Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Francia
Adición
* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
Información suministrada por Francia sobre el seguimiento de las observaciones finales *
[Fecha de recepción: 15 de agosto de 2018]
Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género
El Comité recomienda al Estado parte velar por que las cuestiones de igualdad de género sigan siendo atendidas por un ministerio de pleno derecho que cuente con un mandato firme y los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para coordinar de manera eficaz los planes, las políticas y los programas de igualdad de género en todas las esferas y a todos los niveles de gobierno (véase CEDAW/C/FRA/CO/7-8 , párr. 15 a)).
La creación de una Secretaría de Estado en mayo de 2017 encargada de la igualdad entre mujeres y hombres, dependiente directamente del Primer Ministro, permite afirmar la voluntad del Presidente de la República de hacer de la igualdad entre mujeres y hombres la gran causa del quinquenio. Su adscripción al Primer Ministro garantiza una política de igualdad verdaderamente transversal e interministerial.
En este contexto, en el Comité Interministerial sobre la Igualdad entre los Géneros convocado el 8 de marzo de 2018, el Primer Ministro hizo llegar a cada uno de los ministros una hoja de ruta, recordando la obligación de integrar los desafíos de la igualdad en sus políticas públicas. Dotada de una fuerte dimensión interministerial, la Secretaría de Estado encargada de la igualdad entre mujeres y hombres tiene la función de eliminar toda discriminación por razón de género y aumentar las garantías de igualdad en los ámbitos político, económico, laboral, educativo, social, sanitario y cultural. En estos ámbitos, participa en la preparación de las medidas dirigidas a asegurar los derechos de las mujeres y luchar contra el acoso y contra la violencia sexual y por razón de género.
A este respecto, la Secretaría de Estado prepara y hace un seguimiento de la labor del Comité Interministerial sobre los Derechos de la Mujer y la Igualdad entre los Géneros, que la Secretaria de Estado preside en nombre del Primer Ministro. Por parte del Ministerio de Educación Nacional, esta tiene atribuido el encargo de participar en la definición de las actividades pedagógicas que deben desarrollarse en el entorno escolar en relación con el conjunto de sus atribuciones. En coordinación con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Acción y Cuentas Públicas, la Secretaría de Estado prepara las medidas relativas a la igualdad profesional y de remuneración en los sectores privado y público, la diversidad de género dentro de las profesiones y la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo. La Secretaria de Estado encargada de la igualdad entre mujeres y hombres participa en las negociaciones internacionales que tienen por objeto promover los derechos de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres.
El Presidente de la República ha centrado la iniciativa “Gran causa nacional” en la igualdad entre mujeres y hombres para todo el quinquenio. La iniciativa “Gran causa nacional” se presenta en forma de prioridades temáticas anuales, en las que participan todos los ministerios. Este enfoque tiene un doble objetivo: por una parte, recabar las opiniones de las mujeres y los hombres sobre la igualdad en la vida diaria, las dificultades encontradas y las propuestas formuladas para promover la igualdad; por otra parte, propiciar y compartir las buenas prácticas y dar a conocer los mecanismos innovadores que existen en un territorio determinado para definir las iniciativas que debe emprender el Gobierno.
Los ministerios disponen de una hoja de ruta que incluye objetivos precisos y delimitados, respecto de los cuales el Comité Interministerial sobre los Derechos de la Mujer y la Igualdad entre los Géneros examina cada año los progresos realizados.
Para aplicar esta política interministerial, Francia ha adoptado el enfoque “holístico” que se menciona en el artículo 1 de la Ley núm. 2014-873, de 4 agosto de 2014, relativa a la igualdad real entre mujeres y hombres, en el que se integra la incorporación transversal de los desafíos de la igualdad en todas las políticas públicas.
Este enfoque holístico se materializa en un enfoque transversal que abarca todas las políticas públicas en la fase de diseño, así como en su aplicación. Los principios de este enfoque se traducen en las decisiones del Comité Interministerial sobre los Derechos de la Mujer y la Igualdad entre los Géneros, la definición de un plan de acción interministerial, la creación de una red de altos funcionarios encargados de la igualdad que dependen directamente de los ministros y la realización de estudios de impacto que tienen en cuenta la dimensión de género de los proyectos de ley y los proyectos de instrumentos normativos.
Para dirigir esta política interministerial, el Gobierno se ha valido de instancias consultivas a las que convoca para la realización de análisis sectoriales y evaluaciones de las iniciativas emprendidas o durante la preparación de los instrumentos normativos y legislativos.
En su calidad de Delegado Interministerial para los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género, el Director General de Cohesión Social, responsable del programa presupuestario anual núm. 137, coordina y dirige la política de igualdad a nivel interministerial y vela por su inclusión en todos los ministerios. Garantiza la participación en la redacción de las normas relativas a la igualdad entre mujeres y hombres tanto a nivel nacional como internacional, así como la preparación y el seguimiento de los trabajos interministeriales destinados a la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas. Garantiza la preparación, la ejecución y el seguimiento de planes interministeriales en colaboración con otros ministerios. Apoya la territorialización de la política en materia de derechos de la mujer, que incluye la formalización de una estrategia regional de acción y la coordinación de la red de directoras regionales y departamentales para los derechos de la mujer y la igualdad de género.
La Dirección General de Cohesión Social incorpora un Servicio de los Derechos de la Mujer y la Igualdad encargado de emprender, promover y aplicar las políticas relativas a los derechos de la mujer y la igualdad de género. Este servicio está integrado por 28 funcionarios.
El servicio coordina una red descentralizada dedicada en exclusiva a esta labor. En el plano local, las directoras regionales y sus equipos, dependientes de las secretarías generales para asuntos regionales en las prefecturas de las regiones, y las delegadas departamentales para los derechos de la mujer y la igualdad, que trabajan en las direcciones departamentales interministeriales, las direcciones departamentales de cohesión social e incluso las direcciones departamentales de cohesión social y protección de las poblaciones, son quienes se ocupan de las tareas relativas al programa 137. Así pues, la red se compone de 13 directoras regionales, asistidas por 13 directoras regionales delegadas, de 13 gerentes o asistentas de gestión y de una delegada por departamento. Los equipos territoriales están compuestos por un total de 140 funcionarios.
En la circular de 3 de febrero de 2017 sobre la política de derechos de la mujer y la igualdad de género y su aplicación en los territorios se especifican las modalidades de organización y funcionamiento de los equipos territoriales de la red para los derechos de la mujer e igualdad de género en las regiones y los departamentos.
Las políticas y los programas presupuestarios de igualdad de género en todos los ámbitos se rigen por el programa 137, que tiene por objeto impulsar y ordenar las iniciativas de igualdad de género en la vida laboral, económica, política y social, de promoción de los derechos y de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la política de protección de las mujeres frente a la violencia sexual y por razón de género es parte de la estrategia quinquenal dirigida por la Secretaría de Estado encargada de la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata de un presupuesto de impulso asignado transversalmente a las diversas instancias responsables de las políticas de igualdad e involucradas en la lucha contra la violencia. Este programa presupuestario consta de diferentes medidas, cada una de ellas con objetivos específicos.
Se utilizan los recursos necesarios para la realización efectiva de los mandatos atribuidos a cada estructura.
Se ha asignado un presupuesto de impulso de 27,5 millones de euros de manera transversal a las diversas instancias responsables de las políticas de igualdad. El programa presupuestario consta de varias medidas: la medida 11, relativa a los programas de aplicación experimental para la cultura de la igualdad y en favor de la igualdad profesional, política y social, cuenta con un crédito cuyo importe asciende a 4.899.426 euros en autorización de compromiso de gasto y crédito de pago. La medida 12 del programa, sobre la promoción de los derechos y la lucha contra la violencia de género, tiene asignado en previsión para 2018 créditos por valor de 18,4 millones de euros, de los cuales 2,3 millones de euros se destinan a las asociaciones nacionales para sus iniciativas de promoción de los derechos, prevención y lucha contra la violencia sexual y por razón de género. La prevención y la lucha contra la prostitución y la trata de personas reciben créditos por un importe de 5.020.878 euros en autorización de compromiso de gasto y crédito de pago (medida 15).
Al margen de este programa presupuestario, se han solicitado diversos programas para la ejecución transversal de esta política pública, que se componen de seis ejes principales: “Construir la cultura de la igualdad de género desde temprana edad”; “Actuar contra la pobreza y la exclusión social”; “Eliminar los obstáculos a la igualdad profesional efectiva”; “Reducir las desigualdades entre mujeres y hombres en materia de salud”; “Combatir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y evitar la reincidencia” y “Afianzar la diplomacia en favor de los derechos de la mujer en el plano internacional”.
Con este fin, en 2018 se han movilizado 396,7 millones de euros en los programas que contribuyen al documento de política transversal.
Los programas 150, sobre la educación superior e investigación universitaria, y 172, sobre la investigación científica y tecnológica multidisciplinaria, brindan apoyo a las asociaciones y financian a las instituciones que realizan estudios sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
El programa 177, sobre la prevención de la exclusión y la integración de las personas vulnerables, valora en 26,2 millones de euros el costo de las plazas disponibles en los centros de acogida y reinserción social para las mujeres víctimas de la violencia.
En total, se ha declarado la movilización de 423,6 millones de euros como parte de la política transversal de igualdad entre mujeres y hombres.
Del mismo modo, en 2017, el programa 124, sobre el desarrollo de políticas sanitarias, sociales y relacionadas con el deporte, la juventud y la vida asociativa, y el apoyo a estas, movilizó 0,135 millones de euros para la financiación de misiones de servicio cívico en favor de la igualdad y la lucha contra los estereotipos de género.
Por su parte, el programa 102, sobre el acceso y la reincorporación al mercado laboral, dedica 30 millones de euros a proyectos destinados al desarrollo de la igualdad salarial y profesional entre mujeres y hombres.
El Comité recomienda al Estado parte asignar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes al Consejo Superior para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para que pueda cumplir su mandato, agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre igualdad y ciudadanía, que establecerá y garantizará la sostenibilidad del Consejo Superior en el panorama institucional, y velar por que las otras dos instituciones reciban también los medios necesarios, especialmente para que la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos pueda cumplir plenamente su papel, habida cuenta de las nuevas funciones que le han sido asignadas (Relatora para la trata y la explotación de seres humanos) (véase CEDAW/C/FRA/CO/7-8 , párr. 15 d)).
La Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, relativa a la igualdad y la ciudadanía, reconoce las misiones del Consejo Superior para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se incluyen ahora en el panorama institucional. Este órgano es responsable de evaluar globalmente las iniciativas llevadas a cabo en los diversos planes previstos. Por ejemplo, presentó un informe de evaluación sobre el cuarto Plan para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer. Otra misión del Consejo Superior es asegurar las consultas con la sociedad civil y fomentar el debate abierto sobre las líneas fundamentales de la política en materia de derechos de la mujer e igualdad entre mujeres y hombres. Contribuye a la evaluación de las políticas de igualdad mediante estudios sobre la repercusión de las leyes y se encarga de formular recomendaciones y proponer reformas al Gobierno y el Parlamento. Por último, elabora el informe anual sobre la situación del sexismo en Francia.
Se asignan recursos considerables al Consejo Superior para que pueda llevar a cabo sus misiones. El Estado pone a disposición del Consejo Superior el equivalente de cinco trabajadores a tiempo completo, satisface la remuneración de su Presidenta, sufraga sus gastos de funcionamiento por un valor de 44.000 euros al año y pone a su disposición locales en el distrito 7 de París, así como el mobiliario, el equipo informático y los artículos fungibles.
Con la reforma constitucional de 23 de julio de 2008 se creó la figura del Defensor de los Derechos. El artículo 71-1 de la Constitución consagra su existencia. La Ley Orgánica núm. 2011-333 y la Ley Ordinaria 2011-334, de 29 de marzo de 2011, especifican sus competencias y sus modalidades de actuación.
Esta autoridad administrativa independiente tramita las reclamaciones individuales que recibe sobre la base de sus facultades de investigación y actuación. Lleva a cabo una iniciativa de promoción de la igualdad y el acceso a los derechos que consiste en divulgar información sobre los derechos entre el público correspondiente, desarrollar actividades de sensibilización y formación de los agentes profesionales y del tejido asociativo, y emitir opiniones y propuestas para modificar los instrumentos legislativos y reglamentarios.
El Defensor de los Derechos actúa en cuatro ámbitos de competencia: la defensa de los derechos de utilización de los servicios públicos; la defensa y promoción del interés superior y los derechos del niño; la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, y el respeto de la deontología por parte de las personas que ejercen actividades de seguridad.
Tiene su sede en París, y cerca de 300 colaboradores ponen sus competencias y conocimientos especializados al servicio de la institución. Diversos equipos trabajan en la investigación de las reclamaciones que recibe el Defensor de los Derechos a fin de aportar soluciones a las situaciones que se les presentan. Un equipo multidisciplinario diseña y aplica la política de promoción de la igualdad y de acceso a los derechos de la institución.
El Defensor de los Derechos también se apoya en una red nacional de delegados. Esta red territorial cuenta con más de 450 voluntarios en todo el país, que prestan servicios en aproximadamente 680 puntos de atención institucional y en las instituciones penitenciarias. Los delegados acompañan y asesoran a las personas que tienen dificultades para reclamar sus derechos.
El importe de los créditos a disposición del Defensor de los Derechos, en el marco del programa 308, sobre la protección de los derechos y las libertades, ascendió en 2017 a 21.266.827 euros en autorizaciones de compromiso de gasto y a 21.487.641 euros en créditos de pago. Los gastos de personal (título 2) representan más del 70% del presupuesto de la institución. La utilización de los créditos ascendió a 20.953.963 euros en autorizaciones de compromiso de gasto y a 21.245.400 euros en créditos de pago.
La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos es una autoridad administrativa independiente. Presta asesoramiento y formula propuestas al Gobierno y el Parlamento en materia de derechos humanos. La independencia de la Comisión está consagrada en la Ley núm. 2007-292, de 5 de marzo de 2007. Se le someten o se ocupa de proyectos de ley o de propuestas relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
La Comisión está integrada por 64 personalidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Refleja la diversidad de opiniones sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Combate las restricciones de las libertades públicas y los abusos de los derechos fundamentales.
El 20 de enero de 2017 la independencia de la Comisión se vio reforzada, por cuanto el artículo 1 de la Ley núm. 2007-292, de 5 de marzo de 2007, relativa a la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, dispone que la Comisión “no recibirá ni solicitará instrucciones de ninguna autoridad administrativa o gubernamental”.
La Comisión fomenta el diálogo y el debate entre el Gobierno, el Parlamento, las instituciones y la sociedad civil.
La medida 23 del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, aprobado el 14 de mayo de 2014 por el Consejo de Ministros, encomienda a la Comisión el mandato de Relatora nacional independiente para la trata y la explotación de seres humanos.
En este contexto, en julio de 2017 se realizó una evaluación de la aplicación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, en la que la Comisión formuló recomendaciones.
El 27 de abril de 2017, el Gobierno aprobó su primer Plan de Acción Nacional para la Aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
El plan establece que el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los resultados de las iniciativas emprendidas correrán a cargo de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, integrada en una autoridad administrativa independiente, de conformidad con la recomendación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y que su misión se centrará en la evaluación de la política aplicada, que será objeto de un informe periódico.
Educación
El Comité recomienda al Estado parte que encargue un estudio exhaustivo para determinar los efectos de la Ley núm. 2004-228, que prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas, sobre el derecho a la educación de las niñas (véase CEDAW/C/FRA/CO/6 , párr. 20) y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad francesa como miembros de pleno derecho de la comunidad, e indique las medidas de reparación necesarias, en su caso (véase CEDAW/C/FRA/CO/7-8 , párr. 33 a)).
No hay contenciosos en los tribunales administrativos en relación con la Ley núm. 2004-228, que prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas, y la inmensa mayoría de los casos de controversia se resuelven mediante el diálogo. El establecimiento de un mecanismo reforzado para que se respete el laicismo desde el inicio del año escolar 2017 no se ha traducido en un aumento de controversias.
La Ley de 2004 no restringe el derecho a la educación de las niñas, y las cifras más recientes en lo que respecta a la educación en el ámbito familiar no revelan una representación excesiva de las niñas en comparación con los niños entre los menores que reciben educación en el hogar. En 2014-2015 recibieron educación en el hogar un 50,7% de alumnos, frente a un 49,3% de alumnas.
Desde el inicio del año escolar 2017, el Ministerio de Educación Nacional comenzó a reforzar la política educativa con miras a hacer respetar y transmitir el laicismo en las escuelas y los centros educativos. El nuevo sistema, dotado de un liderazgo nacional y académico, tiene por objeto fortalecer el apoyo al personal que enfrenta dificultades para aplicar el laicismo. También tiene por objeto mejorar el conocimiento de los casos de violación del laicismo en todo el país, a fin de ofrecer una respuesta institucional y un apoyo concreto en todos los niveles.
Los desafíos planteados al principio de laicidad en el contexto de la enseñanza o la vida escolar requieren una respuesta firme y unificada en atención a los principios generales del derecho: los ataques contra el laicismo deben denunciarse sistemáticamente y la respuesta a esos ataques debe ser colectiva.
Para lograrlo, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido un mecanismo específico, que consta de tres componentes, con vistas a asegurar la transmisión efectiva del principio de laicidad y hacer que se respete en las escuelas y los centros educativos:
•Un Consejo de Sabios en materia de laicismo, integrado por expertos y dependiente del Ministro, que es el garante de una doctrina clara;
•Un equipo nacional de “laicismo y religión”, operativo (direcciones e inspecciones generales), encargado de la aplicación de los principios, la vigilancia y el apoyo a los diversos agentes en los distritos educacionales;
•Y equipos en los distritos educacionales de “laicismo y religión” responsables de formar al personal, brindarle un apoyo práctico y responder a las situaciones de violación del laicismo.
Una dirección de correo electrónico específica permitirá que los docentes y los directores de los centros educativos informen al Ministerio, que responderá en un plazo de 24 horas en caso de que se le plantee un problema relacionado con el laicismo.
A finales de la primavera de 2018 se puso a disposición de los equipos pedagógicos la guía informativa “La laicidad en la escuela”, aprobada por el Consejo de Sabios y el Observatorio de la Laicidad. Esta proporciona al personal educativo a nivel nacional las herramientas necesarias para que todos los establecimientos educativos públicos a todos los niveles de la educación queden libres de propaganda, ofreciendo respuestas jurídicas específicas y prestando asesoramiento sobre la adopción de medidas para responder a problemas concretos (negativa de un alumno a participar en una actividad escolar, comidas diferenciadas u otros). Sustituye al folleto elaborado con el Observatorio de la Laicidad, que se había puesto a disposición de los coordinadores en materia de laicidad y el personal en 2015.