22° período de sesiones
Acta resumida de la 463ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 31 de enero de 2000, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos iniciales segundo y tercero de la República Democrática del Congo
Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos iniciales segundo y tercero de la República Democrática del Congo (continuación) (CEDAW/C/ZAR/1, 2 y Add.1 y Corr.1 y CEDAW/C/COD/1)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Moleko, la Sra. Mavuela, la Sra. Bolie, la Sra. Kingwaya, el Sr. Fita, la Sra. Bakanseka y el Sr. Kamanda, (mie m bros de la delegación de la República Democrática del Co n go) toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Moleko (República Democrática del Congo), dando respuesta a preguntas de tipo general sobre los informes periódicos iniciales segundo y tercero de la República Democrática del Congo, dice que la falta de estadísticas en los informes se debe a la interrupción del trabajo del Instituto Nacional de Estadística ocasionada por los sucesivos conflictos que destruyeron la infraestructura económica del país. Las actividades del Instituto están volviendo a la normalidad con el apoyo de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y se tendrán en cuenta las observaciones formuladas por el Comité sobre la falta de estadísticas y el formato adecuado para la presentación de informes a la hora de elaborar el cuarto informe periódico de su país.
Efectivamente, desde la presentación del informe inicial en 1993 no se ha efectuado ninguna modificación en algunas leyes discriminatorias. Eso puede atribuirse a la ausencia de instituciones estables en la República Democrática del Congo durante el período comprendido entre abril de 1990 y mayo de 1997, y al estado de guerra, que hizo fracasar los esfuerzos de reconstrucción nacional del nuevo Gobierno. Antes de la presentación del cuarto informe periódico, sin embargo, se hará todo lo posible para enmendar la legislación discriminatoria, de conformidad con las recomendaciones del Comité y con el espíritu de la Convención. Los diversos copartícipes sociales que laboran en pro de la mejora de la condición jurídica y social de la mujer en la República Democrática del Congo han intervenido siempre en la elaboración de los informes que se presentan al Comité.
Además de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, el Gobierno de la oradora ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre los derechos políticos de la mujer.
La alegada contradicción entre la existencia de un Ministerio de Derechos Humanos y el silenciamiento de las organizaciones no gubernamentales en la esfera de los derechos humanos proviene de un malentendido. Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desarrollan actividades en la República Democrática del Congo y han jugado un papel decisivo para señalar a la atención pública la trágica situación de la población congoleña en general, y de la mujer congoleña en particular, en los territorios ocupados. Es cierto que varias de las organizaciones no gubernamentales han violado la legislación que rige sus actividades y que fue necesario tomar medidas para asegurar el cumplimiento de esas disposiciones. Por otro lado, dos trabajadores del ámbito de los derechos humanos fueron interrogados por la policía por inducir a error al público mediante desinformación e información engañosa, pero fueron liberados tras la intervención del Ministerio de Derechos Humanos. Se está creando una plataforma de derechos humanos para garantizar una mejor cooperación entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Con respecto a la recomendación de que se movilice a las mujeres para asegurar la plena aplicación del Acuerdo de Lusaka, las mujeres congoleñas ya han iniciado un programa para el restablecimiento de la paz, a través de su Comité denominado Las Mujeres y la Paz. La película documental que se exhibirá más adelante durante la reunión, pasa revista a las distintas acciones emprendidas hasta el momento por la mujer de la República Democrática del Congo, incluidas marchas, huelgas de brazos cruzados y servicios religiosos.
En relación con el reclutamiento de niños soldados, la República Democrática del Congo ha prometido solemnemente empezar la desmovilización de los niños soldados y su reintegración a la sociedad.
Entre los objetivos de la actualización del Programa Trienal Mínimo del Gobierno para el período 1999-2001 se incluyen el progreso económico de la mujer a través del apoyo a la iniciativa empresarial de la mujer, el progreso social de la mujer mediante actividades de formación y de promoción de su estatuto social, el progreso jurídico de la mujer, la promoción de la salud de la mujer y la prestación de ayuda técnica, material y financiera a la mujer rural. Con esos propósitos, el Gobierno ha emprendido varias actividades, como la rehabilitación de un número de carreteras nacionales y caminos rurales, la entrega de materiales y la prestación de asesoramiento sobre técnicas de cultivo a las cultivadoras de hortalizas y otras agricultoras de diversos distritos, ha adoptado un Programa Nacional para la Promoción de la Mujer Congoleña y ha puesto en práctica medidas relativas a la seguridad alimentaria y la salud infantil.
Hace sólo cinco años se procedió a la integración de la perspectiva de género en los programas nacionales de desarrollo, pero los verdaderos esfuerzos se están llevando a cabo no sólo en las esferas de formación y concienciación, sino también en la ejecución de proyectos de desarrollo. Todos los miembros de los Consejos de Mujeres Nacionales y Provinciales han recibido formación en la que se tienen en cuenta las cuestiones de género, de modo que la perspectiva de género se haga extensiva a las poblaciones rurales.
Se exhibe un vídeo documental sobre la moviliz a ción de las mujeres congoleñas para la paz.
La Sra. Mavuela (República Democrática del Congo) dice que el tema del documental es la conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Asuntos Sociales para dar a conocer el bárbaro crimen cometido contra 15 mujeres congoleñas que fueron enterradas vivas en una de las regiones ocupadas del país. El Consejo Nacional de Mujeres organizó en Kinshasa una marcha de mujeres en protesta por ese crimen, y se entregó un memorando a la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que lo hiciera llegar al Secretario General de las Naciones Unidas. También se entregaron copias de ese memorando a varias embajadas para que se transmitieran a sus respectivos Gobiernos. Se celebraron servicios religiosos en las iglesias de la capital y una delegación hizo una visita a la República del Congo, cuya Ministra para el Adelanto de la Mujer prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para obtener la ayuda de los dirigentes africanos y de la comunidad internacional para llevar la paz a la República Democrática del Congo.
La Sra. Bolie (República Democrática del Congo), respondiendo a preguntas concretas sobre aspectos jurídicos dice que, con referencia al artículo 2 de la Convención, muchas de las disposiciones legislativas nacionales no son compatibles con las disposiciones de la Constitución del país y de los instrumentos internacionales que promueven la igualdad entre el hombre y la mujer, y que no se ha señalado ningún progreso en esa esfera en los distintos informes presentados hasta ahora. Esa situación se debe a la persistencia en la sociedad de una mentalidad que considera a la mujer como inferior al hombre, y a la prolongada y difícil transición por la que atraviesa el país. Sin embargo, se están tomando medidas para modificar esas actitudes, y la supresión de las leyes discriminatorias figura entre las prioridades del Programa Nacional para la Promoción de la Mujer Congoleña.
El hombre y la mujer son iguales ante la ley y gozan del mismo acceso a los tribunales. Con respecto a la mujer casada, sin embargo, existen una serie de excepciones que son contrarias al espíritu de la Convención y del proyecto de Constitución. De conformidad con el Código Penal, por ejemplo, una mujer encontrada culpable de adulterio puede ser condenada a permanecer en prisión entre un mes y un año y al pago de una multa de 1.000 francos congoleños, mientras que un hombre encontrado culpable del mismo delito sólo puede ser condenado a la misma pena si el adulterio se comete en circunstancias que se consideren gravemente perjudiciales para la mujer. Además, las mujeres por lo general no ejercen su derecho a interponer acción judicial por simple y pura ignorancia.
Con respecto al artículo 5 y a la situación de las demás esposas en un matrimonio polígamo, la monogamia es el tipo de matrimonio reconocido en la República Democrática del Congo. Por lo tanto, el Estado sólo reconoce el matrimonio constituido por un esposo y una esposa, y las demás mujeres que viven en una unión de tipo consensual con el esposo se consideran como mujeres no casadas, independientemente de que tengan hijos de esa unión. Se les reconoce como cabeza de familia porque viven solas con sus hijos, pero no tienen derecho a los bienes de sucesión del esposo porque sólo la esposa legal sobreviviente goza de ese derecho. Como ciudadanas, sin embargo, tienen los mismos derechos que el hombre.
Con referencia al artículo 9 y a la cuestión de por qué las disposiciones legislativas sobre nacionalidad no están contenidas en la Constitución sino en el Código de la Familia, la Constitución, como ley fundamental del país, enuncia principios y orientaciones de carácter amplio, mientras que las disposiciones relativas a procedimientos y criterios sobre concesión de nacionalidad figuran en el Código de la Familia. Se están tomando medidas para efectuar la enmienda del artículo 448 del Código de la Familia, que estipula que la mujer casada debe contar con la autorización del esposo para cuestiones tales como obtener un pasaporte, viajar, apersonarse ante un tribunal o abrir una cuenta bancaria.
Con respecto al artículo 11 de la Convención, la legislación nacional sobre el trabajo también se ha enmendado. Las mujeres con licencia de maternidad todavía pierden una tercera parte de su salario, y las mujeres que trabajan en el sector público aún no tienen derecho a disfrutar de otro período de tiempo libre durante el año en que hayan disfrutado de una licencia de maternidad. El Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia tiene conocimiento del problema y ha dado su opinión a la comisión encargada de la reforma de las disposiciones de aplicación al sector de los empleados públicos y a la comisión encargada de la reforma del Código de Trabajo. Mientras tanto, procura encontrar soluciones en el sector privado mediante convenios colectivos que otorguen los mismos derechos a los trabajadores de ambos sexos en diversas empresas. La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas Económicas (COPEMECO), presta apoyo a las trabajadoras del sector no estructurado a través de microcréditos y otras iniciativas.
Con referencia al artículo 12, efectivamente existe una contradicción en la legislación sobre la planificación de la familia, ya que la ley por la que se establece el Consejo Nacional para la Planificación Familiar estipula la promoción de métodos de planificación de la familia, mientras que el Código Penal los prohíbe. En la práctica, sin embargo, se distribuyen anticonceptivos sin que ello se traduzca en consecuencias jurídicas. Se trata, simplemente, de proceder a derogar las correspondientes disposiciones del Código Penal.
Con referencia al artículo 15, la delegación de la oradora está de acuerdo en que las disposiciones del Código de la Familia relativas a la incapacidad jurídica de la mujer casada y a la obligación que tiene de seguir al esposo al lugar que elija como residencia son obstáculos para el disfrute de los derechos humanos fundamentales. Se han organizado numerosas campañas con ayuda de organizaciones no gubernamentales para promover una mayor concienciación del público en ese sentido, y el hombre está empezando a comprender y apoyar la lucha de la mujer.
Refiriéndose al artículo 16, dice que el concepto de que la esposa necesita la autorización del esposo para ciertos actos proviene del Código Belga que se aplicaba durante el período colonial. Sin embargo, ese concepto fue aceptado rápidamente y ahora es difícil erradicarlo. Se están tomando medidas para seguir el ejemplo de otros países africanos que han enmendado su legislación. La Conferencia Nacional Soberana recomendó que la edad legal para contraer matrimonio se aumentara de 15 a 18 años. Por último, la derogación del artículo 448 del Código de la Familia, que establece la incapacidad jurídica de la mujer casada, pondría fin a la situación actual en que, independientemente del régimen matrimonial, los bienes de la mujer casada son administrados por el esposo.
La Sra. Mavuela (República Democrática del Congo), refiriéndose al artículo 3, dice que el Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia, a través de su División de la Familia, es la entidad nacional que vela por el progreso de la mujer. Se creó en 1980 como rama especializada del anterior partido-Estado y en 1990 pasó a ser parte oficial del Gobierno, habiendo estado sucesivamente bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia. Naturalmente, el Ministerio de Derechos Humanos se ocupa también de la protección de los derechos humanos de la mujer.
Los recursos financieros a disposición de las entidades nacionales representan el 0,8% del presupuesto nacional, una cantidad pequeña en comparación con las tareas que tienen asignadas. Constantemente se despliegan esfuerzos para convencer al personal directivo de la necesidad de aumentar esas consignaciones.
Tras exhaustivas consultas y encuestas sobre la mujer en todo el país, el Gobierno instituyó un Programa Nacional para la Promoción de la Mujer Congoleña que comprende 11 subprogramas: educación, condición jurídica y social y derechos, liderazgo, acceso a los recursos económicos, salud, cultura, medio ambiente, agricultura y seguridad alimentaria, la niña, un banco de datos y la paz. Sus objetivos son promover la capacidad económica, social y jurídica de la mujer, mejorar la educación, la formación y la salud, asegurar la educación académica de las niñas y eliminar las actitudes retrógradas hacia la mujer. Su costo se estima en aproximadamente 180 millones de dólares, de los cuales el Gobierno aporta el 60% y el 40% restante proviene de fuentes externas, principalmente del PNUD. Debido al conflicto armado, su inicio se ha aplazado hasta marzo de 2000. El subprograma sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, cuya meta es reducir la pobreza entre las mujeres congoleñas en un 30% en el lapso de cinco años, incluye la formación en nuevas tecnologías, la promoción de empresas dirigidas por mujeres, la formación administrativa y la creación de estructuras para la concesión de crédito a mujeres.
También existe un órgano asesor sobre el adelanto de la mujer, el Consejo Nacional de la Mujer, creado en 1998 con un mandato que incluye la prestación de orientación sobre la ejecución del Programa Nacional, la evaluación de la aplicación del Programa y de las recomendaciones de las conferencias internacionales, la elaboración de todos los informes periódicos sobre la aplicación de los instrumentos internacionales sobre la mujer ratificados por el país, la organización de manifestaciones en masa y de las celebraciones del día de la mujer. El Consejo tiene cinco comisiones: sobre política, asuntos jurídicos y violencia contra la mujer, cuestiones económicas, cuestiones socioculturales y la niña. Las distintas provincias cuentan con Consejos Provinciales para la Mujer. Los Consejos Nacionales y Provinciales generalmente se reúnen cuatro veces al año y son financiados con cargo al presupuesto del Gobierno.
Entre las actividades realizadas hasta la fecha, el Consejo impartió formación sobre sensibilidad en cuestiones de género a los miembros de los Consejos Nacionales y Provinciales de Mujeres, organizó consultorios jurídicos para mujeres víctimas de violencia en ocho pabellones de hospitales de Kinshasa, a modo experimental, al que han acudido ya 418 personas, celebró juicios simulados sobre casos de violencia contra la mujer, elaboró el tercer informe periódico presentado al Comité, celebró un seminario sobre el Programa Nacional para la Promoción de la Mujer Congoleña, inició un estudio sobre la violencia y el derecho consuetudinario, y organizó las operaciones de movilización que se muestran en el vídeo.
El Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia presta apoyo a las actividades de la organización popular denominada “Réseau-Action-Femme” (RAF), que hace campaña para combatir la violencia contra la mujer. Durante tres años seguidos, la RAF organizó campañas de concienciación no sólo en Kinshasa sino también en las provincias. Asimismo, elaboró un proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer.
La Sra. Kingwaya (República Democrática del Congo), refiriéndose al artículo 5, dice que el Gobierno tiene conocimiento de los estereotipos y las prácticas sexistas arraigados en la cultura de todos los grupos étnicos del país, que son exacerbados por los medios de comunicación y reforzados por la crianza familiar. Las costumbres y tradiciones efectivamente adjudican virtudes a la mujer, tales como sabiduría y constancia. Las posibilidades de un cambio dependen de que se establezca un nuevo sistema de educación y se elaboren nuevos libros de texto, de que se inculquen valores humanos más amplios, de que la mujer tome mayor conciencia de esos factores, y de que se realicen campañas en contra de los estereotipos basados en el género.
Refiriéndose al artículo 7, la oradora dice que si bien es cierto que la mujer congoleña participó activamente en la lucha contra la dictadura de Mobutu y en las acciones para la liberación del país, siguen estando subrepresentadas en los órganos de adopción de decisiones. En reconocimiento de esa situación, un grupo de 30 organizaciones femeninas no gubernamentales adoptó una plataforma común denominada “Causa Común”, con el propósito de promover el nombramiento de mujeres para el desempeño de cargos políticos y para organizar campañas destinadas para alentar a las mujeres a dar su voto para las mujeres candidatas.
Con respecto a la situación de la mujer rural (artículo 14), alrededor del 87% de las mujeres congoleñas trabajan en la agricultura y, sin embargo, tienen muy poco control sobre la gestión de sus productos y de la tierra que cultivan. Todavía utilizan herramientas rudimentarias y métodos anticuados. El Servicio Nacional de Extensión Agrícola procura difundir conocimientos sobre tecnologías apropiadas entre las mujeres y hombres rurales y les hace entrega de semillas mejoradas y otros insumos agrícolas. La difícil situación de la mujer rural se ve empeorada por la falta de educación: el 60% de las mujeres de las zonas rurales son analfabetas. El Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está elaborando un programa de formación no académica que hace hincapié en la alfabetización. Varias organizaciones rurales no gubernamentales también están aplicando iniciativas de alfabetización. La mujer rural casi no tiene acceso al crédito. El subprograma sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, cuya meta es reducir la pobreza entre las mujeres congoleñas en un 30% en el lapso de cinco años, se ocupará de ese problema concediendo microcréditos a la mujer, creando cooperativas de producción, almacenamiento y comercialización, y alentando a la mujer a ejercer un mayor control sobre sus actividades. También facilitará formación e infraestructura.
Con el fin de mejorar el acceso de la mujer rural a los servicios de salud, el Gobierno ha establecido 306 zonas de salud para la prestación de servicios de atención de salud en las aldeas más recónditas. Otro proyecto se refiere a la formación de parteras y trabajadores de salud en las maternidades y en los centros de salud rurales.
El subprograma sobre la mujer, la agricultura y la seguridad alimentaria, encaminado a aumentar la producción agrícola y alimentaria de la mujer en un 50% en cinco años, incluye campañas de concienciación para eliminar las barreras usuales a la propiedad de la tierra por parte de la mujer, y actividades de formación para mujeres en tecnologías apropiadas, gestión de la producción, almacenamiento y cooperativas de comercialización.
El Sr. Fita (República Democrática del Congo), refiriéndose al artículo 10, dice que la grave crisis que afecta al país desde hace un decenio no ha excluido al sector de la educación, en el que se hicieron drásticos recortes financieros. La tasa de deserción escolar entre las niñas ha aumentado en todos los niveles y han bajado las cifras de matrícula en general. En una conferencia general sobre la educación, celebrada en Kinshasa en enero de 1996, se analizó el actual sistema educacional y se formularon planes para la creación de un nuevo sistema, basado en un conjunto de principios entre los que figuran la educación para todos, la enseñanza de valores humanos, morales y culturales, la lucha contra la desigualdad en la educación, la promoción de la educación a lo largo de la vida y de la educación física, la profesionalización y la descentralización de la gestión de la educación. Esos principios fueron confirmados en el debate sobre las prioridades nacionales de desarrollo iniciado en 1998 por el nuevo Gobierno. De allí en adelante, la política en materia de educación debía reflejar la política de promoción de la igualdad de oportunidades para el progreso social. Se elaboró un plan nacional para la reconstrucción del sistema de educación, con las siguientes prioridades: educación básica para todos, profesionalización de la enseñanza, reforma de los programas de estudio y gestión descentralizada. En su próximo informe al Comité el Gobierno incluirá una evaluación de la aplicación del plan desde una perspectiva de igualdad entre los géneros.
La conferencia general sobre la educación acordó que el principio de la educación gratuita debía aplicarse en la educación básica lo antes posible para reducir la carga financiera que soportan los padres. Ese principio se ha incluido en el plan nacional pero, mientras tanto, el nivel de contribución de los padres a los gastos de las escuelas administradas por el Estado se fija anualmente. En el caso de las escuelas privadas, la contribución se fija mediante negociaciones entre la administración, el Estado y los representantes de los padres. La Ley Marco No. 86-005 de 1986 se aplica a la creación y la certificación pública de las escuelas públicas y privadas. Los grupos religiosos, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas también pueden obtener la autorización del Estado para abrir escuelas. En consecuencia, el sistema de educación permite un grado considerable de diversidad, pero todas las escuelas están bajo la supervisión del Estado. Los padres tienen libertad para enviar a sus hijos a la escuela que prefieran.
El analfabetismo entre las mujeres, particularmente en las zonas rurales, es una de las razones por las cuales el Gobierno está decidido a emprender la reforma del sistema de educación. Además de la reforma de la educación primaria para que esté al alcance de todos los niños en edad escolar, el Estado está llevando a cabo programas de alfabetización en las zonas rurales a través del Departamento de Alfabetización y Educación para Adultos, en los que participan alrededor de 1.568 centros para el progreso social ubicados en todo el país. Los programas tradicionales de alfabetización funcional incluyen módulos sobre alfabetización y salud, alfabetización y atención de la familia, francés para principiantes, enseñanza sobre nutrición para las madres, y vivienda. También hay programas especiales para los pigmeos y los refugiados. Los grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales participan activamente en los programas de alfabetización.
Pese a todas esas iniciativas, las actividades de alfabetización no alcanzan el éxito deseado debido a la falta de motivación por parte de los trabajadores de alfabetización, la mayoría de los cuales no percibe una remuneración adecuada, la falta de material didáctico y al hecho de que los programas de alfabetización no se han adaptado a las necesidades socioculturales de los beneficiarios.
Pasando al tema del presupuesto estatal para la educación, la participación de la educación en el gasto total del Gobierno bajó del 3,6% en 1980 a menos del 1% en 1999, obligando a los padres a aportar una suma más elevada para el financiamiento de los gastos de la educación de sus hijos; muchos padres, sin embargo, no pueden hacer frente a tales gastos, lo que está dando lugar a graves preocupaciones en cuanto al futuro del país y al logro de la igualdad de género, en particular.
Durante períodos de relativa prosperidad económica en los decenios de 1960 y 1970, el gasto por concepto de educación llegó a representar el 21% del presupuesto nacional; hubo una tasa de matrícula escolar más elevada, particularmente entre las niñas, y se abrió un gran número de nuevas escuelas. Sin embargo, el presupuesto para educación empezó a reducirse a partir de 1982 a consecuencia de medidas de reajuste estructural, produciéndose un colapso durante la crisis económica que empezó en 1990. Numerosas escuelas han cerrado y ha aumentado el porcentaje de escuelas privadas, así como la contribución de los padres, tanto en el sector de la educación pública como privada. Justamente cuando las nuevas autoridades del país estaban haciendo los preparativos para la reconstrucción del sistema educativo, la agresión armada de los países vecinos arrojó por la borda esos planes, y los gastos en defensa adquirieron prioridad sobre todo lo demás. Indudablemente, los gastos en educación no aumentarán mientras no se restablezca la paz.
La elevada tasa de deserción escolar de las niñas se atribuye a muchos factores, incluidos los prejuicios tradicionales contra la educación de las niñas, el matrimonio y el embarazo a temprana edad, la difundida pobreza y el hecho de que el sistema de educación actual no satisface sus necesidades. Se han establecido programas que tienen en cuenta esos factores y se han adoptado diversas medidas. Por ejemplo, se han creado centros para el progreso social, a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Familia, en los cuales las niñas pueden seguir cursos de alfabetización y recibir formación en especialidades tales como corte y confección. Se ha establecido un Servicio Nacional, adscrito al Ministerio de Reconstrucción Nacional, para la rehabilitación de los jóvenes que han abandonado los estudios, incluidas las niñas; esos servicios imparten formación en esferas tales como la alfabetización, la salud, la alimentación y la nutrición, la seguridad, la agricultura y la ganadería, la conservación del medio ambiente, la educación para la vida familiar y la solución de problemas básicos.
Se ha otorgado reconocimiento oficial a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con niñas que no asisten a la escuela. Esas organizaciones han creado una plataforma, denominada “Club de amigos de la niña”, encaminada a desempeñar una función catalizadora en relación con los programas de formación y alfabetización para niñas, ofrecer orientación moral, mejorar las tasas de asistencia de las niñas a la escuela y lograr que el 25% de ellas reciban instrucción en materia de conocimientos prácticos para la vida y asistencia para encontrar trabajo. En 1998, el club organizó actividades de concienciación para niñas y padres sobre las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, y sobre la violencia contra niñas de todas las edades.
En 1997 se establecieron el Consejo Nacional para la Infancia y los Consejos Provinciales para la Infancia, con el propósito de asesorar al Gobierno en relación con la protección y la defensa de los derechos del niño, particularmente las niñas expulsadas del sistema escolar académico. También se transmiten por los medios de comunicación una serie de programas sobre cuestiones relacionadas con la mujer y su educación, que apuntan a mejorar la concienciación entre los padres, los estudiantes, los maestros y las niñas que nunca han asistido a la escuela o que han abandonado los estudios.
En noviembre de 1998, el Ministerio de Educación Nacional, con apoyo del UNICEF, realizó encuestas sobre la asistencia de las niñas a la escuela en las provincias de Kasai Oriental y Kasai Occidental para evaluar la dimensión del problema de las elevadas tasas de deserción escolar de las niñas y desarrollar programas de intervención adecuados. En el cuarto informe periódico se evaluarán los resultados de esos programas en términos de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Con respecto a la planificación de la familia, el acceso de la mujer a información específica sobre la salud y el bienestar de la familia, incluidos información y asesoramiento sobre planificación de la familia, puede estimarse a partir de cuatro indicadores: tasa de cobertura de la atención prenatal, tasa de cobertura de los nacimientos asistidos, tasa de utilización de métodos anticonceptivos modernos y tasa de cobertura de visitas médicas a domicilio.
El Ministerio de Salud, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, ha recogido datos recientes sobre los indicadores anteriormente mencionados. La tasa de cobertura de la atención prenatal, expresada como porcentaje de las mujeres embarazadas de edades comprendidas entre 15 y 44 años que visitaron servicios de salud materna durante los últimos 12 meses es del 67,2% en todo el país: 63,9% en las zonas rurales y 79,6% en las zonas urbanas. Trabajadores de salud especializados prestaron asistencia en el 69,7% de los nacimientos: 65,6% en las zonas rurales y 91,6% en las zonas urbanas. El porcentaje de mujeres de edades comprendidas entre 15 y 44 años que utilizan métodos anticonceptivos modernos es del 4,6% en todo el país: 3,9% en las zonas rurales y 6,9% en las zonas urbanas. Esos bajos porcentajes de utilización de anticonceptivos pueden atribuirse a las costumbres, las actitudes y las creencias religiosas contrarias al uso de anticonceptivos y a la subordinación de la mujer al esposo. El porcentaje de familias que recibieron la visita de un trabajador de salud en los últimos 12 meses fue del 18,40% en todo el país: 12,80% en las zonas urbanas y 19,60% en las zonas rurales.
El Ministerio de Educación Nacional, en cooperación con el UNICEF, ha iniciado un proyecto de educación continua que tiene por objeto promover la formación de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias, y de los adolescentes y preadolescentes que están fuera del sistema escolar, en especializaciones básicas y comportamiento responsable que asegure su bienestar individual y colectivo. El proyecto es una respuesta a los problemas de comportamiento ocasionados por el abandono por parte de los padres de las responsabilidades que les incumben, y a los problemas que crean la falta de higiene y seguridad, todo lo cual contribuye a la inasistencia a las clases, a una elevada tasa de deserción escolar y a un mal rendimiento en la escuela. En el proyecto participan varios ministerios, así como organizaciones no gubernamentales especializadas en la prevención de enfermedades y en la educación para la paz. El Gobierno ha facilitado los recursos humanos necesarios y las instalaciones para el proyecto, mientras que el UNICEF ha proporcionado el equipo esencial, los recursos financieros y los materiales.
La Sra. Bakanseka (República Democrática del Congo), refiriéndose al artículo 12, dice que en 1982 se estableció el Programa y los Servicios para Nacimientos Deseables, cuyo propósito es ayudar a las parejas a planificar sus familias y mejorar la salud materno-infantil mediante la prevención de embarazos de alto riesgo, abortos y enfermedades de transmisión sexual. Es poco lo que se ha logrado, sin embargo, debido a factores de tipo cultural y de organización.
Entre los factores culturales figura el hecho de que la planificación de la familia por lo general se entiende en el sentido poco amplio de tratar de limitar el número de nacimientos, algo que todos los africanos suelen rechazar. Es por eso que se ha utilizado el término “nacimientos deseables”, a fin de hacer hincapié en la paternidad responsable más bien que en el control de la natalidad. Además, las actitudes prevalecientes en favor de la familia numerosa se traducen en matrimonios a temprana edad y destete precoz para reducir el intervalo entre los hijos. Los niños se consideran una especie de seguridad social y fuente de trabajo para la agricultura y el hogar.
Entre los factores de organización cabe mencionar la deficiencia en la organización de los servicios de planificación de la familia, la reducida cobertura de los servicios de salud en general y de los servicios de planificación de la familia en particular, así como la concentración de los servicios en las zonas urbanas. El Programa para Nacimientos Deseables tampoco está recibiendo el necesario apoyo financiero del Gobierno o de los copartícipes externos, y ha cesado la cooperación bilateral y multilateral. En la práctica, los servicios de planificación de la familia dejan de lado al hombre y centran sus actividades de concienciación en la mujer, pese a que la sexualidad y la procreación son indudablemente cuestiones que atañen a ambos sexos.
En el marco de la actual reforma del sector de la salud, se integrarán las actividades de supervisión de la salud materno-infantil y se establecerán servicios de planificación de la familia en todos los centros sanitarios, tanto rurales como urbanos.
La incidencia de la mutilación genital femenina se calcula entre un 5 y un 10%; esos datos sólo corresponden a unas pocas provincias. El Gobierno ha creado un Comité nacional sobre la mutilación genital femenina, que ha elaborado un plan de acción que incluye actividades educacionales y de otra índole para ayudar a eliminar esa práctica, teniendo en cuenta la experiencia de otros países.
La incidencia del embarazo como consecuencia de violación sigue siendo elevada, a juzgar por los numerosos relatos de mujeres de las provincias ocupadas, pero aún no se dispone de estadísticas. Ésa es una esfera para futuros trabajos de investigación.
El Sr. Kamanda (República Democrática del Congo), refiriéndose a la situación de las mujeres refugiadas, dice que el trato que reciben se ajusta a las disposiciones de los diversos instrumentos internacionales sobre los refugiados. En 1998, las mujeres refugiadas de todas las nacionalidades, incluidas niñas y adolescentes, fueron casi 150.000, supervisadas por la oficina de Kinshasa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Entre las medidas para su integración psicosocial figuran la construcción de lugares de reasentamiento, la dotación de infraestructura de tipo social como puestos sanitarios y suministro de agua potable, la distribución de artículos para recién nacidos, alimentos, la prestación de asistencia técnica en forma de herramientas y semillas, y la asistencia financiera.
La Sra. Ouedraogo elogia al Estado parte por su reconocimiento de los problemas que enfrenta la mujer congoleña y acoge con agrado los planes de reforma de las disposiciones jurídicas. El Estado parte debe asegurar que la mujer esté adecuadamente representada en ese ejercicio.
Mientras no exista paz no podrán alcanzarse verdaderos progresos, pero como los miembros del Comité pudieron apreciar en el vídeo documental, las mujeres ya se están movilizando contra la violencia. El Gobierno debería aprovechar esa situación y cerciorarse de que participen genuinamente en el proceso y en las negociaciones de paz. La oradora acoge con beneplácito las reformas previstas en la educación y exhorta a la introducción de módulos sobre derechos humanos, incluida la Convención, en las escuelas secundarias, las universidades y los institutos de formación. Se manifiesta de acuerdo en que algunas de las tradiciones atribuyen virtudes a la mujer, tales como la sabiduría y la constancia. Esas virtudes deben subrayarse, en la medida de lo posible, en los programas educacionales y de planificación de la familia. Por último, la Convención debe traducirse y hay que darle la mayor difusión posible.
La Presidenta agradece a la delegación sus francas y detalladas respuestas. Aún quedan problemas por resolver antes de que se pueda aplicar plenamente la Convención, pero como se ha podido apreciar en el vídeo documental, las mujeres están reaccionando frente a la violación de sus derechos y a la constante violencia a que están expuestas.
Se ha ofrecido una honesta descripción de la situación de discriminación que existe en el ámbito del derecho penal, particularmente con respecto al adulterio. La delegación también ofreció información sobre las actividades de alfabetización, los problemas familiares relacionados con la salud y el trabajo y los problemas en la esfera de los derechos humanos y los derechos de la mujer y del niño.
La oradora sugiere dar la mayor difusión posible, en todo el país, a los informes del Estado parte, a las preguntas y respuestas, y a las recomendaciones del Comité.
Se levanta la sesión a las 17.40 horas.