Comité de los Derechos del Niño

54º período de sesiones

25 de mayo a 11 de junio de 2010

Respuestas por escrito del Gobierno de Guatemala a la lista de cuestiones (CRC/C/GTM/Q/3-4) preparada por el Comité de los Derechos del Niño en relación con el examen de los informes periódicos tercero y cuarto de Guatemala (CRC/C/GTM/Q/3-4) *

[Recibidas el 15 de abril de 2010]

I. Introducción

El Estado de Guatemala presenta las siguientes respuestas a la lista de cuestiones relativa a los 3º y 4º informes del Estado presentados ante el Comité de los Derechos del Niño en abril de 2008, a solicitud de dicho Comité.

La elaboración de las respuestas de Estado es el resultado de un proceso participativo coordinado por la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Bienestar Social como ente rector de la niñez y de la adolescencia guatemalteca (SBS), contando con la asesoría y apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala. El proceso en mención contó con la participación de las diferentes instituciones gubernamentales que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia, el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

El proceso permitió realizar un ejercicio de evaluación y diálogo entre los actores principales responsables de garantizar la plena vigencia y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país.

II. Metodología para la elaboración de respuestas

La recopilación de información se desarrolló por medio de la elaboración de cuestionarios específicos para cada institución, tomando como base la lista de cuestiones enviada por el Comité, con el objetivo de adaptar los cuestionamientos al quehacer de cada institución. Asimismo, se realizó una primera reunión informativa acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño y el sistema de evaluación de los informes periódicos presentados ante el Comité correspondiente, el 16 de marzo del año en curso con instituciones gubernamentales, en acompañamiento de representantes del Organismo Judicial y Ministerio Público.

Se realizaron 5 talleres, los días 24, 25, 26, 27 y 29 de marzo del año en curso, que identificaron, por medio de las experiencias de las diferentes instituciones, sus fortalezas y debilidades para incidir e implementar acciones a favor de la niñez y adolescencia guatemalteca.

Las instituciones participantes en las actividades antes descritas son las siguientes:

Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia

Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas

Secretaría de Bienestar Social

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Ministerio de Educación

Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación

Defensoría de la Mujer Indígena

Sala de la Niñez y de la Adolescencia, Corte Suprema de Justicia

Ministerio de Gobernación

Policía Nacional Civil

Ministerio Público, Fiscalía de Menores o de la Niñez y Fiscalía contra la Trata de Personas

Consejo Nacional de Adopciones

Secretaría Presidencial de la Mujer

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Finanzas Públicas

III. Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

A.Parte I

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CRC/C/GTM/Q/3-4)

Asignación presupuestaria

En relación con la asignación presupuestaria, el Estado de Guatemala resalta la importancia del proceso de formulación del presupuesto anual, en el que participan varios actores que permiten definir las orientaciones, normas y procedimientos que regirán el ejercicio presupuestario a formularse.

En ese sentido, el Congreso de la República es quien discute, modifica y aprueba o desaprueba el proyecto de presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo, quien elabora este proyecto tomando como base los planes operativos anuales de objetivos y actividades que se realizarán en el año, así como las entidades de gobierno central, descentralizadas y autónomas.

Por lo anterior, la asignación presupuestaria obedece al requerimiento específico de cada institución de acuerdo con la presentación de su planificación anual y los productos reportados.

En este contexto es de suma importancia establecer que el presupuesto del Estado de Guatemala para el 2010, es de 49.723.107.632 quetzales, cantidad que el gobierno considera insuficiente para cubrir todas las necesidades de la población guatemalteca. En ese sentido, el gobierno ha presentado varias propuestas para emprender una reforma fiscal que le permita aumentar la recaudación fiscal y ha establecido mesas de diálogo para el impulso de las mismas; actualmente se tiene en debate en el Congreso de la República la última propuesta presentada por el Organismo Ejecutivo, que tiene como objetivo la mejora en la captación de recursos para que el Estado pueda cumplir todas sus obligaciones.

En el caso de entidades descentralizadas, autónomas y municipales, el proceso de discusión y aprobación de su presupuesto serealiza en diferentes instancias y son aprobados por el OrganismoEjecutivo a través de un Acuerdo Gubernativo antes de pasar a la discusión del presupuesto general ante el Congreso de la República.

Para las municipalidades es directamente aplicable el Código Municipal, DecretoNo. 12-2002, el cual define la organización, gobierno, administración y funcionamientode los municipios. Aun cuando las municipalidades son autónomas, su sistemafinanciero se rige conforme los lineamientos y metodología establecidospor el Ministerio de Finanzas Públicas.

Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo al requerimiento específico del Comité, se incluye a continuación un cuadro comparativo de la orientación del gasto social durante el período comprendido del 2007 al 2009 en nuestro país.

Tabla 1

Presupuesto anual principales ministerios

Millones de quetzales

Institución	2007	2008	2009
Ministerio de Salud y Asistencia Social	3 . 066 , 90	3 . 607 , 40	4 . 506 , 00
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	2 . 837 , 00	3 . 278 , 30	3 . 754 , 30
Ministerio de Educación	7 . 075 , 60	8 . 088 , 00	10 . 572 , 20

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas/Dirección Técnica del Presupuesto .

Tabla 2

Distribución presupuestaria por región geográfica

Año 2008

En Quetzales

Descripción	Departamentos de cada r egión	Ejecutado	% del t otal	Población de cada r egión	Gasto p er cápita
REGIÓN I METROPOLITANA REGIÓN II NORTE REGIÓN III NORORIENTE REGIÓN IV SURORIENTE REGIÓN V CENTRAL REGIÓN VI SUROCCIDENTE REGIÓN VII NOROCCIDENTE REGIÓN VIII PET É N MULTIREGIÓNAL	Guatemala Baja y Alta Verapaz Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos Huehuetenango, Quiché Petén Multiregional	11 . 625 . 891 . 234, 49 1.085.517.577,66 1.494.552.310,60 1.387.656.893,07 1.409.898.419,26 3.668.133.215,70 1.598.663.294,55 701.587.123,35 13.141.245.515,79	27 , 25 2 , 54 3 , 50 3 , 25 3 , 30 8 , 60 3 , 75 1 , 64 30 , 80	2.541.581 992.161 956.448 933.381 1.232.898 2.711.938 1.502.054 366.735	4.574,28 1.094,09 1.562,61 1.486,70 1.143,56 1.352,59 1.064,32 1.913,06

Fuente: Guía Práctica para el Análisis del Presupuesto. Julio 2009. Datos reportados por el SICOIN/INE

a.Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia

La ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), establece que la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA), para su funcionamiento, debe contar con un Reglamento y con recursos provenientes de:

(a)Aportes de la Secretaría de Bienestar Social, para cubrir los gastos de funcionamiento que sean necesarios;

(b)Aportes o subvenciones ordinarias o extraordinarias que reciba del Estado y otros organismos nacionales e internacionales;

(c)Donaciones de personas individuales o jurídicas.

Desde su instalación en el 2004, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional ha recibido del presupuesto nacional la cantidad Q 55.000,00 anualmente y aportes económicos de organismos cooperantes como UNICEF y Visión Mundial.

En 2008 se incrementó sustancialmente la asignación presupuestaria que la Secretaría de Bienestar Social otorgó a la Comisión, debido a la incidencia que se hizo a través de la Junta Directiva de la CNNA, y se programó para su ejecución la cantidad de Q 465.002,45.

Para el 2009, el gobierno central había programado un aumento en la asignación presupuestaria hasta Q 1.000.000,00; sin embargo, los problemas económicos a nivel nacional y la poca captación de recursos públicos, determinaron que nuevamente se asignara la cantidad de Q 465.002,45. Para 2010, el Congreso de la República no aprobó la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, por lo que se vuelve a funcionar con las asignaciones presupuestarias de 2009.

b.Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

El 18 de febrero de 2009 fue emitida la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009 del Congreso de la República, la cual tiene como objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, así como proporcionar la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

La citada norma establece la creación e instalación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia de la República, teniendo dentro de sus principales funciones la de servir de órgano asesor y ser un ente de prevención, protección, atención y sanción, para lo cual debe diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de información y sensibilización eficaces, estratégicas, constantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el género, la diversidad cultural y étnica y los factores de vulnerabilidad de cada región del país, la edad, la cultura, el idioma de los destinatarios de la información y la comunidad en que se brinde.

La Ley aprobada entró en vigencia en abril del 2009, por lo que dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de Guatemala que se aprueba en noviembre de cada año, no se dejó contemplado el presupuesto de la SVET correspondiente al 2009. Para 2010, el Congreso de la República no aprobó la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, por lo que se vuelve a funcionar con las asignaciones presupuestarias de 2009, por lo anterior, el presupuesto de la Secretaria se encuentra en revisión para el presupuesto 2011.

La asignación presupuestaria de la Secretaría es de 5.000.000 de quetzales (aproximadamente 625.000 dólares), del que se ha destinado Q 2.500.000 (aproximadamente 312,500 dólares) para el resarcimiento de víctimas.

La SVET actualmente se encuentra trabajando en el diseño del programa de resarcimiento a víctimas, proceso que cuenta con la asesoría y apoyo técnico del UNICEF y Save the Children. El enfoque del programa consiste en brindar la oportunidad de crear proyectos de vida para las víctimas.

Otro aporte significativo que brinda la entrada en vigencia de esta ley, es lo establecido en su artículo 6: “Comisiones. La Secretaría es la responsable de velar y dar cumplimiento a esta Ley y a políticas y planes relacionados con la misma. Con el propósito de garantizar la aplicación de esta Ley, la Secretaría deberá crear o reconocer comisiones integradas por instituciones del Estado y la sociedad civil relacionadas con la materia de violencia sexual explotación y trata de personas.”

En ese sentido, la Secretaría reconoce como una sub-comisión de asesoría la labor que han venido realizando instituciones de gobierno, representantes del Organismo Judicial y Organismo Legislativo, así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, quienes integran la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas, creada en 2004 y coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del acuerdo interno 02-2009. Dicha comisión no cuenta con una asignación presupuestaria propia, pues ha dependido del apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta Comisión tiene como objetivo ser una instancia interinstitucional de consulta, de gestión y de formulación de iniciativas e impulso de consensos para el combate de la trata de personas en armonía con el derecho internacional y de conformidad con el derecho interno. Como resultado de esta coordinación, Guatemala cuenta con una política pública contra la trata de personas y de protección integral a las víctimas y un Plan de Acción Estratégico (2007-2017) para esta política.

c.Consejo Nacional de Adopciones

El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) orienta su labor a la preservación familiar, a asegurar que los hogares abriguen a los niños en condiciones apropiadas para su desarrollo integral y a restituir el derecho de familia a los niños que han sido declarados adoptables judicialmente.

En los programas que desarrolla para el cumplimiento de su labor, los resultados tienen una tendencia expansiva que evidencia el posicionamiento del CNA en la población guatemalteca y los logros que se están alcanzando. El 2009 ha sido un año en que la cantidad de servicios prestados ha superado ampliamente lo que se realizó en el 2008 y la expectativa creciente se mantiene para el 2010.

El CNA decidió reabrir, a partir de junio del presente año, la adopción internacional de niños y niñas; actualmente 608 niños y niñas esperan por este proceso.

La asignación presupuestaria asignada al Consejo para los años 2008, 2009 y 2010 es de Q 11’340,508 millones (equivalente a 90’724,064 dólares).

d.Justicia Juvenil

Investigación p enal e specializada

En la línea de la cooperación interinstitucional en este tema el Ministerio Público (MP) suscribió el 20 de enero de 2010 el Protocolo de Coordinación Interinstitucional con el Organismo Judicial (OJ) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Guatemala. El protocolo busca fortalecer la atención de la niñez y adolescencia víctimas de amenazas y transgresiones a sus derechos humanos.

El Protocolo de Coordinación Interinstitucional, nace de la necesidad de brindar una eficaz atención de casos relacionados con los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de amenaza o trasgresión de sus derechos humanos y además son agraviados dentro del contexto del delito penal. Este protocolo procura minimizar la victimización secundaria a través de la simplificación de actuaciones, coordinadas con homogeneidad de criterios y a su vez, mejorar la eficacia del sistema de justicia en la atención de estos casos. Asimismo establece que se contara con la presencia de un fiscal especializado para garantizar la efectiva gestión de los casos, así como de un representante de la PGN, de la Procuraduría de la Niñez, quienes brindarán servicios de atención sicológica a las víctimas de violencia en todas sus modalidades.

Asimismo, el Ministerio Público tiene cobertura en los 22 departamentos, tomando en cuenta que existen agencias fiscales en las cabeceras departamentales, no obstante, reconoce que a nivel municipal sólo hay cobertura en el 20 por ciento.

El presupuesto asignado para el 2010 es de 611 millones de quetzales, por lo que se considera necesario que para lograr la cobertura hacia todos los municipios implica duplicar esa suma.

Actualmente laboran en esa instancia un total de 394 fiscales sobre los cuales recaen las investigaciones y las acciones de los procesos que van a juicio.

Tabla 3

Agencias Fiscales Departamentales

Departamento	Municipios	Fiscalías
Alta Verapaz Baja Verapaz Chimaltenango Chiquimula El Progreso Escuintla Guatemala Huehuetenango Izabal Jalapa Jutiapa Petén Quetzaltenango Quiché Sacatepéquez San Marcos Santa Rosa Sololá Suchitepéquez Totonicapán Zacapa Retalhuleu TOTAL	17 8 16 11 8 13 17 32 5 7 17 12 24 21 16 29 14 19 20 8 10 9 333	3 2 1 2 1 4 9 3 2 1 3 3 2 4 1 4 3 2 2 1 2 N/A 55

Fuente: Ministerio Público

Juzgados de la Jurisdicción de la Niñez y de la Adolescencia

La ley de PINA aprobada en el 2003, establece el compromiso de crear juzgados especializados para la niñez, adolescencia y jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo que a partir de su entrada en vigencia se crearon tres juzgados ubicados en la ciudad de Guatemala que tenían competencia sobre varios de los departamentos circunvecinos. A la fecha, se cuenta con juzgados en 10 de los 22 departamentos del país, siendo ellos: Escuintla, Jutiapa, Petén, Zacapa, Quetzaltenango, Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez (ver anexo 1).

La sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado una propuesta para la creación de juzgados especializados en diez departamentos más de la República, misma que se encuentra en discusión entre las autoridades del Organismo Judicial para su aprobación. El objetivo es lograr una mayor cobertura y celeridad en los casos que se presenten ante dichos órganos jurisdiccionales, en virtud que actualmente existe una mora judicial de diez meses en cada juzgado.

Los departamentos que contarán con la creación de un nuevo juzgado son los siguientes:

(a)Izabal

(b)Chiquimula

(c)El Progreso

(d)Baja Verapaz

(e)Jalapa

(f)Sololá

(g)Totonicapán

(h)Santa Rosa

(i)Retalhuleu

(j)Sacatepéquez

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

Como se ha establecido en informes de Estado dirigidos a otros órganos de tratados, la generación de estadísticas desagregadas que permitan tener una mejor apreciación de las diferentes problemáticas que enfrenta nuestro país, ha sido una tarea que ha requerido del apoyo de la cooperación internacional, sociedad civil e instituciones gubernamentales, lo que ha generado documentos que brindan información determinante para la toma de decisiones que permitan reducir las brechas de la desigualdad a través del mejoramiento de la calidad de los servicios sociales, incremento de coberturas y restitución de derechos.

El compendio estadístico realizado en 2007 por UNICEF titulado La n iñez guatemalteca en cifras,brinda datos estadísticos relacionados con el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en Guatemala. Esta publicación conjunta del PNUD y UNICEF es una muestra del interés del Sistema de las Naciones Unidas en cooperar con el Estado y la sociedad guatemalteca en la materialización de los derechos humanos de toda la población, particularmente de la niñez.

Informe de Avances de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio

El documento constituye la nota conceptual que orientará el trabajo que el Gobierno de Guatemala llevará a cabo durante los próximos meses para la elaboración del Tercer Informe de País sobre avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que estará presentando a nivel nacional e internacional a lo largo del 2010. A nivel internacional destacan en particular dos foros de rendición de cuentas: el primero, a realizarse en junio de 2010, es el del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, donde Guatemala informará voluntariamente a la comunidad internacional sobre sus logros y desafíos para alcanzar la equidad de género. El segundo foro de rendición de cuentas tendrá lugar en septiembre 2010, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los avances alcanzados por el Estado de Guatemala y los retos que persisten de cara al 2015.

El propósito de esta evaluación es la armonización y optimización de la planificación y su respectiva asignación de recursos de funcionamiento e inversión en el ámbito territorial, para enfrentar y reducir los altos niveles de desigualdad y las carencias que afectan a la población más vulnerable del país. Ello tomará en cuenta también el análisis del contexto económico global, y sus efectos sobre la probabilidad de alcanzar o no, en tiempo, los Objetivos trazados. El riesgo, frente a repercusiones aún no evidenciadas en toda su dimensión, en que la crisis detenga los progresos alcanzados y procesos iniciados en áreas clave, tales como la reducción de la pobreza, la cobertura educativa, el acceso a la salud, entre otros.

A nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha generado los documentos que se detallan a continuación, que han contribuido a evaluar, en este caso, la situación de la niñez y de la adolescencia guatemalteca en diferentes aspectos como salud, educación, nutrición, entre otros. Asimismo, los documentos en referencia han permitido la generación de los programas de Cohesión Social que serán descritos en la parte II de la presente lista de cuestiones.

Seguimiento a la difusión de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2006

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida constituye una investigación estadística que proporciona información relevante, confiable y oportuna en el marco del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), que permite conocer, analizar y obtener información socioeconómica integral y detallada sobre los niveles de bienestar y de pobreza de los hogares en las diferentes regiones, áreas urbanas y rurales para contar con una imagen completa de las condiciones de vida del país.

Boletines estadísticos departamentales

La elaboración y compilación de boletines estadísticos permite contar con un documento en el cual se tiene acceso a información estadística descriptiva y ejecutiva a nivel departamental. Dentro de las estadísticas que posee el compendio de estos boletines se encuentran: Información general del departamento, población censada y proyectada, estadísticas de los ingresos municipales, estadísticas agropecuarias, indicadores del mercado de trabajo, nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, niveles de pobreza, educación, turismo y salud.

Documento sobre normas y recomendaciones internacionales de estadísticas

El objetivo general de la compilación de las normas y recomendaciones estadísticas es contar con una directriz para organizar todos los empleos, actividades y clasificaciones de sectores o del país en una serie de grupos definidos claramente en función de las tareas. A la vez, permitir la estandarización, normalización y conceptualización de variables utilizadas en las diversas encuestas, censos y registros administrativos que se elaboran en la institución. El manual compila diversas clasificaciones, tales como: industria, de consumo individual por finalidad, de enfermedades, entre otros.

Estadísticas sociales sectoriales

Las estadísticas sociales son las que recopilan información de diferentes aspectos de la sociedad guatemalteca, y con ello se generan las siguientes estadísticas: vitales (nacimientos, defunciones, mortinatos, matrimonios y divorcios), hospitalarias (servicios privados y estatales de salud), socioculturales (accidentes de tránsito, faltas judiciales, cines, bibliotecas, museos y sitios arqueológicos), violencia intrafamiliar (agresiones física, psicológica o verbal, sexual y patrimonial) y género.

Publicaciones realizadas

Se realizaron las siguientes publicaciones:

Publicación de Mujeres y Hombres en Cifras de la República de Guatemala, año 2008

Publicación de las Estadísticas de Violencia Intrafamiliar años 2005 (interactiva), y 2006 (impresa e interactiva)

Trabajo Infantil en Guatemala, Un estudio en profundidad sobre la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), 2006

Directorio “Mi familia progresa”

El INE realizó el Directorio del Programa “Mi familia progresa” en los municipios priorizados por el Consejo de Cohesión Social. Este directorio generó un perfil socioeconómico de la población que será beneficiada con las transferencias monetarias condicionadas.

Realización de la V Encuesta de Salud Materno Infantil (ENSMI) (2008-2009)

En el marco del convenio entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el INE brindó asesoría en los procesos cartográficos (capacitación, supervisión y acceso a cartografía actualizada), en asesoría en el campo (supervisión de la encuesta) y reuniones de seguimiento con el Comité de Usuarios y personal del MSPAS.

Los resultados preliminares de la V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2008-2009 destacan una disminución de mortalidad infantil y una mejora en los servicios de salud reproductiva, con respecto a la última encuesta de 2002. Sin embargo, también demuestra que se han conservado brechas importantes entre la salud de la población indígena y la población no indígena y que la tendencia en la desnutrición crónica se ha mantenido (anexo 3).

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

Institución encargada de aplicar la Convención e impulsar el Plan de Acción Nacional para la Niñez (2004)

Política de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia Guatemalteca

En lo relacionado con el impulso de la Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Guatemalteca, la institución encargada es la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, quien durante el 2009 realizó una evaluación de la Política Pública de Protección Integral, a través de la realización de ocho talleres de consulta con diferentes grupos protagonistas en la misma, realizándose cuatro encuentros regionales con niños, niñas y adolescentes de la siguiente forma:

(a)Región Noroccidente (Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos y Sololá);

(b)Región Sur (Mazatenango, San Marcos costa, Retalhuleu y Escuintla);

(c)Región Oriente (Jalapa, Jutiapa y Chiquimula);

(d)Región Norte (Alta y Baja Verapaz, Izabal, Petén y Zacapa).

En dichos encuentros participaron aproximadamente 40 delegados por región.

Asimismo, se realizaron cuatro talleres para la consulta con funcionarios públicos, actores directos de la política pública y organizaciones de la sociedad civil:

(a)Encuentro con actores directos de la ejecución del Plan de Acción;

(b)Encuentro con funcionarios públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Protección;

(c)Encuentro con organizaciones de la iniciativa privada involucradas con la temática de niñez y adolescencia;

(d)Encuentro con organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el movimiento social por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en Guatemala.

Asegurar el seguimiento a las recomendaciones hechas al Estado y su divulgación

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) es la encargada de elaborar los informes de Estado presentados a los Órganos de Tratados del Sistema de las Naciones Unidas; en ese sentido, es la responsable de divulgar las recomendaciones emitidas por los mismos entre las diversas instituciones gubernamentales con el fin de lograr su cumplimiento, para garantizar la implementación en nuestro país de las diversas convenciones y pactos en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala.

En ese sentido, la COPREDEH ha elaborado el sistema de seguimiento a las recomendaciones emitidas a Guatemala por los órganos de tratados y mecanismos de supervisión. El sistema consta de una base de datos que recopila las recomendaciones emitidas por los ocho comités de expertos de las convenciones y pactos de los que nuestro país es Estado parte, el examen periódico universal, los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como los informes de relatores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, incluye información sobre las acciones que se han implementado desde el Estado de acuerdo a los diferentes informes presentados desde 1994 a la fecha.

El sistema de seguimiento tiene como objetivo contribuir al trabajo que se llevará a cabo desde el Foro Interinstitucional para el seguimiento de las recomendaciones hechas al Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, instancia creada para ello y que está integrado por ministerios, secretarías y fondos sociales, quienes podrán evaluar sus avances y desafíos en cuanto a la implementación de las diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño. A través de este Foro Interinstitucional, COPREDEH promueve que cada institución cumpla con su función de implementación que le corresponda.

Papel de la Secretaría de Bienestar Social y la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

De conformidad con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República, se describe la competencia de la Secretaría de Bienestar Social y de la Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, por medio de los siguientes artículos:

“Artículo 259. Autoridad competente en reinserción y resocialización.La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República es la autoridad competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes y de las medidas de protección.

“Artículo 85. Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.La Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia será responsable de la formulación de las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia; conforme a las disposiciones del artículo 81 de esta Ley; así como de trasladarlas al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural y a los ministerios y dependencias del Estado para su incorporación a sus políticas de desarrollo; velar por su cumplimiento y adoptar las acciones pertinentes que lleven a la mayor eficiencia dicha protección.”

De acuerdo con lo anterior, existe una diferencia en la naturaleza de la Comisión y la Secretaría, pues la Secretaría de Bienestar Social es una dependencia de apoyo a las funciones del Presidente de la República en materia de asistencia social. Sin embargo su creación no esta contenida en la ley del Organismo Ejecutivo, sino que fue creada mediante acuerdo gubernativo, de conformidad con las atribuciones que le otorga dicha Ley al Presidente de la República, quien tendrá además de las Secretarías señaladas en dicha ley, las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones. La regulación y atribuciones de éstas serán determinadas por la misma norma de su creación.

La CNNA está integrada por representantes de la sociedad civil y gobierno; es una institución creada por la normativa de protección integral generada por el cumplimiento de la Convención, por lo tanto ambas instituciones tienen un rol diferente en las acciones del Estado y se complementan recíprocamente.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

La propuesta más significativa en cuanto a las medidas legislativas para la armonización de la legislación interna con la Convención y sus protocolos lo constituye, además de la ley de protección integral que ya es de conocimiento del Comité, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.

Esta ley se trabajó por el interés de incorporar las figuras criminales de pornografía infantil y explotación laboral a la legislación penal, así como la adecuación de otros tipos penales para la debida protección de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a las agresiones sexuales. Asimismo, la ley aborda directamente la necesidad de la reparación e indemnización de las víctimas de estos delitos por parte del Estado.

Otro avance es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008. Tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, dignidad, protección e igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente cuando por su condición de género, en las relaciones de poder o confianza en los ámbitos público y privado, se cometa contra ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos. Es su fin, promover e implementar disposiciones orientadas a erradicar la violencia física, económica, psicológica, sexual o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizados en la legislación vigente.

Edad mínima para contraer matrimonio

El Código Civil establece en su artículo 81 que la edad de consentimiento para contraer matrimonio es al cumplir la mayoría de edad. En el caso de Guatemala, la mayoría de edad esta establecida en el artículo 8 del mismo cuerpo legal. La autorización del matrimonio prematuro tiene carácter excepcional, y sólo puede hacerse con la anuencia de los padres.

Prohibición explícita de reclutar niños menores de 18 años en las fuerzas armadas y los grupos armados y de su participación directa en las hostilidades

Con anterioridad la prestación del servicio militar en su mayoría fue obligatorio y en algunos casos participaron menores de edad, haciendo esta práctica más evidente durante el Conflicto Armado Interno. A raíz de la firma de los acuerdos de paz en 1996, principalmente el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se estableció que era procedente continuar con la práctica del alistamiento militar en forma voluntaria, mientras el Gobierno de Guatemala adoptaría las decisiones administrativas necesarias y el Congreso de la República aprobara una ley de Servicio Cívico que incluiría el Servicio Militar y el Servicio Social. Por lo anterior, se aprueba el Decreto 20-2003.

En ese sentido, el Ejército de Guatemala promovió la creación del Reglamento para la prestación del servicio cívico militar, aprobado por el Acuerdo Gubernativo 731-2003. Dicho reglamento establece en su artículo 2 que el servicio militar es la actividad que los ciudadanos guatemaltecos deben prestar a favor del país dentro del Ejército de Guatemala, con el objetivo de capacitarse para la defensa armada de la patria, dentro de una doctrina militar respetuosa de los derechos humanos y los valores cívicos, políticos y morales. El artículo 6 del mismo reglamento preceptúa que el Servicio Cívico Militar corresponde a todos los ciudadanos guatemaltecos aptos, comprendidos entre las edades desde 18 hasta 24 años.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

En materia de investigaciones, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha brindado apoyo a la Unidad contra la Trata de Personas y Adopciones Irregulares de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público en varios casos relacionados con adopciones irregulares, principalmente asistiendo técnicamente con acciones puntuales en las investigaciones desde el 2008.

En particular, la CICIG es querellante adhesiva en el caso contra Rosalinda Rivera Arleny Estrada y demás miembros de la red, por un caso de trata de personas por adopción irregular desde finales del 2008. Asimismo, la CICIG ha solicitado constituirse como querellante adhesiva en el caso contra la casa hogar Asociación Primavera, por sus vinculaciones con venta y robo de niños, mediante el cual se busca desarticular una amplia red de trata de personas con finalidad de adopción irregular.

Por otra parte, en mayo de 2009 el Comisionado de la CICIG presentó al Congreso de la República de Guatemala un conjunto de propuestas legislativas que incluye una propuesta en materia de trata de personas; esta iniciativa cuenta con el apoyo del Presidente de la República, así como un convenio de la CICIG para apoyar el trabajo legislativo, lo que ha permitido realizar reuniones con representantes de la comisiones específicas para abordar las propuestas legislativas planteadas por esa Comisión.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

En relación a los casos relativos a víctimas infantiles ante la Corte Interamericana (por ejemplo Marco Antonio Molina-Theissen, de 3 de julio de 2004, y Villagrán Morales y otros, de 26 de mayo de 2001), se anexa información sobre el estado de cumplimiento por el Estado de Guatemala (ver anexo 4).

Actualmente en nuestro país no existe una comisión de búsqueda de niñez desaparecida, no obstante se han presentado iniciativas para la creación de la Comisión de Búsqueda de Personascon la finalidad de crear un órgano de esa naturaleza, que coadyuve en los procesos relacionados con la desaparición forzada de personas. Se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley registrada con el número 3590, que contiene el proyecto de la Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Esta iniciativa de ley ya fue conocida por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, la cual emitió dictamen favorable en agosto de 2007.

Actualmente la COPREDEH en conjunto con organizaciones de la sociedad civil se encuentran realizando las visitas de cabildeo para la aprobación de la iniciativa de ley 3590, toda vez, que el trabajo realizado con los parlamentarios en 2007 y 2008 se vio perjudicado por el cambio de comisiones correspondientes al período 2008-2112 en el Congreso de la República, lo que no ha permitido concretar la aprobación de la ley.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer

La propuesta de ley fue elaborada por organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la mujer y de la niñez y la adolescencia en nuestro país, contando con el acompañamiento de instancias gubernamentales.

El contenido de la ley incluye los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Convención Belem do Pará y considera como objetivo principal adecuar la normativa penal sustantiva y eliminar las normas discriminatorias hacia las mujeres, así como regular, entre otros tipos penales la violencia intrafamiliar, la explotación sexual comercial y las adopciones ilegales, tomando en cuenta la necesidad de fortalecer institucionalmente las instancias que velan por los derechos de las mujeres y tipificar delitos específicos que se cometen en contra de las mujeres.

De acuerdo con lo anterior, se aprueba la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, decreto 22-2008 el 9 de abril de 2008. Dicha ley designa al Instituto de la Defensa Pública Penal para que proporcione asesoría jurídica a las víctimas de violencia intrafamiliar o contra las mujeres, atendiéndose la situación no sólo en los departamentos, sino en el idioma de las víctimas.

Medidas adoptadas para su implementación

El 23 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo Nº 23-2008, en el que delimita la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer los casos que señala la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, en toda la República: (a) los Juzgados de Paz; (b) Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; (c) los Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; (d) las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente; (e) los Juzgados de Familia; (f) las Salas de Apelaciones Civiles y de Familia; (g) las Cámaras Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia.

El Organismo Judicial, en coordinación con el Ministerio Público, ha implementado el proyecto piloto Modelo de Gestión para la atención primaria, de casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, en el área metropolitana. Este proyecto tiene como objetivo la agilización de los trámites para el otorgamiento de las medidas de protección para las mujeres, sus hijos e hijas, en casos de amenazas y atentados en su contra.

Actualmente, las medidas de protección se pueden solicitar ante el Juez o Jueza de Paz Penal, Juez o Jueza de Faltas de Turno, Juez o Jueza de Paz Móvil, Juez o Jueza de Primera Instancia de Familia, y ante la Oficina de Atención Integral a la Víctima del Ministerio Público.

La Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos del Organismo Judicial emitió resolución por instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que los casos de denuncia de violencia presentados en los Centros de Mediación no sean atendidos y llevados a conciliación, sino que sean referidos a los juzgados respectivos para su conocimiento y posterior sanción.

El Estado de Guatemala ha iniciado la creación progresiva de Centros Integrales de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUs). Actualmente se han creado en los departamentos de Escuintla, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Por otra parte, dicha ley manda al Instituto de la Defensa Pública Penal para que proporcione asesoría jurídica a las víctimas de violencia intrafamiliar o contra las mujeres, atendiéndose la situación no sólo en los departamentos, sino en el idioma de las víctimas.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

En el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, existe el sistema organizativo ‑SINASAN‑ integrado por instituciones del Organismo Ejecutivo que, de acuerdo a la ley en mención, son responsables de garantizar la seguridad alimentaria y la producción de alimentos en el país. El SINASAN se encuentra coordinado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), y cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y agencias de cooperación internacional.

La SESAN, como ente coordinador de la política, ha elaborado la Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, con el objetivo de romper elcírculo intergeneracional de la desnutrición crónica en el cual se encuentra inmersa la mitad de la población guatemalteca.

La Estrategia se implementa actualmente en 110 municipios distribuidos en 13 de los 22 departamentos que conforman la República. Para el período 2008-2009, la estrategia establece la atención a niños de 6 meses a 3 años, mujeres embarazadas y madres lactantes, proporcionándoles servicios básicos de salud y educación alimentaria y nutricional; también se han beneficiado con alimentación complementaria.

El promedio mensual de población atendida es de aproximadamente 100,000 niños y niñas, y 50,000 mujeres embarazadas y madres lactantes (ver parte II, Consejo de cohesión social).

En la situación de crisis reciente (2008-2009), se ha atendido con complementos nutricionales como el Vitacereal, el pumy nut (marcas comerciales), el RUF (alimento complementario para desnutrición severa sin complicaciones) a las familias en las cuales se presenta uno o más casos de desnutrición aguda. Para el 2010 se mantiene este nivel de atención de emergencia.

Actualmente por medio de la SESAN se está promoviendo la Estrategia Guatemala Saludable y Productiva, que busca la integralidad de acciones institucionales y los programas presidencias que actualmente se ejecutan en el interior de país, con el objetivo de unificar los esfuerzos realizados para la atención de pérdidas de cosechas a raíz del calentamiento global que tiene afecciones a nivel mundial y que tienen un impacto a nivel nacional en la desnutrición y pobreza extrema.

En ese sentido, la SESAN ha integrado grupos de trabajo que se encuentran en la fase de identificación de las intervenciones por institución para posteriormente coordinar a nivel local.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Programas de cuidado infantil alternativos

La Secretaría de Bienestar Social brinda asistencia a la niñez y adolescencia a través de 12 programas sustantivos enmarcados dentro de tres Unidades Administrativas de desarrollo: Prevención, Fortalecimiento y Reinserción.

Subsecretaría de Fortalecimiento, Apoyo Familiar y Comunitario

Esta subsecretaría brinda asistencia a la niñez en condiciones de riesgo social a través de cinco programas.

Centros de Atención Integral

Atención integral a niñas y niños de 8 meses a 12 años de edad, hijos de madres y padres trabajadores de escasos recursos, brindándoles cuidados especiales, educación, alimentación y recreación. Asimismo, se asiste a la niñez de 7 a 12 años, hijos de madres y padres trabajadores de escasos recursos, con un reforzamiento escolar y alimentación, evitando al mismo tiempo que utilicen su tiempo indebidamente.

Esta asistencia se presta a nivel nacional con 37 establecimientos, de los cuales 13 se localizan en el área urbana de la ciudad capital y 24 en los departamentos y municipios principales del país, obedeciendo su ubicación a la situación de pobreza y pobreza extrema como a su crecimiento urbano. Tres mil niños y niñas reciben esta asistencia. Actualmente se planifica la apertura de nuevos centros de atención integral en los departamentos y municipios.

En este programa se ejecuta paralelamente el programa de Escuela de Padres, en el cual los padres aprenden especialmente a reconocer la existencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, expresados en la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Centros de Atención a Personas con Discapacidad

Atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Estos centros se localizan en la ciudad capital, atendiendo a la población en dos niveles. En el primer nivel se brinda asistencia a niñez y adolescencia con discapacidad leve y moderada; y en el segundo a niñez y adolescencia con discapacidad severa y profunda. 732 niños, niñas y adolescentes reciben asistencia y capacitación. A pesar de su localización en la ciudad capital, por medio de las delegaciones regionales se les traslada y da acceso a la población del interior de la república.

Programa de Subsidios Familiares

Apoyo psicosocial y económico transitorio a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad por situación de desastres naturales o en condiciones de discapacidad o enfermedad graves. Este programa contempla una asistencia económica y psicosocial a 1,000 familias que, por motivo de desastres naturales, han quedado en condiciones de pobreza o carencia, impidiendo o interrumpiendo la continuidad de los estudios de los niños y niñas. Este aporte permite que la niñez pueda continuar los estudios, cubriendo parte de sus gastos y dieta alimenticia. Tiene cobertura a nivel nacional.

Programa de Escuelas Abiertas

Orienta el uso del tiempo libre de niños adolescentes y jóvenes para promover ambientes libres de violencia a nivel familiar y comunitario. Un promedio de 135,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes recibieron capacitación en áreas culturales, deportivas y científicas en un ambiente motivacional en las áreas urbanas catalogadas de alta violencia en la ciudad capital como en los departamentos, implementando 192 escuelas los fines de semana durante el 2009, ampliando el programa a más de 300 escuelas para el 2010, con lo que se espera llevar este beneficio a más de 300,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Subsecretaría de Protección y Abrigo

Protección temporal a la niñez y adolescencia garantizando la restitución de sus derechos y atención integral a través de programas de protección, educación, formación, rehabilitación y reintegración familiar.

Programa de Hogares Temporales de Protección y Abrigo

Protección temporal a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, brindando atención integral para restituir sus derechos y promover su reintegración familiar o vida independiente. Este programa cumple su misión a través de hogares habilitados con los requerimientos básicos para atender a su población en ambientes sanos y apropiados, así como asistidos por personal especializado en las áreas de cuidado infantil, educativas, de alimentación, salud y recreativas. Para cumplir con este objetivo, se cuenta con cinco hogares en la ciudad capital de Guatemala y tres en los departamentos de Zacapa, Quetzaltenango y Sacatepéquez, cubriendo las áreas geográficas nor-oriental, sur-occidental y central del país.

Programa de Riesgo Social

Ofrecer protección, abrigo y rehabilitación familiar a niñas, niños, adolescentes y madres privadas de libertad, y capacitarlos en temas relacionados con riesgos surgidos en las calles y adiestrarlos en talleres productivo-ocupacionales que les ayuden a integrarse a la población económicamente activa.

Niñez y adolescencia en situación de calle o callejización

Este programa ofrece protección, abrigo y rehabilitación familiar a niñas, niños, adolescentes y madres privadas de libertad, capacitándolos en temas relacionados con riesgos surgidos en las calles y adiestrarlos en talleres productivo-ocupacionales que les ayuden a integrarse a la población económicamente activa.

Programa de Prevención en explotación sexual y comercial

Este programa capacita, sensibiliza y previene que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sean víctimas de explotación sexual, y les enseña cómo prevenir esta actividad ilegal. Para alcanzar este objetivo, se desarrollan las siguientes actividades:

Detectar posibles víctimas de explotación sexual para inducirlos a una rehabilitación integral

Abordar y evaluar a posibles víctimas de explotación sexual

Dar seguimiento a casos detectados

Ubicar y realizar estudio socioeconómico de la familia

Capacitar y sensibilizar en la prevención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en temas de explotación sexual

Realizar talleres de socialización, prevención e información a través materiales impresos

Programa de Familias Sustitutas (acogimiento familiar temporal)

Por medio de este programa, la Secretaría de Bienestar Social busca desinstitucionalizar a los niños albergados temporalmente en los hogares de protección y abrigo. El programa busca y promueve familias voluntarias para adoptar a niños y niñas bajo resguardo temporal en hogares de protección y abrigo, para lo cual desarrolla actividades que coadyuven al cumplimiento de dos importantes objetivos:

Desinstitucionalizar al niño para que, dentro de su desarrollo integral, conozca las figuras paternas y el ambiente de un hogar familiar

Adaptar y preparar a niños y niñas como etapa de transición en su aceptación para ser adoptado por una familia definitiva

Programa de Bolsas Solidarias

Este programa proporciona una bolsa de alimentos en forma periódica a familias en condiciones de pobreza, como un complemento que contribuye con su estado nutricional. Aunque este programa no asiste directamente a la niñez y adolescencia, contribuye indirectamente a su bienestar o reintegración de su derecho a una alimentación digna.

En 2009 se repartieron un total de 404,813 bolsas. Cada bolsa contiene:

10 libras de frijol

10 libras de arroz

5 libras de harina nixtamalizada de maíz (para hacer tortillas)

5 libras de atol nutricional

½ galón de aceite vegetal de cocina

Si se toma en cuenta que los niños de las familias que viven en pobreza y extrema pobreza son cuatro en promedio, podríamos inferir que el número de niños beneficiados con este programa estaría alrededor de 1.600.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y al mismo tiempo se estaría beneficiando un número aproximado de 1.200.000 adultos hombres y mujeres.

Para el 2010 se ha programado duplicar la entrega de bolsas, con lo que se espera que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes recuperen el rendimiento de estudios, bajen los índices de desnutrición, se contribuya con la reducción y erradicación del trabajo infantil en sus peores formas y las familias permanezcan integradas, algo que se ha roto como resultado del stress por falta de recursos económicos en las familias para cubrir la dieta alimenticia.

Subsecretaría de Resocialización y Reinserción Social

Este programa busca la reinserción social a través de dos programas que aseguren el cumplimiento de las sanciones impuestas, así como la rehabilitación, formación para la vida, trabajo productivo y prevención de la violencia.

Centros de internamiento especializado para adolescentes en conflicto con la ley penal

Estos centros:

Brindan atención psicosocial, educativa, terapéutica y formación laboral para su resocialización

Desarrollan espacios educativos con padres y madres de familia para mejorar la convivencia familiar y comunitaria

Medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal

Estas medidas buscan:

Reinsertar al adolescente a la familia, comunidad y sociedad.

Fomentar el sentido de responsabilidad y respeto hacia las leyes y derechos fundamentales de terceros.

Promover la adquisición de habilidades y aptitudes para el desarrollo personal y sociolaboral del adolescente

Programa de Centros de Privación de Libertad

Programa de Medidas Socioeducativas

Proyecto “Ciudad de los Niños”/Hogar Solidario

Para el área central, específicamente en la capital, se ha implementado un modelo de hogar (hogar solidario), en el que se han integrado inicialmente tres hogares previamente existentes: el Hogar Elisa Martínez, el Hogar Casita Alegría y su anexo. Se atiende un promedio de 800 niños anualmente.

El proyecto tiene como objetivo asegurar que los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad encuentren un espacio con mejores comodidades.

La idea del proyecto “Ciudad de los Niños”/Hogar Solidario es habilitar una construcción que brinde protección a más de 900 niños, niñas y adolescentes, que por diferentes causas viven en hogares que el gobierno tiene a su cargo. El concepto básico de construcción esta dirigido en conformar instalaciones idóneas que contaran con un hogar, escuela, servicios, ambiente natural y área verde.

El Estado de Guatemala como resultado del ejercicio de elaboración de las respuestas a la lista de cuestiones, ha considerado la revisión de los protocolos y metodologías aplicadas en el Hogar Solidario, para asegurar que respondan a los estándares internacionales. Esta revisión se realizará por medio de la Comisión Presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos COPREDEH y la Secretaría de Bienestar Social, contando con la asesoría técnica del UNICEF. El objetivo de esta revisión obedece a la importancia de la aplicación de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que figuran en la resolución 64/142 de la Asamblea General.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

En el 2008, en el marco de la Comisión Nacional Multisectorial para el SIDA (CONASIDA), se plantea una serie de reformas al decreto 27-2000, con el objetivo de elaborar un marco jurídico que responda a las necesidades de las personas que viven con VIH, sus afectados y los grupos en más alto riesgo.

En ese sentido, el Programa Nacional de Control y Prevención de ITS, VIH y SIDA del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en conjunto con otras organizaciones, participó en la mesa de revisión del proyecto presentado ante la comisión de salud del Congreso de la República.

Dentro de las reformas planteadas se encuentra la reforma al artículo 23 del decreto 27-2000, que establece literalmente: “Pruebas de VIH en menores, las pruebas serológicas para el VIH/SIDA que estén indicadas en menores de edad, requieren que los padres o responsables legales del menor lo permitan, quienes estarán informados y presentarán su consentimiento escrito para la realización de la extracción sanguínea. Salvo excepciones previstas en la presente ley”.

La propuesta de reforma se presenta en la iniciativa de Ley identificada con registro 3947 del Congreso de la República, reformando el artículo 23 del decreto 27-2000 el que queda así:

“Artículo 19. Se reforma el artículo 23 del Decreto 27-2000 del Congreso de la República el cual queda así: Artículo 23. Pruebas de VIH en menores de edad. En los casos de menores de edad a los que necesariamente haya que realizarles pruebas serológicas para el VIH/SIDA, los padres deberán ser requeridos previamente para acceder o dar consentimiento para que se pueda realizar la extracción sanguínea, salvo que, el menor que esté en condiciones de formarse unjuicio propio exprese su opinión libremente, caso para el cual se deberá tomar en cuenta su edad y madurez. Cuando por razones de índole cultural o religiosa, los padres, tutores o encargados, negaren su consentimiento para la extracción sanguínea y siempre que mediante la misma busque proteger la vida o integridad del menor, el médico tratante queda facultado para realizarla.”

La reforma en mención ha sido objeto de diversidad de opiniones por parte de todos los sectores que trabajan la temática de ITS, VIH y SIDA toda vez que se considera que nuevamente veda el derecho humano de la niñez y adolescencia guatemalteca, ya que se evidencia nuevamente la dependencia de autorización de los padres de familia en el ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, el Programa Nacional considera un avance plasmado en el proyecto de reforma considerando que este artículo responderá a la interpretación de casos concretos. Asimismo, a que, de acuerdo con los datos epidemiológicos, un 62% de las personas que viven con SIDA en Guatemala están entre las edades de 20-39 años.

El Programa Nacional de Control y Prevención de ITS, VIH y SIDA requirió apoyo técnico a los asesores en derechos humanos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de un informe técnico, a efecto de contar con otro insumo sobre disposiciones de derecho internacional y regional de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a pruebas obligatorias y consentimiento de menores. Dicha opinión técnica se incorporó al proyecto de reforma de Ley para análisis de la Comisión de Salud del Congreso de la República.

En la relación con la compatibilidad entre la Ley General para el combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y de la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante le VIH/SIDA y la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva  Decreto del 87-2005, que plantea dentro de sus objetivos la educación sobre salud sexual y reproductiva así como la provisión de métodos de planificación familiar, se evidencia que a pesar de que ambos ordenamientos jurídicos incluyen acciones tanto de prevención, como de cambios de comportamiento dirigidos a población adolescente, en ningún momento brindan la posibilidad de que los menores de edad y población adolescente pueda acceder a pruebas de VIH.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

La violencia es considerada una de las principales situaciones que afectan a la población guatemalteca en la que la niñez y adolescencia sufren las consecuencias de este flagelo.

En este sentido temas de suma preocupación del Estado son el combate a la trata con fines de explotación y abuso sexual, y la violencia intrafamiliar, entre otras. Estos temas son para el Estado de Guatemala motivo de atención especial, por lo que considera necesario reforzar las acciones implementadas a través del fortalecimiento de las instituciones creadas.

En el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, es prioridad del Estado combatir la desnutrición crónica que sufren niños y niñas en Guatemala. Esto requiere la inmediata implementación de la Estrategia Nacional para el Combate a la Desnutrición Crónica y la institucionalización de la misma en conjunto con los programas de Cohesión Social.

En cuanto al derecho a la educación, el garantizar este derecho es uno de los puntos de principal atención. La vigencia de la gratuidad en los establecimientos educativos públicos ha permitido aumentar la población educativa de una forma sin precedentes, rebasando para el 2010 los 4 millones de niños, niñas y jóvenes que conforman la población educativa del país, por lo que es necesario revisar los planteles educativos y mejorar la calidad educativa, para que la educación no solo sea accesible sino llene las expectativas de calidad adecuadas para el desarrollo de la población.

En cuanto al tema de salud, un logro significativo es la mejora en la accesibilidad a la atención gratuita y descentralizada las 24 horas, pero es prioridad del gobierno mejorar las condiciones y el nivel de atención que se brinda.

La atención adecuada de los derechos económicos y sociales a la niñez ha llevado a que el Estado actualmente incremente la inversión social del presupuesto general del país, teniendo claro que la inversión en el cumplimiento en este tipo de derechos es la inversión en el desarrollo de la población guatemalteca.

Sin embrago, en este sentido, la actual administración gubernamental ha presentado la propuesta de una reforma fiscal ante el Congreso de la República, con el objetivo de contar con los recursos necesarios para cumplir con los planteamientos anteriormente expuestos, puesto que la principal dificultad del Estado en la actualidad ha sido la falta de recursos adecuados para poder responder a las necesidades del país.

B.Parte II

Respuesta a la parte II de la lista de cuestiones

a Legislación vigente

- Ley contra la violencia sexual

La Ley contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, que estipula severas sanciones para los responsables de estos delitos, fue explicada en la parte I del presente informe.

- Política contra la t rata de p ersonas

El 5 de agosto de 2009 se llevó a cabo el lanzamiento de la Política Pública del Estado de Guatemala contra la Trata de Personas y de Protección Integral a las Víctimas y su Plan Nacional de Acción Estratégico 2007-2017.

Dichos documentos establecen la forma como el Estado de Guatemala afrontará de manera integral el flagelo de la trata de personas, tomando en consideración para el efecto la prevención del delito, su investigación, efectiva penalización y la atención a las víctimas de este mal.

- Instalación de la Comisión Nacional para la E rradicación del Trabajo Infantil

La Comisión tiene como objetivo reducir el número de infantes trabajadores en Guatemala hasta erradicarlo, contando con la participación de las autoridades de gobierno a nivel nacional. La Comisión cuenta con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil de nuestro país y representantes de organismos internacionales quienes asesoran el trabajo que se realiza en la Comisión.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada en 2006 revela que unos 528,000 niños y niñas, entre 7 y 14 años de edad, realizan diferentes trabajos, mientras que en 2000 la cifra alcanzaba a unos 507,000 infantes. Los principales trabajos que realizan los niños guatemaltecos es picar piedra, fabricar fuegos pirotécnicos, vender alimentos y golosinas, así como realizar oficios domésticos.

Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, se desarrolló el proyecto Fomento de una Cultura de Cumplimiento en Materia Laboral. Esta iniciativa incluye el componente Desarrollo de una Hoja de Ruta para hacer de América Central y República Dominicana una Zona Libre de Trabajo Infantil, de la que Guatemala participa y cuenta ya con el diseño de su hoja de ruta.

bCreación de nuevas instancias

- Secretaría Contra la Violencia Sexual

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la República, está establecida en el decreto 09-2009 y quedó formalmente instalada el 5 de agosto de 2009.

-Consejo Nacional de Adopciones

La ley de adopciones aprobada por el decreto 77-2007 establece al Consejo Nacional de Adopciones como la entidad autónoma, de derecho público, con personalidad  jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Consejo Nacional de Adopciones será la autoridad central de conformidad con el Convenio de La Hayarelativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional.

cCreación de programas especiales

Programas Presidenciales coordinados por el Consejo de Cohesión Social

El Consejo de Cohesión Social fue creado por medio del Acuerdo Gubernativo 79-2008 como una estrategia de Gobierno para potenciar la acción institucional y focalizarla hacia los municipios más pobres del país, a fin de minimizar la pobreza y la exclusión.

El Consejo de Cohesión social operativiza tres de los cuatro ejes del plan de Gobierno:

Solidaridad: pretende orientar y coordinar las acciones del desarrollo social y municipal de manera integral.

Gobernabilidad: promueve la seguridad integral y el estado de derecho, el desarrollo democrático y la legislación e intermediación necesarias para responder a las necesidades de las mayorías.

Productividad: pretende impulsar el desarrollo económico de los guatemaltecos y guatemaltecas.

En una primera fase, la acción de uno de los principales programas del Consejo de Cohesión Social, Mi Familia Progresa, que se desarrolla a través de transferencias condicionadas, se centró en los 45 municipios más pobres del país y se extendió a 89 en el 2008.

Los principales ejes de la coordinación interinstitucional de relevancia para la niñez son :

Educación: el Consejo de Cohesión Social coordina acciones para priorizar la calidad educativa en los municipios identificados, a través del mejoramiento de la infraestructura escolar incluyendo la dotación de agua potable, baterías de baños, techos, ampliaciones y construcción de aulas, según las necesidades establecidas en las localidades.

Salud: ampliación del horario de atención en los centros y puestos de salud a 24 horas, dotación de ambulancias, contratación de recurso humano y equipamiento de centros y puestos de salud.

Seguridad alimentaria y nutricional: educación alimentaria y nutricional con énfasis en la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y prolongada hasta los 2 años de vida; consejería en alimentación infantil e higiene; alimentación complementaria con Vitacereal para niños y niñas de 6 a 36 meses y Chispitas Nutricionales para niños y niñas de 1 a 5 años.

A dos años de su creación el Programa Presidencial Mi Familia Progresa ha sobrepasado las metas y objetivos que en un principio se planteó. Por ejemplo ha beneficiado a 477.746 familias de extrema pobreza de 177 municipios y 20 departamentos del país. Contribuyó a que 1.400.000 niños y niñas en los niveles educativos de pre-primaria y primaria asistieran y permanecieran en los establecimientos educativos, cifra que fue superior a las de 2008.

En el tema de la prestación a los servicios de salud, hubo un incremento de nuevos pacientes que asistieron a los centros y puestos de salud. Sólo en 2009 se totalizaron 12.342.731 consultas y 3.809.959 pacientes nuevos, generando 26.6 por ciento de incremento con relación al 2008.

Las madres titulares o familias beneficiadas ahora saben la importancia de que sus niños y niñas asistan a la escuela y a los servicios de salud; es por ello que el cumplimiento de corresponsabilidades alcanzó las metas deseadas en educación un 87 por ciento, en salud 91 y nutrición 89 por ciento de cumplimiento.

Un dato importante es que el 64.4 por ciento de familias beneficiarias del área rural dependen básicamente de la entrega de las Transferencias Monetarias Condicionadas. Esto también ha generado la responsabilidad de que las familias inviertan adecuadamente las Transferencias. Según el estudio realizado por el Programa, se estableció que el 94.8 por ciento lo usan para la compra de alimentos; 67.4 en ropa; 54.5 en calzado; 55.5 en medicinas y un 47.1 en útiles escolares. Otro dato que también llamó la atención fueron los pequeños ahorros que realizan las familias con un 18.7 por ciento.

C.Parte III

Respuesta al párrafo 1 de la parte III de la lista de cuestiones

A continuación se incluye información relacionada con los hogares que tiene a su cargo la Secretaria de Bienestar Social.

Hogar Elisa Martínez

Atiende a niños y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, que han sido abandonados, extraviados, objeto de comercio, huérfanos, deportados, que han sufrido violencia o maltrato físico, psicológico o sexual, o bien que han sido objeto de explotación sexual, tienen capacidades diferentes en grado leve, están en situación de callejización o con problemas de drogadicción.

El hogar cuenta con una capacidad instalada para 30 niños y adolescentes y actualmente se atienden a 68, entre 12 a 18 años de edad. Se ubica en las afueras de la capital, kilometro 18.5 carretera a San Juan Sacatepéquez.

Hogar Temporal de Zacapa

Atiende a niños y niñas de 0 a 12 años de edad, que han sido vulnerados en sus derechos y quienes, por orden de juez competente, son ingresados a dicho hogar para su protección y abrigo, por las siguientes causas: maltrato físico o emocional, abandono y/o negligencia, orfandad, delitos sexuales, callejización, rebeldía, niñez abandonada, tráfico y explotación sexual, explotación laboral, explotación económica. Tiene una capacidad instalada para 70 niños y niñas y actualmente atiende a aproximadamente 128 niños y niñas. Se ubica en el Barrio Cementerio Nuevo, frente al Hospital Regional de Zacapa, en la cabecera departamental del oriental departamento.

Hogar Quetzaltenango

Se atiende a niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos entre las edades de 0 a 12 años, víctimas de abuso sexual, maltrato físico y psicológico, explotación sexual comercial, menores involucrados en delitos menores como robo y hurto, trata de niños y niñas, explotación económica a niños y niñas con problemas físicos, niños y niñas con problemas de adicción. La capacidad instalada es para 80 niños y niñas y se atienden en la actualidad a 131 niños y niñas. Se ubica en la 4ª avenida 3-45 zona 1, en la cabecera del occidental departamento de Quetzaltenango.

Hogar Casa Alegría

Brinda atención integral a niños y niñas comprendidos entre los 0 a 6 años de edad, víctimas de maltrato en cualquiera de sus formas: abuso físico, emocional y/o sexual, descuidos y tratos negligentes, orfandad, abandono, explotación económica y sexual comercial, en general niños y niñas que se encuentren en riesgo social para su seguridad e integridad personal. También se atiende niñez víctima de una adopción irregular. Cuenta con una capacidad instalada para 50 niños y niñas, atendiendo actualmente a 156 niños y niñas. Se ubica en la 3ª avenida 17-52 zona 14, de la ciudad capital.

Centro Residencia Psiquiátrico Neurológico.

Se atiende a niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años, con capacidades diferentes de niveles severos a profundos, en estado de abandono y orfandad, los cuales son referidos por los tribunales correspondientes. La capacidad instalada es de 50 niños, niñas y adolescentes y actualmente se atienden a 56 niños, niñas y adolescentes. Se ubica en la 17 calle “A” 7-04, zona 13, Colonia la Aurora, ciudad capital.

Hogar San Gabriel

Atiende a niños y varones adolescentes de 12 a 18 años, amenazados o violados en sus derechos, que han sido abandonados, extraviados, objeto de comercio, orfandad, deportados, que han sido objeto de maltrato físico, psicológico y/o sexual, consumen drogas, se encuentran en situación de calle, objeto de explotación sexual y con capacidades diferentes, en general que se encuentran en riesgo social. La capacidad instalada es para 80 niños y adolescentes y en la actualidad se atienden aproximadamente a 55 niños y adolescentes. Se ubica en la Aldea el Platanar, Finca San Antonio, San José Pinula (cerca de la ciudad capital).

Residencia para Niñas mi Hogar (Manchén)

Se atiende a niñas y mujeres adolescentes entre los 13 y 18 años de edad, víctimas de maltrato, abuso sexual, violación, orfandad, abandono, explotación sexual comercial, madres adolescentes, y niñas y adolescentes con capacidades diferentes de grado leve a moderada. Tiene una capacidad instalada para 100 niñas y mujeres adolescentes y actualmente atiende a 194 niñas y mujeres adolescentes. Protege a adolescentes y niñas madres y/o embarazadas y, por ende, a los y las niñas y niños (neonatos) que nacen en el centro y/o que llegan con la mamá. Se ubica en la 6ª avenida lote final Casa no. 11, calle Manchén, de Antigua Guatemala (cerca de la ciudad capital).

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

En materia de adopciones, desde el 2008 a la fecha, solamente se han tramitado adopciones nacionales, pues se tiene una moratoria en el ámbito internacional, la cual fue necesaria en tanto el CNA se establecía y fortalecía internamente. Ahora se tiene un plan piloto que busca ampliar las capacidades operativas del CNA en el exterior y que implica la posibilidad de encontrar familias para los niños que por su perfil no se han podido colocar mediante la adopción nacional.

En 2008 se realizaron 54 adopciones, en 2009 184 y para el 2010 se llevan registradas 57 adopciones al 19 de febrero.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

La información sobre niñez y adolescencia víctima ha sido proporcionada por la Policía Nacional Civil; sobre delitos cometidos en contra de menores de edad, la información fue suministrada por el Ministerio Público (ver anexo 2).

La información sobre justicia juvenil y medidas dictadas en los diferentes juzgados especializados en la temática fue proporcionada por el Sala de la Niñez y de la Adolescencia del Organismo Judicial (ver anexo 2).

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

En relación con la mortalidad infantil, el Estado de Guatemala ha realizado la V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009, que refleja que la tasa de mortalidad infantil en Guatemala se ha reducido en los últimos seis años de 39 a 30 por cada 100.000 niños nacidos vivos; y el índice de desnutrición crónica en niños de hasta cinco años durante el mismo período ha bajado del 49 al 43 por ciento (ver anexo 4).

En relación con lo anterior, se incluye información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Tabla 4

Indicadores de atención materna a nivel nacional

Período 2007-2009

Indicador	2007	2008	Oct. 2009	Estimado 2009
Consulta 1er control prenatal	236,622	229,399	221,191	222,176
Consulta 1er control puérperas	118,311	119,515	105,291	120,719
Atención i nstitucional
Partos atendidos	81,466	100,375	77,121	92,545
Cesáreas realizadas	26,622	31,779	27,747	33,296
Total atención institucional	108,088	132,154	104,868	125,545

Fuente: Ministerio de Salud y Asistencia Social

Tabla 5

Casos de mortalidad infantil y mortalidad materna a nivel nacional

Período 2007-2009

Indicador	2007	2008	Oct.2009
Casos de mortalidad Infantil	5,972	5,317	3,708
Casos de mortalidad maternal	326	276	229

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Datos Parciales

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, del total de la población el 56.19% de guatemaltecos es pobre y el 15.59% es extremadamente pobre. La pobreza en indígenas es el 74% y pobreza en ladinos el 38%. De igual manera, en la población extremadamente pobre, el 24.3% representa a población indígena y el 6.5% a población ladina.

El 54% de guatemalteca/os viven en el área rural y el 46 en el área urbana, de los cuales el 68% son indígenas y el 44% ladinos.

Aunado a la gravedad del fenómeno, están la distribución heterogénea de los grupos más afectados y las limitaciones de recursos con los que cuenta el país. Este contexto obliga a los encargados de la elaboración de las políticas públicas a diseñar herramientas que ayuden a identificar a las poblaciones más vulnerables, para destinar de una forma focalizada los beneficios de programas y estrategias de combate y alivio de la pobreza.

Para definir hacia dónde dirigir el gasto público social, el gobierno de Guatemala utiliza un mapa de pobreza, atendiendo salud y asistencia social, educación, vivienda, trabajo y previsión social, cultura y deportes, ciencia y tecnología, agua y saneamiento, desarrollo urbano y rural, ambiente y otros servicios sociales.

El total del gasto social es de 57% del total de gastos del Estado. Los esfuerzos por mantener el incremento del gasto social obedecen, por una parte, a la política de solidaridad del Gobierno, dirigida a los sectores más desprotegidos de la sociedad y, por la otra, a la necesidad de afrontar el impacto de la crisis mundial.

En esta dirección, se logró mantener el ritmo de crecimiento de gastos primordiales, incrementándose con respecto a 2008. Por ejemplo, en salud y asistencia social hubo un alza del 14.6% este año, en educación fue de 22.2%, en vivienda de 26% y en ambiente de 2.7%. Asimismo, el gasto destinado a desarrollo urbano y rural creció un 14.6% a trabajo y previsión social un 7.6% y en otros servicios sociales el incremento fue de un 58.6%

Asimismo el Estado de Guatemala ha solicitado una reforma fiscal la que se ha discutido con diferentes sectores; actualmente las reformas se encuentra en el Congreso de la República pendientes de su aprobación.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

La Secretaría de Bienestar Social reporta que en el período solicitado no se reportaron muertes de adolescentes privados de libertad.