27° período de sesiones
Acta resumida de la 564ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 13 de junio de 2002, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos inicial y segundo combinados de Suriname (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos inicial y segundo combinados de Suriname (continuación) (CEDAW/C/SUR/1-2)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Joella-Sewnundun, la Sra. Loemban Tobing-Klein, la Sra. Naarden-Refos, el Sr. Mac-Donald y la Sra. Staphorst (Suriname) toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Joella-Sewnundun (Suriname) dice que el enfoque constructivo y crítico del Comité ha permitido que su delegación comprenda mejor algunas cuestiones importantes. Los miembros de la delegación han podido preparar respuestas para la mayor parte de las preguntas formuladas por el Comité y se esforzarán por abordar todas sus inquietudes en el próximo informe.
El Gobierno de Suriname, a pesar de las numerosas dificultades económicas y financieras a que hace frente, está trabajando con empeño para mejorar la situación de la mujer en el país. No está conforme con la posición que ocupa actualmente la mujer y asume seriamente la responsabilidad que le incumbe en el marco de la Convención. Su Plan Multianual de Desarrollo correspondiente a 2001-2005 incluye una estrategia para lograr una producción sostenible y una estrategia para reducir la pobreza, además de prever la creación de oportunidades —en particular para la mujer, los jóvenes y las personas de edad—, la promoción de la participación y la mejora de la asistencia social. Los grupos destinatarios del Plan son los jóvenes, en especial los desempleados; las mujeres desfavorecidas, en especial las embarazadas y las lactantes; las mujeres que tratan de establecer su propia empresa; las personas de edad; las personas con discapacidad; los trabajadores con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza; los habitantes del interior; y los migrantes. El Gobierno ha elaborado también un Plan de Acción integrado en relación con el género para 2000-2005, sobre el cual se darán pormenores más adelante.
El actual Consejo de Ministros tiene mucho interés en asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales, entre ellos los derechos de la mujer, y está dispuesto a trabajar con el Comité y con todos los actores pertinentes, en el plano local e internacional, para alcanzar los objetivos enunciados en la Convención.
La Sra. Loemban Tobing-Klein (Suriname) dice que su delegación está convencida de que sólo podrá alcanzarse la igualdad cuando los derechos humanos, entre ellos los derechos de la mujer, formen parte de la vida cotidiana y se consideren derechos fundamentales. Además admite la importancia que reviste un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos, cuyo elemento esencial sea la educación en materia de derechos humanos. Suriname es parte en los principales instrumentos de derechos humanos, enumerados en el informe, cuyos principios están consagrados en la Constitución. En particular, la Constitución estipula que las disposiciones de efecto inmediato de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Suriname es parte tienen precedencia respecto de la legislación nacional. El Gobierno de Suriname ha tenido en cuenta las sugerencias del Comité respecto del Protocolo Facultativo de la Convención y de los Convenios Nos. 100, 111 y 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y adoptará las medidas necesarias para completar, lo antes posible, la adhesión a esos instrumentos o su ratificación.
Debido a las graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron en Suriname en el decenio de 1980, desde entonces han visitado el país varias comisiones de investigación de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que recibieron la máxima cooperación y estuvieron acompañadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante el decenio de 1980 también se crearon algunas organizaciones no gubernamentales importantes dedicadas a la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, Moiwana ’86, Organización Justicia y Paz, y Fundación para la cooperación judicial entre Suriname y los Países Bajos, en todas las cuales las mujeres desempeñan funciones directivas.
La Asociación pro Naciones Unidas de Suriname ha emprendido un ambicioso proyecto de educación en materia de derechos humanos en el contexto del Decenio Popular para la Educación en Materia de Derechos Humanos (PDHRE). El proyecto trata de difundir el conocimiento de los instrumentos de derechos humanos y de los derechos que en ellos se consagran, no sólo los derechos políticos, sino también la realización de a determinados derechos fundamentales, como el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda. El proyecto incluye un estudio inicial, programas de sensibilización de la opinión pública, material de información para escuelas y otras instituciones, y cursos de formación para maestros y dirigentes de organismos estatales y organizaciones no gubernamentales. El Gobierno apoya decididamente el proyecto y, en el ámbito de las Naciones Unidas, promueve la educación en materia de derechos humanos.
En cuanto a los derechos humanos de la mujer de edad, en particular, Suriname ha sido el principal patrocinador de la resolución 56/126 de la Asamblea General sobre la situación de la mujer de edad en la sociedad, en que se destaca la importancia de incorporar una perspectiva de género en la política y la planificación, así como la necesidad de eliminar la discriminación basada en el género y la edad. También se insta a los gobiernos a que adopten medidas para que todas las mujeres de edad puedan participar activamente en todos los aspectos de la vida y asumir una variedad de papeles en la comunidad, en la vida pública y en la adopción de decisiones, y a que tengan en cuenta en su planificación del desarrollo las responsabilidades crecientes de las mujeres de edad en la prestación de atención y asistencia a las víctimas del VIH/SIDA.
La Sra. Naarden-Refos (Suriname) dice que la Oficina Nacional de Género, un departamento del Ministerio del Interior, se creó en 1998 a raíz de una evaluación de la anterior Oficina para la Mujer en la que se había llegado a la conclusión de que el Gobierno tenía que tomar la iniciativa e impulsar y coordinar una política nacional en materia de género. Con la coordinación de la Oficina Nacional de Género, se ha creado una red integrada por centros de coordinación en los distintos ministerios organizaciones de la sociedad civil que promueven la igualdad de género y una comisión encargada de la legislación en materia de género, compuesta por expertos jurídicos gubernamentales y no gubernamentales. Cuando es necesario, la Oficina Nacional de Género puede solicitar los servicios de expertos en cuestiones como la violencia contra la mujer, la mujer en el entorno empresarial, la salud reproductiva y los derechos de la mujer.
El Ministerio del Interior inició un Plan de acción integrado sobre cuestiones de género para el período 2000-2005 en cuyo marco se ha llevado a cabo una evaluación de la Oficina Nacional de Género, se ha establecido un sistema de gestión de las cuestiones de género para coordinar la aplicación del Plan, y se está revisando la legislación pertinente. Se presentó al Ministerio de Planificación y Desarrollo un presupuesto de aproximadamente 900.000 euros. Los centros de coordinación sobre cuestiones de género y los funcionarios de alto nivel del Gobierno están recibiendo capacitación en liderazgo personal y efectivo, sobre cuestiones generales de género y sobre análisis de datos desglosados en función del género
En junio de 2001, el Ministerio del Interior nombró a un director de programa encargado de la política en materia de género a quien se encomendó el establecimiento y la coordinación del sistema de gestión de las cuestiones de género. El Consejo de Ministros asignó al Ministro del Interior plenas facultades para tratar esas cuestiones. El Ministerio del Interior está preparando propuestas para incorporar las cuestiones de género en la gestión de los distintos ministerios. Los centros de coordinación de las cuestiones de género existentes en los ministerios del Gobierno se encargan de armonizar las prioridades del Plan de Acción integrado.
Desde 1997, se ha trabajado con gran empeño para modificar la legislación en relación con la igualdad de género. En noviembre de 2000 se evaluaron los progresos logrados por la comisión encargada de la legislación en relación con la violencia contra la mujer. Las recomendaciones de esa Comisión se tendrán en cuenta al armonizar la política y la legislación nacionales con los instrumentos internacionales. En la Declaración del Gobierno para 2000-2005 se subraya que la igualdad y la equidad en materia de género revisten suma prioridad. En agosto de 2001, el Ministro del Interior estableció la Comisión encargada de la legislación en materia de género, integrada por dos representantes del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Justicia y Policía, un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Asuntos Sociales (al que compete la cuestión de los derechos del niño), un representante de la Universidad de Suriname y un representante del Foro de organizaciones no gubernamentales. La Comisión debe finalizar el examen de todos los asuntos prioritarios en el plazo de un año. Dado que la Comisión está integrada por expertos gubernamentales y recibe apoyo voluntario del sector no gubernamental, no es preciso dotarla de un presupuesto separado.
En relación con la pregunta acerca de los datos sobre factores culturales, la oradora dice que en los diversos grupos étnicos que componen la población de Suriname, las funciones tradicionales de la mujer están relacionadas con la reproducción, aunque algunas mujeres trabajan fuera del hogar. No obstante, se aprecia una evolución, pues la función tradicional de la mujer relacionada con la reproducción está siendo reemplazada por una actividad más productiva. En cuanto a la adopción de decisiones, se ha apreciado un aumento de la participación de la mujer en el sistema jurídico, en puestos directivos de la universidad, en las asociaciones de empleadores del sector privado, en los órganos de asesoramiento, en el gobierno local y en los puestos diplomáticos.
Gracias a la puesta en práctica de programas de formación sobre cuestiones de género, los medios de comunicación muestran mayor interés en los asuntos relacionados con la mujer y en los derechos del niño. En mayo de 2000, la Fundación STAS Caribe, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizó en Suriname el Proyecto de promoción de las funciones directivas de la mujer, que tiene por objeto capacitar a las mujeres para ocupar puestos directivos y alentarlas a participar en el proceso electoral con miras a elaborar disposiciones legislativas sobre la equidad en materia de género. No existe un cupo respecto de la participación de mujeres en la adopción de decisiones, aunque todos los estamentos de la sociedad apoyan el acuerdo 50/50 que promueve el Foro Parlamentario de la Mujer.
Entre otras medidas adoptadas para reducir la violencia contra la mujer, el Gobierno ha facilitado el establecimiento de la Red nacional para combatir la violencia contra la mujer, coordinada por el Centro de Derechos de la Mujer, una organización no gubernamental de mujeres. Esta Red ha permitido crear en las comisarías de policía salas especiales para las víctimas. Desde 1994, el Gobierno ha facilitado gratuitamente un trabajador a la Fundación “Stop Violence Against W o men”. Se han organizado algunos cursos de formación y conferencias sobre la violencia en el hogar en el contexto de la iniciativa de la Asociación de Investigaciones y Acción Feminista del Caribe (CAFRA) en Suriname, y con el apoyo del BID.
Respecto de la cuestión de la salud, la oradora afirma que algunos donantes, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han aportado ayuda financiera para los programas de lucha contra el VIH/SIDA y el cáncer. La Fundación Lobi y Medical Mission están cooperando con el Ministerio de Salud para realizar exámenes de detección del cáncer a mujeres. El Gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales facilitan información con objeto de prevenir y reducir los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. Las madres adolescentes pueden regresar a la escuela después del parto.
La Fundación Maxi Linder, una organización no gubernamental, está trabajando, con apoyo del Gobierno, para retirar a las prostitutas de la calle. Gracias a la Fundación éstas pueden tener acceso gratuito a los servicios médicos del Gobierno. La Fundación busca empleo e imparte formación a las prostitutas, y ayuda a las niñas a regresar a la escuela.
La Sra. Mac-Donald (Suriname) dice que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue examinada y aprobada en el Parlamento en 1993. Según la Constitución de Suriname, los acuerdos internacionales entran en vigor tras su promulgación. La legislación nacional no es aplicable cuando es incompatible con los acuerdos internacionales.
En cuanto al estado civil, la oradora dice que, con arreglo a un decreto de 1981, la mujer casada puede entablar una demanda sin la autorización del marido. Con arreglo a la Constitución, es ilegal elaborar, preparar, aprobar o promulgar disposiciones legislativas que limiten los derechos de la mujer en relación con los derechos del hombre y viceversa.
En cuanto a la autoridad de los padres, la oradora afirma que la ley no estipula específicamente el trato que han de recibir los niños nacidos de un matrimonio en relación con el pasaporte. Ambos progenitores tienen patria potestad respecto de sus hijos. Habitualmente los hijos se incluyen en el pasaporte del padre, aunque no hay ningún impedimento legal para incluirlos en el pasaporte de la madre. La madre no necesita la autorización del padre para viajar con su hijo, si éste ha nacido fuera del matrimonio o no está legalmente reconocido por el padre. En el caso de los hijos nacidos de un matrimonio o legalmente reconocidos por el padre, la madre necesita su autorización para viajar con el hijo. En la práctica, los padres solicitan que se expida un pasaporte a nombre del hijo. Cuando éste tiene su propio pasaporte, está autorizado a viajar con la madre o con el padre sin la autorización explícita del otro cónyuge. En caso de divorcio, tanto el padre como la madre pueden solicitar una orden judicial que impida al otro cónyuge viajar con el niño. Todavía no se ha introducido ningún mecanismo para hacer cumplir esas normas y, en la práctica, los miembros de la familia o el otro cónyuge controlan la situación pidiendo asistencia al Ministerio de Justicia y Policía.
Todos los menores de 30 años necesitan el consentimiento del padre y de la madre para casarse. Si los padres se niegan a otorgarlo, puede solicitarse la autorización a un juez. El juez consulta a los padres y, al cabo de tres semanas, si no deniega la autorización, la pareja puede casarse. Ya se ha presentado un proyecto de ley para suprimir el requisito del consentimiento de los padres. En el caso de la ley sobre el matrimonio de los asiáticos no se requiere el consentimiento de los padres, aunque éstos deben acompañar a los menores de edad para obtener los documentos necesarios para casarse. La poligamia y la bigamia son ilegales en Suriname, incluso para los musulmanes cuya religión permite que los hombres tengan más de una esposa. El matrimonio de niñas no es habitual, pero todavía existe y el Gobierno está elaborando la legislación necesaria para abolir esa práctica.
No existen disposiciones legislativas sobre la cuestión de los abusos sexuales en el matrimonio. El acoso sexual en el matrimonio y en el lugar de trabajo preocupan sobremanera al Gobierno, que ha establecido una red para combatir la violencia contra la mujer. La trata de mujeres se castiga con arreglo al Código Penal con una pena máxima de prisión de cinco años.
La Sra. Staphorst (Suriname) dice que hay dos categorías de mujeres rurales en el país: las que viven en tribus y habitan la llanura costera y el interior; y las que no viven en tribus y habitan la llanura costera. Las diferencias entre ambas categorías se relacionan principalmente con la cultura, la gobernanza y los derechos sobre la tierra. La cultura de las mujeres que viven en tribus se centra en las actividades colectivas; en cuanto a la gobernanza, respetan formas y normas específicas de autoridad tradicional en los lugares donde habitan; y los derechos sobre la tierra se basan en el uso colectivo.
Las mujeres trabajan en granjas familiares administradas, en la mayor parte de los casos, por los padres o maridos. Su contribución se considera parte del trabajo que le corresponde en la familia extensa y no está remunerado. Las mujeres campesinas de las zonas costeras producen para el mercado local, mientras que en el interior prevalecen los cultivos de subsistencia. En las zonas costeras, hay cultivos agrícolas en pequeña y gran escala. Los cultivos en gran escala suelen estar administrados por empresas que utilizan empleados asalariados, predominantemente hombres, para producir con destino a la industria o la exportación. Los cultivos en pequeña escala, que producen principalmente frutas y verduras para el mercado local, son granjas medianas o pequeñas y microgranjas administradas por familias, en las que la mujer desempeña una función esencial. En la agricultura de subsistencia que se practica en el interior predominan las mujeres.
Aunque las mujeres rurales desempeñan una función predominante en los cultivos agrícolas en pequeña escala, tanto en la llanura costera como en el interior, los datos disponibles no permiten determinar la parte efectiva que les corresponde en la agricultura porque son incoherentes y porque la producción de la mujer no se describe en función del trabajo productivo. El 60% de las mujeres rurales, en especial en las comunidades tribales, vive por debajo del umbral de la pobreza. Esa situación evolucionará mediante la aplicación de políticas encaminadas a mejorar su capacidad de generación de ingresos, impartir educación a niños y adultos y asegurar el acceso a los programas de salud y los servicios básicos, por ejemplo, el agua potable y la electricidad.
En la Declaración del Gobierno para 2000-2005 se atribuye una alta prioridad al desarrollo de las zonas del interior, y se hace particular hincapié en la mujer de las zonas rurales. El Gobierno ha establecido tres fondos importantes para promover el desarrollo sostenible en el interior: el Fondo para el desarrollo comunitario de Suriname, con el apoyo del BID; el Fondo para microproyectos, con el apoyo de la Unión Europea; y el Fondo para las zonas del interior, con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos. Además, las organizaciones no gubernamentales desempeñan una importante función en la formulación de la política y en la realización de las actividades de los fondos especiales. También desempeñan una función esencial en la consolidación de la economía, la educación, la salud, la cuestión de los derechos sobre la tierra y el desarrollo comunitario. Las organizaciones no gubernamentales han formado redes para reforzar su capacidad, entre ellas la Red de Mujeres Indígenas (Sanomaro Esa), la Red de Mujeres Maroon y el Movimiento Nacional de la Mujer.
El Gobierno es consciente de la importante función que desempeña la sociedad civil en el desarrollo del país y está estudiando la forma de mejorar su participación. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres tienen amplias redes y mantienen vínculos interinstitucionales con otras organizaciones de mujeres así como con instituciones profesionales y comerciales, y están trabajando para mejorar la posición de sus miembros y el nivel de los servicios que prestan. El Gobierno ha invitado a las organizaciones no gubernamentales de mujeres a participar en la formulación y aplicación de su plan de acción respecto de la política en materia de género, así como en la redacción de los informes que debe presentar Suriname al Comité.
La Sra. González acoge favorablemente la información complementaria presentada por Suriname. Confía en que en el tercer informe se den respuestas a las preguntas complementarias formuladas por el Comité. También acoge con satisfacción la información relativa a la función que desempeñan algunas organizaciones no gubernamentales como Moiwana ´86 en las actividades de protección y promoción de los derechos humanos, así como la información acerca del proyecto de educación sobre los derechos humanos iniciado por la Asociación pro Naciones Unidas de Suriname. No se han ofrecido pormenores acerca de los resultados de esas actividades, y deberían facilitarse más datos en el próximo informe. Resulta gratificante saber que Suriname está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y algunos de los Convenios de la OIT. No obstante, no se indica con claridad si los instrumentos de derechos humanos ratificados por Suriname han sido incorporados en la legislación nacional. Es preciso facilitar más información sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales y sobre las funciones culturales y tradicionales que desempeñan. La oradora tiene la impresión de que en las zonas rurales persisten los estereotipos de género, a pesar de que la función tradicional de la mujer relacionada con la reproducción está siendo gradualmente reemplazada por una función más productiva. Es muy importante lograr progresos respecto de la salud de la mujer, los programas especiales para la mujer y la erradicación de la violencia contra la mujer. La oradora confía que en el próximo informe se proporcione información sobre esas cuestiones. La prevención del VIH/SIDA es un problema que afecta a toda la población, no sólo a las prostitutas, y sugiere que los riesgos y los medios de prevención al respecto se difundan más ampliamente entre el público en general. Por último, la oradora tiene gran interés en saber si la violación en el marco del matrimonio se considera un delito en Suriname.
La Sra. Kapalata agradece los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Suriname para lograr la igualdad de género. Señala la contribución de la delegación de Suriname a la adopción, en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, de la resolución sobre las mujeres de edad (A/RES/56/126). En el próximo informe, espera que el Gobierno proporcionemás información sobre la prostitución, en el contexto de la aplicación del artículo 6 de la Convención.
La Sra. Kwaku pregunta qué edad se establecerá, de ser pertinente, en la legislación que se está redactando sobre la abolición del requisito del consentimiento de los padres, para el matrimonio de los menores de 30 años.
La Sra. Achmad acoge favorablemente la creciente atención que están prestando los medios de comunicación a las cuestiones relativas a las mujeres y los niños, así como la formación impartida a los medios de comunicación que se ocupan de esas cuestiones. ¿Figuran en el material de formación la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño? Es importante insistir en el carácter complementario de esos dos instrumentos para la promoción de la igualdad de género. La oradora confía en que en el próximo informe de Suriname se indique el porcentaje de información difundida por los medios de comunicación en la que se haya tratado de forma positiva la cuestión del género. ¿En función de qué criterio se evalúa la cobertura para este fin? ¿Existe un comité que se encargue de esa evaluación? La oradora toma nota de que actualmente se consulta con mayor frecuencia a las mujeres que ocupan cargos directivos acerca de la política del Gobierno. ¿Quién las consulta? los periodistas, los miembros del Parlamento, los partidos políticos o la comunidad en general?
La Sra. Schöpp-Schilling dice que tiene la impresión de que la preparación del informe generó en el país un gran interés por las cuestiones relacionadas con la mujer. La oradora confía en que las observaciones finales del Comité ayuden a mantener ese interés. Subraya que los derechos de la mujer son derechos humanos, y que la integración de las cuestiones de género no debería ocupar el lugar de las intervenciones específicamente destinadas a abordar los problemas de la mujer. El proceso de reforma legal en Suriname debe proseguir. La oradora insta al Gobierno a iniciar el diálogo con las comunidades religiosas con miras a reformar las leyes que rigen el matrimonio en esas comunidades.
La Sra. Joella-Sewnundun (Suriname) dice que la presentación del informe ha sido una valiosa experiencia. Algunos gobiernos, como el suyo, deben hacer frente a una acuciante crisis económica y al desafío de hallar las estrategias más apropiadas para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. En esas circunstancias, es importante que la sociedad civil, y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, subrayen reiteradamente la importancia que reviste el compromiso de los gobiernos por lograr la igualdad de género como parte del desarrollo humano sostenible. La obligación de los Estados partes de informar periódicamente también es útil. El proceso de redacción del informe ha brindado al Gobierno la oportunidad de evaluar su política en materia de género. El Comité ha agregado una nueva dimensión al proceso de evaluación. La delegación de Suriname tiene el propósito de seguir atentamente todas las sugerencias y observaciones formuladas. El Gobierno procurará integrar las cuestiones relativas a la igualdad de género, como parte de los derechos humanos, en los programas escolares. La información complementaria solicitada por el Comité se presentará en el próximo informe.
La Presidenta agradece a la delegación de Suriname las respuestas a las preguntas formuladas por el Comité y toma nota de que presentará las restantes respuestas en el próximo informe. Reconoce el compromiso que ha demostrado el Gobierno de Suriname por aplicar la Convención y la alta prioridad que atribuye al logro de la igualdad de género en el marco de sus planes estratégicos y del plan de desarrollo para 2001-2005. Confía en que en el próximo informe figure una evaluación efectiva de los progresos logrados. El Comité ha expresado su preocupación por la situación de algunos grupos étnicos de Suriname, en particular el pueblo Maroon. La Presidenta espera que, antes de presentar su próximo informe, el Gobierno aplique programas para mitigar las penurias de la población rural, en particular en relación con el derecho a la atención de la salud, el suministro de agua potable y la vivienda. Durante el reciente conflicto interno quedaron destruidas muchas viviendas. Incluso antes de la presentación del próximo informe, el Comité agradecería recibir información sobre la labor realizada para garantizar esos derechos. La Presidenta confía también en que las observaciones finales del Comité reciban una amplia difusión entre todos los interesados, entre ellos, el Parlamento y todas las organizaciones no gubernamentales. Acoge con satisfacción la declaración del Gobierno de que tiene la intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.