Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
34º período de sesiones
4 a 15 de noviembre de 2019
Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos *
República Islámica del Irán
I.Metodología y proceso de consulta
1.El informe del tercer ciclo del examen periódico universal (EPU) de la República Islámica del Irán se ha redactado sobre la base de los documentos y las directrices pertinentes. Tras la aprobación de las recomendaciones del segundo ciclo, el Consejo Superior de Derechos Humanos del poder judicial de la República Islámica del Irán, en su calidad de órgano nacional de referencia para el examen periódico universal, creó, como primera medida, el Comité Nacional de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones aceptadas, compuesto por representantes de los departamentos competentes, en agosto de 2015, y el Comité Consultivo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), en noviembre de 2015. Las recomendaciones se clasificaron por temas y se transmitieron a los departamentos ejecutivos gubernamentales y a las ONG correspondientes para que velasen por su aplicación e informaran al respecto. También se les pidió que presentasen un informe de mitad de período. Se celebraron varias reuniones para coordinar y evaluar su desempeño. Una vez recibidos los informes necesarios, se estableció un comité de redacción que contó con la participación de representantes de los departamentos competentes, el cual, tras un detenido examen del desempeño institucional y teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los representantes de la sociedad civil, elaboró el presente informe.
II.Aplicación de las recomendaciones del segundo ciclo del examen periódico universal
A.Marco normativo e institucional para la promoción y la protección de los derechos humanos
2.El tercer capítulo de la Constitución, titulado “Los derechos del Pueblo”, contiene 24 artículos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, aunque también hay referencias explícitas a este tema en otros capítulos. La República Islámica del Irán cuenta con varias estructuras de promoción de los derechos humanos, entre las que figura el Consejo Superior de Derechos Humanos, que actúa como órgano de supervisión. Otras instituciones en este ámbito son la Secretaría de la Autoridad de los Derechos de los Ciudadanos del poder judicial, el Fiscal General Adjunto encargado de supervisar el respeto de los derechos públicos, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Organismo de Inspección del Estado, el Asistente del Presidente en Asuntos de Derechos Civiles, el Comité sobre el Artículo 90 de la Constitución y el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Consultiva Islámica.
Últimas novedades en el proceso legislativo
3.Aparte de la ratificación y la publicación de la Carta de Derechos de los Ciudadanos en diciembre de 2016, las principales leyes adoptadas en el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos son las siguientes:
La ley por la que se incorporó un párrafo en la Ley de Lucha contra los Estupefacientes, de noviembre de 2015.
La Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de enero de 2018.
La Ley de Protección del Desarrollo y el Empleo Sostenible en las Zonas Rurales y Nómadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo, de septiembre de 2017.
La Ley de Jubilación de las Mujeres Ocupadas con 20 Años de Servicio, de enero de 2017.
La Ley de Reducción de las Horas de Trabajo de las Mujeres con Condiciones Especiales, de septiembre de 2016.
Las Enmiendas a la Ley sobre el Uso Cabal de los Recursos del Estado con el fin de Mejorar las Condiciones de las Zonas Menos Desarrolladas, de octubre de 2015.
El Código de Procedimiento Penal, en vigor desde 2015.
La Ley sobre el Seguro Obligatorio de Daños A Terceros Derivados de Accidentes de Vehículos, de noviembre de 2015; (pago de la diya a las víctimas independientemente de su sexo y religión).
La Ley de Prevención del Delito, de 2015.
Directrices para la organización de los presos y la reducción de la población penitenciaria, de septiembre de 2016.
4.A ello se suman varios proyectos pendientes de examen y aprobación, como el proyecto de ley parlamentaria para la incorporación de párrafos al libro quinto del Código Penal Islámico (Tazirat y penas preventivas) y la tipificación como delito de los actos de discriminación y los insultos a las religiones legalmente reconocidas y a los grupos étnicos, el proyecto de ley sobre las penas sociales alternativas a la privación de libertad, el proyecto de ley de protección de niños y adolescentes, el Plan de Seguro de Desempleo y Protección para los Solicitantes de Empleo Desocupados, el proyecto de enmienda de la Ley de Nacionalidad de los Hijos de las Mujeres Iraníes Casadas con Hombres Extranjeros, el proyecto de ley de protección de las mujeres contra la violencia y el proyecto de enmienda de la Ley de Lucha Contra la Trata de Personas y los Traficantes de Personas No Autorizadas.
Establecimiento de nuevos mecanismos para la promoción y la protección de los derechos humanos
5.Los principales mecanismos de nueva creación en este terreno son los siguientes:
Adjunto de Supervisión del Derecho Público de la Fiscalía General.
Figuras del Asistente del Presidente en materia de Derechos de los Ciudadanos y los Directores Generales en materia de Derechos de los Ciudadanos en todos los departamentos ejecutivos.
Viceministro de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales dentro del Ministerio de Justicia.
Secretaría para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Adjunto de Salud Administrativa y Protección de los Derechos del Pueblo en la Oficina Estatal de Asuntos Administrativos y Contratación.
Sistema Nacional de Denuncias del Organismo de Inspección del Estado.
Institución Nacional de Derechos Humanos
6.El proyecto de ley sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos ha pasado las fases de redacción y dictamen público para la formulación de observaciones y sugerencias, y actualmente está siendo sometido a un examen complementario por expertos.
Adhesión a las convenciones internacionales de derechos humanos
7.Por cuanto respecta a la adhesión a otros instrumentos internacionales de derechos humanos, la política de la República Islámica del Irán consiste en reformar los elementos de su derecho penal y civil que guardan relación con los principios de derechos humanos. En el Código Penal Islámico y el nuevo Código de Procedimiento Penal se abordan varias normas de derechos humanos, como los derechos de los acusados (creación de mecanismos de protección) y la definición y prohibición de la tortura. Por cuanto respecta a los derechos de la mujer, se ha redactado el proyecto de ley de protección de las mujeres contra la violencia. En lo relativo a la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares, la República Islámica del Irán, a través de su adhesión a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ha proporcionado las salvaguardias básicas a los trabajadores migrantes.
B.Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos
8.La República Islámica del Irán es parte en los instrumentos y tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y ha realizado las siguientes acciones con el fin de cumplir sus obligaciones:
Presentación de sus informes periódicos tercero y cuarto al Comité de los Derechos del Niño (enero de 2016).
Presentación de su informe inicial en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (marzo de 2017).
Seguimiento y aplicación de varias de las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
9.Cabe señalar que se hallan en proceso de redacción el informe periódico sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el cuarto informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tercer informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el informe inicial sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Interacción y cooperación
10.Destacan la interacción y cooperación mantenida con el Secretario General de las Naciones Unidas, en particular las respuestas facilitadas a sus proyectos de informe, y con los titulares de mandato del Consejo de Derechos Humanos, por medio entre otras cosas de las invitaciones oficiales cursadas a los tres relatores especiales sobre el derecho a la salud, la alimentación y las medidas coercitivas unilaterales para que visitasen el país, las respuestas a las comunicaciones de los procedimientos especiales y la constante promoción de la cooperación con el ACNUDH (dos delegaciones de alto nivel del ACNUDH visitaron Teherán en mayo de 2018 y marzo de 2019). Además, se ha cursado una invitación oficial a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
11.Destaca asimismo la cooperación bilateral en el ámbito judicial y de derechos humanos que el Irán ha mantenido de manera puntual o sostenida a lo largo de los últimos cuatro años con países como Italia (cuatro rondas de encuentros), Dinamarca (tres rondas), Brasil (una ronda), Japón (cuatro rondas), Australia (dos rondas), Suiza (cuatro rondas), la Unión Europea (tres rondas), Sudáfrica (una ronda) e Indonesia (dos rondas), así como las consultas sobre derechos humanos celebradas con China, la Federación de Rusia, Qatar, el Iraq y Alemania.
C.Promoción de los indicadores de desarrollo humano
12.Según el Informe sobre desarrollo humano del PNUD de 2018, la República Islámica del Irán se sitúa a la cabeza de los países con un alto grado de desarrollo humano, con una puntuación de 0,798, frente a un índice de desarrollo humano (IDH) de 0,774 en 2015. La esperanza de vida, que es uno de los componentes del IDH y representa la salud a nivel nacional, ha mejorado considerablemente gracias a los avances logrados en la atención de la salud, pasando de 71,9 años en 2010 a 75,6 años en 2015 y a 76,2 años en 2017. El IDH también ha aumentado notablemente en el sector de la educación. En términos de ingresos per cápita, otro apartado del IDH, de no haber sido por las sanciones ilegales e injustas experimentadas y teniendo en cuenta los medios de que dispone, el Irán podría haberse clasificado dentro del grupo de los países con un nivel de desarrollo humano muy alto.
D.Derechos económicos, sociales y culturales
Educación sobre los derechos humanos
13.Las principales medidas adoptadas por los departamentos ejecutivos en el ámbito de la educación y el fomento de la capacidad en el terreno de los derechos humanos son las siguientes:
Inclusión de la educación sobre los derechos humanos en los libros de texto y las lecturas escolares complementarias y creación de una cátedra dedicada a la formación en derechos humanos en las facultades de estudios jurídicos de los centros de enseñanza superior.
Formación de derechos humanos impartida a jueces, personal administrativo y oficiales judiciales sobre los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la gestión de los casos de violencia doméstica (430.000 horas persona).
Reuniones informativas a nivel provincial dirigidas a los funcionarios y las autoridades judiciales organizadas por el Consejo Superior de Derechos Humanos.
Cursos de formación sobre los derechos de los ciudadanos impartidos a jueces, personal y funcionarios judiciales (2.112 rondas).
Series de cursos especializados sobre los derechos del niño organizados por el Comité Nacional de los Derechos del Niño.
Creación y promoción de consultorios sobre los derechos de los ciudadanos en todo el país, en cooperación con los sectores gubernamental y no gubernamental, con fines de educación y promoción de los derechos y la ética ciudadana para la prestación de servicios de asistencia jurídica y judicial, psicológica y social.
Cursos de formación sobre los derechos de los ciudadanos y la ética administrativa impartidos al personal de los departamentos ejecutivos y organizados por el Ministerio de Justicia (más de 50.000 horas persona).
Formaciones para la introducción de la ley sobre los derechos de los ciudadanos en el sistema administrativo, y familiarización con la Carta de Derechos de los Ciudadanos en las provincias del país, así como seis rondas de cursos de formación de formadores (140 personas) de descripción y educación en los derechos de los ciudadanos.
Cursos anuales obligatorios de capacitación sobre los derechos de los ciudadanos para todos los departamentos ejecutivos.
Talleres sobre los derechos de los ciudadanos impartidos a alumnos, padres y profesores (total: 2.572.000 horas persona).
Cursos de formación sobre los derechos de los ciudadanos a tres niveles: inspección, personal y dirección de la policía.
Contenidos educativos sobre los derechos de los ciudadanos difundidos a través del ente de radiotelevisión IRIB (total: 3.494 horas).
Derecho a la educación
14.Todos los alumnos tienen acceso a la educación formal en el país. Los niños a los que se niega su derecho a la educación o que se ven privados de ella por motivos de abandono escolar, enfermedad u otros pueden recibir clases presenciales o no presenciales (virtuales). Con arreglo a la ley de protección de niños y adolescentes, impedir la educación de los niños se considera una infracción susceptible de multa.
15.Tal como se indica en el “Documento sobre la Transformación Fundamental del Sistema Educativo”, uno de los principales objetivos del país consiste en garantizar el acceso a una educación adecuada en todas las regiones, sin distinciones por motivo de raza o sexo, especialmente en el caso de las niñas y los grupos vulnerables de las regiones menos desarrolladas, rurales y nómadas. Los programas específicos de este ámbito consisten en capacitar y facultar a los equipos administrativos de las escuelas para que identifiquen y atraigan a las personas necesitadas de educación, en las comunidades locales, introducir mecanismos apropiados para promover soluciones alternativas como los internados, los centros municipales y la educación a distancia, mejorar y equipar estas escuelas en función de las necesidades de los indígenas, y elaborar un completo programa de apoyo a las escuelas y los alumnos del medio rural mediante recursos estatales, internacionales y de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
16.A fin de hacer efectivo el derecho de acceso a una educación formal de calidad para todos los niños necesitados de educación, en marzo de 2014 se puso en marcha un programa destinado a atajar las causas del analfabetismo cuyo objetivo era identificar, atraer, educar y proteger a todos los niños necesitados de una enseñanza primaria, a una edad temprana, sobre todo a los niños que se habían visto privados de una educación o habían abandonado la escuela, especialmente a las niñas. Algunas de las principales actividades en esta esfera son las siguientes:
Lanzamiento del sitio web “nuestros deberes” con miras a la creación de una base de datos, 2017.
Ejecución del plan de elaboración de un censo de los niños privados de una educación de entre 6 y 11 años y transmisión de los datos estadísticos nominales a las autoridades provinciales con el fin de atraerlos a la educación.
Organización de clases compensatorias para estos niños así como talleres informativos dirigidos al personal administrativo de las escuelas y a los padres.
Servicios de asesoramiento para las familias y los niños con problemas de aprendizaje.
Distribución gratuita de 7.000 paquetes educativos y otros materiales en las zonas menos desarrolladas.
Aprovechamiento del potencial de las organizaciones benéficas y las ONG para identificar y educar a estos alumnos.
Desarrollo de la educación preescolar, sobre todo en las zonas menos desarrolladas, rurales y nómadas.
Medidas para acelerar y facilitar el proceso de matriculación y la continuidad de los estudios de los niños iraníes indocumentados.
17.Por decreto del Líder Supremo (mayo de 2015) con la correspondiente aprobación del Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación tiene la obligación de matricular en un centro lectivo a los alumnos de nacionalidad extranjera, los solicitantes de asilo y los refugiados que no tengan residencia legal en el país, cuyo número se elevó a 386.269 en el curso académico 2015/16 y a 500.000 en el curso académico 2018/19.
Lucha contra el analfabetismo
18.Según las estadísticas oficiales, la tasa de alfabetización nacional en el grupo de edad de 6 años o más ha pasado de un 87,1 % en 2015 a un 88,8 % en 2018. Asimismo, en el grupo de edad de los 10 a los 49 años, principal destinatario de las actividades de la Organización del Movimiento de Alfabetización, la tasa de alfabetización fue del 94,3 % en 2015 y ascendió a un 95,7 % en 2018. Entre 2015 y 2018, 1.782.677 personas participaron en los cursos de alfabetización de la Organización, que otorgó prioridad a los habitantes del medio rural, las mujeres y las niñas. En este terreno se llevaron a cabo varias iniciativas de educación gratuita como los programas de alfabetización del grupo de edad de entre 19 y 10 años a partir de 2015, que beneficiaron a un total de 65.696 personas, de las cuales 24.364 eran extranjeras, los cursos de alfabetización para padres de alumnos, que tuvieron 30.246 beneficiarios, y los cursos de lengua extranjera que tuvieron 83.475 beneficiarios.
Enseñanza superior
19.El acceso a la enseñanza superior es posible en todo el país. En el curso académico 2015/16, un total de 1.174.897 estudiantes universitarios se matricularon en los centros de enseñanza superior (499.219 mujeres y 665.678 hombres), frente a los 1.002.115 estudiantes (440.773 mujeres y 561.342 hombres) que se matricularon en el curso académico 2018/19.
Derecho a la salud y a la seguridad social
20.Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud y la justicia en el ámbito de la sanidad y garantizar el acceso de todas las personas a estos servicios, se han adoptado varias medidas importantes, entre las que destaca la ejecución del “Plan de Desarrollo del Sistema de Salud”. Los principales logros del Plan son los siguientes:
Aumento de la esperanza de vida al nacer a 76,2 años y reducción de la tasa de mortalidad de los lactantes, los niños y las mujeres embarazadas mediante servicios gratuitos de atención maternoinfantil y a través de la promoción del parto natural.
Mejora del estado nutricional de grupos específicos como los niños, los estudiantes, las niñas, las madres embarazadas y los ancianos.
Prevención de las enfermedades transmisibles y los problemas prioritarios, como las enfermedades relacionadas con los comportamientos de alto riesgo y el VIH, la erradicación de la poliomielitis y la malaria y la prevención de las enfermedades nuevas y emergentes.
Reducción de las muertes prematuras en la población de entre 30 y 70 años de edad.
Mejora de la salud mental mediante servicios de asesoramiento e intervenciones terapéuticas.
Control de los daños sociales, como las adicciones y los comportamientos de alto riesgo, en paralelo al disfrute gratuito de los servicios de salud social.
Aumento del nivel de cobertura y disfrute de los servicios de atención primaria mediante la ampliación y la restauración de las redes de atención de la salud rurales y urbanas, especialmente en las periferias de las ciudades. Actualmente prestan servicios médicos a la población 17.948 casas de salud, 253 centros de salud rurales, 5.311 centros de salud urbanos, 2.674 centros de salud rurales de servicios integrales, 2.723 centros de salud urbanos de servicios integrales y 461 centros de salud de ciudades o localidades medianas.
Presencia de médicos de familia en las ciudades y las aldeas.
Disminución del número de pacientes admitidos en los hospitales públicos como parte de los costos de los hospitales estatales y apoyo financiero a los pacientes con enfermedades mortales y especiales, así como a los pacientes desfavorecidos.
Control, erradicación y eliminación de las enfermedades no transmisibles; las Naciones Unidas distinguieron los notables logros del país en este ámbito con los premios UNIATF en septiembre de 2018.
Esterilización voluntaria y cambio de sexo
21.La castración solo se lleva a cabo a quienes se someten voluntariamente a dicho procedimiento para prevenir los embarazos no deseados y los embarazos de alto riesgo, así como los casos de enfermedad y muerte.
22.Según lo dispuesto en la ley, el cambio de sexo es posible previa solicitud del propio interesado; una vez que el tribunal remite el caso para su examen por expertos y lo somete a un examen médico forense especializado, el cambio puede llevarse a cabo por orden judicial.
Seguridad social
23.Dotar de cobertura a todas las personas privadas de un seguro médico mediante el “Plan del Seguro Médico” ha sido una de las medidas más importantes adoptadas en los últimos años. Hasta la fecha, este seguro ha dado acceso a más de 39 millones de personas a los servicios de los hospitales y los centros de salud públicos por poco o ningún dinero. Asimismo, en lo que respecta a la seguridad social, el número de beneficiarios pasó de 41.380.799 en 2015 a 42.792.136 en 2018.
Derecho a una vivienda adecuada
24.El Plan Integral de Vivienda para el período 2017-2026 ha sido concebido y redactado con el objetivo principal de ofrecer una vivienda adecuada a todos los segmentos de la sociedad y resolver el problema de la vivienda de las familias de bajos ingresos. El Sexto Plan Nacional de Desarrollo también prevé la construcción y entrega de 100.000 unidades residenciales al año en forma de un “Programa de Vivienda Asistida” y un “Programa de Vivienda Social”. Asimismo, en el marco del “Programa de Renovación y Mejora de la Vivienda Rural”, se ha previsto la concesión anual de 200.000 líneas de crédito bancario a bajo interés en las zonas rurales. Durante el primer trimestre de 2018 se finalizó la construcción de 20.541 viviendas y tuvo lugar su entrega.
25.Entre 2015 y mediados de 2018, el Gobierno concedió líneas de crédito bancario en las zonas urbanas y rurales para la compra, construcción y reconstrucción de viviendas en las zonas urbanas y rurales por un valor de 244.133.644, 176.777.726 y 4.584.746 miles de millones de riales, respectivamente.
26.El Organismo de Seguridad Social invirtió 9.433 miles de millones de riales de sus recursos internos en la construcción y adquisición de viviendas destinadas a los grupos de bajos ingresos, en el período comprendido entre 2013 y 2017.
27.Cabe señalar que, en cuestión de vivienda, se han facilitado 42.189 unidades a las personas con discapacidad y los solicitantes de asistencia de la Organización de Bienestar Social, y 5.782 unidades a las familias con dos o más miembros con discapacidad.
Derecho al agua potable salubre
28.En diciembre de 2016, el 80,02 % de la población rural y el 99,2 % de la población urbana tenían acceso al agua potable a través de una red de suministro. Mediante la asignación de fondos del Fondo Nacional de Desarrollo y del presupuesto público y la ejecución del plan para el suministro sostenible de agua potable, con la prioridad de abastecer de agua a las aldeas del país, fue posible dotar de un acceso sostenible a agua potable salubre a más de 6.900 aldeas entre 2015 y 2018. El plan para 2019 es abastecer de agua a 1.950 aldeas más.
Derechos de las personas con discapacidad
29.La aprobación de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2017, es una de las últimas novedades legislativas. La Ley se modificó fundamentalmente para garantizar la igualdad de oportunidades en la sociedad dentro del proceso de desarrollo sostenible del país y para reforzar la garantía de cumplimiento y la máxima conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil participaron de forma muy activa en el proceso de redacción y aprobación de esta Ley. Con arreglo al artículo 31 de la citada Ley, se ha estudiado la posibilidad de crear un comité nacional encargado de coordinar las cuestiones relativas a las personas con discapacidad, para así facilitar una supervisión adecuada del cumplimiento de la Ley, al mayor nivel posible, con la participación de representantes de los departamentos competentes y cinco representantes de las redes nacionales de personas con discapacidad.
30.Una de las medidas más importantes en este ámbito es la elaboración, aprobación y aplicación del “Documento Nacional sobre las Personas de Edad del País” (octubre de 2018), con el fin de prestar la protección y el apoyo necesarios a los ancianos, que en su inmensa mayoría son susceptibles de experimentar trastornos psíquicos, físicos y del movimiento.
Niños con discapacidad
31.En aras de la igualdad de oportunidades, la Organización de Bienestar Social coloca a los niños con discapacidad que tienen un mal tutor o que carecen de tutor en las “Casas para Niños y Adolescentes” existentes en todo el país y les proporciona apoyo y servicios especializados. En los años 2016, 2017 y 2018, la Organización de Bienestar Social brindó protección a 1.140, 814 y 1.082 niños, respectivamente.
Adaptación y accesibilidad
32.En su segundo capítulo, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad apoya la existencia de un entorno libre de obstáculos en los lugares públicos y la adaptación de estos a las necesidades de las personas con discapacidad. A ese respecto, la República Islámica del Irán ha adoptado varias medidas entre las que figura la redacción del Documento Nacional sobre la Adaptación (2018) y la puesta en marcha de un sistema para presentar denuncias por mensaje de texto denominado “Mabar” (núm. 3000012322).
Actividades de sensibilización
33.Las disposiciones de los artículos 20 y 21 de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2017) exigen que los departamentos ejecutivos promuevan la cultura y la sensibilización pública, en colaboración con la Organización de Bienestar Social. Se distribuyen noticias e información específica mediante la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB) y las redes sociales, así como a través de sitios web especializados y publicaciones especiales (periódico Sepid).
Educación
34.De conformidad con el código ejecutivo del reglamento de la educación diversificada e integrada del Ministerio de Educación, todas las escuelas están obligadas a admitir a los alumnos con discapacidad junto a los demás. El número de escuelas que admitieron a alumnos con discapacidad en el curso 2018/19 con respecto al curso 2013/14 ha aumentado un 133,9 %. Se ha diseñado y ha entrado en funcionamiento un sistema electrónico integrado para los alumnos con discapacidad que registra toda su información, desde el diagnóstico hasta el final de sus estudios, así como la cobertura académica de los estudiantes con autismo.
35.Las principales medidas adoptadas por el Ministerio de Educación en beneficio de los niños con discapacidad son las siguientes: creación de internados, organización de cursos preprofesionales y de enseñanza secundaria profesional para los estudiantes con una grave deficiencia intelectual y desarrollo de los servicios de rehabilitación.
Empoderamiento, rehabilitación y garantías de integración social
36.La Organización de Bienestar Social ha adoptado medidas como la prestación de servicios de rehabilitación a las comunidades rurales (1.877.283 casos) y urbanas (16.000 casos), la dotación de servicios médicos y equipo sanitario (451.127 casos) y la concesión de ayudas a la subsistencia y la educación (2.152.878 casos); y la Fundación de Asuntos de los Mártires y los Veteranos ofrece atención médica y servicios de salud (6.762.813 prestaciones a 1.693.557 personas) y asistencia jurídica (67.108 casos).
37.La Organización de Bienestar Social también ha llevado a cabo toda una serie de programas de prevención de la discapacidad, como el plan de control, diagnóstico e intervención temprana para resolver los problemas de audición en lactantes (3.982.429 personas), el proyecto de prevención de las discapacidades causadas por la explosión de minas y otras municiones sin detonar (2.269.721 personas), etc.
Empleo y apoyo en materia administrativa y laboral
38.Entre las principales medidas adoptadas por la Organización de Bienestar Social destaca la creación de empleo (186.581 personas), el pago de ayudas para mejorar la eficiencia de las personas con discapacidad activas en el sector no gubernamental (3.242 personas), el pago de la cotización del seguro correspondiente al empleador y al autónomo en el caso de las personas con discapacidad y los solicitantes de asistencia a la Organización (39.113 personas), la concesión de préstamos bancarios, la contratación de personas con discapacidad en los departamentos gubernamentales partiendo de una cuota del 3 % y la capacitación profesional de más de 13.000 personas en los centros de formación.
Cooperación con las organizaciones no gubernamentales
39.La Organización de Bienestar Social mantiene una interacción constante con más de 662 organizaciones activas en el ámbito de las personas con discapacidad.
Reducción de la pobreza y desarrollo de las zonas rurales y menos desarrolladas
40.El Plan Estratégico de Irán con una perspectiva de 20 años, la ley que contiene el reglamento sobre los planes nacionales de desarrollo y la Ley relativa a los Programas de Desarrollo Económico, Social y Cultural prevén la reducción de la pobreza, la creación de justicia social y el desarrollo de las zonas rurales y menos desarrolladas. Las principales medidas adoptadas por cada departamento en esta esfera son las siguientes:
Organización de Bienestar Social: creación y desarrollo de grupos de hogares encabezados por mujeres (de 914 a 1.200 grupos); Plan de Empoderamiento Comunitario con un enfoque de reducción de la pobreza (de 113 a 157 casos); creación y ampliación del número de centros de cuidado de niños en hábitats desfavorecidos, nocivos o informales (de 225 a 250 centros), etc.
Ministerio de Agricultura: cesión de tierras de labranza de propiedad nacional y estatal a personas con pocas o ninguna tierra; cesión de tierras para la realización de diversos proyectos (en el ámbito de la agricultura, la industria, los servicios, etc.), especialmente a los aldeanos, los nómadas y las mujeres cabeza de familia que se postulen como candidatos.
Comité de Socorro Imán Jomeini: medidas de ayuda a la subsistencia; servicios de salud, incluidos servicios de enfermería a pacientes necesitados de ayuda domiciliaria y medidas de ayuda para pacientes con enfermedades de alto riesgo (57.700 personas); un seguro básico (1 millón de personas) y atención complementaria para los solicitantes de asistencia (3 millones de personas) y un seguro contra accidentes (más de 1.500.000 personas al año); apoyo al emprendimiento y al empleo sostenible (creación de 459.175 oportunidades de empleo y autosuficiencia de 249.634 hogares); empoderamiento y autosuficiencia de los hogares encabezados por mujeres (1.187.108 personas); servicios de enseñanza-formación para los niños de los hogares encabezados por mujeres; y servicios gratuitos de asistencia jurídica y judicial, y creación de un servicio de asistencia jurídica con presencia en todo el país (375 oficinas).
Fundación Barakat, Setad: amplios servicios de empoderamiento económico y emprendimiento, infraestructuras, salud, seguros y apoyo cultural en las zonas menos desarrolladas.
Derecho a trabajar
41.El Gobierno ha elaborado y aplicado toda una serie de leyes y reglamentos para hacer realidad el empleo sostenible sobre la base de la igualdad de acceso al empleo.
42.Según los resultados de la encuesta de población activa de 2018, la tasa de actividad económica de las mujeres y los hombres ha registrado una tendencia al alza entre 2015 y 2018, pasando de un 38,2 % en 2015 a un 40,5 % en 2018. Entre 2015 y 2018, las mayores fuentes de empleo fueron respectivamente los servicios, la industria y la agricultura.
43.Entre las medidas de creación de empleo figuran las siguientes:
Ejecución del Plan de Empleo Rural y Nómada.
Concesión de líneas de crédito bancario.
Apoyo a los planes de autosuficiencia.
Colocación laboral.
Construcción y equipamiento de espacios para la autosuficiencia (1.258 unidades).
Ejecución de programas de facilitación del empleo.
Aumento de la cuota de mujeres en los procesos de contratación de los departamentos del Gobierno.
Asignación de créditos considerables con miras a la creación de puestos de trabajo para personas vulnerables y mujeres.
Inauguración del Centro de Desarrollo y Aceleración Empresarial para Mujeres. fortalecimiento de la cooperación y las asociaciones rurales de mujeres y fomento de la iniciativa empresarial de las mujeres.
Oferta de formación especializada, técnica y profesional, en particular para los habitantes de los asentamientos informales (medio rural), las aldeas, las zonas nómadas, las zonas menos desarrolladas y las zonas fronterizas, los soldados en los cuarteles, los graduados y los estudiantes universitarios. y empoderamiento laboral de las personas víctimas de daños sociales (total: 3.317.013).
Apoyo a los planes de creación de empresas desde la perspectiva del empleo de los jóvenes.
Desarrollo de la cooperación con ONG y organizaciones benéficas en apoyo de la creación de empleo.
Apoyo a las asociaciones sindicales y a su proliferación (de 1.248 a 1.836).
Derechos de la mujer
44.La República Islámica del Irán ha llevado a cabo una labor de promoción de los derechos culturales, sociales, económicos, civiles y políticos de la mujer que ha ocupado un lugar central en su quehacer político y legislativo y su planificación nacional.
45.Las principales propuestas legislativas de protección y promoción de los derechos de la mujer ya aprobadas o en proceso de redacción son las siguientes:
Ley de Reducción de las Horas de Trabajo de las Mujeres con Condiciones Especiales (2016).
Consideración de varias disposiciones relacionadas con los derechos de la mujer en la Carta de Derechos de los Ciudadanos.
Visado gubernamental a la promoción de la salud y vitalidad de las mujeres y las niñas a través del deporte, 2018.
Las decisiones del Consejo Supremo Administrativo por las que se exige al Gobierno que destine el 30 % de los puestos de gestión a mujeres, así como la selección y el nombramiento de los directores profesionales en función de las competencias generales y especializadas necesarias, independientemente del sexo de los candidatos.
Proyecto de Ley de Protección de las Mujeres Contra la Violencia.
Proyecto de Enmienda de la Ley de Nacionalidad de los Hijos de las Mujeres Iraníes Casadas con Hombres Extranjeros, 2018.
Equilibrio de género
46.Sobre la base del artículo 101 del Sexto Plan Nacional de Desarrollo relativo a la consolidación del pilar de la familia y la promoción de la condición de la mujer en todos los ámbitos, la Vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia ha preparado un documento sobre la promoción de la condición de la mujer y la familia mediante la identificación de indicadores del equilibrio de género y las consultas con la sociedad civil en el marco de 8 ejes y 28 indicadores.
Educación
47.La participación de la mujer en la enseñanza superior en el país presenta una tendencia al alza. Actualmente, el 43,98 % de los estudiantes universitarios son mujeres. La proporción de mujeres en el personal académico de las universidades en todo el país se sitúa en el 24 %, lo que representa un aumento del 8 % desde 2009. Las mujeres con educación superior representan en torno al 30 % del total de las mujeres ocupadas.
Empleo de la mujer
48.La tasa de actividad económica de las mujeres, en una tendencia positiva, ha pasado del 12,4 % en 2013 al 16,4 % en 2018. La tasa de ocupación de la mujer en el sector público ha pasado del 34,64 % en 2009 al 41,67 % en 2018, lo que refleja una tendencia al alza en la participación de las mujeres en la función pública. Hay más de 4.000 mujeres empresarias en activo. De los 223 centros que se han instituido y han comenzado a funcionar hasta la fecha en todo el país, aproximadamente el 20 % se hallan liderados por mujeres empresarias.
Participación política y presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones
49.El número de mujeres en puestos de gestión ha aumentado en todos los niveles, pasando de un 14,9 % en 2017 a un 18,3 % en 2018. En la judicatura hay más de 970 juezas. Entre 2011 y 2017, el promedio anual de mujeres que entraron a trabajar como juezas registró un aumento de casi un 3 %. El número de candidatas que se presentaron a las quintas elecciones municipales de 2017 y salieron elegidas fue de 15.491 y 4.029 mujeres, respectivamente. Aproximadamente un tercio de las candidatas se hicieron con un escaño. Actualmente se han instituido 14 partidos, especialmente por iniciativa de mujeres, que han recibido los permisos necesarios. Las mujeres afiliadas a partidos y grupos políticos son más de 15.000.
Empoderamiento de las mujeres
50.En el contexto de las últimas novedades, en consonancia con la aplicación del artículo 80 de la Ley sobre el Sexto Plan Nacional de Desarrollo, se ha establecido el Equipo Nacional de Trabajo sobre el Empoderamiento de las Mujeres Cabezas de Familia en la esfera del fomento del empleo y la iniciativa empresarial.
51.A ese respecto, la Organización de Bienestar Social ha adoptado varias medidas entre las que figura la creación y ampliación del número de consultorios de trabajadores sociales (de 386 a 563), la elaboración de directrices para las intervenciones especializadas destinadas a proteger a las niñas expuestas a daños sociales, la puesta en marcha de 15 líneas telefónicas de apoyo psicosocial a las mujeres divorciadas y a sus hijos a nivel provincial, la puesta en servicio de 21 centros para brindar atención psicosocial a las niñas y a las familias en colaboración con las ONG, la puesta en funcionamiento de tres centros de empoderamiento de las mujeres y las niñas afectadas, la ampliación del número de centros de emergencia social a 346 y la puesta en marcha de 55 centros de servicios sociales en zonas con asentamientos informales y en asentamientos del medio rural.
Penalización de la violencia contra las mujeres
52.Además de la tipificación como delito de la violencia contra las mujeres en el Código Penal Islámico y en la Ley de Protección de la Familia (aprobada en 2012), el Proyecto de Ley de Protección de las Mujeres Contra la Violencia, que se encuentra en las últimas fases previas a su ratificación, ha establecido varias salvaguardias eficaces al respecto.
53.Con el objetivo de empoderar a los miembros de la familia, la Organización de Bienestar Social ofrece servicios gratuitos de asistencia jurídica, psicológica y psiquiátrica las 24 horas y terapias de apoyo a los miembros de la familia mediante la creación de centros de acogida para las madres y los niños bajo tutela de la Organización. Entre 2015 y 2018, un promedio anual de 1.500 mujeres víctimas de la violencia doméstica y sus hijos recibieron servicios especializados en 28 centros de acogida.
54.El Director Adjunto de Asistencia Social y Prevención del Delito del poder judicial, con el fin de erradicar la violencia, ha creado el Comité Nacional de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional (2015), incluida la violencia doméstica, y ha realizado un seguimiento de diversas medidas.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales de la mujer y la familia
55.La Vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia hasta el momento ha firmado 304 memorandos de entendimiento para la cooperación conjunta con diversas ONG en todo el país entre el segundo semestre de 2013 y 2017, en los que se han tomado en consideración diferentes aspectos de la cooperación, previa solicitud, y las posibilidades de dichas organizaciones.
Derechos del niño
56.Entre las principales medidas adoptadas en este terreno tras el informe anterior figuran la redacción de un Documento General sobre los Derechos del Niño (2015) y un proyecto de ley de protección de niños y adolescentes. Además, en virtud de la Ley sobre el Sexto Plan de Desarrollo, el Gobierno está obligado a aumentar la protección alimentaria de los niños y la protección brindada a los niños sin tutor, los huérfanos y los niños de la calle (artículo 78), así como a tomar medidas organizativas y a reducir el número de niños de la calle y niños trabajadores.
57.El centro de coordinación nacional para la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido órganos similares, aprovechando los medios de las oficinas de los gobernadores provinciales dedicadas a los asuntos de la mujer y la familia, para lograr un mayor respeto de los derechos del niño, con el fin de coordinar y supervisar el funcionamiento de los departamentos ejecutivos en otras provincias.
58.La Ley de Nacionalidad de los Hijos de las Mujeres Iraníes Casadas con Hombres Extranjeros no ha dejado de evolucionar desde 2006. Además, dicha Ley se halla en proceso de enmienda en el Parlamento a fin de que se pueda otorgar la ciudadanía a las personas antes de que alcancen los 18 años de edad.
Prohibición de la discriminación contra los niños
59.De conformidad con la ley, todos los menores de 18 años sin tutor o con un mal tutor, independientemente de su religión, origen étnico y nacionalidad, tienen derecho a beneficiarse de prestaciones de sanidad, educación, atención médica, manutención y guarda. Además, los niños refugiados e inmigrantes desfavorecidos están cubiertos por los servicios de bienestar gratuitos.
60.Con respecto a los niños de la calle y los niños trabajadores, el centro de gestión de los niños de la calle de la Organización de Bienestar Social, con la participación de las ONG interesadas, proporciona servicios de protección y bienestar gratuitos con el doble enfoque de la centralidad de la familia y la reducción del daño psicosocial. Cabe señalar que, en promedio, el 60 % de los niños de la calle y los niños trabajadores son de nacionalidad extranjera y que, según el principio del humanitarismo y mirando por los derechos del niño, independientemente de sus características nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, el Gobierno del Irán les ha proporcionado el mismo tipo de servicios que a los niños iraníes. En los años transcurridos entre 2015 y 2018, se prestaron un promedio de 5.000 servicios anuales de atención especializada al niño.
Prohibición y prevención de la violencia contra los niños
61.Varias leyes del país destacan la necesidad de un buen comportamiento hacia los niños por parte de padres y tutores y hacen hincapié en la prevención del maltrato. Cabe señalar que, según el artículo 1 del “proyecto de ley de protección de niños y adolescentes”, cualquier tipo de maltrato, explotación económica, comercialización y compraventa o prostitución y cualquier forma de explotación sexual, vulgar y pornográfica se hallan definidos y tipificados como delito en el artículo 10.
62.Los 350 centros de emergencia social que la Organización de Bienestar Social tiene distribuidos por el país ofrecen varios servicios de apoyo a los niños víctimas de la violencia o los malos tratos, los niños trabajadores y los niños de la calle en condiciones difíciles y duras, así como a los niños damnificados en catástrofes y desastres colectivos. En 2018, los niños víctimas de la violencia representaban cerca de un 6 % del grupo destinatario de este programa.
63.Entre las medidas de apoyo existentes en este ámbito, figuran las siguientes:
Establecimiento de dependencias de investigación y tribunales penales especiales dentro del poder judicial encargados de examinar los delitos de abuso de menores.
Establecimiento de un grupo de trabajo contra el maltrato infantil, junio de 2017.
Puesta en marcha de la línea 30003636 para denunciar los abusos de menores por mensaje de texto.
Ejecución del plan “Namaad” (símbolo) por el Ministerio de Educación en el terreno de la prevención de la violencia contra los niños.
Protección jurídica y judicial
64.Con la aprobación del Código Penal Islámico (2013) y el Código de Procedimiento Penal (2015), se han establecido salvaguardias especiales de conformidad con los instrumentos internacionales en favor de los niños y los adolescentes en el proceso judicial, a saber:
La exención de la sanción de los delitos castigados con el talión y los delitos hudud en el caso de los acusados menores de 18 años de edad, si estos no comprenden la naturaleza del delito cometido o su prohibición. o si existen dudas acerca de su desarrollo y madurez.
Examen de disposiciones especiales para un trato diferenciado.
Designación de dependencias especiales en las fiscalías y los tribunales.
Creación de un sistema de responsabilidad penal gradual.
Modificación de la edad de responsabilidad penal en función del criterio del desarrollo mental.
Aplicación de diferentes alternativas correccionales y educativas en lugar de la reclusión, como entregar a los niños a la familia o retenerlos en centros de rehabilitación para su educación durante un período máximo de cinco años.
Utilización de respuestas al acto delictivo que creen oportunidades y activación de las nuevas instituciones jurídicas, como la suspensión de las actuaciones, el aplazamiento de la imposición de la pena y la suspensión de la pena, en las distintas etapas del proceso.
Posibilidad de revisión reiterada de los veredictos y las decisiones de los tribunales tras emitirse un fallo.
Prohibición del matrimonio forzoso y precoz
65.En relación con el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, cabe señalar que el artículo 50 de la Ley de Protección de la Familia, aprobada en 2012, tipifica como delito algunos matrimonios precoces. Además, los cambios socioculturales que han tenido lugar en el país y el mayor nivel de educación de las niñas y las mujeres han supuesto un aumento de la edad mínima a la que se contrae matrimonio. Sin embargo, en algunas ciudades y zonas menos desarrolladas se han registrado unos pocos matrimonios precoces, los cuales se dan por influencia de ciertas tradiciones y culturas menores. A este respecto, se observarán efectos positivos gracias a los esfuerzos realizados a través de programas educativos y culturales.
Promoción del deporte
66.La promoción del deporte tiene lugar mediante la construcción y mejora de las infraestructuras de las instalaciones deportivas, el fomento de los deportes rurales y nómadas, un mayor acceso de la mujer a las instalaciones deportivas y la promoción del deporte público, la creación y el equipamiento de 3.000 centros deportivos rurales en todo el país, el aumento del número de federaciones deportivas femeninas de 45 a 49 y la creación de 5.200 estaciones deportivas con fines de promoción de la salud y la vitalidad en los distintos ámbitos sociales, incluida la vejez, y la existencia de 411 centros deportivos dedicados a las personas con discapacidad.
E.Derechos civiles y políticos
Derechos de los refugiados y solicitantes de asilo
67.La República Islámica del Irán es el cuarto país del mundo que acoge a más solicitantes de asilo. Pese a las injustas sanciones unilaterales que se le han impuesto, el Irán ha desplegado amplios medios para recibir como corresponde a refugiados y solicitantes de asilo en materia de educación, sanidad, subsistencia, vivienda, etc. Así viene sucediendo pese a que la asistencia internacional que recibe el país es muy escasa y apenas cubre el 3 % de los costos con los que corre el Irán.
68.Las principales medidas adoptadas en apoyo de los refugiados y los solicitantes de asilo son las siguientes:
Establecimiento de mecanismos de control y examen de la información.
Aprobación de la normativa sobre la educación de los extranjeros en 2016.
Cobertura del seguro médico para los extranjeros que residen en el país.
Cobertura del seguro de la seguridad social para unas 90.000 personas. Todos los niños refugiados con discapacidad han quedado cubiertos por el seguro de salud en cooperación con la oficina del ACNUR.
Establecimiento de siete centros médicos en las provincias en las que residen los inmigrantes y suministro del equipo y los medicamentos necesarios a 92 centros de salud en las ciudades de huéspedes.
Formación y empoderamiento profesional de 21.151 refugiados y solicitantes de asilo y expedición de más de 270.000 permisos de trabajo para al menos uno de los miembros de cada familia de inmigrantes, y realización de cursos de capacitación para darles los medios necesarios para el retorno voluntario a sus países de origen.
Cooperación con el ACNUR.
Apoyo financiero y ejecutivo a las actividades humanitarias y de promoción de las ONG.
Prestación de ayudas de salud, educación, subsistencia etc. a los desplazados de la mano de las ONG.
Libertad de opinión y de religión y derechos de las minorías
69.Los artículos 10, 33, 77, 97 y 110 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos consolidan los derechos de las minorías religiosas los grupos étnicos y las afiliaciones sociales y políticas, y en ese sentido prohíben todo tipo de actos que propaguen el odio, en particular contra los niños, así como la discriminación en el empleo y la discriminación en el acceso a la información, la actividad empresarial y los conocimientos contra las minorías y los grupos étnicos, sociales o políticos, y hacen hincapié en el derecho a la comunicación intercultural.
70.Las principales medidas adoptadas son entre otras las siguientes:
La Ley relativa a la Participación de las Minorías Religiosas en los municipios, de julio de 2018.
Artículos de la Ley Tazirat: se han tipificado como delito los insultos a las figuras sagradas de las religiones reconocidas en la Constitución, así como el extremismo étnico, racial y religioso, que genera odio y violencia, y toda forma de asistencia financiera a dichas actividades.
Disfrute por las minorías religiosas reconocidas de las libertades necesarias para celebrar sus rituales religiosos y étnicos, y observancia de la condición personal de seguidor de una religión.
Asignación de presupuestos específicos y diversas contribuciones financieras a los centros especiales y los grupos de las minorías religiosas.
Asignación de cinco escaños parlamentarios a las minorías religiosas, pese a su porcentaje demográfico.
Concesión de licencias de actividad a 58 asociaciones para el desarrollo de actividades sociales, ciudadanas y culturales.
Acceso a publicaciones y prensa especializada como medio para facilitar información a la sociedad y a los seguidores de cada religión mediante 20 publicaciones diarias, semanales y mensuales y revistas, así como cinco centros editoriales.
Gestión de 93 escuelas especiales para minorías religiosas que no obstante pueden cursar estudios en todas las escuelas. También tienen la oportunidad de estudiar en diversos niveles académicos. A fin de proteger la literatura y la cultura de las minorías reconocidas, se han creado cursos de enseñanza superior específicos en las universidades iraníes.
Aplicación de la normativa local, en función de la religión, dentro de los límites de la autoridad de los municipios, en las zonas en las que los seguidores de cada una de las religiones en cuestión son mayoría. Los suníes en el Irán no son una minoría religiosa y de hecho se los considera parte de la sociedad musulmana. Los suníes tienen más de 15.000 mezquitas en el Irán, un número mucho mayor que el de la población chiita.
Nombramiento de un asesor en asuntos suníes por el Presidente.
Nombramiento de suníes en cargos de responsabilidad, como embajadores, viceministros, jueces, gobernadores, etc.
Sectas
71.En paralelo a las minorías religiosas reconocidas, se respetan los derechos de todos los ciudadanos iraníes, incluidos los seguidores de la secta bahaí. De conformidad con los artículos 3, 12, 13, 14, 19, 20, 22 y 23 de la Constitución, todos los iraníes disfrutan de todos los derechos de los ciudadanos. El bahaísmo es principalmente una secta política y no religiosa. La situación de los bahaíes en el Irán refleja la garantía y observancia de sus derechos fundamentales como ciudadanos en el Irán.
72.Pese a las denuncias que señalan que los bahaíes se ven privados del acceso a la enseñanza superior, cabe destacar lo siguiente: en el artículo 30 de la Constitución se indica que es obligación del Gobierno ofrecer una enseñanza y una educación física gratuitas para todos, a todos los niveles, así como facilitar y generalizar la educación y la enseñanza superior. Además, los centros educativos en el Irán tienen sus normas y reglamentos. Si una persona, independientemente de su religión o sus creencias, respeta dichas normas, nadie puede privarla de sus derechos.
Libertad de partidos, de reunión, de expresión y de acceso a la información y derecho a la participación política
73.En cumplimiento de los artículos 26 y 27 de la Constitución y de conformidad con la Ley sobre las Actividades de los Partidos, las Sociedades y las Asociaciones y las Minorías Religiosas, enmendada en 2016, se autoriza toda actividad social que consista en fundar un partido, sociedad o asociación. Asimismo, en el artículo 131 del Código del Trabajo se reconoce la libertad de asociación y la libertad sindical. En virtud del Código, cada año se emiten varios permisos para celebrar reuniones a distintos grupos de personas. En 2018, se establecieron 46 asociaciones, se expidieron 34 licencias nuevas y se ampliaron 75 licencias ya existentes.
74.En lo que constituye una buena aplicación del artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de expresión, el legislador, en el artículo 608 del Código Penal Islámico, únicamente prevé una sanción para quienes abusan de la libertad de expresión insultando a otras personas.
75.El Proyecto de Ley de Prensa, que contiene importantes disposiciones sobre la protección de periodistas y reporteros, se está articulando. Otras medidas adoptadas son las siguientes:
Permiso de publicar para 161 medios de comunicación en persa/kurdo; permiso de publicar para 4 medios de comunicación en farsi/baluchi; permiso de publicar para 421 medios de comunicación en persa/ azerí.
Aumento del número de medios autorizados, de 3.700 en 2015 a 10.600 en 2018 (350 periódicos, 42 agencias de noticias, 2.700 sitios web de noticias y 4.200 publicaciones semanales).
Aumento del número de medios de comunicación extranjeros en el país, de 148 oficinas en 2014 a 170 oficinas en 2018.
Aumento del número de periodistas que residen en el país, de 293 en 2015 a 322 en 2018.
76.En cuanto al derecho de acceso a la información, el sistema de “publicación y libre acceso a la información” se estableció en julio de 2017, y en mayo y junio de 2019, el Presidente anunció la publicación de cuatro manuales de estilo relacionados con la legislación de divulgación y libre acceso a la información.
77.A fin de mejorar la calidad y el nivel de acceso a Internet y la prestación de servicios, se ha ampliado el ancho de banda y se han desplegado servicios móviles de tercera generación o superiores. Cabe señalar que el número de usuarios de Internet ha pasado de unos 32 millones de personas en 2015 a más de 46 millones hasta la fecha. Asimismo, el número de sitios web y blogs del país pasó de 857.149 en 2016 a 1.011.114 en 2018.
78.En el Irán, las principales instituciones de gobierno sientan sus bases en la voluntad del pueblo y en el sufragio popular directo o indirecto; y a lo largo de los últimos 40 años, han tenido lugar más de 35 elecciones en el ámbito nacional, con un gran nivel de participación. Entre 2015 y 2017 se celebraron elecciones a la Asamblea de Expertos, la Asamblea Consultiva Islámica, los Consejos Islámicos de Ciudad y Aldea y las elecciones presidenciales, con una tasa de participación de la población del 60,96 %, 61,64 %, 73,33 % y del 69,26 %, respectivamente.
79.La Carta sobre el Diálogo Político se elaboró en marzo de 2017 con el fin de lograr la máxima participación del Gobierno y el pueblo en la administración del país, reconociendo la importancia de los partidos y las ONG.
Justicia judicial
80.La aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal (que entró en vigor en 2015) es una de las novedades más importantes en el sistema jurídico. La Ley sobre el Sexto Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 113, 116 y 117, obliga al poder judicial a aumentar su precisión y rapidez en la prestación de los servicios judiciales, fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios judiciales para todos los ciudadanos, reducir el número de expedientes nuevos, prevenir la comisión de delitos y reducir la población penitenciaria, aumentar la solución de controversias mediante el arbitraje y la creación y el desarrollo de instituciones de arbitraje, y establecer un sistema de inspección para detectar las infracciones cometidas por los jueces, el personal judicial y otros.
81.De conformidad con la ley revisada en 2007, los Consejos de Solución de Controversias son las entidades encargadas de resolver los conflictos y lograr que se haga la paz y se alcance un acuerdo entre las personas físicas y jurídicas y las entidades no gubernamentales.
Un sistema judicial efectivo, independiente e imparcial
82.El Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 3 y 93, subraya la importancia de la imparcialidad y la independencia de las autoridades judiciales y los jueces, y en sus artículos 421 y 372, hace hincapié en la imparcialidad de los jueces. Asimismo, los artículos 576 y 577 del proyecto de ley Tazirat tipifican como delito la injerencia en los asuntos judiciales por parte de otros departamentos gubernamentales de cualquier grado o nivel; y ninguna autoridad tiene derecho a intervenir en los asuntos judiciales y a prohibir la ejecución de las penas.
Actuaciones y juicio imparciales
83.El Código de Procedimiento Penal ha introducido innovaciones encaminadas a lograr un mayor respeto de los derechos de las personas que participan en las actuaciones penales, tanto acusados como víctimas, así como la eliminación de los vacíos existentes, a saber: la sistematización de los principios que rigen el enjuiciamiento y la definición de los principios del juicio imparcial en los artículos 2 a 7; la obligación de los agentes del orden de ir documentados durante sus misiones (artículo 30); el hecho de que el interrogatorio de mujeres y menores de edad corra a cargo de funcionarias (artículo 42); la presencia de los abogados en las fases iniciales de la detención y la investigación (artículo 48); el contacto de los acusados con sus familias tras su detención (artículos 49 y 50); el hecho de que la citación y la detención únicamente puedan darse sobre la base de la decisión de una autoridad judicial; la posibilidad de que las ONG presenten cargos en la esfera de los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los derechos de las personas con vulnerabilidades (artículo 66); el derecho a guardar silencio (artículo 197); la indemnización al interesado por la duración de la prisión preventiva tras ser declarado inocente de los cargos atribuidos (artículos 255 a 261); la elaboración de un expediente de la personalidad en caso de delito grave (artículo 203); la eliminación de la prisión preventiva (artículos 237 y 238); la sustitución del auto de procesamiento por un auto de prisión provisional (artículo 265); la prohibición de la investigación de niños y adolescentes por el agente de la ley (artículo 285); y la elaboración de expedientes de la personalidad de niños y adolescentes (artículo 286).
84.En cuanto al juicio imparcial de los delitos que causan la muerte, hay diferentes etapas en el proceso de emisión y ejecución de la pena. Después de la fase de instrucción inicial, la instancia inferior pronuncia un fallo con la presencia de tres jueces que es examinado por el Tribunal Supremo (con la presencia de tres magistrados). El Código de Procedimiento Penal contempla la solicitud de repetición del juicio y la solicitud de rebaja de la condena y el indulto. Con arreglo al artículo 477 del Código, en los casos en que recae sentencia definitiva, el Presidente del poder judicial, en determinadas circunstancias, puede solicitar la repetición del juicio de la sentencia firme al Tribunal Supremo.
85.En la lucha contra los estupefacientes se introdujeron una serie de enmiendas en la ley (en septiembre de 2017) que ampliaron en gran medida la cantidad mínima de estupefacientes que deben hallarse en poder de los acusados susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, de modo que, en la práctica, la ejecución queda reservada únicamente a los jefes de bandas de traficantes y a quienes trafican drogas con posesión de armas o abusan de niños y personas con discapacidad mental para traficar cantidades elevadas de estupefacientes. Dicha ley también es retroactiva.
Novedades en el derecho de acceso a un abogado
86.El Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 48, 190, 195, 346, 347 y 348, garantiza la presencia de un abogado defensor desde el momento de la detención y en la fase inicial de las actuaciones, así como la posibilidad de que el abogado transmita una advertencia al fiscal en caso de formular este preguntas empáticas, el derecho a elegir un abogado en los asuntos penales, la asistencia letrada de oficio en caso de falta de medios y la prohibición de celebrar vistas en ausencia de un abogado de oficio o particular cuando se trate de delitos muy graves.
87.El sitio web Sanaa se ha creado para que las partes litigantes y sus abogados puedan consultar el contenido de los expedientes judiciales, así como para proteger la privacidad de las partes y acelerar el proceso.
Prohibición de la tortura y la detención arbitraria
88.El artículo 38 de la Constitución, el artículo 169 del Código Penal Islámico (2013), el artículo 578 del Código Penal Islámico (Tazirat) y los artículos 60 y 195 del Código de Procedimiento Penal prohíben y tipifican como delito el maltrato, la tortura, el ejercicio de la fuerza y la coacción en los interrogatorios y las investigaciones. El artículo 32 de la Constitución y los artículos 570, 575 y 583 del Código Penal Islámico, el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal y la Ley sobre el Respeto de las Libertades Jurídicas y la Protección de los Derechos de los ciudadanos, aprobada en 2004, prohíben toda forma de encarcelación, detención arbitraria y tortura por parte de las autoridades.
Prohibición del enjuiciamiento por la expresión de opiniones
89.Con arreglo a numerosos artículos de la Constitución y diversas disposiciones penales, la detención sienta sus bases en la observancia de las leyes y exige una orden judicial clara y transparente, ajena a toda discrecionalidad personal y a los abusos de poder o la imposición de cualquier forma de violencia, y conforme con los principios del juicio imparcial.
Derechos de los presos
90.El Sexto Plan Nacional de Desarrollo ha obligado al Organismo Estatal de Prisiones y Asuntos de Prevención y Educación a mejorar la situación de las cárceles y a desarrollar las infraestructuras necesarias en cooperación con organizaciones públicas y no gubernamentales, así como a contribuir a la reducción anual de los actos delictivos en un 10 % mediante nuevas instituciones penales como la suspensión de las actuaciones o la suspensión de la ejecución de la pena, el aplazamiento de la imposición de la pena, la libertad provisional y las penas alternativas. A fin de garantizar los derechos de los detenidos y los reclusos, se han adoptado las siguientes medidas:
Inspecciones y supervisión periódica de las cárceles por los fiscales locales.
Inspecciones periódicas de las cárceles y los centros de detención por la Junta de Supervisión de los Derechos de los ciudadanos.
Renovación de los edificios y las instalaciones penitenciarias.
Dotación de todas las prestaciones de salud oportunas para los reclusos.
Servicios de asesoramiento de la mano de psicólogos y trabajadores sociales.
Acceso a un abogado y al asesoramiento jurídico.
Mejora de los medios de comunicación con el exterior de que disponen los reclusos, y la posibilidad de celebrar reuniones (por teléfono, en persona y vis a vis).
Ampliación de los servicios educativos en todas las prisiones y oportunidades de estudio.
Empleo y formación profesional para los reclusos.
Servicios de reciclaje profesional con el fin de dotar a los reos de los medios necesarios para su reinserción en la sociedad.
Interacción y potenciación de las organizaciones no gubernamentales
91.El Sexto Plan Nacional de Desarrollo insta a varios departamentos ejecutivos a colaborar y asociarse con ONG para lograr los objetivos de desarrollo. El artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, por el que se faculta a las ONG a presentar cargos en defensa de los derechos humanos, es también una de las principales innovaciones en este terreno. Hasta la fecha, más de 25.000 ONG en el país han recibido la autorización necesaria por parte de los correspondientes departamentos especializados. Asimismo, 63 ONG iraníes cuentan con el reconocimiento de entidad consultiva del Consejo Económico y Social.
92.El acuerdo entre el Departamento de Estado de Asuntos Administrativos y Empleo y el Ministerio del Interior, el Código Metodológico para lograr una mayor participación de las ONG en la materialización de los derechos de los ciudadanos en el sistema administrativo (notificación de noviembre de 2017) y la Carta sobre el Diálogo Político (notificación de febrero de 2018) allanarán el camino para las futuras actividades y labores de supervisión de las ONG.
Lucha contra el narcotráfico
93.El Irán ha sufrido enormes pérdidas humanas y materiales en la lucha contra los estupefacientes a lo largo de los últimos 40 años. Cada año, varios de los agentes que se dedican a la lucha contra el narcotráfico fallecen o resultan heridos en el curso de los enfrentamientos armados con las bandas de traficantes. Entre 2015 y 2018, la policía iraní de lucha contra los estupefacientes realizó 8.238 operaciones en las que se descubrieron casi 3.000 t de diferentes tipos de estupefacientes y que se saldaron con 44 muertos y 16 heridos. Pese a las medidas adoptadas, el número de alijos descubiertos ha ido en aumento, lo que hace necesaria una mayor participación internacional.
Medidas coercitivas unilaterales
94.Las sanciones económicas conocidas como medidas coercitivas unilaterales impiden la plena consecución del desarrollo económico y social y el disfrute de varios derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en otros documentos de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, al desarrollo, etc. Además, las medidas coercitivas unilaterales y la militarización de la economía y las divisas podrían dar lugar a actos de terrorismo económico contra las personas más vulnerables y la vida de la población civil.
95.La aplicación extraterritorial de la normativa nacional de los Estados vulnera los principios y normas fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Las resoluciones de las Naciones Unidas y las posturas expresadas en distintos foros internacionales indican claramente que la mayor parte de la comunidad internacional condena las medidas coercitivas unilaterales debido a sus repercusiones negativas en el disfrute de los derechos humanos.
96.Durante el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (septiembre de 2014), el Irán, como uno de los países sometidos a las medidas coercitivas unilaterales, fue uno de los principales promotores de la resolución sobre los “Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales” y del nombramiento de un Relator Especial sobre este tema, y aceptó la solicitud del Sr. Idris Jazayeri de visitar el Irán en 2015.
97.Las crueles e ilegales sanciones económicas de los Estados Unidos, como una forma clara de terrorismo, han ido dirigidas contra el pueblo iraní. La retirada de los Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) el 8 de mayo de 2018 y el restablecimiento de sus sanciones unilaterales contra el Irán y sus socios comerciales, mediante la intimidación de otros países para impedir el comercio y la inversión, son un claro ejemplo de terrorismo económico que vulnera los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de soberanía, independencia y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, y la libertad de comercio y navegación.
98.A este respecto, el 16 de julio de 2018, la República Islámica del Irán presentó una demanda junto a una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia a fin de preservar los derechos que le confería el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 entre los Estados Unidos y el Irán, que se habían visto vulnerados como resultado del restablecimiento de la sanción que se había decidido levantar anteriormente de conformidad con el PAIC.
99.El 3 de octubre de 2018, la Corte, en virtud de su providencia, declaró por unanimidad que determinados derechos del Irán con arreglo al Tratado de 1955, como la adquisición de bienes para satisfacer necesidades humanitarias, son de tal naturaleza que su menosprecio puede entrañar consecuencias irreparables, y que los Estados Unidos deben eliminar los obstáculos derivados de las medidas anunciadas el 8 de mayo de 2018 por cuanto se refiere a la libre exportación de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, así como piezas de repuesto y servicios necesarios para la seguridad de la aviación civil, al Irán. Pese al carácter vinculante de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, recalcado por la propia Corte, y pese a las presuntas exenciones alegadas por los Estados Unidos a este respecto, en la práctica los Estados Unidos se han abstenido de cumplir la providencia en cuestión, y los citados obstáculos no solo persisten, sino que se han vuelto más restrictivos en la práctica, lo que ha tenido graves repercusiones negativas en los derechos humanos del pueblo iraní.
Minas restantes de la guerra impuesta
100.Las minas de la guerra impuesta han dejado 1.607 muertos y 5.950 heridos. De conformidad con la normativa gubernamental, se brinda apoyo a las víctimas y los supervivientes.
101.Se han llevado a cabo 15.169 operaciones de desminado en las cinco provincias de Juzestán, Ilam, Kermanshah, Kurdistán y Azerbaiyán Occidental. Además, gracias al establecimiento de equipos de emergencia en las zonas de desminado, se realizaron 3.533 operaciones. Asimismo, cabe señalar la creación del Complejo Internacional de Capacitación para el Desminado, cuyo objetivo es impartir formación específica al respecto. Además, en 2016 se firmó un memorando de entendimiento entre la República Islámica del Irán y la Oficina de la Media Luna Roja. No obstante, la asistencia internacional y la cooperación con el Irán para resolver esta cuestión son muy limitadas.
Derecho internacional humanitario
102.Ante el estado generalizado de guerra y las actividades de los grupos terroristas en los países de la región de los últimos años, que tantos desastres y sufrimientos han causado, y ante el advenimiento de catástrofes naturales como inundaciones y seísmos, el Irán ha contribuido de manera fundamental a brindar asistencia humanitaria a las víctimas. En ese contexto, el Irán ha colaborado con diversos mecanismos internacionales y regionales y con foros como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
103.Entre otros ha prestado asistencia humanitaria a Libia, el Yemen, Albania, la República Árabe Siria, Tayikistán, el Afganistán, el Iraq, Kirguistán, Nepal, Somalia, la India, Venezuela (República Bolivariana de), Azerbaiyán, el Ecuador, el Estado de Palestina, Etiopía, Mauritania, Bolivia (Estado Plurinacional de), Haití, la República Popular Democrática de Corea, Armenia, Sri Lanka, Bangladesh y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), así como al CICR. Por lo que respecta a la reunificación familiar, cabe destacar la asistencia prestada a familias iraníes residentes en el extranjero para que se reunieran con sus familiares, así como la ayuda brindada a personas de nacionalidad extranjera.
104.A raíz de las recientes inundaciones que se registraron en el país a partir del 16 de marzo de 2019 y debido a los graves daños que estas provocaron en más de 4.697 zonas urbanas y rurales, la Sociedad de la Media Luna Roja, el Comité de Socorro Imán Jomeini y la Fundación para la Vivienda de la Revolución Islámica (así como otros departamentos ejecutivos competentes), con ayuda de las contribuciones de particulares y algunos países y organizaciones internacionales, brindaron asistencia humanitaria a las personas afectadas. La imposición de sanciones unilaterales e ilegales ha obstaculizado sobremanera la transferencia de las donaciones internacionales.
Asistencia técnica y asistencia para el desarrollo destinada a países en desarrollo
105.De conformidad con los artículos constitucionales relativos a la obligación de brindar asistencia a los países desfavorecidos, y con arreglo a los compromisos contraídos en virtud del octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 para 2030, la República Islámica del Irán ha realizado una gran labor de asistencia humanitaria en beneficio de esos países, entre los que se encuentran algunos países vecinos. Dichas actividades se llevaron a cabo en el marco del derecho internacional y consistieron fundamentalmente en la donación de productos de primera necesidad, la construcción de centros de salud, colegios, embalses, puentes y carreteras, entre otros proyectos, y la concesión de créditos a largo plazo y sin intereses por valor de miles de millones de dólares.
III.Dificultades y limitaciones
106.El mecanismo del examen periódico universal es un proceso único que examina la situación de los derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas periódicamente y ofrece la oportunidad de mejorar dicha situación mediante la adopción de las medidas solicitadas. Sin embargo, el elevado número de recomendaciones formuladas por los Estados Miembros dificulta al Estado examinado tanto la formulación como la adopción de medidas de seguimiento, que es la fase más importante del proceso del examen periódico universal.
107.Asimismo, los intentos de algunos países de politizar este mecanismo podrían apartarlo de sus principales objetivos. La politización de la naturaleza de las recomendaciones formuladas por los países afecta a la amplitud y la integridad de los derechos humanos.
108.Uno de los principales obstáculos que han dificultado la aplicación de las recomendaciones ha sido la imposición de amplias medidas unilaterales de carácter ilegal y sanciones secundarias contra el Irán, a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad (2231) y la cooperación constructiva del Irán con la comunidad internacional.
109.En su providencia de 3 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia observa que para las empresas y los ciudadanos iraníes es imposible realizar transacciones financieras internacionales para adquirir alimentos y suministros y equipos médicos. La limitación de la importación y la adquisición de productos de primera necesidad con fines humanitarios, como alimentos y medicamentos, incluidos los medicamentos de rescate y los destinados al tratamiento de enfermedades crónicas o los cuidados preventivos y el equipo médico, ha tenido un efecto devastador en la salud y los derechos de las personas en el Irán. En ese sentido, no cabe sino esperar que la comunidad internacional tome cartas en el asunto de manera decisiva, puesto que dichas medidas vulneran la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos básicos de derechos humanos y atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos, poniendo en peligro la paz y la seguridad.
110.Las medidas unilaterales no solo afectan negativamente a la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y crean obstáculos para aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, en particular la resolución 34/11 sobre la plena aplicación de la Convención contra la Corrupción y la promoción de la cooperación internacional para la repatriación de los fondos de origen ilícito, sino que además impiden brindar una asistencia efectiva a las víctimas y dificultan la plena realización de su derecho a la justicia en los casos de delincuencia transnacional. Considerando el carácter complementario de algunos marcos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, las medidas unilaterales han afectado al goce de esos derechos.
111.Las medidas unilaterales han afectado a la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas, como delito transnacional, sobre todo por cuanto se refiere a la protección de las víctimas, especialmente de los nacionales iraníes, y en algunos casos, en la práctica, han obstaculizado la organización de una respuesta regional colectiva adecuada a la trata de seres humanos, en particular en sus formas organizadas.
112.La República Islámica del Irán, uno de los países que más ha golpeado el terrorismo y al mismo tiempo de los que más enérgicamente combaten dicho fenómeno, opina que el terrorismo y el extremismo han dado lugar a violaciones flagrantes de los derechos humanos y han amenazado igualmente el desarrollo político, social y económico de las naciones. La República Islámica del Irán considera que la adopción de un doble enfoque hacia los países en relación con el terrorismo no solo no es algo constructivo, sino que contribuye a desviar los esfuerzos en la lucha mundial contra el terrorismo y, en última instancia, lo refuerza y lo fomenta.
113.La República Islámica del Irán considera que la resolución sobre la “Situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán” y el nombramiento del Relator Especial forman parte del proceso político, selectivo e injusto de doble rasero que, por desgracia, han seguido algunos países occidentales para lograr sus objetivos políticos. Un enfoque tan determinado no solo entra en contradicción con los principios y las normas fundamentales de los derechos humanos, sino que además, en la práctica, socava su promoción y protección.