Período extraordinario de sesiones
Acta resumida de la 580ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 14 de agosto de 2002, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos del Yemen
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Cuarto y quinto informes periódicos del Yemen (CEDAW/C/YEM/4 y 5; CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.11 y CRP.2/Add.2)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Kaid (Yemen) y el Sr. Al-Shahab (Yemen) toman asiento a la mesa del C o mité.
La Sra. Kaid (Yemen), presentando los informes periódicos cuarto y quinto del Yemen (CEDAW/C/YEM/4 y 5), dice que su país ha logrado grandes avances a lo largo de los últimos 30 años, en particular desde la unificación efectuada en 1990: se ha establecido un sistema político democrático, multipartidista, y con el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión han surgido numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas grupos dedicados a la promoción de los derechos de la mujer.
De conformidad con la Constitución, el Estado garantiza a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en las esferas política, social y cultural. Se entiende por ciudadanos tanto a los hombres como a las mujeres. El Gobierno ha adoptado un conjunto de medidas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres, promover su desarrollo y realzar su condición jurídica y social, contándose entre ellas en particular la formulación de una política nacional de la mujer. En fecha reciente se ha ampliado la composición de la Comisión Nacional de la Mujer, el mecanismo institucional que supervisa la aplicación de la Convención y de la Plataforma de Acción de Beijing, de manera que incluya a representantes de todos los ministerios y otros órganos gubernamentales, así como también de la sociedad civil. La Comisión Nacional ha emprendido un estudio de la legislación yemenita, incluido el Código Penal, y ha propuesto enmiendas a las disposiciones que discriminan contra las mujeres. Las cuestiones relativas al género se han tenido en cuenta en la política demográfica nacional para 2001-2025.
En virtud del artículo 30 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de proteger el bienestar de las madres y los niños y velar por los adolescentes y los jóvenes. A este fin, el Gobierno ha establecido el Fondo de Protección Social, que aporta subvenciones mensuales a las viudas y a las mujeres que encabezan hogares, entre otras personas. Entre las iniciativas adoptadas para atender a las necesidades de los grupos vulnerables se cuenta también la promulgación de la Ley sobre la protección y la readaptación de los impedidos.
Con arreglo a la ley electoral del Yemen, las mujeres tienen derecho a votar en las elecciones y en los referéndums públicos y a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, en condiciones de igualdad con los hombres. En las elecciones locales celebradas en febrero de 2001, 35 mujeres resultaron elegidas para los consejos provinciales y de distrito. No obstante, persisten obstáculos sociales y culturales que entraban la participación de las mujeres en la vida política y pública. Las mujeres no constituyen más que el 15% de los afiliados a los partidos políticos y su representación en las estructuras directivas de los partidos es insuficiente; en cuanto a la participación de las mujeres en los sindicatos, la situación es análoga. La Ministra de Estado de Derechos Humanos es la única mujer que ejerce un cargo de ministro; hay 97 directoras generales de entidades gubernamentales, en comparación con más de 2000 hombres que desempeñan funciones de ese nivel. El quinto informe periódico (CEDAW/C/YEM/5) contiene datos detallados respecto de la representación de las mujeres en el cuerpo diplomático. Las organizaciones no gubernamentales, si bien cada vez más numerosas, tienden a limitarse a las zonas urbanas.
En virtud del párrafo 1 del artículo 3 de la Ley sobre la nacionalidad, adquieren la nacionalidad yemenita los hijos de padres que son ciudadanos del Yemen. Esta disposición plantea problemas para los hijos de madres yemenitas casadas con ciudadanos extranjeros, ya que no tienen el derecho a adquirir la nacionalidad de la madre. Por consiguiente, el Consejo de Ministros ha aprobado una enmienda que permite a las mujeres divorciadas y a las viudas transmitir su nacionalidad a sus hijos.
En la actualidad, sólo el 35% de los estudiantes de nivel primario y el 26% de los de nivel secundario son niñas. En el nivel secundario se registra entre las niñas una elevada tasa de abandono escolar, en particular en las zonas rurales, donde los padres y madres se niegan a permitir que sus hijas asistan a escuelas mixtas. Las mujeres representan el 24%, aproximadamente, del estudiantado universitario, pero están concentradas en las facultades humanísticas, y sólo un número reducido de mujeres asiste a cursos de formación vocacional. El Gobierno considera de prioridad el objetivo de aumentar la escolaridad de las niñas, puesto que la educación es una piedra angular del desarrollo. Ha construido un gran número de nuevas escuelas, pero le es difícil en este terreno mantenerse a la par con el crecimiento demográfico, que a la fecha es del 3,5% al año. Con el fin de rebajar el alto índice de analfabetismo, especialmente entre las mujeres rurales, el Gobierno ha establecido centros especiales de alfabetización, a la vez que promueve el uso de las escuelas como centros de educación de adultos.
La elevada tasa de mortalidad materna puede atribuirse, en parte, a la falta de acceso a la atención prenatal en zonas rurales alejadas y al bajo número de partos atendidos. Además, el personal médico es mayoritariamente masculino, lo que suscita entre las mujeres una renuencia a solicitar tratamiento. La alta tasa de fecundidad, que alcanza a 5,8 nacidos vivos por mujer, refleja la insuficiencia de los servicios de planificación de la familia; la tasa de utilización de anticonceptivos sólo llega al 21%. No se practica en forma generalizada la mutilación genital femenina, salvo en el litoral. Sin embargo, esta práctica es motivo de profunda preocupación para el Gobierno, que la ha prohibido en todas las instituciones públicas de atención médica.
El Yemen, que se cuenta entre los países menos adelantados, figuró en el 133° lugar entre los 160 países enumerados en el Informe sobre el Desarrollo H u mano de 2001. El producto interno bruto por habitante es inferior a 300 dólares de EE.UU. al año, y el 23% de la población, aproximadamente, vive por debajo del umbral de pobreza debido, en parte, a los efectos de la reestructuración económica iniciada a mediados del decenio de 1990. Con el fin de remediar esta situación, el Gobierno está llevando a efecto programas para aliviar la pobreza, crear empleos y desarrollar los recursos humanos, con inclusión de iniciativas dirigidas a las mujeres. La Dependencia de Desarrollo de la Pequeña Empresa y el Fondo de Desarrollo Social otorgan préstamos y suministran asistencia técnica en apoyo de actividades generadoras de ingresos.
Cerca del 75% de la población reside en zonas rurales. Como promedio, la mujer rural yemenita dedica 16 horas de cada día al trabajo agrícola y las tareas domésticas. Las mujeres producen alimentos para sus familias, en tanto que los hombres se ocupan de los cultivos comerciales. Como resultado de esta división del trabajo, las mujeres quedan al margen de la economía monetaria y su labor no se valoriza. Con objeto de mejorar la situación de las mujeres de los medios rurales, el Gobierno ha creado un Departamento de Desarrollo de la Mujer Rural dentro del Ministerio de Agricultura.
La Ley sobre el estatuto personal, según fue enmendada en 1998, contiene varias disposiciones que discriminan contra las mujeres, incluso en materias relativas al matrimonio. Las ONG femeninas están librando una campaña en favor de la modificación de esas disposiciones. La sharía islámica sí garantiza los derechos de sucesión y de propiedad de las mujeres.
El Gobierno del Yemen reconoce que es importante sensibilizar a la opinión pública respecto de la Convención con el fin de asegurar que las mujeres tengan pleno conocimiento de sus derechos. En consecuencia, ha organizado simposios sobre la Convención y ha llegado a un acuerdo preliminar con varias ONG femeninas respecto de la difusión de ese instrumento entre las mujeres yemenitas. La Comisión Nacional de la Mujer ve en la Convención no sólo un prototipo para sus programas sino también un marco de referencia para medir los progresos logrados en el mejoramiento de la condición jurídica y social de las mujeres yemenitas.
La Presidenta dice que la interesante y detallada exposición oral ha presentado un cuadro claro de la situación de las mujeres yemenitas. Toma nota con satisfacción de los esfuerzos del Gobierno por hacer más efectivo el cumplimiento de las disposiciones del artículo 9 de la Convención.
Artículos 1 a 6
La Sra. Gabr dice que, como consecuencia de haberse adherido a la Convención, el Estado parte tiene el deber de incorporar este instrumento a su legislación interna. El Comité tiene conciencia de las características específicas de la sociedad yemenita, así como de los esfuerzos que se requieren para mejorar la situación de las mujeres, y acoge complacido los avances logrados hacia esta meta durante los dos decenios últimos. Señalando que la condición jurídica y social desfavorecida de la mujer es un obstáculo para el desarrollo, pregunta cómo se propone el Gobierno integrar el adelanto de la mujer en la política del desarrollo. En cuanto a la Comisión Nacional de la Mujer, desea saber qué medidas concretas está adoptando para hacer que se enmienden las leyes que discriminan contra las mujeres, si participan en este empeño ONG femeninas y si se han puesto en marcha iniciativas para educar a la sociedad civil con respecto a la necesidad de la reforma legislativa. Sería de interés saber de qué manera el Estado parte está realzando la conciencia de las cuestiones relativas a la mujer en las zonas rurales, donde gran parte de la población es analfabeta. En lo que atañe a las mujeres rurales, se precisa más información sobre los problemas particulares a que hacen frente y los programas dispuestos por el Gobierno para remediarlos.
La Sra. Achmad encomia a la Comisión Nacional de la Mujer por sus esfuerzos y pregunta en qué forma los mecanismos nacionales atienden a los problemas de las mujeres rurales, pobres, analfabetas, impedidas, de edad y refugiadas. Es importante no sólo establecer comisiones especiales para que se ocupen de cada uno de estos temas, sino también luchar contra los estereotipos basados en el género y las prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres en todos los niveles de la enseñanza, incluida la educación para padres y madres, y en los medios de información. Tras señalar que el mecanismo nacional debe ser sostenible, pregunta qué medidas se prevén para mejorar su estructura organizacional y su funcionamiento y de qué manera se asegura que tenga una relación de trabajo provechosa con las autoridades centrales y locales, las ONG y los dirigentes religiosos y comunitarios. También reviste importancia la consecución de reformas jurídicas y la aplicación de políticas y programas para la incorporación de la perspectiva de género en la actividad general.
La Sra. Açar dice que, si bien se precisan reformas jurídicas, la igualdad ante la ley no es más que un punto de partida. La Constitución no hace distinciones entre hombres y mujeres, pero la Ley sobre el estatuto personal no tiene carácter igualitario y es incompatible tanto con la Constitución como con la Convención. El Yemen no es el único país que hace frente a este problema; en muchos Estados la constitución tiene escasos efectos en la vida diaria de las mujeres. La legislación es el motor de la transformación social y el desarrollo, particularmente en el ámbito privado. Los esfuerzos del Gobierno por promover el adelanto de las mujeres en la vida pública son encomiables, pero la experiencia en todo el mundo ha demostrado que en ausencia de cambios paralelos en la vida familiar, en especial para las mujeres casadas, sólo un número simbólico de mujeres llegan a ocupar cargos decisorios y las disposiciones de la Convención no se cumplen cabalmente.
También es preciso que las leyes se apliquen de modo efectivo. Preocupa a la oradora la actitud pasiva que se refleja en la declaración de que no se han presentado propuestas para enmendar el artículo 40 de la Ley sobre el estatuto personal porque éste no da lugar a ningún problema social generalizado y que, en todo caso, está en vías de extinción como consecuencia de la generalización de la educación, el acceso de las mujeres al mercado laboral y la existencia de programas de concienciación (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.2, párr. 10). El Gobierno debe adoptar una actitud más proactiva respecto de la aplicación de la Convención en todas las esferas que afectan la vida de las mujeres.
La elevada tasa de abandono escolar de las niñas que resulta de prácticas sociales discriminatorias es un impedimento de envergadura para el desarrollo nacional y la igualdad del hombre y la mujer. La solución reside en la formulación de programas claros de sensibilización y un esfuerzo decidido para cambiar los estereotipos basados en el género, dar efecto a las leyes vigentes y consolidar las coaliciones necesarias para lograr la aceptación de la nueva legislación por parte de la opinión pública. La oradora solicita información sobre el nivel de cooperación que existe entre el Gobierno y las ONG y acerca de cualesquier campañas encaminadas a alcanzar los objetivos que ha mencionado.
La Sra. Shin dice que, como ciudadana de la República de Corea, comprende los problemas de un país dividido y espera que el Yemen pueda ahora concentrar sus esfuerzos en el desarrollo, en lugar de desperdiciar recursos escasos en gastos innecesarios de defensa. Acoge complacida la franqueza con que el Gobierno ha reconocido la existencia de discriminación contra las mujeres, lo cual constituye el primer paso hacia su eliminación.
Preocupan a la oradora el artículo 232 del Código Penal, conforme al cual si un hombre sorprende a su esposa o a otra mujer de su familia en flagrante adulterio y mata a la mujer y al amante no se le acusa de homicidio; el artículo 52 del mismo Código, que fija el “precio de la sangre” de una mujer en la mitad del de un hombre; y las disposiciones altamente discriminatorias de la Ley sobre el estatuto personal y las enmiendas al mismo. También sería aconsejable enmendar la Ley sobre seguridad social, que permite a las mujeres jubilarse con menos edad que los hombres, y la Ley sobre la nacionalidad.
En las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas se indica que la violencia contra la mujer no se percibe como un problema y que los estudios e investigaciones pertinentes son todavía muy limitados (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.2, párr. 19). Sin embargo, todos los tipos de violencia contra la mujer, y en particular la violencia en el hogar, configuran un fenómeno de discriminación contra las mujeres. La oradora espera que el Gobierno aborde esta cuestión, llevando a cabo investigaciones, formulando políticas y programas, promulgando disposiciones legislativas y sensibilizando a la policía, la judicatura y la opinión pública; en la Recomendación General No. 19 del Comité se ha delineado una estrategia integral para abordar el problema de la violencia contra la mujer.
Asimismo, es perturbadora la incidencia de la violación, los crímenes de honra y la mutilación genital femenina. El Ministerio de Salud Pública ha prohibido esta última práctica en los centros de salud del Gobierno; sería útil saber cómo se sanciona la contravención de esa prohibición y cuántas personas que han sido enjuiciadas y condenadas con arreglo al nuevo decreto.
La Sra. Tavares da Silva dice que las imágenes y los valores que reflejan conceptos estereotipados de los géneros constituyen la barrera principal a la eliminación de la discriminación contra las mujeres en el Yemen. Existen graves discrepancias entre la Constitución y las leyes. Las enmiendas legislativas no siempre tienen suficiente alcance: por ejemplo, las mujeres divorciadas o viudas de extranjeros pueden ahora transmitir su nacionalidad a sus hijos, pero otras mujeres no pueden hacerlo. También pregunta qué decisión se ha adoptado respecto de las enmiendas propuestas a la Ley sobre el estatuto personal.
Algunas disposiciones discriminatorias ni siquiera se han impugnado; se supone que en virtud de la Constitución los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, pero no es así en lo que se refiere al divorcio o al adulterio. El Gobierno también afirma que el artículo 40 de la Ley sobre el estatuto personal, con arreglo al cual no se le permite a una mujer salir de su domicilio sin la autorización de su marido, no plantea ninguna contradicción fundamental. Empero, dicha disposición es incompatible con el principio de la igualdad en el matrimonio, con el derecho humano básico a la libre circulación, y con el derecho de la mujer a organizar su vida como le parezca más conveniente. El matrimonio prematuro, que puede llevar a embarazos precoces y repetidos, y la poligamia son asimismo prácticas que discriminan contra las mujeres.
El argumento de que no es necesario enmendar una ley porque no da origen a problemas sociales generalizados es inadmisible; las leyes tienen también una función pedagógica y precursora y la legislación injusta es inaceptable, independientemente de que haya habido o no una apelación en su contra. De modo análogo, el planteamiento de que los derechos de los hombres y las mujeres difieren porque sus obligaciones son diferentes desestima la circunstancia de que los derechos son inherentes en tanto que las obligaciones son impuestas por la sociedad; en caso de conflicto entre ambos, deben predominar los derechos. En términos generales, el Gobierno parece resistirse a los cambios. Por ejemplo, en el quinto informe se declara que la función de la mujer no se limita a la maternidad y el cuidado del hogar (CEDAW/C/YEM/5, pág. 26); no obstante, la maternidad, al igual que la paternidad, es una función sexiespecífica, en tanto que el cuidado del hogar puede estar a cargo de hombres o de mujeres.
La Sra. Kaid (Yemen) dice que las ONG de la nación sólo han existido desde los primeros años del decenio de 1990; en consecuencia, por lo general son débiles, particularmente en las zonas rurales, carecen de estructura y capacidad y tienen metas mal definidas. El Gobierno está procurando crear un entorno favorable para sus actividades como medio para promover el desarrollo económico y social, teniendo presente en especial la tendencia mundial a la privatización y la desaceleración económica que ha afectado a todo el mundo.
La Comisión Nacional de la Mujer ha examinado 57 leyes desde el punto de vista de su conformidad con la Convención y ha formulado una serie de recomendaciones, sobre cuya base el Gobierno ha preparado diversos proyectos de ley. Como resultado, varias leyes se han enmendado, entre ellas la Ley sobre la nacionalidad y la Ley sobre el estatuto personal. No obstante, de las actitudes y costumbres tradicionales a menudo surge oposición a la aplicación de la Convención. Hay una mayor conciencia pública de los problemas de las mujeres que en el pasado; el Gobierno está empeñado en obtener el apoyo de las ONG y de la sociedad civil en general para fomentar la elección de mujeres a cargos públicos y asegurar la integración de las perspectivas de género en los proyectos y programas sectoriales y de otro tipo, algunos de los cuales beneficiarán a las mujeres rurales.
La participación de las mujeres en la sociedad civil, el gobierno y la vida política ha aumentado considerablemente, pero queda mucho por hacer. La meta no consiste en elegir a un número simbólico de mujeres sino en lograr avances reales en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y de la Convención. Se ha pedido a los responsables de adoptar las decisiones que organicen sesiones de información para alentar a las mujeres a presentar sus candidaturas para cargos públicos.
El analfabetismo de hombres y de mujeres es un impedimento importante para el desarrollo en los medios rurales. Se están llevando a efecto campañas y estudios con objeto de realzar la conciencia de la importancia que reviste la retención escolar de las niñas para que éstas más tarde sean capaces de desempeñarse en empleos y de adoptar decisiones respecto de ellas mismas y de sus familias. La meta en este sentido es lograr que para el año 2015 un 80% de las niñas terminen la educación básica.
En cuanto a la edad de jubilación, la oradora dice que numerosas mujeres se jubilan antes que los hombres, lo que no es en sí algo reprochable, puesto que es posible que prefieran jubilarse a los 55 años o cerca de esa edad.
Está claro que el tema de la violencia en el hogar requiere más estudio. Al parecer, las costumbres y actitudes tradicionales inhiben a las mujeres y las hacen renuentes a recurrir a la policía; en todo caso, si bien el fenómeno existe, no es un problema generalizado debido a la tradición de respeto mutuo entre hombres y mujeres. La Comisión Nacional está colaborando actualmente con 11 organizaciones en un programa auspiciado por Oxfam para luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar. Aunque por el momento no está en situación de analizar más profundamente el problema, dada la ausencia de datos estadísticos suficientes, la Comisión Nacional está preocupada del tema y ha iniciado estudios que permitan una mejor comprensión de su carácter y su alcance. En virtud de la sharía, las mujeres tienen derecho a repudiar a sus maridos y pedir el divorcio si no están satisfechas con las condiciones de su vida matrimonial.
Si bien la práctica de la circuncisión femenina no es generalizada, es reprochable aun si se practica en escala reducida. Además de las medidas ya adoptadas por el Estado para combatir la circuncisión femenina, la Comisión Nacional ha emprendido campañas de sensibilización para instruir al público respecto de sus efectos negativos, y prevé que con el tiempo el fenómeno ha de desaparecer. La oradora declara también que en la sociedad yemenita no se da la violación.
Con respecto a la Ley sobre la nacionalidad, las autoridades competentes han planteado la posibilidad de aplicar el principio de la reciprocidad en el caso de mujeres yemenitas casadas con ciudadanos de otros países árabes, lo que les permitiría transmitir su nacionalidad a sus hijos si los maridos dan su consentimiento. En este sentido, los cambios necesarios en las actitudes de los responsables de adoptar decisiones se están produciendo gradualmente a medida que la sociedad los va aceptando.
La Comisión Nacional ha intentado hacer que se suprima en el Código Penal la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la sanción por adulterio. Aunque el adulterio sigue tipificado como delito en el derecho de la sharía, es preciso sensibilizar a los hombres respecto de la desigualdad que involucra la aplicación de penas más severas a las mujeres que a los hombres que lo cometen.
En cuanto al matrimonio precoz, la oradora dice que la edad media de matrimonio de las mujeres en el Yemen es de 20 años, en tanto que la de los hombres es 22. En las zonas rurales se suele contraer matrimonio a una edad más temprana, pero no se trata ni aún allí de un fenómeno generalizado. Por efecto de las campañas de concienciación pública acerca de los riesgos del matrimonio precoz, esa práctica ha de disminuir gradualmente. Los programas de planificación de la familia y otras actividades del Ministerio de Salud Pública promueven un mayor espaciamiento de los alumbramientos; se considera también que la lactancia natural es un factor que contribuye al mayor espaciamiento y por lo tanto se fomenta con este mismo fin.
Dado lo difícil que es modificar las funciones que se han asignado tradicionalmente a los hombres y las mujeres, los cambios tendrán que ser graduales. Se precisan esfuerzos para transformar la sociedad en el plano estructural, con ayuda de los medios de información, de programas educacionales y de comunicaciones con sociedades vecinas.
Artículos 7 a 9
La Sra. Gaspard pregunta qué medidas se han adoptado para alentar a las mujeres a ejercer el derecho a voto. La participación de las mujeres en el proceso político es condición previa para el ejercicio de todos sus derechos; sin embargo, las mujeres constituyeron sólo el 27% de los electores inscritos para votar en los últimos comicios. Además, desea saber si el exiguo número de candidatas a cargos electivos en todos los niveles, y la reducida proporción de las mujeres entre los candidatos efectivamente elegidos, se explica por una renuencia innata de los hombres a votar por mujeres. Al parecer, sólo con medidas proactivas como la aplicación de cuotas se podrá garantizar la presencia de mujeres en las nóminas electorales en número suficiente para proteger sus intereses.
La Sra. Kaid (Yemen) dice que la Constitución yemenita no impide la participación de las mujeres en la vida política y que la Ley sobre las elecciones garantiza la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres a la participación política. Más bien, los impedimentos a la plena participación de las mujeres surgen de las actitudes tradicionales; en efecto, en cierta medida los hombres se resisten a aceptar que las mujeres desempeñen funciones decisorias. La Comisión Nacional lleva a cabo campañas de sensibilización y suministra asistencia de diversos tipos a las candidatas, pero siguen siendo muy pocas las mujeres que participan en la actividad política incluso en las zonas urbanas, en tanto que la participación es casi inexistente en los medios rurales. La Comisión Nacional también se ha puesto en contacto con los dirigentes de todos los principales partidos políticos para instarlos a que ayuden a alentar a las mujeres a votar y a presentarse como candidatas. El Gobierno se ha empeñado en contratar, ascender o nombrar a más mujeres para que ocupen cargos decisorios compatibles con sus calificaciones y conocimientos; en establecer cuotas para la proporción de mujeres en esos cargos, no obstante la oposición social, particularmente en las zonas rurales; y en alentar al mayor número de mujeres posible a participar en el proceso democrático como candidatas a cargos políticos.
Artículos 10 a 14
La Sra. Schöpp-Schilling señala que, efectivamente, los sistemas de cuotas para la participación de las mujeres en la actividad política y su acceso a los cargos públicos han tenido éxito en otros países. Pregunta cuánto ha de tardar la ratificación del Protocolo Facultativo, e insta a que se adopten las medidas necesarias para que el Gobierno ratifique también la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. Toma nota complacida del alcance de la reforma legislativa emprendida recientemente, y solicita que se incluyan en el próximo informe del Gobierno más detalles respecto de las leyes afectadas específicamente por dicha reforma.
Indica asimismo que las medidas especiales de carácter temporal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención suponen la concesión de preferencias a las mujeres con objeto de corregir desigualdades del pasado o del presente y acelerar la consecución de la igualdad de hecho, y que en este sentido se justificaría una cuota del 15 al 20% para las mujeres en los consejos locales. Desea saber cuál es el actual estado de ejecución de los planes del Gobierno para la educación de las niñas y las mujeres, si se han fijado metas numéricas, y si se ha solicitado asistencia internacional en esta esfera. Por último, pregunta qué posición ha tomado el Gobierno con respecto a los crímenes de honra; tras manifestar la opinión de que en ningún caso debería el adulterio justificar la pena de muerte, exhorta al Gobierno a sensibilizar a la opinión pública y a procurar reformas legislativas en relación con esta cuestión.
La Sra. Feng Cui acoge el nuevo enfoque del Gobierno respecto de las políticas agrícolas y alimentarias, y pregunta si en la formulación de esas políticas se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención. Solicita igualmente que se suministre información más precisa acerca del carácter de los objetivos de mediano y largo plazo del Gobierno, y que se sugieran criterios para evaluar hasta qué punto se han alcanzado las metas estratégicas. Señala que si bien no existen impedimentos jurídicos para el pleno ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres, hay numerosos obstáculos derivados de factores culturales y tradicionales que dificultan el acceso de las mujeres al crédito, a la atención de la salud, al divorcio y a otras cosas, y pregunta qué medidas se están adoptando para superarlos. Finalmente, solicita más información sobre las dependencias gubernamentales que se ocupan del bienestar de las mujeres rurales.
La Sra. Abaka, haciendo uso de la palabra a título personal, indica que la aceptación oficial de los 15 años como edad mínima para contraer matrimonio conlleva graves consecuencias sanitarias para las muchachas a quienes afecta, ya que a esa edad sus sistemas reproductivos a menudo no están suficientemente desarrollados para llevar el embarazo hasta su término normal, y por ello pueden sufrir abortos espontáneos y otras complicaciones del embarazo que ponen en peligro su vida. Asimismo, insta al Gobierno a que no defina el VIH/SIDA sólo como un problema de salud, sino que considere las consecuencias más amplias que tiene para los géneros y para el desarrollo; sugiere que se establezca una comisión nacional sobre el VIH que reúna a todos los interesados, contándose entre ellos a funcionarios de alto nivel de los sectores de las finanzas, la planificación y la defensa. Subraya que el matrimonio precoz contribuye a las tasas elevadas de mortalidad materna e infantil, y recomienda que se adopten medidas efectivas para aumentar la edad de matrimonio y proscribir la mutilación genital femenina a la mayor brevedad posible.
La Sra. Achmad encomia el esmero con que el Gobierno ha analizado la situación de las mujeres rurales, y pregunta si existen en el Yemen centros de estudios sobre la mujer o instituciones de investigación especializadas que puedan prestar asistencia en el adelanto de las mujeres. Teniendo en cuenta las largas horas que deben dedicar al trabajo las mujeres rurales, y los aperos primitivos que suelen usar, pregunta si se ha adoptado alguna iniciativa para aplicar métodos tecnológicos adecuados que alivien las tareas de esas mujeres, o para ayudarlas a manejar sus propios ingresos. También desea saber qué medidas se han tomado para fomentar una mejor distribución de las responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres en las zonas rurales, y para dar ayuda a las mujeres de los medios rurales que son jefas de hogar. Por último, pregunta si el Gobierno recibe asistencia de algún organismo de las Naciones Unidas para sus programas en beneficio de las mujeres rurales.
La Sra. Hazelle solicita que se presenten ejemplos concretos de la aplicación y de los resultados de los programas educacionales que se mencionan en los informes y en las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas, pues le preocupa la información suministrada en la exposición oral al efecto de que los padres y madres retiran a las niñas de las escuelas después del cuarto o quinto grado debido a objeciones culturales y sociales a la educación mixta. Le interesa particularmente conocer en más detalle las medidas adoptadas por el Gobierno para resolver este problema, y saber si se han iniciado programas de concienciación pública para impedir que los padres y madres actúen en esa forma. Señala que la propia estructura del sistema educacional crea obstáculos graves para la educación de las niñas. Si bien el Gobierno reconoce la importancia de la educación para romper el ciclo de la pobreza, no está claro si se está esforzando en la medida necesaria para sensibilizar al público o para formular planes concretos para la creación de escuelas de otros tipos con objeto de lograr que las niñas completen sus estudios.
La Sra. Manalo dice que aprecia en todo su valor los pasos que se han dado hacia la plena habilitación de las mujeres en el Yemen. No obstante, no está convencida de que la voluntad política haya sido suficientemente firme, constante y difundida, porque no se desprende de los informes periódicos que el Gobierno yemenita considere que la protección de los derechos humanos de las mujeres sea una tarea prioritaria de primer orden en la consolidación nacional. El Comité habría acogido con agrado alguna prueba de la intención del Gobierno de asignar más recursos y financiación a los programas tendientes al mejoramiento de la situación de las mujeres.
Manifestando su inquietud ante la noticia de que se ha retirado una disposición constitucional sobre la no discriminación, la oradora sugiere que el Yemen emprenda una campaña intensa de sensibilización respecto del contenido de la Convención y las consecuencias de su aplicación. El Yemen ha procurado explicar la situación de las mujeres aludiendo a estereotipos culturales y funciones sexiespecíficas tradicionales, pero la eliminación de esas barreras es un precepto fundamental de la Convención, explícitamente consignado en el artículo 5. Por consiguiente, expresa la esperanza de que en el próximo informe se presente en detalle un plan de acción nacional en que se exponga de qué manera se están utilizando en el Yemen los instrumentos de la educación, los medios de información y la sociedad civil para desterrar los estereotipos y proteger los derechos de la mujer. Es esencial que se elabore y establezca un marco jurídico, dentro de un plazo determinado. Sugiere también que el Gobierno yemenita considere la posibilidad de ajustar la ejecución de sus programas y la introducción de reformas jurídicas con objeto de acelerar los cambios que estima convenientes.
La Sra. González dice que la base de la discriminación contra las mujeres yemenitas es su condición desfavorecida en la estructura familiar. Mientras exista esa desigualdad, será muy difícil que se produzcan cambios en la actitud de la sociedad yemenita, que asigna al hombre y a la mujer condiciones jurídicas y sociales desiguales. Le preocupa que, bajo la sharía, estén prosperando ideas que perpetúan la abierta violación de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, aun Gobiernos que observan el derecho de la sharía han adoptado medidas políticas y legislativas que prohíben la discriminación contra las mujeres.
También es motivo de preocupación que el Código Penal del Yemen permita que un hombre mate a una mujer de su familia en caso de adulterio flagrante. Si se decide que toda persona culpable de adulterio merece ser castigada con severidad, las penas deben ser iguales para los hombres y para las mujeres.
Con respecto a las disposiciones de la Ley sobre el estatuto personal que se refieren a los derechos de sucesión, solicita que se indique a qué parte de la herencia tienen derecho las esposas y los hijos supérstites, particularmente en casos de poligamia.
La Sra. Kaid (Yemen) dice que para introducir el concepto de cuotas a fin de lograr una mayor participación de las mujeres en la vida política hará falta enmendar la ley electoral. Esas modificaciones tomarán tiempo. Incluso en países desarrollados es frecuente que la representación de las mujeres en el gobierno no alcance al 30%, de manera que sería comprensible que el Yemen no pudiese llegar a esa meta en un plazo breve. En cuanto a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, se ha presentado una solicitud a la Comisión Nacional de la Mujer con una explicación exhaustiva de las condiciones necesarias para la aplicación de las disposiciones del Protocolo Facultativo. Si bien no se ha fijado un plazo determinado para la firma, la adhesión es inminente.
En la esfera de la educación, el Gobierno ha adoptado medidas especiales de carácter temporal, por conducto de su estrategia de alivio de la pobreza, para proporcionar incentivos, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos. Se ha entregado asistencia alimentaria a las familias que mantienen a sus hijas matriculadas en la escuela.
El Yemen ha sido beneficiario de la asistencia de diversos donantes internacionales, entre ellos los gobiernos de algunos países europeos y varias organizaciones no gubernamentales internacionales, todos los cuales subrayan la integración de perspectivas de género en sus programas.
No se han realizado en las cárceles encuestas que indiquen la incidencia de los crímenes de honra, ni le es posible a la delegación proporcionar información concreta a este respecto, pero no se estima que se trate de un problema generalizado.
El Gobierno ha tropezado con oposición a sus esfuerzos por aumentar la edad mínima para contraer matrimonio. Continúa colaborando con la sociedad civil para crear grupos de presión que realcen la conciencia de los riesgos que entraña el matrimonio precoz. El Gobierno asigna gran importancia a la lucha contra la propagación del virus del VIH/SIDA. Se han registrado 800 casos, correspondiendo la mitad a ciudadanos extranjeros. Con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Gobierno está elaborando una estrategia nacional contra el VIH/SIDA.
Se hallan en curso investigaciones sobre cuestiones relativas a la mujer y el Gobierno reconoce que no es posible formular políticas eficaces en ausencia de estudios detallados. Se llevó a efecto una encuesta acerca del bienestar de las mujeres encarceladas y se llegó a la conclusión, que fue corroborada por observadores independientes de los Países Bajos y Dinamarca, que la situación de las reclusas había mejorado considerablemente. Se halla en marcha otra encuesta, relativa a la educación y las mujeres de los medios rurales.
La jornada de trabajo de 16 horas de las mujeres rurales no es algo que estipule la ley sino que, dadas las características de la vida en las zonas alejadas, se acepta como práctica normal que las mujeres tengan horarios de trabajo más bien prolongados. Las estrategias que se han adoptado para adelantar la infraestructura en las zonas rurales mejorarán considerablemente la vida diaria de las poblaciones locales, y se incorporarán en la política quinquenal de desarrollo para la erradicación de la pobreza. Generalmente, las mujeres de los medios rurales realizan tareas que exigen gran esfuerzo físico y tienen escasas oportunidades para adquirir conocimientos técnicos o desarrollar aptitudes nuevas. Se espera que con campañas masivas de información pública se pueda a la larga mejorar la situación y alentar a las mujeres a ampliar sus horizontes. También se prevé que en la estrategia de erradicación de la pobreza se preste atención especial a los hogares encabezados por mujeres.
El Yemen recibe asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo, particularmente en las provincias, y se asigna prioridad a las regiones más necesitadas. En fecha reciente, el Yemen ha celebrado consultas con el Banco Mundial en relación con un incremento de los préstamos subvencionados para mujeres rurales.
El Yemen reconoce que la elevada tasa de abandono escolar de las niñas en el nivel secundario es un problema de gravedad. Varios estudios internacionales han llevado a la conclusión de que la escasez de maestras en las escuelas y la educación mixta son factores importantes de la situación. Se atribuye gran importancia a la educación completa de las niñas. Además de la feminización del sistema educacional, el Gobierno estima que es importante, en particular donde las costumbres están profundamente arraigadas, convencer a las familias de los beneficios que derivarán si mantienen a las niñas en la escuela.
En respuesta a la observación sobre la falta de medidas gubernamentales proactivas para promover la condición de la mujer, la oradora señala que entre los países de la Península Arábiga el Yemen es el único en que hay una mujer en el Gabinete y mujeres con el rango de embajadora. El Gobierno se esfuerza con ahínco por hacer honor a sus obligaciones en virtud de la Convención. Prueba de ese compromiso al nivel político es la intervención del Primer Ministro en la promoción de los derechos humanos y el mejoramiento de la condición jurídica y social de la mujer. El Gobierno ha adoptado una visión a largo plazo del progreso y ha comenzado a poner en marcha una serie de programas para hacerla realidad. La erradicación de la pobreza, el establecimiento de cuotas para mujeres en los cargos decisorios y en el proceso electoral, y la creación de un contexto institucional favorable para el desarrollo en el gobierno y las organizaciones no gubernamentales son las tareas de mayor prioridad.
La sharía islámica no prohíbe ni limita el trabajo de la mujer. En la sharía, las mujeres ocupan un lugar de honor y se les reconoce el derecho a participar en la sociedad. A lo largo de la historia, las mujeres han construido y defendido activamente sus sociedades lado a lado con los hombres, y la inferencia de que la sharía se opone al trabajo de las mujeres y viola sus derechos es una interpretación falsa del Islam. En casos de adulterio, se castiga de igual manera a hombres y mujeres.
El Sr. Al-Shahab (Yemen) dice que conforme a la sharía las normas y los preceptos para la repartición de una herencia son dictados por Dios. No es efectivo que los hombres reciban automáticamente una parte mayor de la herencia que las mujeres. La sharía entraña preceptos jurídicos que determinan con precisión los derechos de los hombres y las mujeres. En general, se adjudica a los hombres una parte mayor porque en virtud de la sharía el hombre tiene el derecho y la obligación de mantener a toda la familia, en tanto que la mujer no tiene esa obligación. Las mujeres están facultadas para conservar su parte sin hacer gastos en beneficio del hogar. Los hombres tienen además la obligación de mantener a sus hermanas. No obstante, hay casos en que hombres y mujeres reciben partes iguales de una herencia: por ejemplo, hijos e hijas reciben partes iguales de los bienes legados por la madre fallecida; y hay casos en que las mujeres tienen derecho a una parte mayor que la de los hombres.
Con respecto a la información pública, el Gobierno ha iniciado una intensa campaña acerca de diversos aspectos de los derechos humanos y cuestiones de salud, aplicando varias estrategias diferentes para difundir el mensaje.
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