35° período de sesiones
Acta resumida de la 735ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 26 de mayo de 2006, a las 10.00 horas
Presidente:Sra. Manalo
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Sexto informe periódico de Rumania
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Sexto informe periódico de Rumania (CEDAW/C/ROM/6, CEDAW/C/ROM/Q/6 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Rumania toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Mota (Rumania), al presentar el sexto informe periódico de Rumania (CEDAW/C/ROM/6), dice que entre 1999 y 2006 se promulgó un amplio conjunto de medidas legislativas encaminadas a promover y proteger los derechos de la mujer. Por ejemplo, la Ordenanza de Emergencia No. 137/2000, que define varias formas de discriminación y establece la igualdad de trato en una serie de esferas, y el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, establecido en 2003 para vigilar de cerca la aplicación de la Ordenanza, investigar los presuntos casos de discriminación e imponer sanciones. En 2002 se aprobó la Ley No. 202/2002 sobre igualdad de oportunidades y trato entre el hombre y la mujer, y en 2005 se estableció el Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la Mujer, en calidad de órgano responsable de la formulación de políticas concretas sobre igualdad de género e integración de la perspectiva de género.
Con respecto a la violencia contra la mujer, la Ley No. 217/2003 dispone la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores, y en 2004 se creó el Organismo Nacional para la Protección de la Familia. Durante el período que abarca el presente informe también se promulgaron tres importantes leyes sobre la trata de seres humanos, que abarcan la prevención y la protección de los testigos y las víctimas.
La Constitución, el Código Penal y el marco legislativo que rigen el sistema de atención de la salud se han reformado para promover con mayor eficacia los derechos de la mujer y, con vistas a una mayor concienciación de la judicatura en relación con esos derechos, el Instituto Nacional de la Magistratura ha incorporado cursillos sobre la lucha contra la discriminación en los programas de formación básica de jueces y fiscales.
Durante el período que comprende el presente informe, el gobierno aprobó una serie de políticas destinadas específicamente a promover la igualdad de género y eliminar la discriminación, tales como la Estrategia Nacional de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la Mujer y la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica, y sus correspondientes planes de acción. Además, de conformidad con las recomendaciones del Comité, se ha iniciado la recopilación de estadísticas desglosadas por sexo y edad en relación con casos de violencia doméstica.
Con el fin de proteger a las víctimas de la trata de personas, el Ministerio de Administración y del Interior, junto con la comunidad de ONG, ha establecido varios centros de asistencia. El Ministerio de Trabajo, Solidaridad social y Asuntos de la Familia también ha adoptado una serie de medidas destinadas específicamente a luchar contra la trata de personas y la explotación sexual a través de programas para mejorar la situación económica y social de las personas en riesgo. En ese sentido, el gobierno ha concertado varios acuerdos con otros países europeos para reglamentar la corriente de trabajadores rumanos hacia el exterior.
Rumania ha intensificado sus actividades para eliminar los estereotipos basados en el género y aumentar la participación de la mujer en la vida política y pública. El número de parlamentarias se ha duplicado desde la presentación del anterior informe, y ahora hay tres ministras. La mujer representa el 61,4 por ciento de la judicatura.
Todos los niños tienen derecho a diez años de educación obligatoria, y se ha incorporado una perspectiva de derechos humanos en el material didáctico, los libros de texto y los programas de estudio. En julio de 2003, el Ministerio de Educación e Investigaciones promulgó legislación que otorga a todos los ciudadanos rumanos, incluidas mujeres y niñas, la oportunidad de completar su educación primaria y secundaria.
El desempleo entre las mujeres suele ser inferior al del hombre en Rumania y la brecha salarial, cuya continuada existencia se debe a la tendencia de la mujer a elegir profesiones tradicionales, no muy bien remuneradas, en los sectores de la enseñanza y la atención de la salud, está gradualmente disminuyendo. Con el propósito de aprovechar los progresos alcanzados, el gobierno ha elaborado varias políticas y planes, incluida la Estrategia Nacional para el Empleo, y su correspondiente plan de acción y el Plan de Acción Nacional para Combatir la Pobreza y Promover la Inclusión Social. El Código Laboral enmendado y varias otras disposiciones legislativas prevén la protección de las trabajadoras embarazadas y de las madres que trabajan.
Con respecto a la atención de la salud, se han elaborado varias estrategias nacionales destinadas a promover la lactancia, el control del VIH/SIDA y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Además, el Ministerio de Salud ha dado inicio a un programa nacional encaminado a mejorar la salud de la mujer, que se centra en la calidad y la eficiencia de los servicios de salud reproductiva y los tratamientos para combatir la anemia. Entre 2003 y 2004 se registró una importante disminución del número de abortos. En el marco del Programa Nacional de Salud se hace especial hincapié en la prestación de servicios a la comunidad romaní y, en ese sentido, se utilizan los servicios de mediadores de salud romaníes que establecen una vinculación entre sus comunidades y el personal encargado de la prestación de servicios médicos.
Por último, refiriéndose a la situación de las mujeres romaníes, dice que el Organismo Nacional para los Romaníes, establecido por Ley No. 7/2005, se encarga de la adopción de medidas para mejorar la situación de la población romaní y, con ese fin, ha elaborado un plan de acción para 2006-2008 y está cooperando activamente, tanto en el plano central como local, con el Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades y con el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación. Además, actualmente Rumania preside el Decenio para la integración de los romaníes.
Artículos 1 a 6
La Sra. Šimonović señala que el informe no está del todo actualizado y no contiene suficiente información desglosada por sexo o etnicidad. Exhorta al Estado parte a ocuparse de esas deficiencias en futuros informes. Le gustaría saber si las ONG participaron en la elaboración del informe y si fueron consultadas durante la formulación de la Estrategia Nacional de Igualdad de Oportunidades para 2006‑2009.
En sus observaciones finales sobre el informe periódico combinado cuarto y quinto de Rumania, el Comité exhortó al gobierno a dar prioridad a la cuestión de la igualdad de género y a elaborar una política amplia e integral para aplicar la Convención y lograr la igualdad entre la mujer y el hombre, incluido un calendario para vigilar y evaluar los progresos en ese ámbito. El Estado parte debe indicar las medidas que ha adoptado para cumplir esa recomendación y, en particular, señalar si la Estrategia Nacional de Igualdad de Oportunidades está basada en la Convención.
El Gobierno rumano ha enmendado y mejorado notablemente su marco legislativo para el adelanto de la mujer con el fin de incorporar las normas europeas pertinentes. Sin embargo, la Convención posee un ámbito mucho más amplio que esas normas y, en consecuencia, debe ser la principal fuente de inspiración de las actividades legislativas y de otra índole en la esfera de los derechos de la mujer. Dado que los jueces romaníes no parecen invocar la Convención en sus dictámenes, se pregunta si se han impartido cursos de formación sobre las disposiciones de la Convención y del Protocolo Facultativo a los miembros de la judicatura y al Defensor del Pueblo.
La Ley No. 27/2004 prohíbe la discriminación por motivo de sexo. La oradora desea saber si la definición de discriminación contenida en la Ley es compatible con la que figura en el artículo 1 de la Convención, y si dicha Ley se aplica a la discriminación directa e indirecta por parte de personas físicas y jurídicas. También desea saber si se ha llevado ante el Defensor del Pueblo algún caso de discriminación por motivo de género.
En relación con la cuestión de la violencia contra la mujer, señala a la atención del Estado parte la recomendación general No. 19 y pregunta si la Ley No. 217/2003 sobre la violencia doméstica incluye medidas preventivas, punitivas y de protección. ¿Se ha introducido algún otro tipo de medidas, como programas de asistencia social y psicológica, para ayudar a las víctimas de la violencia? Desea recibir más información sobre la función que desempeña el Organismo Nacional para la Protección de la Familia en ese sentido. El Estado parte debe indicar también si la violación marital está tipificada como delito en el Código Penal.
La Sra. Tavares da Silva elogia al Gobierno rumano por las actividades que lleva a cabo para promover el adelanto de la mujer. De conformidad con el artículo 3 de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de tomar, en todas las esferas, las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, y le complace comprobar que la promulgación de la nueva legislación sobre igualdad de oportunidades ha servido para ampliar el anteriormente limitado ámbito de las actividades de Rumania en ese sentido.
Con respecto a los mecanismos nacionales, se pregunta si el Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades está afiliado a algún ministerio y si cuenta con los recursos humanos y financieros adecuados. Pide información adicional sobre el mandato y las funciones del Organismo y pregunta si su función es simplemente de asesoramiento o si posee autoridad para formular propuestas legislativas. Agradecería que se informara también si los miembros de la Comisión Nacional de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la Mujer son altos funcionarios con capacidad decisoria.
Ni el informe ni las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas contienen suficiente información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para eliminar los estereotipos basados en el género y modificar los patrones culturales discriminatorios. Si los medios de comunicación pública difunden imágenes estereotipadas de la mujer, ¿se imponen sanciones? ¿Se han llevado a cabo actividades de concienciación en ese contexto? La oradora desea saber, en particular, si se han tomado medidas concretas con respecto a las actitudes estereotipadas hacia las mujeres romaníes.
La oradora pregunta si la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica contiene medidas amplias encaminadas a evitar ese tipo de violencia, entablar acción judicial contra los perpetradores y proteger a las víctimas, y si se ocupa de la cuestión específica de la violencia contra las mujeres romaníes. Por último, dice que ha recibido informes que señalan un aumento en el nivel de violencia en las escuelas de Rumania, y desearía tener más información sobre ese problema.
La Sra. Mota (Rumania) dice que el informe se elaboró con la plena participación de la sociedad civil, incluidas las ONG que se dedican a cuestiones relacionadas con la mujer. La formulación y aprobación del plan de acción nacional sobre la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer supuso una serie de reuniones que incluyeron amplias y fructíferas consultas con la sociedad civil. Informa al Comité que la Comisión Nacional de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la Mujer se creó como órgano interministerial en 2005, y está integrada por representantes de todos los ministerios y organismos especializados de la administración central, la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones patronales. Los correspondientes concejos de condados tienen una composición similar. Existe una excelente relación de cooperación entre la Comisión Nacional y el Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades, y el Presidente del Organismo Nacional también preside la Comisión Nacional. Rumania considera que ha alcanzado progresos notables y que las actividades de la Comisión Nacional han dado resultados concretos.
Con respecto a la aplicación de la Convención en Rumania, dice que en el marco de la Estrategia Nacional de Igualdad de Oportunidades no sólo se siguen de cerca los progresos en la esfera de la igualdad de oportunidades, sino que se incorporan en la legislación nacional las disposiciones y políticas que promueve la Convención.
La Sra. Grosu (Rumania) dice que de conformidad con el último censo nacional la población romaní está integrada por 1,5 millones de personas. Sin embargo, aparte de los datos sobre el acceso de las mujeres y hombres romaníes al mercado de trabajo y al sistema educativo, no se dispone de estadísticas oficiales desglosadas por sexo sobre la comunidad romaní. Cuando se llevó a cabo el censo, se estimaba que alrededor de un 27 por ciento de los romaníes tenían empleo fijo.
En lo que se refiere a la existencia de estereotipos de género, dice que el Organismo Nacional para los Romaníes aplica una estrategia que centra su interés en la educación, la salud, la igualdad de oportunidades de trabajo y las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación pública, como esferas de prioridad a la luz de la situación de la comunidad romaní.
La Sra. Mota (Rumania) dice que la definición de discriminación se sujeta a las disposiciones de la Ley No. 202/2002 sobre igualdad de oportunidades y de la Ordenanza de Emergencia No. 137/2000 sobre la prevención de todas las formas de discriminación y la imposición de sanciones.
El Sr. Bunoaica (Rumania) dice que la definición de discriminación en la legislación nacional de Rumania concuerda plenamente con las disposiciones de la Convención. Todas las formas de discriminación practicadas por personas o por instituciones, incluidos los medios de comunicación, son punibles, y la Convención es el instrumento que se cita ante los tribunales de ley. En el marco de la Constitución, se tienen en cuenta todas las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales para la elaboración de la legislación nacional. En términos de la aplicación de la Convención, el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación incorpora en sus políticas las disposiciones relativas a la concienciación de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, y ha llevado a cabo amplios programas de formación destinados a la judicatura.
El Sr. Pastrascu (Rumania), refiriéndose a la pregunta relativa a la violación marital, dice que gracias a las amplias reformas introducidas en el Código Penal existen ahora disposiciones más estrictas y sanciones más duras para quienes cometen ese tipo de delito.
La Sra. Ratcu (Rumania) explica que, previa presentación de solicitud, las víctimas de casos de violencia doméstica pueden recibir gratuitamente servicios de asistencia jurídica, alojamiento y asesoramiento, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes tienen la obligación de informar a las víctimas sobre la disponibilidad de obtener asistencia financiera, asesoramiento jurídico y protección, y sobre los trámites que hay que seguir para ello.
El Sr. Verman (Rumania) dice que la violencia doméstica está bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, y que anteriormente era un asunto del que se hacía cargo el Ministerio de Salud. El Organismo Nacional para la Protección de la Familia, integrado por miembros de la sociedad civil, de organismos gubernamentales y representantes del Parlamento, se creó en virtud de la Ley No. 217/2003, relativa a la prevención y eliminación de la violencia doméstica. El Organismo elabora medidas para evitar ese tipo de violencia, y presta un eficaz apoyo y protección en términos de asegurar la reintegración social y la independencia económica de las víctimas. Se ha dado inicio a un programa experimental encaminado a impartir capacitación a los especialistas en violencia doméstica, incluidos personal médico, trabajadores sociales y funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes.
La Sra. Preoteasa (Rumania) dice que los medios de comunicación pública subrayaron el problema de la violencia en las escuelas durante el año anterior, informando sobre una serie de casos de esa índole. El Ministerio de Educación e Investigaciones asigna gran importancia a la tarea de combatir esa situación mediante la promulgación de legislación especial, y especialmente a través de medidas preventivas. Un amplio estudio llevado a cabo en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha demostrado que menos del 2 por ciento de la violencia en las escuelas consiste en ataques físicos, y que la mayoría de los incidentes guardan relación con situaciones de presión psicológica o formas de acoso.
La Sra. Grosu (Rumania) dice que no existen datos específicos sobre violencia doméstica en la comunidad romaní. Si bien ese problema trasciende la etnicidad, los grupos desfavorecidos que viven en la pobreza tienen una mayor situación de riesgo en ese sentido. Teniendo eso presente, el gobierno, en cooperación con el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación y con el Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades, ha iniciado campañas de concienciación en relación con las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica.
La Sra. Mota (Rumania) explica las responsabilidades del Consejo Nacional y del Organismo Nacional, que se describen en el informe periódico y en las respuestas de su Gobierno a la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1), y señala particular atención a la función que desempeñan en la aplicación de las estrategias amplias formuladas en sus respectivas esferas de competencia.
La Sra. Gaspard pide mayor información sobre los ministerios que se mencionan en la respuesta del Estado parte a la pregunta 1 como entidades a las que se ha consultado durante la elaboración del informe. Pregunta si cuentan con centros de coordinación o dependencias encargadas de cuestiones relacionadas con la discriminación contra la mujer que recopilen y analicen datos desglosados por sexo y aseguren una labor de seguimiento de la Convención. También sería interesante saber si en los ministerios del ramo se aplica la presupuestación basada en cuestiones de género. Pregunta si existe en Rumania una comisión nacional de asesoramiento sobre derechos humanos; en caso afirmativo, desea saber cuál es su composición en términos de hombres y mujeres y si incluye una dependencia sobre la igualdad de género, con particular responsabilidad por el seguimiento de la Convención. De la misma respuesta se infiere que no se pidió el respaldo del Parlamento para el informe. Dado que el Parlamento necesariamente participa en la ratificación y aplicación de la Convención, sería conveniente que tanto el informe como las conclusiones del Comité se pusieran en su conocimiento, ya que podrían requerir cambios en la legislación. Se pregunta si existe alguna comisión parlamentaria de derechos humanos y recuerda que la Unión Interparlamentaria, de la que Rumania es miembro, ha publicado un folleto sobre la función que pueden desempeñar los parlamentos en la promoción de la Convención. Exhorta a que se estudie dicho folleto y sea objeto de amplia difusión. El informe del Estado parte revela un malentendido con respecto a las medidas especiales de carácter temporal a que se hace referencia en el párrafo 1) del artículo 4 de la Convención; no debe confundírseles con medidas jurídicas y políticas. La oradora recomienda una atenta lectura de la recomendación general No. 25 del Comité.
La Sra. Arocha Domínguez lamenta que en el informe del Estado parte no se presente información clara sobre el fenómeno de la utilización de estereotipos. Expresa inquietud con respecto a la aparente falta de modificación de los libros de texto escolares y señala que no se ha promulgado legislación para reglamentar la publicidad y el contenido de la información que divulgan los medios de comunicación. Aunque se ha proporcionado una considerable cantidad de información sobre la trata de personas y la explotación sexual, tanto en el informe como en la reunión en curso, además de la ya elaborada por los organismos internacionales y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, las estadísticas no parecen coherentes. Se necesita información desglosada sobre la trata de niñas y mujeres, tanto dentro como fuera del país. Dado que las menores de edad provenientes de familias disfuncionales están particularmente en riesgo de ser objeto de explotación sexual, desea saber qué medidas se están adoptando para ayudar a esas familias. Parece existir cierta tolerancia del fenómeno de la prostitución, que ha aumentado notablemente en Bucarest, incluida la impunidad de que parecen disfrutar los proxenetas. Pregunta sobre la estructura y los recursos, tanto financieros como humanos, del Organismo Nacional de Prevención de la Trata de Seres Humanos. Desea saber hasta qué punto desarrolla una labor eficaz, a qué órgano rinde cuentas y con qué frecuencia presenta informes.
La Sra. Mota (Rumania) dice que las dos Cámaras Parlamentarias tienen comisiones sobre la igualdad de oportunidades, ambas dirigidas por mujeres.
La Sra. Preoteasa (Rumania) dice que desde la elaboración del informe se han producido importantes acontecimientos. Se han efectuado grandes cambios en los programas de estudios en todos los niveles, habiéndose introducido los temas de derechos humanos, igualdad de género e igualdad de oportunidades como esferas de estudio concretas. Los programas de estudios son aprobados por el Ministerio de Educación e Investigaciones, teniendo en cuenta las cuestiones relativas a discriminación e igualdad de género. El problema radica en los libros de texto, que también deben ser aprobados por el Ministerio. Anteriormente, los evaluadores de esos libros y programas de estudios carecían de formación y, por lo tanto, aprobaban material que contenía elementos de discriminación contra las niñas. Actualmente se está llevando a cabo una revisión de los libros de texto y programas de estudios. Se ha organizado un amplio programa de capacitación sobre cuestiones relativas a la Convención, dirigido a maestros de los 42 condados del país, que posteriormente se ha hecho extensivo a las escuelas en el plano local. Se ha desarrollado material didáctico que aborda específicamente la cuestión de la trata de personas. Además, el Ministerio de Educación e Investigaciones ha emitido instrucciones especiales para promover la sensibilización de los alumnos de los grados ocho a diez en relación con dicha cuestión.
El Sr. Licsandru (Rumania) destaca la gran preocupación del gobierno ante las características desproporcionadas que asumió el fenómeno de la trata de seres humanos en el decenio de 1990, por lo que asignó gran prioridad a la adopción de medidas para hacerle frente. Por ejemplo, ha mejorado sus políticas y establecido un marco institucional y jurídico para combatir la trata de personas, incluida una estructura de policía de fronteras. En todo el país existen fiscales y una red de alrededor de 56 jueces especializados en cuestiones de trata. El orador cita datos que demuestran que la mujer representó el 78 por ciento de las víctimas de ese delito en 2005, y que las operaciones se llevaban a cabo principalmente a escala internacional. En ese mismo año, se llevaron 1.600 casos ante los tribunales, la gran mayoría relativos a ciudadanos romaníes. El gobierno está cooperando con organismos internacionales especializados para combatir ese fenómeno y, cuando proceda, repatriar a las víctimas. Destaca que no se han registrado casos de prostitución infantil, y que en virtud de la Ley No. 678/2001, los menores de edad que cometen delitos sexuales no son penados sino tratados como víctimas. Se enjuicia a todo aquel que explota a un menor con fines comerciales. Las políticas del gobierno, elaboradas con aportaciones de la sociedad civil, están demostrando ser eficaces, ya que en 2005 el porcentaje de niños con respecto al número total de víctimas de trata de personas bajó al 1 por ciento y en 2006 se redujo aún más. La Autoridad Nacional para la Protección de los Niños ha establecido centros de acogida especiales para las víctimas de operaciones de trata; en la medida de lo posible, sin embargo, se cerciora de que los menores sean devueltos a sus familias y se reintegren a la comunidad. Periódicamente el gobierno lleva a cabo encuestas sobre la trata de mujeres, en colaboración con las ONG y las organizaciones internacionales, y ha realizado una evaluación de su primer plan de acción, con apoyo financiero del UNICEF. El Organismo Nacional de Prevención de la Trata de Seres Humanos se creó en 2005, y sirve como centro de coordinación para la elaboración de normas nacionales y la supervisión de todas las medidas que se adoptan en esa esfera en el ámbito nacional. El Organismo depende del Ministerio del Interior y su financiación se inscribe en el presupuesto de dicha entidad.
La Sra. Schöpp-Schilling dice estar sorprendida por las diversas medidas de tipo jurídico y de fomento de la capacidad institucional adoptadas pero se pregunta qué se está haciendo para mejorar la concienciación pública. En un tiempo relativamente breve Rumania ha creado mecanismos que en otros países europeos han requerido entre 40 y 50 años. Se pregunta qué campañas se están llevando a cabo, en las escuelas y medios de comunicación, para informar al público en general sobre las cuestiones involucradas, incluidas las nuevas normas introducidas.
La Sra. Pimentel pide más información sobre el número de las ONG y su participación en la labor del Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades, particularmente con respecto a su contribución a la elaboración del informe periódico. Reconoce que la violencia doméstica es una cuestión compleja y pregunta de qué modo la lucha contra esa violencia incorpora una perspectiva de género. También desea recibir información sobre las medidas adoptadas en los sectores de la educación académica y no académica para combatir la violencia contra la mujer.
La Presidenta, haciendo uso de la palabra en su carácter de experta, dice que las medidas descritas para combatir la fijación de estereotipos parecen estar limitadas a la esfera de la educación; agradecería recibir información sobre las medidas fuera del ámbito de la escuela. Pide también más información sobre las capacidades y el presupuesto del Organismo Nacional de Prevención de la Trata de Seres Humanos. La derogación de la disposición del Código Penal que exoneraba de culpa a los violadores al contraer matrimonio con su víctima es una noticia que se recibe con agrado, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de la violación marital. Pregunta si la ley contiene alguna definición de la violación marital y si establece sanciones.
La Sra. Mota (Rumania) reconoce los desafíos que supone la educación de la sociedad. El Organismo Nacional de Igualdad de Oportunidades ha llevado a cabo campañas específicas de concienciación en cooperación con el Ministerio de Educación e Investigaciones; tiene una página web especial sobre el tema y ha promovido la producción de un vídeo, que se transmite por las redes televisivas nacionales y locales. Representantes de una serie de ONG interesadas en los derechos de la mujer fueron consultados durante la elaboración del informe, en el marco de un protocolo con el Organismo.
El Sr. Verman (Rumania) dice que el 95 por ciento de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Todos los órganos nacionales que participan en las actividades para combatir ese tipo de violencia, sean gubernamentales o no gubernamentales, han adoptado una perspectiva de género que se centra específicamente en la mujer; la asistencia que se presta, incluidos centros de acogida, tiene por objeto ofrecer servicios a la mujer atendiendo a sus necesidades materiales, emocionales y médicas. Cuando así procede, los maridos que abusan de sus mujeres quedan prohibidos de ingresar al hogar; sin embargo, esa situación puede volver a colocar a la mujer en situación de víctima.
El Sr. Licsandru (Rumania) dice que el Organismo Nacional de Prevención de la Trata de Seres Humanos cuenta con un personal integrado por 50 miembros. Inició sus actividades hace dos meses y aún no cuenta con presupuesto propio.
El Sr. Pastrascu (Rumania) afirma que si una víctima de violación es miembro de la familia del perpetrador, éste puede recibir una condena más severa. Dado que la esposa es un miembro de la familia, la violación marital es un delito punible.
Artículos 7 a 9
La Sra. Tavares da Silva señala que el informe menciona medidas destinadas a mejorar la baja participación de la mujer en la política, pero que no se describen dichas medidas. Lograr el aumento de la representación de la mujer en los órganos políticos en todos los niveles del gobierno es algo que está tomando un tiempo prolongado. Se requieren medidas especiales de carácter temporal. Dado que la mujer tiene un grado de representación aceptable en la diplomacia y la judicatura, ¿por qué no ocurre lo mismo en los órganos políticos como el Parlamento y los consejos locales?
La Sra. Belmihoub-Zerdani observa que, dado que Rumania ha ratificado la Convención y no tiene ya reservas al respecto, la Convención tiene carácter vinculante y debe ser aplicada. ¿Es reducido el número de mujeres en la política debido a una falta de decisión, o a la persistencia de los estereotipos de género? Los partidos que presentan listas que no contengan un 30 por ciento de mujeres candidatas no deben recibir subvenciones. Deben ser sancionados.
La Sra. Mota (Rumania) dice que hay numerosas mujeres calificadas en Rumania. Sin embargo, su participación política se ve obstaculizada por la difundida percepción de que el lugar de la mujer no está en la política, y por problemas de tipo financiero. El plan de acción nacional contiene un punto cuyo propósito es promover la participación de la mujer en la política. La ley señala que las autoridades centrales y locales deben prestar apoyo a la mujer que intenta incursionar en la vida pública y ocupar puestos con capacidad decisoria, pero no hay sanciones para las violaciones de dicha ley.
La Sra. Schöpp-Schilling expresa descontento con esa respuesta. La actitud hacia el aumento de la participación de la mujer es demasiado pasiva.
La Sra. Saiga pregunta cuál es la opinión de los políticos y de los partidos políticos con respecto a la cuestión de la participación política de la mujer. ¿Qué dicen sus plataformas sobre el tema?
La Sra. Mot a (Rumania) dice que las organizaciones de mujeres que funcionan en el marco de los partidos políticos desempeñan una importante función. Deben luchar más arduamente dentro de los partidos para aumentar la participación de la mujer.
Artículo 10
La Sra. Ŝimonović expresa sorpresa por la falta de información en el informe sobre las diferencias entre los géneros en el sector de la educación. Es importante recopilar datos, especialmente sobre los romaníes y otras minorías étnicas. La tasa de analfabetismo entre las mujeres mayores de 50 años es elevada. Hay disparidad en la tasa de analfabetismo entre las mujeres rurales y urbanas. Las tasas de deserción escolar entre las niñas son elevadas. Las niñas romaníes se encuentran en una situación particularmente difícil, expuestas simultáneamente a racismo y sexismo. ¿Existe cooperación entre las organizaciones gubernamentales pertinentes en relación con esas cuestiones?
La Sra. Belmihoub-Zerdani pregunta cuáles son los objetivos principales del Decenio para la integración de los romaníes 2005-2015 en las esferas de la educación y la salud, y si el programa tiene algún aspecto basado en las cuestiones de género. Se pregunta qué medidas aplica el gobierno para equilibrar la cuestión de la identidad lingüística y cultural de los romaníes y evitar la segregación y ayudarlos a integrarse en la sociedad. Pide la presentación de estadísticas sobre el analfabetismo entre las mujeres mayores de 50 años.
Artículo 11
La Sra. Arocha Domínguez pregunta qué medidas se están adoptando para fomentar la participación de la mujer en el mercado laboral y mejorar los ingresos en las ocupaciones tradicionalmente desempeñadas por mujeres. La información que se proporciona no es suficiente para evaluar la aplicación de las disposiciones del artículo 11. Desea recibir más información sobre el número de mujeres romaníes, y de mujeres urbanas y rurales, en el mercado laboral. Pide datos desglosados por sexo y región sobre la concesión de préstamos agrícolas. ¿Qué posibilidades existen de que las mujeres en general, y las romaníes en particular, reciban ese tipo de préstamos?
Artículo 12
La Sra. Ŝimonović dice que desea recibir más información sobre la educación en materia de salud reproductiva que se imparte en las escuelas. Las tasas de mortalidad materna han disminuido, pero siguen siendo elevadas. ¿Qué está haciendo el gobierno en esa esfera? Los ciudadanos romaníes son segregados en las salas hospitalarias. Desea recibir más información sobre el modo en que el gobierno aborda la cuestión y cómo y quién se ocupa de la tramitación de las quejas sobre ese aspecto.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.