37° período de sesiones

Acta resumida de la 762ª sesión (Sala B)

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 18 de enero de 2007, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Gaspard (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Sexto informe periódico de Nicaragua (continuación)

En ausencia de la Sra. Šimonović, la Sra. Gaspard (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Sexto informe periódico de Nicaragua (continuación ) (CEDAW/C/NIC/6; CEDAW/C/NIC/Q/6 y Add.1)

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Nicaragua toman asiento a la mesa del Comité.

Artículos 10 a 14 (continuación)

2.La Sra. Patten dice que las condiciones de trabajo extraordinariamente deficientes en las maquiladoras y en las zonas de libre comercio son motivo de gran preocupación. Percibe una falta de voluntad política para abordar la cuestión. Ni la resolución ministerial ni la Ley Creadora de las Zonas Francas mencionadas en las respuestas del Estado parte parecen haber contribuido nada a mejorar esas condiciones. Desea saber qué hace el Ministerio de Trabajo para garantizar la aplicación de la legislación laboral, que siguen violando los empleadores locales y extranjeros. Se necesita información sobre cualquier medida adoptada en respuesta a las inspecciones que se están realizando en las empresas y las zonas de libre comercio, así como de las causas incoadas contra los empleadores que han violado la ley. ¿Se reforzarán las sanciones contenidas en el Código del Trabajo? También tiene curiosidad por saber si las mujeres conocen la legislación laboral y la Ley Creadora de las Zonas Francas y si tienen un acceso adecuado a la justicia, incluida la ayuda jurídica.

3.Si bien se congratula del hecho de que el Gobierno haya identificado el empleo como un problema fundamental, desea saber si se ha dotado al Ministerio de Trabajo de la capacidad técnica y financiera necesaria para cumplir su mandato y aplicar el Código del Trabajo, y si el Gobierno está haciendo todo lo posible para facilitar la transición de las mujeres del sector no estructurado al estructurado. Se refiere, en particular, a las actividades de capacitación, extensión y asistencia para las mujeres que viven en zonas rurales y remotas.

4.Por último, pregunta si el Código del Trabajo contiene disposiciones relativas al acoso sexual, si se ha notificado algún caso y de ser así cuál ha sido su resultado.

5.La Sra. Tavares da Silva, sobre el tema de las condiciones de trabajo en las maquiladoras, observa una discrepancia entre la información facilitada por el Estado parte y la recibida de otras fuentes. En particular, recuerda que una misión investigadora de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos descubrió que las mujeres que trabajaban en esas empresas estaban sujetas a horarios muy prolongados, temperaturas y niveles de ruido demasiado altos, falta de material de protección, niveles elevados de estrés y salarios bajos. Desea saber a qué se debe esta discrepancia y qué está haciendo el Gobierno para abordar esta cuestión.

6.No está clara la situación de las trabajadoras del servicio doméstico en el informe (CEDAW/C/NIC/6), en el que se afirma que las disposiciones del Código del Trabajo regulan las condiciones especiales de trabajo del servicio doméstico (párrafo 109) y que las condiciones laborales de las trabajadoras del sector doméstico son difíciles, y además están sujetas a disposiciones legales que oficializan su discriminación como trabajadoras (párrafo 123). En su lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/NIC/Q/6), el Comité pidió información detallada acerca de la situación de dichas trabajadoras; la respuesta del Estado parte de que no dispone de información acerca de su situación resulta incomprensible. El Comité agradecería que se le diera más información.

7.La Sra. Arocha Domínguez reconoce que los niveles de pobreza y la elevada proporción de la población rural de Nicaragua limitan la capacidad del Gobierno para proporcionar servicios amplios de asistencia sanitaria a las mujeres. Sin embargo, el Gobierno tiene la obligación legal de proporcionar dichos servicios, sobre todo en relación con la morbilidad y mortalidad maternas. Ni el informe ni las respuestas contienen información alguna a ese respecto. En particular, desea conocer las principales causas de mortalidad de las mujeres de los medios urbano y rural y si se ha establecido algún programa especial para abordar el problema.

8.En su declaración inaugural, el jefe de la delegación proporcionó estadísticas actualizadas sobre cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva. Si bien se acoge con satisfacción la disminución del índice de mortalidad materna, no resulta particularmente confortante, porque también se ha reducido de manera significativa la tasa de natalidad. La capacidad del Estado parte para salvaguardar el derecho a la sexualidad se ve afectada por las condiciones adversas que existen en el país, en particular la falta de servicios de asistencia sanitaria y los niveles de pobreza, analfabetismo, actividad sexual temprana y matrimonios precoces en las zonas rurales. También muestra su preocupación por la falta de estadísticas fidedignas sobre el número de abortos, en particular los ilegales. En el informe (párrafo 150) se indica que, según los datos del Ministerio de Salud de 2002, la cifra oficial anual de ingresos hospitalarios por complicaciones relacionadas con el aborto es de 6.694. Sin embargo, también se declara que el propio Ministerio manifiesta que existe subregistro. Según otros datos no oficiales, alrededor del 16% de los casos de muertes maternas se deben a abortos ilegales e inseguros. En estas circunstancias, es sorprendente la reciente decisión de Nicaragua de prohibir todos los abortos, incluidos los terapéuticos. El Comité tiene interés en saber por qué ha adoptado el Gobierno tal decisión; si antes de su adopción consultó a las organizaciones que trabajan en la esfera de la salud sexual y reproductiva de la mujer; cómo tiene previsto abordar el caso de una mujer embarazada cuya vida corra riesgo; cómo ve el Gobierno la nueva situación, en particular dado el número ya elevado de abortos ilegales e inseguros; si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna medida específica para garantizar una salud sexual responsable y el acceso universal a la planificación familiar para las mujeres pobres que, a diferencia de las ricas, simplemente no pueden viajar a otro país para abortar; y por último si hay algún programa de educación sexual para los muchachos y las muchachas adolescentes.

9.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua), en respuesta a la pregunta planteada en la sesión de la mañana, dice que durante el período que abarca el informe ha aumentado la alfabetización de la mujer, debido en parte a un programa de alfabetización de adultos puesto en marcha por los alcaldes en 2006. Por desgracia, la delegación no puede dar datos específicos sobre los resultados del programa, que es simplemente un primer paso.

10.En cuanto al número de muchachos y muchachas que no asisten a la escuela, la nueva administración ha eliminado el llamado sistema de autonomía escolar, según el cual, aun cuando la educación sea oficialmente gratuita en el país, ciertas escuelas pueden cobrar una tarifa mínima de asistencia. Hay otros factores que impiden a los niños asistir a la escuela; no obstante, éste ha dejado de ser uno de ellos.

11.La Sra. Aguirre (Nicaragua) dice que la Constitución reconoce el trabajo como un derecho y una responsabilidad social de todos los nicaragüenses, hombres y mujeres (véase el párrafo 106 del informe). Además, el Código del Trabajo establece como uno de sus principios fundamentales que la mujer y el hombre son iguales en el acceso al trabajo y la igualdad de trato (párrafo 107 del informe). Al mismo tiempo, en el artículo 144 del Código del Trabajo se prohíbe al empleador despedir a la trabajadora en estado de gravidez o gozando de permiso pre y postnatal (párrafo 108 del informe). Así pues, tanto la Constitución como el Código del Trabajo garantizan el principio de que el derecho al trabajo es un derecho inalienable de todos los seres humanos.

12.Como se señala también en el informe (párrafo 116), la creación de fuentes de empleo bajo el régimen de Zonas Francas ha servido de paliativo a la crisis económica debido a los altos índices de desempleo. Además, el número de personas que trabajan en dichas zonas ha aumentado de 3.000 en 1991 a 16.000 en 1999. La mayor parte de esos trabajadores son mujeres y hay escasa protección, horarios prolongados y salarios bajos.

13.Como se señala asimismo en el informe (párrafo132), el Gobierno ha establecido un marco legal e institucional proteccionista para el surgimiento y desarrollo de la industria maquiladora, que goza de un régimen de excepción fiscal. Entre las leyes y decretos que establecen ese trato preferencial se encuentra la Ley de Inversiones Extranjeras y su Reglamento (Ley No. 127 de 1992). Sin embargo, el salario que se paga en las maquilas corresponde al salario mínimo de 1.128,57 córdobas mensuales, que representan algo menos de un dólar diario. Según los datos de la OIT, la población femenina empleada en este sector es del 75% al 90%.

14.Como responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Constitución y el Código del Trabajo, el Ministerio de Trabajo ha establecido medidas para vigilar si las maquiladoras respetan los derechos de sus trabajadoras. Por ejemplo, hay un sistema de inspectores en las zonas libres. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para supervisar el cumplimiento de la ley. El Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” vigila la situación más de cerca y trabaja para aumentar la sensibilización de las trabajadoras sobre sus derechos.

15.En el Código del Trabajo se reconoce que las trabajadoras del servicio doméstico son un sector fundamental de la economía. En el momento del informe no se disponía de datos sobre el número de mujeres empleadas en el servicio doméstico. Por consiguiente, el Estado parte se ha limitado a dar la definición de trabajadoras del servicio doméstico que figura en el artículo 145 del Código del Trabajo (véase el párrafo 123 del informe). Sin embargo, desde el informe el Gobierno ha introducido medidas para garantizar que las trabajadoras del servicio doméstico se beneficien de la seguridad social. En consecuencia, al final de 2006 se habían registrado en el sistema de la seguridad social 3000 mujeres.

16.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua) dice que la reciente tipificación del aborto terapéutico sigue creando una controversia considerable en Nicaragua. No se han realizado consultas abiertas y la Asamblea Nacional ha votado sobre el asunto con rapidez. Sin embargo, muchos grupos de mujeres se han manifestado en contra de la decisión y ahora hay una apelación ante el Tribunal Supremo impugnando su constitucionalidad.

17.Con respecto a la cuestión de la mortalidad materna, la mayoría de las muertes se producen como consecuencia de complicaciones después del parto. Las mujeres rurales en particular corren riesgo, porque carecen de acceso a información y a centros de asistencia sanitaria. Es evidente que el aborto inseguro es otro factor que influye.

18.La Sra. Gumede Shelton, en relación con el artículo 13, dice que desea recibir información adicional relativa al contexto general y al impulso del marco reglamentario actual de microfinanciación y concesión de microcréditos. Señala que las estadísticas ponen de manifiesto una disminución del acceso de las mujeres a la microfinanciación y desea saber si el Instituto Nicaragüense de la Mujerha intentado recientemente crear mecanismos de préstamo ocoordinar los esfuerzos de las distintas organizaciones de la sociedad civil que tratan de ofrecer alternativas a las mujeres que necesitan crédito.

19.Felicita a la delegación por proporcionar en su informe estadísticas detalladas, pero expresa su decepción porque las estadísticas que figuran en las respuestas a la lista de preguntas no aparecen desglosadas por sexos.

20.La Sra. Patten, en relación con el artículo 14, señala que la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza formulada en el año 2000 no ha beneficiado a la mujer rural pobre, y desea saber a qué grupos se orientó. También desea saber de qué manera tiene previsto el Gobierno abordar las múltiples formas de discriminación que afrontan las mujeres rurales e indígenas y las de ascendencia africana. En particular, desea conocer más detalles sobre el programa nacional de equidad de género, la Política de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales y su Plan de Acción correspondiente y el nuevo proyecto de Hambre Cero. Por último, desea tener información sobre los planes del Gobierno para reestructurar el gasto público a fin de promover las oportunidades económicas para las mujeres rurales y la igualdad de acceso a los recursos productivos.

21.La Sra. Tan desea saber qué significa la expresión “triple jornada laboral”. Se pregunta asimismo cuántos años de escolarización suelen tener las mujeres rurales y si se realizan esfuerzos para mejorar su situación educacional. También sería útil recibir información sobre las mujeres que trabajan en el sector agrícola, los niveles medios de sus salarios, las prestaciones sociales, el acceso a servicios sanitarios asequibles, etc. Dado que Nicaragua tiene una de las tasas de mortalidad materna más elevadas de la región, es particularmente importante que las mujeres rurales puedan acceder a los servicios obstétricos, y en caso necesario al aborto terapéutico.

22.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua) responde que el Gobierno ha hecho una evaluación de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza formulada en el año 2000. El programa nacional de equidad de género, elaborado con aportaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, contiene directrices de políticas sobre la manera de abordar los problemas de las mujeres rurales que viven en la pobreza, incluido el acceso a la microfinanciación.

23.Con respecto al programa de Hambre Cero, el plan consiste en realizar un proyecto piloto en 20 de los municipios más pobres de la región septentrional. Se hará un estudio de seguimiento para evaluar los efectos del proyecto con miras a su ampliación al resto del país. Si el programa tiene éxito, a la larga formará parte del programa nacional de equidad de género.

24.El programa de Hambre Cero está destinado a los hogares con una mujer al frente y proporciona crédito rotativo y asistencia técnica para actividades como la ganadería y la agricultura. Se están haciendo esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, puesto que los productores necesitan caminos adecuados para llevar sus productos al mercado y para acceder a los servicios de salud y educación. Otro problema que también existe es que en muchos casos las mujeres buscan microfinanciación para tierras que están a nombre de su marido, o incluso de sus hijos. El Gobierno sigue tratando de mejorar esa situación.

25.La Sra. Aguirre (Nicaragua) dice que el Gobierno elegido recientemente en Nicaragua ha expresado su clara decisión de aplicar la Convención de manera transparente. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, y un problema importante es la falta de información estadística que es necesaria para definir las políticas sobre cuestiones como las brechas de género en el sector laboral y la transición del sector no estructurado al estructurado. Nicaragua ha realizado un censo agropecuario que ha puesto de manifiesto una brecha de género enorme y creciente con respecto al acceso a los mecanismos de crédito estructurados y no estructurados. Es de esperar que el Gobierno pueda aprovechar las políticas vigentes sobre desarrollo y reducción de la pobreza, pero la delegación no está en condiciones de ofrecer respuestas detalladas. Se están adoptando medidas para mejorar el acceso a la educación. Sin embargo, hay que reforzar la alianza formada entre la sociedad civil y el Estado en el sector del empleo.

26.La Sra. Begum pregunta si la política migratoria del Estado parte garantiza que las mujeres migrantes no queden atrapadas en la trata de personas y estén protegidas en su lugar de destino. Aunque el Estado parte ha introducido ya varias medidas destinadas a impulsar la economía rural, también debe estudiar la posibilidad de crear opciones de medios de subsistencia alternativos como mecanismo para alentar a las mujeres rurales a que permanezcan en sus comunidades.

27.La Sra. Arocha Domínguez dice que Nicaragua debe ser más dinámica a la hora de abordar los problemas de las mujeres que trabajan en las maquiladoras y las zonas de libre comercio, y también debe elaborar un plan bien definido para promover legislación relativa a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, con inclusión de cuestiones como la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. El Estado parte también debe realizar campañas y actuaciones comunitarias sobre esas cuestiones en las escuelas, los medios de comunicación y las instituciones públicas.

28.La Sra. Gumede Shelton dice que el Estado parte debe buscar la manera de aumentar el acceso de las mujeres a la financiación, en particular mediante la introducción de la legislación necesaria.

29.La Sra. Šimonović pide una aclaración sobre la respuesta del Estado parte a la pregunta 10 de la lista de cuestiones y preguntas del Comité. Debe indicar cuándo tiene previsto modificar los artículos de su Código Penal relativos a la práctica del aborto y aclarar con exactitud los cambios que se han introducido en las sanciones correspondientes establecidas en el Código.

30.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua) dice que Nicaragua está examinando los datos relativos a las condiciones de vida de los migrantes, en particular las mujeres. El principal problema entre las mujeres migrantes procedentes de la costa caribeña de Nicaragua es el VIH/SIDA, sobre todo la transmisión vertical. Las organizaciones de mujeres se han enfrentado a las autoridades locales y centrales en relación con la cuestión, pero el Estado debe realizar esfuerzos más decididos para mejorar la asistencia sanitaria que proporciona. Nicaragua también está reuniendo información sobre las mujeres que trabajan en las maquiladoras, y su compromiso de abordar la cuestión se verá reflejado en las políticas y decisiones futuras. No es posible dar una respuesta detallada con respecto a las políticas del Gobierno sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Se imponen sanciones a los médicos que realizan abortos terapéuticos. Se ha abolido el derecho al aborto terapéutico y se han introducido sanciones rigurosas, como se indica en la respuesta a la pregunta 10 del Comité. El sistema de concesión del acceso al crédito es discriminatorio, pero la sociedad civil ha presentado numerosas propuestas al respecto y todas las instituciones involucradas trabajan activamente para solucionar el problema.

31.La Sra. Aguirre (Nicaragua) dice que el Ministerio de Trabajo está impulsando actuaciones orientadas a prestar asistencia a los migrantes, concentrándose en los esfuerzos para legalizar la situación de los migrantes indocumentados. Se ha establecido un centro de información abierto las 24 horas del día para prestar asistencia a los migrantes en el exterior, y también se ha introducido un programa de reintegración y un programa para mejorar el uso de las remesas familiares. Las instituciones nacionales deben mejorar la coordinación de sus actividades en nombre de los migrantes e intensificar sus actuaciones para proteger a las mujeres frente a la trata de personas. El Gobierno ha expresado su clara intención de abordar las cuestiones relativas a los derechos sexuales y reproductivos.

Artículos 15 y 16

32.La Sra. Belmihoub-Zerdani pregunta si el derecho consuetudinario que se utiliza como base de la mediación comunitaria en lugares alejados de la costa atlántica (párrafo 200 del informe) se está aplicando también con respecto a asuntos relativos al derecho matrimonial y familiar y si eso significa que el Código Civil no se aplica en esas comunidades. También desea saber si se ha hecho algo más desde el informe para acelerar la adopción del proyecto de Código de Familia o para eliminar las disposiciones del Código Civil que se reconoce que son discriminatorias y en virtud de las cuales al parecer sólo el marido tiene toda la patria potestad. En la respuesta a la pregunta 27 de la lista de cuestiones no queda claro si el Gobierno tiene intención de armonizar las cifras contradictorias establecidas para la mayoría de edad legal y de matrimonio y, lo que es más importante, ponerlas por fin en consonancia con las disposiciones de la Convención y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

33.La Sra. Tan pregunta qué es lo que dificulta la aprobación del proyecto de Código de Familia y cuándo considera la delegación que se podrá aprobar. Pide información acerca de las medidas adoptadas en el Plan Estratégico (2002) de la Corte Suprema de Justicia (párrafo 200 del informe) para eliminar las disposiciones discriminatorias de la legislación de Nicaragua, así como nuevos detalles acerca de su proyecto piloto paraposibilitar el acceso a la justicia a los sectores sociales con recursos escasos, por ejemplo una evaluación del proyecto, su posible ampliación, el número de mujeres que han recibido asistencia y cualquier reforma hecha en consecuencia. Dado que el Código Civil es discriminatorio y no se han aprobado leyes de ejecución para aplicar las disposiciones constitucionales relativas a los derechos de la mujer en materia de divorcio y sucesión, se deberían dar más detalles acerca de la situación actual con respecto a la división de los bienes, la custodia de los hijos y el pago de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos tras el divorcio, así como con respecto a la herencia de los bienes.

34.La Sra. Aguirre (Nicaragua) reconoce que en dos períodos de sesiones legislativas sucesivos no se ha dado la prioridad que merece a la aprobación del Código de Familia, ni tampoco se ha hecho nada para revisar el Código Civil, que tiene 100 años de antigüedad y que también aborda el derecho matrimonial y familiar. El proyecto de Código de Familia no dice nada acerca de la edad para contraer matrimonio o la edad de la infancia, y se podrían incorporar definitivamente a él las disposiciones de la Convención y de la Convención sobre los Derechos del Niño. El propio Código Civil estipula que no hay ningún impedimento constitucional para la armonización con el derecho internacional.

35.Se han revisado las disposiciones del Código Civil relativas al divorcio para eliminar la discriminación contra la mujer e incorporar avances jurídicos por medio de legislación como la Ley de Divorcio Unilateral, la Ley de Alimentos y la Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos.

36.El Ministerio Público estableció una Unidad de Violencia Doméstica en 2006 y la Corte Suprema de Justicia ha adoptado una política transversal de género: ha establecido un programa, junto con una serie de indicadores para evaluar sus resultados, que tiene por objeto ampliar el acceso de la mujer a la justicia, mediante la mejora de la coordinación interinstitucional, la simplificación de los procedimientos civiles, el fortalecimiento del sistema jurídico familiar y la mejora de los procedimientos de investigación sobre la violencia doméstica. La Comisión Nacional de Género, constituida también por la Corte Suprema de Justicia, con una mujer al frente y en coordinación con otros órganos judiciales, ha establecido, tal como se propuso en las reuniones de los Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la Región de América Central, el Programa Transversal de Género de la Escuela Judicial, donde se imparte a jueces, oficiales de policía, fiscales, activistas de derechos humanos, médicos y funcionarios del Ministerio de Salud formación sobre temas relativos a la violencia doméstica y sexual y sobre derecho forense y psicología forense. Eso ha llevado al Diagnóstico sobre el Procedimiento Probatorio en los casos de violencia contra las mujeres y a la adopción del Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y Agresiones Sexuales, cuya aplicación está a cargo del Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el sistema de prisiones, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y la policía militar.

37.La Corte Suprema de Justicia también tiene un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para proporcionar acceso a la justicia, en particular en la región autónoma del Caribe: sus principales prioridades son la reducción de los retrasos judiciales, la promoción de la imparcialidad de los funcionarios públicos, la mejora de la seguridad judicial, un mayor acceso de los grupos más vulnerables a la justicia y la mejora de la administración de justicia. La delegación proporcionará al Comité más información sobre esas novedades que se han producido después de la presentación del informe. Hasta ahora no se ha realizado ninguna evaluación de los resultados de ninguno de esos programas.

38.No hay dualidad en la legislación nacional sobre el matrimonio y las relaciones familiares, aunque en las zonas indígenas autónomas se ha aplicado tradicionalmente el derecho consuetudinario.

39.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua) dice que la Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos estipula que tras un divorcio se debe reservar un porcentaje de los ingresos del padre para la manutención de los hijos deduciéndolo de su salario; en el caso de que no se efectúe el pago de la manutención de los hijos, el Ministerio de la Familia debe adoptar medidas legales. El Ministerio también puede adoptar medidas sobre otros asuntos domésticos y para proteger la unidad familiar. Esas disposiciones protectoras son esenciales sobre todo en las zonas rurales.

40.Volviendo a las preguntas planteadas en la sesión anterior, dice que la capacitación en cuestiones de género impartida a la policía ha tenido, en efecto, efectos positivos. El jefe de policía, actualmente una mujer, ha introducido un enfoque de género, y la Comisaría de Mujeres de la Policía Nacional ha pasado ahora de la categoría de oficina a la superior de departamento. La policía todavía sigue recogiendo estadísticas, pero ahora se están examinando con sumo cuidado. En las fuerzas armadas, las mujeres han comenzado ahora a ascender a puestos más altos.

41.La Presidenta observa que el diálogo con la delegación ha ayudado al Comité a evaluar la situación del país. El Comité enviará sus observaciones finales al Gobierno y pide que se les dé amplia difusión en todos sus órganos, así como en las fuerzas de policía y la sociedad civil, para que contribuyan al avance de las mujeres y los hombres de Nicaragua.

42.La Sra. Brenes Peña (Nicaragua) asegura al Comité que su Gobierno se está esforzando por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y eliminar la discriminación contra ellas. El diálogo con los miembros ha sido muy positivo e instructivo y el Gobierno espera con interés recibir las observaciones adicionales.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.