40° período de sesiones

Acta resumida de la 824ª sesión

Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el jueves 24 de enero de 2008, a las 10.00 horas

President a :Sra. Šimonović

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)

Tercero y cuarto informes periódicos combinados de Marruecos

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)

Tercero y cuarto informes periódicos combinados de Marruecos (CEDAW/C/MAR/4 y CEDAW/C/MAR/Q/4 y Add.1)

Por invitación de la Presidenta la delegación de Marruecos toma asiento a la mesa del Comité.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que los informes combinados tercero y cuarto (CEDAW/C/MAR/4) fueron preparados con la participación del Gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos especializados de las Naciones Unidas y fueron presentados al Parlamento, las ONG y los medios de comunicación en enero de 2008. Durante el período que se examina, el Gobierno llevó a cabo una serie de reformas institucionales, entre otras, la reestructuración del Consejo Consultivo de Derechos Humanos y la incorporación de la perspectiva de género en los métodos de trabajo de la Comisión de Equidad y Reconciliación.

El 18 de mayo de 2005, el Rey Mohammed VI puso en marcha la Iniciativa nacional de desarrollo humano, preparada con la participación del Gobierno, las autoridades locales y las ONG. El objetivo de la Iniciativa es poner fin a las disparidades regionales y de género en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad es el organismo encargado de garantizar los derechos de la mujer, promover su plena participación en el desarrollo y proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación.

En la última reunión del gabinete, el Gobierno examinó el retiro de reservas a la Convención y la ratificación del Protocolo Facultativo. Ha retirado sus reservas al párrafo 4 del artículo 15, al párrafo 2 del artículo 9, al apartado e) del párrafo 1 del artículo 16 y al párrafo 2 del artículo 16. Ha examinado asimismo sus declaraciones respecto de determinados artículos, ha mantenido la primera parte de la declaración sobre el artículo 2 y ha revisado la segunda parte de esa declaración. Respecto del párrafo 1 del artículo 16, el Gobierno ha reemplazado la reserva con una declaración interpretativa relativa a los apartados a), b), c), d), f), g) y h).

Con el apoyo de las agrupaciones de mujeres, del Rey y de los asociados internacionales, el Gobierno ha emprendido una serie de reformas legislativas. El Código de la Familia ha sido revisado en su totalidad a fin de incluir los principios de igualdad y responsabilidad compartida. En virtud de las enmiendas introducidas se ha abrogado la obligación de tutela, se ha establecido para ambos sexos la edad de 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y se han instaurado normas de divorcio judicial bajo supervisión legal. De conformidad con el nuevo Código de la Familia, las mujeres pueden pedir el divorcio por desavenencias. El artículo 121 del Código de la Familia enmendado incluye disposiciones que protegen a las mujeres y a los niños en caso de litigio entre cónyuges. Las enmiendas al Código de la Familia contribuirán al cambio de actitudes, si bien es evidente que no cabe esperar un cambio inmediato de mentalidad y prácticas sociales. Para complementar las enmiendas, los jueces han recibido cursos de formación y deben consultar un manual de orientación. Se han establecido tribunales de familia en el marco del sistema judicial y se ha nombrado a mujeres para ejercer como juezas en esos tribunales.

El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código del Trabajo han sido enmendados a fin de eliminar disposiciones discriminatorias contra la mujer, mejorar las salvaguardias de protección de los derechos humanos, penalizar el acoso sexual y asegurar la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres. De conformidad con la Ley de la Nacionalidad de 2007, las mujeres pueden transferir su nacionalidad de origen a sus hijos cuando el padre sea extranjero (artículo 6). El Gobierno prosigue sus esfuerzos para armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos que Marruecos ha ratificado.

Aunque la igualdad de género está claramente consagrada en las leyes, persiste una cultura de discriminación atribuible al papel limitado de los medios de comunicación en la lucha contra los estereotipos y a la escasa información proporcionada a las mujeres sobre legislación en materia de igualdad de género, en particular en las zonas rurales. Es necesario además fortalecer las redes de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia. En lo tocante a la participación de la mujer en la vida política y pública, desde 2002 se han incorporado varias mujeres a la Cámara de Representantes mediante la lista nacional y las mujeres representan ya el 10,8% de los miembros del Parlamento. Siete mujeres fueron nombradas al gabinete de ministros en 2007. Cabe señalar, sin embargo, que no se han establecido disposiciones para la práctica de la acción afirmativa.

En 2002 se establecieron las Directrices de Educación Nacional y la Carta de Formación con el propósito de eliminar los estereotipos, promover la educación para la igualdad y mejorar la imagen de la mujer en los medios de comunicación. La igualdad de género y la igualdad de oportunidades son conceptos incorporados al marco estratégico del sistema educativo. Mediante políticas educativas y comisiones de examen se vela por el respeto a la igualdad de género en los libros de texto. La perspectiva de género se ha incorporado en todas las políticas del Gobierno, incluso en el proceso de asignación de fondos presupuestarios. Las necesidades de género se tienen en cuenta en el proceso presupuestario desde diciembre de 2002 y por tercer año consecutivo el Ministerio de Finanzas y Privatización ha publicado un informe sobre el género para evaluar la eficacia de las políticas públicas a ese respecto y la promoción de la justicia mediante asignaciones presupuestarias.

Tras amplias consultas, el 19 de mayo de 2006 el Gobierno aprobó la estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género y la incorporó a sus programas de desarrollo. Como parte de su estrategia de incorporación de la perspectiva de género, el Gobierno ha elaborado estadísticas relacionadas con el género y ha designado coordinadores locales para cuestiones de género. Se han preparado planes de acción y el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio para la Modernización del Sector Público han emprendido una auditoría de género. El Gobierno también ha adoptado medidas para impulsar las actividades del Comité de Cooperación en materia de Género creado en junio de 2007 con asociados internacionales, con miras a armonizar las acciones emprendidas para asegurar la igualdad. Se está estudiando el establecimiento de un Consejo Superior de la Mujer.

El Gobierno ha aplicado una serie de medidas complementarias al plan de acción de la estrategia nacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, establecido en 2004. Se han creado una línea de ayuda y un sistema estandarizado de información. También se está estudiando un proyecto de ley para la eliminación de la violencia contra la mujer y la creación de un organismo nacional de seguimiento de la violencia contra la mujer. Se han ampliado los centros de asesoramiento jurídico y psicológico para mujeres víctimas de la violencia. Se han establecido dos centros de recepción en las clínicas universitarias de Rabat y Casablanca y se han creado dependencias de recepción en los tribunales de primera instancia. Se han designado coordinadores para cuestiones de género en la Dirección de la Policía Judicial. Las campañas nacionales de sensibilización son parte del esfuerzo por promover una cultura de igualdad, sin olvidar la elaboración de una encuesta nacional sobre las víctimas de la violencia de género. También se han creado centros de atención para las mujeres víctimas de la violencia y los malos tratos.

Se ha logrado una mayor igualdad en materia de educación, si bien persisten disparidades entre las zonas rurales y urbanas. Se ha mejorado de manera importante la legislación en materia de empleo, y cabe mencionar en este sentido una declaración de política contra la discriminación. Se ha aplicado en las 12 ciudades principales del país un plan nacional de acción 2006-2015 para combatir el trabajo infantil. El Gobierno también está promoviendo la participación de la mujer en la pequeña y mediana empresa. En el sector de la salud, el principal logro es el establecimiento de un sistema gratuito de atención de la salud para todos los ciudadanos.

En conclusión, es intención del Gobierno elaborar un plan de acción para seguir aplicando su estrategia de incorporación de la perspectiva de género en sus actividades, continuar retirando sus reservas a la Convención, formalizar su adhesión al Protocolo Facultativo, introducir reformas legislativas, adoptar medidas provisionales para promover la participación de la mujer en la vida pública y promover una cultura de igualdad en la sociedad.

Artículos 1 a 6

La Sra. Schöpp-Schilling dice que la delegación debe aclarar si el retiro de las reservas se ha depositado en poder del Secretario General. Desea saber si el Gobierno tiene previsto enmendar la Constitución a fin de incluir el principio de igualdad y la precedencia de las normas de la Convención respecto de la legislación nacional. Pregunta si las medidas especiales de carácter temporal se reflejan en la práctica y si se modificará la Constitución para facilitar su aplicación. También debe informarse sobre las violaciones de los derechos humanos de la mujer que haya examinado la Comisión de Equidad y Reconciliación y de las indemnizaciones pagadas a las víctimas.

El Sr. Flinterman se refiere a la situación de la Convención en relación con la legislación nacional y dice que debe facilitarse información adicional sobre las condiciones en que el Poder Judicial aplica las disposiciones de la Convención. Interesa saber si existen leyes específicas que establezcan la precedencia de los acuerdos internacionales y si se contempla consagrar ese principio en la Constitución. El orador pregunta si el principio de igualdad enunciado en la Constitución se corresponde con la definición amplia de discriminación contenida en la Convención. Debería facilitarse más información sobre la aplicabilidad de la Convención en el Sáhara Occidental.

La Sra. Patten desea saber si se ha establecido un plazo para notificar al Secretario General el retiro de las reservas. El Estado también debe aclarar si ha terminado de redactar la nueva versión de la declaración relativa al artículo 2 de la Convención y la declaración interpretativa que remplaza la reserva a los apartados a) a d) y f) a h) del párrafo 1 del artículo 16 de la Convención y debe facilitar más información sobre su contenido y alcance. También debería incorporarse en la Constitución una definición de discriminación que abarque la discriminación directa e indirecta.

La oradora pregunta si los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores han recomendado al Consejo de Gobierno que Marruecos se adhiera al Protocolo Facultativo y, en caso afirmativo, cuándo se iniciará el proceso de adhesión.

Asimismo, desea saber si, además de las dos decisiones de la Corte Suprema indicadas en la página 3 de las respuestas, han existido casos relativos a la precedencia de los instrumentos internacionales respecto de la legislación nacional y si la magistratura y los miembros de la profesión letrada en general reciben alguna formación a ese respecto.

Por último, la oradora pregunta si se aplica la Convención o el Código Laboral cuando se trata de resolver un conflicto laboral.

La Sra. Shin pregunta ante qué instancia pueden reclamar las mujeres si en las zonas rurales los jueces se resisten a aplicar el nuevo Código de la Familia.

Desea saber si en el proyecto de ley para eliminar la violencia contra la mujer se incluye todo tipo de violencia contra la mujer o solamente la violencia en el hogar y si se define la violencia contra la mujer como un delito social. Agradecería que se facilitase más información sobre el contenido y el calendario de ese proyecto de ley.

Por último desea conocer más detalles sobre la composición y la labor del Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, pide aclaraciones sobre la aplicabilidad de la Convención y desea saber cuál es el organismo encargado de asegurar la compatibilidad de la legislación nacional con las convenciones internacionales. Agradecería asimismo que se proporcionara más información sobre las medidas adoptadas por Marruecos para armonizar su legislación nacional con los tratados internacionales de derechos humanos.

Ve con agrado la colaboración lograda hasta la fecha con las ONG, pero desea saber de qué modo el Gobierno tiene previsto contar con ellas a la hora de aplicar las observaciones finales del Comité y si esas observaciones se harán llegar al Parlamento.

Concluye diciendo que el Comité agradecería que en la próxima ocasión en que Marruecos informe al Comité se incluya el aporte del Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

La Sra. Skalli (Marruecos) pide al Comité que tenga en cuenta que el Gobierno es todavía muy joven. Por ese motivo, algunas medidas no se han adoptado con la celeridad debida. No obstante, en la práctica se han retirado numerosas reservas. Por ejemplo, el hecho de que la nueva Ley de la Nacionalidad permite que las mujeres transfieran su nacionalidad de origen a sus hijos nacidos de un padre extranjero demuestra que Marruecos ha retirado su reserva al artículo 9. Lo mismo sucede con las demás reservas. Cabe decir, pues, que el proceso se ha iniciado y que sólo queda pendiente la aprobación por el Consejo de Gobierno y el Consejo de Ministros y el sello real. La oradora confía en que el proceso finalice en las próximas semanas o meses. En su calidad de Ministra de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad, se compromete a seguir de cerca la situación y a garantizar que se notifique al Secretario General tan pronto como se adopte una decisión.

En cuanto a la aplicación del nuevo Código de la Familia en las zonas rurales, la oradora reconoce que los viejos hábitos no desaparecen fácilmente. Por ejemplo, aun cuando la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años para ambos sexos, en muchos casos la población considera que una joven de 15 ó 16 años está en condiciones de casarse. Para evitar el cumplimiento de la ley, muchas parejas contraen enlace en una simple ceremonia religiosa y sólo cuando la joven queda encinta se pide que el juez valide el matrimonio.

La Sra. Mezdali (Marruecos) dice que diversos instrumentos jurídicos marroquíes, entre ellos la Ley de la Nacionalidad y el Código Penal, indican sin lugar a dudas que los tratados y convenios internacionales tienen precedencia sobre la legislación nacional, y enumera una serie de decisiones de la Corte Suprema a tal efecto.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que el informe contiene abundante información sobre la Comisión de Equidad y Reconciliación y las medidas que ha adoptado, así como sobre la aplicación de un enfoque de género respecto de pasadas violaciones de los derechos humanos. De hecho, se han celebrado audiencias públicas, en las que han podido declarar las víctimas, tanto hombres como mujeres.

Las leyes y los mecanismos de derechos humanos vigentes en Marruecos se aplican igualmente en todo su territorio, sin ninguna discriminación. Es más se ha puesto en marcha la Iniciativa nacional de desarrollo humano para facilitar a las regiones menos desarrolladas el acceso a fondos para el desarrollo. Además, la libertad de prensa que existe en Marruecos garantiza que se conozcan ampliamente los casos de violación de los derechos humanos.

La Sra. Khamlichi (Marruecos) dice que en algunos casos la Comisión de Equidad y Reconciliación ha resarcido a las víctimas de pasadas violaciones de los derechos humanos con medidas a nivel regional, por ejemplo, mediante la creación de programas de desarrollo en su región. La perspectiva de género asegura que hombres y mujeres reciban los mismos beneficios de esos programas. Desde 2007, las víctimas de violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes gozan de una amplia cobertura de atención de la salud. Además, se ha elaborado un plan nacional de acción para la promoción de una cultura de derechos humanos. El plan de acción, dado a conocer en 2007 y actualmente en vías de ejecución, tiene por objeto concienciar a la población en materia de derechos humanos para que éstos se hagan realidad en el país.

El Sr. Bastaoui (Marruecos) dice que la Comisión de Equidad y Reconciliación ha determinado que las violaciones de derechos humanos padecidas por las mujeres en el pasado incluyen casos de desaparición forzada, detención arbitraria y violencia sexual. Las modalidades de indemnización ofrecidas por la Comisión son diversas e incluyen la compensación financiara, la rehabilitación médica y psicológica y el desagravio por parte de la comunidad. Las recomendaciones de la Comisión han sido remitidas al Consejo Consultivo de Derechos Humanos, responsable de su aplicación. El Consejo Consultivo —institución nacional basada en los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París)— emite opiniones consultivas sobre la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, publica informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos, formula recomendaciones sobre la armonización de la legislación nacional con los compromisos internacionales, promueve la ratificación por Marruecos de diversos instrumentos internacionales, examina violaciones de los derechos humanos y formula recomendaciones a ese respecto. El Consejo es miembro muy activo del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales.

Una de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación es que el Gobierno introduzca reformas constitucionales e institucionales para establecer salvaguardias constitucionales de los derechos humanos. En respuesta a esa recomendación, el Consejo Consultivo ha establecido un comité tripartito integrado por representantes del Gobierno y de la sociedad civil y expertos para examinar la cuestión.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que todos los órganos de derechos humanos de Marruecos están presididos por personas que han sido víctimas de violaciones de esos derechos. El ex presidente de la Comisión de Equidad y Reconciliación y el actual presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos han sido prisioneros políticos. La mayoría de los miembros del Consejo Consultivo son bien conocidos por su dedicación a los derechos humanos. Por último, nueve miembros del Consejo Consultivo son mujeres.

La Sra. Gaspard señala que Marruecos ya no tiene un ministerio específicamente dedicado a los derechos de la mujer, sino un Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad. Desea saber qué recursos asigna el Ministerio a la promoción de la igualdad y la coordinación con otros ministerios, particularmente en vista de las numerosas actividades que abarca la cartera de ese ministerio.

Refiriéndose a la declaración de la delegación de que el informe fue presentado al Parlamento a comienzos del mes, la oradora dice que el Gobierno no está obligado a consultar con el Parlamento, aunque debe transmitirle las observaciones finales del Comité, puesto que en ellas se piden a menudo cambios en la legislación.

La Sra. Chutikul ve con satisfacción el compromiso de tener en cuenta las cuestiones de género en la presupuestación, pero desea conocer la relación porcentual entre el presupuesto dedicado a la igualdad de género y el presupuesto nacional total.

También agradecerá que se proporcione más información sobre indicadores que tienen en cuenta las cuestiones de género, en particular los establecidos por el Organismo de Desarrollo Social.

Habida cuenta de la incorporación de la perspectiva de género en la labor de dos ministerios, la oradora desea saber si continúan activos los coordinadores para cuestiones de género y pide más información sobre la estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género.

Por último, pide más información sobre el Centro Marroquí de Información, Documentación y Estudios sobre la Mujer (CMIDEF) y el Consejo Superior de la Mujer.

La Sra. Dairiam señala que, si bien el informe indica que la pobreza ha disminuido en términos generales, la pobreza entre las mujeres no ha disminuido al mismo ritmo; de hecho, las mujeres están más expuestas que los hombres a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. Desea saber qué medidas específicas se han adoptado en relación con la situación de las mujeres pobres y si hay ejemplos concretos de la introducción de la perspectiva de género.

El párrafo 66 del informe hace referencia al enfoque integrado y abierto a la participación adoptado en la Iniciativa nacional de desarrollo humano; no obstante en el párrafo 63 se indica que uno de los factores que restan eficacia a las políticas nacionales es la presencia de múltiples interesados. La oradora desea saber qué está haciendo el Gobierno para asegurar la representación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones relativas a la Iniciativa nacional de desarrollo humano y dice que la delegación debe aclarar la relación que existe entre la Iniciativa nacional y la estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género y explicar qué institución es responsable de asegurar que las mujeres contribuyan a la Iniciativa nacional de desarrollo humano y se beneficien de ella. Pregunta si el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad tiene la autoridad y los recursos necesarios para incorporar la perspectiva de género.

Interesa saber cuál es la entidad responsable del contenido del informe y de la aplicación de las observaciones finales del Comité, y asegurarse de que éstas sean vinculantes para todos los sectores.

La Sra. Neubauer considera que una referencia expresa a la mujer o a la igualdad de género en el nombre del Ministerio permitiría que las mujeres lo identificasen como la principal estructura gubernamental encargada de promover sus derechos. Desea saber cuántos funcionarios del Ministerio son expertos en cuestiones de igualdad de género y derechos humanos de la mujer y tienen responsabilidad en la materia, especialmente en relación con la Convención. Asimismo, le interesa saber de qué manera el Ministerio ha cumplido su rol de coordinador y si existen centros de coordinación a nivel regional y local o solamente a nivel nacional y departamental.

La Sra. Gabr pregunta de qué manera el Gobierno afrontará la ardua tarea de combatir los estereotipos que impiden la aplicación efectiva de las nuevas leyes para el adelanto de la mujer. Pregunta asimismo qué medidas se han adoptado para crear mayor conciencia en el sector educativo y en los medios de comunicación y si existe algún plan general contra los estereotipos. Es necesario impartir formación no sólo a jueces, sino a abogados, funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de la ley y legisladores, y es importante que se refuerce la imagen de la mujer como participante responsable en la adopción de decisiones en la familia y en la sociedad civil.

La Sra. Pimentel pregunta qué medidas se han adoptado para eliminar las disposiciones discriminatorias aún en vigor, como el artículo 418 del Código Penal, relativo a los crímenes de honor. Desea saber si existen leyes en vigor que prohíban explícitamente la violencia en el hogar, si existe jurisprudencia nacional al respecto, en particular en relación con la violación y otras formas de violencia sexual, y cómo se trata la cuestión del consentimiento. Pregunta también si se han adoptado medidas en el ámbito legal o educativo para combatir la práctica habitual de obligar a la víctima de una violación a casarse con el violador.

Sería importante conocer la situación del nuevo proyecto de ley para combatir la violencia contra la mujer y si ese proyecto criminaliza la violencia en la familia, incluida la violación en el matrimonio. La oradora pregunta también qué resultados se han alcanzado en relación con la imagen de la mujer en los medios de comunicación.

La Sra. Ara Begum señala que las cifras relativas a delitos en que se utiliza la violencia física o sexual parecen haber aumentado de manera alarmante. Desea saber qué planes tiene el Gobierno para revocar las leyes discriminatorias todavía en vigor y para proporcionar refugios y servicios de apoyo a las mujeres maltratadas.

La Sra. Chutikul pide una explicación sobre el elevadísimo número de casos de trata de personas y de individuos arrestados por ese delito en 2005. Pregunta cómo se define la trata, cómo se clasifican los casos y si los términos “prostitución” y “trata” se emplean indistintamente. En caso de que Marruecos no haya ratificado todavía el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), la oradora desea saber si consideraría la posibilidad de hacerlo y si tiene prevista la redacción de legislación sobre la trata de personas. Marruecos tal vez desee utilizar con ese propósito y como documento de trabajo los Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pregunta si existen disposiciones para sancionar a quienes practican la trata, especialmente cuando están implicados funcionarios gubernamentales.

La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, solicita más información sobre los planes del Gobierno para la adopción de la nueva ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y pregunta si éste piensa aprovechar las orientaciones del Comité contenidas en la recomendación general No. 19. A medida que los países reconocen cada vez más que la violencia en el hogar es una violación de los derechos humanos, la cuestión deja de ser tabú y a menudo aumenta el número de denuncias. Es muy importante, por consiguiente, disponer de datos estadísticos fiables. La oradora pregunta si se dispone de datos sobre el número de mujeres asesinadas por sus esposos, ex esposos y parientes en crímenes de honor. Esos datos pueden servir para analizar la situación y estudiar qué medidas y servicios son necesarios.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad es el encargado de promover los derechos de la mujer. Anteriormente existía también una Secretaría de Estado para la Familia, la Infancia y las personas con discapacidad, pero ambos se han fundido en un sólo Ministerio. La fusión responde a una nueva perspectiva centrada en el desarrollo social de la mujer, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad y en el logro de la igualdad de género. Otros dos organismos públicos, la Organización Nacional de Asistencia Mutua y el Organismo de Desarrollo Social, aplican en sus actividades las directrices del Gobierno para hacer realidad la igualdad de género y combatir la pobreza.

La Iniciativa nacional de desarrollo humano complementa las actividades sectoriales del Gobierno. El desarrollo social es un aspecto central de la gestión gubernamental en el que participan muchos otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad como coordinador de la política social. La Iniciativa incluye la perspectiva de género y da prioridad a medidas para ayudar a los municipios en que los niveles de pobreza son superiores a la media nacional. Las mujeres son las principales beneficiarias de sus actividades generadoras de ingresos.

La Sra. Benyahya (Marruecos) dice que la Convención es un referente clave de la estrategia nacional para la equidad y la igualdad de género, que ha sido presentada al Comité. El primer borrador fue ratificado después de un período de preparación de 18 meses y ha recibido el apoyo de todas las partes interesadas, sin olvidar los representantes de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres. La versión definitiva se ha distribuido a todas las instituciones del Gobierno y se emplea para apoyar estrategias efectivas de promoción de la perspectiva de género. Los centros de coordinación que existen en las instituciones del Gobierno en todo el país desempeñan un papel esencial a la hora de formular planes de acción aplicables a cuestiones específicas. La educación cívica es un factor fundamental para el cambio de mentalidad y para la labor de concienciación, y se ha impartido formación a las maestras sobre la importancia de los derechos humanos.

El Sr. Snoussi (Marruecos) dice que el presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social, la Familia y la Solidaridad, el mecanismo nacional que promueve los derechos de las mujeres, fue de 395.960 millones de dirhams en 2007 y 460.678 millones de dirhams en 2008, aproximadamente un 0,3% del presupuesto del Estado, lo que representa un incremento de más del 16%.

La Sra. Jalal (Marruecos) dice que la presupuestación en función del género no supone presupuestos separados para hombres y mujeres sino la incorporación de un nuevo concepto de presupuestación que tiene en cuenta las diferentes necesidades de hombres y mujeres, niñas y niños, tanto en zonas rurales como urbanas, a fin de elaborar una política del gasto público favorable a la igualdad y la equidad.

Marruecos inició en 2002 un proyecto de presupuestación en función del género en el marco de una reforma presupuestaria encaminada a introducir la presupuestación basada en los resultados. Se hicieron compromisos para alcanzar resultados concretos mediante la coordinación entre todos los departamentos. El objetivo es reducir la presión de tiempo sobre las mujeres para que puedan disfrutar de sus derechos económicos, políticos y humanos.

Desde 2005 se adjunta al presupuesto un informe sobre el género en la labor de los 17 ministerios. El informe puede consultarse en árabe, francés e inglés y contiene un análisis del gasto público desde una perspectiva de género y basado principalmente en indicadores de resultados. Se han observado efectos positivos en el ámbito educativo, con una reducción de la tasa de analfabetismo y de las disparidades conexas en materia de género. Dos millones de adultos, de los que el 80% son mujeres, han sido los beneficiarios de las iniciativas de alfabetización de adultos emprendidas en el período 2002-2006. El 92% de la población tiene ya acceso a fuentes de agua potable, lo cual ha aligerado la carga que el acarreo diario de agua representa para las mujeres y las niñas. El 84% de la población rural dispone de suministro de energía eléctrica, que elimina la necesidad de invertir tiempo en recoger leña (en las zonas urbanas, dispone de energía eléctrica el 99% de la población), y se estima que la cobertura será total para fines de 2008. También se ha ampliado la red viaria, que facilita el acceso a los mercados y a los servicios de educación y salud y a otros servicios. La cobertura de la red, que en 2003 era del 49%, alcanzó el 61,5% en 2007. La presupuestación en función del género es una forma novedosa de examinar el gasto público de una manera global.

El Sr. Bouazza (Marruecos) señala que el indicador de pobreza ha disminuido del 14,2% en 2004 al 11,7% en julio de 2007 y que la iniciativa nacional de desarrollo humano beneficia a las mujeres de diversas maneras. Aunque el número de mujeres que participan en la gestión de la iniciativa en los planos nacional, regional, provincial y local es reducido, existe una fuerte voluntad política de aumentar su participación. La dimensión de género es un principio fundamental de la iniciativa y se tiene en cuenta en todas las actividades y en la selección de proyectos. La iniciativa incluye un programa para combatir la pobreza en las zonas rurales, un programa para combatir la exclusión en las zonas urbanas, un programa contra la inseguridad y un programa intersectorial.

Todos los programas de formación en el marco de la iniciativa incluyen un módulo importante sobre el enfoque de género, en tanto que la lucha contra la pobreza se centra en la creación de nuevas oportunidades, como las pequeñas empresas y el microcrédito. Más del 70% de los beneficiarios del microcrédito son mujeres y cuatro de las 13 instituciones de microcrédito de Marruecos figuran en una lista reciente de las 50 mejores instituciones, según una clasificación internacional. El Ministerio está a punto de lanzar una estrategia nacional contra la pobreza que incluirá la perspectiva de género.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que el aumento observado en las estadísticas de la violencia contra la mujer refleja el mejor funcionamiento de los mecanismos de información y no un aumento del número real de casos de violencia.

La Sra. Tahiri (Marruecos) dice que la estrategia nacional para eliminar la violencia contra la mujer tiene varias vertientes, a saber: la compilación de estadísticas; el proyecto de ley presentado en octubre de 2006 con miras a enmendar el Código Penal, que tuvo en cuenta las recomendaciones del Comité y la declaración sobre la violencia contra la mujer, el establecimiento de una línea telefónica nacional de emergencia para mujeres y niñas víctimas de la violencia, y los centros de asesoramiento gestionados por las ONG según los cuales el 80% de las mujeres que reciben apoyo son víctimas de la violencia en el hogar. El Plan de Acción para el período 2008-2009 incluye una futura encuesta nacional sobre la violencia; durante ese período se ampliarán los servicios para las víctimas facilitados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y la policía. Otras iniciativas son el establecimiento de un centro de seguimiento que evaluará todas las medidas gubernamentales y no gubernamentales y el desarrollo de la cooperación y los mecanismos de reunión de datos.

El Sr. Zirari (Marruecos) dice que la violencia contra la mujer es ante todo una cuestión de salud que afecta al bienestar psicológico de la víctima. La estrategia nacional incluye no sólo el establecimiento de centros de apoyo psicológico que asesoren y orienten a las mujeres, sino también el establecimiento en los centros regionales de salud de 16 clínicas para atender a las víctimas. Se procura así que las víctimas de la violencia contra la mujer reciban tratamiento en el sistema de atención primaria de la salud, lo cual garantiza su disponibilidad en todo el país y la expedición a las víctimas de un certificado médico que pueden presentar cuando pidan justicia en los tribunales.

La Sra. Mezdali (Marruecos) explica que el Código Penal contempla todos los delitos sexuales e incluye sanciones a los autores de tales delitos. No obstante, en el Código no se menciona la violación en el matrimonio porque existen dudas sobre si se trata de un delito: el matrimonio se considera una relación jurídica que conlleva un deber conyugal.

Las víctimas tienen acceso a asistencia letrada y reciben una guía de los servicios disponibles. Los fallos judiciales en esos casos se dan a conocer en los medios de comunicación y se incluyen en los cursos de formación impartidos a los magistrados. Asimismo se ha publicado un documento que enumera las disposiciones pertinentes del derecho interno. La estrategia nacional contempla la cooperación entre entidades nacionales y entre entidades nacionales e internacionales para combatir la violencia contra la mujer.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que la Carta nacional para el mejoramiento de la imagen de la mujer en los medios de comunicación representa la estrategia del Gobierno para combatir los estereotipos de género. El Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos lleva a cabo campañas nacionales para combatir la violencia contra la mujer y en las mezquitas los clérigos difunden una imagen positiva de la mujer y subrayan que se les debe permitir ejercer sus derechos.

El Sr. Ouassara (Marruecos) dice que cada uno de los Consejos de Ulemas, antiguamente integrados exclusivamente por hombres, cuentan con una teóloga que se ocupa de cuestiones relativas a la mujer; también hay mujeres en el Consejo de Fatwas. Desde 2003, el Ministerio prepara guías para las mujeres musulmanas que se distribuyen en las mezquitas.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que el informe fue sometido a la consideración de ambas cámaras del Parlamento y que a su regreso a Marruecos transmitirá al Consejo de Gobierno y al Parlamento las observaciones finales del Comité, de gran utilidad por tratarse de una perspectiva independiente. Se hará todo lo posible para que las futuras actividades destinadas a promover la igualdad de género sean fruto de un consenso entre los ministerios pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil.

Artículos 7 a 9

La Sra. Gaspard considera simplemente inaceptable la situación existente en Marruecos respecto del número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad decisoria. El párrafo 1 del artículo 4 de la Convención contempla la adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la marcha hacia la igualdad de género. En sus respuestas a la lista de cuestiones, el Gobierno indica que en 2002 los partidos políticos se comprometieron a reservar 30 escaños de una lista nacional exclusivamente para mujeres a fin de que 30 mujeres pudieran ser elegidas a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2002. La oradora se pregunta si esa iniciativa ha dado fruto en las elecciones de 2007 y si alguno de los comités parlamentarios está presidido por una mujer. También es importante que las mujeres estén representadas en el plano municipal. En la India, por ejemplo, se aplica desde hace tiempo la cuota del 30% de mujeres en los consejos municipales, lo cual ha hecho posibles cambios en esferas que de otro modo hubiesen sido ignoradas, como el acceso al agua potable, cuestión de escaso interés para los hombres puesto que son las mujeres quienes se encargan de acarrearla.

La oradora espera que en el próximo informe se incluya un cuadro que indique los progresos alcanzados respecto del número de mujeres en el sistema de justicia y en otros órganos de adopción de decisiones. Señala por último que el 20% de los miembros del Consejo Consultivo de Derechos Humanos son mujeres, cuando el Consejo debería estar integrado por el mismo número de mujeres que de hombres.

La Sra. Neubauer espera que las medidas especiales de carácter temporal sirvan para acelerar la marcha hacia la igualdad de género, en especial en puestos de formulación de políticas, y se incluyan en futuros planes nacionales de acción. Se pregunta qué medidas concretas está tomando el Gobierno para aplicar la declaración por la que se comprometió a practicar la acción afirmativa para promover el acceso de la mujer a cargos electivos y a puestos de responsabilidad decisoria.

En sus respuestas a la lista de cuestiones, el Gobierno afirma que la participación de la mujer en las elecciones de 2009 aumentará gracias a medidas legislativas y regulatorias que todavía están por formularse; queda poco tiempo, y la oradora se pregunta qué se está haciendo para aumentar el número de mujeres en puestos electivos y de designación, inclusive en el servicio diplomático.

El Sr. Flinterman felicita al Gobierno por haber retirado su reserva al párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, que es incompatible con dos artículos del Código de la Nacionalidad: el artículo 10 hace más difícil la adquisición de la nacionalidad marroquí para los esposos extranjeros de mujeres marroquíes que para las esposas extranjeras de hombres marroquíes, en tanto que el artículo 19 da a entender que las mujeres marroquíes pueden perder su nacionalidad al contraer matrimonio en determinadas circunstancias. La delegación ha declarado que los instrumentos internacionales que han sido debidamente ratificados tienen precedencia sobre el derecho interno; el orador pregunta si, por consiguiente, las mujeres podrán invocar la Convención en los tribunales como fundamento para la anulación de disposiciones discriminatorias contenidas en dicho Código.

La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que le complace saber que los extranjeros casados con mujeres marroquíes ya pueden obtener la nacionalidad de sus esposas, pero tiene entendido que ese derecho ya existía en una disposición del Código de la Nacionalidad de 1958, que no tenía el componente discriminatorio del artículo 10 del nuevo Código.

De conformidad con el artículo 6 del nuevo Código, una mujer marroquí, resida o no en Marruecos, puede transmitir su nacionalidad a todos sus hijos, incluso a los nacidos antes de abril de 2007, cuando el Código entró en vigor. No obstante, desea saber si los hijos de una mujer marroquí que haya perdido su nacionalidad al contraer matrimonio en las circunstancias mencionadas en el artículo 19 del Código no tienen derecho a obtener la ciudadanía marroquí.

La Sra. Skalli (Marruecos) dice que ella era miembro del Parlamento cuando se redactó el Código de la Nacionalidad y que conoce bien sus disposiciones. El artículo 19 da a las mujeres marroquíes la opción de renunciar a su nacionalidad marroquí al contraer matrimonio con un extranjero, pero de ninguna manera las obliga a hacerlo; por consiguiente, se puede decir que dicho artículo otorga a las mujeres un derecho del que no pueden valerse los hombres.

Durante el proceso de redacción, la oradora propuso que en virtud del artículo 10 se concediera a hombres y mujeres marroquíes el derecho de trasmitir su nacionalidad al cónyuge extranjero en igualdad de condiciones; no obstante, en su forma actual, el artículo mejora la disposición contenida en el anterior Código de la Nacionalidad. Debe señalarse que el nuevo Código hace más difícil la obtención de la nacionalidad para los cónyuges extranjeros de ambos sexos: el período de espera se ha prolongado a cinco años a tenor de una tendencia universal a hacer más rigurosos los requisitos para obtener la ciudadanía.

Es de lamentar que el Gobierno haya tendido a fiarse de que los partidos políticos incluirían mujeres en las listas electorales en lugar de obligarlos a hacerlo. La competición para ocupar los 30 escaños reservados para mujeres en las elecciones de 2002 fue muy reñida y por consiguiente las mujeres elegidas pertenecen a la elite de cada partido político. Las campañas de sensibilización llevadas a cabo por las autoridades nacionales y las ONG durante los cinco años posteriores hacían suponer que en las elecciones de 2007 aumentaría el número de mujeres elegidas, pero no fue así. El Gobierno se ha percatado finalmente de que sin medidas de acción afirmativa será imposible avanzar a ese respecto. En la actualidad se revisa el Código Electoral y se procurará aplicar medidas de acción afirmativa encaminadas a aumentar el número de mujeres elegidas a cargos municipales en las elecciones de 2009.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.