21° período de sesiones
Acta resumida de la 430ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 10 de junio de 1999, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto del Reino Unido y Gran Bretaña del Norte (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto del Reino Unido y Gran Bretaña del Norte (continuación) (CEDAW/C/UK/3 y Add. 1 y 2 y CEDAW/C/UK/4 y Add. 1 a 4)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación del Reino Unido toman asiento como partic i pantes en el debate de la Mesa.
La Presidenta invita a los miembros del Comité a que sigan haciendo preguntas y formulando observaciones sobre los informes periódicos tercero y cuarto del Reino Unido (CEDAW/C/UK/3 y Add. 1 y 2 y CEDAW/C/UK/4 y Add. 1 a 4).
La Sra. Manalo encomia al Reino Unido por su informe exhaustivo e interesante y por sus ímprobos esfuerzos por cumplir sus obligaciones de conformidad con la Convención. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En primer lugar, la oradora desea saber cómo el Reino Unido trata a las mujeres que buscan asilo de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional y, a este respecto, si el Gobierno está considerando la posibilidad de retirar su declaración sobre la legislación relativa a la inmigración. Refiriéndose al artículo 14, la oradora pregunta qué medidas está adoptando el Gobierno para conseguir que su programa de desarrollo rural se administre debidamente con objeto de garantizar el acceso al empleo de la mujer de las zonas rurales desfavorecidas. Además, convendría saber qué medidas está adoptando el Reino Unido para aplicar la Directiva del Consejo Europeo sobre la aplicación del principio de la igualdad de trato entre los hombres y las mujeres que realizan actividades agrícolas y qué medidas se están adoptando para garantizar la prestación de atención de la salud a las mujeres de las zonas rurales. En particular, la oradora pregunta si el Gobierno ha previsto algún modo de atender a las necesidades de salud de una sociedad que está saliendo de un conflicto violento, como es el caso de Irlanda del Norte.
Sería de agradecer que se facilitaran detalles sobre la aplicación de las leyes destinadas a promover la igualdad de oportunidades en Irlanda del Norte: ¿ha puesto en marcha el Reino Unido programas de capacitación y desarrollo con miras al fomento de la igualdad de oportunidades? Refiriéndose al asunto de la violencia en el hogar, la oradora pregunta que medidas legislativas, financieras y de otra índole se han adoptado para luchar contra el aumento de la violencia en el hogar en Irlanda del Norte y si esa violencia está siendo objeto de seguimiento. Además, la oradora desea saber si se han adoptado medidas para conseguir que aumente el nivel de empleo entre las mujeres católicas de Irlanda del Norte, cuya tasa de desempleo es casi dos veces mayor que la de las mujeres protestantes. En el informe se da cuenta del número de mujeres desempleadas pertenecientes a minorías étnicas en Gran Bretaña: convendría facilitar la misma información en relación con Irlanda del Norte. Por último, sería interesante saber por qué se ha establecido un 50% de representación de mujeres en los organismos públicos de Gran Bretaña y únicamente un 40% en el caso de Irlanda del Norte.
La Sra. Kim Yung-chung dice que confía en que el enfoque del Reino Unido respecto de la incorporación de la perspectiva de género será un éxito. La oradora manifiesta su curiosidad por la utilización de las palabras “transferencia de responsabilidades”: desearía aclaraciones al respecto. Convendría saber si el Reino Unido ha considerado la posibilidad de preparar un plan de acción unificado y coordinado en relación con las cuestiones que afectan a la mujer; la oradora pregunta por qué los organismos del Gobierno encargados de los asuntos de la mujer tienen diferentes nombres en las diversas partes del Reino. Refiriéndose al artículo 10, la oradora pregunta si las nuevas normas sobre titulación de maestros también exigen que los maestros participen en programas de educación sobre cuestiones de género. La oradora dice que le complace saber que los maestros de primaria de Irlanda del Norte abordan las cuestiones de los derechos de los niños, la utilización de un lenguaje no sexista y los juegos que no incluyen estereotipos sexuales y que confía en que esa importante iniciativa también se adoptará en todo el Reino.
La Sra. Ouedraogo, refiriéndose al artículo 16, dice que el Reino Unido cuenta con normas encomiables de protección de la familia y de asistencia a la infancia. No obstante, habida cuenta del aumento de la tasa de divorcios en todo el mundo, convendría saber si el Gobierno ha realizado un estudio sobre sus causas. ¿Está aumentando o disminuyendo esa tendencia? Además, la oradora desea saber qué asistencia se presta a las familias que se encuentran en una situación de riesgo especial de desintegración y si el Gobierno ha evaluado las repercusiones generales en las familias de sus medidas de protección.
La Sra. Regazzoli, después de señalar que la Unión Europea ha reconocido recientemente que la mujer está insuficientemente representada en los gobiernos de todos sus miembros, pregunta qué medidas se han adoptado para promover una mayor participación de la mujer en los puestos de responsabilidad no sólo en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino también en los territorios dependientes de las islas.
El Reino Unido utiliza una definición excelente de violencia. Sin embargo, cabe preguntarse si una mujer agredida y sus hijos deben buscar refugio en un albergue mientras el agresor permanece cómodamente en su casa. La oradora desea saber si se brinda asesoramiento psiquiátrico a los autores de esos actos y si son objeto de sanciones penales. ¿Cómo se aborda la violencia contra las mujeres pertenecientes a minorías étnicas africanas? ¿Hay alguna política para hacer frente a la violencia contra las personas de edad? Dado que, en el Reino Unido, el porcentaje de mujeres mayores de 80 años de edad es tres veces superior al de hombres, sería interesante saber qué programas ha establecido el Gobierno para garantizar su participación en la sociedad. Por último, la oradora desea saber si el Gobierno ha establecido una política de promoción de la igualdad de oportunidades de la mujer en las Islas Malvinas (Falkland Islands).
La Sra. Riel, después de destacar que la promulgación y la aplicación de legislación es un proceso largo, pregunta si se ha establecido calendario para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en relación con la discriminación por razones de género y la igualdad de remuneración. Además, convendría saber si el Reino Unido ha considerado la posibilidad de establecer una licencia de paternidad con disfrute de sueldo para los hombres con objeto de que las familias puedan decidir cuál de los cónyuges ha de permanecer en casa al cuidado del recién nacido.
La Sra. Schöpp-Schilling encomia al Gobierno del Reino Unido por su forma innovadora de gobernanza y su plan presupuestario trienal que parece beneficiar a la mujer. Se ha incorporado una perspectiva de género en algunos ámbitos normativos, pero no en otros: no figura, por ejemplo, en recientes documentos relativos a las personas con discapacidad y a la atención de la salud. Dado que las mujeres representan por lo menos la mitad de la población, el Gobierno debe intentar garantizar que la perspectiva de género se aplique a todos los sectores. Sería conveniente saber qué mecanismos existen para garantizar que las mujeres de todas las partes del país logran una igualdad genuina; a este respecto, la oradora pregunta si la política de transferencia de responsabilidades da lugar a desigualdades. Los informes de las partes constitutivas del Reino Unido no se tramitan de la misma manera: el quinto informe periódico debe esforzarse por resolver ese problema.
Después de destacar que las comisiones de igualdad de oportunidades tienen nombres diferentes en las diferentes partes del Reino y en ocasiones se concentran en esferas distintas del género, la oradora dice que esos órganos deben considerar que la cuestión de la mujer es una preocupación primordial, dado que afecta a todos los demás sectores. La Ley sobre la discriminación basada en el sexo, que en su momento fue modelo de legislación, está actualmente desfasada y debe revisarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4. A este respecto, la oradora pregunta por qué el Reino Unido es renuente a promulgar legislación en la que se establezcan medidas especiales de carácter provisional. También debe reconsiderarse la Ley sobre igualdad de remuneración: en los sectores del mercado laboral en que predominan las mujeres las comparaciones entre los sueldos de las mujeres y de los hombres obstaculizan claramente los progresos. La oradora insta al Gobierno a que recurra a los numerosos trabajos de investigación teóricos y prácticos realizados en los Estados Unidos de América en relación con la cuestión de la remuneración por un trabajo de valor comparable y eduque a los empleadores, los sindicatos y los funcionarios públicos al respecto.
La Sra. Shalev dice que el informe pone de manifiesto que la tasa de embarazos de adolescentes en el Reino Unido es una de las más elevadas de Europa. Dado que el país cuenta con un sistema universal de atención de la salud y servicios gratuitos de planificación de la familia, la oradora pregunta a qué obedece ese fenómeno. El informe indica que no se dispone de información sobre la utilización de los servicios de planificación de la familia por los hombres; a este respecto, pregunta si el Gobierno ha previsto medidas para hacer frente a las barreras culturales que impiden que los hombres utilicen esos servicios. Además, sería conveniente saber si el Gobierno ha considerado la posibilidad de adoptar medidas para hacer frente a los obstáculos con que tropiezan las adolescentes de diferentes grupos étnicos a los efectos de acceder a los servicios de planificación de la familia.
En el informe se reconoce que no se imparte educación sexual en las escuelas primarias; sin embargo, habida cuenta de las circunstancias de la vida actual, tal vez sea demasiado tarde empezar a impartir esa educación en las escuelas secundarias. La oradora insta al Gobierno a que considere la posibilidad de adoptar un enfoque integral respecto de la educación en materia de salud reproductiva, haciendo hincapié en la responsabilidad de los varones y abordando temas tales como el alcoholismo, la drogadicción, el VIH/SIDA y la violencia sexual.
Además, el Comité agradecería que se le facilitara información en relación con la esterilidad en el Reino Unido, país que es pionero en esta esfera.
En el informe se indica que las tasas de muerte de resultas del cáncer de mama son inusualmente altas en el Reino Unido y que se recomienda a las mujeres que se sometan a pruebas de detección del cáncer cada tres años hasta cumplir los 65 años de edad. Sería conveniente saber si el Gobierno ha considerado la posibilidad de formular una recomendación sexual para las mujeres mayores de esa edad. Por último, la oradora pregunta si el Reino Unido ha previsto recabar la opinión de la población en relación con la legislación restrictiva en materia de aborto que está en vigor en Irlanda del Norte.
La Sra. Taya dice que, aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas para proteger a los trabajadores extranjeros de servicio doméstico frente a los abusos de sus empleadores británicos, esos trabajadores no están necesariamente familiarizados con las normas más estrictas adoptadas en 1991 y 1994 y aún hay en vigor legislación caracterizada por un doble rasero. En la actualidad únicamente los trabajadores del servicio doméstico que han estado trabajando en el extranjero para un empleador pueden tener un permiso de entrada en el Reino Unido, siempre que trabajen para ese mismo empleador. Contrariamente a lo establecido en los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tienen derecho a cambiar de empleo una vez que se encuentran en el país. Con objeto de velar contra los malos tratos, sería conveniente establecer un mayor grado de flexibilidad.
La Sra. Abaka, después de encomiar favorablemente el establecimiento de un Subcomité del Gabinete encargado de las cuestiones relativas a la mujer, medida ésta cuya adopción debe recomendar el Reino Unido a todos los países del Commonwealth, dice que confía en que, al adoptar decisiones, el Subcomité consultará con la Comisión Nacional de la Mujer y otros organismos pertinentes que se encargan de cuestiones relacionadas con la mujer.
La oradora pregunta qué programas ha establecido el Gobierno para que las adolescentes que han abandonado la escuela a causa de sus embarazos puedan reintegrarse al sistema de enseñanza académica y no académica.
La Sra. Reynolds (Reino Unido), en respuesta a diversas preguntas formuladas por los miembros del Comité, dice que uno de los principios fundamentales de la Ley sobre la discriminación basada en el sexo es la necesidad de que el Gobierno adopte medidas positivas para que las mujeres puedan participar plenamente en la vida pública, posición ésta que no cabe confundir con la reserva pertinente formulada por el Reino Unido con arreglo a la Convención. En concreto, el Gobierno alienta a las mujeres a solicitar puestos claves y les proporciona la formación necesaria. Al delimitar las aptitudes necesarias para tener acceso a cargos de la administración pública, el Gobierno subraya, además de la experiencia convencional que pueden aportar especialmente los hombres por lo que respecta al empleo remunerado, la experiencia valiosa que pueden aportar especialmente las mujeres por lo que respecta a las necesidades de prestación de asistencia y al sector del voluntariado. Las recientes elecciones celebradas en Escocia y Gales han puesto de manifiesto que existe un mayor compromiso con la adopción de medidas positivas. No obstante, el acceso a los cargos de la administración pública siempre se basa en los méritos.
Los partidos políticos también han establecido diversos modos para ampliar la representación de la mujer en la vida pública y las alientan para que recaben el asesoramiento de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. El propio Gobierno exige que cada uno de sus departamentos presente un informe anual sobre el aumento del porcentaje de mujeres en la administración pública: las mujeres representan actualmente como promedio el 32% de los funcionarios, porcentaje que varía en función de cada departamento, si bien el compromiso de cambiar la situación es muy claro en cualquier caso.
La Sra. Eastabrook (Reino Unido) dice que hay disposiciones jurídicas concretas para proteger a las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas, como en el caso de la legislación sobre el salario mínimo. La Ley sobre relaciones entre las razas, de 1976, se hace eco de la Ley sobre la discriminación basada en el sexo, en el sentido de que establece una protección especial para las mujeres en materia de enseñanza, empleo, vivienda y prestación de servicios, al tiempo que el mismo tribunal puede ocuparse de una causa en cuyo marco se hayan formulado demandas en relación con ambas Leyes. El Gobierno está dispuesto a incorporar a las minorías étnicas y a adoptar medidas positivas por lo que respecta a la raza y al género. El Nuevo Pacto para los Jóvenes está destinado expresamente a los jóvenes de las minorías étnicas, en consulta con la Comisión de Igualdad Racial; además, se han emprendido medidas innovadoras para alentar a las muchachas paquistaníes y de Bangladesh, así como a sus familiares, a informarse acerca de las oportunidades del servicio de carrera. Tras la publicación del informe de la Dependencia de Exclusión Social, el Gobierno ha pedido a las escuelas que establezcan metas para lograr la igualdad de los niños pertenecientes a minorías étnicas y ha puesto en marcha un programa de acción ministerial, preparado junto con otras organizaciones representativas, para mejorar su rendimiento escolar. El Gobierno, que reconoce que hay obstáculos lingüísticos y culturales para acceder a una atención adecuada de la salud y una falta de acceso a la información en el seno de las comunidades étnicas, ha publicado información esencial sobre los servicios de salud disponibles en diez idiomas y ha establecido metas para atender a las necesidades de esas minorías.
En relación con la reforma legislativa llevada a cabo por la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la oradora dice que el Gobierno ha tenido muy en cuenta sus recomendaciones sobre la necesidad de establecer una amplia gama de modificaciones en la Ley contra la discriminación racial y la Ley sobre igualdad de remuneración, pero antes de formular conclusiones definitivas ha de estudiarlas juntamente con las recomendaciones de reformas legislativas formuladas por la Comisión de Igualdad Racial y las propuestas formuladas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Irlanda del Norte y un reciente estudio de un equipo de tareas sobre la legislación contra la discriminación. El Gobierno podría finalmente establecer prioridades en el marco de las recomendaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Algunas de las medidas especiales propuestas ya están en vigor. Es de destacar que el establecimiento de un sistema de cuotas, lo que entraña una desviación del principio del mérito, que es generalmente impopular en el país, no ha sido concretamente propuesto por la Comisión.
Está claro que hay muchos empleadores que siguen criticando sus sistemas de remuneración para eliminar la discriminación encubierta, razón por la que la Comisión de Igualdad de Oportunidades está preparando una estrategia para explicar los beneficios de ese enfoque a los empleadores. El hecho de que haya un gran número de causas relativas a la igualdad de remuneración que han sido archivadas antes del comienzo de las audiencias judiciales no constituye necesariamente una circunstancia negativa, dado que muchas de las mujeres afectadas han obtenido, antes de la celebración de los juicios, una remuneración interponiendo recursos internos o han resuelto sus causas mediante la conciliación.
Durante el mes en curso se publicará un examen independiente sobre la remuneración y la situación existente en la enseñanza superior y, si tal como se prevé, en él se pone de manifiesto que las mujeres están peor pagadas, se adoptarán medidas correctivas. El Gobierno confía en que las propias instituciones de enseñanza, así como los empleadores, efectuarán su propia revisión de la discriminación en materia de contratación, ascensos y otorgamiento de contratos permanentes. El Gobierno estableció directrices fundamentales en 1997 en las que informaba acerca de cómo las universidades deberían supervisar sus políticas.
En 1998 se aprobaron nuevas normas en materia de formación de maestros. Una vez nombrados, los maestros han de establecer criterios exigentes para todos los alumnos, con independencia de su género y de su base cultural y lingüística, al tiempo que han de asegurarse de que todos ellos tienen las mismas oportunidades para desarrollar sus posibilidades.
La Sra. Owen (Reino Unido) dice que la legislación actual no contiene disposiciones sobre la licencia de paternidad, aunque, en la práctica, el 98% de los hombres empleados se toma tiempo libre cuando nace un hijo, al tiempo que el 40% tiene oficialmente derecho a unos cuantos días de licencia. La aplicación de las políticas en favor de la familia establecidas en el Libro Blanco, en espera de la aprobación de la Ley de relaciones laborales, servirá, sin embargo, para que, en enero de 2000, se establezca para cada uno de los padres una licencia de paternidad de tres meses sin derecho a sueldo, después de un año de trabajo, con la posibilidad de aplazar el disfrute de la licencia. Esa legislación será la norma básica en que se asienten los derechos en dicha esfera.
La Sra. Jones (Reino Unido) dice que el número de mujeres encarceladas ha aumentado drásticamente; de hecho, se ha multiplicado por dos en los cinco últimos años de resultas del creciente número de mujeres que han sido condenadas en el marco del sistema de tribunales penales y sobre las que recayeron condenas más largas. El 50% del aumento corresponde a los delitos relacionados con las drogas, el 14% a la violencia contra las personas, el 10% al robo y el 10% al hurto. Muy pocas mujeres están encarceladas por no haber pagado multas y, en general, las mujeres tienen menos posibilidades de ser encarceladas que los hombres. El 37% de las mujeres encarceladas lo han sido por delitos relacionados con las drogas y otro 33% corresponde a delitos de hurto. El Gobierno ha adoptado una nueva estrategia general en materia de drogas, que entraña la detección, el tratamiento terapéutico en la cárcel y la posibilidad de conmutar la condena de privación de libertad, lo que resultará muy útil para las mujeres. En relación con el número de mujeres pertenecientes a minorías étnicas que se encuentran encarceladas, el 24% de las que están encarceladas en Inglaterra y Gales son negras o de origen asiático, en tanto que el 67% de ese porcentaje (el 15% de todas las reclusas) corresponde a extranjeras condenadas por delitos de relacionados con las drogas.
El Gobierno publicará en breve un informe sobre la mujer en el sistema de justicia penal, al que los organismos penales habrán de aportar datos que indiquen que no hay discriminación por razones de raza o de género. En el informe figurarán los resultados de la investigación sobre el trato de la mujer en cada etapa, desde la detención al encarcelamiento. Se utilizará para establecer una estrategia encaminada a impedir la comisión de delitos por mujeres y a recurrir a la privación de libertad únicamente en última instancia. Mientras tanto, habrán de impartirse a las mujeres actualmente encarceladas educación y capacitación en función de sus necesidades con objeto de ayudarlas a reintegrarse más adelante en sus comunidades. El Grupo de Políticas sobre la Mujer, dirigido por la oradora, se constituyó en el seno del Servicio de Prisiones en enero de 1998 precisamente para establecer regímenes adecuados en pro de la mujer.
Se ha procedido a aumentar el número de cárceles de mujeres con miras a mejorar las instalaciones y mantener a las mujeres lo más cerca posible de sus hogares. En el mes de marzo el Gobierno adoptó una importante decisión en la que se disponía que, cuando entraran en vigor en abril de 2000 las nuevas condenas de privación de libertad para los delincuentes menores de edad, las muchachas quedarían bajo la custodia de las autoridades locales en lugar de ser recluidas en cárceles y, hasta que se procediera así, serían internadas en instalaciones especiales para menores.
En relación con las actuaciones judiciales por delitos sexuales de conformidad con la legislación aún no aprobada sobre justicia de menores y justicia penal, la oradora dice que las mujeres testigos que asistan a procesos relativos a graves delitos sexuales podrán prestar declaración ante el tribunal con un mayor grado de confidencialidad y anonimato; se presumirá que las mujeres que afirmen haber sido violadas requieren asistencia; y sólo se podrá hacer referencia ante los tribunales al comportamiento sexual del demandante si ello es relevante y no para denigrarlo.
El Gobierno ha emprendido una amplia gama de iniciativas para hacer frente al problema de la violencia en el hogar. Entre ellas cabe mencionar una campaña de sensibilización a nivel nacional; investigaciones locales sobre los delitos y las conductas desordenadas; formulación de estrategias locales; nuevas medidas de protección legislativa contra el hostigamiento, incluidas medidas que permitan a las víctimas ocupar el hogar familiar sin problemas de seguridad; aumento del apoyo a las víctimas; y una asignación suplementaria en el marco del programa de reducción de la delincuencia, destinada concretamente a iniciativas encaminadas a reducir la violencia en el hogar. Se ha puesto en marcha una iniciativa interesante, que aún se encuentra en la etapa experimental, que entraña la constitución de un tribunal encargado exclusivamente de ocuparse de casos de violencia en el hogar y facultado no sólo para castigar a los culpables, sino también para prestar apoyo y asesoramiento a las víctimas y establecer programas para impedir que vuelvan a cometerse los delitos correspondientes. En Escocia se han puesto en marcha iniciativas especiales, basadas en un criterio similar, que abarcan a diversos organismos; incluyen un proyecto innovador para modificar el comportamiento de los hombres que infligen malos tratos y medidas de protección para que las esposas víctimas de esos malos tratos puedan permanecer en el hogar familiar.
El Gobierno ha probado un proyecto de guía sobre el modo en que los servicios policiales y sociales deben reconocer el problema de la prostitución infantil y luchar contra él. En la guía se reconoce que los niños prostitutos son víctimas inocentes y se hace hincapié en que los objetivos principales son procesar a los explotadores, imponiéndoles todas las penas que permita la ley y haciendo posible que los niños abandonen la prostitución. No obstante, el Gobierno es reacio a despenalizar la prostitución, por temor a que, al hacerlo, aumente el número de niños que la practican, ya que podría llegar a entenderse que la sociedad tolera ese tipo de prostitución. En la estrategia del Gobierno, la aplicación de la legislación contra la prostitución callejera a los niños que practican la prostitución se considera un último recurso cuando se han agotado todas las demás posibilidades.
En lo concerniente a los trabajadores extranjeros del servicio doméstico que acompañan a sus empleadores al Reino Unido, se han efectuado varios cambios a fin de mejorar su situación. Además, los trabajadores del servicio doméstico cuya entrada ya se admitió en el país y que han abandonado su trabajo a causa de los malos tratos o de la explotación a que les sometieron sus empleadores pueden solicitar su regularización.
La Sra. O’Neill (Reino Unido), en respuesta a preguntas relativas a Irlanda del Norte, dice que la adopción de una decisión para hacer extensiva a Irlanda del Norte la legislación contra las prostitutas que ofrecen servicios a los automovilistas tendrá que esperar hasta que esté funcionando totalmente la nueva Asamblea. La práctica del aborto no es legal en Irlanda del Norte, salvo para salvar la vida o proteger la salud física o mental de la madre y hay una firme oposición a que se modifique esa situación.
Las diferencias entre las mujeres católicas y protestantes en materia de desempleo, aunque siguen siendo insatisfactorias, se están reduciendo. La causa principal es la existencia de zonas económicamente muy deprimidas, denominadas “puntos negros”, en partes de Belfast occidental y la parte occidental de la provincia tradicionalmente habitada por católicos. El Gobierno está abordando el problema mediante un proyecto encaminado a atender a las necesidades sociales y con incentivos para crear puestos de trabajo en esas zonas.
El porcentaje de mujeres en la administración pública es muy bajo, ya que se cifra en un 35%, pero ha aumentado desde 1991, año en que se cifraba en el 23%. La meta establecida por la Oficina de Irlanda del Norte para el año 2000 es del 40%, aunque la Secretaria de Estado se ha comprometido a una representación del 50%. Puede consultarse en la Internet su informe sobre los cargos en la administración pública, en el que figuran estadísticas completas sobre la composición de órganos públicos y sobre los nombramientos y se indican ámbitos de representación insuficiente. La nueva guía publicada por el Comisionado de Nombramientos Públicos se está poniendo en práctica y la Dependencia Central de Nombramientos está examinando diversos modos para atraer a más candidatas.
El seguimiento de la incidencia de la violencia en el hogar resulta más difícil, ya que ese tipo de violencia no se tipifica como delito independiente en Irlanda del Norte, sino que tiene que actuarse contra él dentro de algunas de las categorías de delitos contra la persona. En un documento de consulta recientemente publicado se pone de manifiesto la necesidad de disponer de mejores estadísticas. Entre las medidas adoptadas contra la violencia en el hogar cabe mencionar la asignación a cada división de policía de agentes especializados en violencia en el hogar, el establecimiento de un Foro Regional sobre la Violencia en el Hogar, encargado de coordinar las actividades oficiales y de los voluntarios, y la promulgación del decreto relativo a los hogares familiares y la violencia en el hogar, en el que se establecen nuevas medidas de protección de las víctimas y de protección contra los malos tratos mientras se mantiene contacto con los hijos.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades para Irlanda del Norte, que se está constituyendo, abarcará las funciones de varias comisiones anteriores destinadas a luchar contra la discriminación por razones de raza, religión u opinión política, así como por razones de género. La Comisión tendrá incluso mayores facultades para hacer cumplir la ley. Lejos de desatender la discriminación basada en el género, la Comisión estará en condiciones de abordar problemas intersectoriales de discriminación, como la situación de las mujeres pertenecientes a minorías.
El Sr. Kingham (Reino Unido), refiriéndose a cuestiones relacionadas con la salud, dice que el Primer Ministro ha pedido a la Dependencia de Exclusión Social que colabore con otros departamentos del Gobierno para formular una estrategia integrada encaminada a lograr que disminuyan las tasas de embarazos entre las adolescentes y proponer mejores soluciones para impedir la exclusión social, el menoscabo de las oportunidades de subsistencia y la disminución de los niveles de enseñanza, que suelen ser las consecuencias correspondientes. Los programas deben abarcar no sólo a las jóvenes madres, sino también a los jóvenes padres. Una de las cuestiones que se está examinando es si debe introducirse la educación sexual en las escuelas primarias. Se está preparando una nueva política en materia de salud pública para favorecer estrategias complementarias para reducir las enfermedades, lo que entrañaría un mayor grado de flexibilidad a los efectos de atender a las necesidades y prioridades locales. Se está preparando un marco interinstitucional de políticas de salud sexual que abarcará medidas que afectan a todos los departamentos del Gobierno con miras a reducir la elevada tasa de embarazos de las adolescentes, promover la educación sexual y de pareja y luchar contra el SIDA. Por lo que respecta al acceso de los hombres a la planificación de la familia, se está considerando la posibilidad de combinar en un único servicio las unidades de planificación de la familia y la asistencia de la salud genitourinaria. No obstante, esa medida puede resultar menos aceptable para las personas de edad que para los jóvenes. Además, la Dependencia de Exclusión Social está examinando cuestiones relacionadas con la ayuda a la familia y a los hijos, las cuales se plantean de resultas de la reincorporación a las instituciones de enseñanza de las adolescentes después de los embarazos.
En respuesta al interés manifestado en la labor de la Autoridad sobre Fecundación Humana y Embriología, el orador destaca que se puede consultar mucha información de esa fuente en la Internet.
El orador destaca que las mujeres de más de 65 años de edad no son invitadas a someterse a pruebas de detención del cáncer de mama porque, cuando se estableció ese programa, se consideraba que dichas mujeres no encontrarían aceptable ese enfoque. Sin embargo, las mujeres de más de 65 años tienen derecho a someterse gratuitamente a dichas pruebas cada tres años y el número de peticiones de mamografías formuladas por las mujeres de ese grupo de edad pasó de 39.000 en 1994-1995 a 67.000 en 1996-1997. El Comité Nacional de Detección está considerando modificar sus normas en función de los resultados de los estudios experimentales de viabilidad.
Por lo que respecta a la atención de la salud de la mujer en las zonas rurales, la política del Servicio Nacional de la Salud consiste en permitir el acceso universal a la asistencia con independencia de la capacidad de pago. La estructura y el formato concretos de la prestación de asistencia dependen de las circunstancias del lugar y se enmarcan dentro de las facultades discrecionales de los planificadores locales.
Escocia cuenta con su propia estrategia para hacer frente al problema de los embarazos de las adolescentes. En un Libro Blanco sobre la política sanitaria se ha establecido como objetivo nacional una reducción del 20% de la tasa de embarazos de las muchachas de entre 13 y 15 años de edad para el período comprendido entre 1995 y 2010. Recientemente se ha puesto en marcha un proyecto experimental con el fin de promover la salud sexual e impedir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
El Sr. Bowen (Reino Unido) se refiere a las medidas que se están adoptando para hacer frente al problema de la pobreza entre las mujeres de edad, quienes constituyen la mayoría de los pensionistas más pobres. El orador dice que la Dependencia de la Mujer está preparando un proyecto relacionado con los ingresos de la mujer durante su ciclo de vida, que dará lugar a la formulación de recomendaciones sustantivas. Además, el sistema de pensiones está siendo objeto de una revisión a fondo con el objetivo expreso de reducir las diferencias de pensión entre los hombres y las mujeres y establecer pensiones que sean suficientemente flexibles para tener en cuenta las pautas frecuentemente intermitentes de trabajo de la mujer. El Parlamento tiene ante sí el proyecto de ley de reforma del bienestar social y del sistema de pensiones que contiene muchas disposiciones en beneficio de la mujer: reparto de la pensión después del divorcio; pensiones de los interesados directos, que consisten en un plan de ahorro para la jubilación destinado a los perceptores de las rentas salariales muy bajas que carecen de una pensión ocupacional; una mejora del sistema de la segunda pensión del Estado para los asalariados con ingresos bajos y moderados; y créditos en concepto de segunda pensión en función de los años dedicados a prestar asistencia a otras personas. Se estima que por lo menos 4 millones de personas, principalmente mujeres, se beneficiarán de las disposiciones propuestas en relación con la segunda pensión. Mientras tanto, el Gobierno está ejecutando proyectos experimentales para determinar el mejor modo de proporcionar sostenimiento de los ingresos a las alrededor de 70.000 mujeres pensionistas que no tienen derecho a él. Además, en el nuevo presupuesto se propone una ayuda complementaria para los pensionistas en concepto de sostenimiento de los ingresos, dos tercios de los cuales son mujeres: un ingreso mínimo garantizado de 75 libras a la semana y la multiplicación por cinco del pago que se efectúa en invierno en concepto de combustible.
El Gobierno ha propuesto un “Nuevo Pacto para los trabajadores de edad”, que incluye un complemento interno para los que se reincorporan al trabajo, servicios de asesoramiento y una subvención para la capacitación en el empleo. La estrategia del Gobierno para las personas de edad hace hincapié en el envejecimiento activo. Se propugna una investigación de las razones por las que las personas de edad dejan de trabajar, los beneficios mentales y físicos del trabajo para las personas de edad y los obstáculos para reintegrase en el trabajo, al tiempo que se propugna la formulación de programas, como los de tutorías, para facilitar la reincorporación al trabajo, con la ayuda de las innovaciones flexibles de la estrategia del Gobierno en pro del empleo en favor de la familia.
El Sr. Fifoot (Reino Unido) dice que el Convenio Europeo de Derechos Humanos debe entrar en vigor en el Reino Unido en octubre de 2000. La razón del retraso estriba en que es necesario llevar a cabo una importante labor de capacitación: no sólo los tribunales, sino también todas las autoridades públicas han de tener conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No obstante, la descentralización del legislativo y el ejecutivo ya está prohibida en las respectivas leyes de descentralización cuando dichas descentralización sea contraria al Convenio Europeo y, por lo tanto, podrá ser impugnada con arreglo a tales leyes.
El Gobierno del Reino Unido no tiene previsto por el momento incorporar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a su legislación interna porque considera que la Convención no resulta fácil de defender ante los tribunales, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las obligaciones que tiene con arreglo a la Convención, las cuales son de carácter programático y, por consiguiente, resultan difíciles de introducir en un sistema de common law.
El Gobierno del Reino Unido no ha adoptado por el momento ninguna decisión sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, después de su aprobación durante el año en curso.
La aplicación de la Convención a los territorios de ultramar del Caribe y a las Islas Falklands se ve complicada a causa del reducido volumen de sus poblaciones. El orador dice que todos los territorios de ultramar, que tienen un importante dado autonomía, cumplen todas las normas sustantivas de la Convención: las mujeres son iguales ante la ley y tienen igualdad de acceso a la enseñanza, la asistencia sanitaria y los servicios especiales de salud. No hay discriminación en el matrimonio y el empleo de la mujer ha aumentado de manera considerable. La discriminación en el empleo está prohibida por la ley en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos, en tanto que en las Falklands la discriminación está prohibida únicamente en la administración pública. No obstante, la protección jurídica contra la discriminación en el empleo en las Falklands está siendo actualizada para ponerla en consonancia con el nivel del Reino Unido.
A este respecto, el orador dice que los códigos de administración pública del Reino Unido constituyen modelos de legislación contra la discriminación, en cuyo marco los méritos constituyen el único criterio permisible para el ascenso. Esos códigos se aplican también en los territorios de ultramar y las mujeres están muy bien representadas en los niveles superiores de la administración pública de esos territorios. Las mujeres también están bien representadas en los diversos consejos legislativos.
Aunque no hay ningún departamento especial en las Falklands ni en las Islas Turcas y Caicos que se ocupe de cuestiones relacionadas con la mujer, las Islas Vírgenes Británicas cuentan con una “Oficina para la Mujer”, a cuyo frente hay una mujer muy activa que organiza cursos prácticos sobre asuntos de interés para la mujer y que benefician a ésta. La Dependencia de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro del Reino Unido se solidariza con los objetivos y actividades de la Oficina la Mujer y entrará en contacto con ella si dicha Oficina lo desea.
Resulta difícil explicar con detalle las partes del informe del Reino Unido relativas a los territorios de ultramar por la misma razón que resulta difícil establecer la maquinaria necesaria para aplicar en ellos la Convención: el reducido volumen de su población.
Es difícil aplicar la política sobre embarazos de adolescentes en las Islas Vírgenes Británicas: las muchachas de más edad asisten a la escuela hasta que finalizan sus estudios, en tanto que las más jóvenes son retiradas de la escuela por creerse que es mejor para las niñas y para la familia. Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas tienen que hacer frente a ese problema.
Los niños nacidos en el Reino Unido son británicos si sus padres lo son también o tienen su residencia permanente en el país. Si un niño nace sin nacionalidad, se considera que es británico: el Gobierno del Reino Unido no desea que los niños nazcan apátridas.
La Sra. Hazelle dice que, aunque las mujeres están bien representadas en la administración pública de los territorios de ultramar, no resulta tan satisfactoria su representación en los puestos que se cubren por elección. Además, no hay ninguna mujer Gobernadora.
El informe no es suficientemente detallado por lo que respecta a los territorios de ultramar y, este respecto, la oradora dice que se ha redactado en buena parte utilizando un cuestionario enviado por la Oficina del Servicio Exterior y del Commonwealth. Los contactos de la oradora con la persona encargada de la “Oficina de la Mujer” en las Islas Vírgenes Británicas la han convencido de que el Gobierno del Reino Unido ha de hacer más para cumplir los objetivos de la Conferencia y la Plataforma de Acción de Beijing. Decir que los territorios son “demasiado pequeños” es desconocer la situación: las mujeres de los territorios de ultramar necesitan y desean que se les reconozcan esos derechos, al igual que las mujeres del resto del mundo. El hecho de escudarse en el régimen autonómico de tales territorios también equivale a desconocer la situación: el Gobierno del Reino Unido está obligado a garantizar que la Plataforma de Beijing se aplique íntegramente en todos sus territorios.
La Sra. Reynolds (Reino Unido) dice que el problema del empleo de la mujer, particularmente en las zonas aisladas del Reino Unido, es un hecho reconocido por el Gobierno. La Comisión de Desarrollo Rural de Inglaterra se unió con la Comisión para las zonas rurales en abril de 1999 para constituir el Organismo para las zonas rurales. El Organismo y sus equivalentes en Escocia, Gales e Irlanda del Norte están cooperando con otros órganos para examinar el modo de proporcionar medios de transporte a los habitantes de las comunidades rurales aisladas que desean buscar trabajo. Las mujeres de las zonas rurales trabajan principalmente en los servicios públicos, el turismo y otras industrias relacionadas con esos servicios. Se está preparando una estrategia para el turismo que reconocerá la contribución de la mujer al sector y reexaminará sus necesidades de empleo para determinar si se le pueden prestar formas concretas de apoyo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que todos los demás ministerios del Reino Unido, se ha comprometido a realizar una evaluación desde el punto de vista del género y a llevar a cabo una labor de racionalización de conformidad con las nuevas políticas dimanantes del acuerdo del Programa 2000 de la Unión Europea, que abarca la política de desarrollo agrícola y rural. La Dependencia de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro trabajará con el Ministerio para delimitar medios prácticos para garantizar que las mujeres se beneficien de las nuevas políticas. Hay más muchachas que muchachos que acceden a los centros de formación agrícola, lo que representa un cambio significativo en los últimos años, al tiempo que instituciones tales como el Premio a la Agricultura del Año y el Día de la Mujer Rural, que sirven para unir a las mujeres de todo el Reino Unido, constituyen un modo de galardonar a las mujeres de las zonas rurales por su contribución.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que el Gobierno del Reino Unido debe considerar de nuevo la posibilidad de adoptar medidas en relación con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no contiene ninguna disposición similar y, aunque los fallos del Tribunal Europeo son en cierto modo hostiles al establecimiento de cuotas automáticas para la mujer en el empleo, podrían establecerse otros objetivos menos drásticos, que, además, no deberían ser meramente objetivos, sino tener un carácter obligatorio establecido en virtud de la legislación.
La oradora encomia al Gobierno del Reino Unido por los esfuerzos que realiza en pro del adelanto de la mujer. A este respecto, espera con interés que, en el próximo informe, figure un panorama coherente de la legislación utilizada para mitigar la pobreza y de los efectos de esa legislación y de la descentralización, con arreglo a lo que pongan de manifiesto la supervisión y la evaluación.
La Sra. Eastabrook (Reino Unido) dice que su Gobierno procede con cautela cuando se trata de promover legislación, a menos que quede clara su necesidad. Además, aún es demasiado pronto para determinar si se alcanzarán los objetivos no legislativos a los que se ha comprometido recientemente. No obstante, el Gobierno seguirá examinando modos para garantizar el adelanto de la mujer de conformidad con la legislación europea, tal como se desarrolla por conducto de los asuntos que se plantean ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con arreglo al artículo 13 del Tratado de Amsterdam.
La Sra. Reynolds (Reino Unido) destaca que su delegación no se presenta ante el Comité complacida por la situación de la mujer en el Reino Unido ni abandona complacida la reunión: está de acuerdo con la Sra. Schöpp-Schilling en que, aunque el Gobierno del Reino Unido merece un “aprobado”, siempre se puede mejorar.
La Sra. Donnelly (Reino Unido) dice que hace poco tiempo se publicó oficialmente una estrategia de inclusión social para Escocia. La estrategia se basa en un enfoque general e integrado para abordar las causas fundamentales de la pobreza y de la exclusión en la sociedad escocesa e incluye iniciativas concretas, como el establecimiento de centros de familias para apoyar a los padres y a los hijos a fin de que puedan desarrollar todos sus posibilidades y contribuir plenamente a la sociedad. La estrategia también cuenta ciertamente con aspectos relacionados con la salud y la enseñanza.
Se están celebrando en Escocia consultas sobre la reforma de la legislación relativa a la familia. La reforma de esa legislación corresponde al nuevo Parlamento escocés. La oradora destaca que, junto con los documentos de las consultas, se ha publicado un folleto en el que se enumeran las diversas fuentes de asistencia para las familias. El elevado costo de la ruptura de las relaciones familiares se ha destacado en el proyecto y en los documentos de las consultas y se están buscando modos para mediar en las controversias familiares con objeto de reducir al mínimo el encono cuando la ruptura familiar resulta inevitable e intentar garantizar que los miembros de la familia puedan seguir relacionándose entre sí posteriormente.
La Sra. Reynolds (Reino Unido) destaca que el enfoque de incorporación adoptado por el Reino Unido se encuentra en sus etapas iniciales; no obstante, se trata de un compromiso del Gobierno que es universalmente vinculante. Ya ha dado lugar a mejoras espectaculares en ámbitos tales como la Hacienda Pública, aun cuando su aplicación es aún irregular.
El Gobierno del Reino Unido comparte el interés del Comité en las actividades de supervisión y evaluación y hace especial hincapié en las relaciones entre los diversos ámbitos normativos, a los que se referirá en su próximo informe al Comité.
El proceso de transferencia de responsabilidades está brindando nuevas oportunidades para que se escuche la voz de la mujer. No obstante, también entraña obstáculos para la reunión de datos estadísticos, la presentación de informes y la garantía de la coherencia. Resulta clara la necesidad de que todas las partes del Reino Unido sigan colaborando estrechamente en todas esas cuestiones.
La Sra. Cartwright encomia a la delegación del Reino Unido por su espíritu de franqueza y su indudable compromiso con la Convención. No cabe duda de que las consultas que ha celebrado el Gobierno del Reino Unido, particularmente con las organizaciones gubernamentales, han sido muy amplias, lo que garantiza que su informe es muy rico en contenido y que un gran número de mujeres del Reino Unido han sido informadas acerca de lo que puede ofrecerles la Convención. La oradora encomia también a la delegación por su elevado nivel de conocimientos técnicos, que le han permitido responder en profundidad a una amplia gama de cuestiones.
La oradora destaca que la incorporación de la perspectiva género debe aplicarse en todo el Reino Unido y que sólo las actividades de supervisión y evaluación pueden demostrar en el próximo informe cuán efectivas son las nuevas iniciativas. No obstante, se han producido ciertamente adelantos entre el segundo informe y los informes tercero y cuarto. Únicamente cabe lamentar que haya transcurrido tanto tiempo entre los informes, ya que los cambios experimentados y la nueva información facilitada han resultado abrumadores.
Se levanta la sesión a las 17.45 horas.