de la guerra, ninguna es tan crítica como la de la salud: la esperanza de vida de las mujeres está bajando, pues luego de situarse en los 45 años ha descendido a aproximadamente 44 años; las tasas de mortalidad materna e infantil son muy elevadas, y la tasa de fecundidad de 6,9 es una de las mayores del mundo. La oradora desea saber si el país tiene una política nacional de salud que abarque todas esas cuestiones, así como las relacionadas con la destrucción de la infraestructura de la salud, la falta de agua potable y la necesidad de sistemas de alcantarillado, todas las cuales se mencionan en el informe. La oradora está interesada en el presupuesto de la salud, cuál es su cuantía y qué prioridades tiene, así como en el tipo de políticas sobre el VIH/SIDA que tiene el país; hay una ley sobre el VIH/SIDA, pero en el informe no se indica su contenido. La oradora pregunta si Angola tiene una política nacional para luchar contra la difusión del SIDA, así como para brindar un tratamiento adecuado a las víctimas del SIDA.
La Sra. Patten concuerda en que, habida cuenta de la dramática situación de la salud de las mujeres en Angola, la salud debe pasar a tener una mayor prioridad en el programa del Gobierno. En la sección dedicada a la infraestructura en los informes periódicos combinados cuarto y quinto (pág. 42) se dice que la política gubernamental sigue estando orientada hacia los servicios de maternidad centralizados en las principales ciudades, dejando al margen a las zonas rurales a las que se considera política y militarmente inestables. Se pregunta si todavía se considera que esas zonas son inseguras, y si la nueva iniciativa de rehabilitación de infraestructuras que se menciona en el informe se ha centrado en el suministro de infraestructuras de salud a nivel local. El estudio llevado a cabo en 1997 en el Hospital de Maternidad de Luanda reveló cifras preocupantes: el 44% de las mujeres hospitalizadas después de un aborto practicado en condiciones de riesgo tenían entre 15 y 19 años de edad, y el 95% habían iniciado su actividad sexual antes de los 20 años. Sería útil contar con más información sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno para brindar informar acerca de la planificación familiar a las mujeres y las niñas, en especial en las zonas rurales.
También es causa de preocupación la falta de medidas integrales para luchar contra la elevada tasa del VIH/SIDA, pues sólo existen servicios de exámenes y asesoramiento en dos ciudades. En un estudio del PNUD se comprobó que en gran medida las mujeres no tienen conocimiento de las formas de contaminación sexual de la enfermedad, y no hay ninguna investigación nacional sobre su prevalencia en el país. La oradora pregunta si el Gobierno tomará con carácter prioritario medidas preventivas, en particular medidas educativas para elevar el nivel de conciencia, y desea conocer la cuantía del presupuesto asignado actualmente a ese esfuerzo y saber de qué asistencia médica se dispone y si es accesible para las mujeres y las niñas que tienen VIH/SIDA, así como si se prevé la realización de un estudio para evaluar la discriminación contra las personas infectadas.
Artículo 13
El Sr. Flinterman señala a la atención el apartado c) del artículo 13 de la Convención, el derecho a participar en actividades de esparcimiento, en los deportes y en todos los aspectos de la vida cultural, y destaca cuánta importancia tienen tanto para los hombres como para las mujeres. Parece no haber participación de mujeres en las actividades deportivas; sin embargo, como el Gobierno está ansioso por elevar el perfil de la cultura angoleña ante los ojos del mundo, las mujeres angoleñas podrían llegar a ser un vector para transmitirla. El orador comprende que antes de 2000 era difícil que Angola pudiera aplicar el artículo 13 de la Convención, pero le resulta decepcionante comprobar que en los informes periódicos combinados cuarto y quinto no se brinda información alguna acerca de los deportes o la cultura. El Estado informante debería brindar información sobre la situación actual a ese respecto y sobre los programas que haya adoptado o piense adoptar el Gobierno, considerando que los deportes podrían servir de puente entre culturas y propiciar la reconciliación y la reunificación.
Artículo 14
La Sra. Shin señala la contradicción en la situación de las mujeres que se pone de relieve en el informe inicial y los informes segundo y tercero combinados (pág. 18), donde se dice que las leyes convencionales se aplican únicamente en las regiones urbanas, mientras que en las zonas rurales prevalecen las normas jurídicas tradicionales, discriminatorias contra la mujer. Es importante comprender los múltiples roles de las mujeres rurales, enumerados en el informe, que también hace referencia a la necesidad de mejorar la condición de las mujeres rurales como parte integral del desarrollo rural. También se menciona el microcrédito, y el apoyo brindado a las mujeres después de la Cumbre de Estocolmo, mediante los esfuerzos del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales por redistribuir los recursos de modo de beneficiar a las mujeres. Sin embargo, en los informes no se indica si esas iniciativas tuvieron éxito. Entre los problemas a que se enfrentan las mujeres figuran el incremento del VIH/SIDA, la prevalencia de la poligamia, y el hecho de que numerosos hogares están encabezados por mujeres. Se hace alguna referencia a la acción de las organizaciones no gubernamentales, pero la oradora desearía saber qué está haciendo el Gobierno acerca de los graves problemas a que se enfrentan las mujeres en las zonas rurales de Angola.
Artículo 16
La Sra. Belmihoub-Zerdani solicita información adicional sobre los dos tipos de matrimonio existentes en Angola y sobre la forma de disolución de los matrimonios, así como sobre los contratos matrimoniales, la herencia, la separación de bienes y la guarda de los hijos. La Conferencia de Beijing fue una importante oportunidad para lograr progresos en lo tocante a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en África, pero aún queda mucho por hacer para poner en práctica su Declaración y Programa de Acción, para lo cual se necesita tener voluntad política y recursos humanos y financieros. Es imperioso encontrar la forma de mejorar el poder adquisitivo de las mujeres y aplicar nuevos programas de acción encaminados a establecer la igualdad entre hombres y mujeres. Se necesitan más recursos a nivel nacional, aspecto en el que la responsabilidad incumbe al Gobierno, trabajando junto con las organizaciones no gubernamentales. A nivel regional, es preciso hallar la forma de financiar proyectos que permitan que, por conducto de la Unión Africana, el continente pueda demostrar los mismos tipos de solidaridad que se ven en la Unión Europea.
Se debería estimular a las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas para que encontraran fondos para ejecutar el programa de acción de Angola. Es preciso movilizar recursos financieros internacionales para la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Beijing, y para el monitoreo y el seguimiento del período extraordinario de sesiones “Beijing + 5”. Los países ricos se comprometieron en Beijing a aportar el 0,7% del PIB para el desarrollo, y la oradora pregunta si Angola ha recibido asistencia bilateral o multilateral dentro de ese parámetro del 0,7%. Es importante que el Gobierno de Angola exija sus derechos a ese respecto.
La Sra. Gnacadja pide más información sobre la ley aplicable al matrimonio, las disposiciones del Código Civil y el Código de la Familia, y el significado de algunas de las expresiones que figuran en los artículos 400 y 392 del Código Penal, tales como “precio de la novia del acusado” y “efectos del matrimonio”. Desearía saber qué distinción hace la ley entre el adulterio del marido y el adulterio de la mujer, con arreglo a los artículos 401 y 404 del Código Penal. El Código de la Familia dispone que un menor puede casarse a los 16 años si es varón y a los 15 si es niña, en caso de que un detenido examen de las circunstancias indique que el matrimonio es la mejor manera de proteger los intereses del menor. La oradora desearía saber a qué circunstancias podría aplicarse esa disposición, aparte del embarazo precoz. Dicha disposición podría considerarse un reconocimiento ilegal de los matrimonios precoces, que sería contradictoria con todos los esfuerzos del Gobierno por mejorar la educación de las niñas, y por consiguiente debe ser objeto de medidas urgentes. También sería útil contar con información adicional sobre el derecho de las viudas a heredar, y en especial si el proyecto de Ley sobre tierras en curso de examen comprende el derecho de las mujeres a heredar inmuebles, un aspecto de derecho hereditario que es fundamental para las viudas. Por último, la oradora pregunta qué disposiciones jurídicas existen para el caso de las mujeres con hijos abandonados por el padre, en un país en el que la mayoría de los hogares están encabezados por mujeres.
La Sra. Manalo señala que en los informes se indica que en Angola se practica la poligamia, y desea saber si está reconocida por el derecho y qué medidas concretas está tomando el Gobierno para eliminarla.
La Sra. Shin, haciendo referencia al Código de la Familia, que garantiza los mismos derechos para los maridos y las mujeres en diversas esferas, pregunta cómo garantiza el Estado esos derechos, en especial para las mujeres. Pregunta si las mujeres conocen sus derechos; y si pueden llevar el caso ante un tribunal en caso de que esos derechos sean violados por el marido, por ejemplo tomando otra mujer a pesar del principio de la monogamia existente en el derecho angoleño o cometiendo abusos contra la mujer.
El informe no brinda información alguna sobre la realidad de la situación de las mujeres, y la oradora desea saber si el Gobierno ha realizado estudios sobre la posición de las mujeres en el matrimonio y la vida familiar, tal vez en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, para suministrar datos desagregados por género sobre la vida familiar y otras importantes esferas en las que podría haber discriminación contra la mujer. La oradora señala que, si bien la edad legal para el matrimonio está fijada en 18 años, podría autorizarse el matrimonio de menores, aplicando el criterio del desarrollo físico del niño de que se trate. El Estado informante ha explicado quién decide si el niño o la niña está físicamente desarrollado, y por qué los varones pueden casarse a los 16 años y las niñas a los 15, en lugar de fijarse la misma edad para unos y otras. La oradora estima que la edad debería elevarse a 18 años, porque hay consecuencias para la salud y la educación si se autoriza el matrimonio a una edad más temprana. Por último, pregunta cómo se protege contra los abusos a los niños que viven dentro de una familia que no es la suya propia sin estar inscriptos en tal condición.
La Sra. Gaspard pregunta qué recurso tienen las mujeres que enviudan en un matrimonio poligámico, y qué disposiciones jurídicas rigen la herencia en tales situaciones. En un matrimonio poligámico, una mujer puede ser repudiada o despedida. La oradora desea saber cuáles son las consecuencias para las mujeres despedidas, pero no divorciadas.
La Sra. Achmad hace referencia al programa de desarrollo agrícola elaborado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 1996, pero nunca aplicado a causa de la inestabilidad militar de 1998. La política en que se basaba no tenía en cuenta la cuestión de la igualdad de género por considerar que era un tema que debía resolverse en el plano de la familia (CEDAW/C/AGO/4-5, pág. 49). A ese respecto, la oradora destaca que la cuestión de género es una cuestión transversal que no puede ser pasada por alto en ninguna esfera, y menos aún en el desarrollo rural.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que, durante la sesión de la mañana, todos habían aplaudido los esfuerzos legales e institucionales del Gobierno de Angola en el marco del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, pero no ha quedado clara la aplicación de los textos en cuestión, ni la medida en que existe una contradicción entre las estructuras legales formales y las leyes tradicionales. La oradora pregunta cuál de las dos rige, de hecho, la vida de las mujeres, y si la respuesta depende del lugar del país en que vivan. Como ya se ha señalado, se necesita un estudio sobre las prácticas reales, que debería indicar exactamente quién administra justicia en las zonas rurales. En los informes se hace referencia a los juzgados de paz existentes en las municipalidades, pero no a sus equivalentes en las zonas rurales. La oradora desea saber si ello significa que en las aldeas la justicia es administrada por los ancianos de la tribu, y si entre éstos hay alguna mujer. Pregunta si, ahora que el país está en paz, hay planes para impartir a los jueces rurales capacitación en derecho formal, o se están haciendo esfuerzos por codificar el derecho rural y tradicional, como se hicieron en otros países africanos.
En relación con la poligamia, la oradora desea saber si es posible que en un país asolado por la pobreza de posguerra las mujeres opten voluntariamente por la poligamia por estimar que les brinda un mayor grado de protección y apoyo. La delegación citó la Constitución de Angola, y la oradora agradecería que se le proporcionara el texto exacto en cuestión. La cláusula sobre igualdad vigente no permite
privilegio alguno por motivos de sexo, lo cual parecería excluir cualquier clase de medidas especiales de carácter temporal, pero tal vez Angola haya encontrado una forma de minimizar ese problema, y, en todo caso, el tema debería examinarse en el contexto de la revisión de su Constitución por parte de Angola.
La Sra. Coker-Apiah destaca la importancia del trabajo de las parteras, habida cuenta de las elevadas cifras de mortalidad materna e infantil. La cobertura de la atención prenatal es sólo del 35%, y la proporción de madres que dan a luz en instituciones es sólo del 18%, de modo que la mayoría de las mujeres dan a luz en sus hogares sin la asistencia de personal capacitado. Mediante un programa de 1997 para capacitar parteras a fin de prestar asistencia en los partos se logró capacitar a más de 1.300 personas hasta junio de 1999, pero la guerra, sumada a los efectos de la migración interna, agravó la situación y perturbó el seguimiento del programa. La oradora pregunta cuál es la situación actual en lo tocante a las parteras tradicionales, y si continúa la capacitación. Los informes indican que el tratamiento retroviral para mujeres embarazadas con SIDA fue aprobado por el Consejo de Ministros pero que aún no se ha puesto en vigor. La oradora pregunta cuándo y en qué partes del país se brindará el tratamiento. Por último, el Estado informante debería explicar si las niñas y los varones gozan de igualdad de derechos para heredar los bienes de sus padres.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.