31° período de sesiones

Acta resumida de la 659ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 15 de julio de 2004, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Açar

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe periódico de la República Dominicana (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Quinto informe periódico de la República Dominicana (continuación) (CEDAW/C/DOM/5, CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.2 y CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1)

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la República Dominicana toman asiento a la Mesa del Comité.

2.La Presidenta invita a los miembros del Comité a reanudar sus preguntas y observaciones.

Artículos 10 a 14

3.La Sra. Khan observa que el 35% de las personas que han contraído el VIH/SIDA en la República Dominicana son mujeres y que hay un elevado porcentaje de mujeres jóvenes que padecen enfermedades de transmisión sexual. Esa situación es consecuencia directa de la discriminación de género —de la falta de acceso a información por parte de las mujeres, de que su situación no les permite exigir unas relaciones sexuales seguras y de su exposición a la violencia y la prostitución. En sus observaciones finales sobre el informe anterior del Estado parte, el Comité destacó la necesidad de ampliar los programas de educación sexual destinados tanto a los niños como a las niñas, y de revisar la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos, en particular por lo que respecta al aborto, la planificación familiar y la lucha contra la propagación del VIH/SIDA. Agradecería que se facilitara información sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para tal fin.

4.Según información procedente de diversas fuentes, para conseguir trabajo en el sector turístico y en la zona franca se exige un certificado de que no se padece VIH/SIDA, y en la zona franca se exige además la prueba del embarazo. Pide a la delegación que aclare si la discriminación contra las mujeres por estar embarazadas es ilegal. El Código del Trabajo no es suficientemente explícito a ese respecto.

5.La Sra. Ferrer Gómez dice que la presencia de un 42,8 por ciento de mujeres de más de 10 años de edad entrela población activa (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1, pág. 8) contradice las iniciativas del Estado parte destinadas a erradicar el trabajo infantil. Sería útil conocer cuál es la edad mínima para trabajar en la República Dominicana y las conclusiones cuantitativas de su Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil. También agradecería que se facilitara información sobre las medidas gubernamentales destinadas a proteger al porcentaje, sumamente elevado, de mujeres desempleadas (que casi triplica el de hombres desempleados), a generar otras fuentes de empleo para ellas y a afrontar la disparidad salarial entre hombres y mujeres. Es desconcertante que el Ministro de Trabajo afirma no conocer los motivos de esa disparidad ni qué medidas ha adoptado el Gobierno para eliminarla. También agradecería que se explicara el marcado descenso del empleo en el sector turístico (en el que el 50% de los trabajadores son mujeres) entre 2002 y 2003 (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1, pág. 9). Pregunta cuáles son las ramas de producción que emplean a más mujeres en la zona franca. Refiriéndose a la exclusión y los despidos constantes de mujeres embarazadas, al requisito de realizarse la prueba del embarazo como condición para ser contratada, a los riesgos ocupacionales, a los bajos salarios y al acoso sexual en la zona franca, pregunta si el Gobierno supervisa las condiciones de trabajó en esa zona y que está haciendo para mejorarlas.

6.Por último, pregunta qué iniciativas ha puesto en marcha el Gobierno para dar a conocer los derechos de las empleadas domésticas, que representan el 97 % de los empleados de ese sector.

7.La Sra. Morvai añade que, por definición, los derechos deben poder ejercerse. Pregunta si el Estado parte dispone de inspectores de trabajo. Si los derechos laborales se aplican sólo a discreción de los empleadores y las 7.000 mujeres que trabajan como empleadas domésticas carecen prácticamente de ellos, no puede decirse que esos derechos existan.

8.También pone en cuestión la conveniencia de que la prostitución se clasifique como trabajo. Normalmente, la experiencia laboral incrementa el valor de un trabajador en el mercado laboral; sin embargo, está segura de que hay mucha más demanda de los 35.000 niños obligados a prostituirse en la República Dominicana que de sus “colegas” de mediana edad o mayores. Pregunta cómo puede representar adecuadamente un sindicato con 500 miembros a las 150.000 prostitutas del país y si las 7.000 empleadas domésticas disponen de su propio sindicato. En caso afirmativo, pregunta si éste defiende activamente sus derechos.

9.La Sra. Coker-Appiah manifestó su temor de que la prestación de servicios de detección temprana del cáncer de cuello de útero y de útero en el marco de los programa de atención de la salud materna y perinatal excluya a las mujeres que ya no están en edad fecunda o a las que no tienen hijos (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1, respuesta a la pregunta 29), y pregunta cómo se garantiza el acceso de esas mujeres a esos servicios.

10.La Sra. Šimonović dice que es lamentable que la delegación no haya podido facilitar datos sobre las condiciones laborales y la discriminación salarial en la zona franca, lo que no mitiga la preocupación manifestada por el Comité al examinar el informe anterior del Estado parte. Subrayando que en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención se prohíbe despedir a una mujer por estar embarazada, pregunta si se han establecido sanciones adecuadas, incluidas multas, para desalentar esa práctica. También desea saber si las trabajadoras y las mujeres que buscan empleo saben cómo presentar denuncias en caso de discriminación de género.

11.La Sra. Balcacer (República Dominicana) respondiendo a las preguntas de los miembros del Comité, dice que aproximadamente el 1% de la población está infectado por el VIH/SIDA. Su Gobierno está sumamente preocupado por la propagación de la enfermedad y tanto entidades gubernamentales como no gubernamentales están aplicando medidas a gran escala a fin de educar a los jóvenes, a los hombres y mujeres adultos y a las personas que se dedican a la prostitución acerca de su prevención. La Secretaria de Estado de Educación han tomado medidas con miras a incluir la educación sexual en el programa de estudios escolar, y los principales hospitales provinciales ofrecen servicios de asesoramiento, tratamiento y apoyo a las mujeres que han contraído el VIH/SIDA, especialmente a las mujeres embarazadas. La Secretaría de Estado de Salud Pública también está tomando medidas especiales para distribuir medicamentos entre los sectores más pobres de la población.

12.La Sra. Díaz (República Dominicana) dice que tanto la Constitución como el Código del Trabajo garantizan la protección de la maternidad. Las denuncias de casos de discriminación por embarazo se pueden presentar en la Secretaria de Estado de Trabajo, que es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la legislación sobre maternidad. Los empleadores tienen que pagar el salario de seis meses (equivalentes a tres meses de salario antes del parto y tres meses después de éste) a modo de indemnización por violar la legislación vigente.

13.La Secretaría de Estado de Trabajo está haciendo todo lo posible por erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana. Sobre la base de los resultados de la Encuesta Nacional y de otros cuestionarios, está ejecutando cinco programas destinados a erradicar el trabajo infantil, incluido un programa conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el municipio de Constanza, donde se ha rescatado de las plantaciones a 456 niños, y un programa de formación para niños trabajadores a los que se ha rescatado de las plantaciones de arroz de la provincia de Duarte. A las familias se les ofrece educación, asesoramiento y, en Duarte, una pequeña suma para compensar la pérdida de ingresos, con el objetivo de erradicar esa práctica tan arraigada.

14.Aunque la Secretaría de Estado de Trabajo ha fijado un salario mínimo aplicable a ambos sexos, la realidad es que no controla lo que ocurre en el sector privado; sin embargo, su Dependencia de Equidad de Género está llevando a cabo campañas de sensibilización de la opinión pública. En respuesta a otra pregunta, dice que el empleo del sector turístico disminuyó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. El Gobierno y la Secretaria de Estado de Trabajo son conscientes de las numerosas violaciones de la legislación en materia de salud e higiene que se producen en la zona franca e impone multas a los empleadores que delinquen.

15.El Código del Trabajo de 1992 no contempla el acoso sexual en el lugar de trabajo. En virtud de la Ley Nº 2497, de 1997, las mujeres pueden denunciar esos casos ante la Secretaría de Estado de Trabajo sin perjuicio de cualquier otra acción que deseen emprender. A su vez, la Secretaria de Estado remite las denuncias a los tribunales. Hasta la fecha sólo se han presentado cinco denuncias; sin embargo, se están poniendo en marcha iniciativas con miras a promover la sensibilización de las mujeres con respecto a sus derechos en ese ámbito.

16.En virtud de una enmienda de 1999 del Código del Trabajo, los empleados domésticos que trabajan para empresas o domicilios particulares tienen derecho a vacaciones anuales y a una paga extraordinaria por Navidad. La Secretaria de Estado de Trabajo mantienen un registro de las denuncias presentadas por empleados domésticos acerca de las prestaciones o la remuneración a que tienen derecho; sin embargo, todavía queda mucho por hacer para sensibilizar a la opinión pública acerca de esos derechos, relativamente nuevos.

17.La Secretaria de Estado de Trabajo está tratando de garantizar que las prostitutas y las trabajadoras del sexo, contratadas oficialmente como camareras, cocineras o ayudantes en bares, restaurantes y hoteles, tengan conciencia de sus derechos y reciban las prestaciones que les corresponden en virtud de su relación laboral con los propietarios de los establecimientos. Las trabajadoras del sexo no disponen de un sindicato reconocido, pero tienen una asociación. La oradora ha representado personalmente a la Secretaría de Estado de Trabajo en conferencias destinadas a informar a las trabajadoras del sexo acerca de sus derechos laborales.

18.La Sra. Nivar (República Dominicana) dice que, habida cuenta de que las mujeres suelen ser menos conscientes de sus derechos que el resto de la población, las asociaciones de mujeres y la Secretaría de Estado de la Mujer están realizando esfuerzos especiales a fin de dar a conocer la legislación relativa a los derechos de la mujer. Es preciso examinar detenidamente la pregunta de la Sra. Morvai sobre la clasificación de la prostitución como trabajo.

19.La Sra. Saiga pregunta si existe alguna disposición que fije la edad mínima legal para trabajar. Observando que el 10% de los niños no está escolarizado y que sólo el 30% cursa estudios de enseñanza primaria hasta octavo grado (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1, pág. 33), pregunta si el Gobierno concede a los padres algún incentivo para que envíen a sus hijos a la escuela.

20.La Sra. Manalo afirma que la legislación si sola no basta para proteger los intereses de las mujeres a las que se obliga a hacerse la prueba del embarazo para trabajar en la zona franca. Pregunta en qué medida son las mujeres conscientes de la existencia del procedimiento de denuncia previsto en la ley y con qué frecuencia se ha utilizado con éxito. También resultaría útil disponer de información sobre el número de mujeres que no se atreven a denunciar su caso, las consecuencias que entrañan las violaciones para los empleadores y las medidas especiales que haya adoptado el Gobierno a fin de eliminar esa práctica.

21.La Sra. Shin, tras referirse a la cuestión de la prueba obligatoria del embarazo para conseguir un puesto de trabajo, pregunta si existen estudios que hayan revelado un problema de acoso sexual o de violaciones de las mujeres que trabajan en las zonas francas. La experiencia de otros países, como Corea, ha puesto de manifiesto que, en su empeño por atraer inversiones hacia las zonas francas, los Gobiernos están tentados de hacer excepciones con respecto a la legislación laboral, por ejemplo, prohibiendo la actividad de los sindicatos, y no aplicando efectivamente la legislación. Agradecería que en el próximo informe se facilitara información sobre las condiciones de trabajo a las zonas francas y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para mejorarlas.

22.La Sra. Belmihoub-Zerdani observa que en el informe se facilitan estadísticas detalladas sobre el alcance de la pobreza en el país, que afecta al 52% de la población y es especialmente grave entre los hogares rurales y aquellos en los que el cabeza de familia es una mujer. Es evidente que los programas gubernamentales de reducción de la pobreza y la aplicación de las recomendaciones resultantes de la Evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing en la República Dominicana necesitan de la ayuda de la comunidad internacional. Le interesaría saber qué recursos se han recibido de los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los países donantes para la realización de programas con miras a la reducción de la pobreza y el adelanto de la mujer, a la luz de los compromisos contraídos por los países desarrollados en la Plataforma de Acción de Beijing y el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a asistencia oficial para el desarrollo. El Comité desearía que en el próximo informe se facilitaran las cifras concretas a ese respecto.

23.La Sra. Achmad dice que,aunque el 70% de los alumnos matriculados en formación técnica y profesional son mujeres, el desempleo es tres veces superior entre las mujeres que entre los hombres, y es especialmente grave entre las mujeres menores de 24 años. A la vista de esa situación, pregunta si el Gobierno ha analizado, en el marco de sus programas de reducción de la pobreza, las pautas específicas del desempleo y las oportunidades laborales, a fin de utilizar más eficazmente la educación como instrumento de lucha contra la pobreza, tanto las zonas rurales como en las urbanas. La oradora se suma a sus colegas que han manifestado la importancia de la educación sexual y la salud reproductiva y de las medidas para luchar contra el trabajo infantil.

24.La Sra. Balcacer (República Dominicana) dice que, aunque es evidente que su país todavía no ha dedicado a la cuestión de la educación sexual y la salud reproductiva los recursos y la atención que requiere, se han dado algunos pasos en esa dirección. La educación sexual forma parte del programa de educación básica; se ha puesto en marcha un programa destinado a prevenir los embarazos de adolescentes y a ayudar a las adolescentes pobres embarazadas, coordinado por la Secretaría de Estado de la Mujer y la Oficina de la Primera Dama; y se va a publicar un manual sobre salud sexual y reproductiva, que es el producto de los esfuerzos de varios organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

25.La República Dominicana ha sido siempre un país fundamentalmente agrícola. Esa situación ha cambiado a los dos últimos decenios como consecuencia de la importante migración de las zonas rurales a las urbanas, especialmente de los jóvenes. Sin embargo, la situación de las mujeres rurales sigue siendo una cuestión importante. En 2003, la Secretaría de Estado de la Mujer ha celebrado una ronda de consultas con las mujeres rurales pidiéndoles que identificaran sus principales problemas, las causas y las posibles soluciones. Se ha preparado un documento en el que figuran las conclusiones de esas consultas para que sirvan de base a la formulación de políticas públicas. Además, en colaboración con la Secretaría de Estado de Salud Pública, en las zonas rurales se están llevando a cabo campañas de detección del cáncer de cuello de útero y de útero y de otros problemas de salud de la mujer. La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura, ha puesto en marcha, con apoyo del Gobierno de la Provincia China de Taiwán, un programa en cuyo marco se concede financiación a las pequeñas empresas agrícolas o de servicios de las zonas rurales que son propiedad de mujeres. Además, la Secretaría de Estado de la Mujer ha llegado a un acuerdo con la Secretaria de Estado de Trabajo en virtud del cual una parte de los fondos que éste destina a la creación de empleo se dedican específicamente al fomento del empleo de las mujeres en las zonas rurales y en las zonas urbanas.

26.Si bien es cierto que la aplicación del acuerdo de derecho de giro firmado con el FMI ha ocasionado graves dificultades al país, éste ha recibido una cantidad considerable de fondos del FMI y del Banco Mundial para luchar contra la pobreza y mejorar la educación. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) también ha desarrollado actividades en la República Dominicana en apoyo de los programas de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas urbanas y suburbanas.

27.La Sra. Cubilete (República Dominicana), recordando que se han formulado preguntas sobre los niños que no están escolarizados, dice que el Gobierno está sumamente preocupado por los perjudiciales efectos que tiene la falta de educación no sólo para el desarrollo personal sino también para la productividad nacional. Las reformas de la educación que comenzaron en el decenio de 1980 han permitido incrementar la tasa de escolarización en la enseñanza obligatoria, un total de ocho años, hasta el 97 %. En la enseñanza secundaria, que no es obligatoria, la tasa de escolarización es del 75%. También existen centros preescolares, destinados fundamentalmente a los padres que trabajan, en los que pueden dejar a sus hijos pequeños en un entorno educativo

28.La Sra. Díaz (República Dominicana), contestando a las preguntas sobre el empleo, dice que la edad mínima legal para trabajar es de 14 años, pero que el Código del Trabajo impone restricciones a las condiciones para contratar a menores de 16 años: por ejemplo, éstos no pueden trabajar de noche ni durante más de seis horas al día. Lamentablemente, no se dispone de datos sobre el acoso sexual en las zonas francas. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Trabajo está preparando actualmente un proyecto de estudio del mercado del trabajo de las mujeres, y la delegación transmitirá las preocupaciones manifestadas por el Comité. El país dispone de un sistema de inspectores de trabajo, y la Secretaría de Estado de Trabajo cuenta con un programa en cuyo marco se presta asistencia letrada gratuita a las mujeres que desean presentar una denuncia ante los tribunales laborales.

29.Por lo que respecta a la cuestión del desempleo, actualmente la Secretaría de Estado de Trabajo tiene en marcha tres proyectos. Uno de ellos tiene por objeto impartir formación profesional a jóvenes seleccionados con criterios de igualdad de género y colocarlos como aprendices. Otro proyecto se ocupa de impartir a mujeres cursos de formación sobre cómo poner en marcha y gestionar sus propias pequeñas empresas, proyecto que se complementa con programas de pequeños préstamos para la creación de empresas. El tercer proyecto consiste en la concertación de acuerdos con otros países para que acojan y formen a trabajadores dominicanos; está en marcha uno de esos acuerdos, concertado con España, y se están debatiendo otro con el Canadá.

Artículos 15 y 16

30.La Sra. González Martínez señala que el Comité lleva algún tiempoinstando alGobierno de la República Dominicana a que reforme su legislación sobre la familia, pero, aunque existen propuestas para modificar el Código Civil, todavía no se introducido ningún cambio. Es de vital importancia que la ley garantice los derechos de las mujeres que viven en uniones de hecho dado que el 60% de las mujeres que viven en pareja lo hacen en este tipo de uniones. Además, habida cuenta del papel pionero de la República Dominicana en la esfera de los derechos de la mujer, resulta inconcebible que, por ley, las mujeres dominicanas casadas no puedan administrar sus propiedades personales.

31.La Sra. Balcacer (República Dominicana) lamenta que se hayan retrasado tanto las reformas del Código Civil. Aunque el Congreso tiene ante sí propuestas para reformar el Código Penal, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Estado de la Mujer y de las organizaciones de mujeres por elaborar propuestas y promover las reformas, la decisión depende de la composición actual del Congreso.

32.La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana) señala que la composición del Congreso Nacional, a lo largo de su historia y hasta la fecha, ha sido predominantemente masculina. La representación de las mujeres nunca ha sido suficiente como para permitir aprobar legislación. Los adelantos legislativos que se han logrado —como la Ley Nº 24-97 sobre la violencia doméstica y las leyes sobre cuotas mínimas para las elecciones al Congreso y los municipios— pudieron aprobarse porque las congresistas aprovecharon momentos propicios para establecer alianzas estratégicas. El proyecto de reforma del Código Penal permitirá afrontar seriamente las actitudes de machismo que todavía persisten en el país, lo que también puede decirse de los cambios necesarios del Código Civil. Sin embargo, la Secretaría de Estado de la Mujer está desarrollando intensas actividades de promoción y preparando planes estratégicos y de reserva con el fin de poder presentar un proyecto de ley y, en última instancia, de lograr armonizar el Código Civil con los principios de igualdad que consagra la Constitución.

33.La Sra. Nivar (República Dominicana) explica que la Secretaría de Estado de la Mujer está preparando propuestas para reformar el Código Civil con la esperanza de que la cuestión figure en el programa del Congreso, pero, hasta ese momento, no podrá adelantar sus propuestas. Por ahora, el Congreso está estudiando las enmiendas del Código Penal, y, naturalmente, las actividades de promoción se centran en esa cuestión. Sin embargo, el fallo emitido recientemente por el Tribunal Superior de Justicia en favor de los derechos de una mujer que vivía en una unión de hecho ha abierto el camino para que otras mujeres puedan entablar acciones judiciales similares a fin de garantizar sus derechos.

34.La Presidenta invita a los miembros del Comité a que formulen preguntas adicionales.

35.La Sra. Khan dice que agradecería que se aclararan dos puntos relativos a la nacionalidad. En la respuesta a la pregunta 24 de la lista (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1) se afirma que existen factores culturales determinantes que obstaculizan la aplicación cabal del principio de jus soli e impiden a los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana obtener documentos de nacionalidad, pero que los niños que carecen de una partida de nacimiento tienen acceso a la enseñanza. Agradecería que se facilitara información más detallada sobre esos “factores culturales determinantes” y sobre por qué no se expiden documentos de identidad a los niños.

36.La Sra. Morvai, señalando que en los países más ricos tienen la obligación de donar fondos para el desarrollo, dice que agradecería que se facilitaran más detalles sobre cómo ayuda la comunidad internacional a la República Dominicana a financiar sus programas para la mujer. Considera preocupantes las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en las zonas francas y pregunta si la causa del problema es que las empresas establecidas en esas zonas son de propiedad extranjera, en particular, estadounidense.

37.La Sra. Ferrer Gómez pregunta si se ha llevado a cabo una evaluación del Plan Nacional de Equidad de Género y, en tal caso, a qué conclusiones se ha llegado. Pregunta si el Gobierno está estudiando la posibilidad de prohibir el proceso de mediación en los casos de violencia contra la mujer, dado que éste puede utilizarse como medio para evitar la presentación de cargos al amparo del Código Penal.

38.La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana) responde que la República Dominicana contestará por escrito a las preguntas anteriores dentro de unos días.

39.La Sra. Balcacer (República Dominicana) dice que se ha negociado la primera etapa del tratado de libre comercio pero que los Estados Unidos no lo han ratificado. Actualmente se están estudiando las posibles repercusiones del tratado en el empleo de la mujer.

40.No se ha evaluado el efecto del Plan Nacional de Equidad de Género sobre los distintos sectores de la economía porque se ha tropezado con dificultades para aplicarlo. La evaluación se ha aplazado hasta comienzos del 2005 como parte del plan de trabajo de la Secretaría de Estado de la Mujer.

41.Por lo que respecta a la mediación en los casos de violencia contra la mujer, la cultura dominicana desempeña un papel importante. Aunque las víctimas reciben todo tipo de ayudas, incluida asistencia letrada y otros servicios, es frecuente que retiren las denuncias que han presentado.

42.La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana) subraya que la mediación no está incorporada oficialmente a la legislación; de hecho, contraviene las leyes vigentes.

43.La Sra. Cubilete (República Dominicana) indica que los niños que carecen de partidas de nacimiento tienen acceso a la educación y a los servicios sociales. El Gobierno está tramitando actualmente la documentación de 125.000 niños dominicanos y extranjeros.

44.La Presidenta subraya que, aunque el Gobierno ha ratificado el Protocolo Facultativo, debe asegurarse de que tanto la sociedad civil como los profesionales del derecho lo comprendan cabalmente a fin de ayudar a las mujeres a utilizarlo. El Comité reconoce los esfuerzos de la República Dominicana por hacer frente a las presiones sociales y económicas de la pobreza y del desarrollo y a la realidad cultural de una sociedad patriarcal. En particular, celebra los esfuerzos del Gobierno en el ámbito fundamental de la reforma jurídica. El Código Penal y el Código Civil vigentes contienen muchas disposiciones que son incompatibles con los principios de la Convención. Por lo tanto, los expertos consideran especialmente alentador que se estén preparando nuevos Códigos y que la Secretaría de Estado de la Mujer esté participando activamente en la redacción del nuevo Código Penal. El Comité insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos con miras a garantizar que el nuevo Código proteja plenamente los derechos humanos de las mujeres. Es importante transmitir a la sociedad el mensaje de que la violencia contra las mujeres constituye un delito penal grave que merece ser castigado con penas severas.

45.El Comité encomia la utilización por la República Dominicana de los medios de comunicación para sensibilizar a la opinión pública acerca de la violencia contra la mujer. Si bien la Ley sobre la violencia doméstica supone un paso en la buena dirección, todavía no se dispone de mecanismos suplementarios, como centros de acogida y programas de atención y rehabilitación de las víctimas. Se insta al Gobierno a que destine fondos para tal fin. Las iglesias han empezado a incluir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en sus programas, y sus iniciativas para luchar contra esa violencia están resultando eficaces. El hecho de que se siga recurriendo a la reconciliación y la mediación en los casos de violencia doméstica es motivo de preocupación. La violencia contra la mujer constituye una violación flagrante de la Convención en la que no caben medidas de reconciliación y de mediación; se debe erradicar mediante medidas de prevención y protección, mediante la rehabilitación de las víctimas y el castigo de los maltratadores.

46.Se requieren medidas más enérgicas para luchar contra la trata de mujeres y hacer frente a la pobreza y la violencia que conducen a la prostitución.

47.El Comité insta a la República Dominicana a que estudie y evalúe las repercusiones de sus políticas e incluya la información correspondiente en su próximo informe. Los datos estadísticos del quinto informe periódico son insuficientes, el Comité pide a la delegación que en el próximo informe se faciliten datos estadísticos desglosados por sexo.

48.Por lo que respecta a la cuestión de la equidad frente a la igualdad, el Comité desea reiterar que la Convención se refiere exclusivamente a la igualdad entre los hombres las mujeres. La igualdad en los planes, programas y medidas es fundamental para transmitir a la sociedad el mensaje idóneo y para educar tanto a las personas que se encargan de la ejecución de los planes como a la opinión pública en general.

49.La Sra. Henríquez de Sánchez Baret (República Dominicana) explica que el Código Penal y el Código Civil de la República Dominicana se remontan a los códigos napoleónicos y que la modernización es un proceso laborioso. En sus esfuerzos por reunir la información que figura en el informe, la delegación ha consultado a las universidades de la República Dominicana y les ha pedido que incluyan en sus programas de estudios un curso obligatorio titulado “Resolución no violenta de conflictos”.

Se levanta la sesión a las 17.00 horas.