Período extraordinario de sesiones

Acta resumida de la 576ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 9 de agosto del 2002, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Abaka

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)

Tercer informe periódico de Uganda (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.05

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)

Tercer informe periódico de Uganda (continuación) (CEDAW/C/UGA/3; CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP. 1/Add. 10 y CEDAW/PSWG/2002/3XC/CRP.1/Add.10)

Por invitación de la Presidenta, la Sra. Bakoru se sienta a la mesa del Comité.

Artículos 7 a 9

La Sra. Kwaku, dice que el reglamento sobre pasaportes discrimina no sólo contra las mujeres casadas con hijos, que dependen del consentimiento escrito de su marido, sino también las mujeres separadas, divorciadas y viudas. Pregunta cuándo ha de entrar en vigor la enmienda propuesta a esa ley, a la que se hace referencia en las respuestas escritas (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP. 2/Add.10). En lo que respecta a la Ley 3/1999, sobre ciudadanía y control de la inmigración en Uganda, recientemente enmendada, desearía saber cuáles son los “otros requisitos” que pide la Junta de Ciudadanía e Inmigración para emitir un pasaporte, y confía en que éstos no sean discriminatorios.

La Sra. Kapalata dice que, si bien Uganda ha avanzado más lejos que muchos de sus vecinos en la aplicación del artículo 8, la situación no es totalmente satisfactoria, especialmente en lo que respecta a la representación de la mujer en el servicio exterior, 17 años después de que Uganda ratificara la Convención. Las autoridades evidentemente están resueltas a avanzar en la incorporación de las cuestiones de género en todos los programas, lo que cuenta con el pleno apoyo del Presidente. Sin embargo, en prevención de que ese entusiasmo se desvanezca con un cambio de gobierno, y como aparentemente no todos los ugandeses comparten ese entusiasmo, es importante establecer mecanismos sistémicos que aseguren la continuidad y la sostenibilidad de la integración de las cuestiones de género en todas las actividades del país.

La Sra. Corti felicita al Gobierno y a las organizaciones no gubernamentales por haber logrado aumentar el número de mujeres en puestos de decisión. Como éste es un ámbito en que acceso de la mujer es difícil, pregunta qué medidas tienen el propósito de adoptar el Gobierno para movilizar a las mujeres con miras a mantener, e incluso aumentar, el porcentaje de cupos establecidos.

La Sra. Goonesekere , en relación con la posibilidad de impugnar el reglamento sobre pasaportes ante los tribunales, dice que ese reglamento no es una ley del Parlamento, sino un reglamento administrativo. Como ello sucede en muchos países que han heredado las normas jurídicas británicas, recomienda que las autoridades ugandesas, en cooperación con el ministerio pertinente, procuren promulgar una legislación para suprimir ese reglamento discriminatorio. Desearía saber cuáles son las perspectivas de los grupos de asistencia jurídica que menciona la delegación para entablar acciones precursoras ante los tribunales, y ayudar a las mujeres que desean impugnar el sistema.

La Sra. Manalo , con referencia al artículo 8, felicita a la delegación por la Constitución de 1995, que ofrece a la mujer la oportunidad de representar a su Gobierno en el plano internacional y trabajar en organizaciones internacionales. Sin embargo, ese informe indica que las obligaciones del hogar y familiares impiden que muchas mujeres puedan aceptar puestos en el extranjero y, de ese modo, seguir una carrera en el servicio exterior. Esa declaración es equivalente a confirmar que la mujer está restringida por las obligaciones familiares. En lugar de invocar esa idea como una justificación, las autoridades deberían abordar la cuestión y tratar de resolverla.

Confía en que en el próximo informe de Uganda se presenten pruebas concretas de que la estrecha coordinación entre los ministerios competentes ha permitido establecer leyes, reglamentaciones, infraestructura, programas y asistencia material para superar el problema y que las mujeres puedan ocupar puestos en el servicio exterior por derecho propio. Sin embargo además del Servicio Exterior y las secretarías de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, también hay órganos creados por tratados, tales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en que podrían participar expertas ugandeses. Las autoridades deben ser más creativas al preparar a la mujer para cumplir funciones en esos órganos.

La Sra. Bakoru (Uganda) señala que Uganda tiene dos mujeres embajadoras, una ante los Estados Unidos y otra ante Etiopía, y una mujer joven es Jefa de Protocolo. Estas mujeres ocupan sus cargos por derecho propio y no, como se sugiere, porque hayan seguido a sus maridos, y el personal de relaciones exteriores también recibe capacitación en la incorporación de las cuestiones de género en todos sus programas. Aunque la oradora también desearía que hubiera mujeres ugandesas en los órganos de las Naciones Unidas creados por tratados, recuerda que la candidata de su país se presentó, sin éxito, para ocupar un escaño en la Comisión, e insta a los miembros a que voten en favor de su próxima candidata.

Una de las maneras de mantener el cupo de mujeres en las instancias de adopción de decisiones es velando por que reciban la educación necesaria, lo que a su vez depende del acceso de sus padres a los recursos educativos. Por consiguiente, la educación es el factor crucial a partir del cual puede surgir una masa crítica de mujeres para competir con éxito con los hombres en todos los niveles y en todos los ámbitos. Reitera que la mujer ugandesa es libre de impugnar jurídicamente el Reglamento administrativo sobre pasaportes, asunto que depende del Ministerio del Interior, con el que ha de examinar la cuestión de regreso a su país.

Todavía no existen números de identificación nacionales para los ciudadanos ugandeses pero, con miras al próximo censo, en que será importante el registro de los nacimientos, su propio ministerio está elaborando un sistema de numeración de identidad en el contexto de la política de seguridad social nacional. Este sistema es claramente no discriminatorio; no se puede emitir un pasaporte a un hombre o a una mujer si no presentan sus fichas de inscripción de nacimiento, lo que también se exige para el ingreso en la universidad. El proyecto modelo iniciado en 2000 en algunos distritos se ha ampliado y cubre todo el territorio del país, y confía en que después del censo mejore la situación de la mujer en lo que respecta a su capacidad para obtener documentos de viaje.

Artículos 10 a 14

La Sra. Achmad expresa su admiración por los logros sin precedentes de Uganda, especialmente su Constitución y marco jurídico. Sin embargo, insta a las autoridades a que hagan esfuerzos sostenidos en la educación. Aunque se ha avanzado mucho en la incorporación de las cuestiones de género en la formación de profesores, los textos y los planes de estudios, pregunta en qué medida las autoridades regionales y locales garantizan que el contenido incluido en los planes de estudios nacionales normalizados tengan también en cuenta las cuestiones de género.

Se imparte capacitación no formal a los legisladores y a la policía, incluidos los que se encargan de la protección de la mujer. También se prevé impartir formación a otros grupos de destinatarios, como los dirigentes políticos y, en aras de la continuidad, se necesitan aún muchas leyes para completar la Constitución. Otros grupos de destinatarios son los empleados de la administración pública y de los demás ministerios que no tengan suficientemente en cuenta las cuestiones de género.

Para poder incorporar las cuestiones de género en los comités gubernamentales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, incluso de mujeres, y grupos sociales y profesionales de mujeres, así como formadores en el tema de la igualdad entre los géneros, es fundamental establecer dependencias de capacitación y sensibilización. Todas estas categorías de personas deben recibir formación y educación que apunten a erradicar la discriminación en función del género, en provecho de todos, y no sólo de la mujer. Advierte que las medidas especiales de carácter temporal no están concebidas como una meta en sí mismas, sino para corregir los casos de discriminación en el pasado.

La Sra. Kwaku pregunta si, de los tres ciclos de enseñanza, las autoridades tienen el propósito de considerar el carácter gratuito de la enseñanza primaria y secundaria, si ya no se ha hecho, y si estos niveles de enseñanza son obligatorios. Es inquietante comprobar que dos de cada cinco adolescentes son padres a la edad de 19 años. La enseñanza primaria y secundaria puede contribuir a reducir el número de embarazos de adolescentes.

Desea saber por qué no se ha aprobado aún el proyecto de Política nacional de empleo, y si por lo menos se lo ha presentado, y qué planes tienen las autoridades respecto de esa política y servicios conexos. Si se parte de la base que las trabajadoras domésticas representan la gran parte de la fuerza de trabajo femenina, la falta de protección de sus derechos laborales es una laguna impresionante en la legislación laboral del país. También pregunta si el Gobierno está contemplando la promulgación de una legislación para abordar los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Para erradicar el fenómeno de los embarazos de adolescentes se necesitan medidas más drásticas que la sensibilización, pero además la adopción de disposiciones para poner en práctica eficazmente el párrafo 3 del artículo 33 de la Constitución, en el que se prohíben las leyes y costumbres que socavan la dignidad de la mujer. Por último, agradecería información sobre el verdadero número y porcentaje de mujeres que se benefician con el sistema de jóvenes empresarios (YES), concebido para crear empleos para los nuevos graduados.

La Sra. Gabr felicita a Uganda por las asignaciones presupuestarias a la educación y coincide en que la educación es esencial para el desarrollo y el mejoramiento de la condición de la mujer en el continente africano. Le complace la información que figura en las respuestas a las listas de cuestiones y preguntas (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/Add.10), de que el índice general de prevalencia del VIH/SIDA ha seguido disminuyendo, del 6,8% en 1999, al 6,1% en 2000, pero desea saber qué programas se han previsto para abordar otros problemas de salud que afectan a la mujer, en particular las cuestiones de planificación de la familia. En el próximo informe, agradecerá información que refleje el mayor interés del Gobierno en proyectos sobre el aborto y el estado de salud de las adolescentes.

Resulta claro que Uganda tiene la voluntad política para resolver los problemas de empleo. Aún así, hablando personalmente como africana, dice que los países de la región también necesitan políticas y programas claros, basados en investigaciones científicas. Se debe asignar más importancia a los problemas específicos de la mujer relacionados con las zonas rurales y las políticas sobre el empleo de la mujer, principalmente después de la reconstrucción económica, ya que la mujer fue la que más sufrió de las fluctuaciones negativas del desarrollo económico. Observa que las mujeres que trabajan en el sector no estructurado no tienen protección social ni ninguna de red de seguridad social. Insiste en la necesidad de que las mujeres tengan el mismo acceso al mercado de trabajo.

La Sra. Tavares da Silva felicita a Uganda por sus logros en el mejoramiento de la educación y la atención de salud, y especialmente en la adopción de medidas especiales de carácter temporal a esos efectos. Con todo, no tiene la impresión que se hayan hecho progresos similares en el ámbito del trabajo. El informe no se explaya sobre el nivel de recursos asignados a facilitar la situación del empleo y presenta un panorama global sombrío, que destaca la asimetría de las condiciones de trabajo para el hombre y la mujer, sus responsabilidades respectivas y horarios de trabajo. Asimismo, en virtud del artículo 11, el informe indica que las mujeres están restringidas a empleos “no calificados”, mal remunerados, repetitivos y con elevado coeficiente de mano de obra, y que las mujeres en el sector no estructurado y trabajadoras domésticas carecen de protección social. Además, la falta de servicios de guarderías y la prevalencia del acoso sexual agrava las condiciones de trabajo para la mujer. Observa que a través de su política sobre empleo el Gobierno confía en preparar la legislación laboral necesaria, pero desea saber qué otros medios y posibles medidas de discriminación positiva han de adoptarse para hacer frente a estas cuestiones fundamentales.

Hace observaciones sobre la afirmación que figura en el informe, de que por inhibiciones culturales, las niñas siguen participando y disfrutando poco de las actividades recreativas y deportivas, y que se da a los niños más tiempo de ocio y espacio para jugar. Considera que es crucial que el Ministerio de Educación y Deportes tome medidas para disipar la idea de que hay que educar a los niños y las niñas en mundos diferentes, y configurar la imagen de sus funciones en la actividades recreativas, en particular puesto que ese Ministerio hace hincapié en la incorporación de las cuestiones de género en todas las actividades.

La Sra. Corti , en relación con el artículo 11, señala que el 70% de la fuerza de trabajo de la economía de Uganda, basada en la agricultura, está compuesta de mujeres, pero que ese sector en gran medida no está estructurado. Por consiguiente, pregunta qué medidas se prevén para proteger esa inmensa fuerza de trabajo. Desea que se le informe sobre los sueldos en el sector no estructurado, y pregunta cuál es la relación de esos sueldos con los del hombre, tanto en el sector público como privado. Desea saber además si hay un sueldo mínimo garantizado, y agradecería detalles sobre el hecho de que se concedan muy pocos derechos a la mujer divorciada.

En cuanto a la cuestión de la salud, pregunta de qué manera Uganda tiene el propósito de sostener la disminución en el índice de prevalencia del VIH/SIDA, habida cuenta de los recortes drásticos en las partidas para salud en el presupuesto.

La Sra. Bakoru (Uganda) asegura al Comité que los recortes presupuestarios en el sector de la salud no han de perturbar la tendencia positiva en la lucha contra la propagación del VIH/SIDA, ya que Uganda no ha restringido su campaña al sector de la salud. El problema se aborda desde una perspectiva social, económica y política, y en la cartera de cada ministerio figura un componente dedicado a la propagación de la enfermedad. La situación es particularmente alentadora, ya que los jóvenes de Uganda participan voluntariamente en las pruebas y las prácticas de sexo seguro.

En respuesta a la pregunta de la Sra. Corti, dice que Uganda no tiene un sueldo mínimo. Sin embargo, el Gobierno ha recabado asesoramiento de otros países sobre el tema. El nuevo enfoque del Gobierno apunta a un acuerdo bipartito entre los empleadores y empleados, sobre la base de principios rectores, que permitan a los trabajadores negociar abiertamente los sueldos con sus empleadores. En el marco de esa colaboración social, ambos pueden concebir instrumentos y políticas que redunden en beneficio de las dos partes en la ecuación.

Con respecto a los horarios de trabajo, dice que las afirmaciones de que la mujer trabaje hasta 18 horas en el campo no son realistas, porque hay un número limitado de horas diurnas, y la falta de electricidad en muchas zonas rurales vuelve imposible el trabajo nocturno al exterior.

En un esfuerzo por proteger esa fuerza de trabajo, algunas organizaciones no gubernamentales han iniciado un proceso de documentación, que ha permitido reunir estadísticas sobre las mujeres en el sector público. Se prevén nuevos estudios sobre la condición jurídica y social de la mujer en los sectores privado y no estructurados. Algunas mujeres de la base están recopilando datos de investigación en idiomas locales, bajo la orientación de personal especializado.

Con respecto a los estereotipos en las actividades recreativas, dice que no comprende claramente en qué medida determinadas actividades se consideran femeninas o masculinas. Las mujeres en el norte tienen la reputación de ser atléticas y, en general, está aceptado que la mujer tiene más energía que el hombre. Con todo, reconoce que en los primeros años de la infancia existe la propensión de dar a las niñas juguetes que se relacionan con los bebés y la atención del hogar, y de estimularlas a que se dediquen a esas actividades.

Reconoce como cruda realidad que el acoso sexual en el lugar del trabajo es una situación generalizada que se vuelve particularmente trágica cuando se ha demostrado que tales prácticas existían en el propio ministerio encargado de promover las cuestiones de género. Es necesario prestar atención urgente para poner término al acoso en todos los niveles.

Los horarios de trabajo son los mismos para el hombre y la mujer. Coincide con los miembros del Comité en la necesidad de redes de seguridad social y de hacer lo posible por que los hombres y las mujeres entren en el mercado laboral con la misma remuneración. Uganda no es un país muy pobre y, de hecho, es rico en minerales y recursos naturales. Los regímenes sucesivos de políticas y gestión equivocadas han reducido al país a su situación actual. Es necesario modificar el enfoque de las políticas nacionales, y se confía en que, con la aparición de una nueva dirección en el marco de la Unión Africana, se produzcan cambios positivos.

Señala que el uso de los servicios de planificación familiar ha aumentado de 1,5% al 38%. El alto índice de fecundidad de Uganda no se debe a la falta de acceso a la planificación familiar, sino más bien a la creencia cultural profundamente arraigada de que tener un gran número de hijos garantiza seguridad y bienestar. El Gobierno tratará de promover políticas para sensibilizar al público acerca de los efectos económicos adversos y los riesgos de los embarazos reiterados. El aborto es ilegal, salvo en caso de violación demostrada o cuando el procedimiento sea necesario para proteger la salud de la mujer embarazada. La influencia de las religiones es fuerte, y será preciso recabar un amplio consenso para despenalizar el aborto.

Los sistemas de empresarios jóvenes (YES) conceden microfinanciación en apoyo de los jóvenes graduados. Las mujeres han podido aprovechar de esos sistemas, ya que tienen una sólida reputación en el reembolso de los préstamos.

El desarrollo y el progreso de cualquier país depende de su inversión en recursos humanos. La capacitación en el empleo y una evaluación continua de las necesidades educativas asegurará que una fuerza de trabajo calificada y actualizada desde el punto de vista tecnológico.

En 1997 el Gobierno estableció un programa de enseñanza primaria universal, en virtud del cual cuatro hijos por familia están exentos de pagar la matrícula escolar. A raíz del programa, el número de niños que asisten a la escuela primaria aumentó de dos a seis millones. El Gobierno en la actualidad hace frente a los problemas de construir más aulas, ampliar la proporción maestro-alumno, que en algunos casos se elevó a 1:100, y mejorar la calidad de la enseñanza primaria. Ulteriormente, tiene el propósito de extender el acceso a la educación secundaria, mediante la concesión de becas a los estudiantes. Los esfuerzos de su Gobierno en el ámbito de la educación y en los demás se han visto gravemente socavados por la epidemia del VIH/SIDA que asola el país. Actualmente hay unos 2,5 millones de huérfanos del SIDA. No hay prestación por hijo en Uganda. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias para la seguridad social han aumentado y está previsto ampliar el apoyo que se presta a los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres y los niños.

La Sra. Feng Cui dice que Uganda merece elogios por haber logrado mejorar la situación de la mujer rural, en particular, a través de sus programas sumamente eficaces de erradicación de la pobreza. Tras tomar nota de la importante contribución de la población rural a la economía nacional, insiste en la importancia de incorporar las cuestiones de género en todas las actividades y políticas agrícolas del Gobierno. Pregunta cuáles son las metas de la estrategia nacional para la mujer rural, si hay algún calendario para su consecución, y si éstas incluyen la eliminación de las restricciones a los derechos de la mujer de poseer y administrar tierras y aseguran su acceso a los recursos y al crédito. Señala que, para abordar la profundamente arraigada discriminación contra la mujer en las zonas rurales, es preciso que se imparta educación en derechos humanos tanto a los hombres como a las mujeres. Por último, expresa su preocupación de que, aunque la Ley de Gobiernos Locales estipula que debe reservarse a las mujeres un tercio de los escaños en los consejos locales, las mujeres siguen estando excluidas del proceso de adopción de decisiones en muchas comunidades.

La Sra. Goonesekere , tras observar que el pago del “precio de la novia” es una práctica común en Uganda, pese a la prohibición constitucional, dice que la clave para materializar la igualdad de derechos del hombre y la mujer en el matrimonio y en las relaciones familiares en la práctica, y como cuestión de principios, es el acceso a la educación. Los países que han logrado elevar la condición jurídica y social de la mujer y reducir la prevalencia de fenómenos perniciosos tales como el casamiento de niños, lo han hecho en parte introduciendo programas suficientemente financiados para expandir el acceso de las niñas a la educación, no sólo en el nivel primario, sino también en los niveles secundario y terciario.

La Presidenta, hablando en su capacidad de experta, dice que el Gobierno de Uganda merece felicitaciones por sus logros sumamente impresionantes en la lucha contra el VIH/SIDA. Sin embargo, le preocupa la persistencia de prácticas tradicionales tales como la poligamia, la sucesión de la esposa y la mutilación genital femenina, que pueden socavar los progresos hechos. El alto índice de mortalidad materna, a raíz de los abortos clandestinos, es inquietante. Por consiguiente, insta al Estado parte a que amplíe sus programas de educación para la formación de aptitudes vitales y expanda el acceso al control de la natalidad, tras observar que en la actualidad sólo el 30% disfruta de tal derecho. Pregunta si los métodos anticonceptivos se ofrecen gratuitamente, si están disponibles los métodos anticonceptivos modernos, como los preservativos, y si las pacientes que se presentan en los hospitales con complicaciones después de abortos inducidos están sujetas a sanciones.

Le ha preocupado la información de que se han introducido tarifas de usuario en los hospitales. Tras observar que una serie de países en desarrollo han introducido tales derechos en el marco de los programas de privatización de hospitales preconizados por las instituciones financieras internacionales, pregunta si ello se aplica a Uganda, y si algunos servicios, como el agua y el saneamiento, siguen siendo gratuitos.

La Sra. Zoe (Uganda) dice que se paga una tasa por el agua en las zonas urbanas y periurbanas. Los hospitales introdujeron derechos de usuario en 1989 para financiar la compra de más medicamentos y suministros médicos. El Gobierno, sin embargo, se opuso a las tasas, y desde entonces la participación del usuario en los gastos se ha abolido. Los anticonceptivos, que incluyen los preservativos masculino y femenino, están disponibles gratuitamente, si bien el índice de usuarios para el último dispositivo es bajo. En un país predominantemente católico romano, la cuestión de la legalización del aborto debe enfocarse con prudencia. Invita a que se entable un diálogo abierto y franco y que se dote a las jóvenes de las capacidades que se necesitan para evitar los embarazos no deseados. Lamentablemente, su Gobierno carece de suficientes recursos para sus programas de formación de aptitudes para la vida, a raíz de una reducción de la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La propagación del VIH/SIDA ha desalentado la práctica de los matrimonios prematuros, particularmente porque muchas mujeres actualmente reconocen públicamente su condición de seropositivas.

Su Gobierno asigna el 26% de su presupuesto a la educación, lo que refleja la importancia que asigna ese sector. El hecho de que las mujeres en Uganda ocupen actualmente cargos de decisión, incluido el de Vicepresidenta, demuestra el valor de la educación y ofrece un incentivo eficaz para las niñas y sus familiares. Según los estudios llevados a cabo por su Gobierno, el apoyo a la práctica del “precio de la novia” está desapareciendo. El propósito original se ha distorsionado debido a la mercantilización de esa práctica, y está de acuerdo en que debe suspenderse.

Con respecto a la participación política de la mujer, recuerda que su Gobierno, al adoptar el Estatuto Nacional del Consejo de Mujeres en 1993, estableció los consejos de mujeres, para permitir que éstas participen en la formulación y la aplicación de las políticas. Tras la última reforma legislativa, las presidentas de los consejos de distritos de mujeres automáticamente son miembros de sus consejos de gobierno locales. En relación con el examen legislativo y constitucional en curso, en el que según la costumbre sólo participan los hombres, se insiste en obtener las opiniones de las mujeres, y difundir sus cuestiones específicas.

En relación con la cuestión de la capacidad de las mujeres rurales para obtener créditos, dice que tradicionalmente no es común en su país utilizar la tierra como aval para los préstamos. Su organización está entablando nuevas negociaciones para permitir la copropiedad de la tierra por hombre y mujeres. En relación con la erradicación de la pobreza, dice que si bien la pobreza se ha reducido al 26% en Uganda, ese porcentaje todavía es inaceptable, ya que la gran mayoría de las personas que viven en la pobreza son mujeres y niños. Habida cuenta de la importancia de la población rural en un país agrícola como Uganda, la incorporación de las cuestiones de género en todos los asuntos de su economía agrícola es fundamental. En ese contexto, también insiste en la importancia de educar a las niñas pequeñas, y reitera el compromiso de su Gobierno hacia esa meta y hacia la meta global de la emancipación de la mujer.

Artículos 15 y 16

La Sra. Kwaku pregunta si el Gobierno está contemplando una legislación separada sobre violencia doméstica.

La Sra. Shin cita las disposiciones que promulga el Código Penal, en virtud de la cual se da a las mujeres casadas el derecho a mantenimiento, como una forma posible de sensibilizar mejor acerca de las responsabilidades del hombre en el sustento de su esposa e hijos, y pregunta si se han iniciado acciones penales u otras acciones jurídicas con el objeto de aplicar en la práctica esas disposiciones.

La Sra. González expresa su grave preocupación por la situación de la mujer en Uganda. Pese a las reformas y programas legislativos en curso, persisten las desigualdades entre el hombre y la mujer con respecto al acceso a los recursos monetarios, lo que provoca una erosión de la condición social de la mujer y muchos otros problemas sociales como la violencia doméstica, el precio de la novia, la denegación de oportunidades educativas para las niñas y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en todos los niveles de la sociedad.

La Sra. Goonesekere observa que las normas laborales internacionales se aplican en los tribunales de trabajo de Uganda, y pide que en el próximo informe de Uganda se indique si se aplican igualmente las disposiciones de la Convención en los tribunales de familia de Uganda. Señala que el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social podría facilitar ese proceso, colaborando con el Ministerio de Justicia para sensibilizar a los magistrados sobre la necesidad de basarse en la Convención en sus interpretaciones de casos judiciales relativos a la familia.

La Sra. Schöpp-Schilling pregunta si el Gobierno tiene el propósito de ratificar el Protocolo Facultativo y observa que, habida cuenta del interés en los derechos de la mujer anunciado por el Presidente, parecería adecuado un intento para obtener la ratificación durante el actual periodo legislativo de sesiones. Es más, pide que se adopten las medidas adecuadas para obtener la ratificación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, suprimiendo de esta manera los límites de tiempo para las reuniones del Comité.

La Sra. Livingstone Raday , abordando la cuestión del desfase entre la Constitución y el derecho de familia, observa que el derecho de familia consuetudinario en vigor con relación a la poligamia, el adulterio, la guarda de los hijos y la violación en el matrimonio parece contradecir la Convención, así como la Constitución de Uganda. Al perpetuar el régimen de familia patriarcal, el derecho de familia consuetudinario desfavorece gravemente a la mujer y contribuye fuertemente a la propagación de la pandemia del VIH/SIDA, a la cual las mujeres son particularmente vulnerables. Pregunta si el Gobierno está dispuesto a contemplar cambios en la legislación, o si, como forma para reformar la ley, no podría establecerse que las relaciones sexuales se limiten a una pareja única, método que el 49% de la población considera eficaz para prevenir la infección con el VIH.

La Sra. Bakoro (Uganda) dice que el desfase entre la Constitución y el derecho de familia en Uganda en gran parte es un legado del colonialismo; sólo podría superarse mediante un examen cabal y enmienda del Código Penal. Insiste asimismo en la necesidad de lograr un mayor consenso acerca de la definición de violación en el matrimonio.

Uganda ha ratificado recientemente el Protocolo Facultativo en el marco de los niños en los conflictos armados; su Ministerio ha de trabajar con los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores para obtener la ratificación en el marco de la Convención. Asegura asimismo a los miembros del Comité que sus preocupaciones sobre la aplicación de la Convención en el ámbito del derecho de familia serán comunicados a los órganos gubernamentales competentes.

Está totalmente de acuerdo en que el respecto a la mujer y el niño debe inculcarse en el contexto familiar, y cita la necesidad de ambiciosos programas psicosociales para abordar los problemas de las muchas víctimas de la violencia en Uganda en los últimos 30 años.

Con respecto a la aplicación efectiva de las disposiciones sobre mantenimiento que figuran en el derecho de familia, dice que en efecto se han iniciado ante los tribunales acciones penales contra autores de violaciones, lo que revela un problema más profundo, por cuanto no puede esperarse que los hombres contribuyan de forma útil al mantenimiento, cuando sus propios ingresos están por debajo del nivel de pobreza.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.