37° período de sesiones
Acta resumida de la 770ª sesión (Sala A)
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 25 de enero de 2007, a las 15.00 horas
President a :Sra. Dairiam (Relatora)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer informe periódico de Suriname (continuación)
En ausencia de la Sra. Šimonović, la Sra. Dairiam, Relatora, ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Tercer informe periódico de Suriname (CEDAW/C/SUR/3; CEDAW/C/S UR/Q/3 y CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Suriname toman asiento a la mesa del Comité.
Artículos 7 a 9 (continuación)
La Sra. Schöpp-Schilling, señalando que el Gobierno al parecer tiene la intención de contar con un consultor que participe muy intensamente en la preparación del próximo informe, pregunta cómo recibirá la información el consultor y cuánto control ejercerá el Gobierno en su preparación.
El Sr. Joemmanbaks (Suriname) dice que coordinadores de cuestiones de género proporcionarán información a los ministerios, que la transmitirán luego al consultor.
Artículos 10 a 14
La Sra. Simms señala, con respecto al artículo 10 de la Convención, que sólo alrededor del 60% de las niñas del interior del país están escolarizadas y pregunta qué está haciendo el Gobierno para garantizar que las estudiantes del interior del país reciban una buena educación.
E l Sr. Flinterman dice que le sorprenden los cuadros del informe en los que se muestra que en el nivel superior de educación el número de mujeres es mayor que el de hombres. Observando que con arreglo a la legislación actual son ilícitas las actividades que realizan varios grupos para proporcionar educación sexual e información sobre planificación familiar, pregunta si hay un plazo previsto para modificar esas leyes. Celebrando el hecho de que se aliente a las madres adolescentes a regresar a la escuela, pregunta por qué las jóvenes embarazadas no pueden beneficiarse de la misma política y qué se está haciendo para apoyar a las estudiantes adolescentes embarazadas en las comunidades cimarronas e indígenas. Observando que, aunque se supone que la educación es gratuita, se cobra una pequeña suma por la matrícula, pregunta cómo incide esto en la matriculación en el caso de las familias con niñas. Solicita más información sobre los esfuerzos que se hacen para eliminar los estereotipos, en particular en los libros de texto. Observando que las organizaciones no gubernamentales parecen ser las que están haciendo la mayor parte de la labor para proporcionar educación permanente, pregunta si el Gobierno tiene algún plan para participar más activamente en los esfuerzos para ofrecer escolaridad permanente, que es especialmente importante para la mujer.
La Sra. Schöpp-Schilling recalca, con respecto al artículo 11 de la Convención, la importancia de los datos estadísticos, sin los cuales es imposible ver el panorama real de la situación de la mujer en comparación con la del hombre y controlar la discriminación. Observando que la Oficina General de Estadísticas de Suriname al parecer se incendió en 2003, insta al Gobierno a buscar la asistencia de donantes bilaterales o de organismos internacionales para reconstruir esa oficina esencial. Le sorprende el bajo nivel de las asignaciones presupuestarias para determinados ministerios, en particular el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, que desempeña una función esencial en el control y mejoramiento de la situación del empleo de la mujer. Pide al Gobierno que proporcione un cuadro de asignaciones presupuestarias por ministerio y con detalles sobre componentes de género.
Observando que Suriname no ha ratificado aún diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que están en consonancia con la Convención, pregunta si no será más sencillo integrar la Convención en la legislación laboral nacional. Según se indica en el informe, se han llevado a cabo algunas actividades en el ámbito de la protección de los derechos de la mujer trabajadora. La oradora pregunta si se ha hecho algún seguimiento a esas actividades. Señalando la propuesta de establecer un fondo para financiar la licencia de maternidad, pregunta cómo se financiará dicho fondo. La carga que impondrá este plan a las empresas pequeñas no es un problema exclusivo de Suriname; otros Estados han instituido subsidios estatales para reembolsar a las empresas de esa índole.
La Sra. Shin pregunta si se ha hecho algún seguimiento a las diversas investigaciones sobre cuestiones de política laboral a las que se alude en el informe. Pide más información en relación con la legislación sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y con el cuidado de los niños. Observando que la mujer en Suriname al parecer evita las materias técnicas en los programas de formación profesional, pregunta qué tipo de empleo toman las mujeres tras completar una capacitación de esa índole y si el Gobierno tiene previsto proporcionar incentivos para alentar a la mujer a ingresar en esferas técnicas y no tradicionales. Asimismo, pide más información sobre la capacitación que se proporciona a las mujeres de las minorías.
La Sra. Gabr observa, con respecto al artículo 12 de la Convención, que los datos sobre servicios de atención de la salud no están, al parecer, muy actualizados y pide información más reciente. Pregunta qué se está haciendo para aumentar el número de hogares que tienen seguro médico y para garantizar que Suriname logre las metas de salud previstas en los objetivos de desarrollo del Milenio. Observando las tasas relativamente altas de mortalidad derivada de la maternidad, pregunta qué planes tiene el Gobierno para mejorar la situación, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, pide más información sobre lo que está haciendo el Gobierno para eliminar la mentalidad estereotipada, que tiene repercusiones negativas en los proyectos de salud reproductiva. Por último, pide más información sobre las enfermedades que pueden causar la muerte entre las mujeres, así como sobre subalimentación y anemia entre las estudiantes.
La Sra. Pimentel expresa su preocupación por la afirmación que se hace en el informe de que si bien para recibir atención médica la mujer casada no requiere el permiso del marido, sí necesita la participación del cónyuge para utilizar los servicios de planificación familiar. A ese respecto, exhorta al Gobierno a estudiar las recomendaciones generales del Comité, en particular, la No. 15 sobre el VIH/SIDA y la No. 24 sobre la salud. La postura de Suriname en relación con la anticoncepción es problemática, ya que, pese a que al parecer se dispone de anticonceptivos y de información en la materia, la educación y la información sobre el tema son ilegales. Dado que el uso de preservativos es la mejor manera de reducir la infección del VIH, la disponibilidad de éstos es fundamental para reducir la incidencia del VIH/SIDA, que figura como la segunda entre las causas más comunes de muerte entre las mujeres. Por último, expresa su inquietud ante una afirmación que se hace en el informe que parece culpar a las prostitutas por la propagación del VIH en las aldeas.
La Presidenta, hablando en calidad de miembro del Comité, señala que el informe parece sugerir que la tasa de mortalidad derivada de la maternidad puede estar aumentando. Puesto que también se han identificado en él algunas deficiencias en los servicios de atención médica que pueden contribuir a las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad—dificultades de transporte, falta de sangre para las transfusiones—, pregunta si hay algún plan para hacer frente a la situación y si los servicios de atención médica han llevado a cabo investigaciones confidenciales con respecto a las muertes derivadas de la maternidad.
Según el informe, el uso de anticonceptivos es mucho menos frecuente entre las mujeres con menos educación. Pregunta qué programas se han establecido para promover la toma de conciencia y la aceptación del uso de anticonceptivos entre las mujeres de esa categoría y si el seguro médico cubre la anticoncepción, lo que no queda claro en el informe.
Pregunta si se dispone de datos sobre mortalidad materna vinculada a abortos realizados en condiciones poco seguras, y si dicha información está desglosada por categorías, como por ejemplo zonas rurales o urbanas o pueblos cimarrones o indígenas. Por último, observando que, según el cuadro 12.4, una gran proporción de las mujeres muere por “causas externas”, pide una aclaración sobre el término. Puesto que en general éste alude a accidentes o actos de violencia, se pregunta si en el informe denota violencia contra la mujer.
La Sra. Simms señala que las mujeres de las zonas rurales y las que viven en el interior del país no cuentan con servicios suficientes, en particular en lo relativo a la educación y la salud. Además, puesto que la atención la proporciona la Fundación Lobi, de carácter religioso, es probable que las estadísticas estén sesgadas por valores religiosos. Observa, por ejemplo, que se presentan estadísticas sobre el uso de los anticonceptivos y la esterilización entre las mujeres casadas, pero no entre las no casadas y se pregunta si la Fundación sencillamente no acepta que las personas que no se han casado puedan tener relaciones sexuales.
En cuanto al medio ambiente y los recursos nacionales, la oradora dice que si bien, jurídicamente, el Gobierno tiene derecho a todos los minerales y recursos naturales del país, también tiene una responsabilidad moral con respecto a sus pueblos autóctonos. Pregunta si la mujer cimarrona participa en los debates y negociaciones sobre lo que ocurre en su comunidad y cuáles son las empresas autorizadas para participar en la explotación de los recursos en asociación con el Gobierno.
La Sra. Coker-Appiah, observando que, aunque en el informe se proporciona información sobre algunas de las medidas que se han adoptado para abordar algunas de las dificultades a las que hacen frente las mujeres en las zonas rurales, en cuanto a acceso a la escuela, atención de la salud, agua y saneamiento, se dice poco acerca de los resultados. Espera que esta omisión pueda rectificarse en el próximo informe.
De conformidad con el informe, la responsabilidad de la atención de la salud en el interior del país se ha delegado a la Misión Médica, pero no está claro si se trata de una organización privada o no gubernamental, ni si sus servicios son gratuitos. En el informe se hace también hincapié en las dificultades de los servicios de salud, tales como el déficit de médicos y de instalaciones. La oradora pregunta qué medidas se han adoptado para mejorar la situación de la atención de la salud en las zonas rurales.
Refiriéndose al acceso de la mujer a la tierra, pregunta cuántas mujeres han recibido título de propiedad de la tierra desde la puesta en marcha de la campaña “Tierra para la mujer”. Por último, observando que se están otorgando concesiones mineras y forestales a empresas y personas que no son originarias de las localidades donde están las minas o los bosques y que se están poniendo así en peligro los medios de subsistencia de la población rural, pregunta qué está haciendo el Gobierno para velar por que se salvaguarden dichos medios de subsistencia.
El Sr. Joemmanbaks (Suriname) dice que el Ministerio de Educación ha preparado un plan sectorial de educación, que se propone, entre otras cosas, promover la incorporación de la perspectiva de género y eliminar los estereotipos. También figuran en él disposiciones relativas al embarazo en la adolescencia y medidas para ayudar a las madres adolescentes a reanudar sus estudios. El plan, que no se ha adoptado aún, es examinado actualmente por el sindicato de maestros.
A pesar de las disposiciones del Código Penal, en la práctica no se ha sancionado a nadie por suministrar información en relación con la contracepción. Tampoco se penaliza a los médicos por llevar a cabo abortos justificados por motivos médicos. No obstante, dadas las normas de la confidencialidad médica, es muy difícil reunir datos en materia de abortos.
Es verdad que a todos los niveles de la educación se cobran derechos de matrícula y que éstos aumentan a medida que avanza el alumno en el sistema. Cualquier padre que no pueda afrontar estos gastos puede solicitar asistencia al Estado.
La Sra. Tobing-Klein (Suriname) dice que las respuestas a las diversas preguntas relativas a los niños y a las tasas de mortalidad derivada de la maternidad se darán en el contexto de la aplicación de los objetivos de desarrollo del Milenio. En respuesta a una recomendación del UNICEF, el Gobierno ha elaborado un sistema para dar seguimiento a los diversos indicadores relativos a la infancia; las conclusiones se publicaron en el anuario estadístico de la Oficina General de Estadísticas. Gracias a las donaciones del UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de los Países Bajos, el Gobierno está aplicando políticas para mejorar la educación y la atención médica de los niños.
Por último, en relación con las observaciones sobre la Fundación Lobi, dice que no es una fundación religiosa sino una organización no gubernamental que trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno.
El Sr. Landveld (Suriname) reconoce las dificultades relacionadas con el suministro de servicios educativos en las regiones más remotas del país. Sin embargo, durante el período que se examina, el programa de microproyectos de la Unión Europea ha proporcionado financiación para construir varias escuelas en el interior del país y el Gobierno ha introducido una serie de incentivos financieros, tales como el alojamiento gratuito, para atraer a los maestros a esas escuelas. Además, se ha establecido en Brokopondo el primer centro integral —instalación multifuncional en el que se proporcionan servicios de alojamiento y capacitación a los estudiantes procedentes de zonas remotas— y se ha comenzado a impartir clases nocturnas a las madres.
El embarazo en la adolescencia plantea un problema importante, sobre todo en el interior del país. El Gobierno, en asociación con la Fundación Misión Médica, trabaja en varios proyectos de sensibilización, pero deben estudiarse con mayor detalle las repercusiones que tiene la tradición en ese fenómeno, ya que a las niñas que han completado su educación primaria, al carecer de otras perspectivas, a menudo se las considera adultas y, por ende, preparadas para la maternidad. Para mejorar la salud de las madres, se ha proporcionado capacitación a varias parteras tradicionales cimarronas, y el Ministerio de Salud ha puesto en marcha recientemente un curso de obstetricia de cuatro años de educación superior.
Los servicios de atención de la salud están a disposición de los cimarrones y otros grupos indígenas, así como de las familias de bajos ingresos, sin costo alguno; el Ministerio de Salud tiene previsto introducir un programa general de seguro médico en el marco del Plan Multianual de Desarrollo 2006-2011. Se están proporcionando anticonceptivos gratuitos a las mujeres cimarronas e indígenas, aunque se necesitan medidas adicionales para aumentar su tasa de utilización. Los esfuerzos para erradicar la malaria han dado fruto, pues la incidencia de la enfermedad ha disminuido en un 75%. Por otra parte, hay un interés creciente en la utilización de las medicinas tradicionales.
Por lo que se refiere a los derechos sobre la tierra, el Presidente de la República ha establecido una comisión para estudiar la mejor forma de avanzar. Esa comisión cooperará con un órgano análogo integrado por jefes indígenas.
El Sr. Joemmanbaks (Suriname) dice que se siguen celebrando conversaciones tripartitas sobre la financiación para la licencia de paternidad, en las que participan el Gobierno, los empleadores y los sindicatos. Si bien el Estado tiene a su cargo varios servicios de guardería, las familias tienden a preferir las instituciones privadas, que en general están mejor ubicadas. A fin de promover el empleo de la mujer, es necesario que los nuevos proyectos de leyes laborales contemplen, entre otras cosas, disposiciones sobre instalaciones de saneamiento adecuadas.
En respuesta a la pregunta formulada por la Sra. Pimentel, el orador dice que en los años recientes es cada vez mayor el número de prostitutas que han comenzado a trabajar en las aldeas, lo que contribuye a la propagación del VIH/SIDA. Ya se ha iniciado una reforma exhaustiva del sector de la atención de la salud, y al respecto se proporcionarán mayores detalles en el próximo informe periódico.
La Sra. Shin hace hincapié en que para conseguir los objetivos de desarrollo del Milenio se requiere que la Convención se aplique plena y efectivamente.
La Sra. Schöpp-Schilling añade que todos los países deben dar a la planificación del desarrollo un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, señala a la atención del Estado parte un folleto elaborado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Gobierno de Alemania, en el que se presta especial atención a los aspectos de derechos humanos de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Refiriéndose al artículo 11 de la Convención, desea saber si el proyecto de ley sobre igualdad de trato entre el hombre y la mujer es aplicable al sector privado. Pregunta asimismo si el Gobierno tiene información sobre la actitud de los diferentes grupos étnicos con respecto a la mujer en el lugar de trabajo.
La Sra. Pimentel señala que es el fenómeno de la prostitución en sí mismo, y no las prostitutas a título individual, el responsable de la propagación del VIH/SIDA en las aldeas. También pone de relieve una contradicción evidente entre la afirmación del informe en el sentido de que no se han introducido aún los subsidios gubernamentales para los anticonceptivos, y los comentarios formulados por los miembros de la delegación.
Por último, recalcando el vínculo entre el aborto y la mortalidad derivada de la maternidad, dice que no sabe cómo puede estar seguro el Gobierno de que todos los abortos se practican en hospitales, puesto que, por su propia naturaleza, los abortos ilegales son clandestinos. A ese respecto se requiere investigar más.
La Sra. Simms, a la vez que reconoce los esfuerzos que hace el Estado parte para velar por el respeto de la integridad cultural de todos los grupos étnicos, dice que le preocupan las descripciones de las ceremonias de fecundidad que realizan los cimarrones de Saramacca, sobre todo porque al parecer participan en ellas menores de 18 años. Dado que Suriname es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud de la cual tiene la obligación de proscribir toda práctica que viole los derechos de los menores, niños y niñas, se pregunta si el Gobierno ha adoptado alguna medida para afrontar la situación.
El Sr. Joemmanbaks (Suriname), respondiendo a la pregunta de la Sra. Schöpp-Schilling relativa al proyecto de ley sobre igualdad de trato entre el hombre y la mujer, dice que se va a establecer un consejo económico y social a fin de que el Gobierno, los sindicatos y los empleadores puedan examinar la cuestión de la aplicación también en el sector privado.
Respondiendo a la pregunta de la Presidenta, dice que el seguro médico todavía no cubre los anticonceptivos. Sin embargo, el Gobierno los suministra gratuitamente a Misión Médica, a los cimarrones y a la población de las zonas más remotas y subvenciona los que ofrece por conducto de la Fundación Lobi. Por último, dice que aunque en general se acepta que se realizan algunos abortos clandestinos, es imposible obtener datos al respecto.
E l Sr. Landveld (Suriname), respondiendo a la pregunta formulada por la Sra. Simms acerca del comportamiento de los cimarrones de Saramacca en materia de reproducción, dice que el Gobierno está tratando de adoptar un enfoque integrado y de darles información sobre métodos alternativos.
La Sra. Tobing-Klein (Suriname) dice que para examinar los objetivos de desarrollo del Milenio se celebrará un foro de la sociedad civil en el que participará el Gobierno, y que se facilitará tanta información como sea posible.
La Presidenta, hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta si el Gobierno considerará la posibilidad de ampliar el proyecto de ley sobre la igualdad de trato entre el hombre y la mujer en el sector público con el fin de incluir también al sector privado. Con respecto a la dificultad de obtener datos sobre los abortos clandestinos, sugiere que se pida a los hospitales y a los médicos que proporcionen estimaciones aproximadas sobre tales procedimientos.
Artículos 15 y 16
La Sra. Coker-Appiah pregunta cuáles leyes son discriminatorias según las conclusiones alcanzadas tras analizar el informe publicado por el Ministerio del Interior en el que figuran los resultados de un estudio sobre la legislación nacional que contraviene determinadas convenciones internacionales. Encomia al Gobierno por abolir la Ley de matrimonios asiáticos, pero se pregunta por qué no puede aumentarse a los 18 años la edad en que pueden casarse los muchachos y las muchachas, a fin de ajustarla a la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Sra. Saiga, tras señalar que la revisión del derecho matrimonial no satisface las recomendaciones del Comité ni las del Comité de Derechos Humanos, pregunta si la edad mínima para contraer matrimonio está contemplada en el Código Civil o en la Ley matrimonial y cuáles son las implicaciones prácticas de la abolición de la Ley mencionada. Por último, desea saber si la edad para que los muchachos puedan contraer matrimonio es de 17 años como se explicó en la exposición oral, o 18 como se señala en el informe.
El Sr. Joemmanbaks (Suriname), respondiendo a la pregunta formulada por la Sra. Coker-Appiah, dice que la Comisión de legislación en materia de género recomendó y obtuvo la derogación de disposiciones discriminatorias de ciertas leyes, entre ellas la Ley de personal, que restringe a la mujer el derecho a ocupar determinados puestos en caso de matrimonio o embarazo, la Ley electoral, que obliga a la mujer a figurar en las listas de votación con el nombre del marido, y la Ley de circulación, por la que no se reembolsan a la mujer sus gastos de reubicación cuando asume un nuevo empleo.
En respuesta a la pregunta de la Sra. Saiga, dice que la Ley matrimonial sólo enmienda las disposiciones del Código Civil. Además, la Ley de matrimonios asiáticos, que comprende la Ley de matrimonios hindúes y la Ley de matrimonios musulmanes, se promulgó en 1973 pero nunca ha entrado en vigor. Por último, dice que la edad a la que los muchachos pueden casarse es actualmente 17 años, pero que el último proyecto de revisión del Código Civil incluye una sugerencia para que se aumente a 18, tanto para los muchachos como para las muchachas.
La Sra. Saiga expresa la esperanza de que el proyecto de revisión del Código Civil se apruebe cuanto antes.
La Presidenta dice que se siente alentada por el reconocimiento del Gobierno de la necesidad de integrar la Convención en su política de género e insta a la delegación a esforzarse por que la Convención se incorpore en el derecho interno.