34º período de sesiones

Acta resumida de la 716ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 30 de enero de 2006, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Manalo

más tarde:Sra. Pimentel (Vicepresidenta)

más tarde:Sra. Manalo

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Australia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continu a ción)

Informes periódicos cuarto y quinto combinados de Australia (continuación) (CEDAW/C/AUL/4-5, CEDAW/C/AUL/Q/4-5 y CEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1

1.Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Australia toman asiento a la mesa del Comité.

Artículos 7, 8 y 9 (continuación)

2.La Sra. Popescu, observando que el Gobierno no tiene intención de adoptar medidas temporales especiales para mejorar la participación y la situación política de las mujeres, pregunta por qué. En su país, la población suelen oponerse a la utilización de cuotas porque se asocia al antiguo régimen socialista. Tal vez exista una resistencia similar por parte de la opinión pública de Australia a la fijación de cuotas y objetivos.

3.La delegación ha mencionado una estrategia nacional acordada en 2005 por las ministras con el objetivo de promover la participación de las mujeres en los órganos directivos. Pregunta si las ministras en cuestión son miembros del Gabinete o si forman parte de algún grupo de trabajo de mujeres que funciona como órgano decisorio de carácter semiinstitucional. También desearía saber quién es el principal responsable de la redacción, la supervisión y la evaluación de la estrategia nacional, cuál es su alcance, qué periodo abarca, si está destinada a grupos específicos de mujeres, si incluye prioridades e indicadores y si se aplica al sector privado.

4.La delegación ha señalado también que se han modificado los mecanismos institucionales para incrementar la representación en las mujeres indígenas. Aparentemente, se han suprimido los consejos regionales de la Comisión de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y se han sustituido por un consejo de mujeres indígenas. Según fuentes de información no oficiales, ese cambio redundará en perjuicio de la representación de las mujeres indígenas, lo que es motivo de preocupación.

5.La Sra. Shin, tras agradecer las explicaciones relativas a la concesión de visados temporales de protección y visados permanentes, pregunta si el Gobierno podrían reconsiderar su posición sobre la expedición de visados a las víctimas de delitos, persecución o violencia de género, para que esas personas puedan recibir los servicios sociales o cualquier otro tipo de asistencia que puedan necesitar. Asimismo, insta al Gobierno a que reconsidere su posición acerca de la asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos. Si éstas han sido identificadas claramente como víctimas de esa trata, desde un punto de vista humanitario se les debe conceder protección, tanto si están dispuestas a colaborar con la policía como si no.

6.La Sra. Flanagan (Australia) dice que se han tomado varias medidas temporales de protección para promover un mayor liderazgo y una mayor participación de las mujeres indígenas en la vida pública. Sin embargo, es importante entender que, en el contexto de Australia, la expresión “medidas especiales temporales” se refiere a programas o iniciativas a corto plazo destinadas a resolver cuestiones específicas. Por ejemplo, el Gobierno ha puesto en marcha un curso de liderazgo indígena cuyo objetivo específico es lograr que mujeres indígenas ocupen puestos directivos. También está en marcha un programa de formación que pretende atraer a personas indígenas y formarlas para que puedan trabajar en la administración pública.

7.Por lo que respecta a la sustitución de los consejos regionales de pueblos indígenas, supone que la oradora se refiere al Consejo Nacional Indígena, que es un órgano consultivo del Gobierno de ámbito nacional. También existen órganos consultivos similares a nivel estatal. Por lo tanto, son varios los mecanismos que permiten a las mujeres indígenas hacer oír su voz. Respondiendo a la pregunta relativa a las ministras, explica que se trata de los ministros encargados de las cuestiones de la mujer a todos los niveles de gobierno de Australia. Todos los gobiernos estatales cuentan con ministerios de asuntos de la mujer, en ocasiones ocupados por hombres.

8.En cuanto a la estrategia nacional para promover la participación de la mujer en los órganos directivos, se refiere tanto al sector privado como al público. Aunque no corresponde al Gobierno intervenir en los asuntos del sector privado, los ministros encargados de los asuntos de la mujer están tratando de que aumente la representación femenina en los órganos directivos del sector privado, por ejemplo, por medio de programas de formación y tutoría destinados a mejorar los conocimientos especializados de las mujeres en dirección y gestión. Por lo que respecta a la supervisión y evaluación de la estrategia, ésta se encuentra todavía en las primeras etapas de aplicación porque hace pocos meses que se aprobó, y el Gobierno todavía no ha decidido cómo evaluar sus resultados.

9.El Sr. Giuca (Australia) dice que los visados temporales de protección sólo están destinados a las personas que llegan a Australia sin autorización, y son un medio de desalentar a los solicitantes de asilo que se han trasladado desde su país de origen a otro país, pero que, por alguna razón, han decidido después trasladarse a Australia. Esa es la razón por la que el Gobierno se resista a suprimir el régimen de visados temporales de protección. Las personas que están sujetas a ese régimen son un porcentaje muy pequeño de la población a la que Australia concede visados de protección; cualquier persona que reúna los requisitos para obtener la condición de refugiado puede optar a un permiso de residencia permanente, con todos los derechos que ello entraña.10.Por lo que se refiere a la expedición de visados a las víctimas de la violencia doméstica o de otros delitos relacionados con el género, aunque Australia no considera que la discriminación por motivos de género justifique automáticamente la concesión de la condición de refugiado, el Gobierno reconoce que, en algunas circunstancias, las mujeres necesitan protección por motivos de género, por lo que las solicitudes de visados de protección presentadas por mujeres se examinan caso por caso. Las mujeres a las que se considera en peligro de convertirse en víctimas de hostigamiento u otros abusos más graves por el mero hecho de ser mujeres pueden obtener visados especiales para “mujeres en situaciones de riesgo”. Esos visados representan el 10% de los visados que se conceden a refugiados en el marco del Programa Humanitario de Australia.

11.Australia ha adoptado un enfoque que considera equilibrado en relación con las víctimas de la trata de seres humanos, tratando de protegerlas al tiempo que lucha por erradicar las causas del problema, persiguiendo a los que se benefician de ese delito. Sin embargo, las personas que optan por no ayudar a la policía a investigar los casos de trata y perseguir a los autores siguen pudiendo solicitar protección y recibirla en el marco del régimen de visados de protección.

12.La Presidenta, hablando en calidad de miembro del Comité, señala que Australia acogerá próximamente dos foros de la APEC (Cooperación Económica de Asia y el Pacífico) sobre la mujer. La APEC se ha convertido en un foro que también se ocupa de asuntos que quedan fuera del ámbito económico, principalmente cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Se pregunta en qué medida se ocupan de esas cuestiones los foros sobre la mujer.

13.La Sra. Burrell (Australia) dice que, cuando el año anterior asistió en Corea a los foros sobre la mujer, no presenció ningún debate sobre cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, y que los trabajos oficiales no se han centrado en modo alguno en esos asuntos.

14.La Sra. Shin, refiriéndose a su pregunta anterior, pregunta si las mujeres que son víctimas de la trata son conscientes de que tienen la posibilidad de solicitar un visado de protección.

15.El Sr. Giuca (Australia) dice que las personas que solicitan asilo en Australia tienen derecho a asesoramiento letrado. A cada solicitante se le asigna a un asesor, y está seguro de que éstos evalúan todas las opciones disponibles.

16.La Sra. Flanagan (Australia) confirma que las mujeres víctimas de la trata a las que se presta asistencia en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas reciben asesoramiento letrado acerca de las distintas opciones a su alcance.

Artículos 10 a 14

17.La Sra. Simms observa que, aunque, en promedio, las niñas tienen mejores resultados académicos que los niños, esa situación nos redunda en beneficio de la mujer en el mercado laboral. En los últimos tiempos parece estarse produciendo un retroceso a nivel mundial en relación con los logros académicos de las mujeres, acompañado de una nueva oleada de opresión destinada a mantener a las mujeres en su sitio. Desea saber si se ha producido esa reacción contra los logros académicos de las mujeres y niñas en Australia y, en tal caso, qué medidas se han adoptado para hacerle frente.

18.La Sra. Schöpp-Schilling dice que no está de acuerdo con la observación anterior de la delegación de que el Gobierno no tiene que intervenir en el sector privado; en el apartado e) del artículo 2 y el artículo 3 de la Convención se señala claramente que los países que la han ratificado tienen que tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y asegurar el adelanto de la mujer, también por lo que respecta a las actuaciones de organizaciones o empresas.

19.Por lo que se refiere a la licencia de maternidad con sueldo, sigue sin tener una idea clara del alcance de la cobertura. Pregunta si todas las funcionarias públicas, tanto del Commonwealth como a nivel estatal o territorial, están incluidas en el plan de licencias de maternidad con sueldo, y, en caso contrario, pregunta en qué Estados o Territorios no están incluidas en ese plan y si la cuestión figura en el programa de los mecanismos de consulta y coordinación. También desea saber la duración media de la licencia de maternidad con sueldo y el salario medio que perciben esas trabajadoras, qué porcentaje de trabajadoras del sector privado están cubiertas por planes laborales, y si se trata predominantemente de las empleadas de grandes empresas. Asimismo, solicita información sobre las categorías y porcentajes de trabajadoras que no están cubiertas por planes laborales que incluyan licencias de maternidad. Pregunta si se ha llevado a cabo un análisis de las consecuencias para la mujer de la Ley de relaciones laborales de 1996 en esa esfera, como solicitó el Comité en 1997.

20.Celebra que se haya presentado al Parlamento un informe de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades sobre la licencia de maternidad con sueldo, pero pregunta cuáles han sido las recomendaciones. Desea saber si el pago de la prestación por maternidad aprobado en 2004 es resultado de ese informe. No está claro que exista realmente un plan de ayudas a la maternidad, una prestación familiar o, ni siquiera, una prima para incentivar la natalidad, ni si éstos complementan los planes laborales del sector público y el sector privado. También pregunta qué porcentaje de la prestación se abona como compensación de la pérdida de ingresos, y qué porcentaje está destinado a cubrir los gastos del parto. Por último, tiene interés por saber si el Gobierno considera que la introducción en 2004 de la prestación por maternidad es compatible con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 11, y, en tal caso, por qué no estudia la posibilidad de retirar las reservas manifestadas respecto.

21.La Sra. Khan, observando que existe una tendencia a la informalización de muchos puestos de trabajo en sectores en los que predominan las mujeres, y a unos horarios laborales cada vez menos razonables, manifiesta su preocupación por el hecho de que el Gobierno haya abandonado recientemente el sistema centralizado de negociación colectiva en favor de la negociación individual en el lugar de trabajo, con lo que la responsabilidad de proteger los derechos laborales queda en manos de las empresas; como el Comité señaló en 1997, esos cambios perjudicarán a las mujeres de los niveles inferiores de la escala laboral, o a las trabajadoras temporales. Desea saber si se ha puesto en marcha alguna iniciativa para llevar a cabo una evaluación general de ese aspecto.

22.Su segunda pregunta se refiere a la pensión que perciben los trabajadores jubilados a partir de cierta edad. Esta disposición es sumamente discriminatoria, dado que las mujeres indígenas y las trabajadoras migratorias asiáticas suelen tener una esperanza de vida muy inferior a las de las australianas no indígenas, y menos posibilidades de desarrollar una vida laboral sin interrupciones, que es uno de los requisitos del plan de pensiones. Insta a que se revise ese plan para que se aplique por igual a todas las mujeres, sin requisitos poco realistas.

23.Su tercera pregunta guarda relación con la participación de las mujeres asiáticas y las mujeres rurales en el mercado laboral del sector privado en comparación con la de las mujeres no indígenas. También desea saber qué programas de educación y enseñanza del idioma están a disposición de las mujeres asiáticas y rurales, y si está en marcha una política para acelerar la adquisición por esas mujeres de conocimientos especializados que permitan su incorporación al mercado laboral. Asimismo, solicita estadísticas sobre el incremento registrado desde 1997 en la participación de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres en el empleo remunerado o en las actividades comerciales o empresariales.

24.Pregunta cómo se ocupan la Ley de 1991 sobre la discriminación, y la Ley de 1984 sobre la discriminación sexual de la discriminación que afecta a los grupos minoritarios, a los grupos asiáticos o a la población indígena, y si se ha presentado alguna denuncia al amparo de esas Leyes. Refiriéndose a la cuestión de la discriminación salarial, pregunta si los seis Estados tienen la misma estructura salarial para los hombres y para las mujeres y el mismo salario mínimo, y si se aplica el principio de misma remuneración por trabajo de igual valor.

25.Pregunta si el seguro médico es universal en todas las jurisdicciones, y si corre a cargo del empleador, si los gobiernos estatales son responsables de proporcionar un seguro médico y atención especiales a las mujeres discapacitadas y a las madres solteras, y si todas las mujeres indígenas y de otras minorías tienen derecho a la tarjeta sanitaria para grupos de bajos ingresos. Aparentemente, las tasas de mortalidad y morbilidad y los problemas de salud entre las mujeres indígenas son elevados porque siguen sin tener el mismo acceso que el resto de la población a los servicios de salud.

26.En cuanto al aborto, pregunta si la legislación reformada recientemente se aplica en todos los Estados y Territorios y si la elevada tasa de abortos de Australia se debe a la falta de acceso a servicios de planificación familiar o al desconocimiento de los métodos anticonceptivos. Pregunta por qué se requiere la aprobación de un ministro para adquirir la píldora RU-486.

27.Observando que en el informe se indica una elevada a tasa de suicidios entre las jóvenes de 12 a 24 años de las zonas rurales como consecuencia del desempleo y de la presión familiar, pregunta cómo pueden niñas de 12 años sufrir de estrés por cuestiones laborales y a qué tipo de servicios de educación y salud mental tienen acceso las jóvenes en las zonas rurales.

28.Por último, pregunta si las madres solteras de las zonas rurales y las que están recluidas en algún tipo de centro de detención en espera de obtener un visado, pueden recibir subvenciones para la manutención de sus hijos.

29.La Sra. Flanagan (Australia), respondiendo a la Sra. Simms, dice que Australia, al igual que muchos otros países del mundo, ha observado que las niñas obtienen muy buenos resultados académicos pero que su carrera se frena al incorporarse al mercado laboral. Su oficina está estudiando esta cuestión. En Australia no se ha experimentado el retroceso al que se aludía anteriormente. Por otra parte, habida cuenta de que los cargos directivos suelen estar ocupados por hombres, el Gobierno es consciente de que tiene que conseguir su apoyo para alcanzar sus objetivos a favor de la mujer.

30.Refiriéndose a la observación de la Sra. Schöpp-Schilling, aclara que para que el Gobierno pueda influir en la conducta del sector privado, tiene que colaborar con él y convencerlo de utilizar los mecanismos más idóneos. Si el Gobierno se limita a imponer medidas, tropezará con la resistencia del sector privado.

31.Entiende que todas las funcionarias públicas del Commonwealth y los gobiernos estatales reciben prestaciones por maternidad aunque esas prestaciones varían levemente de un lugar a otro ya que Australia es una federación. La licencia de maternidad con sueldo oscila entre 6 y 12 semanas, y se tiene derecho a ella tras haber trabajado de seis a 12 meses. La prestación suele equivaler al salario completo de la madre. En el sector privado, la cobertura es muy inferior. En la legislación sobre relaciones laborales se estipula que tras 12 meses de trabajo las mujeres tienen derecho a 52 semanas de licencia sin sueldo, pero las demás prestaciones dependen de cada empresa. Respondiendo a la pregunta acerca de si se ha realizado un análisis de género de los cambios introducidos en 1996, explica que el Parlamento tiene actualmente ante sí un proyecto de ley sobre relaciones laborales en el que se prevé examinar la repercusión de esos cambios en las condiciones laborales de las mujeres.

32.La introducción en 2004 de la prestación por maternidad no fue consecuencia directa del informe de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Aunque quizás pueda considerarse un incentivo de la natalidad, no era ése su objetivo. Todo parece demostrar que la mejor manera de garantizar el aumento de la tasa de natalidad de un país es que la situación económica sea estable y productiva y que la población tenga relaciones estables y fructíferas. Esa prestación, que se añade a otras, se considera una forma general de ayudar a las familias en el importante momento del nacimiento de sus hijos. Por lo que respecta a su compatibilidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 11, dice que Australia tiene un sistema tan poco habitual de asistencia social y prestaciones familiares que resulta bastante difícil determinar cuál sería una “prestación social comparable”. Sin embargo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de suprimir esta reserva concreta.

33.En cuanto a la cuestión de si el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral puede deberse a la informalización o al aumento del horario laboral, dice que parecería que las mujeres optan por trabajos a tiempo parcial para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. Del examen de las estadísticas sobre informalización se desprende que las mujeres y los hombres se ven afectados por igual, y las encuestas parecen indicar que muchas mujeres prefieren los trabajos informales porque, una vez más, les permiten compaginar mejor las exigencias de la vida laboral y la vida familiar.

34.Refiriéndose al paso de un sistema centralizado de negociación colectiva a un sistema individualizado, su oficina se encargará de supervisar las repercusiones que ello pueda tener en las relaciones laborales. Aunque es cierto que muchas mujeres ocupan puestos de trabajo en los que los salarios son bajos, el principio de igualdad de remuneración por un trabajo igual valor se consagra en la legislación y, por consiguiente, es de aplicación general.

35.Por lo que atañe a las pensiones y las mujeres indígenas, cuya esperanza de vida media puede ser inferior, explica que Australia cuenta con un sistema de pensiones de jubilación bastante singular en el que el Estado paga a todos la misma pensión, que se complementa con la pensión obtenida a través del sistema de contribuciones individuales. Los estudios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y otros órganos internacionales señalan que Australia cuenta con un sistema de pensiones de jubilación bastante progresista, con efectos redistributivos a favor de las capas de ingresos más bajos.

36.Por lo que respecta a la asistencia que se presta a las mujeres indígenas y de las zonas rurales que buscan empleo, el país dispone de una red de oficinas de empleo que hace frente a los obstáculos con los que pueden tropezar las personas que buscan trabajo. En el marco de esa red, los asesores encargados de cada caso proponen una serie de intervenciones para facilitar la incorporación de los interesados al mercado laboral.

37.El plan de seguro médico es universal y otorga a todos los australianos acceso a los hospitales públicos de todo el país. Las personas de bajos ingresos tienen derecho a una tarjeta sanitaria especial que les permite obtener medicamentos subvencionados y acogerse a un régimen en el que los pacientes no tienen que abonar nada al médico, cuyos honorarios son pagados directamente por el Estado.

38.Respondiendo a la sugerencia de que la elevada tasa de abortos de Australia puede deberse a la falta de acceso a métodos de planificación familiar, explica que tanto el Gobierno nacional como los gobiernos estatales financian una serie de servicios en cuyo marco se ofrece asesoramiento y distintas opciones al público en general. Aparentemente, en las zonas rurales es más fácil acceder a métodos de planificación familiar que recurrir al aborto. La cuestión de permitir o no la píldora abortiva RU-486 está siendo examinada por el Parlamento. Si se aprueba, probablemente se añadirá a la lista de medicamentos financiados parcialmente por el Estado.

39.No dispone de estadísticas sobre las tasas de suicidios entre las jóvenes de las zonas rurales; sin embargo, cree que esas tasas se han reducido. Es evidente que es necesario examinar los problemas subyacentes que conducen al suicidio juvenil.

40.Por último, aclara que todas las mujeres de Australia, incluidas las de las zonas rurales, tienen derecho a ayudas para atender sus hijos, aunque, de hecho, puede resultar más difícil ofrecer servicios de guardería en las zonas rurales y remotas.

41.La Sra. Pimentel ocupa la Presidencia.

42.El Sr. Giuca (Australia) dice que las madres solteras recluidas en centros de detención para inmigrantes tienen derecho, cuando son puestas en libertad, a recibir subvenciones para el pago del alquiler, desgravaciones fiscales familiares y prestaciones para el cuidado de sus hijos, tanto si su visado es temporal como si es permanente. También tienen derecho a la misma asistencia médica que reciben los australianos.

43.La Sra. Morvai manifiesta su preocupación por el hecho de que la delegación parece considerar que el aborto es una forma de planificación familiar cuando no lo es. Pregunta si el Estado parte reconoce la necesidad de ayudar a las mujeres a tomar una decisión informada y proporcionarles asistencia psicológica después del aborto. También solicita información sobre el número de centros que atienden situaciones de crisis relacionados con el embarazo, la tasa de embarazos de adolescentes, cuántas adolescentes deciden tener a sus hijos y si se les proporcionan servicios de apoyo, y si las adolescentes embarazadas siguen asistiendo a la escuela. Advierte que la píldora abortiva RU-486 no debe considerarse una forma de aborto “segura” y pregunta si el Estado parte reconoce el derecho de las mujeres a que se les facilite información sobre la utilización de esa píldora a fin de que puedan tomar una decisión informada.

44.La Sra. Flanagan (Australia) dice que su Gobierno se ha comprometido a ayudar a las mujeres a tomar una decisión informada acerca del número de hijos que desean tener y de cuándo desean tenerlos, y a proporcionarles una atención de la salud reproductiva segura y accesible en el contexto de una estrategia de salud reproductiva y sexual responsable. Para ofrecer a las mujeres el mayor número de opciones posible, el sistema sanitario público financia métodos anticonceptivos de emergencia que se pueden obtener sin receta médica. Los servicios ginecológicos incluyen el aborto. Habida cuenta de que la legislación sobre el aborto depende de la jurisdicción de los Estados y Territorios, el plazo en el que es legal la interrupción del embarazo varía.

45.La Sra. Dairiam dice que se le ha indicado que, a pesar de que ha aumentado el número personas que no tienen que abonar nada para recibir asistencia médica, la atención de la salud sigue siendo problemática en las zonas rurales; pregunta si el Estado parte está satisfecho con la situación actual. Aparentemente, también hay problemas de transporte que impiden a las mujeres discapacitadas recibir atención médica, y que no siempre tienen acceso al equipo necesario para detectar el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. Pregunta si las mujeres a las que se retiene en centros de detención para inmigrantes tienen acceso a servicios de salud reproductiva y si reciben un trato adaptado a su cultura.

46.El Comité ya manifestó su preocupación por la situación sanitaria de las mujeres aborígenes. Pregunta qué mejoras específicas se han realizado y cuál ha sido el resultado de las clínicas de maternidad adaptadas culturalmente y de otras medidas que se mencionan en el presente informe.

47.Desea saber si el Estado parte investiga todas las muertes maternas de mujeres aborígenes e indígenas y si ha establecido un plan con plazo fijo para reducir la mortalidad materna. Por último, pregunta cómo supervisa y reúne el Gobierno los datos sobre las necesidades sanitarias de toda su población, incluidos grupos específicos de mujeres, y cómo se ocupa el sistema sanitario de Australia de los distintos factores de riesgo en función del sexo y de otras características específicas, como se pedía en la recomendación general 25 del Comité.

48.La Sra. Šimonović pregunta si la Ley sobre la discriminación sexual abarca el acceso a los servicios sanitarios y si el Gobierno considera necesario unificar la legislación de los Estados sobre reproducción asistida a fin de evitar la discriminación.49.La Sra. Manalo vuelve a ocupar la Pres i dencia.

50.La Sra. Flanagan (Australia) dice que el Gobierno incentiva a los médicos para que aumenten la proporción de pacientes de bajos ingresos a los que atienden, y que esos incentivos se aplican en todo el país; no dispone de datos que indiquen si el sistema se está aplicando de manera uniforme. Examinará con el departamento de salud de su país la cuestión de los problemas de acceso a determinados servicios de atención sanitaria para las mujeres con discapacidades.

51.Por lo que respecta a la evaluación de los progresos en la prestación de servicios de atención de la salud a las mujeres indígenas, observa que el principal instrumento de Australia es un estudio a largo plazo de los resultados de los servicios sanitarios destinados a las mujeres. Los informes publicados en el marco de ese estudio se pueden poner a disposición del Comité si éste así lo desea. Asimismo, la Oficina de Estadística también está llevando a cabo un estudio sobre la población indígena en general, que también se puede facilitar al Comité. Todos los programas del Gobierno tienen un elemento de evaluación, lo que también se aplica a las clínicas de maternidad adaptadas culturalmente. Toma nota de que el Comité desea que el Gobierno formule un plan específico para reducir la mortalidad materna en las comunidades indígenas.

52.El Sr. Minogue (Australia) dice que la Ley sobre la discriminación sexual y la Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad se han redactado de manera que se garantice que ambas Leyes puedan aplicarse a todos los casos y se evite un debate de procedimiento sobre si las denuncias se justifican al amparo de una de ellas. La Ley sobre la discriminación sexual abarca aspectos relacionadas con la salud con objeto de prevenir la discriminación en la prestación de servicios sanitarios. Las disposiciones de la Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad permiten presentar denuncias por discriminación que también podrían presentarse al Comisionado encargado de los casos de discriminación sexual. Por último, de la Ley sobre discriminación por motivos de discapacidad requiere que los encargados del transporte público garanticen que las personas con discapacidades puedan acceder a los vehículos.

53.El Sr. Giuca (Australia) dice que las normas que aplica actualmente Australia en materia de internamiento de inmigrantes están en conformidad con las obligaciones contraídas por el país en el marco de tratados internacionales, e incluyen el suministro de servicios de interpretación, un mecanismo para la presentación de denuncias, y el acceso a programas de preparación para la vida en cuestiones como la salud personal, los embarazos y la maternidad. En esas normas se define a las mujeres y a las embarazadas como grupos con necesidades especiales.

Artículos 10 a 14; preguntas complementarias

54.La Sra. Tan dice que hace más de seis años que se estableció el Consejo asesor regional para la mujer y se organizó la mesa redonda regional y de mujeres rurales. Por lo tanto, agradecería que se informara de la influencia que ha tenido ese Consejo en las mujeres y las niñas de las zonas rurales, y del tipo de recomendaciones que se formularon en la mesa redonda y de la medida en que el Gobierno las ha aplicado.

55.La Sra. Flanagan (Australia) dice que el Consejo asesor regional para la mujer ha presentado un informe al Viceprimer Ministro; desconoce las recomendaciones formuladas por la mesa redonda. Sin embargo, su oficina, el Consejo asesor regional para la mujer y el Consejo Indígena Nacional colaboran atendiendo a las mujeres de las distintas regiones, cuyas opiniones transmiten al Gobierno.

56.Recientemente, el Consejo asesor regional para la mujer ha puesto en marcha un estudio sobre los puestos directivos en las zonas rurales y se están tomando medidas para incrementar el número de mujeres que ocupan ese tipo de puestos. También ha encargado estudios sobre las repercusiones de la sequía en las comunidades rurales y sobre el acceso al agua. La Oficina para la Mujer dispone de una secretaría que se ocupa de las cuestiones relacionadas con las mujeres de las zonas rurales, que ha celebrado varios foros rurales. Entre las cuestiones que se han examinado en esos foros figuran el acceso a servicios de asesoramiento en materia de salud, la reforma del régimen de utilización del agua, las telecomunicaciones, la escasez de conocimientos especializados, la gestión del cambio y la mejora de la capacidad de recuperación comunitaria.

Artículos 15 y 16

57.La Sra. Morvai dice que cabe celebrar la introducción de reformas para garantizar los derechos de los padres con respecto, por ejemplo, la custodia compartida de los hijos después del divorcio, pero se pregunta por qué las leyes no dicen nada acerca de la igualdad de responsabilidades de los hombres a lo largo del matrimonio. También se pregunta por qué no trabajan más hombres a tiempo parcial. Quizás convendría desarrollar actividades encaminadas a sensibilizar a los hombres acerca de sus obligaciones con respecto a la familia.

58.La Sra. Khan se felicita de que en el informe (párr. 559) se indique que ha dejado de haber esferas de discriminación entre los hombres las mujeres por lo que respecta al párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, pero pide que se aclaren los “casos excepcionales” que se mencionan en el párrafo siguiente, en virtud de las cuales una persona de 16 a 18 años de edad puede contraer matrimonio con una de más de 18, y pregunta si esa disposición se aplica por igual a los muchachos a las muchachas. En el informe se señala también que el Gobierno respeta las decisiones de los australianos respecto de la constitución de sus familias (párr. 561). Pregunta si ello incluye la poligamia o los matrimonios contraídos conforme a la ley islámica, y si esos arreglos pueden afectar a los derechos en relación con la herencia y el divorcio, o si existe un código civil uniforme de aplicación general.

59.Manifiesta su preocupación por los informes de discriminación contra mujeres árabes y musulmanas, que se pueden atribuir a estereotipos y prejuicios raciales y religiosos. La delegación ha dicho que esos incidentes se deben, en gran medida, a una reacción política a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, pero considera que son un indicio de una actitud generalizada hacia determinados grupos minoritarios y hacia las mujeres pertenecientes a esas minorías. No obstante, celebra el Plan Nacional de Acción del Gobierno a ese respecto, aunque subraya que la legislación por sí sola no basta; es preciso hacer frente a factores políticos y sociales. Propone que se utilice como modelo la experiencia de Estados como Turquía, Indonesia, Marruecos y Bangladesh en la conciliación de la legislación islámica con la legislación civil laica.

60.La Sra. Flanagan (Australia), respondiendo a la pregunta de por qué no trabajan más hombres a tiempo parcial o se ocupan de la familia, dice que la intención de su Gobierno es garantizar que las mujeres puedan elegir libremente entre trabajar y no trabajar; actualmente muchas mujeres optan por no trabajar para dedicarse a la familia. Si deciden trabajar a tiempo completo también pueden hacerlo. Por lo que respecta al Plan Nacional de Acción, dice que todavía se trata de un proyecto; es indudable que se podría estudiar la experiencia de otros países en lo referente a la conciliación de los preceptos islámicos con la legislación laica con el fin de reforzar la protección de los derechos de la mujer.

61.El Sr. Minogue (Australia) dice que el hincapié en la responsabilidad compartida del padre y la madre con respecto a la custodia de los hijos tiene por objeto proteger los intereses de éstos. Se alienta a los padres a llegar a un acuerdo sin recurrir a los tribunales con el objetivo de garantizar que los hijos mantienen una relación positiva con ambos progenitores. Por lo que respecta a la capacidad de los australianos de definir sus propias familias, subraya que en la Ley del matrimonio se define como matrimonio la unión entre un hombre y una mujer, aunque se reconocen los derechos de las parejas de hecho, incluidas las parejas del mismo sexo, en muchos ámbitos. Aunque en la práctica existe una gran sensibilidad hacia las cuestiones culturales relacionadas con el matrimonio y el divorcio, los criterios que se establecen en la Ley del matrimonio se aplican en todas las situaciones. Se considera que en el divorcio no hay culpables y se concede cuando se ha producido una ruptura irrecuperable de la relación y tras 12 meses de separación. En la legislación australiana la poligamia constituye delito.

62.La Sra. Tan dice que se la ha informado de que el Estado parte no ha intentado realmente establecer un diálogo con las mujeres indígenas a fin de formular una estrategia para proteger a los niños en situaciones de riesgo. Además, ninguna organización indígena considera que los organismos de protección de la infancia respondan eficazmente a la necesidad de proteger a los niños. En 2000 el 20% de los niños a los que se apartó de sus familias pertenecían a la población indígena, aunque ésta sólo representa del 2,7% del total. No hay suficientes cuidadores indígenas para acoger a esos niños y no reciben suficiente de apoyo. Pregunta si el Estado parte tiene intención de hacer un verdadero esfuerzo para escuchar a las mujeres indígenas con el fin de mejorar el sistema de protección de la infancia.

63.La Sra. Belmihoub-Zerdani señala que, según el informe (párr. 540), el Gobierno ha mejorado la calidad y la accesibilidad de los servicios jurídicos a disposición de las mujeres indígenas, también en sus propias comunidades. Solicita aclaraciones sobre la Ley de la familia, de 1995, de la que desea saber si depende de la jurisdicción del Commonwealth, si se aplica a los derechos sucesorios, a los divorcios y a las herencias, y si el derecho consuetudinario indígena puede tener precedencia sobre el derecho civil. Manifiesta gran interés por la utilización de servicios de solución de diferencias como el asesoramiento psicológico y la mediación, en lugar de procedimientos judiciales (como se indica en el párrafo 529), y pide más información sobre esas iniciativas, por ejemplo, sobre la organización de esos servicios y sobre si las decisiones que se adoptan en su marco tienen fuerza legal.

64.La Presidenta, hablando a título personal, observa que la delegación, en sus respuestas orales, se ha referido a la discriminación ilegal por razón de sexo y pregunta si existe una discriminación legal por esos motivos.

65.La Sra. Flanagan (Australia) dice que los servicios de protección de la infancia dependen de la jurisdicción estatal y que, por consiguiente, las prácticas varían. Su delegación es consciente del porcentaje más elevado de niños indígenas que son apartados de sus familias, pero entiende que se aplican los mismos criterios en todos los casos. Toma nota de la preocupación manifestada por el Comité con respecto a la necesidad de prestar una atención adaptada culturalmente a los niños indígenas y de establecer una debate con las mujeres indígenas; esas preocupaciones se transmitirán a las autoridades estatales competentes.

66.El Sr. Minogue (Australia) recuerda que en virtud de la legislación internacional de derechos humanos, el trato diferenciado no es necesariamente discriminatorio. Ha utilizado la expresión discriminación “ilegal” porque es la que figura en la Ley sobre la discriminación sexual de 1994, pero ello no significa que se tolere ninguna forma de discriminación “legal”. Por lo que respecta al proyecto de nueva ley de la familia y al régimen de custodia compartida, hace poco que su Gobierno ha tomado la decisión de aplicarla, y el establecimiento de centros de relaciones familiares, que serán la base del sistema, todavía se encuentra en fase de planificación. Se facilitará más información al Comité a medida que se disponga de ella.

67.Refiriéndose a la cuestión de la legislación del Commonwealth, recuerda la declaración inicial de su delegación sobre el carácter federal del sistema de gobierno de Australia. En la práctica, cuando se trata de una cuestión que afecta las relaciones internacionales, como la firma del tratado, es el Gobierno del Commonwealth el que tiene competencia para actuar. La Ley de la familia es competencia del Commonwealth y, por consiguiente, se aplica en todos los Estados y Territorios, aunque estos últimos tienen jurisdicción en asuntos como los derechos sucesorios, el reparto de bienes y las cuestiones de testamentaria, que pueden afectar al matrimonio y al divorcio. Sin embargo, toda la legislación relativa a éstos debe ser no discriminatoria.

68.Por lo que respecta al derecho consuetudinario, dice que, aunque puede aplicarse en algunos casos, no tiene precedencia sobre la legislación; el enfoque que se aplica consiste en tener en cuenta la diversidad cultural, aunque observando unas normas básicas que son aplicables a todos. Cita el caso de un hombre indígena que alegó que, con arreglo a derecho consuetudinario, tenía derecho a mantener relaciones sexuales no consentidas con una mujer que le había sido prometida en matrimonio; su reclamación se rechazó al amparo del derecho penal.

69.La Presidenta da las gracias a la delegación por un intercambio de opiniones positivo y esclarecedor sobre muchas cuestiones importantes relacionadas con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Las observaciones y las recomendaciones finales del Comité se transmitirán al Estado parte en un futuro próximo.

70.La Sra. Flanagan (Australia) celebra esta oportunidad de mantener un diálogo fructífero e interesante con los miembros del Comité. Su delegación espera con interés el examen por el Comité de su próximo informe periódico en 2008.

Se levanta la sesión a las 17.10 horas.