33° período de sesiones
Acta resumida de la 698ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 15 de julio de 2005 a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Manalo
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos inicial, segundo y tercero combinados de Gambia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos inicial, segundo y tercero combinados de Gambia (continuación) (CEDAW/C/GMB/1 a 3, CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.4 y CRP.2/Add.4)
Por invitación de la Presidenta, los representa n tes de Gambia toman asiento a la mesa del Comité.
Artículos 7 y 8 (continuación)
El Sr. Taal (Gambia) dice que los miembros de la Asamblea Nacional, tanto propuestos como electos, tienen derecho de voto. Está enteramente de acuerdo en que el Corán no establece ningún obstáculo a la participación de la mujer en la vida pública y que es inaceptable utilizar el islamismo para impedir dicha participación.
Artículos 9 y 10
La Sra. Arocha Domínguez dice que la cantidad de niñas que asisten a la escuela secundaria en Gambia es reducida y aumenta muy poco. ¿Consideró el Gobierno la adopción de medidas diferentes para promover la mayor alfabetización de las niñas y dotarlas de educación, posiblemente fuera del sistema de educación académica, para llegar directamente a los grupos destinatarios? El país tiene una proporción tan alta de habitantes jóvenes que tal vez el Gobierno debería considerar otras maneras de abordar el desarrollo educacional de la mujer para asegurar su alfabetización y la continuación de su educación.
La Sra. Saiga pide más información con respecto a las políticas concretas introducidas en virtud de la Iniciativa de Escuelas Acogedoras para las Niñas. También solicita información sobre la situación de la Política Nacional para el Adelanto de las Mujeres de Gambia en lo relativo a la educación: ¿qué medidas se pusieron en marcha y qué progresos se lograron? ¿Es la educación obligatoria también gratuita?
La Sra. Pimentel piensa que el Gobierno de Gambia no presta suficiente atención a la violencia doméstica contra la mujer. ¿Qué se hace al respecto y en qué medida da cumplimiento el Gobierno a la Recomendación general No. 19 del Comité? ¿Se utiliza el sistema educacional para crear conciencia del problema?
El Sr. Taal (Gambia) dice que su país figura entre los 10 de África que lograron mayores adelantos hacia el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la educación de la niña. Hay becas especiales para las niñas a nivel secundario y universitario. En las zonas rurales hay proyectos de alfabetización y enseñanza de aritmética, en beneficio de las mujeres.
La Sra. Dacosta (Gambia) dice que varias instituciones gubernamentales, así como varias ONG, ofrecen programas de alfabetización de adultos orientados principalmente a las mujeres. En dos proyectos organizados por el Gobierno, el 80% de los participantes son mujeres. Los programas se realizan en los cinco principales idiomas locales y se ofrecen en todo el país para el grupo de entre 15 y 35 años de edad, aun cuando a veces asisten a los cursos mujeres de hasta 50 años. Los programas de alfabetización son funcionales puesto que también enseñan aritmética e imparten conocimientos empresariales prácticos para obtener ingresos. La Iniciativa de Escuelas Acogedoras para las Niñas es un programa emprendido por el Departamento de Estado de Educación conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Sección de Gambia del Foro de Educadoras Africanas (FAWEGAM). Selecciona comunidades, especialmente en zonas rurales, y las apoya para posibilitar que sufraguen los derechos de matrícula y los uniformes escolares; al mismo tiempo, organiza clases de alfabetización, denominadas “clubes de madres”, a las que asisten las madres mientras sus hijas están en las escuelas acogedoras para las niñas.
La Sra. Singhateh (Gambia) dice que no hay en Gambia legislación concreta sobre la violencia doméstica contra la mujer. Lamentablemente, esos casos, en su mayoría, no se denuncian, pero cuando se presentan denuncias, el Código Penal prevé castigos para diversos grados de ataque, desde lesiones corporales hasta sevicias. La Oficina de la Mujer, y sus asociados, están adoptando medidas para sensibilizar a la gente sobre el problema de la violencia doméstica y sus causas y ofrece sugerencias sobre cómo abordar la cuestión. En este momento, todavía no se incluye el tema en los currículos escolares.
La Sra. Fye-Hydara (Gambia) dice que se está realizando un estudio nacional sobre cuestiones de género y empoderamiento de la mujer, y sus resultados proporcionarán información sobre el nivel de aplicación en todos los sectores de la Política Nacional para el Adelanto de las Mujeres de Gambia.
Artículo 11
La Sra. Patten dice que en el informe hay muy pocos datos sobre la aplicación por Gambia de las disposiciones del artículo 11. No basta con decir que la ley no discrimina, pero que se experimenta discriminación en la práctica. ¿Hay discriminación indirecta? ¿Qué disponen las leyes de Gambia para proteger a todas las mujeres trabajadoras? ¿Qué disponen esas leyes sobre salud y seguridad en el trabajo, sobre igual remuneración y sobre acoso sexual en el lugar de trabajo? ¿Hay una ley sobre igualdad de oportunidades? ¿Hay algún mecanismo para asegurar dicha igualdad de oportunidades? ¿Qué se hace para velar por el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente por el sector privado? ¿Podrían aportarse detalles sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 11? ¿De qué medios de compensación se dispone en caso de incumplimiento? ¿Qué medidas adopta el Gobierno para sensibilizar a las mujeres con respecto a la legislación y las normas laborales? Se indicó que el Gobierno no asigna prioridad a contar con un sistema de asistencia jurídica, pero, ¿sería posible que el informe siguiente aporte datos sobre el número de casos planteado por mujeres ante tribunales de trabajo y el número de denuncias planteadas ante la inspección del trabajo? También sería conveniente contar con información sobre la incidencia de casos de acoso sexual en el lugar de trabajo y el número de denunciar al respecto. Con respecto al bajo porcentaje de mujeres en el sector público —21%— y a la virtual ausencia de mujeres en puestos de alto nivel, ¿contempla el Gobierno la posibilidad de aplicar medidas especiales transitorias? ¿Cuál es la composición de la Comisión de Administración Pública? ¿Cuenta Gambia con programas especiales para las mujeres discapacitadas y otros grupos de mujeres vulnerables? ¿Ha asumido el Gobierno de Gambia un serio compromiso político en cuanto a examinar sus políticas de empleo para abordar las implicaciones negativas en materia de género?
La Sra . Coker-Appiah exhorta al Gobierno a adoptar medidas para velar por que el próximo informe contenga datos sobre la participación de la mujer en el sector paralelo o no estructurado (informal), puesto que evidentemente desempeña un papel importante que debe ser considerado por las autoridades más seriamente que hasta ahora.
El Sr. Taal (Gambia) dice que, en general, se carece de datos sobre el sector paralelo o no estructurado y sobre su contribución a la economía del país. El Departamento Central de Estadísticas ha recopilado información que actualmente se está procesando y se incluirá en el informe siguiente. También se carece de datos sobre empleo, pero en realidad no hay discriminación en el sector estructurado de la economía y en el sector público, donde los nombramientos se efectúan en condiciones abiertamente igualitarias. En lo concerniente a la licencia de maternidad, Gambia ha progresado más que los países desarrollados: desde hace muchos años, las embarazadas disponen de tres meses de licencia de maternidad remunerada. El acoso sexual en el lugar de trabajo es un concepto occidental inexistente en Gambia, de modo que no hay leyes al respecto. En Gambia hay muy pocas instalaciones para discapacitados y se está tratando de facilitar sus vidas cotidianas. En el sector público de Gambia siempre hubo igualdad de remuneraciones y hay grandes cantidades de mujeres que son altas funcionarias del Gobierno y de la administración pública, en comparación con otros países africanos.
La Sra. Singhateh (Gambia) dice que la Ley laboral no contiene disposiciones discriminatorias, pero es muy antigua y es preciso revisarla. Hay un Tribunal Industrial que, al igual que la Ley laboral, no tiene especificidad de género. La oradora no tiene conocimiento de ninguna política sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, aparte de una formulada apara abordar la violencia por motivos de género en las escuelas y en torno a ellas. La Comisión de Administración Pública, que designa a los empleados de la administración pública, está compuesta por cinco personas, tres hombres y dos mujeres. En cuanto a la legislación de Gambia sobre trabajo y empleo, es ciertamente necesario revisarla.
Artículo 12
La Sra. Dairiam dice que, si bien el Gobierno ha adoptado varias iniciativas positivas para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud pública, se necesita contar con más información sobre los resultados de los diversos programas y servicios. ¿Satisfacen esos servicios sus metas? ¿Cómo se los vigila? ¿Tienen acceso a esos servicios los grupos de mujeres más vulnerables? La oradora entiende que la mayor parte del personal de salud se encuentra en zonas urbanas y no en zonas rurales y que hay disparidades entre distintas divisiones administrativas y sobre la base de la clase social. Es necesario adoptar medidas más enérgicas para que los partos sean atendidos por personal calificado, debido a que la mortalidad de menores de un año es extremadamente alta y lo mismo ocurre con la mortalidad derivada de maternidad. Se está tratando de ofrecer servicios de planificación de la familia, pero la prevalencia del uso de anticonceptivos sigue siendo baja. ¿Podría ocurrir que no se ofrezcan anticonceptivos a las mujeres menores de 21 años? Y ¿necesitan las mujeres permiso de sus esposos para acudir a servicios de planificación de la familia? La oradora agradecería recibir información sobre abortos realizados en malas condiciones y sobre si se registran sus cantidades. Finalmente, solicita información con respecto a las altas tasas de VIH/SIDA y de infecciones con enfermedades de transmisión sexual. ¿Es el caso que esas infecciones se propagan debido a la poligamia, la promiscuidad y la baja tasa de uso de anticonceptivos? Es necesario prestar mayor atención a esas cuestiones. Se han hecho esfuerzos encomiables, pero los resultados siguen siendo deficientes debido a una combinación de factores: culturales, tradicionales y religiosos.
La Sra. Gabr dice que la falta de equidad social tiene efectos negativos sobre la salud de la mujer. El Gobierno debe adoptar medidas para abordar varias cuestiones, entre ellas la desnutrición de las niñas, la necesidad de asignar mayor prioridad al SIDA, la incidencia de neumonía entre las embarazadas y el reemplazo del sector privado como fuente principal de anticonceptivos.
La oradora pregunta qué medidas adopta el Gobierno para sensibilizar a la población con respecto a cuestiones de salud pública y, al respecto, cuál es el papel de los medios de difusión, de la religión y de los jefes tribales. El Gobierno no puede abordar dichas cuestiones por sí mismo; pero éstas tampoco deberían regirse por el derecho islámico o quedar libradas a la tradición popular.
La Sra. Khan señala que, en las cuestiones demográficas, Gambia sufre todas las desventajas de los países menos adelantados. Sus estadísticas sobre salud de la mujer se caracterizan por una muy alta tasa de crecimiento demográfico, elevadas tasas de fecundidad y baja esperanza de vida. Al respecto, pregunta si la política nacional de salud del Gobierno se orienta a objetivos determinados y tiene metas con plazos establecidos. Según el informe, en las zonas rurales la tasa de mortalidad derivada de la maternidad llegó al 16% y está aumentando.
Su propio país, Bangladesh, tuvo en el pasado una muy alta tasa de crecimiento demográfico, pero logró contrarrestar esa tendencia. Bangladesh adoptó el mismo sistema que Indonesia, prestar servicios de planificación de la familia y asesoramiento con base en las mezquitas, y capacitar a los líderes religiosos. En su carácter de país musulmán, Gambia podría aplicar con eficacia ese modelo.
El Sr. Taal (Gambia) dice que su Gobierno se ha comprometido a lograr “Salud para todos”, especialmente en lo que atañe a la mujer. Si bien las actuales estadísticas de Gambia acusan deficiencias, a mediados del decenio de 1970 su país fue pionero en planificación de la familia, adoptando un enfoque de comunidades de base con capacitación de agentes de salud de aldea. El Director Regional de la Oficina para África de la Organización Mundial de la Salud aplicó ese modelo a otras partes de África.
Su Gobierno ha establecido el Fondo de Salud Global, que incluye programas para eliminar la neumonía y el paludismo entre las embarazadas, y también cuenta con un programa de alimentación en las zonas rurales. No obstante, la población, considerada en su conjunto, no consume un mínimo calórico diario, aun cuando el Gobierno se ha comprometido a alcanzar esa meta.
Actualmente, Gambia está aplicando un programa de ajuste estructural y, en virtud de sus disposiciones, no puede obtener financiación para servicios de salud pública desesperadamente necesarios.
La Sra. Dacosta (Gambia) dice que su Gobierno ha comenzado campañas de sensibilización para reducir la mortalidad de menores de un año y de madres, promover el uso de anticonceptivos mediante un programa de comercialización social y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y la neumonía, en una campaña realizada en asociación con grupos de mujeres. El Gobierno también cuenta con un plan estratégico para reducir las altas tasas de fecundidad y las altas tasas de crecimiento demográfico; la oradora espera que antes del siguiente período de sesiones, las cifras reflejen tendencias positivas.
La Sra. Sanneh (Gambia) dice que ha mejorado la condición de los centros gubernamentales de atención de la salud y que las mujeres figuran entre los beneficiarios. Sin embargo, debido al bajo nivel educacional de las campesinas, escasean las mujeres que pueden trabajar en la promoción de la atención de la salud. Para abordar la cuestión, el Gobierno está tratando de vincular la provisión de servicios de salud con el sistema existente de trabajadores comunitarios de difusión agrícola, a quienes se capacita para que ofrezcan servicios básicos de atención de la salud.
Se está asignando prioridad al paludismo, que tiene efectos devastadores y es en Gambia un problema mucho más acuciante que el VIH/SIDA; se asigna prioridad a sensibilizar a las comunidades con respecto a la prevención del paludismo. También se sensibiliza a las mujeres con respecto a la necesidad de enviar a sus niñas a la escuela, de modo que en el futuro las mujeres enfermeras puedan reemplazar a los enfermeros varones.
La Sra. Dacosta (Gambia) dice que, a fin de reducir las altas tasas de crecimiento demográfico y mejorar las estadísticas socioeconómicas relativas a la mujer, el Gobierno ha establecido un programa de población, un comité sobre el islamismo y equipos de tareas sobre población a nivel de región y de división.
Artículo 13
La Sra. Gabr pregunta qué opina el Gobierno sobre el papel de la mujer en actividades económicas, sociales y culturales. El jefe de la delegación mencionó medidas para reducir las tasas de interés en los préstamos a las mujeres, prioridad importante para las mujeres del Tercer Mundo, puesto que esos préstamos posibilitan que las campesinas inicien microempresas. Cabe esperar que en futuros informes haya estadísticas sobre las cantidades de mujeres empleadas en el sector estructurado de la economía, tanto público como privado. El Gobierno podría así evaluar el papel de la mujer en la economía y formular nuevas medidas para el adelanto de la mujer.
Con respecto a las leyes laborales de Gambia, en un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señaló una amplia discrepancia entre esas leyes y la remuneración real de hombres y mujeres. El Gobierno debería investigar esa aparente falta de equidad. El Gobierno también debería contribuir a velar por que las mujeres desempeñen un papel en la cultura, los medios de difusión y los deportes, lo cual contribuiría a aumentar su visibilidad y posibilitaría que el Gobierno convenciera a los demás de que las mujeres tienen realmente un importante papel nacional.
El Sr. Taal (Gambia) dice que investigará las cuestiones planteadas.
La Sra. Singhateh (Gambia) dice que la actual legislación laboral del país es anticuada. Actualmente, el Gobierno está colaborando con la OIT en la reforma de las leyes laborales. Esa iniciativa avanza en la dirección correcta y la oradora espera que en el próximo período de sesiones podrá informar sobre los progresos logrados.
Artículo 14
La Sra. Tan , refiriéndose a la respuesta de Gambia en relación con el artículo 14 (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.4, párr. 28), en que se indica que aún no se ha establecido una política de desarrollo rural que haga hincapié en la mujer, pregunta por qué, teniendo presente que las campesinas son importantes contribuyentes al bienestar físico de sus familias y a la vida económica del país. Es hora de que el Gobierno formule una política integral de desarrollo para las campesinas a fin de posibilitar que las agricultoras en pequeña escala sean propietarias de sus tierras, reciban asistencia y créditos de fuentes privadas y públicas con baja tasa de interés y reciban capacitación escolar y extraescolar a fin de transformarse en agricultoras prósperas en sus propias tierras. El Gobierno debería colaborar con el Consejo Nacional de la Mujer y con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de mujeres, con miras a incorporar los aspectos sustanciales del artículo 14 de la Convención en sus políticas y planes de acción para el desarrollo rural. Los dirigentes confesionales no deberían oponerse al derecho de la mujer a ser propietaria de tierras y a disfrutar de los demás derechos consagrados en la Convención.
La Sra. Zou Xiaoquiao dice que debido a la ausencia de estadísticas sobre las campesinas en el informe (CEDAW/C/GMB/1 a 3), no se puede determinar si el Gobierno asegura que las campesinas tengan acceso a servicios de salud y educación, y tampoco si aplica una política de igualdad de oportunidades para todos. La falta de estadísticas redunda además en que el Comité no pueda evaluar si el Gobierno ha aplicado las disposiciones de la Convención. En el informe siguiente deben figurar estadísticas.
La oradora pregunta cuáles son los principales obstáculos con que tropiezan hoy las mujeres y las niñas y qué medidas se están considerando para mejorar la situación. Señala que los habitantes del país, en su mayoría, viven en zonas rurales y pregunta si el plan decenal de Gambia (1999-2009) contiene objetivos estratégicos para promover la condición jurídica y social de las campesinas. Dado que en la reunión anterior, la delegación declaró que Gambia no cuenta con una política nacional integral, la oradora pregunta si el Gobierno puede garantizar la credibilidad del plan decenal y también si lo está aplicando actualmente o si el plan aún está en proceso de formulación.
La Sra. Schöpp-Schilling también expresa su desaliento frente a la falta de información sobre las campesinas en el informe y las respuestas de la delegación al respecto. Pregunta si la focalización del Gobierno en la reforma legislativa y los programas normativos se aplica a las campesinas. Con respecto al proceso de descentralización, que responsabiliza a las autoridades locales por la reducción de la pobreza a escala comunitaria, inclusive entre las campesinas, la oradora pregunta qué sistema se ha establecido para asegurar que las campesinas realmente se beneficien con las políticas de reducción de la pobreza. Al respecto, la oradora pregunta cuál es la fuente de financiación de esos programas y si el Gobierno central ayudará a las autoridades de administraciones locales, en cooperación con organismos internacionales de asistencia.
Con respecto al proyecto de Ley sobre la infancia de 2005, pregunta si puede proporcionarse al Comité una lista de las prácticas tradicionales nocivas mencionadas en la Ley.
La Sra. Patten también expresa desaliento frente a la falta de datos en el informe y en las respuestas de la delegación. En el informe se indica que en el proceso de desarrollo se asigna prioridad a las comunidades rurales y que los organismos nacionales están tratando de mitigar la pobreza. La oradora pregunta qué medidas concretas se están adoptando para mitigar la afligente situación de las campesinas, qué Ministerio es responsable de las comunidades rurales, cuáles son las asignaciones de créditos presupuestarios para comunidades rurales y en qué medida se asigna prioridad a las campesinas. En el informe siguiente es preciso incluir detalles con respecto a todos los organismos internacionales mencionados y estadísticas indicativas de los aumentos en el presupuesto.
Con respecto a la microfinanciación en beneficio de mujeres para promover el empleo, la oradora pregunta si se ha establecido una infraestructura pública para velar por un acceso igualitario al mercado de todos los empresarios, tanto mujeres como hombres, y si se incluyeron las prioridades relativas a las campesinas en los programas de inversiones públicas, por ejemplo, para la provisión de agua, electricidad y transporte.
El Sr. Taal (Gambia) dice que su Gobierno no se da por satisfecho con lo logrado hasta ahora y está comprometido a ampliar las acciones para promover el adelanto de las campesinas y cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 14 de la Convención. Gambia es esencialmente una sociedad agraria y el trabajo de la mujer es la base de su economía agrícola; se está tratando de elevar la labor de la mujer desde el nivel de agricultura puramente de subsistencia hasta el de producción con mayor escala comercial. En el decenio de 1970, el país fue bombardeado con proyectos de desarrollo rural financiados por donantes externos, que no fueron sostenibles. El Gobierno aprendió a ser más racional y escoger programas que puede realizar por sus propios medios. Actualmente hay múltiples políticas sectoriales que no están bien coordinadas y el Gobierno está elaborando una política integral de desarrollo rural a fin de armonizarlas. El proceso de desarrollo descentralizado ya mencionado se financia por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y promueve la planificación desde las bases hacia arriba. Las autoridades locales tienen sus propias fuentes de financiación, dado que están facultadas para imponer cargos e impuestos y también son responsables del desarrollo. Por otra parte, el orador puede asegurar al Comité que los problemas de las campesinas serán abordados también en los niveles más altos del Gobierno.
La Sra. Fye-Hydara (Gambia) dice que es verdad que el Gobierno de Gambia carece de una política integral de desarrollo rural. Con todo, los numerosos proyectos de desarrollo en curso corresponden a zonas rurales, debido a que es allí donde reside la mayoría de la población y dado que los estudios han puesto de manifiesto que en las zonas rurales es donde hay más necesidad de intervención. Uno de esos proyectos es una iniciativa de financiación rural en virtud de la cual las aldeas crean sus propios bancos de ahorros para otorgar préstamos a planes de desarrollo local. Se han establecido algunas cooperativas, por conducto de las cuales las mujeres tienen acceso a préstamos. Hay proyectos de infraestructura rural cuyo propósito es ahorrar esfuerzos a las mujeres, por ejemplo, reemplazando la extracción manual de agua con pozos perforados dotados de bombas. En lo concerniente a la infraestructura para comercializar productos agrícolas, persisten problemas de almacenamiento sin resolver.
Casi todos los proyectos patrocinados por organismos internacionales y regionales, entre ellos el UNICEF, el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), se realizan en zonas rurales. El Commonwealth también está contribuyendo al establecimiento de cooperativas de mujeres. El próximo programa de desarrollo de gran magnitud que está preparando el Gobierno se ejecutará a nivel de división y los proyectos se basarán en lo que soliciten las comunidades; la oradora, en su calidad de Directora Ejecutiva del Departamento de Asuntos de la Mujer y de la Oficina de la Mujer, participa en la evaluación social del programa para velar por que se incorporen las cuestiones relativas a las campesinas. Asimismo, se está realizando en el país un examen de la Política de Transporte en África al Sur del Sahara, en relación con su Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza (PRSP), y el papel de la oradora en el examen es velar por que se tomen en cuenta las necesidades de las campesinas en cuanto a tener acceso a servicios de salud y educación, y también a los mercados para comercializar sus productos. El proyecto de turismo titulado “Gambia is Good”, que patrocina el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional tiene el propósito de apoyar a los productores locales en la comercialización de sus productos; las campesinas se están organizando para una producción hortícola de alta calidad, cuya venta estaría a cargo de otras mujeres en la capital y en algunos casos, en los hoteles, para aumentar los ingresos. Si el proyecto prospera, la estrategia es que las mujeres participantes constituyan una empresa y amplíen su ámbito de acción para incluir las exportaciones.
El Gobierno tiene un programa de apoyo a las mujeres empresarias en virtud del cual actualmente está formulando un proyecto por valor de 3 millones de dólares a fin de crear un mercado central para artesanías, artículos de modas y productos hortícolas de alta calidad. En su próximo informe, el Gobierno de Gambia podrá mostrar cuánto se han beneficiado las campesinas con este proyecto. Se considera que el desarrollo comunitario tiene gran importancia para la mujer; la oradora ya ha celebrado conversaciones con otros miembros del Consejo Nacional de la Mujer sobre la manera en que podría congregarse a los Ministerios apropiados para formular una estrategia integral de desarrollo rural que incorpore la perspectiva de género.
La Sra. Singhateh (Gambia) dice que el Comité solicitó la lista de prácticas tradicionales nocivas que inicialmente se incluyeron en el proyecto de Ley sobre la infancia de 2005 y más tarde se eliminaron. La justificación de eliminar esa enumeración fue que, si involuntariamente se omitiera una determinada práctica nociva, parecería que se tolera dicha práctica. La oradora recuerda que la lista incluía la mutilación genital femenina, entre otras prácticas. Puede obtener una copia de la lista si así lo desea el Comité.
Artículos 15 y 16
La Sra. Šimonović señala que, si bien la Constitución prevé que el matrimonio debe basarse en el libre y total consentimiento de las partes, incluso ese derecho no siempre está garantizado en las cuatro formas de matrimonio previstas por la ley y que la protección de la mujer por parte del Estado contra la discriminación no abarca el hogar. En virtud del derecho islámico y de las normas consuetudinarias, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres con respecto al divorcio o la herencia. Todas las formas de matrimonio deberían ajustarse a las disposiciones de la Constitución y de la Convención. La oradora agradecería una mayor aclaración sobre la situación jurídica en relación con las diferentes modalidades de matrimonio y desearía saber qué planes tiene el Gobierno para promover la igualdad de derechos de la mujer en la esfera de la familia.
La Sra. Tan dice que es evidente que hay mucho que corregir con arreglo al artículo 16 de la Convención, inclusive el establecimiento de una edad legal para contraer matrimonio. Más de un 90% de las mujeres están regidas o bien por las normas consuetudinarias o bien por el derecho islámico, y ambos permiten la poligamia. Si bien el informe dice que la poligamia es un tema delicado, la oradora pregunta qué medidas concretas está dispuesto a adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al artículo 16. Con respecto a las prácticas tradicionales nocivas, a fin de evitar la ambigüedad con respecto a cuáles prácticas son ilegales, sería mejor enumerarlas claramente en la legislación y adoptar medidas para su aplicación.
La Sra. Simms dice que las divergencias de las prácticas en Gambia con respecto a la Convención son más acusadas en lo concerniente al artículo 16. Por ejemplo, el informe indica que incluso con arreglo a la modalidad cristiana de matrimonio, una esposa puede estar en situación desventajosa puesto que puede ser completamente desheredada por su esposo y la ley no proporciona protección al respecto. La falta de una disposición jurídica específica contra los malos tratos físicos a la mujer entraña que un hombre tiene derecho a vapulear a su esposa y que ese abuso es considerado cuestión de familia. Las leyes generales sobre ataques físicos no consideran esta cuestión; lo que se necesita es una ley sobre violencia doméstica que realmente tenga efectos en la práctica. Naturalmente, habrá resistencia por parte de las iglesias, pero el Gobierno debe asumir el liderazgo e introducir legislación para ofrecer justicia e igualdad a todos sus ciudadanos.
La Sra. Bokpé-Gnacadja dice que el informe afirma que en Gambia todas las personas son consideradas iguales ante la ley y que en virtud de la ley las mujeres pueden concertar libremente contratos, administrar sus propios bienes, viajar y escoger su domicilio. El informe afirma que las desventajas que las mujeres enfrentan son puramente resultado de creencias y actitudes de la sociedad. La oradora está en desacuerdo. Contrariamente a lo declarado, las diversas formas de legislación en Gambia deniegan a las mujeres la igualdad de derechos con respecto al matrimonio, el divorcio y la herencia: por ejemplo, en virtud de la ley islámica, el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres ante los tribunales de cadi, mientras que, en virtud de las normas consuetudinarias, una viuda puede ser considerada parte de los bienes de su difunto esposo. La discriminación tiene sus raíces no sólo en creencias y costumbres de la sociedad sino en las propias leyes, como la Ley islámica sobre matrimonio y divorcio, y la Ley sobre testamentos, en que se estipula que rigen las normas religiosas. La omisión en la legislación de una edad mínima legal para contraer matrimonio significa que, por ejemplo, una madre no puede denunciar ante un tribunal el matrimonio forzado de su hija menor de edad. En el informe se afirma que el Gobierno sensibilizará a las mujeres para que tomen conciencia de su igualdad ante la ley, pero esto no sirve para nada, dado que en los hechos las mujeres no tienen igualdad de derechos jurídicos. No obstante, en el informe no se menciona ninguna iniciativa gubernamental para corregir la situación y ajustar las leyes a la propia Constitución del país.
La Sra. Belmihoub-Zerdani desearía recibir información con respecto a: qué proporción de la población se aplica cada una de las modalidades de matrimonio; si todos los matrimonios se registran, sea cual fuere la modalidad de matrimonio, y si cualquiera de los cónyuges puede solicitar un divorcio, independientemente de la modalidad; y cuál es la práctica en lo concerniente a otorgar patria potestad sobre los hijos en virtud de los diferentes sistemas religiosos. La oradora se pregunta si cualquier persona puede contraer matrimonio civil, independientemente de su religión, y si cualquier mujer casada, sea cual fuere la modalidad de su matrimonio, puede obtener un pasaporte, o salir del país, sin el consentimiento de su esposo y si puede salir del país con sus hijos sin el consentimiento del padre.
La Sra. Morval dice que el informe y las respuestas parecen poner de manifiesto una escasa conciencia por parte del Gobierno de cuán graves y peligrosos son en todas las culturas los problemas de violencia doméstica y acoso sexual. Es necesario que el Gobierno asuma iniciativas, realice investigaciones sobre el problema e indague entre las mujeres y las ONG acerca de sus experiencias y sus conocimientos. La medida siguiente será pasar revista a la Convención y a las recomendaciones generales del Comité, especialmente Nos. 12 y 19, y detectar las omisiones en la legislación y en la práctica. La configuración de la violencia como delito es sólo parte de la solución. Además, también es menester proteger a las víctimas y organizar campañas para crear conciencia en el Poder Judicial, la policía, el sistema educacional y los medios de difusión.
El Sr. Taal (Gambia) dice que está confundido por la imagen de su país que parecerían reflejar las preguntas y declaraciones de algunos miembros del Comité. Los gambianos sólo conocen la violencia y los abusos del tipo mencionado a través de películas cinematográficas y publicaciones procedentes del extranjero. Gambia no tiene la intención de ocultarse tras los valores culturales tradicionales, pero los miembros del Comité deben comprender que la poligamia, por ejemplo, no necesariamente conduce de manera inevitable a la infelicidad de las esposas. Las mujeres que viven en matrimonio polígamos no son ni concubinas ni amantes, como ocurre en otras culturas; tienen condición y derechos oficiales en calidad de esposas. Cada ciudadano tiene derecho a escoger una modalidad de matrimonio, por lo general sobre la base de su religión. Con respecto al divorcio en los matrimonios musulmanes, el orador señala que también las mujeres tienen derecho a solicitar un divorcio; si el esposo se niega, la mujer puede plantear la cuestión ante un tribunal musulmán.
La Sra. Singhateh (Gambia) dice que, en efecto, hay una edad mínima para contraer matrimonio, dado que los menores de 18 años son legalmente niños y los niños no pueden contraer matrimonio. Además, no se puede obligar a nadie a contraer matrimonio. Las normas sobre divorcio y herencia dependen de la legislación individualmente aplicable al tipo de matrimonio que la persona ha contraído, es decir, musulmán, cristiano, civil o consuetudinario. Quienes contraen matrimonio con arreglo a la legislación musulmana, por ejemplo, que constituyen un 90% de todos los matrimonios, se rigen por la legislación musulmana. No hay ninguna ley concretamente pertinente a la violencia doméstica o los malos tratos en el hogar, pero se aplican las disposiciones contra la violencia previstas en el Código Penal. Con respecto a la aplicación de todas las disposiciones de la Convención en la legislación de Gambia, la oradora señala que, en virtud de la separación de poderes, los tratados firmados por el Poder Ejecutivo deben ser incorporados a la legislación por el Parlamento, y éste puede ser un proceso lento en un país en desarrollo que enfrenta muchos problemas. Con respecto a la libertad de las esposas para viajar, todos los adultos pueden obtener sendos pasaportes por derecho propio, pero el desplazamiento de los hijos queda restringido en la medida en que, normalmente, es preciso que tanto el padre como la madre estén de acuerdo.
El Sr. Taal (Gambia) dice que la patria potestad sobre los hijos después de un divorcio suele regirse por la edad del niño. Por ejemplo, los niños de corta edad casi siempre quedan con su madre. La práctica habitual en algunos países musulmanes de obligar a una viuda a contraer matrimonio con un hermano u otro pariente de su esposo difunto no existe en Gambia.
La Presidenta , hablando en calidad de experta, señala que Gambia no ha planteado ninguna reserva al suscribir la Convención y, por consiguiente, tiene la obligación de poner cabalmente en vigor todos los derechos. Al respecto, la oradora exhorta a Gambia a ratificar el Protocolo Facultativo y la enmienda al artículo 20 de la Convención. El Comité aspira a que todos los Estados apliquen plenamente la Convención y solicita al Gobierno que asuma el liderazgo y convenza a la legislatura de que ratifique la Convención e incorpore sus disposiciones en la legislación gambiana. La oradora señala que aún es necesario introducir enmiendas a algunas disposiciones de la Constitución, a fin de eliminar completamente la discriminación contra la mujer. Se necesitan leyes más enérgicas para la real vigencia de la igualdad, sin la cual las mujeres no pueden participar igualitariamente. En particular, se necesitan leyes para combatir la trata de mujeres, la violencia contra la mujer y el acoso sexual en el lugar de trabajo. La oradora abriga la esperanza de que el próximo informe también incluya estadísticas que indiquen progreso, por ejemplo, en la eliminación de los estereotipos en la educación y en los medios de difusión. Al respecto, exhorta al Gobierno a pasar revista a la Recomendación general No. 25 del Comité sobre medidas especiales transitorias a fin de fortalecer la participación de la mujer en la vida política y la adopción de decisiones. Al parecer, las leyes religiosas tienen un papel decisivo en cuanto a regir la vida personal en Gambia y las diferentes normas introducen un cierto grado de discriminación que debe ser resistido por las autoridades civiles. Dado que la sociedad de Gambia es, en su enorme mayoría, agrícola y rural, el Gobierno debe formular una política integral de desarrollo rural, en particular para mejorar las vidas y los derechos de las campesinas.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.