28° período de sesiones
Acta resumida de la 599ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 21 de enero de 2003, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados e informes periódicos quinto y sexto de El Salvador
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados e informes periódicos quinto y sexto de El Salvador (CEDAW/C/SLV/3-4, CEDAW/C/SLV/5, CEDAW/C/SLV/6 y CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.2)
La Presidenta invita a los miembros de la delegación de El Salvador a que tomen asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Marisol Argueta (El Salvador), presenta los informes de su delegación y destaca el compromiso de su Gobierno con el adelanto de la mujer. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1988 se ha avanzado considerablemente en la creación de una sociedad moderna, participativa y democrática, pese a que varios desastres naturales como el huracán de 1998 y dos terremotos consecutivos en 2001 fueron reveses importantes. Las consultas entre el Gobierno, la sociedad civil y los órganos internacionales sobre la creación de una política para la mujer comenzaron en 1989. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el órgano coordinador del Gobierno para los asuntos relativos a la mujer, se creó en 1996 y en 1997 se aprobó la Política Nacional de la Mujer. En dicha política se identifican 10 áreas de acción: la legislación, la educación, la salud, la participación ciudadana, la familia, el trabajo, la violencia en el hogar, la agricultura, la ganadería, la pesca, la alimentación, los medios de comunicación y la cultura y el medio ambiente. Se elaboró un plan de acción inicial para el período 1997-1999 y luego se puso en marcha un nuevo plan de acción para el período 2000-2004, en el marco del programa del Gobierno denominado “La Nueva Alianza”, con el objeto de incorporar las cuestiones de género a las políticas públicas.
Las mujeres representan más del 52% de la población y su Gobierno reconoce la importancia de aumentar su protagonismo en el proceso de adopción de decisiones, tanto en la esfera privada como en la pública. Por ese motivo en la Constitución se reafirma la igualdad de la mujer ante la ley y se prohíbe la discriminación basada en el género. Se han ratificado los principales instrumentos internacionales de las Naciones Unidas e interamericanos sobre los derechos de la mujer.
Si bien la participación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones ha ido creciendo, aquella se ha visto limitada por una cultura que favorece a los hombres. Sin embargo, los partidos políticos están abriendo sus filas a las mujeres, hace poco se creó un partido político dirigido por una mujer, y la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador, la Asociación de Juezas de El Salvador y la Asociación de Abogadas de El Salvador desempeñan un papel muy activo. La representación de las mujeres en el poder judicial es cada vez mayor, inclusive en los niveles más altos, y lo mismo ocurre en el Gobierno, la administración pública, el Banco Central de Reserva, en la Universidad nacional y en los gobiernos locales. Desde su creación en 1992, dos mujeres ocuparon el puesto de Procurador de Derechos Humanos. La presencia de las mujeres en las fuerzas armadas se extiende cada vez más ya que actualmente hay 51 cadetes de ese sexo, y lo mismo ocurre en la policía, en la que a fines de 2001 constituían el 7,1% de los efectivos.
En la esfera de la educación, la tasa de analfabetismo cayó del 23% al 15%, registrándose avances importantes en las zonas rurales. Las niñas y los niños gozan de iguales posibilidades de acceso a la educación y los indicadores correspondientes para el período 1990-2000 demuestran que se está avanzando en este sentido. El desafío más importante es reducir la tasa de deserción de los varones y las mujeres. Se han elaborado estrategias para mantener a las niñas en la escuela y asegurar la igualdad en todo el sistema escolar, incluidas las esferas técnica y profesional. El 99% del sistema de educación pública es mixto. Se alienta a las niñas a elegir carreras no tradicionales y se están desarrollando actividades para elaborar programas de enseñanza dirigidos a superar los obstáculos que dificultan el ingreso de las mujeres a las carreras no tradicionales.
Los programas de estudio y la capacitación de los docentes incluyen temas como la igualdad en materia de género, los derechos humanos, la salud mental, la prevención de la violencia y la educación sexual y reproductiva con vistas a promover la igualdad de oportunidades y eliminar los prejuicios sexistas. Como la mayoría de los embarazos adolescentes se producen en las jóvenes que no concurren a la escuela, se han elaborado estrategias con el sector privado, las iglesias, los medios de difusión y el sistema educativo para asegurar que las niñas permanezcan en la escuela. Las adolescentes embarazadas no pueden ser expulsadas con motivo de su gravidez y se están reformando las normas que establecen medidas disciplinarias discriminatorias contra las niñas. Se enseña a los estudiantes estrategias preventivas de cuidado de la salud y existe un proyecto concreto para las escuelas de padres y programas para los jóvenes sobre la sexualidad, la prevención del VIH/SIDA y la prevención de la violencia en el hogar.
Con respecto a la salud, la oradora dice que se ha dado prioridad a la salud maternoinfantil y la planificación familiar, haciendo hincapié especialmente en la salud de la mujer y la salud reproductiva, no sólo en el marco de la reforma del sistema de salud sino también en el de la familia, el lugar de trabajo y el sistema educativo. Se ha designado un funcionario encargado de la salud de la mujer cuya función es coordinar las actividades del Estado y de la sociedad civil para promover la salud de la mujer. Se ha decidido hacer hincapié en cinco esferas: la identificación de las prioridades sanitarias de las mujeres; la organización de servicios de salud para las mujeres; la gestión, supervisión y evaluación de la atención de salud para las mujeres; la descentralización y financiación sobre la base de las necesidades detectadas, en especial para las mujeres y los niños. Las medidas de salud preventiva para la mujer insumen el 35% de los fondos asignados y desde junio de 2002 estos servicios se prestan gratuitamente. Actualmente el 36% de los hospitales y centros de atención básica de la salud están dirigidos por mujeres.
Se ha fortalecido las redes comunitarias y las parteras prestadoras de servicios de salud han recibido capacitación especial para atender a las mujeres y los niños. Se han mejorado los servicios de maternidad de los hospitales a fin de de identificar los factores de riesgo y reducir la morbilidad y la mortalidad maternas. Se ha establecido un sistema de supervisión de la mortalidad materna en los 28 hospitales públicos con el objeto de reforzar la atención materna, en especial en los hospitales dañados por los terremotos. Las tasas de mortalidad materna bajaron a 62 por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, las principales causas de la mortalidad materna siguen siendo fácilmente evitables.
A fin de mejorar el valor nutritivo de los alimentos básicos se han coordinado los esfuerzos con el sector agroindustrial para mejorar la salud de las mujeres y los niños mediante el uso de la sal yodada, el azúcar enriquecido con vitamina A y la harina enriquecida con hierro. Además, se ha creado un instituto nacional de salud mental, integrado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en el que funcionan cinco comités intersectoriales con el objeto de abordar las cuestiones relativas a la salud mental.
El Salvador ha ratificado las siguientes convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): El Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; el Convenio No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; el Convenio No. 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares; y el Convenio No. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Con respecto a este último, se han identificado esferas prioritarias como la explotación sexual, la pesca y la industria marisquera y los sectores de los fuegos artificiales, la basura, el café y el azúcar. Un comité integrado por representantes del Estado, la sociedad civil, el sector del trabajo y las empresas está redactando un plan nacional para la erradicación gradual de las peores formas de trabajo infantil.
Desde el 2000 se han abierto tres oficinas en las zonas francas y en las zonas exentas de derechos de aduana para proteger los derechos de las trabajadoras y cumplir funciones de mediación entre ellas y los empleadores. Se ha creado una oficina de supervisión y evaluación de las relaciones laborales con el objeto de estudiar el mercado de trabajo e influir en las políticas, especialmente en las zonas francas. Se elaboró una política nacional sobre riesgos profesionales a fin de garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras y se fortalecieron los comités de seguridad en los lugares de trabajo y las actividades de capacitación conexas. El objetivo del Gobierno es promover la participación de la mujer en el mercado de trabajo en un pie de igualdad con los hombres. La delegada señala que actualmente las mujeres predominan en el sector de la microempresa. Los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores también están protegidos por ley, y en una iniciativa reciente los consulados ubicados en el exterior se dedicaron a recaudar pagos de pensiones alimenticias y asistencia de los padres varones que viven fuera del país.
Su Gobierno ha adherido a los objetivos de desarrollo social de las Naciones Unidas. El Banco Mundial considera que El Salvador es uno de los tres países de América Latina que está logrando avanzar satisfactoriamente y si esa tendencia se mantiene su país podrá cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio para 2015. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha calculado que el índice de desarrollo de El Salvador es de 0,706, al tiempo que toma nota de los efectos devastadores de los desastres naturales de los últimos años. Sin embargo, el índice ha aumentado y actualmente El Salvador ocupa el puesto 104 sobre 173 países.
El Salvador es parte en la Convención y también en otros instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El nuevo Código de Familia de 1994 reemplaza leyes anteriores de carácter discriminatorio. Garantiza la igualdad, reconoce el valor del trabajo de la mujer en el hogar y desliga a la mujer de la obligación de permitir que el marido elija el domicilio de la familia. Se han establecido nuevas disposiciones no discriminatorias en relación con el divorcio y se han aprobado leyes para combatir la violencia en el hogar.
Se ha encomendado al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) la tarea de coordinar las actividades dirigidas a eliminar la violencia en el hogar. También se han realizado reformas jurídicas importantes: el Código de Trabajo, el Código de Salud, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley General de Educación y la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. En cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia Beijing + 5, se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar con vistas a crear conciencia sobre este tema y prestar servicios a las víctimas. En 2000, el Instituto también creó una comisión jurídica interinstitucional encargada de armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales.
El desarrollo pleno de las mujeres salvadoreñas no depende sólo del Gobierno sino también de la participación efectiva de la sociedad en su conjunto a fin de superar los estereotipos. Su Gobierno está empeñado en asegurar el adelanto de la mujer y confía en que podrá seguir manteniendo una relación y un diálogo positivos con el Comité.
La Presidenta agradece a los miembros de la delegación por su exposición y dice que lamentablemente las respuestas por escrito a la lista de cuestiones elaborada por el Comité (CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.2) todavía no están traducidas. La oradora insta al Gobierno de El Salvador a que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo complementario a la Convención y la enmienda al párrafo 1 del artículo 20.
Si bien se han logrado avances en el nivel de participación de las mujeres en la magistratura y en el poder legislativo, todavía quedan problemas sin resolver para asegurar la igualdad de la mujer en las esferas de la educación, la salud y las cuestiones socioculturales. Reconoce que los conflictos y los desastres naturales son una pesada carga para las sociedades y los Gobiernos y muchas veces tienen efectos desproporcionados en la vida y los derechos de las mujeres. Sin embargo, estas situaciones son una buena oportunidad para que las mujeres puedan superar los estereotipos tradicionales y desempeñar nuevos roles al tiempo que contribuyen a la reconstrucción de la sociedad. Confía en que el Gobierno de El Salvador siga redoblando sus esfuerzos en favor del adelanto de la mujer.
Artículos 1 a 6
La Sra. Ferrer Gómez dice que a raíz de los desastres naturales recientes ocurridos en El Salvador, el plan de desarrollo correspondiente al período 2002-2004 tuvo que reorientarse hacia la construcción. Desea recibir más información y cualquier estadística disponible sobre la forma en que se han tenido en cuenta las necesidades de la mujer en las esferas del empleo, la salud mental y el apoyo a las jefas de familias monoparentales. Tampoco queda claro si el Gobierno tiene un plan integral de mitigación de la pobreza, y en caso afirmativo, desea saber si el plan hace hincapié en las mujeres que viven en la pobreza.
En relación con el marco jurídico dice que tanto en la Constitución como en las leyes no aparece el concepto de discriminación como tal y se pregunta si se tiene previsto incluir una definición de discriminación en la Constitución. Desea saber si en los casos de violencia en el hogar la reconciliación de las partes significa que el agresor no será sancionado. Asimismo, pregunta si el ISDEMU, el órgano nacional encargado de las políticas para la mujer, tiene la facultad de hacer cumplir los compromisos y cuál es el nivel de sus asignaciones presupuestarias. Por último, verá con agrado que la delegación presente información sobre los planes y programas dirigidos a las mujeres indígenas en las zonas rurales.
La Sra. González Martinez señala que en el artículo 3 de la Constitución se establece el principio de la igualdad, pero como la enumeración de los motivos por los cuales se prohíbe la discriminación no es exhaustiva, se pregunta si incluye la situación económica, social y cultural. Está muy complacida de que la Asamblea Nacional esté examinando el Protocolo Facultativo pero desea saber por qué no ha sido ratificado.
La prostitución ha sido tipificada como delito, pero desea saber si también se sanciona a los clientes y cómo se protege a las prostitutas de la violencia y la explotación. Por último, pregunta si se ha declarado ilegal la trata de personas.
La Sra. Shin desea más información sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de los informes y de qué manera se los hace públicos, lo mismo que la Convención. También desea más información sobre los aspectos operacionales del ISDEMU, incluidas las estructuras de gestión, el personal y los recursos, y cómo superó los obstáculos que seguramente tuvo que enfrentar.
El Sr. Flinterman pregunta si El Salvador proyecta retirar las reservas formuladas sobre el artículo 29 de la Convención. También desea saber en qué plazo se ratificará el Protocolo Facultativo.
La Sra. Tavares da Silva dice que desea saber más sobre la relación y las interacciones entre la Política Nacional de la Mujer, con sus diez áreas de acción, y la Plataforma de las Mujeres Salvadoreñas. Asimismo se pregunta si los términos “equidad” e “igualdad” se emplean como sinónimos, pues según ella en lo esencial su significado no es el mismo. También desea recibir información sobre la trata.
La Sra. Morvai pregunta si el ISDEMU es el organismo rector del Gobierno para la aplicación de la Convención y la Plataforma de Acción de Beijing y si tiene responsabilidades en la esfera de las políticas. Desea saber el monto de las asignaciones presupuestarias del programa “La Nueva Alianza” y si se ha recibido apoyo internacional para aplicar los planes aprobados en la Conferencia Beijing+5. Por último pregunta si la Convención es parte de los planes de estudio de la Facultad de Derecho.
La Sra. Gnacadja pregunta si los tribunales de familia tienen competencia en los casos de violencia familiar y si pueden asegurar que la ley proteja a las víctimas. Desea saber si las mujeres de las zonas rurales tienen acceso a los tribunales y si formular una denuncia sobre violencia en el hogar entraña algún costo.
La Sra. Saiga pregunta sobre la situación jurídica del ISDEMU, la forma en que se designa al director y cuáles son sus atribuciones. Desea saber si el ISDEMU puede presentar proyectos de ley directamente al Parlamento.
La Sra. Argueta (El Salvador), en respuesta a las preguntas sobre el ISDEMU, dice que el Instituto depende de la Secretaría Nacional de la Familia y está integrado por los ocho ministerios cuyas actividades tienen que ver con los asuntos relativos a la mujer, que comprenden a los Ministerios de Educación, Trabajo y Agricultura. Lo integran cuatro comités operacionales, uno de los cuales se encarga de la aplicación de la Convención. La Junta Ejecutiva tiene a su cargo la coordinación general y la coherencia. En su condición de órgano de políticas, su presupuesto es reducido, pero todos los ministerios interesados han asignado una cifra total de 1 millón de dólares a la ejecución de proyectos conexos. El presupuesto también se complementa con la asistencia internacional, pero últimamente buena parte de esos fondos se destinaron a las actividades de socorro en casos de desastre. Después de los terremotos recientes se ha dado prioridad a la asistencia de las mujeres jefas de hogar, especialmente para reconstruir sus hogares.
En cuanto al artículo 3 de la Constitución, que incluye disposiciones relativas a la igualdad, los derechos no han sido clasificados por categoría y se han incluido los derechos económicos, sociales y culturales. El Salvador también es parte en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. La recomendación de incluir una definición de discriminación en la Constitución será examinada en el proceso de reforma constitucional. Todas las enmiendas deben ser aprobadas en dos sesiones de la Asamblea Nacional. Con respecto a la adopción del Protocolo Facultativo, se necesita una mayoría de dos tercios de los diputados. En las próximas elecciones parlamentarias ese tema será uno de los más importantes para el nuevo Parlamento. Actualmente no se está considerando el retiro de la reserva formulada con respecto al artículo 29 de la Convención.
En cuanto a las preguntas sobre la legislación relativa a la prostitución, se han aprobado leyes que penan a quienes lucren con la explotación de las prostitutas. En 2002 se aprobaron leyes contra la trata de personas que establecen penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
La Sra. Argueta (El Salvador) dice que la cuestión de la trata de personas es una preocupación prioritaria para el Gobierno de su país. Como resultado del conflicto que afectó al país durante más de 10 años, y también por causa de los terremotos, muchos ciudadanos salvadoreños han emigrado, de los cuales más de 1 millón han ido a los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores está dando atención prioritaria a los derechos humanos de los trabajadores migrantes y ha firmado acuerdos que regulan la situación de los emigrantes salvadoreños en los países de tránsito como Guatemala y México. El Salvador también ha firmado varios acuerdos de cooperación sobre la trata de personas para proteger a los migrantes y está alentando resueltamente a los países de destino a que adopten medidas para proteger a los migrantes salvadoreños y regularicen su situación legal. Cabe citar como ejemplos, los Estados Unidos, Suecia, Italia y España, cuyas comunidades de inmigrantes salvadoreños son muy numerosas. El Salvador, ha firmado el Protocolo Facultativo sobre la trata de personas, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La delegada confía en que la Asamblea Legislativa ratificará estas decisiones como cuestión prioritaria.
El Salvador proporciona servicios médicos y de salud gratuitos a las personas que ejercen la prostitución. El Ministerio de Salud ejecuta programas para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y organiza actividades de orientación y creación de conciencia en esa esfera. En El Salvador las actitudes hacia la prostitución son muy variadas y van desde quienes la rechazan por completo hasta quienes creen que debe ser legalizada. Se aplican sanciones a las personas que promueven la prostitución y también existen normas a nivel local que la prohíben en los lugares públicos.
Con respecto al acceso de las mujeres a la justicia, especialmente en las zonas rurales, la delegada dice que el ISDEMU ofrece programas de capacitación a la policía sobre la Convención, la legislación relativa a la violencia en el hogar y otras normas que garantizan los derechos de la mujer y su desarrollo efectivo. El sistema jurídico de El Salvador establece sanciones penales para los responsables de la violencia en el hogar contra las mujeres y los niños. Con respecto a la diferencia entre la equidad y la igualdad dice que el ISDEMU considera que la equidad es un medio para lograr la igualdad garantizada en el artículo 3 de la Constitución de El Salvador. En consecuencia, los dos términos no son sinónimos en el idioma español ya que el concepto que representa el primero es condición necesaria para lograr el concepto representado por el segundo.
La Plataforma de las Mujeres Salvadoreñas, presentada por la sociedad civil, ha desempeñado un papel fundamental en la formulación de la política nacional y supuso meses de trabajo de la organizaciones no gubernamentales, gubernamentales e internacionales. Así, en definitiva, la política nacional relativa a la mujer fue aprobada mediante un proceso consensual. La Convención se ha dado a publicidad y se ha distribuido mediante panfletos y libros que contienen su texto así como información sobre toda la legislación nacional e internacional que regula y protege los derechos de la mujer. El ISDEMU se reúne todos los meses y los principales obstáculos para su labor tienen que ver con las evaluaciones y la eficacia en la supervisión. En consecuencia, se ha creado una comisión de supervisión y evaluación, una de cuyas primeras tareas fue elaborar un mecanismo de supervisión que fuera accesible al público en el sitio del ISDEMU en la Red. Actualmente el Gobierno está descentralizando la labor de todas las instituciones. La reducción de costos en todas las instituciones del Estado ha tenido un efecto negativo en el presupuesto del Instituto. No hay duda de que El Salvador necesita asistencia de la comunidad internacional en lo que se refiere a los recursos financieros y los recursos técnicos y humanos especializados.
Con respecto a la salud mental, señala que la Organización Panamericana de la Salud otorgó a El Salvador el premio anual George Alleyne por implantar un programa especial de salud mental en los servicios de atención de salud nacionales durante el período inmediato posterior a los terremotos, en el que muchos salvadoreños sufrieron traumas importantes. Además, se ha creado una nueva entidad, la Junta Nacional de Salud Mental, con el objeto de aplicar y actualizar los programas de salud mental del país.
El Gobierno considera que la mejor manera de reducir la pobreza es generando oportunidades de empleo. En consecuencia, su país adoptó una política de liberalización de sus relaciones comerciales internacionales y aumento de las inversiones extranjeras con vistas a crear más puestos de trabajo y lograr que la fuerza de trabajo de El Salvador sea más competitiva. También participa activamente en la formulación de normas internacional de protección de los trabajadores. Con respecto a la aplicación de un enfoque de género en el Estado, el principal logro del ISDEMU ha sido el establecimiento de cursos de capacitación permanente en todos los órganos de la administración pública a fin de asegurar que todo el personal siga tomando conciencia de las normas internacionales que protegen a las mujeres y promueven su desarrollo.
La Sra. de Innocenti dice que la Junta Directiva del ISDEMU está encabezada por un ministro e integrada por ministros y viceministros y representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales nacionales, elegidas por una asamblea general de organizaciones no gubernamentales. La Junta Directiva, que se reúne una vez por mes, consultó a las organizaciones no gubernamentales para preparar los informes periódicos de El Salvador. Los 12 miembros de la Junta Directiva del ISDEMU integran varias comisiones que trabajan en temas específicos correspondientes a determinadas esferas y presentan propuestas a la Junta. La Junta debe elegir a su Director. El principal obstáculo que debe enfrentar el Instituto es que el presupuesto es muy reducido. Con respecto a los mecanismos de trabajo, el ISDEMU tiene 107 funcionarios permanentes y periódicamente se convoca a diversos consultores para que presten asistencia en cuestiones específicas. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva trabaja con contrapartes especializadas de los distintos ministerios cuya función es la ejecución de determinadas tareas. Se reúnen en el mes diciembre para pasar revista a los logros y fracasos del año. También hay una red de comunicadores de todas las instituciones del Estado, que se reúnen mensualmente y cuya función es publicar su labor en relación con la Convención, las leyes nacionales, la política nacional sobre la mujer y la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Los sucesivos Gobiernos ajustan el plan de acción periódicamente pero la política relativa a la mujer no se modifica.
La oradora comparte la preocupación del Comité con respecto a la diferencia entre la equidad y la igualdad y tiene conciencia de que la distinción entre ambas palabras ha sido objeto de un intenso debate. Al definir la palabra igualdad, dice que si bien, según la Constitución, todos los ciudadanos salvadoreños nacen iguales, es evidente que algunos no pueden competir con otros en pie de igualdad porque su nivel de educación es más bajo, porque no pueden acceder a los servicios de atención de salud o porque no tienen las mismas oportunidades económicas. La mayoría de quienes están en esas condiciones son las mujeres, las muchachas jóvenes y los ancianos, que indudablemente están en una situación de desigualdad. En cambio, la palabra equidad se refiere a lo que aporta el Estado para que esas personas puedan competir en pie de igualdad con otras. Un ejemplo de ello es la disponibilidad de guarderías para las madres que desean concurrir a la escuela.
Con respecto a la protección jurídica que se brinda a las mujeres víctimas de violaciones, señala que 70 de los 107 funcionarios del ISDEMU trabajan en siete oficinas regionales. La policía, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales y el personal del Ministerio de Salud brindan los servicios conexos. Existe una línea telefónica de ayuda para denunciar los incidentes de maltrato en el hogar y tanto las víctimas como los victimarios reciben atención en crisis y orientación. Si se trata de un acto delictivo, las personas involucradas son entregadas a la justicia. Las madres y los niños cuya vida corra peligro son alojados en refugios hasta que el caso se resuelva. Los miembros del ISDEMU también participan activamente en la atención de la salud mental y en las redes locales con el objeto de luchar contra el maltrato en el hogar. En 2002 se estableció un plan nacional de lucha contra la violencia, en cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia Beijing+5. Los 70 funcionarios regionales del ISDEMU brindan capacitación especializada en todas las esferas relativas a la igualdad en materia de género. Se están ampliando los servicios a fin de abarcar a todo el país y facilitar el acceso de quienes viven en las regiones más remotas. Se están haciendo esfuerzos por reestructurar los servicios, especialmente mediante la habilitación de quienes trabajan a nivel local.
El Sr. Avelar Bermúdez (El Salvador) dice que la legislación de su país prohíbe la discriminación por motivo de género en los lugares de trabajo. La Constitución incluye un capítulo dedicado exclusivamente el empleo, en el cual se usa el término “trabajador”, genérico en el idioma español, para referirse tanto a los hombres como a las mujeres. El Salvador ha adherido a varios instrumentos internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza la igualdad de trato a los empleados de ambos géneros.
El Gobierno considera que la mejor manera de reducir la pobreza es generando empleos. A esos efectos, se han establecido programas de creación de la capacidad con el objeto de brindar mayor capacitación a la fuerza de trabajo. En un principio, las más beneficiadas por estos programas fueron las mujeres. Lamentablemente, después de los terremotos, los programas se suspendieron para que todos los recursos disponibles pudieran emplearse en la reconstrucción de la infraestructura del país.
La Sra. Padilla de Escobar (El Salvador) dice que después de los terremotos se adoptaron medidas de corto plazo para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud reproductiva y mental. Se crearon comités de expertos, integrados por profesionales de la salud y trabajadores sociales y se organizaron equipos móviles de atención de salud con el objeto de tratar a las mujeres que viven en las zonas rurales y en los refugios. También se crearon equipos móviles especializados en la atención de la salud reproductiva cuyas funciones comprenden la difusión de información sobre la planificación familiar con vistas a evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. En las zonas más alejadas también están operando equipos de emergencia para los partos. Reducir los efectos de las enfermedades evitables y la tasa de mortalidad materna son factores fundamentales que pueden afectar el desarrollo humano de El Salvador.
El 10% de la población de El Salvador es indígena y el Gobierno estuvo colaborando con las organizaciones y los grupos indígenas para elaborar un plan de acción dirigido a reducir la tasa de mortalidad materna de las mujeres indígenas. En el departamento de Sonsonate se está ejecutando una iniciativa similar en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente, se están encarando actividades de creación de la capacidad en la esfera de la obstetricia y también se están realizando esfuerzos para asegurar que la población indígena tenga acceso tanto a la medicina tradicional como a la convencional.
La Sra. Argueta (El Salvador), respondiendo a la pregunta de la Sra. Morvai, dice que el presupuesto del plan del Gobierno denominado “La Nueva Alianza” es de 13.000 millones de dólares.
Con respecto a la cuestión de la explotación sexual, la delegada reconoce que El Salvador carece de legislación adecuada para abordar el problema a nivel nacional. Sin embargo, informa al Comité de que se ha presentado a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley sobre la prevención de la explotación sexual de los menores.
En el artículo 27 de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar se dispone que deberán realizarse audiencias preliminares durante las cuales el juez pueda dialogar tanto con la víctima como el agresor acerca de los efectos de la violencia en el hogar sobre la familia y explicar las penas que corresponden.
La Sra. Manalo insta al Estado que presenta el informe a cumplir más puntualmente con sus obligaciones en materia de presentación de informes. Las respuestas a la lista de cuestiones se presentaron muy tarde privando al Comité de la posibilidad de entablar un diálogo sustantivo con los representantes de El Salvador y dando la impresión de que no toman el tema de la igualdad en materia de género con la seriedad debida.
En relación con el artículo 7 de la Convención, señala que según el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2002 del PNUD, El Salvador se ubica en el puesto 52 sobre un total de 66 países en relación con el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) lo que significa que no ha logrado romper lo suficiente con los sistemas y estructuras que obstaculizan la inclusión de la mujer en el proceso de adopción de decisiones y les impiden acceder a la función pública. La oradora pide al Estado que presenta el informe que explique las medidas que se están adoptando para resolver esa situación.
Se manifiesta decepcionada de que en el Plan de Acción 2000-2004 para la ejecución de la Política Nacional de la Mujer no se haya adoptado un enfoque holístico con respecto al adelanto de la mujer. La capacitación por sí sola no es suficiente para lograr ese objetivo y pregunta si el plan de largo plazo del Gobierno en la esfera de la igualdad en materia de género incluye la adopción de medidas de patrocinio y si se prevén programas para alentar a las muchachas jóvenes a encarar una carrera política. También desea saber si se emplearán los medios de difusión salvadoreños como instrumento para modificar las actitudes del público hacia la mujer. En el sexto informe no se hace referencia a la participación de las mujeres en los gobiernos locales, por lo que desea recibir información sobre la situación actual.
En relación con el artículo 8 de la Convención, dice estar sorprendida de que sólo uno de los embajadores de El Salvador sea una mujer, especialmente si se tiene en cuenta que el puesto de Ministro de Relaciones Exteriores está ocupado por una mujer. Pregunta si el Gobierno ha establecido algún programa para alentar a las mujeres a seguir la carrera diplomática.
En relación con el artículo 9 de la Convención, señala que la política del Estado que presenta el informe en materia de ciudadanía no es muy clara y pregunta sobre las medidas adoptadas para asegurar la protección y la transmisión de la nacionalidad de la mujer. Según el sexto informe, se reconoció que el sexismo implícito en la terminología utilizada en la mayor parte de la legislación nacional, incluida la Constitución, puede traer aparejada la marginación de la mujer o impedir que se las tome en cuenta en relación con la protección que pueden proporcionar. Solicita ejemplos concretos de la terminología mencionada.
Por último, señala a la atención del Estado que presenta el informe la importancia de emplear una terminología adecuada en los informes y dice que varias oportunidades se empleó la palabra “equidad” en lugar de la palabra “igualdad”.
La Sra. Kapalata señala que el número de alcaldesas se redujo entre 1994 y 1997. Desea saber si esta disminución se debe a los desastres naturales ocurridos en el país y si se está adoptando alguna medida para recuperar el equilibrio en esta cuestión.
En relación con el artículo 8 de la Convención dice que desea recibir más estadísticas sobre la participación de la mujer en los asuntos internacionales e insta al Estado que presenta el informe a que en el próximo incluya datos desglosados. En vista de que el número de mujeres salvadoreñas que participan en la diplomacia o en la labor de las organizaciones internacionales es muy reducido no hay margen para la complacencia.
La Sra. Achmad pregunta si en el futuro se adoptarán medidas de patrocinio para aumentar la participación de la mujer en la vida política. Reitera la importancia de lograr la igualdad en los hechos en esa esfera y subraya la necesidad de evitar que las tendencias se reviertan. Desea saber qué organización es responsable de supervisar la participación política y cómo coordina sus actividades con las de otros organismos que actúan en la misma esfera. También pregunta sobre el grado de participación femenina en órganos que no sean órganos ejecutivos del sector público y cómo se supervisa.
Según el sexto informe la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador ha desarrollado actividades de capacitación de líderes políticas. Desea saber si esas actividades se han orientado a mujeres que ya son miembros de los partidos políticos o a las que todavía no han comenzado a participar en la política.
Por último, observa que las organizaciones de mujeres han organizado iniciativas para proporcionar capacitación en la planificación de políticas de participación en el plano local. Pregunta si esas iniciativas se llevan a cabo en asociación con los gobiernos locales y si existen planes similares a nivel nacional.
La Sra. Popescu Sandru señala que se han logrado algunos progresos en cuanto a la participación igualitaria de la mujer en la vida política pero señala que la proporción de mujeres designadas para cubrir puestos de primera línea en los ministerios sigue siendo baja y que muy pocos dirigentes de los partidos políticos más importantes son mujeres. Desea saber qué medidas se han elaborado en el marco del Plan de Acción 2000-2004 para corregir esa situación. También pregunta si se ha reducido el número de mujeres miembros de la Asamblea Legislativa y cuál es la tasa de participación de las mujeres indígenas en la vida política.
Con respecto a las medidas especiales de carácter temporal, se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley en que se modifica el Código Electoral, según el cual se exigirá que los partidos políticos aseguren que el 40% de sus candidatos a puestos electivos sean mujeres. Desea saber si el proyecto ha sido aprobado, y en caso afirmativo, si alguno de los partidos políticos ha comenzado a aplicarlo.
Por último, pide información sobre la participación de la mujer en la vida económica del país. Desea saber, por ejemplo, cuántas mujeres son directoras de empresas y qué proporción de las que participan en pequeñas empresas son empleadoras.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.