19° período de sesiones
Acta resumida de la 390ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 29 de junio de 1998, a las 15.00 horas
Presidente:Sr. Khan
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Sudáfrica (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Sudáfrica (continuación) (CEDAW/C/ZAF/1)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Fraser-Moleketi (Sudáfrica) toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Fraser-Moleketi (Sudáfrica), respondiendo a las preguntas formuladas por los miembros del Comité, dice que el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer se estableció en un período de profundas reformas institucionales y transformación social con el objeto de cambiar la mentalidad nacional y crear un entorno propicio para desmarginar a las mujeres. Ese mecanismo está diseñado para evitar la duplicación. Por ejemplo, la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión sobre la Igualdad de Género y las estructuras departamentales sobre género cumplen funciones complementarias en lo que respecta a la incorporación de una perspectiva de género y en otras esferas, además de sus funciones centrales relativas a los derechos de la mujer.
Entre 1994 y 1996 se establecieron dependencias provinciales de la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en siete de las nueve provincias de Sudáfrica. El movimiento de mujeres y la Comisión sobre la Igualdad de Género están adoptando medidas para asegurar que también se establezcan oficinas en las dos provincias restantes.
Una de las funciones centrales de los centros de coordinación sobre cuestiones de género es asegurar que los diversos departamentos gubernamentales faciliten y utilicen datos desglosados por género en su labor. En esa tarea, dependen de los conocimientos especializados del personal de los servicios centrales de estadística. Además, las dependencias de estadística de los ministerios del gobierno nacional se ocupan de reunir datos que tienen en cuenta las diferencias entre los géneros. Una de sus principales tareas consiste en elaborar indicadores para medir los progresos en la aplicación del Programa Nacional sobre Género y sus repercusiones, concretamente sobre los instrumentos nacionales e internacionales fundamentales, y en particular las cuestiones de política nacional de la equidad y el desarrollo sectorial. La Comisión sobre la Igualdad de Género está realizando un estudio de referencia sobre género en colaboración con la organización no gubernamental Community Agency for Social Enquiry (CASE), con el objetivo de mejorar la elaboración de programas y determinar indicadores para la vigilancia y la evaluación.
En lo que respecta a la preocupación del Comité ante la aparente falta de coordinación a nivel nacional, la oradora señala que, una vez que entre en pleno funcionamiento, el mecanismo nacional se encargará de vigilar la aplicación de la Convención en el plano sectorial. Mientras tanto, el Departamento de Bienestar Social se ha encargado de la preparación del informe inicial de Sudáfrica.
En 1997 se convino, tras prolongadas consultas, que la Oficina Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se encargaría, entre otras cosas, de establecer políticas, normas y parámetros y que las oficinas provinciales serían responsables de la aplicación. Se espera que en una auditoría sobre género que se realizará próximamente se elaboren directrices para la coordinación entre los ministerios nacionales y la Oficina Nacional de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se espera también que en ese ejercicio se logre un entendimiento común del papel de coordinación de la Oficina Nacional.
Una auditoría sobre el desempeño profesional realizada por la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tuvo como resultado la elaboración de una estrategia de fomento de la capacidad que incluía la supervisión del trabajo cotidiano del personal por un especialista en cuestiones de género. Como parte del proceso de integración de una perspectiva de género, los centros de coordinación sobre género de los departamentos gubernamentales recibirán capacitación para realizar y administrar las auditorías. Se están ejecutando programas y proyectos de la Comisión sobre la Igualdad de Género en las esferas de políticas de género y marco institucional, educación pública e información, derecho y justicia, seguridad y protección, y potenciación económica y política. Las actividades específicas de la Comisión incluyen simposios sobre género y medios de información, una auditoría sobre la legislación discriminatoria, la investigación de denuncias, investigaciones y publicaciones sobre género y desarrollo, reuniones consultivas con organizaciones no gubernamentales sobre las trabajadoras agrícolas, y la publicación de un boletín del Comité en colaboración con el Instituto Nacional de Interés Público, Derecho e Investigación.
La estructura de la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer no permite la participación directa de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, como parte de su programa de fomento de la capacidad, la oficina consulta con un grupo integrado por representantes tanto gubernamentales como no gubernamentales, mientras que a nivel departamental coopera con organizaciones no gubernamentales por conducto de los centros de coordinación sobre género. Por su parte, la Comisión sobre la Igualdad de Género, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, estableció, entre otras cosas, una red electrónica para la prevención de la violencia contra la mujer y continuó su labor en materia de educación y promoción para hacer frente a las denuncias de brujería.
En reconocimiento de la necesidad de contar con un personal altamente competente para aplicar los programas de integración de una perspectiva de género de la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de la Comisión sobre la Igualdad de Género, tanto la Oficina como la Comisión elaboraron estrategias de creación de capacidad, en particular establecieron un equipo técnico integrado por especialistas en cuestiones de género para que se encargara de la elaboración de programas y la supervisión in situ del personal de las dependencias provinciales.
La Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una dependencia de la Presidencia y está integrada por un Jefe Ejecutivo y un secretario; en julio se contratarán a dos profesionales más. El complemento completo incluirá a dos especialistas en cuestiones de género, un especialista en política, un especialista en investigación y un administrador.
La Comisión sobre la Igualdad de Género está integrada por una Presidenta y no menos de siete y no más de 11 miembros a jornada parcial o completa nombrados por la Presidenta por un período fijo de hasta cinco años. El personal administrativo de la Comisión incluye a un Jefe Ejecutivo y a los directores profesionales de sus divisiones de política, asuntos jurídicos, educación y finanzas y administración.
La Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer está facultada para elaborar políticas y coordinar su aplicación con todos los departamentos gubernamentales. La Comisión sobre la Igualdad de Género está autorizada para investigar asuntos relacionados con el género por iniciativa propia o en respuesta a una queja. Puede remitir tales casos en cualquier etapa a la Comisión de Derechos Humanos, al Protector Público o a cualquier otra autoridad competente. También puede determinar el procedimiento para la investigación de quejas. A efectos de tales investigaciones, puede exigir la comparecencia de personas a fin de que proporcionen información o presten declaración bajo juramento. Con una orden judicial, puede allanar locales y colocar o retirar determinados artículos, o autorizar a un oficial de policía para hacerlo. A discreción de la Comisión, los gastos en que se incurra en relación con la investigación de quejas, incluidos los daños ocasionados en caso de allanamiento forzoso, se sufragan con cargo a fondos públicos.
El actual presupuesto anual de la Oficina de la Condición Jurídica y Social de la Mujer representa el 12% del presupuesto total asignado a la Oficina del Presidente Adjunto y se financia con cargo a fondos privados y gubernamentales. En espera de las conclusiones de un grupo de trabajo establecido por el Gabinete a fin de que formule recomendaciones para la financiación de las comisiones, el presupuesto para la Comisión sobre la Igualdad de Género se ha fijado inicialmente en 10 millones de rand, lo que equivale al 70% del presupuesto total previsto. La Comisión también participó en reuniones con asociados bilaterales internacionales, que se comprometieron a hacer una contribución del 18% del presupuesto previsto.
La Comisión sostuvo amplias conversaciones con los dirigentes tradicionales locales sobre los aspectos positivos y negativos de las leyes y prácticas consuetudinarias que afectaban a hombres y mujeres. Las conclusiones de esas conversaciones se están incorporando en la estrategia de educación e información de la Comisión. El Servicio Central de Estadística estableció una dependencia sobre cuestiones de género cuyas tareas incluyen integrar una perspectiva de género en cuestionarios e informes, realizar un nuevo análisis de todos los datos en función del género, y efectuar un estudio del mercado de trabajo que tenga en cuenta las cuestiones de género a fin de evaluar la situación con respecto al empleo, el género y la raza. La Comisión organizó un simposio para examinar el papel de los medios de información en masa en las relaciones entre los géneros en Sudáfrica. Esa actividad tuvo por objeto establecer un premio para la cobertura progresista de las cuestiones de género por la prensa y producir estudios detallados sobre la representación de las mujeres en los medios de información.
Con la excepción del Banco Central, los bancos sudafricanos son instituciones privadas. El Banco de Desarrollo de la Mujer ofrece préstamos a las mujeres de las zonas rurales, y varias instituciones de microcrédito ofrecen préstamos a las mujeres en las zonas urbanas. Además, el Gobierno ha establecido organismos destinados a ofrecer crédito a pequeñas empresas y microempresas.
Sudáfrica puso en marcha el Programa de Crecimiento, Empleo y Redistribución (GEAR) con miras a reducir la creciente deuda nacional y hacer frente a sus posibles efectos en los programas sociales. Se establecieron nuevas prioridades presupuestarias y se asignaron mayores cuantías para el desarrollo social y el alivio de la pobreza, programas que naturalmente benefician a las mujeres. El presente año se asignarán 300 millones de rand a programas de alivio de la pobreza basados en la comunidad, prestando especial atención a las zonas rurales y las mujeres. Esa cifra prácticamente se doblará en 1999, y los gastos del Gobierno en salud, educación y bienestar aumentarán al 60%.
El sistema de educación constituye la mayor institución en Sudáfrica, y los libros de texto pueden tener gran influencia en las relaciones de género al perpetuar estereotipos sexuales. En un reciente documento normativo sobre educación y formación se reconoce que las niñas y las mujeres son objeto de discriminación y malos tratos, y que las niñas y jóvenes se benefician con la elección de materias y carreras más especializadas. También se llega a la conclusión de que si bien la mayoría de los maestros son mujeres, las mujeres no están suficientemente representadas en los puestos de administración de la educación y en los departamentos de educación.
El Gobierno de Sudáfrica ha concertado un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a fin de promover la participación de las mujeres en la esfera de los medios de información, luchar contra los estereotipos de género que se difunden en los medios de información, y mejorar el acceso de las mujeres a la información. El programa se centrará en esferas clave, tales como los programas de servicio público, el desarrollo de los medios de comunicación de la comunidad, la prensa, la investigación, las publicaciones y la vigilancia del desarrollo de los recursos humanos.
Sudáfrica ha hecho considerables inversiones en la elaboración de programas educacionales eficaces basados en el género y en la formación de un personal capaz de administrar el proceso de transformaciones. Se espera que los maestros, como mediadores educacionales, reflexionen sobre las formas en que la raza, la clase social, el género, el idioma y las diferencias geográficas afectan el aprendizaje y que adapten esas realidades a sus estrategias de enseñanza, impartan enseñanza de manera tal que se reconozcan y respeten las diferencias socioculturales y lingüísticas, así como los diversos niveles de aptitud para el aprendizaje; y demuestren un compromiso profesional y de protección a los niños como personas plenas.
Al Gobierno le preocupa la explotación de las niñas y, en particular, la explotación de su vulnerabilidad para fines de prostitución. Ha elaborado un conjunto de programas destinados a mejorar la situación social y económica de los grupos marginados, como el programa de promoción de las mujeres y los niños menores de 5 años. Por su parte, el Departamento de Salud se ha esforzado por elaborar un sistema nacional de salud amplio e integrado que preste servicios de atención de la salud accesibles a todos los sudafricanos. También está procurando desarrollar un sistema de salud a nivel de distrito y servicios de atención primaria de la salud, construir clínicas en zonas donde los servicios son escasos, rehabilitar hospitales, capacitar a parteras y enfermeras que prestan servicios de atención primaria de la salud y asegurar el acceso universal al agua potable. Para resolver el problema de la escasez de médicos en los asentamientos rurales y urbanos improvisados, el Departamento estableció un programa por el que los nuevos médicos debían trabajar durante un año en el servicio público antes de iniciar su práctica privada. Los programas de médicos extranjeros, establecidos por un acuerdo intergubernamental constituyen otro medio de prestar atención médica en las zonas necesitadas. La provincia septentrional, por ejemplo, recibió los servicios de 47 médicos cubanos, 10 médicos de la Unión Europea, y 3 médicos del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.
La Dirección de salud maternoinfantil y de la mujer, que se ocupa de la salud reproductiva, dispone de un considerable presupuesto y presta servicios sanitarios gratuitos a mujeres embarazadas y lactantes, así como a niños menores de 6 años. Se ha establecido otra dirección para el tratamiento del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.
En el discurso que pronunció en el Parlamento en febrero de 1998, el Presidente Mandela informó de que el 90% de las mujeres que tenían derecho a recibir servicios de atención de la salud gratuitos estaban recibiéndolos, que el número de personas a las que se suministraba agua había aumentado de 700.000 a 1,3 millones; que la electrificación había aumentado al 58%; que el objetivo de construir y mejorar 500 clínicas se había sobrepasado el año anterior; que el programa nacional de alimentación había abarcado a 4,9 millones de niños; y que el número de conexiones telefónicas prácticamente se doblaría en el año en curso. También señaló que Sudáfrica era el único país en desarrollo que proporcionaba seguridad social a los pobres y a las personas vulnerables, y observó que el proyecto de ley sobre equidad en el empleo exigía a los empleadores de más de 50 personas aumentar el número de empleados negros.
La malnutrición es generalizada. Se promueve la lactancia materna, excepto en los casos en que está contraindicada, como en el caso de las mujeres con VIH/SIDA, a las que se proporcionan alimentos complementarios. La parasitosis figura entre las principales causas de la malnutrición y se han puesto en marcha programas experimentales de lucha contra la parasitosis en las provincias de Mpumalanga y KwaZulu-Natal.
Los niños pequeños, las embarazadas y las madres lactantes están propensos a sufrir de una deficiencia de micronutrientes, en particular, de hierro, yodo y vitamina A. Se cree que la anemia por deficiencia de hierro afecta aproximadamente al 25% de las mujeres sudafricanas. Se suministran suplementos de hierro y ácido fólico a las embarazadas para la prevención y el tratamiento de la anemia; también se están llevando a cabo actividades para enriquecer los alimentos básicos con hierro y ácido fólico. En 1995, se promulgaron leyes para la yodización de la sal, que constituye un medio eficaz en función del costo para prevenir y luchar contra la deficiencia de yodo.
El Plan sobre la malnutrición proteicocalórica, establecido por el Gobierno anterior, se está revisando para armonizarlo con los principios de las actuales políticas nutricionales y de atención primaria de la salud. El sistema nacional de vigilancia de la nutrición empezará a vigilar la situación nutricional de las mujeres embarazas y lactantes y de los niños en edad preescolar en 1998. Además, el Programa de nutrición en la escuela primaria, que tiene por objeto luchar contra el hambre en las escuelas primarias, se centra en la alimentación de los escolares, la lucha contra la parasitosis y la educación en materia de nutrición.
El Departamento de Salud presta servicios anticonceptivos gratuitos en el sector público y alienta al sector privado a suministrar anticonceptivos de calidad. Los peligros de los embarazos frecuentes se ponen de relieve en las campañas de información de las organizaciones no gubernamentales. Cuando el personal de los hospitales se niegan a practicar abortos, se alienta la remisión de mujeres a los centros que ofrecen servicios de terminación del embarazo. Aunque los trabajadores de salud no están obligados a participar en los procedimientos de aborto, se les prohíbe impedir el acceso a los servicios de terminación del embarazo. En general, las enfermeras apoyan más la ley sobre el aborto, y se espera que mediante el readiestramiento de las parteras profesionales mejore el acceso, especialmente en las zonas rurales, donde las actitudes son más conservadoras.
Se ha establecido un programa especial para mejorar la tasa de recuperación de los enfermos de tuberculosis, que hará posible hacer frente al peligro que entraña el vínculo entre esa enfermedad y el VIH. Se han adoptado varias estrategias para combatir el VIH/SIDA y se ha establecido un comité interministerial para hacer de la lucha contra el VIH/SIDA una cuestión de interés nacional.
Todos los niños nacidos en instituciones de salud se registran. Se han elaborado nuevos formularios de inscripción para los niños que nacen fuera de las instituciones de salud. No se dispone de estadísticas desglosadas por género sobre el número de muertes de niños.
Al Gobierno le preocupa mucho el alto nivel de consumo de alcohol entre jóvenes y adultos. El consumo de alcohol durante el embarazo ha dado lugar a una incidencia del síndrome de alcoholismo fetal, que aumentó al 15% en algunas zonas. Se están diseñando campañas de educación y programas para ayudar a los bebedores excesivos. Hace poco se ha terminado de elaborar el plan maestro sobre drogas que incluye una estrategia para priorizar la lucha contra las drogas: el plan abarca el tabaquismo, el uso indebido del alcohol y el uso y abuso de todos los estupefacientes lícitos e ilícitos.
Si bien no existen casos documentados de mutilación genital femenina, se han realizado estudios para determinar si la práctica existe. El autoexamen mamario y el examen para detectar el cáncer uterino se promueven mediante las instituciones públicas y privadas y los medios de información. El cáncer cervical se aborda como parte del programa sobre salud de la mujer; y en varios proyectos experimentales se examina la viabilidad de un programa nacional de revisión para la detección oportuna y el tratamiento del cáncer cervical. La lucha contra el cáncer cervical es una de las principales esferas del programa nacional de lucha contra el cáncer.
En lo que respecta a propiedad de la tierra, señala que las mujeres que no forman parte de una unión consensual tienen derecho a adquirir el título de propietarias absolutas de tierras y pueden arrendar tierras al igual que los hombres. El Gobierno está realizando un amplio estudio sobre la propiedad de la tierra para determinar si se debe establecer el derecho de propiedad absoluta sobre tierras comunales. Las mujeres que forman parte de una unión consensual no pueden ser propietarias de tierras: únicamente sus concubinos tienen ese derecho. Se considera que las mujeres constituyen uno de los grupos desfavorecidos en los asuntos relativos a la tierra. Sin embargo, la Ley de asociación de propiedad comunal, que se introdujo para asegurar que las mujeres participaran en el programa de reforma agraria, garantiza la no discriminación entre hombres y mujeres.
El programa de reforma agraria no discrimina contra las mujeres casadas, divorciadas o viudas. No obstante, si bien cualquier persona puede obtener acceso a la tierra mediante donaciones, en la práctica los hombres, concubinos o esposos, suelen ser los que reciben esas donaciones en nombre de sus familias. La Ley de asociación de propiedad comunal también tiene por objeto proteger a las mujeres y los niños en caso de disolución del matrimonio por divorcio o fallecimiento.
Se ha elaborado un plan de acción para corregir las desigualdades en el sector de la vivienda y garantizar a las mujeres la igualdad de acceso a la vivienda, los servicios financieros, las oportunidades de trabajo y la participación en la comunidad. El plan tiene el objetivo de eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a la vivienda, incluir a mujeres sensibles a las necesidades de la mujer en los órganos decisorios relacionados con la vivienda, promover la igualdad entre los géneros en la industria de la vivienda y aumentar los conocimientos de las mujeres sobre sus derechos y responsabilidades en esa esfera. Desde 1997 se han hecho progresos en lo que respecta al aumento del número de mujeres contratistas, la promoción de la participación de la mujer en proyectos de vivienda y la facilitación de la refinanciación y el ahorro para fines de vivienda. El Gobierno también ha elaborado una estrategia para hacer frente a los efectos de los desastres naturales; y un fondo de socorro en casos de desastre presta asistencia a las personas y comunidades afectadas.
En cuanto a la situación de las mujeres de las zonas rurales, señala que en un informe sobre el aumento de la productividad agrícola de las mujeres en las zonas rurales se propone, entre otras cosas, modificar la legislación a fin de que las mujeres puedan concertar acuerdos, asumir cargos administrativos en cooperativas y participar más activamente en la ordenación de la tierra y la comercialización de productos agrícolas. La Ley sobre el Banco Agrario fue enmendada para dar acceso a las mujeres a la asistencia financiera. En la actualidad se está elaborando un programa destinado a integrar en la economía nacional a todas las mujeres que trabajan en el sector agrícola con el fin de asegurar que las mujeres participen en la gestión de los recursos, obtengan acceso a la tierra, los servicios financieros y el agua, y participen en la planificación del desarrollo a todos los niveles. Se han puesto en marcha varios programas para promover la potenciación económica de las mujeres en las zonas rurales.
La acción afirmativa del Gobierno está respaldada por un programa de formación profesional. Se están emprendiendo programas acelerados de capacitación en el sector público y en muchas grandes empresas para promover el empleo de la mujer en esferas de las que han sido excluidas. El Gobierno propone establecer objetivos para el empleo de la mujer en el sector público y procura asegurar que el logro de los objetivos de la acción afirmativa no redunden en una igualdad sólo simbólica o comprometan las normas de eficiencia.
Entre el 16% y 25% de la fuerza laboral trabaja en el sector no estructurado de la economía. Se han adoptado medidas especiales para prestar apoyo a las mujeres que son jefes de familia, tienen hijos pequeños o desean volver al mercado laboral. Los sueldos medios de las enfermeras se sitúan en un nivel ligeramente inferior a los de los maestros y son casi iguales a los de los administradores. Los sueldos más bajos corresponden a los sectores de la agricultura y el servicio doméstico, en los que predominan las mujeres. El seguro de desempleo asciende aproximadamente al 45% del sueldo mensual medio durante los últimos seis meses de empleo. Sin embargo, los trabajadores independientes no tienen seguro, a menos que puedan adquirir un seguro privado. Se prohíbe el empleo de menores de 15 años.
Sudáfrica está en proceso de ratificar los convenios de la OIT sobre la igualdad de las mujeres. El Gobierno está adoptando medidas para regular las formas atípicas de empleo y reducir las horas de trabajo semanales y las horas extraordinarias. No se permite a los empleadores evadir su responsabilidad de proporcionar beneficios básicos a los empleados, especialmente beneficios de maternidad. La Constitución también prohíbe la discriminación por motivos relacionados con el embarazo. En las leyes laborales se establece la semana de trabajo de un mínimo de 40 horas y un máximo de 45 horas. El Gobierno está consciente de los peligros que entraña para las mujeres prolongar el día de trabajo y continuará vigilando los efectos de esas disposiciones legislativas en las mujeres.
La estrategia macroeconómica de Sudáfrica estableció objetivos para la creación de puestos de trabajo y la reducción del desempleo y prevé una serie de programas y servicios de apoyo para hacer frente a ese problema. El programa de obras públicas basado en la comunidad tiene por objeto asegurar la participación de la comunidad en todas las etapas de la aplicación de proyectos. Hay aproximadamente 1,2 millones de trabajadoras domésticas en Sudáfrica, que ocupan el segundo lugar en magnitud entre los sectores de la fuerza de trabajo. La Ley sobre condiciones básicas del empleo y la Ley sobre relaciones laborales protegen los derechos de esas trabajadoras. Sin embargo, esas trabajadoras no tienen protección de seguridad social y no están protegidas contra los peligros en el lugar de trabajo. Se están realizando estudios para determinar las medidas necesarias para remediar esa situación.
En virtud de la Constitución todas las personas están protegidas contra la esclavitud, el trabajo sexual y forzoso y contra todas las formas de violencia. La Ley sobre delitos sexuales contiene disposiciones relativas a la trata de personas y al funcionamiento de prostíbulos. Se están haciendo esfuerzos por revisar el marco reglamentario relativo a la trata y desalentar la participación voluntaria en el sector del comercio sexual motivada por la pobreza. La alta incidencia de las violaciones en Sudáfrica no puede abordarse en forma aislada; en gran medida se debe al violento sistema del apartheid del que el país está emergiendo. Anteriormente la sociedad sudafricana no condenaba la violencia contra la mujer. Aún es necesario inculcar una nueva cultura de derechos humanos que promueva la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la seguridad de la persona y adaptar en consecuencia las leyes existentes y el sistema judicial. Entre las recientes medidas adoptadas para reconocer las uniones consensuales figuran la eliminación de la condición de minoría de la mujer en el derecho consuetudinario, el pleno reconocimiento de las uniones consensuales y los matrimonios musulmanes y la igualdad de derechos y responsabilidades respecto de la custodia y el mantenimiento de los hijos.
Ya que la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de género tanto directa como indirecta y la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han reconocido la necesidad de adoptar medidas positivas para lograr la igualdad, las mujeres tienen acceso al Ministerio Público para presentar quejas por discriminación por parte de instituciones públicas. El Gobierno también está empeñado en aplicar medidas afirmativas para acelerar la contratación y el adelanto de la mujer en el poder judicial.
La Ley de reconocimiento de las uniones consensuales establece oficialmente la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a la propiedad y la administración de los bienes. Los cónyuges en lo sucesivo poseerán y administrarán los bienes en forma conjunta, y en caso de disolución del matrimonio por divorcio, los bienes se dividirán. La asistencia jurídica se limita principalmente al derecho penal y se centra en los acusados indigentes. No abarca los casos de violación ni otros delitos de los que las mujeres son víctimas. La asistencia jurídica se está extendiendo a las zonas rurales en todo el país. Los centros de asistencia jurídica basados en universidades y centros de asesoramiento basados en la comunidad funcionan como agentes de la Junta de Asistencia Jurídica. La Ley de enmienda de la Ley de manutención supera importantes lagunas en el sistema de manutención después del divorcio y facilita el cobro de pagos atrasados. Antes de promulgar esta ley se consultó ampliamente con organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales.
A fin de abordar los diversos regímenes maritales y los problemas que entrañan en lo que respecta a la violencia contra la mujer y la administración del patrimonio familiar, se están realizando actividades para elaborar una política destinada a armonizar los diversos aspectos del derecho de la familia. De manera correspondiente, las diferencias en los arreglos relativos al patrimonio matrimonial entre los diversos regímenes maritales quedarán eliminados por la Ley de reconocimiento de las uniones consensuales, mientras que las diferencias en lo que respecta a los derechos de las viudas a la propiedad se abordarán en la Ley de sucesión (derecho consuetudinario). En la actualidad, todos los matrimonios deben registrarse y sólo una corte puede disolverlos.
En la nueva legislación se evitan expresamente las referencias a la costumbre de pagar por la novia, conocida como lobola, al suponer que la legislación contra prácticas profundamente arraigadas podría ser contraproducente; sin embargo, el Departamento de Justicia y varias organizaciones no gubernamentales están trabajando para cambiar las actitudes en forma conjunta con la Comisión sobre Igualdad entre los Géneros como parte de una amplia campaña de concienciación.
Se espera que la nueva legislación sobre la poligamia ayude a eliminar esa práctica haciendo más difícil contraer matrimonios consecutivos. Los niños de esas uniones estarán protegidos en virtud de la Ley de enmienda de manutención y la Ley de sucesión (derecho consuetudinario).
Las prácticas culturales y religiosas tradicionales están permitidas únicamente en la medida en que no contravienen los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad, libertad y no discriminación, y se han establecido dependencias especiales para abordar ese problema.
A fin de combatir la violencia contra la mujer, se están aplicando varios subprogramas como parte de la estrategia nacional de prevención del delito. En ese contexto, el Programa de Habilitación de las Víctimas tiene gran prioridad; se está considerando la posibilidad de prestar servicios a las víctimas, así como un encargado de las víctimas para habilitar a las víctimas y sobrevivientes y proteger sus derechos.
En lo que respecta a las fuerzas del orden encargadas de proteger a las mujeres, observa que en los programas de capacitación para oficiales de policía se reconoce la importancia de un enfoque nacional integrado respecto de la violencia contra la mujer. En consecuencia, la Red Nacional sobre la Violencia contra la Mujer incluye varios departamentos gubernamentales y diversas organizaciones no gubernamentales. En septiembre de 1998 se celebrará una cumbre nacional para consolidar el programa de acción nacional basado en las recomendaciones de la Conferencia de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y en la Declaración de la SADC sobre la violencia contra la mujer.
La oradora considera que es imposible determinar si la violencia contra la mujer está aumentando efectivamente o disminuyendo debido a la falta de investigaciones y estadísticas comparables. El aumento del número de denuncias no debe ser motivo de alarma porque se debe considerar en el contexto de la nueva cultura de derechos humanos en la que las mujeres se sienten más libres para denunciar la violencia contra ellas. Sin embargo, el Gobierno está realizando estudios destinados a cuantificar los casos sobre la base del supuesto de que aún hay un considerable número de casos que no se denuncian, y adoptará medidas innovadoras para cambiar las actitudes en la sociedad y las prácticas en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Cabe observar a este respecto que en casos leves de violencia en el hogar, las víctimas pueden recurrir al proceso normal de justicia penal. Los casos graves de violencia, como los casos de asesinato o agresión con la intención de infligir daños corporales graves, se tratan de la misma manera independientemente del hecho de que puedan denominarse casos de violencia en el hogar.
La violación en el matrimonio se ha tipificado en la Ley sobre violencia familiar de 1998. En efecto, la violación en todas las circunstancias se trata como un delito prioritario y los tribunales han flexibilizado las reglas que rigen la seguridad y la prestación de declaración de los testigos.
La Oficina del Ombudsman de Prensa en su forma actual se estableció en julio de 1997 a fin de recibir quejas de mujeres, aunque no se les identificara como tales, porque la Oficina no mantiene datos desglosados por género. Se trata de una asociación voluntaria privada establecida y mantenida por la prensa. El Gobierno recomendará que mantenga datos desglosados por género.
Al Gobierno le preocupa la práctica de la cacería de brujas. El Gobierno de la provincia septentrional estableció una comisión para investigar esa práctica y se ha previsto adoptar medidas legislativas y elaborar un programa de acción a ese respecto.
Requiere atención el bajo porcentaje de mujeres en el Departamento de Relaciones Exteriores, en particular en las categorías superiores y de administración: una dependencia de género funciona desde octubre de 1997, aunque no está dirigida por un oficial encargado de cuestiones de género. En breve se nombrará a un oficial encargado de cuestiones de género y el Departamento de Relaciones Exteriores ya ha incluido un módulo de sensibilización en materia de género en su programa anual de formación diplomática.
En lo que respecta a la representación de las mujeres en el Parlamento, con frecuencia se dice que las mujeres deberían constituir el 30% de sus miembros. En Sudáfrica, aproximadamente el 25% de los miembros del Departamento Nacional son mujeres, el 23% en las legislaturas provinciales y 19% en el gobierno local. De los 80 miembros que se han retirado del Parlamento desde 1994, sólo uno de cada 10 era mujer y ninguna ha retornado a profesiones tradicionalmente femeninas. Por el contrario, han pasado a trabajar en la administración pública, las relaciones internacionales o comerciales o en la legislatura provincial. Una mujer se trasladó al extranjero para reunirse con su esposo que era un nacional extranjero. Sin embargo, la oradora advierte que los cambios institucionales han complicado la situación: la representación permanente de la mujer se ha visto reducida al sustituirse el Senado por el Consejo de Provincias.
Las mujeres en el Parlamento se aseguraron de que las mujeres salientes fueran sustituidas por otras mujeres a fin de mantener el objetivo de acción afirmativa del 30%, convenido por el Congreso Nacional Africano. Las mujeres ocuparon puestos directivos como presidentas, y desempeñaron un papel rector en la transformación de horas de trabajo excesivas de las legislaturas y en el mejoramiento de servicios, tales como guarderías para los miembros y su personal. Las mujeres han introducido cambios reales y han logrado resultados positivos al priorizar los cambios en las esferas que afectan a las mujeres.
El Gobierno está empeñado en hacer frente a los desafíos planteados en las preguntas del Comité; no sólo se ha demostrado cuán lejos ha llegado Sudáfrica en lo que respecta a la igualdad de género y al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres sino también cuánto más le queda por recorrer para lograr la plena igualdad.
La Sra. Abaka dice que es deplorable que el problema del servicio de la deuda al que la representante ha hecho referencia, problema que afecta a muchos países en desarrollo, haya limitado las mejoras en esferas tales como el acceso al agua potable.
Elogia al Gobierno de Sudáfrica por su política de instruir a los trabajadores de atención de la salud para que no impidan el acceso de las mujeres a los servicios de terminación del embarazo, y señala que en muchos países en que la terminación del embarazo es legal, en la práctica algunos trabajadores de salud, por razones de conciencia, se niegan a practicarla o impiden el acceso a esos servicios al no remitir a las mujeres a otras personas dispuestas a practicarla. Opina que el Comité debería recomendar la política del Gobierno de Sudáfrica a todos los gobiernos.
Expresa su desconcierto respecto del tema de la mutilación genital masculina al que ha hecho referencia la representante de Sudáfrica. No hay nada de malo en la circuncisión masculina en sí, siempre que se realice en condiciones de seguridad, ya que tiene una motivación completamente distinta y efectos diferentes a los de la mutilación genital femenina y no atenta contra los derechos humanos de los hombres. Aplaude la decisión del Gobierno de Sudáfrica de realizar estudios sobre la mutilación genital femenina. En su propio país, Ghana, el problema se consideraba insignificante antes de que amplios estudios dieran la señal de alerta y condujeran a la aprobación de una ley para prohibir esa práctica.
La oradora recomienda que el Gobierno de Sudáfrica procure la asistencia de las numerosas organizaciones no gubernamentales de mujeres indígenas que se ocupan de la lucha contra la mutilación genital femenina en África y que también solicite asesoramiento al Relator Especial sobre prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los niños.
Expresa su preocupación por el hecho de que el problema de la violencia contra la mujer, respecto del cual es preciso hacer mucho más, pase desapercibido ante la violencia generalizada y la ilegalidad que afectan a Sudáfrica. En consecuencia, pregunta si las estrategias destinadas a combatir la violencia hacen más hincapié en abordarla por separado en lugar de incorporarla en la estrategia nacional de prevención del delito.
La Sra. Aouij insta a las mujeres sudafricanas a que aprovechen la situación histórica en la que Sudáfrica tiene un dirigente importante y reformador como el Presidente Mandela, que comprende realmente la importancia de los derechos de la mujer. Las mujeres deben hacer valer sus derechos con suficiente determinación para asegurar que jamás se les vuelva a privar de ellos. Las leyes de reforma que se están elaborando en las esferas de la educación y la salud y los esfuerzos destinados a reducir la pobreza, en particular en las zonas rurales, son alentadores y las mujeres en cargos de poder y en la sociedad civil deben organizarse para cambiar las actitudes en la mayor medida posible, teniendo en cuenta el entorno político, económico y social.
Todos los rezagos de la legislación discriminatoria deben ponerse al descubierto y eliminarse: en ese contexto, las costumbres y prácticas tradicionales no igualitarias son las últimas en eliminarse y advierte que algunos cambios, si no se introducen durante el período de euforia en Sudáfrica, jamás se lograrán.
Es preciso que un código sobre la familia, que refleje las leyes y costumbres más favorables para la mujer, se armonice con la Convención y se promulgue: de esta manera, las mujeres sudafricanas tendrán un estatuto que refleje su verdadero papel y lugar en el desarrollo de su país.
La Sra. Ferrer dice que es vital eliminar los estereotipos sexuales para poner fin a las prácticas culturales tradicionales que discriminan contra la mujer. En ese ámbito, la clave del éxito está en la educación, así como en el uso de los medios de información en masa para cambiar las actitudes respecto de la igualdad entre los géneros. Afortunadamente, los grandes desafíos y obstáculos que se oponen al cambio se están abordando con una voluntad política conmensurable para aplicar las disposiciones de la Convención.
La Sra. González hace suyas las conclusiones de la Sra. Ferrer respecto de la eliminación de los estereotipos sexuales, y hace hincapié en que esos estereotipos son la causa subyacente en gran medida de la violencia contra la mujer. Se debe educar a las mujeres a fin de que tomen conciencia de que la violencia contra ellas no es “natural” sino una violación de sus derechos humanos. En realidad, es un poderoso medio de mantener los estereotipos sexuales, que son un cáncer cultural no sólo en Sudáfrica sino en todos los países. La violencia puede ser física, sicológica o social, y su efecto último es denegar a la mujer el lugar que le corresponde legítimamente en la sociedad. Si la educación no elimina ese cáncer cultural desde la raíz, los jóvenes perpetuarán esas falsas percepciones.
La Sra. Fraser-Moleketi (Sudáfrica), en respuesta a la observación formulada por la Sra. Abaka en el sentido de que la violencia contra la mujer podía pasar desapercibida en la estrategia general nacional de prevención del delito, dice que el Gobierno y las mujeres sudafricanas han identificado la violencia contra la mujer como un importante problema y, en consecuencia, es un tema central tanto en el marco de la estrategia como en cualquier otro contexto en que se examinan las cuestiones de género. Los delitos contra las mujeres y los niños son delitos prioritarios, por lo tanto, el Gobierno ha emprendido iniciativas para eliminarlos tanto por separado como en forma conjunta con las organizaciones no gubernamentales. A continuación, describe la “marcha de los hombres”: los hombres hicieron una marcha para señalar a la atención el tema de la violencia contra la mujer y ampliar y fortalecer la lucha contra un problema que el Gobierno había puesto sobre el tapete. Los departamentos gubernamentales y los organismos no gubernamentales están trabajando juntos para hacer llegar el mensaje de que la violencia contra la mujer no es “natural”, es una violación de los derechos humanos y es inaceptable en la nueva Sudáfrica.
La Presidenta elogió al Gobierno de Sudáfrica por su informe, por haberlo elaborado en el plazo de dos años a partir de la ratificación de la Convención, y por ratificar la Convención sin reservas.
A pesar del legado de discriminación y subdesarrollo del régimen del apartheid, los logros de Sudáfrica en el establecimiento del respeto de los derechos humanos y la igualdad han sido considerables: la rapidez y la buena voluntad con que se han efectuado las transformaciones han creado un entorno propicio para la transformación de las relaciones entre los géneros. Se progresó considerablemente en la reforma de las leyes y actualmente casi todas las leyes que discriminaban contra la mujer se han derogado o sustituido por un marco legislativo nuevo que atiende las necesidades de las mujeres.
El Gobierno de Sudáfrica está procurando superar las deficiencias sociales y económicas del país; sin embargo, sus programas no alcanzan para atender las necesidades del país, como ocurre en todos los países en desarrollo. Destaca que las disparidades en la distribución de los ingresos y los niveles de vida en Sudáfrica son en parte el motivo de la perpetuación de la pobreza. A este respecto, sobre la base de los informes de las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes, considera que la prioridad asignada a los problemas de las mujeres por el Gobierno de Sudáfrica no siempre se refleja en las asignaciones presupuestarias. Además, si bien se ha hecho mucho en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, es necesario intensificar esa cooperación. A ese respecto, el manual de capacitación sobre la Convención elaborado por una organización no gubernamental sudafricana incluso antes de que Sudáfrica ratificara la Convención se está utilizando como un ejemplo en Sudáfrica y en otros países.
La oradora pide al Gobierno de Sudáfrica que siga examinando la recomendación general 19 del Comité como orientación en la tarea de hacer frente a los problemas de las mujeres de manera más eficaz.
Las divergencias entre la Constitución y el derecho consuetudinario son preocupantes. Si bien reconforta que la Constitución tenga precedencia, ese asunto merece más atención en la práctica.
Encomia al Gobierno por la aplicación del artículo 4 de la Convención: el aumento de la participación de la mujer en la política ha sido especialmente impresionante.
Sudáfrica tiene un gran líder en el Presidente Mandela, que entiende, como señaló en su primer discurso en el Parlamento, que no se podrá alcanzar la libertad a menos que las mujeres sudafricanas se libren de todas las formas de opresión, y exhorta a las mujeres africanas a emular el dinamismo, dedicación y optimismo del Presidente Mandela.
Se levanta la sesión a las 17 .50 horas.