31° período de sesiones

Acta resumida de la 663ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el 19 de julio de 2004, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Shin (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados de Malta (continuación)

En ausencia de la Presidenta, la Sra. Shin, Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)

Examen inicial y exámenes periódicos segundo y tercero combinados de Malta (continuación) (CEDAW/C/MLT/1-3) .

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Malta toman asiento a la Mesa del Comité.

2.La Presidenta invita a la delegación a que responda a las preguntas planteadas en una sesión anterior.

3.La Sra. Bugeja (Malta) explica que la Convención no se ha incorporado a la legislación interna porque las leyes nacionales están plenamente en conformidad con la Convención. No obstante, los tribunales malteses pueden utilizar la Convención como fuente de interpretación. Malta ha hecho todo lo posible por difundir la Convención, de cuyo texto se han distribuido copias entre funcionarios públicos, escuelas, organizaciones de mujeres y otras instituciones nacionales. Se han establecido unidades sobre género en departamentos de la administración pública y organizaciones paraestatales, con miras a promover la igualdad de género. La Convención no se ha traducido al maltés porque el inglés es un idioma oficial y la mayoría de la población es bilingüe. No se ha firmado el Protocolo Facultativo porque el Gobierno está esperando que la Fiscalía General confirme que no existe ningún impedimento jurídico para la firma. El Protocolo Facultativo entrará en vigor según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 16, sin necesidad de incorporarlo a la legislación nacional.

4.El derecho de petición de las personas se otorgó por declaración del Gobierno el 1º de mayo de 1987, antes de que se promulgara la Ley de la Convención Europea. El informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero de Malta se presentaron en diciembre de 2002. Fueron preparados por un asesor contratado por el entonces denominado Ministerio de Política Social, en consulta con los departamentos, las entidades y las personas competentes. Los informes no fueron aprobados oficialmente por el Gobierno ni se presentaron al Parlamento. El Gobierno no estimó necesaria su presentación al Parlamento porque la Unión Europea ya había examinado rigurosamente la legislación interna de Malta, en la que se habían introducido las modificaciones necesarias para garantizar la igualdad de género. El Gobierno está firmemente convencido de que ya no existe en la legislación ninguna disposición discriminatoria. Los informes se pondrán a disposición de las organizaciones no gubernamentales que lo soliciten. El Gobierno de Malta adoptará las medidas necesarias para atender a las observaciones del Comité, y seguirá las nuevas directrices para la presentación de informes aplicables a los informes presentados a partir del 31 de diciembre de 2002. Mientras tanto, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres (NCPE) dará la mayor difusión posible a la Convención.

5.En cuanto a las reservas, Malta formuló una en relación con el artículo 11 con el fin de permitir la promulgación de disposiciones tendentes a proteger la salud y la seguridad de la mujer o del feto humano, incluida la imposición de prohibiciones, restricciones o condiciones como consecuencia de otras obligaciones internacionales. La reserva relativa al artículo 16 se formuló con el fin de que lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 1 no pudiera interpretarse como obligación de legalizar el aborto. Respecto de la reserva relativa al artículo 13, aunque la Ley de la Seguridad Social reconoció originariamente al marido como cabeza de familia, una enmienda de 1996 facultó al Director de la Seguridad Social para designar oficialmente al cabeza de familia. En 2003 se introdujo en la Ley una modificación final para eliminar las disposiciones discriminatorias que pudieran quedar. El Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social está recabando asesoramiento jurídico sobre la posibilidad de retirar la reserva relativa al artículo 15.

6.En respuesta a la pregunta sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), la oradora señala que diversas organizaciones de mujeres cuentan con una filial en Malta, como el Consejo Nacional de Mujeres. Las ONG pueden solicitar financiación estatal presentando una solicitud de fondos y un plan financiero a la Dependencia para las ONG del Departamento de Asistencia Familiar. Un Comité designado por el Ministerio de la Familia y Solidaridad Social evalúa anualmente las solicitudes y formula recomendaciones al Ministro sobre asignación de los fondos. La Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres (NCPE) se estableció en enero de 2004 y está integrada por siete miembros con formación en derecho, pedagogía, cuestiones de género y otras disciplinas pertinentes. En el presupuesto más reciente, la antigua Comisión para el Adelanto de la Mujer recibió el 2,7 por ciento de los fondos públicos asignados al Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social.

7.La NCPE colabora con todos los departamentos y ministerios en la elaboración y aplicación de políticas de fomento de la igualdad. Vela por que los funcionarios tengan los conocimientos necesarios para incorporar a su labor una perspectiva de género y por que en todas las leyes y políticas se tengan en cuenta los intereses de las mujeres, de conformidad con la Convención. Se la consulta al redactar cualquier ley nueva que afecte a la condición de la mujer, y es la entidad jurídica responsable de vigilar la observancia de la Ley de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. El seguimiento de la situación en materia de igualdad de género se lleva a cabo por medio de informes presentados anualmente por las unidades sobre género establecidas en los departamentos estatales y entidades públicas. La Comisión Nacional ha hecho todo lo posible por sensibilizar a la sociedad maltesa sobre las disposiciones de la Ley de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha puesto en contacto con agencias de publicidad, instituciones bancarias y medios de comunicación para garantizar el respeto de la igualdad de género, y supervisa la publicación de anuncios con el fin de comprobar que no contengan afirmaciones que entrañen estereotipos de género y otras prácticas discriminatorias.

8.En el primer semestre de 2004 la NCPE recibió 26 reclamaciones por discriminación de género. Para atender a las reclamaciones en el sector público, consulta principalmente a la Oficina de Gestión y de Personal de la Oficina del Primer Ministro. Las cuestiones que afectan a los empleados del sector privado se examinan junto con el Departamento de Relaciones Industriales y de Empleo. Aunque forma parte del Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social, la NCPE es plenamente independiente en sus decisiones y actuaciones. Rinde a la Ministra un informe anual sobre sus actividades, pero no recibe instrucciones de ella. Desde su creación en 2004, la Comisión Nacional ha seguido su propia Directiva estratégica de política 2004-2005. Se han identificado diversas medidas que podrían contribuir a subsanar la presente situación, entre las que se cuentan la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y en todos los niveles de la administración pública y de la empresa privada; el logro de una representación femenina adecuada a todos los niveles en los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales; el aumento de la conciencia de género en los cursos universitarios, la investigación científica y los servicios médicos; y la eliminación de los estereotipos a través de campañas educativas y campañas en los medios de comunicación.

9.En lo que se refiere a la observancia de la Constitución de Malta, contra la infracción de cualquiera de sus disposiciones puede presentarse recurso ante la Sala Primera del Tribunal Civil y ante el Tribunal Constitucional. Los derechos y libertades fundamentales, incluida la protección contra la discriminación por motivos de sexo, pueden hacerse valer ante los tribunales malteses, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución. Aunque en el informe no se menciona al Ombudsman, la NCPE trabaja en estrecha colaboración con su oficina y seguirá insistiendo en la importancia de la Convención.

10.El Fiscal General está redactando actualmente un proyecto de ley sobre la violencia doméstica, que se presentará al Gabinete y al Parlamento. El proyecto de ley abarca aspectos tales como la protección de la víctima, la detención y el procesamiento de los autores, el trato que ha de darse a éstos, y la intervención del Estado en los procedimientos adoptando medidas a favor de las víctimas en el caso de que se produzcan subsiguientemente nuevos actos de violencia. Se considera necesaria una ley específica sobre la violencia doméstica porque las disposiciones del Código Penal tienen un carácter demasiado general.

11.Todavía funcionan diversos centros especializados en atender a las adolescentes embarazadas, lo que en opinión de algunos supone un incentivo a la iniciación sexual temprana, aunque no parecen haber aumentado los embarazos de adolescentes. Una de las finalidades de esos centros es garantizar que las adolescentes embarazadas puedan continuar sus estudios y no vean mermadas sus oportunidades de empleo. También se ofrecen diversos servicios de apoyo a los futuros padres.

12.Como parte de la aplicación de los planes de implantación de una perspectiva de género, se han celebrado diversos talleres para funcionarios públicos de categoría superior y mediana sobre capacitación en sensibilización en las cuestiones de género y análisis de los efectos que tienen las medidas específicamente en la situación de la mujer, en los que se formularon recomendaciones que se sometieron a instancias superiores. La capacitación en evaluación de los efectos por género también se acompañó de la elaboración de proyectos piloto por diversos ministerios. El Gobierno reiteró su voluntad de impulsar la igualdad de género y de integrar la perspectiva de género a todos los niveles y en todas las esferas de la administración pública a más tardar en 1999, responsabilizando a los funcionarios públicos de todas las categorías y de todos los departamentos y entidades públicos de la incorporación de la perspectiva de género a más tardar en 2000. En determinados ministerios se han introducido objetivos concretos en relación con la incorporación de la perspectiva de género.

13.Respecto del artículo 4 de la Convención, la oradora conviene en que es necesario ir más allá de la legislación para alcanzar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Respondiendo a la pregunta de si el Gobierno de Malta se propone adoptar medidas especiales de carácter temporal, en particular en relación con el empleo y para aumentar la representación política femenina, dice que supone que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que se aplique plenamente la legislación con el fin de alcanzar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. En cuanto a la formulación exacta de la Constitución sobre las medidas especiales de carácter temporal, señala que el párrafo 11 del artículo 45 dice lo siguiente: ”Ninguna de las disposiciones del presente artículo será aplicable a ninguna ley ni a ninguna cosa realizada en virtud de la autoridad de una ley, ni a ningún procedimiento o arreglo, en la medida en que esa ley, cosa realizada, procedimiento o arreglo prevea la adopción de medidas especiales tendientes a acelerar de facto la igualdad entre hombres y mujeres, y únicamente si tales medidas, tomando en consideración la estructura social de Malta, demuestren ser razonablemente justificables en una sociedad democrática”.

14.Refiriéndose al artículo 5, dice que, aunque es evidente que los actos de violencia no se cometen exclusivamente contra mujeres, las afirmaciones del Comité no están respaldadas por el contenido de la sección 5.19 de los informes combinados, titulada “Violencia contra la mujer” ni por el de la sección 16.19, del mismo título. Atribuir el retraso en la elaboración de la legislación nacional contra la violencia doméstica a falta de conciencia o de sensibilidad hacia la especificidad de género de la violencia es una alegación falaz e injustificada.

15.En cuanto a la cuestión de si la violación se clasifica en el Código Penal de Malta entre los delitos contra el orden de la familia y de si esa clasificación es anacrónica y debe modificarse inmediatamente porque la violación es un delito contra la persona, la oradora señala que la violación se clasifica en realidad como delito bajo el epígrafe de “Delitos contra la paz y el honor de las familias y contra la moral”. Su clasificación como delito contra la moral no se considera anacrónica, y en cualquier caso, el que se clasifique como delito contra la persona o contra la moral no afecta en la práctica a la gravedad del delito ni a la severidad de las penas correspondientes.

16.La Dependencia de la Violencia Doméstica forma parte de un organismo nacional que presta servicios de asistencia social con financiación pública por valor de 850.000 liras maltesas (alrededor de 2,5 millones de dólares), cifra que representa el 32 por ciento del presupuesto asignado al Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social. Ese organismo emplea también a trabajadores sociales cualificados para realizar tareas en diversas esferas, entre ellas la de la violencia doméstica. También colabora estrechamente con la policía. Todas las personas que recurren a los servicios de la Dependencia pueden recibir ayuda en forma de psicoterapia y asesoramiento jurídico. También puede proporcionarse asistencia financiera a personas necesitadas, en virtud de la Ley de Seguridad Social. Existen asimismo otros mecanismos de asistencia a través de organizaciones eclesiales que trabajan en estrecha colaboración con el organismo. En cuanto a la pregunta sobre la falta de remuneración financiera de las tareas del hogar y del trabajo voluntario y sobre si el no reconocimiento del derecho a pensión es compatible con la igualdad, dice que se trata de una cuestión que la NCPE ha destacado y se esforzará por rectificar.

17.Refiriéndose a la cuestión de la educación, señala que el nuevo Plan de estudios nacional básico que se introdujo en diciembre de 1999 se basa en el principio de la igualdad de género, por lo que recoge los principios de la Convención. Se está impartiendo la formación pertinente a los profesores, pero todavía no se han evaluado los efectos en el alumnado. En cuanto a la evaluación del Comité de Cuestiones de Género de la Universidad de Malta, las actas de las reuniones mensuales del Comité se refieren a la identificación de fuentes de desigualdad de oportunidades o de trato. Se adoptan medidas sobre reclamaciones concretas, y el Comité trabaja en colaboración con el Ombudsman universitario en relación con medidas específicas. Se procura impulsar una política tendente a la integración de consideraciones de género en todos los niveles de la elaboración de políticas y de la adopción de decisiones.

18.El Comité de Cuestiones de Género se ocupa de promover una política de igualdad de oportunidades, incluida la prestación de ayuda a mujeres para resolver problemas concretos, la facilitación de las condiciones de vida de hombres y mujeres con compromisos familiares especiales, y la organización de seminarios y talleres para promover la toma de conciencia, especialmente cuando se debate legislación nacional relacionada con cuestiones de género. Recibe y evalúa reclamaciones de personal y estudiantes universitarios sobre prácticas de discriminación por motivos de sexo y trabaja en colaboración con asesores especiales en relación con el problema del acoso sexual, recomendando políticas y procedimientos apropiados. Promueve la investigación y la docencia basados en los conocimientos, la experiencia y las aspiraciones tanto de hombres como de mujeres, compila listas anuales de tesis referentes a cuestiones y políticas de género presentadas en todas las facultades e institutos universitarios, que se publican en páginas en la Web y en periódicos, elabora listas anuales de nuevos cursos de diversos departamentos que traten en concreto de cuestiones de género, y difunde ponencias, artículos y debates sobre cuestiones de género.

19.El Comité de Cuestiones de Género establece redes de particulares y organizaciones que trabajan por objetivos similares en Malta y a nivel internacional, y actúa como centro de coordinación de la universidad en cuestiones de género. Colabora con la Oficina Nacional de Estadística en el análisis de las nuevas estadísticas de género con el fin de poner de relieve las desigualdades entre hombres y mujeres y evaluar las mejoras logradas. Fiscaliza las condiciones de empleo en la Universidad, la concesión de becas, los criterios de selección y de ascenso, las normas para la realización de entrevistas, y la representación femenina en comités y juntas y en el Rectorado y el Consejo de la Universidad. Por último, el Comité desempeña funciones consultivas respecto de las políticas relativas a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, aplica un plan de tutoría que ofrece a los estudiantes orientación respecto de los cursos y las carreras, y promueve la sensibilización del personal docente y administrativo femenino, ejerciendo presión para que las mujeres estén representadas en todas las juntas y delegaciones nacionales.

20.El Centro de Desarrollo de la Participación del Personal de la Universidad de Malta ofrece el Diploma de Género y Desarrollo, con el patrocinio del Gobierno, para los funcionarios públicos que sigan el curso correspondiente, que empezó a impartirse en 1995 y no es obligatorio. Esos cursos han permitido a los participantes adquirir conocimientos sustanciales sobre cuestiones de género, que han demostrado ser un recurso eficaz, especialmente para los funcionarios públicos que desempeñan funciones de coordinación en relación con la igualdad de género.

21.Respecto del artículo 6, la oradora señala que, aunque data originariamente de 1930, la Ordenanza sobre la trata de blancas (Supresión) ha sido objeto de modificaciones sustanciales en numerosas ocasiones, por lo que se ha ido adaptando a situaciones y necesidades más actuales. En los últimos cinco o seis años la policía ha tenido que responder a denuncias sobre el ejercicio de la prostitución en Malta por mujeres extranjeras. En los últimos tiempos esas denuncias han indicado la existencia de trata de mujeres procedentes de la Federación de Rusia y de Ucrania. Se han dictado algunas sentencias condenatorias, y algunos de los casos se encuentran todavía en vías de resolución judicial.

22.Además de la Ordenanza, también el Código Penal contiene disposiciones referentes a la trata de personas. Su artículo 248 B dice lo siguiente: “Quien, por alguno de los medios mencionados en el artículo 248 A (2), trafique con una persona para explotarla en el ejercicio de la prostitución, en espectáculos pornográficos o en la producción de materiales pornográficos podrá ser condenado a una pena de dos a nueve años de prisión”. El artículo 248 A (2) del Código dice lo siguiente: “Los medios mencionados en el subartículo 1) son los siguientes: a) violencia o amenazas, incluido el secuestro; b) engaño o fraude; c) abuso de autoridad, influencia o presión; d) pago o percepción de dinero o prestaciones para lograr el consentimiento de una persona que ejerce control sobre otra persona”.

23.Se denunciaron diversos casos de prostitución, pero cada uno de ellos tuvo que ser verificado. Según la policía, desde enero de 2003 se denunciaron e investigaron cuatro casos importantes que fueron objeto de procedimientos judiciales. Se procesó por ellos a 17 varones y 2 mujeres. En lo que se refiere a la ayuda a las víctimas, la Ley sobre la policía dispone que el Fiscal General, a solicitud de la policía, puede incluir en el programa de protección de testigos a cualquier persona que haya sido víctima de un delito o cómplice de un delito grave y que decida facilitar información a la policía y testificar contra los autores principales. Las víctimas de delitos también pueden recibir en el marco de ese programa determinadas ayudas para la protección de su vida y sus propiedades. La Ley estipula que, al testificar en persona durante el juicio, las víctimas deben estar separadas por una pantalla del acusado y de las cámaras de televisión. Las víctimas de los delitos pueden estar presentes durante los procedimientos judiciales.

24.En la legislación de Malta se tipifica como delito el merodeo con fines de prostitución, pero no el acto de prostitución propiamente dicho. El Departamento de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud se ocupa de las cuestiones relacionadas con la salud sexual. El tema de la prostitución y de los trabajos sexuales se aborda y trata en las escuelas. Las mujeres detenidas y procesadas por merodeo con fines sexuales tienen acceso a servicios voluntarios de asesoramiento. La policía proporciona también protección a las mujeres que quieren abandonar la prostitución, en particular contra sus proxenetas.

25.Respecto del artículo 7, señala que en las más recientes elecciones al Parlamento Europeo, de los ocho candidatos presentados por el Partido Nacionalista dos eran mujeres, y una de ellas estuvo a punto de ser elegida. La voluntad del actual Primer Ministro de alentar activamente la participación de la mujer se manifiesta en la propia composición del Gabinete que nombró en marzo de 2004, en el que figuran las tres mujeres parlamentarias que resultaron elegidas por su partido, dos de ellas como ministras y una como ministra adjunta. El Partido Laborista de Malta y la Alternattiva Demokratika aplican un sistema de cuotas, pero en última instancia el derecho al voto es un derecho personal de cada ciudadano, que lo puede ejercer libremente. Desde 1947 los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho al voto y a presentarse candidatos en las elecciones generales y, desde su instauración en 1993, en las elecciones municipales. En el actual Parlamento hay un 9,2% de mujeres; también lo son el 27,6% de los concejales y el 43,6% de los funcionarios de las 10 categorías superiores de la administración pública, aunque no hay mujeres en las dos primeras categorías.

26.En cuanto al artículo 8, dice que obtienen un puesto todas las mujeres que aprueban el examen de ingreso en el cuerpo diplomático. El cargo de Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido encomendado recientemente a una mujer, funcionaria de carrera. Respecto del artículo 9, señala que la disposición que obliga a la mujer a solicitar un nuevo pasaporte después de contraer matrimonio no es discriminatoria. Sólo han de obtener un nuevo pasaporte las mujeres que cambian de apellido al casarse porque adoptan el de sus maridos. Las mujeres que optan por mantener su apellido de solteras no tienen que solicitar un nuevo pasaporte. Las mujeres casadas en Malta no necesitan presentar un certificado de matrimonio al solicitar un pasaporte.

27.Hay casos en que una mujer maltesa adquiere al contraer matrimonio el derecho a adoptar la ciudadanía de su marido. Algunos países no reconocen la doble nacionalidad, y en tales casos si la mujer opta por renunciar a su ciudadanía maltesa y adoptar la de su marido perderá el derecho a ser titular de un pasaporte maltés. Las mujeres casadas han de facilitar el número de pasaporte de su marido para que la oficina de pasaportes pueda averiguar si tiene derecho a pasaporte maltés. Las mujeres casadas titulares de pasaportes malteses expedidos después del 1º de enero de 1998 no tienen que indicar, si sus datos personales no se han modificado, los datos personales del marido en el impreso de solicitud de un nuevo pasaporte.

28.En relación con el artículo 10, la oradora dice que en Malta la enseñanza primaria y secundaria es obligatoria, a diferencia de la post-secundaria y terciaria. En 2003 asistieron a cursos nocturnos para adultos más de 9.000 personas, en su mayor parte mujeres. Esos cursos abarcan una amplia gama de materias, desde alfabetización básica hasta asignaturas de carácter académico, desde manualidades y música hasta formación profesional. No cuentan con un componente de orientación vocacional. Se mantiene el porcentaje de mujeres que concluyen con éxito los estudios terciarios: entre los estudiantes que terminan sus estudios de ese nivel, la proporción de mujeres es mayor que la de hombres. En 2003 eran mujeres el 57% de los graduados de la Universidad de Malta. Las mujeres obtienen mejores resultados académicos también en la enseñanza secundaria.

29.Todos los estudiantes universitarios de Malta reciben estipendios del Gobierno durante sus estudios, por lo que no se plantea la necesidad de becas y subsidios. La enseñanza es mixta en las escuelas públicas a nivel primario y post-secundario. Las escuelas privadas son en su mayor parte segregadas, y pocas de ellas ofrecen enseñanza mixta. Las escuelas independientes son por lo general mixtas. La formación del personal docente comprende cuestiones de género. En cuanto a la pregunta de si el Gobierno está haciendo algo para alentar a los estudiantes varones a tomar cursos en los que tradicionalmente existe un predominio femenino, señala que ese objetivo se promueve básicamente por medio de la orientación y el asesoramiento en la enseñanza secundaria. En general las mujeres parecen tener pleno acceso a la práctica de los deportes. En todas las escuelas los alumnos de ambos sexos tienen las mismas oportunidades de practicar deportes, de conformidad con el principio de igualdad de género.

30.Respecto del artículo 11, señala que la mayoría de las medidas tendentes a conciliar el trabajo con la vida personal son aplicables tanto a hombres como a mujeres. Esas medidas están promoviendo ya una relación más equilibrada entre el número de hombres y el de mujeres en el lugar de trabajo. La administración pública ha sido la primera en aplicarlas, y actualmente se están examinando junto con el sector público los resultados obtenidos. El Gobierno de Malta aplica la política de impartir formación adecuada a todos los funcionarios públicos y administradores de recursos humanos competentes con miras a acelerar la igualdad de hecho. Las desigualdades salariales que puedan persistir entre hombres y mujeres son imputables a diferencias de categorías ocupacionales. Las diferencias de ingresos no son, pues, el resultado de una situación de discriminación directa. La cuestión de las desigualdades salariales se está abordando mediante la celebración de seminarios entre los grupos que representan a las principales partes interesadas, como sindicatos, asociaciones patronales y organizaciones industriales y de empleo. La NCPE se propone asimismo realizar un estudio sobre diferencias salariales en el marco de un proyecto del Fondo Social Europeo que se llevará a cabo en el período 2004-2006.

31.La Ley de regulación de las condiciones de empleo y la Ley de relaciones laborales fueron derogadas en diciembre de 2002 y sustituidas por la Ley de empleo y relaciones laborales, que regula las condiciones de trabajo de los empleados de empresas privadas y de empresas paraestatales (no pertenecientes a la función pública). En la Ley no se asigna ningún papel específico al Ombudsman, cuyas funciones se estipulan en la Ley del Ombudsman de 1995. El personal del sector turístico es en su mayoría maltés. El número de trabajadores migrantes empleados en él es mínimo. En virtud de la adhesión a la Unión Europea, los ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea que trabajen en Malta gozarán de las mismas prestaciones y condiciones de trabajo que los trabajadores malteses. El Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo vela por la aplicación de las disposiciones de la Ley de empleo y relaciones laborales a todos los trabajadores empleados en Malta, cualquiera que sea su nacionalidad, a condición de que su actividad laboral se ciña a los procedimientos establecidos.

32.Respondiendo a la pregunta sobre el aparente monopolio masculino de los puestos directivos, la oradora explica que hace relativamente poco que asisten mujeres a los cursos que franquean el acceso a esas categorías profesionales, puesto que esos estudios requieren una inversión de tiempo considerable, y tradicionalmente recae en la mujer la responsabilidad principal del cuidado de la familia. Con la introducción de medidas para conciliar el trabajo con la vida familiar y el aumento del número de mujeres tituladas, la situación debería mejorar en los próximos años. El Gobierno alienta a las mujeres a postularse para cargos directivos. Los mecanismos nacionales disponibles colaboran con los organismos de empleo y contratación para conseguir ese objetivo y apoyan actividades de capacitación a tal efecto. La Corporación de Empleo y Capacitación ofrece cursos específicos para la reinserción laboral de mujeres y diversos cursos tendentes a facilitar el empleo de personas que han permanecido algún tiempo apartadas del mercado de trabajo.

33.Los programas de capacitación se revisan constantemente para adecuarlos a las necesidades del mercado de trabajo, y comprenden, por ejemplo, un número creciente de módulos de tecnologías de la información. La legislación laboral subsidiaria garantiza el derecho a la no discriminación en las condiciones de empleo. La introducción de medidas tendentes a la conciliación del trabajo y la vida familiar ha sido menor en el sector privado. Uno de los objetivos de los mecanismos nacionales es, pues, el de lograr progresos en esa esfera. Por consiguiente, el sector público se está utilizando como modelo para el sector privado.

34.El Ministerio de Educación, Juventud y Empleo no proporciona actualmente servicios de guardería, pero esa cuestión se aborda en el marco del plan nacional para el empleo que se está elaborando. Se han presentado diversos informes sobre la cuestión, y el Gobierno está ultimando el reglamento por el que habrán de regirse los servicios de guardería. Aunque tanto los jardines de infancia estatales como la mayoría de los privados aceptan niños a partir de la edad de tres años, el objetivo del Gobierno es ofrecer servicios desde el nacimiento hasta los cinco años de edad e integrarlos en el sistema general de enseñanza. El horario escolar abarca como máximo de las 8.00 a las 15.00 horas. Las escuelas públicas, religiosas e independientes adaptan ese horario básico a sus necesidades respetando debidamente el Plan de estudios nacional básico.

35.Resulta difícil evaluar con precisión el número de mujeres que trabajan en la economía sumergida, pues no se reúnen datos estadísticos sobre ese sector. No obstante, cabe señalar que esas prácticas parecen estar particularmente extendidas en el servicio doméstico, normalmente a petición de los propios empleados, que evitan pagar las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre el valor añadido por los servicios prestados. Se ha mencionado el caso de las mujeres empleadas del sector público a las que antes de 1981 se obligó a renunciar a su puesto de trabajo al contraer matrimonio, y se ha preguntado si al readmitirlas se tuvo en cuenta el período de empleo anterior y si se les pagó una indemnización. La respuesta a ambas preguntas es negativa. La legislación subsidiaria garantiza a los trabajadores a tiempo parcial condiciones de igualdad y no discriminación, por lo que se aplican las disposiciones de la Convención en la medida en que se incorporan a las directivas de la Unión Europea.

36.Sobre la cuestión de cómo concilian las mujeres un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial con el desempeño de sus responsabilidades familiares, señala que las mujeres con más de un empleo optan a menudo por trabajos con horarios atípicos, como los del sector turístico o turnos especiales, con el fin de poder mantenerlos. En algunos casos los empleadores ofrecen la posibilidad de adaptar los horarios a las necesidades personales (dictadas en general por las familiares), aunque se trata de arreglos informales y no de un sistema establecido. No se dispone de estadísticas sobre el número de mujeres que trabajan menos de 20 horas semanales. Sigue aplicándose el plan de acción para aumentar la proporción de mujeres en puestos de las categorías superiores de la administración pública, y se está haciendo todo lo posible por que tenga éxito. Un ejemplo pertinente es el nombramiento de la primera mujer con rango de Secretario Permanente, la segunda categoría más elevada de la función pública.

37.Respecto de los esfuerzos por eliminar los estereotipos profundamente arraigados sobre el rol de la mujer en la familia, la oradora dice que, además de las modificaciones de la legislación que garantizan actualmente la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a sus funciones y responsabilidades en la familia, la NCPE utiliza todos los recursos posibles, en particular los medios de comunicación, para promover un cambio de mentalidad que permita erradicar de una vez por todas tales conceptos estereotipados. El sistema educativo también promueve esos cambios. Desde que entró en vigor en 2002, la Ley de empleo y relaciones laborales, se han denunciado a la policía dos casos de acoso sexual. La naturaleza de las denuncias recibidas por la NCPE, muchas de las cuales están relacionadas con el empleo y se refieren a casos de acoso sexual, indica que muchas mujeres son conscientes de la posibilidad de acceder a la justicia. Se planea lanzar una campaña nacional en los medios de comunicación para informar al público en general sobre sus derechos y responsabilidades y sobre la legislación en materia de igualdad, incluidas las disposiciones contra el acoso sexual.

38.En relación con el artículo 12, dice que, aunque el servicio de atención primaria de salud es gratuito para todos, los productos farmacéuticos no lo son. Se proporcionan gratuitamente medicamentos durante toda la estancia en cualquier hospital del sistema público de asistencia de salud, independientemente de los medios económicos del paciente; a las personas que padecen determinadas enfermedades crónicas, independientemente de sus medios económicos; y a todas las personas que cumplan determinados criterios de necesidad económica. No obstante, la División de Salud no proporciona todos los medicamentos, sino sólo los incluidos en una lista básica, en la que no figuran determinados productos, como anticonceptivos. En cuanto a si el hecho de que la inserción de un dispositivo anticonceptivo intrauterino pueda depender de las convicciones morales o religiosas de la persona encargada de suministrarlo representa un obstáculo a la libre elección de las mujeres, observa que, como en otros casos, hay que buscar un delicado equilibrio entre los derechos del cliente y los de la persona encargada de prestar el servicio, lo que no es tarea fácil, especialmente teniendo en cuenta que los propios estudios médicos no sustentan una opinión unánime sobre la utilización de ese tipo de dispositivos. Resulta, pues, muy difícil encontrar una norma que resulte aplicable en todos los casos.

39.Todas las escuelas han de seguir el Plan de estudios nacional básico, que comprende actividades de educación en materia de desarrollo personal y social, incluida la sexualidad humana. Si una escuela no impartiera ese tipo de instrucción infringiría el Plan de estudios nacional, por lo que se adoptarían medidas para sancionarla. El desarrollo personal y social es una materia que se ha desarrollado ulteriormente desde la introducción del Plan de estudios nacional básico. Se imparte en todas las escuelas públicas, religiosas y privadas, y abarca temas tales como las relaciones; las perspectivas de carrera; el consumo indebido de sustancias, como drogas, alcohol y tabaco; y otras cuestiones que planteen los propios alumnos. Todos los profesores encargados de impartir esas enseñanzas han recibido formación en orientación y asesoramiento, y las clases, con participación de 15 alumnos como máximo, se desarrollan en forma de debates.

40.La educación sexual se aborda en forma muy amplia y no se enmarca en la enseñanza religiosa, aunque nada impide a los profesores de religión tratar de la posición de la Iglesia al respecto. Todos los temas pertinentes se examinan libremente y con franqueza, y se abordan cuestiones tales como la de los métodos anticonceptivos artificiales, así como las funciones biológicas básicas. La información que se proporciona es objetiva y pertinente. Se aplica el criterio de responder a todas las preguntas que se planteen. El Departamento de Promoción de la Salud colabora estrechamente con el Departamento de Desarrollo Personal y Social, y también tiene el mandato de impartir educación en salud sexual. Educadores especializados en cuestiones de salud visitan regularmente las escuelas para plantear debates sobre esas cuestiones.

41.En cuanto a la utilización de anticonceptivos como medio de controlar los embarazos de adolescentes, a la luz de la recomendación general Nº 24, dice que el aumento de los embarazos precoces constituye un problema de alcance internacional, y de la experiencia de otros países se desprende que los anticonceptivos por sí solos no son la solución. La política de Malta se basa en el convencimiento de que en toda estrategia de prevención debe desempeñar un papel más importante la educación. Respondiendo a la pregunta relativa al diagnóstico de la depresión entre las mujeres, dice que se ha incorporado una perspectiva de género al módulo parcial de sociología médica que se ha introducido para los estudiantes del último curso de medicina. Respecto del artículo 15 de la Convención, dice que compete al Gobierno y a sus órganos, así como a las autoridades y comisiones establecidas por ley, velar por que la legislación se modifique de conformidad con las necesidades de la sociedad. En una sociedad democrática y pluralista, la sociedad civil también tiene la obligación de que esa adaptación se lleve a cabo sin demoras indebidas.

42.Respecto de la ausencia de mujeres jueces en Malta, la oradora explica que para que pueda nombrarse juez a una persona es necesario que haya ejercido como abogado o como magistrado en Malta durante un período agregado de no menos de 10 años, Aunque existe en Malta un número relativamente elevado de mujeres que ejercen la abogacía, la gran mayoría de ellas no satisface esos criterios. No es ningún secreto que el Gobierno tiene dificultades para encontrar personas capacitadas para ejercer la judicatura, sean hombres o mujeres, principalmente porque las personas con la experiencia necesaria prefieren continuar con su práctica privada, que suele entrañar una remuneración mucho mayor que el puesto de juez. Diversas abogadas han sido nombradas magistradas en tribunales inferiores, para los que las condiciones exigidas son menores que para los tribunales superiores. Una abogada ha sido designada miembro del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, convirtiéndose en el primer juez maltés con el que cuenta ese órgano.

43.Respondiendo a la pregunta de por qué, a pesar de la patria potestad compartida, sigue correspondiendo al Director de Servicios Sociales designar al cabeza de familia, y de si hay una contradicción entre la Ley de Seguridad Social y el Código Civil, recuerda la respuesta dada en relación con las reservas a la Convención. La Ley de Seguridad Social no regula la patria potestad. No puede hablarse de conflicto entre ambas leyes, puesto que la Ley de Seguridad Social regula el derecho a las prestaciones, pensiones y subsidios de seguridad social y el pago de las contribuciones correspondientes, mientras que el Código Civil se aplica a las cuestiones de carácter civil. En cuanto a los datos sobre la propiedad de tierras, dice que es poco probable que se disponga de datos al respecto desglosados por género. Si los hubiere, se incluirían sin duda en el próximo informe. Respondiendo a la pregunta referente al consentimiento entre los cónyuges en cuestiones tributarias, dice que se requiere en efecto la firma de la mujer en la declaración de ingresos.

44.Respecto de la cuestión del divorcio, la oradora explica que el acceso al divorcio no se considera un derecho humano fundamental, y nunca se ha interpretado como tal en los principales convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos. Se suele considerar que las disposiciones sobre la familia corresponden al ámbito de la legislación nacional. Cuando un matrimonio se rompe, la pareja puede recurrir a la separación a través de los tribunales o privadamente, mediante acta notarial. Desde la presentación del informe, se ha establecido el Tribunal de Familia para examinar los casos de separación cuando ésta no se lleve a cabo con el consentimiento de las partes. Cualquiera de los cónyuges puede pedir al otro una pensión alimenticia. La negativa al pago de esa pensión constituye un delito por el que puede incoarse un procedimiento judicial contra la parte morosa. En los casos en que no procede el pago de alimentos, la parte interesada puede solicitar prestaciones sociales con arreglo a la Ley de Seguridad Social. Por último, en lo que se refiere a las obligaciones recíprocas de los cónyuges separados, señala a la atención del Comité las secciones 16.14, 16.16 y 16.17 de los informes combinados que se examinan.

45.La Presidenta invita a los miembros del Comité a que formulen preguntas complementarias.

46.La Sra. Schöpp-Schilling dice que los Estados partes tienen sin duda derecho a formular reservas, a condición de que éstas no sean incompatibles con los fines y objetivos de la Convención. El Comité considera que las reservas tienden a socavar la universalidad de la Convención, por lo que siempre alienta a los Estados partes a que reconsideren sus reservas. Desde ese punto de vista, la oradora se pregunta si no es posible reconsiderar la reserva al artículo 13 al mismo tiempo que la reserva al artículo 15. Respecto de la incidencia de la depresión entre las mujeres, la experiencia ha demostrado que los médicos tienden a diagnosticar esa enfermedad más frecuentemente en mujeres que en hombres como consecuencia de estereotipos de género. Cabe preguntarse si la elevada incidencia de la depresión y de la utilización de tranquilizantes en Malta no es el resultado de ese sobrediagnóstico, y si el Sistema de Gestión de Género del Sector de Salud hace algo para corregir ese sesgo. Por último, puesto que el texto de la Constitución requiere que las medidas especiales de carácter temporal sean “razonablemente justificables en una sociedad democrática”, se pregunta que criterios se aplican para llegar a esa determinación.

47.La Sra. Manalo solicita más aclaraciones sobre la participación de organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe. Según el Estado informante, los informes combinados se “elaboraron en consulta con los departamentos, entidades y personas competentes”. Pregunta si entre esas entidades se cuentan organizaciones no gubernamentales, y, en caso afirmativo, qué organizaciones participaron, y de qué manera lo hicieron. En cuanto a la clasificación de la violación en la categoría de delitos contra la paz y el honor de las familias y contra la moral, considera sorprendente que el Estado parte no considere anacrónica esa clasificación. La categoría utilizada parece sugerir que el delito se comete contra la institución de la familia, mientras que en la Convención se trata de un delito contra los derechos humanos de una persona. La distinción no es baladí.

48.El Sr. Flinterman señala que Malta aplica estrictamente el sistema dualista en cuestiones de derecho internacional, excepto en el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyas disposiciones pueden aplicarse directamente, por lo que un observador externo tendería a pensar que Malta no otorga la misma importancia a los diferentes tratados de derechos humanos. El Comité se congratula de que Malta esté considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo, pero se pregunta cómo ha de transponerse éste a la legislación nacional. En lo referente a las reservas, el Comité no cuestiona el derecho de un Estado parte a formularlas, pero subraya que retirarlas también es un derecho soberano de los Estados partes. La práctica seguida siempre por el Comité es la de pedir a todos los Estados partes que estudien la posibilidad de retirar sus reservas.

49.La Sra. Šimonović pregunta, puesto que la Convención no se ha traducido al maltés, qué porcentaje de la población no conoce el inglés.

50.La Sra. Bugeja (Malta) dice que se ha tenido en cuenta la posibilidad de un sesgo de género en el diagnóstico de la depresión. La retirada de reservas está siendo estudiada por el Fiscal General, y será necesario un examen mucho más detenido para que pueda llegar a convertirse en realidad. Respecto de la participación de organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe, el consultor contratado para redactar el informe recibió instrucciones de consultar a todas las  personas o grupos con competencias en la materia, incluidos expertos en diversas disciplinas y organizaciones de mujeres, en particular las mencionadas anteriormente.

51.La Sra. Xuereb (Malta) que la situación jurídica especial de la Convención Europea de Derechos Humanos obedece a razones históricas. En 1987, cuando Malta se adhirió a la Convención Europea, el país acababa de atravesar un período difícil desde el punto de vista de los derechos humanos. La primera ley promulgada por el nuevo Gobierno fue la Ley de la Convención Europea, que permitía a los tribunales aplicar directamente las disposiciones de la Convención. La medida constituye una excepción en el ordenamiento jurídico de Malta, y se explica por la fuerte preocupación existente en aquel momento por garantizar la protección de los derechos humanos. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resultado muy eficaz contra las violaciones de los derechos humanos gracias a su mecanismo de presentación de peticiones. Sin embargo, Malta prefiere no introducir nuevas excepciones y seguir rigiéndose por sus normas habituales.

52.En cuanto a las medidas especiales de carácter temporal, incumbe a los tribunales decidir si esas medidas son “justificables en una sociedad democrática”. En el contexto actual cabe suponer que los tribunales aplicarán un criterio amplio. Además, en la medida en que en la legislación nacional se recogen las obligaciones internacionales del país, incluido el acquis comm u nautaire de la Unión Europea, los tribunales interpretarán la legislación a la luz de sus fuentes. El inglés es uno de los dos idiomas oficiales de Malta, y forma parte del plan oficial de estudios de la enseñanza obligatoria. Aunque varía el grado de soltura con que lo manejan, es prácticamente imposible encontrar ciudadanos malteses que no tengan un conocimiento general del inglés. Respecto de la clasificación del delito de violación, el fondo es correcto, pero es posible que no se haya prestado suficiente atención a las formas. La adhesión de Malta a la Unión Europea exigió una actualización general de la legislación, y es posible que se pasara por alto algún aspecto. La delegación transmitirá a su Gobierno las inquietudes del Comité.

53.La Presidenta dice que el Comité reconoce los grandes esfuerzos realizados por Malta para mejorar su legislación y sus políticas. La igualdad de género no tienen una larga historia en el país, pero cabe esperar que se convierta en una cuestión fundamental. Aunque los compromisos contraídos con la Unión Europea tengan una importancia prioritaria para Malta, hay que recordar que la Convención es jurídicamente vinculante para todos los Estados partes, y el Comité espera que sus disposiciones se incorporen a la legislación interna en las formas más adecuadas en el marco del sistema jurídico del país y sean objeto de amplia difusión, especialmente entre jueces y policías.

54.El Comité exhorta al Estado parte a que reexamine sus reservas, y lo alienta a ratificar prontamente el Protocolo Facultativo. Es necesario corregir el bajo porcentaje de mujeres que hay en el mercado laboral, la carencia de guarderías y los estereotipos que hacen que se considere a las mujeres meras amas de casa y cuidadoras. La participación de mujeres en las actividades políticas, administrativas y diplomáticas puede incrementarse mediante medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4 de la Convención. El Comité celebrará la pronta promulgación de la ley sobre la violencia doméstica. Por último, el Comité preparará y enviará sus observaciones finales, y ruega al Estado parte que les de amplia difusión.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.