21° período de sesiones
Acta resumida de la 443ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 22 de junio de 1999, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos segundo y tercero de Chile (continuación)
Se declara abierta las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos segundo y tercero de Chile (continuación) (CEDAW/C/CHI/2 y 3; y CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Chile toman asiento como partic i pantes en el debate de la Mesa.
La Sra. Ferrer dice que la labor realizada por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que coincide con el período abarcado por los informes, ha sido muy importante para promover una mentalidad favorable a la igualdad de la mujer en Chile. Sus logros incluyen una nutrida lista de nuevas disposiciones legislativas. No obstante, aún hay pendientes de aprobación importantes proyectos de ley y diversas modificaciones. La oradora desea saber cuáles son la situación y las perspectivas del proyecto de ley sobre el divorcio presentado al Congreso por un grupo parlamentario multipartidario. Pese a la nueva ley sobre la filiación, de conformidad con el régimen de gananciales el esposo sigue siendo el administrador y el representante legal del patrimonio conyugal, al tiempo que la patria potestad sigue correspondiendo automáticamente al padre, salvo en determinadas circunstancias.
Otro ámbito que requiere urgentemente una reforma es el de la legislación sobre el aborto, la cual, como legado de la dictadura, no permite ni siquiera los abortos terapéuticos. El resultado ha sido un aumento del número de abortos ilegales y de las muertes correspondientes, particularmente entre las mujeres más pobres, quienes carecen de acceso a los servicios médicos privados o no pueden desplazarse al extranjero. La oradora desea saber qué posibilidades hay de modificar la legislación, por lo menos para que pueda practicarse el aborto por razones médicas. Además, la disposición que exige que el personal médico informe sobre de las mujeres que muestren complicaciones resultantes de un aborto disuaden a las mujeres de buscar la asistencia vital que necesitan e infringen el principio de la confidencialidad médica.
Por lo que respecta a la prevención de los embarazos, son discriminatorias las normas que sólo permiten la esterilización voluntaria en el caso de las mujeres que ya tienen cuatro hijos y exigen el consentimiento del marido. La oradora agradecería más información sobre la utilización de anticonceptivos por las mujeres y los hombres. Además, encomia la iniciativa del SERNAM de promover el diálogo comunitario sobre la salud emocional y la sexualidad, aunque insta a que se desarrolle un programa general de educación sexual destinado no sólo a los muchachos y muchachas, sino también a los profesionales de la enseñanza y de la atención médica. Habida cuenta del gran número de adolescentes, en su mayoría pobres, que se ven obligadas a abandonar la escuela a causa de los embarazos y crían a sus hijos con recursos insuficientes, es evidente que se necesitan urgentemente programas de educación, información y acceso a los anticonceptivos para que las mujeres puedan decidir cuándo desean quedarse embarazadas y espaciar los nacimientos. Además, la anticoncepción debe permitirse en casos de violación o de agresión sexual.
En relación con la cuestión de la igualdad económica, el Estado que presenta el informe debe aclarar la situación de la legislación relativa a la igualdad de oportunidades en el trabajo. La oradora aprecia los esfuerzos realizados por el SERNAM en pro de las mujeres pobres e indigentes y encomia particularmente sus programas de capacitación en el empleo y asesoramiento para las mujeres que son cabezas de familia. No obstante, pese a la reducción de los porcentajes de pobres e indigentes, las diferencias en materia de distribución de ingresos han aumentado en Chile y la feminización de la pobreza se está incrementando. La oradora desearía saber en qué medida la privatización ha afectado a las mujeres de bajos ingresos, particularmente por lo que respecta a la salud y a la enseñanza.
Convendría saber cómo ha influido la Convención en la vida de las mujeres de las comunidades indígenas. Dado que las mujeres chilenas han demostrado, sobre todo durante la dictadura, que son hábiles, valientes e inteligentes, y dado que son votantes entusiastas, la oradora se sorprende de que no haya un mayor porcentaje de mujeres en los cargos de responsabilidad de la vida política o económica y desearía saber qué planes tiene el SERNAM para hacer frente a esa situación. Por último, se pregunta si el SERNAM dispone de algún mecanismo sistemático para trabajar con las organizaciones no gubernamentales.
La Sra. Gabr dice que el informe de la delegación de Chile aborda los problemas con claridad y franqueza, lo que constituye el primer paso necesario para solucionarlos. El SERNAM parece ser un instrumento útil de supervisión y coordinación. Las iniciativas de cooperación, como el Fondo para la Sociedad Civil, constituyen mecanismos adecuados para que las organizaciones no gubernamentales participen en los esfuerzos en pro de la igualdad de oportunidades y tal vez pueda hacerse más en esa dirección. Aunque se han registrado importantes logros por lo que respecta a la legislación, es necesario llevar a cabo nuevas reformas en el derecho de familia relativo al régimen matrimonial y en la esfera de las ayudas económicas a las madres solteras. La oradora desea más información acerca de los programas destinados a las mujeres de las zonas rurales, la asistencia de la salud y las jóvenes embarazadas. El país que presenta el informe puede aplicar las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, a la que ha contribuido en gran medida, con miras a hacer frente a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales y de las mujeres indígenas, particularmente por lo que respecta a su acceso a la propiedad de la tierra, al crédito y a los avales.
La Sra. Hazelle dice que también desea que se facilite más información sobre los servicios de planificación de la familia destinados a mujeres y niñas y que le preocupa la discriminación que impide que algunas muchachas embarazadas continúen sus estudios. Las cifras indicadas acerca de los embarazos de adolescentes suscitan varias cuestiones. En primer lugar, solamente las cifras (40.000 hijos de madres adolescentes de entre 12 y 19 años, de las que el 43,6% son solteras) destacan la necesidad de que mejore la educación sexual de los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que únicamente el 18% de los padres de esos niños sean también adolescentes indica que las muchachas sufren graves abusos sexuales. La delegación de Chile debe indicar cuál es la edad mínima legal para poder contraer matrimonio y la edad legal para consentir el tener relaciones sexuales; además, debe proporcionar datos estadísticos sobre el estupro y los consiguientes embarazos.
Después de destacar que el SERNAM ha desempeñado un papel activo en la redacción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la oradora dice que desea saber qué medidas se han adoptado para incorporar los compromisos contraídos en virtud de los artículos 7 y 8 de esa Convención en la legislación y en la práctica de Chile, particularmente por lo que respecta a la violencia contra las niñas. Además, desearía más información acerca de la capacitación de la policía y otros funcionarios públicos en el marco del Programa Regional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y acerca de las medidas adoptadas para hacer frente a los problemas concretos de la violencia contra las niñas en el hogar.
En el último párrafo de la página 17 de la versión española del tercer informe periódico (CEDAW/C/CHI/3), se hace referencia a la Defensoría de los Derechos de la Mujer, en tanto que, en el primer párrafo de la segunda columna de la página 10 de la versión inglesa, esa institución no parece de forma concreta, ya que las palabras que figuran son las siguientes: “defence of women’s rights”. La oradora dice que, si se tiene previsto establecer una Defensoría, agradecería que se facilitara información sobre la situación en que se encuentra el correspondiente proyecto de ley. Además, el Estado que presenta el informe debería indicar si la propuesta ha sido debatida con organizaciones no gubernamentales y si la Defensoría constituirá un órgano del SERNAM o un órgano independiente con sus propios fondos.
La Sra. Khan dice que hay que felicitar a Chile porque, con arreglo al índice de desarrollo humano, Chile ocupa el octavo lugar entre los países en desarrollo, lugar que no habría podido conseguir sin haber reducido las tasas de pobreza merced a la mayor contribución de la mujer a los ingresos de los hogares. No obstante, la oradora pregunta si la incorporación de la mujer a la población activa ha intensificado la discriminación contra ella. Habida cuenta de los numerosos problemas con que tropieza la mujer en el trabajo, tal como se pone de manifiesto en los diversos informes del Estado parte, lo que incluye la elevada tasa de desempleo de la mujer, sus mayores responsabilidades, la inestabilidad en el empleo, la menor remuneración y los servicios inadecuados de guardería, problemas que son particularmente graves en el caso de las mujeres pobres que son cabezas de familia, la oradora pregunta si las medidas que está adoptando el Gobierno son adecuadas. Además, sería de agradecer que se facilitara información sobre la observancia de las disposiciones normativas sobre la atención a la infancia y la licencia para atender a los hijos.
Habida cuenta de las importantes diferencias salariales que existen entre el hombre y la mujer, la oradora desea saber si el Plan de Igualdad de Oportunidades abarca la aplicación del Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la igualdad de remuneración y si hay algún órgano oficial que desempeñe funciones similares a las de una junta salarial a los efectos de supervisar los niveles salariales del sector privado. Las diferencias salariales indican que la mujer ha de ser readiestrada en ocupaciones modernas. La oradora agradecería más información sobre los programas de readiestramiento de la mujer, particularmente en el caso de las mujeres que viven por debajo del umbral de la pobreza, respecto de los trabajos no tradicionales.
Al parecer, el mayor número de modificaciones normativas se ha registrado en el mundo laboral, en lo concerniente a la mejora del acceso de la mujer al empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo. La oradora desea que se faciliten estadísticas que indiquen cuántas mujeres se han beneficiado de esos cambios y, además, desearía saber si existe alguna estrategia para supervisar las condiciones físicas del trabajo. Dado que Chile ha ratificado los convenios de la OIT relativos a la protección de la maternidad y a las responsabilidades familiares, el Estado parte debe informar sobre las medidas adoptadas para incorporar y hacer cumplir sus disposiciones.
Refiriéndose a la cuestión de la mujer de las zonas rurales, la oradora dice que un elevado porcentaje del trabajo agrícola es estacional y pregunta si esas mujeres perciben prestaciones por desempleo. Resulta desalentador observar que, de conformidad con el programa de microcrédito del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), únicamente un reducido porcentaje del crédito se destina anualmente a las mujeres. Deben investigarse las causas y ha de ponerse remedio a la situación. La experiencia de Bangladesh pone de manifiesto que el principal obstáculo es el requisito del aval. El Comité desea saber si las mujeres de las comunidades indígenas están amparadas por la misma legislación sobre el acceso al empleo, a la educación y al crédito.
La oradora desea información sobre la financiación para aplicar la legislación relativa a la protección, el apoyo y el desarrollo de la población indígena, promulgada en 1993, y los resultados que se han logrado desde entonces en esa esfera. A este respecto, el Comité desea saber asimismo si existe alguna disposición relativa a la representación de las mujeres indígenas en el Congreso u otros órganos públicos y si, de hecho, existe alguna representación. Por último, la oradora destaca la importancia de incorporar la perspectiva de género a todos los programas de desarrollo.
La Sra. Kim Yung-Chung encomia al SERNAM por sus esfuerzos y logros. En lo concerniente a la nueva legislación que ha promovido, la oradora está de acuerdo con la delegación de Chile en destacar la ley sobre la filiación, por ser la reforma más importante del siglo en materia de derecho de familia en Chile. En ella se establece no sólo la igualdad de derechos en materia de herencia, alimentos y representación legal respecto de los hijos ilegítimos (más del 40%), sino también el principio de la libre investigación de la paternidad, utilizando métodos modernos.
Por lo que respecta a la educación en su nivel más bajo, el analfabetismo ha desaparecido prácticamente, aunque la oradora está preocupada por las tasas de deserción en la enseñanza secundaria. Aunque hay pocas diferencias entre las tasas correspondientes a los muchachos y las muchachas, las razones manifestadas —los muchachos abandonan la escuela para tener un empleo remunerado y las muchachas lo hacen a causa de los embarazos o del matrimonio— ponen de manifiesto que no se han modificado las actitudes basadas en los estereotipos tradicionales. La oradora desearía saber cómo valora el SERNAM sus actividades encaminadas a luchar contra esas actitudes. En el ámbito de la educación superior, deben facilitarse estadísticas mucho más detalladas sobre la matriculación de mujeres, las carreras que eligen, su presencia en las facultades como profesoras o profesoras auxiliares en régimen de dedicación exclusiva o parcial y las disciplinas que enseñan.
Por lo que respecta al empleo, la oradora desearía que se facilitaran datos sobre el número de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad en las empresas, incluida información sobre los requisitos que se les exigen y la capacitación que se les ofrece. Por último, el Estado que presenta el informe debe indicar por qué no se ha aprobado el proyecto de ley contra el hostigamiento sexual y qué posibilidades hay de que se apruebe. La oradora confía en que se facilitará más información al respecto en el próximo informe.
La Sra. Manalo pregunta por qué en el informe no se hace ninguna mención a las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el hostigamiento sexual en el trabajo. La oradora desea aclaraciones sobre la afirmación de que la promoción de la autosuficiencia económica de la mujer es un elemento clave para el desarrollo. ¿Se refiere a la falta de independencia económica de las mujeres o al hecho de que el Gobierno no las haya integrado en la vida económica? Habida cuenta del lugar destacado que ocupa Chile en relación con el índice de desarrollo humano y su avanzado sistema docente, no parece posible que las mujeres chilenas estén escasamente presentes en el mercado laboral. La oradora confía en que en el próximo informe periódico del Estado parte se proporcionarán estadísticas sobre el número de trabajadoras autónomas, incluidas las mujeres que trabajan en pequeñas y medianas empresas, ya que éstas constituyen la columna vertebral de la economía de Chile y generalmente están dirigidas por mujeres.
La oradora pregunta si el Gobierno ha hecho esfuerzos suficientes para mejorar la formación, establecer redes y desarrollar los recursos humanos en pro de la mujer a fin de facilitar su integración en la vida económica y si adoptará nuevas medidas. En los informes no se facilitaran datos sobre la cobertura del seguro de enfermedad de las amas de casa, habida cuenta del valor de su trabajo y de su contribución a la sociedad, ni tampoco se hace referencia a la cuestión de la prostitución. A este respecto, la oradora pregunta si la prostitución es legal en Chile y si las prostitutas tienen derecho a prestaciones sanitarias o a otro tipo de protección. Además, considera que los informes no contienen datos suficientes sobre las medidas adoptadas para luchar contra la trata de mujeres y niñas. La oradora pide que se faciliten estadísticas sobre el número de mujeres infectadas por el VIH/SIDA y una descripción de las medidas preventivas que se estén adoptando al respecto.
Por último, la oradora dice que los informes no dan detalles sobre el proyecto de ley relativo al divorcio. Habida cuenta de la experiencia de su propio país —el cual, al igual que Chile, ha de hacer frente a una sociedad machista, a una iglesia poderosa y a un legado de gobierno despótico—, la oradora dice que la legislación sobre el divorcio debe prever la disolución verdadera del matrimonio y la posibilidad de que los divorciados se casen de nuevo. En la legislación deben evitarse los dobles traseros y debe desalentarse el establecimiento de barreras jurídicas, al tiempo que debe garantizarse la protección de las partes afectadas, particularmente de los hijos.
La Sra. Ouedraogo desea saber si el proyecto de ley sobre el hostigamiento sexual se aprobará pronto y recomienda que abarque el hostigamiento sexual en las escuelas y en las cárceles, así como en el trabajo. Convendría que en las estadísticasse hiciera un desglose de las mujeres de las zonas urbanas y de las zonas rurales en ámbitos tales como la salud, la utilización de métodos anticonceptivos, el ingreso promedio y la enseñanza. Además, sería interesante disponer de información acerca de la posición de las mujeres de las zonas rurales respecto de la erradicación de la pobreza. La oradora, después acoger favorablemente la participación de las mujeres de las zonas rurales en la formulación de cierto número de programas y proyectos especiales bastante nuevos en beneficio de ellas, pide más detalles sobre la situación que están destinados a abordar esos programas y proyectos y sobre su capacidad para lograrlo.
La Sra. Regazzoli, hablando como nacional de un país vecino que sigue estrechamente la evolución de la situación en Chile, destaca que el primer mecanismo para el adelanto de la mujer en un país de América Latina fue establecido por el ex Presidente de Chile, Patricio Aylwin. La oradora se congratula de que el Gobierno del Presidente Frei también haya prestado apoyo a los derechos de la mujer y confía en que ocurrirá lo mismo con el nuevo Gobierno que asumirá sus funciones en el año 2000. El Estado que presenta el informe debe proporcionar más datos sobre la situación del desempleo y sobre las políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo a los jóvenes en la era de la globalización.
Además, la oradora desea información acerca de los programas destinados a las reclusas, incluidas las medidas para luchar contra el hostigamiento sexual; las oportunidades que se brindan a las madres para cuidar de sus hijos; las disposiciones sobre la atención de los niños nacidos en las cárceles o de los hijos en edad temprana de las reclusas; y los programas de colocación en el empleo. El Comité desearía información sobre las medidas adoptadas para luchar contra la violencia contra las mujeres de edad, incluida la violencia perpetrada por sus hijos. La oradora está de acuerdo con la recomendación de la Sra. Cartwright de que se establezca un grupo multisectorial que incluya a organizaciones no gubernamentales para hacer presión para que se modifiquen las leyes de Chile en esferas tales como el divorcio, la práctica del aborto y el derecho a la confidencialidad de los expedientes médicos y las denuncias por hostigamiento sexual.
La oradora se hace eco de las preocupaciones manifestadas por otros miembros del Comité en relación con los derechos de las mujeres de las zonas rurales y de las mujeres indígenas, particularmente las mujeres mapuches, las cuales han sido recientemente objeto de bastante atención en la televisión estadounidense. El Estado que presenta el informe debe indicar si esas mujeres tienen acceso al crédito, a la tecnología moderna y a la capacitación en el empleo, y si tienen derecho a ser propietarias de tierras. Convendría saber qué programas tiene previsto poner en marcha el SERNAM en pro de las mujeres de las zonas rurales y de las mujeres indígenas. Por último, la oradora pregunta si la mujer sufre discriminación por parte de los militares y si tiene derecho a integrarse en las fuerzas armadas. La delegación de Chile debe describir las políticas del SERNAM destinadas a hacer frente a esa situación.
La Sra. Taya, refiriéndose al artículo 11, relativo al empleo, manifiesta profunda preocupación por la elevada tasa de desempleo entre la generación más joven, particularmente en el grupo de edad de entre 20 y 24 años, y entre las mujeres indígenas. Después de manifestar su temor a que la marcada división entre ricos y pobres en Chile amenace la estabilidad del país y el Gobierno democrático, la oradora pregunta qué porcentaje de las mujeres de bajos ingresos se beneficia realmente de los programas de formación profesional del Gobierno. ¿Adoptará el Gobierno otras medidas para prestar asistencia a esas mujeres?
La Sra. Bilbao (Chile) da las gracias a los miembros del Comité por sus observaciones, que se tendrán ciertamente en cuenta para la preparación del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y en el cuarto informe periódico del Estado parte. En respuesta a las preguntas de los miembros del Comité relativas a la situación del SERNAM, la oradora destaca que éste es responsable ante el Parlamento y no sólo ante el Gobierno, lo que garantiza su permanencia. En tanto que el objetivo del SERNAM es garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las entidades de gobierno en los planos nacional, regional y local, en lugar de aplicar políticas concretas, eso no significa que el SERNAM no tenga contacto con sus clientes. Ciertamente los Centros de Información de los Derechos de la Mujer del SERNAM asesoran a las mujeres, tanto a título individual como colectivo; facilitan información a las instituciones que lo solicitan; y se mantienen al corriente de las necesidades y preocupaciones de la mujer, lo que frecuentemente da lugar a modificaciones en sus recomendaciones normativas generales.
En el marco de la formulación del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, el SERNAM está intentando redefinir y ampliar sus ya positivas relaciones con las organizaciones no gubernamentales, en el contexto de la frecuentemente compleja transición a una forma democrática de gobierno después de casi 20 años de dictadura,. A este respecto, por conducto de su Fondo para la Sociedad Civil, el SERNAM presta asistencia a las organizaciones no gubernamentales para que ejecuten proyectos en pequeña escala en diversas partes del país. El Fondo, que inicialmente se financiaba en el marco de un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Suecia, fue siendo asumido paulatinamente por el Gobierno de Chile. En opinión de la oradora, el Gobierno que tome posesión en 2000 tendrá que seguir realizando esfuerzos para contrarrestar los efectos de los 20 años de gobierno militar. El nuevo Gobierno ha de concentrarse en incrementar la participación popular y en reducir las desigualdades que persisten en Chile, pese a sus programas de erradicación de la pobreza.
La Sra. González (Chile), refiriéndose a las razones por las que el SERNAM se encuentra en una situación especial, dice que las entidades del Gobierno de Chile son sumamente verticales y están aisladas entre sí y existe un escaso grado de interrelación o coordinación entre ellas. En este contexto, el SERNAM resulta más eficaz como órgano de coordinación horizontal que como Ministerio autónomo. La oradora destaca que la Directora del SERNAM tiene el rango de Ministra, participa en el proceso de adopción de decisiones de máximo rango del Gobierno y es miembro de diversos comités y grupos de trabajo interministeriales. El enfoque intersectorial del SERNAM ha pasado a ser un modelo para otras iniciativas gubernamentales, incluidas las relativas a los pueblos indígenas, la juventud y las personas de edad.
El Sr. Castro (Chile) dice que el programa de salud de la mujer, que dio comienzo de 1994, ha desplazado su centro de interés de la salud materna a todos los aspectos de la salud de la mujer, incluida la salud reproductiva. Ateniéndose a las realidades de América Latina, el personal no médico también participa en la prestación de asistencia primaria de la salud a las mujeres y madres de todo el país y en la reducción de la morbilidad y la mortalidad: de hecho, se hace hincapié en evitar la excesiva “medicalización” de la atención de la salud.
El sistema de unitario se fragmentó mucho durante la dictadura militar y fue sustituido por un servicio descentralizado de salud nacional en el decenio de 1980, durante el que el Ministerio de Salud pasó a desempeñar una función reguladora, sin intervenir directamente en los asuntos relacionados con el funcionamiento. De éstos se ocupan 28 autoridades de salud, que cuentan con un considerable grado de autonomía financiera y administrativa, pero que siguen las directrices nacionales establecidas por el Ministerio. La atención primaria está centralizada en casi 350 autoridades municipales de las que depende más del 90% de la atención primaria de la salud del país, con el consiguiente riesgo de cobertura desigual, riesgo que está intentando eliminar el Ministerio, que es ciertamente una entidad centralizada y jerárquica. El Ministerio también está intentando que el centro de atención de los problemas de salud no sean tanto las respuestas a las situaciones especiales como una clara concienciación de las necesidades de los más vulnerables, incluidos los pobres, la población rural y los jóvenes.
Durante la dictadura militar se decidió mantener en secreto las cifras relativas a la práctica del aborto, lo que constituía un gran enigma: frecuentemente se mencionaba la cifra de 100.000 abortos anuales, aunque el Ministerio de Salud apuntaba a 80.000 casos anuales. Los únicos datos veraces sobre el aborto son los correspondientes a los ingresos en hospitales, que parecen mostrar que las estancias con fines de que se practique el aborto están disminuyendo, así como los ingresos por abortos practicados en otros lugares y la correspondiente morbilidad. No obstante, las cifras son confusas porque incluyen los abortos espontáneos. De todos modos, el número de abortos sigue siendo dolorosamente elevado y no cabe duda de que es preciso hacer más esfuerzos para reducirlo, lo cual se hará.
El Ministerio ha establecido detenidamente prioridades en materia de atención de la salud para el período comprendido entre 1997 y 2000, lo que incluye la salud sexual y reproductiva, ámbito éste que, a su vez, incluye una esfera programática para reducir los embarazos de las adolescentes. Chile cuenta con más de 30 años de experiencia en la planificación de la familia, que es la estrategia principal para luchar contra los embarazos no deseados de toda índole. No obstante, el Ministerio también está examinando modos más concretos de proteger a los grupos de máximo riesgo en caso de aborto, tal como se indica en una encuesta nacional, haciendo más hincapié en la atención de la salud, lo que incluye el asesoramiento y los servicios anticonceptivos. El Ministerio también está intentando reducir la incidencia de las mujeres que tienen más de un aborto, centrándose para ello en la información y en la educación de las mujeres cuando se someten al primer aborto.
En el Código Penal, las personas que practican el aborto pueden ser declaradas culpables de un delito, pero, de hecho, únicamente los casos más graves, en los que las mujeres mueren o son sometidas a graves riesgos, se procesa a tales personas. Los profesionales de la medicina notifican a las autoridades únicamente los casos de especial gravedad para la mujer que merecen ser investigados. Desde la perspectiva de América Latina, Chile ha realizado grandes avances en materia de atención maternoinfantil: la mortalidad infantil ha disminuido al 10 por 1.000 y la mortalidad derivada de la maternidad ha pasado a cifrarse en el 20 por 100.000. La disminución obedece principalmente a la política de planificación de la familia de Chile, que lleva en vigor desde 1965. Hasta 1995, el programa de planificación de la familia se benefició de donaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pero desde entonces se ha tropezado con problemas para movilizar recursos a los efectos de comprar anticonceptivos. De hecho, la falta de ayuda de los donantes internacionales está poniendo en peligro la sostenibilidad a mediano y a largo plazo del programa de planificación de la familia y limitando las posibilidades de ampliación.
El número embarazos no deseados de adolescentes, que se definen como los embarazos de las mujeres menores de 20 años, ha aumentado ligeramente en términos relativos, aunque se han mantenido estable en los últimos años en términos absolutos. En 1991 el Ministerio de Salud recomendó a las escuelas que no expulsaran a las muchachas embarazadas. Esa política sigue en vigor en el sistema de educación pública, pero el sistema privado lamentablemente no lo aplica —está en su derecho—, aunque el problema de esos embarazos está más extendido en la enseñanza privada.
El problema de los embarazos no deseados de las jóvenes solteras de bajos ingresos ciertamente exige un enfoque general y, por consiguiente, se ha abordado en el marco de un comité interministerial de educación sexual y de prevención de los embarazos de las adolescentes durante las Jornadas de Conversación de Afectividad y Sexualidad (JOCAS). De esa manera, los tabúes han desaparecido gradualmente y la sexualidad de los jóvenes puede ser examinada directamente por los propios jóvenes y los adultos que están próximos a ellos, especialmente sus padres y maestros. Además, las JOCAS han servido para difundir información sobre la educación sexual entre los jóvenes y han ayudado a las instituciones educativas a abordar el problema centrando las actividades en las escuelas y en la comunidad. Los trabajadores de la salud, incluidos los psicólogos, los médicos y las matronas de las escuelas, están promoviendo esas actividades en las instituciones docentes y en la comunidad, al tiempo que difunden los ideales de salud entre los jóvenes con el fin que se desarrolle un sistema de salud general para ellos.
También como resultado de las JOCAS, un grupo especial preparó una política nacional de salud especial para los adolescentes y los jóvenes, entre cuyos principios rectores figuraba el respeto de la persona; el respeto de autonomía y del derecho al consentimiento fundamentado previo y a la confidencialidad; el respeto de la diversidad; la prestación de asistencia en función de las necesidades; y el respeto de la libertad de elección de los jóvenes cuando surgía un conflicto con los adultos. Los principios incluyen también la prestación de una atención especial a la prevención y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. El Ministerio de Salud se encuentra en la etapa final de preparación de directrices que incluyen esos principios y está ultimando normas técnicas en relación con la práctica del aborto.
El Ministerio de Salud comparte las preocupaciones del Comité en relación con las normas restrictivas de la esterilización voluntaria, que tuvieron su origen, sin debate previo y por orden de la autoridad, durante la dictadura. Así, la esterilización de las mujeres exige la autorización del esposo o de un comité médico. El Ministerio de Salud está revisando la cuestión y, junto con otros organismos del Gobierno y representantes de la sociedad civil, ha preparado un nuevo conjunto de normas que se concentran más en los derechos de la mujer en relación con su consentimiento libre y fundamentado. La pareja es la que ha de decidir si se ha de esterilizar al hombre o a la mujer. Lamentablemente los hombres no tienen acceso a los servicios de salud reproductiva en Chile. El nivel de participación y responsabilidad del hombre por lo que respecta a la reproducción y a la sexualidad ha de mejorar en general. El orador dice que confía en que en el próximo informe de Chile se indicará que el problema de los derechos de esterilización ha sido resuelto.
El Ministerio de Salud es perfectamente consciente de la necesidad de recurrir a las medidas anticonceptivas de emergencia y recientemente ha preparado directrices, en colaboración con la dependencia de salud mental del Ministerio, sobre su aplicación a las víctimas de malos tratos y abusos, particularmente de muchachas. No obstante, el Ministerio está sometido a una fuerte presión por parte de la Iglesia, la cual quiere que dejen de utilizarse esas medidas anticonceptivas en algunos casos. Sin embargo, la legislación correspondiente se aprobará en breve; en ella se abordarán cuestiones relacionadas con la salud, pero la legislación se preparará en colaboración con el Ministerio de Justicia y el SERNAM, dado que muchas de las estadísticas sobre abusos sexuales se refieren a las mujeres. Es de esperar que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el SERNAM y otros sectores sociales interesados estén en condiciones de prestar apoyo a la legislación propuesta.
La atención de la salud ginecológica de las trabajadoras sexuales se centra principalmente en evitar las enfermedades: dichas mujeres tienen acceso gratuito a los servicios especializados de salud a los efectos de prevenir, tratar y detectar las enfermedades. Una comisión nacional sobre el SIDA supervisa el desarrollo de la enfermedad en los hombres, que hasta el momento son los más afectados, aunque hay un número considerable de mujeres que han contraído la enfermedad por contagio por sus parejas supuestamente monógamas.
El consumo de tabaco por las mujeres, quienes corren el riesgo de padecer problemas hormonales y reproductivos, además de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades graves y crónicas, está siendo supervisado por una dependencia técnica del Ministerio de Salud, que se ocupa también del consumo de alcohol y del uso indebido de drogas. Se han formulado varias estrategias para luchar contra el tabaco. El consumo de tabaco ha aumentado ciertamente entre las mujeres en los últimos años, aunque hay en marcha campañas de educación y se espera que de esa manera se reduzcan los riesgos.
La Sra. Feres (Chile) dice que la participación de la mujer en la economía debe considerarse en el contexto de las realidades económicas de un país en desarrollo: muchos de los problemascon que tropieza la mujer en el trabajo son comunes a otros grupos sociales y ciertamente son padecidos también por los hombres. El crecimiento económico se ha cifrado como promedio en un 7% anual durante el último decenio, pero se ha detenido a causa de la crisis financiera de Asia y ha registrado valores negativos en el último trimestre. Los recientes reveses económicos han puesto de manifiesto una serie de problemas preexistentes que estaban enmascarados por el elevado crecimiento. No obstante, se crea un promedio de 100.000 puestos de trabajo anualmente y el porcentaje de las mujeres que trabajan está aumentando dos veces más que el de los hombres. Con todo, el crecimiento de la productividad general no es elevado, ya que se cifra en un 4% anual, y hay una importante escasez de conocimientos especializados.
El mercado laboral de Chile es flexible y está relativamente desregulado, si bien el empleo es inestable, con una tasa baja de sindicación, cifrada por debajo del 11% del total de la población activa, registrándose tasas incluso más bajas entre los asalariados. Por consiguiente, los sindicatos no constituyen una fuerza importante en Chile. El porcentaje de afiliación de las mujeres se cifra en torno al 36%, pero se distribuye de manera desigual. La edad constituye un factor que hay que tener en cuenta: las mujeres de entre 25 y 54 años constituyen el 46% de las asalariadas y su número está aumentando. También hay que tener en cuenta la educación: las mujeres con tres años o menos de educación estructurada representan el 16% de las asalariadas, en tanto que las que han cursado más de 17 años de enseñanza representan el 70%. El mayor porcentaje de trabajadoras se da entre las solteras, y el menor entre las que tienen dos o más hijos.
Así pues, se plantean dos problemas para la mujer en términos de acceso al mercado laboral: la formación y el cuidado de los hijos. Se imparte formación a las mujeres pobres, particularmente las que son también cabezas de familia, de las que hay alrededor de 59.000: más del 60% de las mujeres de ese grupo están integradas en el mercado laboral por razones obvias. El SERNAM y el servicio nacional de capacitación y empleo se han propuesto impartir 300 horas de capacitación por persona a unas 6.000 de esas mujeres anualmente, lo que se conjuga con ayuda económica y servicios de guardería para los hijos. El Gobierno actual también tiene previsto impartir capacitación a unos 80.000 jóvenes anualmente antes de que concluya su mandato, de los que entre el 35 y el 40% serían mujeres jóvenes.
La capacitación se imparte gratuitamente a los asalariados. Los empleadores pueden deducir alrededor del 1% de sus gastos salariales de los gastos de la capacitación que impartan, los cuales se reembolsarán por los conductos fiscales pertinentes. No obstante, después de ocho meses los empleadores están percibiendo únicamente alrededor de la tercera parte de la financiación disponible, razón por la que el Gobierno está considerando la posibilidad de modificar la legislación pertinente a fin de que las pequeñas empresas y las microempresas puedan impartir capacitación a sus empleados sin tener que esperar hasta el final del ejercicio fiscal para recuperar lo que han invertido. Además, los empleadores pueden firmar "contratos de formación" con los empleados para impartirles capacitación antes de que firmen el contrato de trabajo propiamente dicho o después de que haya expirado dicho contrato. Esos contratos de formación son independientes de los contratos de trabajo y los gastos de formación se financian también mediante fondos estatales. Al igual que todos los demás aspectos de la política de formación del Gobierno, ese plan también está destinado a ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad, a saber, los jóvenes y las mujeres.
La mayor parte de las últimas reformas laborales afectan a las condiciones de trabajo de la mujer, que han mejorado de cierta manera, aunque el Gobierno reconoce que la clase trabajadora en general tropieza con el problema de la inestabilidad en el empleo. No obstante, las más afectadas son las mujeres y, por ello, las reformas de la legislación laboral general benefician más a las mujeres que a los hombres. La prohibición del trabajo nocturno de la mujer ha sido suprimida y un tercio de las mujeres de Chile trabaja por la noche. La legislación que rige el horario laboral también se ha modificado, particularmente en sectores en que había un elevado porcentaje de trabajadoras con una remuneración muy baja: el comercio minorista, la hostelería, el servicio doméstico, el sector textil, las industrias pesqueras y el sector agroindustrial. En este último sector se ha hecho un gran esfuerzo para modificar las normas que regían la utilización de productos químicos y de plaguicidas, haciendo especial hincapié en la mujer. También existe legislación contra la discriminación, pero, al igual que otras reformas, resulta muy difícil de hacer cumplir.
Hay dos formas de proteger los derechos de las trabajadoras: mediante la adopción de medidas administrativas de carácter público y mediante la interposición de acciones ante los tribunales. El Gobierno considera que ha hecho mucho, dentro de lo posible, desde el punto de vista administrativo. El resto ha de llevarse a cabo ante los tribunales y en esa esfera no se han realizado muchos progresos al máximo nivel a los efectos de garantizar la no discriminación en el trabajo. El Gobierno ha intentado cambiar el marco jurídico, pero se ha visto obstaculizado por la separación de poderes. Sin embargo, la falta de progresos ante los tribunales no significa que el Gobierno no está intentando conseguir que la mujer sea consciente de sus derechos jurídicos: a tal efecto, el SERNAM y el Ministerio de Trabajo han puesto en marcha una campaña de amplio alcance. Se ha iniciado un proceso conjunto de investigación y de realización de actividades encaminadas a hacer cumplir la ley que cuenta con el apoyo de la OIT. No obstante, habida cuenta de que Chile carece de legislación para imponer un salario mínimo obligatorio o el principio de la igualdad de remuneración por un trabajo igual, resulta difícil determinar qué diferencias salariales existen entre uno y otro sexo.
El proyecto de ley sobre hostigamiento sexual, que está pendiente de aprobación desde 1995, se centra exclusivamente en el hostigamiento en el trabajo. Aparte de hacer presión en el Parlamento, el SERNAM está realizando actividades de sensibilización acerca de la cuestión entre los empresarios y los asalariados. Las normas salariales en materia de protección de la maternidad están en vigor desde 1924. En la ley se dispone que los empresarios que tienen a su cargo más de 20 trabajadoras han de proporcionar el acceso a servicios gratuitos de guardería. Lamentablemente los empresarios se valen con frecuencia de esa disposición para justificar el empleo de menos mujeres o para explicar las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres.
El Gobierno está considerando la posibilidad de incrementar los fondos para las guarderías a fin de promover la participación de la mujer en el mundo laboral y aumentar su nivel de formación. A este respecto, es asimismo esencial tener en cuenta las necesidades de las mujeres en situaciones precarias de empleo, habida cuenta del cambio en las pautas laborales. Ya se han realizado algunos progresos. En un proyecto de ley se prevé el establecimiento de guarderías para los hijos de las funcionarias públicas. En los centros comerciales, en los que gran parte de los empleados son mujeres, recaerá en el centro, en lugar de en los empleadores, la obligación de establecer guarderías.
En Chile el seguro de enfermedad corre a cargo de empresas privadas, que tienden a establecer primas más elevadas para las mujeres, dado que éstas viven más y entrañan mayores gastos en materia de salud. Esas empresas, que se rigen por las leyes del mercado, también discriminan a los trabajadores de bajos ingresos. El Gobierno ha intentado hacer frente a la situación reforzando los mecanismos reglamentarios y garantizando que todas las mujeres desempleadas y con bajos ingresos quedarán abarcadas por un fondo de salud nacional. El sistema de salud pública está siendo constantemente mejorado y es probable que llegue a los niveles del sector privado en el plazo de cinco años.
El plan privado de pensiones de Chile, que se basa en el ahorro individual, lleva en vigor más de 15 años y ha sido copiado por varios países de América Latina. Sin embargo, el plan ha sido diseñado para trabajadores que probablemente tienen un empleo durante toda su vida y, habida cuenta de la precariedad en el empleo de las mujeres, está siendo objeto de una revisión ministerial.
La Sra. Bilbao (Chile) dice que, aunque Chile sigue sin tener una ley de divorcio, es probable que, a finales del año, se apruebe un proyecto de ley sobre el matrimonio civil, que abarcará la anulación, la separación y el divorcio. El objetivo del proyecto de ley no es facilitar el divorcio, sino proteger a las mujeres y los niños. Con arreglo a esa nueva ley, los menores de menos de 16 años de edad no podrán contraer matrimonio, ni siquiera con el consentimiento de uno de sus padres. Además, es de esperar que el proyecto de ley sobre el hostigamiento sexual sea finalmente aprobado en julio.
En las cárceles, los menores de dos años de edad viven con sus madres. Los programas de rehabilitación intentan facilitar la reintegración de las reclusas en la sociedad. La participación de la mujer en las fuerzas armadas está aumentando, tal como se indica en el informe. Además, las primeras mujeres pilotos se integrarán en la fuerza aérea el año siguiente. Las mujeres no son admitidas en la armada, habida cuenta del problema de contar con hombres y mujeres que prestan al mismo tiempo servicios en los buques. Alrededor del 7,2% de las muchachas abandonan la enseñanza elemental, por comparación con el 7,7% de los muchachos. En el nivel secundario, las cifras correspondientes son el 5,2 y el 5,1%, respectivamente. La pobreza es la razón primordial por la que se abandona la escuela.
Por último, la delegación de Chile se complace en destacar que en el proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades, que está en tramitación, se prevé un mayor grado de protección de los derechos de la mujer. En lo sucesivo, se invitará a los representantes de los poderes legislativo y judicial a que comparezcan ante el Comité, dado que los tres poderes son bastante independientes entre sí en Chile. En su calidad de representante del poder ejecutivo únicamente, la delegación de Chile no puede obligar al resto de los poderes del Estado a cumplir las recomendaciones del Comité.
La Presidenta destaca que el Gobierno de Chile debe determinar su representación ante el Comité y cumplir sus recomendaciones como parte de las obligaciones internacionales de su país. Cabe felicitar al Estado parte por los numerosos logros obtenidos en la esfera de los derechos de la mujer y de la igualdad, muchos de los cuales se han obtenido merced a la tenacidad del SERNAM, a los efectos, entre otras cosas, de promover reformas constitucionales y legislativas. La oradora acoge con beneplácito la nueva legislación sobre la filiación, al igual que los planes de hacer frente a la violencia en el hogar y al hostigamiento sexual, así como los planes de establecer tribunales de familia. Los programas del Estado parte destinados a promover la igualdad, luchar contra la pobreza e incrementar el acceso de la mujer al empleo y la enseñanza pueden servir de modelo para otros países.
La autonomía de la mujer dentro de la familia debe mejorar con objeto de que pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos como persona, en igualdad con su esposo. Suscitan preocupación la elevada tasa de desempleo entre las muchachas, el problema de los embarazos de las adolescentes, que afecta a otros derechos, incluido el derecho a la educación, y las cuestiones de la práctica del aborto y de la esterilización. Además, es de esperar que el Estado parte siga realizando esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas y otras mujeres invulnerables, incluidas las reclusas.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.