36° período de sesiones
Acta resumida de la 753ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 18 de agosto de 2006, a las 10.00 horas
Presidente:Sra. Belmihoub-Zerdani (Vicepresidenta)
Sumario
Homenaje a la memoria de las víctimas del atentado con bomba perpetrado contra las oficinas de las Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Cabo Verde (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas
Homenaje a la memoria de las víctimas del atentado con bomba perpetrado contra las oficinas de las Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003
Por invitación de la Presidenta, los participantes guardan un minuto de silencio en homenaje a la mem o ria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Representante Especial del Secretario General en el Iraq, Sr. Sergio Vieira de M e llo, y de las demás víctimas del atentado con bomba perpetrado contra las oficinas de las Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención
Informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Cabo Verde (CEDAW/C/CPV/1-6, CEDAW/C/CPV/Q/6 y CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Cabo Verde toman asiento a la Mesa del Comité.
La Sra. Lima (Cabo Verde), presentando los informes periódicos inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Cabo Verde (CEDAW/C/CPV/1-6), dice que aunque Cabo Verde ha presentado con retraso el informe, las numerosas medidas de amplio alcance adoptadas desde que ratificara la Convención en diciembre de 1980 dan fe de su genuino compromiso con ese instrumento. Desde que Cabo Verde obtuvo su independencia, en 1975, la promoción de los derechos de la mujer ha sido uno de los elementos centrales del programa político nacional. Sin embargo, aunque se han alcanzado grandes progresos con respecto a la condición jurídica y social de la mujer, aún no se ha logrado una plena igualdad entre los géneros. Cabo Verde está firmemente decidido a superar las dificultades que aún subsisten en esa esfera.
Bajo el régimen totalitario anterior a la independencia, la mujer de Cabo Verde no sólo no disfrutaba de sus derechos, incluidos el derecho al voto y a la reproducción, sino que tampoco tenía acceso a la educación en pie de igualdad con el hombre, a ciertas profesiones y a los préstamos y créditos. Entre 1975 y 1990, el país siguió un sendero de desarrollo basado en los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos. El proceso de la transición democrática se aceleró con la introducción de un sistema de partidos múltiples en febrero de 1990 y las primeras elecciones democráticas celebradas en 1991, en las que una amplia participación pública demostró claramente que el país optaba por el imperio de la democracia y la descentralización del poder. La Constitución, aprobada en 1992, prevé una amplia gama de derechos, libertades y garantías para los ciudadanos de Cabo Verde, consagrando la dignidad de la persona como valor absoluto.
La economía se ha ido abriendo lentamente a la inversión extranjera. El turismo y la industria ligera han empezado a florecer y los indicadores sociales y económicos han mejorado. La mejora del índice de desarrollo humano correspondiente a Cabo Verde refleja acontecimientos positivos con respecto a los derechos económicos y sociales.
El mayor obstáculo para el adelanto de la mujer ha sido el predominio de un sistema sociocultural de tipo patriarcal. A pesar de las claras repercusiones de la inversión en educación sobre la condición jurídica y social de la mujer en varios sectores, en otros se aprecia una evidente resistencia al cambio.
La participación de la mujer en la política y en la adopción de decisiones, aunque es de larga data, ha variado grandemente en grado y forma con el correr de los años. Por ejemplo, el número de diputadas en la Asamblea Nacional ha fluctuado muchísimo. Actualmente la mujer representa el 15% de los diputados del Parlamento, y su representación es incluso más baja en la legislatura y en la rama ejecutiva municipal. Aunque el número de mujeres en el gobierno central es inferior al del hombre, su participación va en aumento con cada proceso electoral. Sin embargo, su participación en ese nivel ha sido muy reducida. El Gobierno reconoce la necesidad de alentar la participación de la mujer en todos los niveles, tanto en la política como en otras esferas de la vida pública, para eliminar las ideas tradicionalistas que contribuyen a la marginación de la mujer.
Entre 1990 y 2000 se registró un aumento general en la tasa de empleo de la población como resultado directo de un aumento en la actividad económica femenina, que pasó del 25 al 38,6%, en comparación con una disminución en la actividad económica masculina, que bajó del 47,8% al 42,3%. Un análisis de la población económicamente activa por categorías subprofesionales reveló que la mujer representa el 0,6% de los técnicos superiores, el 4,9% de los especialistas y el 4,3% de los técnicos profesionales y profesionales de categoría intermedia. Los trabajadores no especializados constituyen el mayor porcentaje de la población (26,8%), y la mayoría son mujeres. En el año 2000, el 47,8% de las mujeres desempeñaba actividades que exigían un bajo nivel de formación o educación, pero generaban ingresos más bajos para la mujer que para el hombre. La mujer suele estar relegada a las tareas domésticas y los miembros de la familia impiden que reciba educación. Para tratar de reducir el alto nivel de desempleo de la mujer en los sectores más pobres de la sociedad, el Gobierno está promoviendo la formación profesional y el acceso a actividades lucrativas y microcréditos para la mujer a plazo inmediato, y está efectuando inversiones a largo plazo para promover el acceso a la educación en todos los niveles, facilitando así la posibilidad de acceder a profesiones mejor remuneradas.
Hay una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y ONG que realizan una activa labor en las esferas de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en Cabo Verde. Esas organizaciones han hecho grandes aportes a la organización y movilización de la sociedad civil y al adelanto del programa de la mujer mediante iniciativas encaminadas, entre otras cosas, a reducir el analfabetismo, particularmente entre las mujeres de las zonas rurales, a crear jardines de la infancia, a introducir políticas de planificación de la familia, a promover la participación de la mujer en el desarrollo, a ayudar a formular legislación relativa a cuestiones de género y a facilitar el acceso de la mujer a microcréditos y préstamos.
En 1994 el Gobierno estableció el Instituto de la Condición Femenina, al que recientemente se dio el nuevo nombre de Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, cuyo propósito es crear las condiciones y los mecanismos institucionales necesarios para la promoción y la aplicación de políticas públicas para el mejorar la igualdad de género, la equidad y paridad y el empoderamiento de la mujer. Con esos fines, el Instituto ha establecido asociaciones con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esferas como la salud, la educación, la promoción de la familia, la generación de ingresos y la prevención de la violencia contra la mujer, a la vez que centra su atención en las mujeres de los grupos más vulnerables, facilitando así un considerable progreso en la promoción de los derechos de la mujer. Para llevar a cabo actividades más concertadas con las organizaciones del sector público y de la sociedad civil, y de conformidad con las directrices de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ha elaborado un plan nacional para la igualdad y equidad entre los géneros que abarca el período 2005-2009, por el que se rigen las políticas gubernamentales conexas. Sus principales desafíos consisten en combatir la violencia contra la mujer, asegurar la igualdad de oportunidades económicas y la igualdad en la representación de hombres y mujeres en los cargos con funciones normativas.
A pesar del progreso económico, algunos grupos, incluidos los de mujeres, permanecen en condiciones de exclusión social y pobreza. El desempleo es mayor entre las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, pero en general es más elevado entre los hombres (55,9%) que entre las mujeres (42,3%). Sin embargo, son más numerosas las mujeres que los hombres que viven en la pobreza. Se aprecia una tendencia inversa en los grupos de edades de 25 a 49 años, en los cuales el analfabetismo es mayor entre las mujeres, lo que indica una relación directa entre el nivel de educación y el acceso al empleo. En respuesta a esa situación, en 2003 se introdujo un programa nacional de alivio de la pobreza con el propósito, entre otros, de eliminar la exclusión social mediante la educación, la formación profesional y el desarrollo de infraestructura. La Dirección General de Alfabetización y Educación de Adultos, el Instituto de Empleo y Formación Profesional y el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca realizan actividades semejantes y han hecho un importante aporte para mejorar la situación económica y la inclusión de la mujer, particularmente en las zonas rurales, para lo cual, entre otras cosas, han facilitado microcréditos. El Plan Nacional de Desarrollo para 2002-2005 y la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza contienen estrategias para erradicar la pobreza, determinar las esferas de intervención tales como empleo, salud, educación, vivienda y pobreza urbana y rural, a la vez que centran su interés en las necesidades específicas de los grupos sociales vulnerables. Se han tomado medidas para proteger a las mujeres particularmente vulnerables, como las que no perciben ingresos o desarrollan actividad de baja remuneración.
La educación indudablemente es uno de los instrumentos más eficaces para promover la condición jurídica y social de la mujer y su desarrollo profesional y económico, pero sobre todo su autonomía moral. La demanda social de educación ha aumentado con el correr de los años, y existe una fuerte tendencia en las familias a garantizar las mismas oportunidades de educación para niñas y niños. Como resultado de la política del Gobierno de “educación para todos”, casi todas las personas tienen acceso a la educación primaria, y se ha alcanzado la paridad entre los géneros con respecto al acceso a la educación primaria y secundaria. La tasa de matrícula en la escuela primaria es del 95,9% para las niñas y del 94,3% para los niños; las cifras correspondientes a la matrícula en la escuela secundaria son del 58,8% y el 53,3%, respectivamente. Es mayor el número de niñas que finaliza la educación primaria y secundaria, ya que un gran número de niños abandona la escuela primaria. En el nivel de educación secundaria, son más numerosas las niñas que repiten el año.
A pesar de que hay un mayor número de mujeres que se desempeñan como profesoras de escuela (65,3%), la mayoría de los profesores en los niveles de educación superior son hombres. Los puestos administrativos en las escuelas primarias están ocupados principalmente por hombres, pero existe una distribución equitativa entre hombres y mujeres en todo el sistema educacional.
Debido a que el censo de 2000 indicó que el analfabetismo era mayor entre las mujeres, salvo en el grupo de edad de 15 a 24 años, los programas de alfabetización de adultos se centran principalmente en ese grupo social, que se considera el más vulnerable, y han dado como resultado una notable disminución de la tasa de analfabetismo entre las mujeres, particularmente aquellas cuyas edades fluctúan entre los 35 y los 49 años.
Se han alcanzado notables progresos en la integración de la perspectiva de género en los servicios de salud, que tiene en cuenta las necesidades específicas de la mujer; el pleno acceso a los servicios de atención de la salud es uno de los objetivos a mayor plazo para ayudar a la mujer que vive en la pobreza. En 1977 se inició un programa de planificación de la familia y protección de la madre y el niño, que en 2001 fue reemplazado por un programa nacional de salud reproductiva con un enfoque más amplio y equilibrado en función de los géneros, de conformidad con las recomendaciones contenidas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994. El sistema de atención médica se ha fortalecido, y ahora hay un mayor número de servicios relacionados con la planificación de la familia, la atención materno-infantil, el control de las infecciones de transmisión sexual y la atención prenatal y postnatal. Las campañas de inmunización han dado buenos resultados, como lo demuestra la notable disminución de la mortalidad materna e infantil, y se ha empezado a aplicar una política para lograr una mayor sensibilización en relación con el uso de anticonceptivos, para lo cual se cuenta con la ayuda de los centros de salud reproductiva y de las ONG. El VIH/SIDA es uno de los principales motivos de preocupación de las autoridades nacionales de salud. No se dispone aún de estadísticas sobre exámenes e incidencia del cáncer del útero, de mama o de próstata.
Los medios de comunicación desempeñan una función clave para crear una mayor sensibilización en relación con las cuestiones de género, ayudando a formar la opinión pública y difundir el mensaje de la igualdad entre los géneros, lo que a su vez contribuye a modificar actitudes y conductas muy arraigadas. En ese espíritu, se han llevado a cabo campañas de sensibilización orientadas a los profesionales de los medios de comunicación, quienes han recibido formación sobre cuestiones de género. La Red de Periodistas para la Población, como asociada del Gobierno, ha alcanzado resultados muy positivos en ese ámbito, incluida la reducción de los avisos publicitarios con contenido sexista.
El Gobierno condena enérgicamente la violencia de género, que básicamente se dirige contra la mujer, y está decidido a erradicarla. El Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros está elaborando una estrategia nacional para dar una respuesta rápida a situaciones de emergencia a través de redes interinstitucionales que prestan diversos servicios gratuitos, particularmente si las víctimas son personas de bajos recursos o de otro modo vulnerables. También ayuda a financiar centros de recepción de víctimas. Reconociendo la necesidad de ampliar esas medidas al plano nacional, el Instituto está trabajando con el Ministerio de Justicia para elaborar un plan nacional de lucha contra la violencia de género, que se encaminará a modificar las actitudes y conductas sociales.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Ciudadanía se ocupa de supervisar la aplicación de la Convención y desempeñó un importante papel en la elaboración del informe del Estado parte. Entre sus funciones figuran la promoción de la igualdad entre los géneros, la inclusión de la mujer y otros grupos vulnerables, la vigilancia del respeto de los derechos humanos y la formulación de políticas relativas a la mujer. También realiza labor de asesoramiento, funciona como sistema de alerta temprana y lleva a cabo actividades de vigilancia e investigación en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sus 28 miembros incluyen representantes de la sociedad civil y las entidades públicas, y participan también como observadores los representantes de instituciones cuya labor está directamente relacionada con las cuestiones de la mujer.
El Gobierno de Cabo Verde ha cumplido las recomendaciones de las conferencias regionales e internacionales y de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas con respecto a los derechos de la mujer, y con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes, que sirven de base para sus documentos de estrategia y como orientaciones para la adopción y aplicación de sus políticas.
Cabo Verde está convencido de que, aunque es mucho lo que queda por hacer, los derechos de la mujer consagrados en la Convención serán una realidad en el país. Tiene un firme compromiso con el logro de una auténtica igualdad entre sus hombres y mujeres, y asigna gran importancia a las contribuciones del Comité para alcanzar ese objetivo.
Artículos 1 y 2
El Sr. Flinterman dice que las respuestas del Estado parte a las cuestiones y preguntas del Comité (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1) indican que la Convención no fue invocada en ninguna de las causas presentadas ante los tribunales. Se pregunta si ello obedece al desconocimiento de la existencia de la Convención por parte de los miembros del poder judicial y de la profesión jurídica. En ese sentido, en sus observaciones introductorias, la delegación aludió a campañas de información y sensibilización, por lo que desearía tener más información sobre el carácter de esas campañas. Una de las razones por las cuales la Convención no se ha aplicado directamente en los casos presentados ante los tribunales podría ser que las actuaciones judiciales en general son bastante lentas y costosas. Desea saber si los ciudadanos de Cabo Verde tienen acceso a cualquier tipo de reparación legal distinta a la que se puede obtener en los tribunales. También pregunta qué función desempeña la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Ciudadanía en ese sentido. Por ejemplo, ¿recibe denuncias sobre casos de violación de los derechos humanos de la mujer? En caso afirmativo, ¿puede la Comisión hacerse cargo de un caso y presentarlo ante los tribunales?
El informe menciona un plan de asistencia jurídica a disposición de la mujer. Desea información sobre el número de mujeres que han hecho uso de ese recurso y sobre el número de mujeres cuyas solicitudes de asistencia jurídica han sido denegadas. Por último, alienta firmemente al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo para fortalecer la protección de los derechos de la mujer caboverdiana.
La Sra. Shin acoge con agrado el informe presentado por Cabo Verde y espera que el Comité pueda recibir los futuros informes periódicos con mayor puntualidad. Refiriéndose a la respuesta dada por el Estado parte a la pregunta 2 formulada por el Comité en la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1), pregunta si el concepto de discriminación como se define en la Constitución de Cabo Verde abarca la discriminación indirecta, de conformidad con el contenido del artículo 1 de la Convención. Se pregunta si los miembros de la judicatura y los encargados de la formulación de políticas tienen entendido que el asegurar la igualdad entre los géneros significa eliminar tanto la discriminación directa como indirecta contra la mujer.
Al igual que el orador que le precedió en el uso de la palabra, desea saber si la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Ciudadanía recibe las denuncias sobre discriminación directamente de las mujeres y, en caso de ser así, cuántas denuncias de ese tipo se han presentado hasta el momento. También desea saber cuántos de los 28 miembros de la Comisión son mujeres. Confía, también, que el Estado parte ratificará pronto el Protocolo Facultativo, y lo exhorta además a aceptar, sin demora, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.
La Sra. Ŝimonović señala que la respuesta del Estado parte a la pregunta 26 de la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1), dice que la difusión de la Convención en el país está mejorando “poco a poco”. Alienta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para educar a los jueces, los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, las ONG de mujeres y el público en general en relación con la Convención y los posibles medios de evitar la violación de los derechos humanos de la mujer en el país. A la luz de la respuesta a la pregunta 27, desea conocer las opiniones de la delegación sobre las posibilidades de ratificación del Protocolo Facultativo.
La Sra. Morvai pregunta si la delegación puede proporcionar información sobre la jurisprudencia relativa a la igualdad de género en Cabo Verde. Tiene entendido que no se dispone de información sobre casos en que se haya invocado la Convención ante los tribunales, pero se pregunta si se han presentado casos de discriminación sexual, en la esfera laboral, por ejemplo, que se hayan resuelto en el contexto de la legislación nacional. Agradecería recibir información sobre el número de esos casos en los últimos años y sobre el carácter y resultado de los mismos.
También solicita más información sobre los instrumentos nacionales para el adelanto de la mujer. En términos concretos, desea saber qué lugar ocupa el Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros en la estructura de Gobierno, cuáles son su presupuesto, su dotación de personal y sus métodos de trabajo. Desea saber, asimismo, si el Instituto tiene facultades decisorias o es simplemente un órgano asesor, y qué tipo de cooperación tiene con las ONG. Además, le interesa saber si Cabo Verde ha recibido algún tipo de asistencia de las organizaciones internacionales o de los organismos de desarrollo bilaterales específicamente para iniciativas en materia de igualdad entre los géneros.
La Sra. Rodrigues (Cabo Verde) dice que el nombre del Instituto Nacional de la Condición Femenina, que es el instrumento nacional para cuestiones de género, se modificó recientemente y ha pasado a ser Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros. Ese cambio refleja la transición de un enfoque de desarrollo basado en la mujer a un enfoque de género en relación con cuestiones de igualdad. Actualmente el Instituto cuenta con nueve empleados y un presupuesto cercano a 37 millones de dólares, la mayor parte del cual es aportado por organizaciones internacionales, especialmente los organismos de las Naciones Unidas que realizan actividades en Cabo Verde. En reconocimiento de las sólidas prácticas de gestión del Instituto, esos organismos recientemente aumentaron su aporte de financiación para sus proyectos en un 30%.
El Instituto trabaja con las ONG desde su fundación y actualmente está intensificando sus actividades con ellas debido a que está aumentando el número de ONG que realizan actividades relativas a las cuestiones de la mujer en Cabo Verde. El Instituto se ocupa principalmente de cuestiones de política en el plano nacional. Por lo tanto, recurre a las ONG para la difusión de esas políticas y para llevar a cabo proyectos de ámbito popular financiados por el Instituto. El personal del Instituto celebra reuniones frecuentemente con representantes de las ONG para seguir de cerca la ejecución de los proyectos y determinar las estrategias que se deben aplicar para asegurar un enfoque coherente en el trabajo con las comunidades populares.
La Sra. Lima (Cabo Verde) asegura al Comité que su Gobierno no tiene objeciones filosóficas o de política al Protocolo Facultativo. Si Cabo Verde aún no ha ratificado el Protocolo, se debe simplemente a razones de tipo burocrático. Asimismo, la tardanza en la presentación de los informes del Gobierno al Comité no refleja una falta de voluntad política con respecto al cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención; refleja la debilidad de la estructura y capacidad institucionales. Hay que recordar que la República de Cabo Verde sólo tiene 31 años. Tras obtener su independencia en 1975, los caboverdianos tuvieron que crear toda una maquinaria de Estado y construir todas las instituciones de Gobierno desde sus cimientos. El país todavía tiene un largo trecho que recorrer en ese sentido, y en consecuencia carece de la capacidad de otros países que cuentan con instrumentos totalmente desarrollados para asegurar el oportuno cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes en virtud de las diversas convenciones y convenios internacionales de derechos humanos. No obstante, el Gobierno recientemente ha creado una comisión nacional cuya tarea es coordinar la elaboración de esos informes, y tiene la firme intención de cumplir con todas sus obligaciones internacionales.
El hecho de que su Gobierno no haya podido presentar los informes con puntualidad no debe tomarse como una falta de compromiso con la Convención. En realidad, Cabo Verde empezó a aplicar las disposiciones de la Convención incluso antes de haberla ratificado, y desde su independencia ha eliminado numerosas formas de discriminación contra la mujer. Aunque pueda no haberse invocado la Convención en los tribunales, la mayor parte de sus artículos están incorporados en la legislación nacional, de modo que cabe decir que se está aplicando. El hecho de que los jueces no apliquen directamente la Convención en sus dictámenes sí refleja una falta de conocimiento y capacidad. Para rectificar esa situación, el Gobierno está adoptando disposiciones para impartir formación a los jueces y abogados sobre la Convención y la legislación nacional en relación con la discriminación contra la mujer. Actualmente se imparte formación a los fiscales en relación con los casos de violencia doméstica, por ejemplo. Además, se llevan a cabo actividades, particularmente en colaboración con las ONG, para difundir información sobre la Convención entre el público en general.
Es cierto que las actuaciones judiciales pueden ser muy prolongadas. El Gobierno está pasando por un proceso de reforma judicial encaminado a mejorar la sensibilización del sistema judicial, con lo cual los caboverdianos podrán recurrir a otros métodos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, la mediación y los centros jurídicos. En el marco del sistema de ayuda jurídica, la asistencia letrada, sufragada por el Gobierno y a cargo de abogados especializados, es gratuita para los grupos de población desfavorecidos, incluidas las mujeres. Lamentablemente, la oradora no dispone de las estadísticas solicitadas por el Comité sobre el número y tipo de casos. Eso se debe a las deficiencias en el sistema nacional de estadísticas que, al igual que las demás instituciones nacionales, aún está consolidándose.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la Ciudadanía está dirigida por una mujer y por lo menos la mitad de sus miembros son mujeres. Además de las organizaciones del Gobierno, están representadas en la Comisión las ONG de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones patronales y partidos políticos.
Con respecto a la definición de discriminación en la Constitución nacional, como su Gobierno ha indicado en sus respuestas a la lista de cuestiones y preguntas del Comité (CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1), la propia Constitución estipula que no se dará interpretación restrictiva a ninguna de las disposiciones constitucionales relativas a los derechos y libertades básicos. Por lo tanto, la oradora puede asegurar al Comité que la interpretación de que dan los tribunales al principio de la no discriminación incluye tanto la discriminación directa como la indirecta.
El Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros es administrado indirectamente por el Estado, pero goza de plena autonomía con respecto a su presupuesto y operaciones. El Instituto rinde cuentas al Primer Ministro, quien ha delegado en la oradora la responsabilidad de supervisión. Se garantiza de ese modo que las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros sean planteadas y examinadas en el Consejo de Ministros. Aunque el personal del Instituto es reducido, trabaja con gran eficacia con las ONG, que están mejor equipadas para llevar a cabo iniciativas en el plano local. Ese enfoque es coherente con la opinión del Gobierno de que no puede ni debe participar en todas las actividades en todos los niveles, y con la iniciativa de reforma estatal que actualmente se aplica, por la que se quiere reducir el tamaño de la estructura de Gobierno y mejorar su eficacia. Además, el Instituto no es el único componente de la maquinaria nacional. Hay también centros de coordinación de cuestiones de género en los diversos ministerios y en el plano local.
El Gobierno necesita prestar más atención a la supervisión del cumplimiento de sus decisiones de política relacionadas con las cuestiones de género. Por ejemplo, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas de acción afirmativa encaminadas a mejorar el acceso de la mujer a puestos de trabajo en el sector público, pero se necesita una labor de supervisión para asegurar que esas medidas realmente se apliquen. También es preciso realizar mayores esfuerzos para asegurar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas del Gobierno, no sólo en las que guardan relación directa con la igualdad entre los géneros.
Artículo 3
La Sra. Dairiam dice que, si bien entiende las razones de la tardanza del Estado parte en la presentación de su informe inicial, le preocupa que esa tardanza en la presentación de informes signifique también una demora en la aplicación de las disposiciones de la Convención. La delegación ha asegurado al Comité que se han introducido reformas legales y que se han eliminado numerosas formas de discriminación en los años transcurridos desde que el país alcanzara su independencia. Sin embargo, el informe parece indicar que aunque por ley se haya otorgado igualdad a la mujer, en la práctica no necesariamente goza de igualdad en muchos aspectos de su vida, lo que constituye el objetivo ulterior de la Convención. No obstante, complace a la oradora saber que se están alcanzando ciertos progresos en el camino hacia la igualdad entre los géneros.
En el informe se indica que el Plan de Acción Nacional para el Adelanto de la Mujer, 1996-2000, no ha tenido el éxito que se esperaba en términos de la integración de una perspectiva de género. Desea saber cuáles han sido los principales obstáculos. También desea saber quiénes son los encargados de la integración de la perspectiva de género en el sector público. ¿Se ocupa de esa labor el Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, o es una responsabilidad que se comparte entre todos los ministerios? Si éste último fuera el caso, ¿qué arreglos institucionales existen con ese propósito?
La Sra. Tavares da Silva también pide aclaraciones sobre el Plan de Acción Nacional para el Adelanto de la Mujer, 1996-2000, y sus prioridades. ¿Cómo ha funcionado la estrategia de integración de la perspectiva de género y qué tipo de evaluaciones se han efectuado? Refiriéndose al nuevo título del plan de acción, es decir, Plan Nacional para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, recuerda que la meta de carácter objetivo de la Convención es la igualdad entre los géneros, mientras que la equidad es un concepto subjetivo. ¿Cuáles son las prioridades y metas del Plan, y cómo se evaluarán los progresos hacia la igualdad?
La Sra. Zou Xiaoqiao pide aclaraciones sobre el estatuto y la autoridad del Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad entre los Géneros. ¿Tiene capacidad para influir en la política del Gobierno, y tiene previsto el Gobierno fortalecer su estatuto y sus recursos?
La Sra. Shin también desea más información sobre los recursos humanos y financieros del Instituto. ¿Existen planes para aumentar su dotación de personal? Dado que las tres cuartas partes de su presupuesto provienen de organismos donantes internacionales, ¿son sostenibles sus ingresos? ¿Se han recibido ya los fondos necesarios para el año en curso? La oradora pregunta si el Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros trabaja con el Instituto Nacional de Estadísticas para asegurar que se reúnan y presenten datos oficiales desde una perspectiva de género.
La Sra. Saiga pregunta si las ONG de mujeres, que parecen actuar como la rama operativa del Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, reciben financiamiento del Estado u otro tipo de ayuda.
La Sra. Rodrigues (Cabo Verde) dice que la eficacia del Plan de Acción Nacional para el Adelanto de la Mujer se vio limitada por la inexperiencia y la falta de financiamiento del Instituto Nacional de la Condición Femenina, predecesor del Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros creado en 1994. Sin embargo, el Plan Nacional para la Igualdad y Equidad entre los Géneros tiene su propio presupuesto, una estructura de planificación viable y una matriz de indicadores para evaluar el progreso. En opinión del Gobierno, es necesario aplicar un doble enfoque para promover la igualdad de derechos, ya que la equidad entre los géneros, que se logra a través del progreso práctico hacia la igualdad de oportunidades, es un requisito previo de la igualdad entre los géneros. Por otro lado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha recomendado que el Gobierno adopte ese tipo de enfoque. El éxito alcanzado en la paridad entre los géneros en el sector de la educación, en comparación con la falta de buenos resultados en la supresión de los estereotipos de género en el sector de la política en Cabo Verde, demuestra, por ejemplo, la necesidad de abordar los aspectos socioculturales, además de las oportunidades económicas o medidas específicas para combatir la violencia. Teniendo en cuenta las numerosas necesidades que es necesario atender, el financiamiento del Instituto nunca es suficiente, pero está intentando encontrar otras fuentes además del UNFPA, el PNUD y el Banco Mundial. Recientemente se efectuó la contratación de tres nuevos miembros del personal del Instituto, que trabajarán en los ámbitos de las comunicaciones, la violencia contra la mujer y el VIH/SIDA, y se espera alcanzar pronto una situación de plantilla completa.
El Sr. Pires (Cabo Verde) dice que todos los interlocutores nacionales e internacionales de Cabo Verde participan plenamente en el proceso de elaboración del documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), creado por el Banco Mundial y otros organismos de las Naciones Unidas. En toda la planificación presupuestaria, incluido el presupuesto nacional de 2006, se tiene en cuenta la perspectiva de género. El Instituto Nacional de Estadísticas se encarga de recopilar todos los datos oficiales para la planificación ministerial y para el Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros. Sin embargo, el reducido tamaño de la población por lo general hace que sea difícil extrapolar estadísticas fiables de datos relativos a la mortalidad materna, por ejemplo. Los resultados de dos estudios demográficos iniciados en 1998, pero sólo recientemente concluidos, serán una fuente de estadísticas sobre la situación socioeconómica, específicamente en relación con la salud, la educación y la violencia contra la mujer. Entre otras cosas, demuestran que la situación de penuria de la mujer de las zonas rurales se ha aliviado considerablemente, gracias a un aumento de las inversiones.
La Sra. Lima (Cabo Verde) dice que, aunque Cabo Verde presentó con tardanza su informe inicial, ha estado aplicando plenamente la Convención. Se han alcanzado notables progresos en la igualdad entre los géneros, como se indica en un documento de 2004 de las Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El producto nacional bruto aumentó considerablemente en los últimos años, y en 2004 el Consejo Económico y Social recomendó que se retirara a Cabo Verde de la lista de países menos adelantados. El Gobierno considera que el desarrollo social y económico del país garantizará el progreso en el ámbito de los derechos humanos en general, y en el de los derechos de la mujer en particular. Sin embargo, las repercusiones del crecimiento económico sobre el hombre y la mujer son distintas: hay menos mujeres que hombres en situación de desempleo, aunque la mujer sigue siendo más pobre que el hombre. Muchos hombres han emigrado pero sus remesas benefician a las familias encabezadas por mujeres.
Aunque no se han introducido cuotas, el Gobierno ha estado aplicando sistemáticamente una discriminación positiva. No siendo ya necesaria en la esfera de la educación secundaria puesto que las niñas ahora tienen un rendimiento académico superior al de los niños, la política se está aplicando en la contratación en el servicio civil, en campañas de alfabetización y en el otorgamiento de microcréditos para creación de trabajo en las zonas rurales. Por lo tanto, el Plan Nacional para la Igualdad y Equidad entre los Géneros no sólo se ocupa de cuestiones como la violencia contra la mujer sino también de la igualdad de oportunidades económicas para ambos sexos. En cuanto al estatuto del Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, aunque disfruta de un cierto grado de autonomía presupuestaria, es parte de la maquinaria del Estado y rinde cuentas directamente a la Oficina del Primer Ministro. Pese a que se están realizando esfuerzos para aumentar sus recursos humanos, el Instituto también funcionará mediante la creación de redes de contacto. El personal actúa como un núcleo central, mientras que el financiamiento y algunas otras operaciones están a cargo de las ONG y otros organismos.
La estrategia del Gobierno sobre la integración de la perspectiva de género ha sido supervisada por el Instituto para la Igualdad y Equidad entre los Géneros, con apoyo de los centros de coordinación nacionales y una red de ministros y mujeres miembros del Parlamento, que han ofrecido seminarios sobre la integración de la perspectiva de género en la planificación presupuestaria y otras esferas. La estrategia no ha sido del todo satisfactoria y se emprenderán nuevas actividades en el futuro.
Artículos 5 y 6
La Sra. Arocha Domínguez pregunta qué medidas se están adoptando para asegurar que los educadores apliquen conscientemente los valores de la igualdad entre los géneros en los programas de educación. ¿Hay casos en la sociedad caboverdiana de discriminación por el color de la piel? Pide más información sobre las medidas que se han adoptado para prevenir la violencia contra la mujer.
La Sra. Coker-Appiah desea saber qué medidas se están adoptando para eliminar los estereotipos de género de los libros de texto escolares. ¿Existen programas para promover un cambio de actitud en los hombres y jóvenes en cuanto a la situación y la función de la mujer en la sociedad? Con respecto a la violencia doméstica, el informe periódico (CEDAW/C/CPV/1-6) da a entender que el machismo es más común entre los grupos desfavorecidos. ¿Se ha realizado algún estudio nacional exhaustivo sobre los factores socioeconómicos de la violencia doméstica, y si es así, cuáles fueron sus conclusiones?
La Sra. Zou Xiaoqiao pregunta si el régimen de asistencia jurídica para las víctimas de la violencia doméstica es fácilmente accesible, inclusive para la mujer de las zonas rurales, y si es totalmente gratuito. Con respecto al centro de acogida especial para las víctimas de la violencia doméstica en el hospital Agostinho Neto en Praia, ¿cuántas personas ha recibido ayuda allí, es un servicio gratuito, y cómo se financia el centro? Pregunta si hay una definición oficial de la violencia doméstica. ¿Existe una ley específica sobre la violencia doméstica, o hay planes para establecerla?
La Sra. Simms, señalando que las sanciones aplicables a los actos de violación son más severas si la violación da como resultado un embarazo o la transmisión de una enfermedad, pregunta si tal vez esas disposiciones sólo sirven para alentar a los violadores a utilizar preservativos. Con respecto al atentado contra el pudor, en el informe se mencionan una serie de categorías de culpables que enfrentan penas más severas por ese tipo de atentados. Sin embargo, no se menciona específicamente a los padres. Dado que muchas mujeres que ejercen la prostitución han sido víctimas de incesto, desea saber si el incesto está tipificado como delito en Cabo Verde. También expresa inquietud por el hecho de que algunas prostitutas apenas han cumplido 13 años. Se necesita hacer un análisis mucho más exhaustivo de la cuestión de la prostitución en general. Señalando la intención del Gobierno de promover el turismo, dice que el desarrollo de ese sector casi siempre lleva aparejado un aumento de la prostitución. Le complace observar que el marido puede ser procesado judicialmente por la explotación de la esposa y pide más información sobre las penas que se imponen por ese tipo de delito.
La Sra. Morvai encuentra muy perturbador el hecho de que algunas prostitutas sólo tengan 13 o 14 años. Además, el concepto de prostitución “forzada” supone que, en algunos casos, la prostitución es una libre opción. Cuestiona la validez de esa distinción, particularmente en el caso de niños, ya que de ningún modo puede suponerse que hayan elegido libremente ingresar en la prostitución. Además, es un hecho conocido que los menores que ejercen la prostitución tienden a hacerlo también en la vida adulta. Alienta al Estado parte a consultar la literatura internacional sobre estrategias para luchar contra el problema de la prostitución. Observando que la información que se proporciona en el informe sobre la legislación penal contra la trata de personas sólo se refiere a la trata de menores, pregunta si las mujeres también están comprendidas en la legislación. Por último, pregunta si el Estado parte tiene una estrategia de amplio alcance para abordar los problemas de la prostitución y la trata de personas.
La Sra. Rodrigues (Cabo Verde), refiriéndose a la pregunta sobre el artículo 5, dice que desde 2002 existe un programa para la formación de maestros en relación con las cuestiones de género. El tema también está incorporado en las clases sobre educación social y personal. Además, el tema general de los derechos humanos, incluida la igualdad entre los géneros, pronto se incorporará en los programas de estudio en todos los niveles del sistema educacional.
No existe discriminación contra las personas por el color de la piel. La tolerancia racial forma parte del carácter de los caboverdianos, parcialmente como resultado de la discriminación sufrida bajo el colonialismo, y el nivel de integración social es elevado, independientemente del color de la piel. Un gran porcentaje de la población es de raza mixta.
Recientemente se han iniciado investigaciones sobre el problema de la violencia contra la mujer. Aún no se dispone de conclusiones detalladas sobre los factores socioeconómicos que dan origen a la violencia, aunque se sabe que no sólo las mujeres de escasos recursos son víctimas. Se están aplicando programas para combatir el problema. Los esfuerzos inicialmente se centraron en la atención de las necesidades inmediatas de las víctimas. Sin embargo, se está prestando ahora mayor atención a las causas de la violencia contra la mujer para atacar el problema de raíz con medidas preventivas. Se ha elaborado un plan nacional sobre la violencia de género, que apunta principalmente a la prestación de apoyo a las víctimas, al tratamiento y a la rehabilitación de los autores de esos actos, así como a la prevención de la violencia a través de un cambio de actitudes y comportamientos. Parte del financiamiento para el plan nacional se ha obtenido ya de las Naciones Unidas, y se espera recibir más fondos del Banco Mundial. Sin embargo, será necesario continuar buscando otras fuentes de financiamiento.
Está en marcha un proyecto piloto para la eliminación de los estereotipos en los libros de las escuelas primarias y secundarias. Los nuevos libros empezarán a utilizarse el próximo año.
Con respecto a la labor de nivel popular que llevan a cabo las ONG, hay pocos programas encaminados a mejorar la concienciación sobre las cuestiones de género entre los hombres y jóvenes concretamente. El enfoque general consiste en tratar de alcanzar la igualdad de participación de hombres y mujeres en esos esfuerzos de concienciación. Sin embargo, una ONG ha iniciado un programa dirigido especialmente a los hombres en los establecimientos militares.
La Sra. Lima (Cabo Verde) dice que en el marco de un procedimiento recientemente introducido para combatir la violencia doméstica, los tribunales pueden ordenar al acusado que abandone el domicilio común.
La lucha contra los estereotipos sigue siendo un importante desafío. Cabo Verde recibirá ayuda de la Comisión Económica para África (CEPA) con esos fines. A pesar de la paridad en el número de niños y niñas en las escuelas primarias, y al hecho de que haya más niñas que niños en las escuelas secundarias y en las universidades, persisten las actitudes estereotipadas, inclusive entre las propias mujeres. Por lo tanto, es necesario buscar también los medios de luchar contra los estereotipos fuera del sistema educacional. Le complace observar la activa participación de las niñas en el recientemente establecido Parlamento de los Niños.
El sistema de asistencia legal es gratuito. Además, existe un programa financiado por el Banco Mundial que asegura que las personas de escasos recursos de las zonas rurales y urbanas, especialmente las mujeres, tengan acceso a la justicia. Una ley promulgada en 2005 también garantiza el derecho a la representación legal, que es sufragada por el Estado si la persona que necesita ser representada no puede costear dicho servicio, y que se está aplicando gradualmente en todo el país.
La oradora admite que se necesita más información de carácter amplio, incluidos indicadores, con respecto a la prostitución. Se han efectuado estudios desde la presentación del informe y se espera que sus resultados puedan servir de base para la adopción de medidas para combatir ese problema. En el próximo informe del Estado parte se ofrecerá información detallada. Las principales causas de la prostitución son la pobreza, la orientación machista de la sociedad y el turismo. Con respecto a los atentados contra el pudor, el padre de la víctima está incluido en la categoría de perpetradores a los que se aplican las penas más severas.
El centro de acogida del hospital Agostinho Neto cuenta con mujeres policías entre su personal y está abierto las 24 horas del día. Las víctimas de la violencia doméstica pueden acudir al centro para denunciar agresiones a la policía y ser trasladadas a lugares en los que reciben asesoramiento y asistencia jurídica. En sus primeros seis meses de funcionamiento, el centro atendió a 250 víctimas, incluido un hombre. La iniciativa cuenta con el apoyo de una red de ONG. También se están realizando actividades para establecer albergues para las víctimas de la violencia doméstica. Sin embargo, para evitar en lo posible el internamiento en instituciones, se procura encontrar soluciones en el ámbito de la familia o la comunidad.
Artículos 7 y 8
La Sra. Tavares da Silva quiere saber por qué el alto nivel de representación de la mujer en la judicatura y en servicio diplomático no se refleja también en el número de mujeres en los cargos para los cuales hay que ser elegidos. Se pregunta si hay más oposición por parte del hombre con respecto a los cargos para los que hay que ser elegidos, y si tal vez las mujeres tienen una actitud de aceptación del status quo. En el informe se señala que el Código Electoral estipula que las listas de candidatos deben tener una “representación equilibrada de ambos sexos”, pero también señala que se otorgan subvenciones electorales a los partidos si por lo menos el 25% de los candidatos que resultan elegidos en las elecciones son mujeres. Esa cifra no puede considerarse una representación “equilibrada”. La meta debe ser más elevada, y las medidas que se indican en las respuestas del Estado parte son insuficientes para mejorar la situación. Las respuestas también señalan que, en el plano internacional, los representantes de Cabo Verde se designan sin tener en cuenta el género. Desea saber cuál es la actual representación de la mujer a ese nivel.
La Sra. Gaspard dice que el bajo nivel de representación de la mujer en la vida política y pública y el hecho de que un gran porcentaje de familias estén encabezadas por mujeres podrían indicar que hay obstáculos para la armonización de la vida profesional, familiar, política y pública de la mujer, como las horas de trabajo que requiere la participación en la política y la renuencia de los partidos políticos dominados por hombres a aceptar a la mujer. Podría ser necesario adoptar medidas especiales de carácter temporal, incluidas cuotas, para aumentar la representación de la mujer. La utilización de metas provisionales podría ayudar a vencer la resistencia del hombre a las cuotas, pero no deben ser más que un escalón para el eventual logro de la paridad. Por otro lado, la ley debe imponer cuotas no sólo para el número de mujeres candidatas sino también para el número de mujeres que pueden ser elegidas.
Refiriéndose al parlamento de los niños, señala que varios países europeos tienen consejos locales de niños en los que hay igual número de niños y niñas. Las niñas que participan en esos consejos por lo general son muy activas en los ámbitos político y público al llegar a la edad adulta.
La Presidenta, hablando como miembro del Comité, hace suyas las inquietudes expresadas por la Sra. Gaspard y recomienda que se exija a los partidos políticos presentar igual número de hombres y mujeres como candidatos en las elecciones para obtener las subvenciones del Estado que les permiten realizar sus actividades.