40° período de sesiones
Acta resumida de la 811ª sesión
Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el martes 15 de enero de 2008, a las 10.00 horas
President a :Sra. Šimonović
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados de Bolivia
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención
Informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados de Bolivia (CEDAW/C/BOL/2-4, CEDAW/C/BOL/Q/4 y Add.1)
1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Bolivia toman asiento a la mesa del Comité.
2.La Sra. Torrico (Bolivia) dice que hasta hace poco era difícil para las mujeres participar en la adopción de decisiones en todos los niveles gubernamentales, tanto local como regional e internacional. Por ser una mujer indígena, la designación de la oradora Ministra de Justicia por el Gobierno del Presidente Evo Morales es una señal de que la situación en Bolivia está evolucionando. Hace votos por que aumente la participación de sus hermanas indígenas de otros países en foros como los períodos de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Cabe reconocer que hay discriminación contra la mujer por otras mujeres, además de discriminación contra la mujer por hombres; las dificultades con que se enfrentan las mujeres en Bolivia no se deben únicamente a la cultura del machismo. El Comité constituye un foro adecuado para debatir estas cuestiones.
3.Bolivia se adhirió a varios instrumentos internacionales de derechos humanos y ratificó la Convención en 1989, aunque hasta hace poco el Gobierno no demostró la voluntad política necesaria para aplicarla. Prácticamente las mujeres no han participado en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, aunque la situación está comenzando a cambiar. Ha aumentado la participación de las mujeres indígenas, rurales y urbanas en órganos como la Asamblea Constituyente de 2006. La nueva estructura de poder valora la diversidad cultural y el reconocimiento y goce de los derechos de todos los grupos con miras al logro de la armonía de la sociedad. Así pues, Bolivia fue el primer país que ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. Sin embargo, persisten enormes desigualdades sociales y económicas, entre otras, desigualdades entre hombres y mujeres. Al consolidar la República, el Gobierno procura satisfacer las necesidades de las mujeres en materia de equidad, calidad de vida, autonomía y una vida libre de violencia y discriminación.
4.A veces se han utilizado los conflictos étnicos para ocultar las desigualdades que son el resultado del sistema colonial. Su delegación acoge con satisfacción la oportunidad de intercambiar experiencias con los miembros del Comité en relación con las cuestiones de la justicia social a que hace frente su país desde una perspectiva de género.
5.La Sra. Agreda (Bolivia) dice que desde la ratificación de la Convención en 1989 y el establecimiento de un mecanismo nacional de adelanto para las mujeres en 1993, el Gobierno ha hecho importantes avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sin que todavía el balance sea ampliamente positivo para las mujeres, sobre todo para las mujeres indígenas, campesinas y originarias. Las políticas de equidad de género nacieron circunscritas al ámbito social y los programas de alivio de la pobreza han dejado de lado el lazo entre pobreza, género y macroeconomía. En la actualidad, el Gobierno está abordando la cuestión de la discriminación contra la mujer desde la perspectiva de los derechos humanos y ha incorporado una perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo. La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 2007, reconoce los derechos de las mujeres, incorpora criterios de género en todo el texto constitucional y reconoce los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al acceso a la tierra, a igual remuneración por igual trabajo y a vivir libres de violencia.
6.Recientemente se promulgó un conjunto de nuevas leyes, incluida la Ley de Reformas y Complementación al Régimen Electoral – Ley de Cuotas, en que se fija un cupo del 30% de mujeres en las listas de diputados plurinominales, y la Ley No. 1674 contra la violencia intrafamiliar. Como parte de las políticas de redistribución del producto social y financiamiento de las políticas de protección social en materia de seguridad social para la población excluida, se promulgaron varias nuevas leyes, entre otras Renta Dignidad, en que se dispone el pago de seguridad social y la atención de la salud para las personas mayores.
7.En cuanto a la participación política de la mujer, señala que en las elecciones de 2006 para la Asamblea Constituyente, el 34% de los representantes elegidos fueron mujeres. Estas mujeres responden también a un proceso de ascenso del movimiento campesino indígena y del movimiento popular urbano. La presencia de Silvia Lazarte, dirigente campesina, como Presidenta de la Asamblea Constituyente y el hecho de que más del 60% de los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) sean representantes de pueblos originarios y campesinos, muestran la presencia de este nuevo sujeto político en el escenario nacional. Los esfuerzos para promover la participación política de las mujeres indígenas provenientes del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres se centraron en el desarrollo de acciones de emisión de carnés de identidad y certificación, la difusión de derechos en idiomas nativos y la propuesta de candidatas a la Asamblea Constituyente. La participación de mujeres en niveles de dirección en el poder ejecutivo tuvo un significativo aumento. El 42,4% de los puestos de dirección son ocupados por mujeres; hay 5 ministras.
8.La violencia contra la mujer es hoy un asunto de orden público y está presente en las agendas de los diferentes gobiernos. Hubo avances en la aplicación de la Ley contra la Violencia en la Familia y Doméstica, la protección a las víctimas de acoso y violencia sexual y el programa de prevención y erradicación de la violencia en la escuela. Hasta la fecha hay 128 Servicios Legales Integrales Municipales y 28 brigadas de atención a la familia para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.
9.Se han registrado avances en la reducción de las brechas de género en la educación; las más importantes persisten en el ciclo secundario en el área rural. Con la aplicación del programa de alfabetización “Yo sí puedo” se espera reducir el analfabetismo a cero para fines de 2008. El bono Juancito Pinto, que se entrega desde 2006, favorece el acceso y permanencia de niños y niñas en la escuela. La política nacional define como prioridad la educación de mujeres y niñas rurales; entre las medidas adoptadas para prestarles asistencia figura el establecimiento de internados rurales y el suministro de transporte escolar.
10.La incorporación de la perspectiva de género es un elemento integral de los programas de desarrollo rural, que fomentan la equidad de género en el acceso, el uso y el control de los recursos productivos, la igualdad en la participación en los procesos de decisión y las oportunidades de generación de ingresos. Los datos muestran que en el período 1997-2007 las mujeres consolidaron el 46% de los títulos de propiedad.
11.Por último, el nuevo marco legal permite una mejor cobertura de atención y acceso a los servicios de salud para las mujeres, pero aún sigue focalizado en su etapa reproductiva. Las políticas públicas de salud, si bien han privilegiado la salud materna, también incluyen el desarrollo de programas extensos de salud sexual y reproductiva y de prevención y atención del VIH/SIDA focalizados en mujeres y adolescentes.
Artículos 1 a 6
12.El Sr. Flinterman celebra el hecho de que la nueva Constitución contenga disposiciones relativas a la discriminación por razones de género; sin embargo, es prácticamente imposible que las mujeres de recursos limitados puedan recurrir a la justicia. Pregunta qué medidas o políticas se han adoptado en esta esfera y si se presta asistencia letrada gratuita. También desea conocer las iniciativas gubernamentales destinadas a divulgar información sobre el Protocolo Facultativo. Por último, pregunta qué protección reciben las mujeres refugiadas, que están en una situación sumamente vulnerable.
13.La Sra. Gaspard pregunta cómo preparó Bolivia el informe (CEDAW/C/BOL/2-4) y si se celebraron consultas con los ministerios pertinentes. Desea saber qué lugar ocupa el mecanismo nacional de adelanto para las mujeres en la jerarquía estatal, qué recursos humanos y financieros recibe y si los ministerios pertinentes han nombrado coordinadores de las cuestiones de género. Asimismo, invita a la delegación a que analice el alcance del artículo 4, que al parecer no comprende plenamente, y señala a la atención la recomendación No. 25 sobre medidas especiales de carácter temporal.
14.La Sra. Shin pregunta por qué el Estado Parte presentó los informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados con tanto retraso y, en relación con ello, si siguen funcionando el Consejo Interinstitucional y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, encargados de aplicar la Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y de preparar los informes que Bolivia presenta ante los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.
15.El último censo se realizó en 2001 y en 2003 la población apenas superaba los 9 millones de habitantes. Sería útil saber si esta cifra tiene en cuenta todos los grupos de mujeres, incluidas las mujeres indígenas y rurales, las de minorías étnicas y, más importante aún, las que carecen de carné de identidad nacional. Por último, desea saber si la estrategia nacional de desarrollo incluye medidas formuladas especialmente para mitigar la pobreza de mujeres y niños.
16.La Sra. Patten señala que la legislación boliviana aún contiene varias disposiciones discriminatorias y pregunta qué medidas se han adoptado para eliminarlas, en particular en el marco de la nueva Constitución. Se han recibido denuncias en el sentido de que en los casos de violencia doméstica las autoridades judiciales y policiales dan prioridad a la integridad de la familia y obligan a las partes a reconciliarse por el bienestar de los hijos. Por consiguiente, desea saber si se imparte formación sobre cuestiones de género a los funcionarios policiales y los miembros del poder judicial y si se han establecido protocolos y directrices sobre la aplicación correcta de las leyes contra la violencia doméstica. Para que las mujeres tengan acceso a la justicia, es fundamental que estén informadas de sus derechos y de los recursos judiciales de que disponen en caso de que se violen estos derechos. El Estado Parte debe indicar si ha adoptado las medidas de concienciación pertinentes.
17.Desea saber si el informe se debatió en el Parlamento antes de su presentación al Comité y si las observaciones finales de éste se remitirán al Parlamento. Pregunta también si hay una comisión parlamentaria sobre cuestiones de género.
18.La Sra. Maiolo, en relación con el artículo 2 de la Convención, solicita información sobre las medidas concretas adoptadas por las autoridades para velar por la aplicación efectiva de la legislación sobre igualdad entre los géneros.
19.La Sra. Tavares da Silva felicita al Estado Parte por sus iniciativas para eliminar la discriminación contra la mujer y por la franqueza de su informe. Sin embargo, ha detectado cierta ambigüedad en la comprensión gubernamental de la igualdad entre los géneros y su compromiso con ésta, que se refleja principalmente en el hecho de que no haya realizado distintos procesos, tanto legislativos como institucionales, destinados a dar prioridad a los derechos de la mujer. La discriminación contra la mujer no es sólo una injusticia social, es una violación de un derecho humano fundamental. Así pues, insta a las autoridades a que adopten una postura firme al respecto.
20.La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, pregunta sobre el estatuto que tienen en la legislación nacional los tratados y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia y subraya la necesidad de un nuevo marco jurídico para la igualdad entre los géneros. Desea saber si se ha establecido un calendario para enmendar o derogar la legislación discriminatoria contra la mujer y le agradaría recibir más información sobre el papel del Ministerio de Justicia en las iniciativas para determinar la compatibilidad de la legislación nacional con la Convención.
21.La Sra. Torrico (Bolivia) reconoce que Bolivia no ha cumplido con sus obligaciones en materia de presentación de informes y asegura al Comité que el Gobierno actual está comprometido con el respeto de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, en particular las mujeres y los pueblos indígenas. Cabe destacar que el Presidente Morales está a la vanguardia de las iniciativas de promoción de la participación de la mujer en todos los niveles gubernamentales.
22.Varios ministerios, así como representantes de organizaciones de mujeres y miembros de la sociedad civil, participaron en la elaboración del informe; este proceso ha permitido al Gobierno analizar los progresos alcanzados e identificar los obstáculos que aún persisten al adelanto de la mujer.
23.La Sra. Agreda (Bolivia) dice que la Convención se ha publicado en cuatro idiomas: español, aymara, guaraní y quechua. El informe y las recomendaciones finales del Comité se remitirán a todos los ministerios y se divulgarán entre el público en general.
24.La Sra. Cabero (Bolivia) dice que en el artículo 14 de la nueva Constitución se define el concepto de discriminación. Las mujeres bolivianas tienen dificultades para recurrir al sistema de justicia pues interponer una causa ante los tribunales es sumamente gravoso y el poder judicial no tiene debidamente en cuenta sus necesidades. Deben adoptarse nuevas iniciativas, entre otras un examen de la estructura de honorarios y el establecimiento de cursos de capacitación y concienciación complementarios para jueces y abogados. El Instituto de la Judicatura y la Fiscalía General ya imparten estos cursos.
25.La Sra. Fernández (Bolivia) dice que el mecanismo nacional de adelanto para las mujeres, actualmente el Mecanismo Nacional Viceministerial de Asuntos de Género, ha existido desde hace más de 13 años. Al tiempo que se continúa procurando incorporarlo en el marco institucional más amplio, se le ha asignado un presupuesto por separado. Como parte de la política de incorporación de la perspectiva de género del Gobierno, se han establecido coordinadores de género encargados de cuestiones relativas a la salud y la educación, entre otras cosas. Además, se han modificado algunas políticas sectoriales para que tengan más en cuenta las cuestiones de género y, en particular, las iniciativas destinadas a incorporar una perspectiva de género en el proceso de regularización de los títulos de tierras agrícolas han permitido a más mujeres obtener títulos de propiedad de la tierra.
26.El Consejo Interinstitucional y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, establecidos en 2004, ya no funcionan. No obstante, se ha expresado interés en reactivar estos órganos.
27.La Sra. Agreda (Bolivia) reconoce que la legislación boliviana que prohíbe la discriminación contra la mujer no está suficientemente desarrollada y espera que en el futuro cercano haya más adelantos en esta esfera. El proceso reciente de reforma constitucional ha demostrado que la participación de la sociedad en general en la redacción de leyes mejora la comprensión de los ciudadanos acerca del proceso de elaboración y de sus derechos. A este respecto, se han puesto en marcha iniciativas destinadas a divulgar la Convención, especialmente entre los miembros del poder judicial y la sociedad civil. No obstante, se necesitan medidas complementarias para velar por la aplicación efectiva de sus disposiciones.
28.El censo de población de 2001 incluyó sólo a mujeres en edad reproductiva, aunque en los últimos años se ha observado que también se necesitan medidas adecuadas para satisfacer las necesidades de las mujeres mayores, especialmente las que están en situación vulnerable.
29.La Sra. Torrico (Bolivia) dice que Bolivia está embarcada en un proceso de transformación social complejo que, una vez finalizado, permitirá que todos los particulares, grupos y comunidades asuman el control de sus propias vidas; el pueblo boliviano desea que las leyes se ajusten a sus necesidades concretas y no que se basen en las de otros países. Si bien muchas organizaciones no gubernamentales aportan una contribución valiosa a la promoción de los derechos de la mujer, otras no están comprometidas con la prestación de asistencia a todas las mujeres. Por lo tanto, la administración y distribución de los recursos financieros que suministra la comunidad internacional debe ser la responsabilidad del Gobierno.
30.El costo prohibitivo de los servicios jurídicos, así como las prácticas administrativas ineficientes y la corrupción, impiden a muchas mujeres presentar recursos en caso de que se violen sus derechos. Por otra parte, el sistema de justicia comunitaria permite la resolución rápida y gratuita de controversias a nivel local. Se han puesto en marcha iniciativas para integrar los sistemas convencional y comunitario.
31.La Sra. Cabero (Bolivia) dice que el Consejo Interinstitucional y la Comisión Interministerial de Derechos Humanos dejaron de funcionar en 2004 de resultas de la inestabilidad política en su país y del hecho de que las distintas autoridades modificaron las leyes relativas al poder ejecutivo.
32.Hay una nueva ley que se ocupa de los derechos fundamentales de las mujeres refugiadas y los refugiados en general, en particular el derecho a mantener una entrevista sin injerencias externas.
33.En algunos casos se necesita un período de un año para armonizar la legislación interna y la internacional. Las nuevas leyes entrarán en vigor de conformidad con los compromisos contraídos por el Gobierno con la comunidad internacional.
34.El hecho de que algunas instituciones sigan alentando a las mujeres a que retornen al hogar ha puesto de relieve la necesidad de incrementar la conciencia de los profesionales del sistema de justicia.
35.Aunque en la nueva Constitución se reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aún queda mucho por hacer a este respecto, entre otras cosas en lo que se refiere a la Ley contra el Acoso Sexual que se está examinando. Aunque este proceso ya lleva cierto tiempo, el Parlamento carece de voluntad política y no se han realizado progresos.
36.Una comisión parlamentaria sobre cuestiones de género tiene por objeto promover los intereses de la mujer y compatibilizar la legislación interna con los instrumentos internacionales en los que Bolivia es parte. Su labor se ha demorado debido a la situación política y no se han promulgado nuevas leyes en el período de sesiones en curso. En virtud de la Constitución actual, los instrumentos internacionales tienen el mismo estatuto que la legislación interna y pueden aplicarse de inmediato. Se necesitan reformas o enmiendas sólo cuando hay contradicciones evidentes.
37.La Sra. Fernández (Bolivia) dice que de resultas de la campaña de concienciación sobre la necesidad de los carnés de identidad y la promulgación de una ley que exime a las personas de sufragar los gastos conexos, unas 229.940 personas de las 336.000 que carecían de dicho carné en 2004, muchas de ellas mujeres, lo obtuvieron. Actualmente, el grupo de población de personas mayores de 40 años es el que tiene mayor proporción de carnés de identidad.
38.La Sra. Neubauer dice que comparte las preocupaciones expresadas en el informe y la respuesta a la lista de asuntos y preguntas (CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1) en relación con los cambios que afectan la ubicación y las funciones de las instituciones del Gobierno central para el adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros; estas instituciones suelen ser las más vulnerables a los cambios. Pide información actualizada sobre los cambios ocurridos desde la presentación del informe al Comité y sobre la preparación del Mecanismo Nacional Viceministerial de Asuntos de Género y Asuntos Generacionales para la coordinación con otros ministerios y órganos departamentales y municipales. También solicita información sobre los resultados del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 y pregunta si se ha formulado un nuevo plan.
39.La Sra. Arrocha celebra los esfuerzos sostenidos de Bolivia para mantener el diálogo con el Comité a pesar de los problemas planteados por la transición a un nuevo Gobierno; este diálogo puede ser una verdadera ayuda al Gobierno para la formulación de sus nuevas políticas. Solicita información sobre la composición de los recursos de que dispone el mecanismo nacional de presentación de informes y su capacidad en los niveles departamental y municipal. También le interesa saber si existe un mecanismo para evaluar y hacer el seguimiento del Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 y, de ser así, si pueden comunicarse los resultados al Comité.
40.La Sra. Zou Xiaoqiao solicita información detallada sobre la estructura, las funciones, la dotación y el presupuesto del Viceministerio de la Mujer, y pregunta si hay mecanismos semejantes a nivel del gobierno local y si el Viceministerio provee orientación a las autoridades locales. También desea saber qué medidas se han adoptado para divulgar y aplicar la Convención y si el Viceministerio imparte capacitación sobre igualdad entre los géneros e información sobre la Convención a los funcionarios gubernamentales.
41.La Sra. Chutikul pide información sobre la superposición de funciones entre la anterior Comisión Interministerial y el Mecanismo Nacional Viceministerial de Asuntos de Género y Asuntos Generacionales y pregunta si éste último se ocupa de coordinar la aplicación de la Convención, formular políticas y hacer el seguimiento y la evaluación. Estas tareas exigen un enfoque multisectorial y multidisciplinario y la oradora cree que podría restablecerse la Comisión sin reducir las funciones del Viceministerio. Además, un solo órgano intersectorial debe redactar el informe.
42.Pregunta cómo se coordinan los numerosos planes nacionales y sectoriales en favor de la mujer y si el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 incluye otros elementos además de la participación política. Sería útil recibir más información sobre los enfoques utilizados en la formulación de un nuevo plan.
43.La Sra. Dariam (Relatora) observa que la elevada tasa de pobreza afecta a las mujeres en particular. Pregunta si la estrategia de lucha contra la pobreza que figura en la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural de 2004 es suficientemente amplia para abordar todas las formas de discriminación que repercuten sobre la pobreza de las mujeres, incluidos el acceso a la tierra, los recursos productivos y los mercados, y la salud, la educación y los derechos civiles y políticos, y cómo se integran estas cuestiones en la Estrategia. Además, desea saber qué obstáculos hay para la acción afirmativa en favor de las mujeres en relación con la mitigación de la pobreza y solicita datos estadísticos sobre los más pobres entre los pobres, principalmente grupos indígenas y afrobolivianos, y sobre las medidas de erradicación de la pobreza dirigidas a estos grupos.
44.Sería útil saber cómo se abordan las consecuencias de la economía de libre mercado sobre las mujeres en la estrategia de lucha contra la pobreza; subraya la necesidad de disponer de datos desglosados sobre los grupos de mujeres para que pueda hacerse el seguimiento de los efectos de los programas de erradicación de la pobreza sobre ellos.
45.La Sra. Agreda (Bolivia) responde que, debido al rápido ritmo de cambio en su país y a restricciones presupuestarias, el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 2004-2007 no se aplicó de la forma esperada. Al formular el nuevo plan, que se pondrá en marcha en marzo de 2008, el Gobierno celebró consultas con todos los sectores durante un período de seis meses. Una vez que se apruebe el borrador del plan, se podrá negociar el presupuesto adecuado para garantizar su aplicación. El mecanismo de adelanto para las mujeres es realmente frágil y su estatuto y su presupuesto deben renegociarse permanentemente en respuesta a cambios en el Gobierno. En lo que respecta a la Comisión Interministerial, el hecho de que 5 de los 16 ministros de gabinete sean mujeres facilita las negociaciones con el poder ejecutivo. No obstante, es necesario que se fortalezca el mecanismo; a nivel departamental algunas dependencias de género son más fuertes que otras y su fortaleza depende de la voluntad política del gobierno local y de la presión que ejercen las organizaciones de mujeres.
46.Su Gobierno está convencido de que el género y los asuntos generacionales deben encararse de forma intersectorial. Todos los sectores pertinentes del poder ejecutivo participaron en la preparación del nuevo borrador de plan nacional. El enfoque transversal plantea considerables dificultades, pero es importante tener en cuenta las especificidades. El presupuesto nacional para las cuestiones de equidad de género abarca varios ministerios y no se dispone de datos desglosados sobre la presupuestación que tiene en cuenta el género. La política de austeridad actual, que se refleja en la disminución de los presupuestos gubernamentales y en reducciones de personal, también afecta al Viceministerio, que está seriamente empeñado en negociar un nuevo presupuesto.
47.La Sra. Fernández (Bolivia) dice que las políticas de indemnización aplicadas en 2005 han aumentado y feminizado la pobreza. Las peticiones de indemnización son una solución de corto plazo y no abordan el problema arraigado de la redistribución del producto social. El nuevo plan se centrará en cambios fundamentales en tres esferas de la estructura macroeconómica del país y las políticas públicas conexas; tendrá por objeto redistribuir los recursos, modificar los patrones de consumo y formular políticas para la redistribución de recursos de conformidad con lo previsto en Renta Dignidad y en el programa Juancito Pinto. No obstante, para que puedan impulsarse estas cuestiones, es preciso comprender mejor las vinculaciones entre las tareas domésticas y la macroeconomía.
48.La Sra. Cabero (Bolivia) dice que la Ley contra la Violencia en la Familia y Doméstica tiene por objeto abordar todas las formas de violencia en el hogar y proteger tanto a mujeres como hombres. Pueden presentarse denuncias en las Brigadas de Protección a la Familia y los servicios jurídicos municipales, que prestan atención exclusivamente a mujeres. No obstante, se necesitan más iniciativas para fortalecer los servicios de atención y realizar campañas de prevención.
49.La Sra. Torrico (Bolivia) dice que publicar la Convención en los distintos idiomas de Bolivia es un importante desafío que se suma al analfabetismo que hay en algunas partes del país y al hecho de que algunas zonas no tienen acceso a la radio, y menos aún a la televisión o los periódicos. La oradora dice que ella misma desconocía la existencia de la Convención hace unos años y entiende la necesidad de divulgarla. También es necesario suministrar información a las organizaciones interesadas y alentarlas a aunar esfuerzos para aumentar la conciencia sobre la Convención.
50.La Sra. Schöpp-Schilling señala que ni en el informe periódico ni en las respuestas se hace referencia a medidas especiales de carácter temporal (párrafo 1 del artículo 4 de la Convención), que en determinados casos son necesarias. Desea saber si en la nueva Constitución, estas medidas son no sólo aceptadas sino obligatorias, si se las ha aplicado a la distribución de títulos de propiedad de la tierra y cuántos hombres y mujeres han recibido estos títulos. También pregunta si se tienen previstos planes para aplicar medidas especiales de carácter temporal como parte de las iniciativas para erradicar al analfabetismo y suministrar certificados de nacimiento a las mujeres.
51.En el informe se indica que se están realizando estudios sobre la diversidad. La experiencia ha demostrado que cuando la diversidad cultural y la igualdad entre los géneros se abordan simultáneamente, esta última suele verse desfavorecida. Por consiguiente, sería útil recibir más información sobre los conceptos de igualdad que tienen las distintas comunidades indígenas de Bolivia. Un enfoque en virtud del cual se asignan a hombres y mujeres papeles complementarios y no se les atribuye la misma capacidad física e intelectual es incompatible con la Convención. Pregunta qué sentido da la delegación al término “equidad”, que utilizó varias veces, y subraya que equidad no significa necesariamente igualdad; le preocupa que se procure lograr la diversidad a expensas de la realización de los derechos de la mujer. Desea saber qué medidas se han adoptado para abordar las posibles contradicciones y cómo se aplican las normas de igualdad consagradas en la Constitución a la justicia comunitaria.
52.Por último, no está claro si la nueva Constitución prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
53.La Sra. Simms dice que la liberación de los pueblos indígenas de Bolivia servirá de inspiración a toda la región. Históricamente, las potencias coloniales reprimieron la identidad de muchos pueblos indígenas de América Latina y el Caribe y la conquista dejó un legado de violencia en las sociedades indígenas; no obstante, estas sociedades no deben idealizarse pues suelen ser patriarcales. Le agradaría recibir información sobre programas dirigidos especialmente a los pueblos y las mujeres indígenas en que se reconocen sus derechos humanos y su humanidad.
54.La Sra. Gabr dice que no basta con promulgar leyes; deben cambiarse la percepción y la actitud respecto de la mujer y superarse los estereotipos sobre sus funciones. En relación con los problemas planteados por el analfabetismo y la pobreza que mencionó la delegación, solicita detalles sobre los programas que se han puesto en marcha para crear conciencia sobre el papel de la mujer en el desarrollo social y económico, e información sobre el papel de los medios de difusión, en particular la radio, en un país que tiene tasas elevadas de analfabetismo.
55.La Sra. Coker-Appiah observa con preocupación la forma en que la delegación utilizó la palabra “machismo”; estas afirmaciones sólo benefician a los que se oponen a la igualdad entre hombres y mujeres. En el informe se indica que se han realizado avances en lo relativo al cambio de patrones culturales y prácticas consuetudinarias basadas en la superioridad de uno u otro sexo. No obstante, también se afirma que por un lado se plantea en el discurso la equidad y el rol preponderante de la mujer, pero por otro en nombre de esa equidad se restringe a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Pide que se aclare esta afirmación.
56.La Sra. Tavares da Silva pregunta por qué no se incluyó el programa de violencia en la escuela en los cursos que imparte el Ministerio de Educación, como se indica en la respuesta a la lista de asuntos y preguntas.
57.La Sra. Pimental dice que el hecho de que los afrobolivianos y las mujeres mayores sigan siendo desproporcionadamente pobres refleja la falta de una política pública amplia que aborde la discriminación por motivo de raza, género, religión, u otros. Desea saber de qué forma la delegación percibe la diversidad y las estrategias que se han formulado para lograrla. Asimismo, se necesita información sobre la forma en que el Gobierno está aplicando la recomendación general No. 19 sobre la violencia contra la mujer. En el futuro, sería útil disponer de información sobre el progreso alcanzado en cuanto a reducir la violencia contra la mujer en el trabajo.
58.La Sra. Ara Begun señala la falta de datos estadísticos sobre la trata de mujeres y niños y pregunta si existen procedimientos para reunir información sobre las personas desaparecidas por esta causa, en especial porque muchas veces los familiares participan en su rapto, y si hay leyes para sancionar a los culpables. También deben suministrarse datos sobre las políticas sociales y económicas de lucha contra la trata. Sería útil establecer un calendario para la promulgación del proyecto de ley contra la trata a que se hace referencia en la respuesta a la lista de asuntos y preguntas y disponer de información sobre los servicios de apoyo que se ofrecen a las víctimas de la trata que pertenecen a minorías indígenas o étnicas.
59.La Sra. Chutikul pregunta cómo coordinan sus actividades los distintos mecanismos nacionales que se ocupan de la trata y el comercio sexual que se mencionan en respuesta a la pregunta 13; no está claro si el Consejo Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Justicia es el órgano coordinador. Sería útil disponer de información complementaria sobre la Ley contra la Trata de Niños y Niñas, el proyecto de ley sobre la trata y otras leyes o proyectos de ley nuevos que se mencionan en las respuestas y saber si en ellos se tiene en cuenta el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La oradora también pide que se expliquen las medidas innovadoras del proyecto de ley en virtud de las cuales se sanciona al consumidor de servicios producto de la trata de personas, a los que se hace referencia en la respuesta a la pregunta 13; no está claro si el proyecto de ley incluye disposiciones para proteger a las víctimas de la trata, su reintegración a la familia en condiciones de seguridad, refugios y otros servicios necesarios. Por último, desea saber qué perspectivas tiene Bolivia de trabajar en el ámbito multilateral de lucha contra la trata, especialmente con países de destino, como la Argentina.
60.El Sr. Flinterman pregunta si se ha realizado algún seguimiento de la recomendación de que se elabore una normativa en favor de las mujeres que ejercen la prostitución, que se menciona en la respuesta a la pregunta 14 de la lista de asuntos y preguntas; y si el Gobierno tiene previsto promulgar una ley especial sobre la prostitución. También debe aclararse el estatuto de la Organización Nacional de Activistas para la Emancipación de la Mujer (ONAEM) en Situación de Prostitución, que se menciona en las respuestas, que procura lograr el reconocimiento de la prostitución como ocupación legítima.
61.La Presidenta, en su calidad de miembro del Comité, pide que se suministren estadísticas sobre el número de mujeres asesinadas por año y el número de responsables castigados. También desea obtener más información sobre las medidas de protección para las víctimas de la violencia doméstica, por ejemplo refugios, y una actualización del acceso de las víctimas a los servicios sociales, en vista de la nueva legislación sobre violencia doméstica. Por último, pregunta si la Convención tiene precedencia sobre la legislación interna en casos de incompatibilidad.