40° período de sesiones
Acta resumida de la 814ª sesión
Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el miércoles 16 de enero de 2008, a las 15.00 horas
President a :Sra. Šimonović
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
I nformes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados de Burundi (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados de Burundi (continuación) (CEDAW/C/BDI/4, CEDAW/C/BDI/Q/4 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Burundi toma asiento a la mesa del Comité.
Artículos 7 a 9 (continuación)
El Sr. Flinterman pregunta si la nueva comisión nacional independiente de derechos humanos está facultada para examinar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y en ese caso, qué medidas podrá adoptar.
La Sra. Nduwayo (Burundi) manifiesta que, en la medida de su conocimiento, la comisión no está facultada para sancionar las violaciones de los derechos humanos sino que es responsable de vigilar el respeto de los derechos humanos, recibir denuncias y trasmitirlas a los organismos pertinentes.
La Sra. Shin está interesada en obtener más información sobre los resultados de la campaña encaminada a difundir la Convención en Burundi.
Expresa que el Consejo Nacional de Género debería establecerse lo antes posible y pregunta si el Gobierno se ha fijado un plazo a ese respecto.
La Sra. Ntirampeba (Burundi) dice que no está en condiciones de proporcionar datos precisos sobre los efectos de la campaña para dar a conocer la Convención. Indica, no obstante, que de conformidad con una encuesta realizada en 2004, un mínimo de 1.000 habitantes de una de las provincias [estaban al tanto] de dicho documento. La Convención ha sido traducida al idioma nacional —kirundi— y distribuida a todos los departamentos gubernamentales, a los que se ha pedido que garanticen que la Convención pueda ser consultada en todo momento. Cabe decir, pues, que el Gobierno se ocupa activamente de mantener a la población informada respecto de la Convención.
La Política Nacional de Género establece la incorporación del Consejo Nacional de Género a la Constitución; se vienen realizando todos los esfuerzos posibles para dar los pasos necesarios a fin de asegurar en primer lugar esa incorporación y para crear el Consejo. Entretanto, el Gobierno acude a otros medios para vigilar el cumplimiento de dicha Política.
La Sra. Gaspard solicita a la delegación que incluya en su próximo informe más información sobre la explotación sexual de la mujer y la prostitución.
La Sra. Patten dice que aun teniendo en cuenta que Burundi acaba de superar un conflicto, el país tiene la obligación de eliminar sin demora las disposiciones de índole discriminatoria. Muchos años han transcurrido desde que el Estado parte ratificó la Convención y presentó su primer informe ante el Comité; sin embargo, las disposiciones discriminatorias señaladas por el Comité en sus observaciones finales en esa ocasión no han sido tenidas en cuenta. La delegación se ha referido a diversos proyectos de ley y sería oportuno que aclarase si se ha establecido un plazo para su presentación al Parlamento.
Por último, la oradora está interesada en saber qué medidas se han adoptado para facilitar a las mujeres la denuncia de los incidentes de violencia.
La Sra. Nduwayo (Burundi) manifiesta que tiene plena conciencia de que Burundi no ha puesto en práctica las recomendaciones anteriores del Comité. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que por ser un país de escasos recursos, Burundi no tiene los medios necesarios para solucionar simultáneamente todos sus problemas y debe dar prioridad a las cuestiones más apremiantes. Es necesario por consiguiente que reciba asistencia para aplicar la Convención.
El presente régimen democrático de Burundi es un factor positivo en esta materia, pero el país tropieza con numerosas dificultades. El período que siguió a la ratificación de la Convención se caracterizó por numerosas perturbaciones que dificultaron el establecimiento de una política clara. La oradora no está en este momento en condiciones de dar más información acerca del plazo de presentación de los proyectos de enmienda al Parlamento, pero lo hará más adelante. El hecho de que Burundi haya designado a un ministro y un ministro adjunto de derechos humanos y cuestiones de género es indicativo de que la importancia asignada a la igualdad de género ha adquirido mayor impulso. Aun teniendo en cuenta todas esas circunstancias, el Gobierno procura constantemente nuevas maneras de mejorar la situación y es merecedor de apoyo.
La Sra. Halperin-Kaddari dice que la violencia sexista no es simplemente un problema de salud pública y seguridad (párr. 30 del informe) sino una grave violación de los derechos de la mujer.
En relación con el poder judicial, no queda en claro qué casos están sujetos al derecho consuetudinario, si en Burundi funcionan tribunales especiales de derecho consuetudinario y de ser así, si esos tribunales cuentan con juezas.
La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que el sistema de derecho consuetudinario de Burundi —denominado Ubushingantahe— ha sido objeto de modificaciones menores pero bien definidas. Por ejemplo, si el esposo de una mujer integra el consejo de bashingantahe (grupo de notables), se permite a la esposa que lo acompañe a las reuniones del consejo.
La Sra. Ntirampeba (Burundi) dice que, si bien con reservas, los bashingantahe de mujeres reciben cada vez más reconocimiento en Burundi. El consejo de bashingantahe no es un tribunal sino un organismo asesor encargado de mantener la armonía social facilitando la reconciliación de las partes en una disputa. Según la tradición, las mujeres tenían prohibido subir a la cima de la colina donde se reunía el bashingantahe; no obstante, ahora se les permite hacerlo. Puede decirse que la situación refleja un cambio significativo.
Artículos 10 a 14
La Sra. Zou Xiaoqiao pregunta si las escuelas primarias gratuitas han influido en la tasa de matricula de niñas. También desea saber si el Gobierno ha respondido a una recomendación anterior del Comité y adoptado medidas para alentar la asistencia escolar de las niñas y en ese caso, qué mejoras se han producido. Dado que las mujeres tienden a elegir tareas tradicionales y por consiguiente soportan una tasa de empleo más desfavorable que la de los varones, desea saber qué políticas se han ideado para alentar a las jóvenes a inscribirse en las universidades y a escoger materias de estudio no tradicionales.
Por último agradecería que la delegación proporcionase estadísticas del número de mujeres empleadas en los sectores docente y administrativo de las universidades de Burundi.
La Sra. Simms dice que el hecho de que Burundi tenga un idioma común que todos sus habitantes comprenden es un arma de doble filo ya que en el idioma subyacen valores culturales que han sido preservados a través del tiempo.
Al hacer mención a los obstáculos que traban la educación de las niñas enumerados en el informe (párr. 82), indica que la experiencia recogida por otros países en desarrollo ha demostrado que una vez que las niñas reciben instrucción, suelen superar a los varones. Por consiguiente, la educación de las jóvenes es un factor fundamental para el futuro de todos los países en desarrollo. Coincide con las anteriores oradoras en que ciertos mecanismos especiales temporarios serían muy efectivos a este respecto. Por ejemplo, podría darse apoyo comunitario gratuito a las niñas que deban permanecer en sus hogares para cuidar a sus hermanos cuando los padres hayan muerto víctimas del SIDA. Opina asimismo que la delegación debería ejercer influencia para que se incorporan más mujeres al Gobierno.
El Sr. Flinterman desea saber cómo se ha aplicado en Burundi la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad y si el Gobierno ha solicitado ayuda o cooperación internacional a ese respecto.
La Sra. Patten señala que el artículo 57 de la Constitución y la sección 73 del Código del Trabajo no se ajustan al inciso d) del párrafo 1 del artículo 11 de la Convención relativo a la igualdad de remuneraciones y pregunta si se contempla revisar esas disposiciones. Desea asimismo información sobre la discriminación contra la mujer en los casos de licencia de maternidad y si el sector privado otorga beneficios por maternidad.
También sería útil disponer de más información sobre el papel de la mujer en el sector paralelo de la economía, incluso sobre las estrategias planeadas o las estadísticas disponibles. Sería asimismo oportuno que se dieran a conocer las medidas adoptadas para dar protección social a un mayor número de trabajadoras y hacerlas extensivas a las trabajadoras rurales. La oradora desea saber cómo se ha facilitado el acceso a la microfinanciación y a servicios de apoyo a las mujeres empresarias y qué medidas se han adoptado para incrementar los activos, el acceso a recursos y la competitividad de la mujer, sea que trabaje por cuenta propia o como asalariada. Por último, pregunta cuándo entrará en vigor la ley que establece un sistema de seguridad social para el sector paralelo de la economía y cómo se contempla su aplicación.
La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que en el pasado, a fin de alentar a las niñas a que no abandonaran sus estudios se les señalaba que las jóvenes que estudiaban podían obtener buenos empleos. La reciente introducción de la educación primaria gratuita ha alentado a muchos padres a enviar a sus hijas a la escuela y permitido reconocer que la escolarización de todos los niños es una buena inversión a nivel nacional.
Se han arbitrado maneras de mantener el nivel de representación femenina en el Gobierno. Más adelante se facilitarán estadísticas del número de profesoras universitarias.
El resultado más importante de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad ha sido la creación de sinergias innovadoras que permiten que los representantes del pueblo, el Gobierno y la sociedad civil colaboren en el establecimiento de la política de género para incorporar a la mujer al proceso de consolidación de la paz.
La Sra. Ntirampeba (Burundi) dice que la población está cada vez más a favor de la aplicación de la licencia de maternidad, si bien las disposiciones pertinentes del Código de Trabajo no siempre se cumplen debidamente. No tiene conocimiento de ningún caso de discriminación salarial en el sector estructurado de la economía aunque ese problema existe en el sector no estructurado.
Si bien la educación primaria gratuita ha duplicado el número de estudiantes, también ha causado hacinamiento en las aulas y escasez de maestros; algunos niños no pueden asistir a clase porque carecen de vestimenta o alimentación. Por conducto del Ministerio de Solidaridad Nacional se han adoptado medidas de ayuda en los niveles de enseñanza primaria y secundaria para los niños autóctonos, pero no ha sido posible abarcar a todos. En las provincias de baja tasa de matrícula de niñas se han creado merenderos en las escuelas.
No se dispone de estadísticas nacionales del sector paralelo de la economía. Un estudio de las zonas urbanas refleja que alrededor del 20% de las mujeres trabajan en ese sector, principalmente en pequeñas empresas.
La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que las mujeres de las zonas rurales no reciben en general microcréditos a título individual sino que se las alienta a establecer asociaciones de ayuda mutua y a recibir formación en actividades generadoras de ingresos.
La Sra. Coker-Appiah dice que los programas de prevención del VIH/SIDA están dirigidos a los jóvenes de ambos sexos, a los miembros de las fuerzas armadas, las prostitutas y las personas desplazadas, si bien es evidente que las mujeres casadas son especialmente vulnerables en África ya que no pueden negociar la práctica de relaciones sexuales en condiciones seguras, aunque sus maridos tengan relaciones con múltiples mujeres, sean polígamos o estén sujetos a otras posibles causas de riesgo.
Las mujeres valoran la mayor estatura social que adquieren con el matrimonio y se resisten a cambiar su situación. De aplicarse una campaña basada en “abstinencia, fidelidad y uso de condones”, el Gobierno tropezará con dificultades para alcanzar sus objetivos habida cuenta de que la mitad de la población no participa en la adopción de decisiones. La oradora pregunta si algún estudio del Gobierno revela la incidencia de otros factores sociales que incrementen la vulnerabilidad al VIH/SIDA y, de ser así, qué medidas se han tomado para combatirlos.
La Sra. Arocha Domí nguez sugiere que los informes futuros proporcionen más información sobre la prevención y sobre los grupos más vulnerables, como las prostitutas y los pobres. También señala la falta de datos sobre tasas de mortalidad materna y pide información sobre las tendencias en curso y sobre la capacitación de parteras; señala asimismo que la reducción del promedio de mortalidad materna a un cuarto de la existente es uno de los objetivos de desarrollo del Milenio.
La Sra. Zou Xiaoqiao solicita más información sobre el reciente Programa Nacional de Salud Reproductiva, en particular su cronograma, inversión de capital y mecanismos de aplicación. Pregunta si se han logrado progresos sustantivos y qué dificultades traban su ejecución.
Desea asimismo información sobre las causas de los abortos ilegales y si el Gobierno brinda servicios de salud reproductiva y de educación sexual, en particular a los jóvenes de ambos sexos, por ejemplo mediante la inclusión de información en los textos escolares.
La Sra. Dairiam (Relatora) dice que los datos del informe referentes al acceso a los servicios de salud no están debidamente actualizados; la infraestructura inadecuada a que se hace referencia es un fenómeno común en los países que acaban de emerger de un conflicto. Desea saber si el Gobierno tiene un plan que incluya un cronograma de reconstrucción y si en la distribución de la asistencia internacional se da prioridad a la atención de la salud, ya que una persona enferma no está en condiciones de aprovechar las oportunidades económicas.
La muy elevada tasa de mortalidad materna es un fenómeno característico de las situaciones de posguerra que requiere un plan con objetivos y plazos; a este respecto desea información sobre las tendencias en curso. El Programa Nacional de Salud Reproductiva no incluye atención obstétrica de emergencia, un componente fundamental para reducir la mortalidad materna.
La Sra. Pimentel pregunta si el Programa Nacional de Salud Reproductiva suministra a todas las mujeres, en especial a las menos instruidas y a las que viven en zonas rurales, servicios amplios de salud reproductiva que incluyan acceso a la planificación familiar y a los métodos anticonceptivos. Desea saber también si el Gobierno responsabiliza a los encargados de los servicios de salud por todo tipo de violencia física o psicológica y de discriminación contra la mujer en el marco de los servicios de salud. Sería oportuno saber qué medidas se adoptan para asegurar la calidad de la atención en el marco del acceso a los servicios de atención de la salud, si se procura informar a las pacientes sobre sus derechos de atención de la salud y si se ha sancionado la legislación adecuada.
Solicita también información sobre la distribución de condones y pregunta si se imparte educación sexual en las escuelas a todos los estudiantes. También sería oportuno informar sobre las medidas para reducir la mortalidad materna y los abortos ilegales. Por último, desea conocer los resultados de las acciones emprendidas para instruir a las mujeres respecto de métodos anticonceptivos de emergencia y sobre el acceso a esos métodos.
El Sr. Mahwera (Burundi) dice que la cuestión del VIH/SIDA afecta profundamente a toda la población. Los medios de comunicación, las asociaciones, las organizaciones escolares y los colectivos locales apoyan sin reservas los esfuerzos encaminados a afrontar este problema. Si bien la poligamia está legalmente prohibida, no se interfiere con las prácticas de las comunidades musulmanas. De conformidad con las normas del Islam, el hombre tiene derecho a cuatro esposas. Es un tema que requiere mayor examen.
La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que la Política Nacional de Género prevé el respeto del derecho de asociación en cuestiones religiosas, pero sería oportuno efectuar lo antes posible un estudio para encarar el problema de la poligamia y del VIH/SIDA.
La pandemia del VIH/SIDA está estrechamente relacionada con los problemas de la pobreza y la prostitución. La oradora no cree que la tasa de mortalidad materna esté relacionada con actitudes tradicionales, sino con estructuras nacionales inadecuadas; la formación de matronas ya ha logrado reducir el número de mujeres que mueren durante el alumbramiento. El Gobierno se ha comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio, pero para hacerlo necesita con urgencia la asistencia financiera de otras partes interesadas.
Si bien se ha desarrollado una política sectorial, no se han establecido plazos de ejecución. La ejecución del Plan Nacional de Salud Reproductiva ha experimentado demora. La oradora tiene en su poder y hará llegar al Comité un ejemplar del documento pertinente, pero no dispone de las estadísticas requeridas. Debido al temor a un proceso penal, las mujeres son renuentes a admitir que han tenido un aborto, por lo que no es posible determinar la frecuencia de estos procedimientos.
Los niños menores de 5 años reciben medicamentos sin cargo y el Presidente está procurando que obtengan asimismo servicios médicos gratuitos. El Marco Estratégico Provisional de Reactivación Económica y de Lucha contre la Pobreza da protección a la infancia pero su ejecución requiere fondos complementarios.
La Sra. Ntirampeba (Burundi) dice que los hospitales y las clínicas de las zonas rurales patrocinan campañas de concienciación para informar a las mujeres y a las parejas campesinas sobre los medios anticonceptivos disponibles. Los escolares reciben educación sexual apropiada a su edad a partir del quinto o sexto grado de la escuela primaria y este tema ha sido incorporado a los programas de biología e instrucción cívica de las escuelas secundarias. En las escuelas no se distribuyen condones.
Artículos 15 y 16
La Sra. Tan ve con satisfacción los programas de alfabetización y de microcrédito para las mujeres campesinas y solicita estadísticas sobre su acceso a fuentes de agua potable, servicios de saneamiento y atención de la salud. Sería útil también conocer el porcentaje de mujeres que tengan acceso a la propiedad de la tierra.
La oradora desea saber si se han realizado estudios acerca de los efectos de las medidas de concienciación emprendidas por el Centro de Desarrollo de la Familia y sobre los resultados del Programa Nacional de Salud Reproductiva, en particular, respecto de la tasa de fecundidad en las áreas rurales y la disminución de la tasa de infección del VIH en ellas. También sería oportuno saber si el Programa de Recuperación y Desarrollo Rural ha surtido efectos desde que se hizo extensivo a las provincias.
La presentación de la delegación sobre el proyecto de ordenación sostenible de la tierra y rehabilitación agrícola da a entender que se refiere a 14 provincias y no a las 10 provincias originalmente previstas; en consecuencia, desea una aclaración a ese respecto. El informe indica que el proyecto está dirigido a las mujeres rurales, quienes son responsables de la producción de alimentos; desea saber cuántas mujeres en cada provincia han recibido los beneficios de ese proyecto y si se ha logrado reducir efectivamente la pobreza e incrementar la capacidad de producción agrícola.
Por último, de conformidad con el párrafo 147 del informe, las mujeres representan el 40% de los beneficiarios del Fondo de Microcrédito Rural, que tiene un presupuesto anual de un millón y medio de dólares y la oradora desea saber si el Gobierno ha realizado un estudio sobre la utilización de esos préstamos.
La Sra. Ara Begum señala que los programas de mejoramiento económico y de salud pública del Gobierno no consideran el problema de la violencia contra la mujer y en particular la violencia doméstica, que es frecuente en las zonas rurales. El arreglo frecuente de los casos de violación por las familias afectadas y el hecho de que en algunas ocasiones se presione a las mujeres a casarse con sus violadores constituyen infracciones de los derechos humanos de la mujer. Es esencial que se ponga fin a ese tipo de arreglos y que se someta a los violadores a la justicia.
Desearía saber si el programa de seguro médico mencionado en el párrafo 108 del informe contempla a las mujeres de las zonas rurales afectadas de VIH/SIDA.
No es posible determinar claramente si el Gobierno ha puesto en marcha la educación preescolar en todas las regiones, si ha encarado el problema de seguridad que hace que los padres se resistan a enviar a sus hijas a la escuela y si ha prestado atención médica y asistencia financiera a las mujeres de edad, desplazadas, incapacitadas y sin techo en las zonas rurales.
La Sra. Gabr pone de relieve que si bien el Gobierno tiene varios proyectos dirigidos a las mujeres campesinas, no parece haber elaborado una estrategia o un plan general para resolver sus problemas. Le preocupa particularmente el tema relativo a los derechos de propiedad y de herencia, incluso la división del patrimonio luego de la muerte del esposo y que éste pueda vender las tierras de la familia —que son su fuente primaria de ingresos— sin el consentimiento de la esposa.
El sistema de producción agrícola debe ser modernizado y es preciso dar servicios básicos para garantizar la seguridad alimentaria de la nación.
55.Desea saber asimismo si se preparan padrones electorales en las zonas rurales y en qué medida las mujeres participan de la vida política.
56.La Sra. Maiolo subraya la necesidad de sancionar a los miembros de la policía y del poder judicial que presionen a las víctimas de violación para que acepten un arreglo oficioso o se casen con sus violadores; si esos funcionarios estuvieran sujetos a un sistema disciplinario interno, sería difícil procesarlos judicialmente. Desea saber si se han creado instituciones de formación de la magistratura y las fuerzas policiales y, en ese caso, si se imparte instrucción respecto de la igualdad del hombre y de la mujer ante la ley.
57.La Sra. Belmihoub-Zerdani insta a la delegación a que se comunique con la secretaría del Comité si necesita información sobre la Convención y su aplicación o si desea invitar a un experto del Comité a que visite el país a fin de buscar la solución para un problema determinado.
58.Habida cuenta de que Burundi ha ratificado sin reservas todos los documentos internacionales de derechos humanos, así como la Carta Africana de Derechos Humanos y del Pueblo y ha incorporado la Convención a la Constitución, el Código de la Persona y de la Familia y el Código Civil deben aplicarse por igual a musulmanes y no musulmanes, sin que valgan excepciones respecto de la shariah o del derecho consuetudinario. Agradecerá que se le informe sobre el derecho aplicable al divorcio y a la herencia, en especial las disposiciones de los contratos matrimoniales que estipulen una división equitativa del patrimonio en caso de muerte o de divorcio. Desea saber también si se fijan alimentos al esposo o a la esposa y cuál de los padres recibe la tenencia de los hijos después del divorcio.
59.Para concluir, dice que por ser uno de los tres países más pobres del mundo y un Estado que acaba de emerger de un conflicto, Burundi debería reclamar que la comunidad internacional cumpliera con su compromiso de aportar el 0,7% del producto nacional bruto en carácter de asistencia oficial para el desarrollo.
60.La Sra. Tan señala que el derecho consuetudinario suele discriminar contra las viudas. La oradora tiene entendido que las esposas e hijas no heredan a la muerte del marido o del padre; las viudas pierden sus hogares y la custodia de los hijos varones e incluso pueden ser acusadas de brujería si sus maridos han muerto como consecuencia del SIDA. Los ritos de entierro y duelo, la purificación ritual y los matrimonios forzados a la muerte del esposo son también motivo de preocupación. Desea saber si existen leyes que sancionen penalmente esas formas de discriminación y si las viudas tienen acceso a asistencia jurídica gratuita para formular reclamaciones ante los tribunales. El Gobierno debería efectuar un estudio para determinar el número, la edad y las condiciones de vida de los hijos menores de las madres que hayan enviudado y que indique además si sus hijos han debido abandonar la escuela por motivos económicos.
61.El párrafo 156 del informe indica que la poligamia ha reaparecido en varias regiones del país; pide en consecuencia que se suministre información adicional sobre la campaña de concienciación pública mencionada en ese párrafo y se señale en qué provincias se ha realizado.
62.La Sra. Halperin-Kaddari dice que del informe se desprende que el hombre y la mujer no gozan de iguales derechos en el matrimonio; que la mujer es castigada más severamente en los casos de adulterio y que todavía se considera al esposo como jefe único del hogar. Sería oportuno saber si se prevé resolver esas desigualdades. Es necesaria además información complementaria sobre los derechos financieros y patrimoniales de la mujer luego del divorcio, sobre la tenencia y manutención de los hijos. Sería útil disponer de estadísticas relativas a uniones de hecho y saber si en esos casos se garantizan los derechos de la mujer.
63.La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que su delegación proporcionará en una fecha posterior datos complementarios sobre la tenencia de la tierra por la mujer.
64.La Sra. Ntirampeba (Burundi) dice que la mujer de Burundi tiene una media de entre 6,2 y 6,3 hijos. Con el apoyo de Bélgica, el centro de la mujer de Bujumbura proporciona microcrédito a las mujeres para proyectos en la región circundante y en el interior del país. Las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica en las zonas rurales no denuncian a sus maridos porque temen que el medio social las condene o las rechace por hacer públicas esas situaciones. El aumento del número de reclamaciones por violencia doméstica se debe a la campaña de concienciación que ha logrado que las mujeres no abriguen tantos reparos para formular una denuncia. Las autoridades locales han sido notificadas de que los arreglos oficiosos de casos de violación son ilegales. La purificación ritual de las viudas no es una costumbre de Burundi y éstas y sus hijos reciben apoyo. El derecho consuetudinario rige aún en materia de derecho sucesorio; no obstante, el Gobierno viene examinando la adopción de leyes que lo regule en el plano nacional.
65.La Sra. Nduwayo (Burundi) dice que su delegación no está en condiciones de suministrar información sobre el número de magistrados que presionan para que se realicen arreglos oficiosos en casos de violación ya que esa práctica está prohibida. El Código de la Familia no contiene ninguna disposición respecto de la poligamia y su delegación vería con agrado la asistencia del Comité para remediar este problema. La edad mínima para contraer matrimonio es de 21 años para el hombre y de 18 años para la mujer; es claro que existe una discriminación y el Gobierno debería examinar esa diferencia de edades. Su delegación facilitará más adelante información sobre la situación de las viudas y sobre los derechos del hombre y de la mujer con posterioridad al divorcio. La delegación acoge con beneplácito las observaciones del Comité ya que proporcionan al Gobierno nuevas perspectivas sobre los problemas que afectan a la mujer en Burundi.
66.La Presidenta dice que el Gobierno debería considerar la ratificación del Protocolo Facultativo y del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.
67.Es evidente que las mujeres de Burundi gozan de un alto nivel de participación en la vida pública a nivel nacional ya que el 30% de los miembros del Parlamento son mujeres; esa cifra es una de las más elevadas del mundo. La incorporación de la Convención a la Constitución representa un gran paso adelante, si bien es igualmente importante que se sigan aplicando nuevas medidas y elaborando nuevos proyectos de leyes. El Gobierno debe proseguir sus campañas de concienciación y comunicar al Parlamento las observaciones finales del Comité.