Balance de la situación al 1 de diciembre de 2020

Tras la última presentación de Francia ante el Comité en julio de 2016, las autoridades francesas tienen el honor de presentar el noveno informe relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En el informe se hace un balance de los progresos registrados desde esa última presentación. Las políticas públicas de promoción de la igualdad recibieron un impulso renovado en 2017, cuando el Presidente de la República declaró la igualdad entre mujeres y hombres “gran causa de su mandato”. El Gobierno se ha comprometido a redoblar los esfuerzos en este ámbito con varias prioridades estratégicas: prevenir y combatir todas las formas de violencia sexual y de género, promover el empoderamiento económico de las mujeres y lograr la igualdad profesional.

La aplicación del enfoque integrado, que permite incorporar de forma transversal la igualdad en todas las políticas públicas, se ha reforzado elaborando un plan de acción interministerial, coordinando una red de altos funcionarios encargados de la igualdad que dependen directamente de los Ministros, realizando evaluaciones de impacto de los proyectos de ley y los reglamentos que incorporan la dimensión de género e introduciendo competencias compartidas con las entidades locales en materia de igualdad.

Se han desarrollado las medidas específicas para combatir la discriminación y reducir la desigualdad de género.

Los poderes públicos han adoptado un enfoque integrado para luchar contra todas las formas de violencia en los espacios público, profesional, escolar y privado. En 2015 se elaboró un plan de lucha contra el acoso por razón de género y la violencia sexual en el transporte público; en 2018 se creó un nuevo delito de injurias sexistas para considerar como delito el acoso callejero. Se ha reforzado el arsenal legislativo a fin de combatir las nuevas formas de violencia en Internet y las redes sociales. Desde 2019 se nombran en las empresas coordinadores para luchar contra el acoso y las conductas sexistas en el trabajo. En otoño de 2019 se adoptó una estrategia nacional para combatir los abusos conyugales tras la celebración del “Grenelle sobre los abusos conyugales”.

En aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, Francia ha adoptado una respuesta global a la violencia sexual y de género que da prioridad a la prevención de la violencia, la protección de las mujeres y las niñas, el enjuiciamiento de los autores y la adopción de políticas integradas. Los poderes públicos han trabajado para hacer más accesibles los servicios de acogida, apoyo y orientación dirigidos a las víctimas. Han reforzado la formación de los profesionales involucrados y han puesto en marcha campañas de información para movilizar a toda la sociedad frente a este tipo de violencia. Han trabajado para deconstruir los estereotipos en la escuela y la universidad y en los medios de comunicación. Se han ampliado las competencias del Consejo Superior de Medios Audiovisuales para luchar contra el sexismo y proteger la imagen y los derechos de las mujeres y los niños. Se han adoptado marcos específicos para proteger mejor a las mujeres más vulnerables: en abril de 2016 se aprobó una ley destinada a reforzar la lucha contra el sistema relativo a la prostitución y ofrecer apoyo a las personas que ejercen la prostitución. En junio de 2019 se puso en marcha un plan de acción nacional para erradicar la mutilación genital femenina.

La garantía del acceso universal de las mujeres y los hombres a la salud y los derechos sexuales y reproductivos constituye una prioridad. Francia ha adoptado una estrategia nacional de salud sexual y una estrategia de cooperación internacional dedicada a cuestiones de población y salud y derechos sexuales y reproductivos. Se ha facilitado el acceso a la anticoncepción para los menores, que es ahora completamente gratuito y confidencial. Se ha reforzado la educación sexual en las escuelas.

En 2020 se celebró el 45º aniversario de la Ley de 17 de enero de 1975 sobre interrupción voluntaria del embarazo, conocida como Ley Veil. Francia ha seguido mejorando aquel gran logro social que complementa el acceso a la anticoncepción mediante las siguientes medidas: el reembolso parcial por parte de la Seguridad Social y, posteriormente, desde 2016, el reembolso del 100 % de las intervenciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo; el aumento del plazo de amenorrea de 12 a 14 semanas; la supresión de la noción de “sufrimiento”; el anonimato y la gratuidad para las menores; la eliminación del período de reflexión y la puesta en marcha de un número de teléfono nacional y un sitio de referencia.

La conciliación de la vida laboral y personal se ha visto facilitada por un conjunto de medidas complementarias. Se han desarrollado, diversificado y hecho más accesibles las distintas opciones de guardería. En 2016 se generalizaron las guarderías enfocadas a la inserción profesional, que permiten a los padres y las madres en busca de empleo disfrutar de un seguimiento personalizado y disponer de opciones de guardería para sus hijos. Se ha armonizado la licencia de maternidad para las mujeres de regímenes profesionales distintos; se ha ampliado la licencia de paternidad de 14 a 28 días y se ha creado una licencia de paternidad adicional en caso de hospitalización de los hijos. Se ha adoptado una estrategia nacional de apoyo a la parentalidad a fin de equilibrar el reparto de las responsabilidades familiares. Para luchar contra la precariedad de las familias monoparentales, la gran mayoría de las cuales están compuestas por mujeres, se ha introducido un sistema de pago directo de las pensiones alimenticias por las cajas de subsidios familiares.

Se han logrado avances significativos en materia de paridad e igualdad profesional. La obligación de que las empresas con más de 500 empleados y que coticen en bolsa respeten, a partir del 1 de enero de 2017, una cuota mínima del 40 % de mujeres en sus órganos de dirección se ha ampliado a partir del 1 de enero de 2020 a las empresas con más de 250 empleados. Se ha creado un índice de igualdad profesional entre hombres y mujeres para luchar contra la brecha salarial.

Desde 2017 Francia lleva a cabo una política exterior que promueve los derechos de las mujeres al más alto nivel en todas las negociaciones internacionales. Esta diplomacia feminista ambiciosa ha sido reafirmada por el Presidente de la República, que pidió que la igualdad de género se convirtiera en una “gran causa mundial” en las Naciones Unidas en septiembre de 2018.

Francia ha dado a la igualdad de género un lugar central en el programa de su presidencia del G7 y de su presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2019. Hace campaña para que todos los Estados, miembros y no miembros del Consejo de Europa, ratifiquen el Convenio de Estambul y se adhieran a él, con el fin de armonizar la legislación sobre la protección de la mujer. Promueve la agenda relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, cuyo objetivo es reforzar la protección de las mujeres en zonas de conflicto armado y garantizar su plena participación en los procesos de prevención y resolución de conflictos. Defiende los derechos de las mujeres ante el peligro de que se produzcan pasos atrás, en un contexto de creciente conservadurismo y extremismo, y a este respecto ha aumentado su participación en iniciativas de la sociedad civil como “HerForShe” o “She Decides”.

En junio de 2021 Francia organizará con México y ONU-Mujeres el Foro Generación Igualdad, un encuentro mundial dedicado a la igualdad de género, y liderará una coalición para la acción en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Nota: el noveno informe periódico de Francia se basa en la respuesta dada a las recomendaciones formuladas por el Comité en sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados, publicadas el 8 de julio de 2016 ( CEDAW/C/FRA/CO/7-8 ). Los párrafos que figuran en los títulos de los apartados remiten a los de las observaciones finales.

I.Respuestas a las recomendaciones generales del Comité

1.1.Recopilación y análisis de datos (párr. 51)

La recopilación de datos desglosados por origen étnico y religión está prohibida por la Constitución francesa, cuyo artículo 1 establece que Francia “es una República indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión” (Decisión del Consejo Constitucional núm. 2007-557 DC). Esta disposición tiene por objeto prevenir cualquier forma de discriminación.

Sin embargo, los organismos de estadística pública pueden realizar estudios sobre el alcance de la diversidad del origen de las personas, la discriminación y la integración a partir de datos objetivos, como el nombre, el origen geográfico o la nacionalidad previa a la nacionalidad francesa. Este es el objetivo de las encuestas sobre trayectorias y orígenes que realiza el Instituto Nacional de Estudios Demográficos en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos. También se pueden recoger datos subjetivos, como los basados en el “sentido de pertenencia”. En ambos casos, los organismos de estadística pública deben someter las encuestas a la Comisión Nacional de Informática y Libertades y obtener su autorización, de ser necesario.

1.2.Difusión de la Convención (párr. 54)

Las recomendaciones formuladas por el Comité en 2016 fueron ampliamente difundidas entre las administraciones, los medios de comunicación, los agentes de la sociedad civil y la ciudadanía. Desde entonces, siguen alimentando los debates relativos a los derechos de la mujer y guiando la acción pública. Un cuadro de seguimiento anual, de cuyo mantenimiento se ocupa el ministerio correspondiente, mide los avances logrados para aplicarlas.

1.3.Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (párr. 52)

La Plataforma de Acción de Beijing es una hoja de ruta para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres que ha guiado la acción de los poderes públicos desde 1995.

Francia presentó en 2019 a las Naciones Unidas su informe periódico “Beijing+25”. Como Estado miembro de la Unión Europea, forma parte del proceso de revisión anual de cada uno de los temas de la Plataforma de Acción que establece la Comisión Europea.

1.4.Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (párr. 53)

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas (Objetivo 5) es una prioridad del Plan Nacional de Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2017 el Presidente de la República hizo de la cuestión la “gran causa de su mandato”. El Ministerio de Igualdad dirige a nivel nacional la implementación del ODS 5, que supervisa periódicamente un grupo de trabajo dedicado compuesto por varios departamentos ministeriales y actores de la sociedad civil.

1.5.Compromisos internacionales de Francia

(párr. 23) Francia ejerce un control estricto, basado en la prohibición, transparente y responsable de las exportaciones de material bélico y materiales conexos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la Posición Común europea 2008/944/PESC, modificada por la Decisión 2019/1560 del Consejo de la UE de 16 de septiembre de 2019. A este respecto, evalúa el riesgo de que los materiales exportados puedan utilizarse para cometer actos graves de violencia de género o violencia grave contra las mujeres o los niños.

Francia ha contribuido activamente a los debates sobre la cuestión del género y la violencia de género en la Quinta Conferencia de los Estados Partes en el TCA en agosto de 2019. Las cuestiones de género también forman parte de los temas abordados en el Programa de Sensibilización UE-TCA al que contribuye Francia.

(párr. 55) En relación con el respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, Francia ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa de 1983 relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, así como el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (núm. 97) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Francia no ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, aprobada el 18 de diciembre de 1990 y entrada en vigor el 1 de julio de 2003. Ningún Estado miembro de la Unión Europea ha estado en condiciones de hacerlo. De hecho, varios obstáculos impiden al Gobierno de Francia cumplir íntegramente las disposiciones de la Convención, en particular en lo relativo a la ausencia de distinción entre las personas en situación regular y aquellas en situación irregular.

Las disposiciones internas del derecho francés ya protegen los derechos de los trabajadores migratorios. Por consiguiente, las personas con residencia legal gozan de una protección nacional similar a la prevista en la Convención. Los trabajadores migratorios en situación irregular gozan de los derechos fundamentales en virtud del Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en los que Francia es parte. Por último, se mantiene un diálogo continuo y constructivo con las organizaciones y los Estados afectados por esta cuestión. Francia apoya activamente el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en particular en cuestiones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración. También participa activamente en el Foro Mundial de Migrantes y en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

1.6.Protección de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo (párr. 11)

A.Obligaciones internacionales de Francia en relación con los solicitantes de asilo y los refugiados

La Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y los Apátridas (OFPRA) acata plenamente las obligaciones que le incumben en el marco de los compromisos internacionales contraídos por Francia en el desempeño de sus funciones de determinación del derecho a la protección internacional y protección jurídica y administrativa de los beneficiarios de medidas de protección internacional, de conformidad con las directivas europeas en materia de asilo. Sus decisiones se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíben el uso de pruebas de carácter intrusivo en el examen de las solicitudes de asilo, ya que atentan contra el respeto a la dignidad humana y la intimidad de las mujeres, los hombres y los niños que solicitan protección internacional.

De conformidad con el artículo 12.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la OFPRA puede expedir a las personas protegidas los documentos necesarios para permitirles que realicen los distintos actos de la vida civil o para que se apliquen las disposiciones de la legislación interna o los acuerdos internacionales relativos a su protección, en particular los documentos sustitutivos de los certificados de registro civil. Esos documentos tienen valor de documento público.

En cuanto al principio de no devolución, su aplicación, como la de cualquier medida relativa a la residencia de extranjeros en Francia, es competencia del Ministerio del Interior y está controlada por un juez administrativo (art. L.743-1 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo, conocido como CESEDA).

B.Gestión de las solicitudes de asilo

Desde 2015 varias disposiciones legislativas han reforzado la consideración de las vulnerabilidades de las mujeres solicitantes de asilo que son víctimas de violencia o de trata de personas y han facilitado su acceso a la residencia. La Ley núm. 2015-925, de 29 de julio de 2015, de reforma del derecho de asilo permite tener en cuenta las dimensiones de género como uno de los motivos que posibilitan el reconocimiento de la condición de refugiado. Por ejemplo, las mujeres de terceros países pueden obtener la condición de refugiada o protección subsidiaria sobre la base de un temor fundado a ser perseguidas o sufrir un daño personal grave por haber huido de un matrimonio forzado, sufrir violencia doméstica o abusos conyugales, ser víctima de trata de personas o estar en riesgo de padecer mutilación genital femenina. Por lo que respecta a las víctimas extranjeras de trata de personas, también se puede conceder el derecho de residencia a las víctimas que hayan sido oficialmente identificadas como tal por las fuerzas de seguridad y que acepten cooperar presentando una denuncia o testificando contra sus autores en un procedimiento penal (artículo L. 316-1 del CESEDA). Además, se puede expedir un permiso de residencia temporal de un mínimo de seis meses a las personas extranjeras víctimas de prostitución o de trata con fines de explotación sexual que hayan cesado sus actividades de prostitución y se comprometan a iniciar una vía de salida de la prostitución (artículo L. 316-1-1 del CESEDA). Por último, en el caso de las víctimas de trata, se puede presentar una solicitud de admisión para obtener la residencia en paralelo a la solicitud de asilo (Ley núm. 2018-778, de 10 de septiembre de 2018, de inmigración controlada, derecho de asilo efectivo e integración satisfactoria). En los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud de asilo, o si se producen nuevas circunstancias, la víctima de trata que haya sido oficialmente identificada como tal por la policía y haya aceptado cooperar puede solicitar un permiso de residencia sobre la base del artículo L. 316-1 del CESEDA o iniciar una vía de salida de la prostitución.

Se han tomado medidas para garantizar que se acoge, se presta apoyo y se ofrece refugio a las mujeres extranjeras y solicitantes de asilo víctimas de violencia. En 2018, el Ministerio del Interior, junto con la OFPRA, la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) y el sector de las asociaciones, definió una estrategia nacional de acogida e integración de las personas refugiadas cuyo tercer eje tiene por objeto garantizar una atención adecuada a las mujeres refugiadas vulnerables, lo que incluye las medidas siguientes: refuerzo de la formación de todo el personal de la cadena del asilo para detectar de forma temprana las vulnerabilidades de género; mejora de la información ofrecida a las mujeres solicitantes de asilo en la entrevista con la OFII para detectar las vulnerabilidades en los mecanismos de atención existentes; intensificación de la comunicación de vulnerabilidades entre la OFPRA y la OFII; y mayor formalización del procedimiento de cambio de alojamiento debido a vulnerabilidades en el sistema nacional de acogida. Desplegado de forma experimental en 2018, se reforzará el sistema de plazas de alojamiento especializadas para mujeres vulnerables solicitantes de asilo y refugiadas, que contaba a finales de 2019 con 300 plazas en el sistema nacional de acogida y ofrece un alojamiento seguro y un apoyo específico. Este plan de acción se publicará muy pronto.

La OFPRA ha publicado una Guía sobre el Asilo dirigida a menores no acompañados en Francia e información sobre la solicitud de asilo por riesgo de mutilación genital femenina. Desde 2017 los agentes de protección encargados de las solicitudes disponen de una herramienta interna, que se actualizó a finales de 2020, que les permite informar, al final de la entrevista personal, sobre los datos de contacto de asociaciones especializadas de interés para las personas solicitantes vulnerables, en particular debido a la violencia de género.

El examen individual y completo de los hechos, del temor a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de retorno al país de origen o, en su defecto, al país de residencia habitual es una garantía esencial del procedimiento a disposición de todos los solicitantes de asilo (art. L.723-4 del CESEDA), a la que la OFPRA presta especial atención en el caso de las mujeres que solicitan protección internacional.

La duración de la tramitación de la solicitud de asilo se adapta a cada caso. Cuando la prefectura registra las solicitudes con arreglo al procedimiento acelerado, si el examen de las solicitudes requiere más tiempo para su tramitación la Oficina puede reclasificarlas con arreglo al procedimiento normal en cualquier momento desde la presentación de la solicitud hasta la resolución del caso. Se da prioridad a la reclasificación en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, víctimas de trata de personas o que temen ser perseguidas, en particular debido a las dificultades que tienen para contar su recorrido vital. En 2020 la OFPRA actualizó el sistema de formación interna del personal en relación con el marco jurídico y las consecuencias de este procedimiento para los solicitantes de asilo afectados, con el fin de animar a la Oficina a aplicar plenamente su facultad de reclasificar las solicitudes de asilo del procedimiento acelerado al procedimiento normal.

C.Lista de países seguros

El Consejo de Administración de la OFPRA establece y actualiza periódicamente la lista de países de origen considerados seguros en cuanto a las garantías de protección que ofrecen las autoridades de esos países frente a la persecución y el maltrato físico y las sanciones que prevén en caso de violación probada de los derechos individuales. Esta lista fue revisada el 29 de septiembre de 2020, a raíz de lo cual se eliminó de la lista a la República de Benin por un período de doce meses.

(párr. 43) La integración de las mujeres de origen inmigrante es una prioridad para varios departamentos ministeriales y es objeto de un número creciente de medidas en el ámbito de la acción pública y social: en el Ministerio del Interior, esas mujeres son un público prioritario de la política de integración de los inmigrantes debido a su papel en la familia y la educación de los hijos; en el Ministerio de Solidaridad y Salud, se les dedica un informe titulado “Mujeres de la inmigración”. Por último, en el marco de la lucha contra la violencia contra las mujeres, estas disponen de medidas específicas para combatir los matrimonios forzados y las mutilaciones sexuales.

La Comisión Interministerial de Inmigración e Integración del 6 de noviembre de 2019 incluyó entre las nuevas prioridades de actuación pública “el fomento de la actividad de las mujeres inmigrantes”.

II.Arts. 1 a 6: aplicación de la parte I de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

2.1.Medidas políticas adoptadas para garantizar la aplicación de los derechos de la mujer (párr. 15)

A.Política francesa de igualdad de género

La creación en mayo de 2017 de una Secretaría de Estado y, posteriormente, en julio de 2020, de un Ministerio Delegado de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, bajo la autoridad del Primer Ministro, permite coordinar las políticas de igualdad de género en todos los niveles del Gobierno. El mandato del Ministerio es eliminar cualquier discriminación de género y garantizar la igualdad en todos los ámbitos: político, económico, profesional, educativo, social, sanitario y cultural. El Ministerio participa en proyectos de promoción de los derechos de la mujer y de lucha contra el acoso y la violencia sexual y de género.

En este sentido, el Ministerio prepara y supervisa los trabajos de la Comisión Interministerial de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, que preside la Ministra, por delegación del Primer Ministro. La Ministra participa, junto con el Ministro de Educación Nacional, en la definición de las acciones educativas en la escuela en todas sus áreas de responsabilidad. En concertación con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Acción y Cuentas Públicas, el Ministerio prepara medidas relativas a la igualdad profesional y a la remuneración en los sectores privado y público, el carácter mixto de las profesiones y la lucha contra la discriminación en el entorno profesional. La Ministra participa también en las medidas internacionales dirigidas a garantizar una verdadera igualdad de género.

El programa presupuestario “P.137 - Igualdad entre mujeres y hombres” representó en 2020 un “presupuesto de impulso” de 34 millones de euros, asignados de forma transversal a los organismos encargados de las políticas de igualdad e implicados en la lucha contra la violencia. El presupuesto para la igualdad de género fue de 1.116 millones de euros (en autorizaciones de gasto) en 2020, frente a 544 millones de euros en 2019.

B.Mecanismos de seguimiento de las medidas adoptadas en materia de igualdad de género

Los compromisos internacionales de Francia en materia de igualdad de género permiten una primera forma de seguimiento de los mecanismos nacionales (véase 1.3).

A nivel nacional, este seguimiento consiste esencialmente en la atención prestada a los datos estadísticos a partir de los cuales se diseñan y reajustan las políticas públicas. La Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres contra la Violencia y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (MIPROF) actúa como observatorio nacional de la violencia contra las mujeres, recopilando, analizando y difundiendo información y datos. También es responsable de la coordinación nacional de la lucha contra la trata de personas.

La MIPROF dirige un grupo de trabajo dedicado a la violencia contra las mujeres que reúne a los servicios estadísticos de varios ministerios e instituciones de investigación. Los datos recogidos se publican anualmente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

En 2021 el Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Interior (SSMSI) realizará la encuesta “Género y Seguridad” (Genese), sobre la violencia de género, como continuación de las encuestas temáticas Enveff (2000), “Acontecimientos vitales y salud” (2005), Virage (2015) y “Entorno vital y seguridad”. El SSMSI elabora anualmente un estudio sobre las víctimas del sexismo en Francia a partir de una nomenclatura establecida para las necesidades del Consejo Superior para la Igualdad (HCE).

C.Aplicación de las políticas de igualdad de género a nivel municipal y regional

Los servicios descentralizados del Ministerio, las Delegaciones Regionales para los Derechos de la Mujer y la Igualdad (DRDFE) adscritas al Prefecto Regional, y las Delegadas Departamentales para los Derechos de la Mujer dirigen las políticas de igualdad en todo el territorio nacional.

Las autoridades administrativas locales cuentan con observatorios territoriales, como el Observatorio Regional de la Violencia contra las Mujeres de Isla de Francia (Centre Hubertine Auclert), que operan a escala regional. También existen observatorios a nivel departamental, comunal e intercomunal creados por administraciones descentralizadas, asociaciones y grupos de interés público que desempeñan esta función. Estos observatorios contribuyen a mejorar los conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia contra las mujeres bajo la coordinación de la MIPROF.

Desde el 1 de enero de 2016, en consonancia con la Ley de 4 de agosto de 2014 sobre igualdad real entre mujeres y hombres, las entidades locales de más de 20.000 habitantes deben presentar un informe anual sobre la situación de la igualdad en su territorio.

D.Recursos asignados al HCE y la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos

La Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, de igualdad y ciudadanía define las misiones del Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (HCE).

El Estado cede al Consejo unos locales en París y cinco empleos equivalentes a tiempo completo y se hace cargo de la remuneración de la Presidenta y los gastos de funcionamiento (44.000 euros al año).

Se han otorgado nuevos mandatos a la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), como un mandato relativo a la política de movilización contra el odio hacia las personas LGBTI en 2018, lo que supone un importante avance no solo para las personas discriminadas sino también para el entendimiento de las cuestiones relacionadas con el género. El 3 de diciembre de 2020, el Primer Ministro encomendó también a la CNCDH un mandato relativo a los prejuicios y los estereotipos sobre las personas con discapacidad y la evaluación de las políticas públicas para hacer efectivos sus derechos. Cada uno de estos mandatos tiene en cuenta la dimensión de género. El presupuesto de la Comisión ha aumentado casi un 50 % entre 2013 y 2020 y se han creado dos puestos adicionales.

2.2.Adopción de medidas especiales de carácter temporal (párr. 17)

La adopción de estas medidas se detalla en los siguientes apartados, en particular a partir del punto 2.3. b) y siguientes.

2.3.Lucha contra los estereotipos y las prácticas nocivas (párr. 19)

A.Estrategia global para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos que discriminan a las mujeres

La Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, de igualdad y ciudadanía duplica las penas por insultos racistas o discriminatorios. Además, los tribunales tienen más opciones para categorizar los hechos. Las circunstancias agravantes por racismo y homofobia se generalizan a todos los delitos. El sexismo también pasa a ser una circunstancia agravante.

La Ley núm. 2019-828, de 6 de agosto de 2019, de transformación de la función pública prevé la creación en las administraciones, las entidades locales y los establecimientos públicos de un “sistema (...) cuya finalidad es recoger las denuncias de los empleados que se consideren víctimas de actos de violencia, discriminación, acoso moral o sexual o de comportamientos sexistas y dirigirlas a las autoridades competentes”.

La igualdad entre hombres y mujeres ha sido declarada una gran causa nacional del mandato del Presidente Emmanuel Macron. El 8 de marzo de 2018, la Comisión Interministerial de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presentó medidas para “trasmitir y difundir una cultura de igualdad”.

La convención interministerial sobre igualdad entre niñas y niños en el sistema educativo 2019-2024 establece la obligatoriedad de la formación para toda la comunidad educativa, con miras a derribar prejuicios y prevenir el acoso y la violencia sexual y de género. mallettedesparents.education.gouv.fr es un sitio web dedicado a los padres y los profesionales educativos. Este espacio ofrece recursos, consejos y herramientas para entender mejor la escuela y sus retos y refuerza el vínculo entre los diferentes actores implicados en que cada niño tenga éxito en la escuela. También se ha elaborado una herramienta de diagnóstico y análisis de las relaciones entre chicas y chicos para que los alumnos elegidos en los órganos que los representan (consejo de instituto, consejo de liceo) puedan hacer suyo el tema de la igualdad e impulsarlo a través de su compromiso.

El enfoque de una escuela que promueve la salud (“Estar saludable para aprender mejor”), puesto en marcha en 2019, incluye la educación sexual. La educación sexual en las escuelas, que se revisó en 2018, incorpora todas las dimensiones de la sexualidad (biológica, psicoafectiva y social) y es esencial para prevenir la violencia sexual y de género. Desde el inicio del curso escolar 2018-2019, se ha reforzado esa política con el nombramiento de asesores de “igualdad” en cada escuela secundaria.

La guía metodológica “Comportamientos sexistas y violencia sexual: prevenir, reparar, actuar”, actualizada en 2020 y destinada a los equipos educativos de los centros de secundaria, ofrece definiciones y recordatorios legales relativos al sexismo, la violencia sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

Desde noviembre de 2017, por iniciativa del Ministerio de Cultura, 99 instituciones de educación terciaria se han movilizado mediante la elaboración de “cartas éticas” cuyo objetivo es definir planes de acción para promover la transmisión de una cultura de igualdad a los estudiantes con el fin de luchar contra los estereotipos de género. El objetivo es respetar la paridad en los equipos y las comisiones pedagógicas y proporcionar información diversificada sobre las profesiones. Este enfoque también se traduce en la elaboración de datos con perspectiva de género; la promoción de obras de autoras y artistas y la remisión a esas obras; y la búsqueda de la equidad y la transparencia en los procesos de contratación de jóvenes. Las escuelas participan en la lucha contra la violencia sexual y de género, después de que una encuesta sobre su percepción en el primer semestre de 2020 revelara situaciones alarmantes en todos los centros.

B.Combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas de grupos minoritarios

La circular del Primer Ministro de 20 de julio de 2014 sobre elaboración de contratos municipales convierte la lucha contra la discriminación en eje fundamental de los contratos municipales para el período comprendido entre 2015 y 2020. Todas las ciudades deben tener un plan de lucha contra la discriminación. Los contratos se centran en varios ámbitos: trabajar en las representaciones urbanas y sociales, derribar prejuicios y estereotipos en relación con las culturas y las prácticas populares y trabajar en cuestiones de discriminación múltiple, por ejemplo, la discriminación que sufren las mujeres de origen extranjero real o supuesto que viven en barrios prioritarios de las ciudades o las que buscan empleo.

El Ministerio de Cohesión Territorial puso en marcha en julio de 2018 el “Pacto con los barrios para todas las empresas” (PaQte). Se basa en acciones que las empresas se comprometen a llevar a cabo hasta 2021, acompañadas de objetivos e indicadores clave, en torno a cuatro ejes, entre ellos el de “contratar de forma no discriminatoria”. En 2020, casi 75 empresas habían firmado el Pacto.

El plan “barrios educativos”, puesto en marcha en 2019 por el Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deporte y la Agencia Nacional de Cohesión Territorial, pretende intensificar la atención educativa a los niños a partir de tres años y a los jóvenes hasta los 25, “antes, durante, alrededor y después de la escuela”, reuniendo a los actores de la educación escolar y extraescolar en 80 territorios reconocidos y en los que se concentran los recursos públicos (con 100 millones de euros dedicados para 2019-2021). Varios de esos barrios se beneficiarán de un programa de igualdad de género, actualmente en desarrollo.

C.Imagen de la mujer en los medios de comunicación

Se han reforzado las competencias del Consejo Superior de Medios Audiovisuales (CSA) en materia de lucha contra el sexismo y los estereotipos en los contenidos audiovisuales: el mecanismo de denuncia de contenidos ilícitos se ha ampliado a la incitación al odio por razón de sexo mediante la Ley núm. 2016-1321, de 7 de octubre de 2016, relativa a una República digital, que aumenta la sanción en la que se incurre cuando se emiten imágenes o comentarios de carácter sexual. La Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, de igualdad y ciudadanía establece que es responsabilidad del CSA que la representación de la diversidad de la sociedad francesa esté libre de prejuicios.

El informe anual del CSA sobre la representación de las mujeres en los programas de televisión y radio permite hacer una clasificación de los medios de comunicación “con nombre y apellido”. Un estudio de octubre de 2017 sobre la representación de las mujeres en los anuncios de televisión arroja luz sobre el tipo y la recurrencia de los estereotipos de género. El CSA pone a disposición de los medios de comunicación una guía con más de 3.000 expertas de 30 países.

A iniciativa del CSA, los actores del sector publicitario se han movilizado contra los estereotipos sexuales, sexistas y de género y firmaron el 6 de marzo de 2018 una carta en la que se comprometían a actuar contra esos estereotipos.

Union des Marques (UDM), una organización representativa de las marcas, puso en marcha en enero de 2018 el programa de comunicación responsable FAIREe, cuyo objetivo es implicar a los anunciantes y a las marcas en la lucha contra la recurrencia de los estereotipos en sus comunicaciones. En este contexto, la UDM puso en marcha el Reto REPRESENTe en 2019, cuyo objetivo es dar visibilidad a las iniciativas innovadoras en materia de lucha contra los estereotipos. En 2020, se concedió el Premio del Jurado a Mattel por su campaña mundial Dream Gap sobre el empoderamiento de las niñas.

La proporción de mujeres periodistas y presentadoras está aumentando más en las empresas públicas de radiodifusión. France Télévisions, que recibió el sello de calidad “Igualdad” en 2018, introdujo en 2020 cuotas de difusión de obras de directoras, antes de extender esas cuotas a otras profesiones creativas. Radio France se comprometió a alcanzar la paridad en 2022.

D.Medidas adoptadas contra los efectos nocivos de la pornografía en los jóvenes

El Plan Interministerial de Movilización y Lucha contra la Violencia contra la Infancia 2017-2019 y la Carta de Compromisos para Prevenir la Exposición de los Menores a Contenidos Pornográficos en Línea, firmados entre el Estado, los proveedores de servicios de Internet y los operadores, tienen como objetivo proteger a los niños y promover una cultura no violenta hacia las mujeres, limitando el acceso de los menores a la pornografía.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual 2017-2030, puesta en marcha en marzo de 2017, dedica un eje específico a la acción contra los contenidos potencialmente sensibles a los que los jóvenes están especialmente expuestos.

E.Datos desglosados sobre prácticas nocivas

En relación con las prácticas tradicionales nocivas, 8.082 niñas están bajo la protección de la OFPRA (2019) debido al riesgo de sufrir mutilación genital femenina en su país de origen. En Francia viven unas 60.000 mujeres víctimas de ablación.

La Ley núm. 2015-925, de 29 de julio de 2015, de reforma del derecho de asilo convirtió el riesgo de mutilación sexual en un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de valorar la vulnerabilidad de las solicitantes de asilo. La ley introdujo la obligatoriedad de recibir atención médica para las niñas que solicitaran asilo, que deben someterse a exámenes médicos periódicos hasta que alcancen la mayoría de edad con el fin de verificar que no se producen mutilaciones. La OFPRA cubre el costo de esas visitas médicas. La Ley núm. 2018-778, de 10 de septiembre de 2018, de inmigración controlada, derecho de asilo efectivo e integración satisfactoria retoma y refuerza esas disposiciones.

El Plan Nacional de Acción para erradicar las mutilaciones genitales femeninas (2019) incluye cinco ejes: mejorar la salud de las mujeres víctimas de mutilaciones genitales, sensibilizar y formar mejor a los profesionales para prevenir mejor las mutilaciones genitales, erradicar las mutilaciones genitales en los territorios, desarrollar herramientas de prevención, establecer un inventario de las mutilaciones genitales y hacer de Francia un país ejemplar en este ámbito.

Desde entonces se distribuye un folleto para los profesionales que están en contacto con niñas que pueden estar en riesgo de sufrir mutilaciones genitales, con miras a permitir a los profesionales identificar mejor el riesgo de sufrir mutilaciones genitales o la existencia de esas mutilaciones. Por último, el plan de lucha contra las mutilaciones genitales femeninas incluye un efecto palanca en materia de lucha contra los matrimonios precoces y forzados en la aplicación de las medidas de sensibilización, formación y detección.

F.Protocolo para niños intersexuales

El 31 de julio de 2020, la Asamblea Nacional adoptó en segunda lectura el proyecto de ley de bioética, que prevé que se garantice la atención para los niños con variación del desarrollo genital, previa consulta en centros de referencia especializados en enfermedades raras. En la consulta se establece el diagnóstico y las posibles opciones de tratamiento, y se garantiza una información completa, en particular sobre las consecuencias previsibles. El equipo del centro de referencia ofrece un apoyo psicosocial adecuado al niño y a la familia y se asegura de que tengan suficiente tiempo para tomar una decisión informada. El proyecto de ley prevé que se buscará sistemáticamente el consentimiento del menor si este es capaz de expresar su voluntad y participar en la decisión.

2.4.Combatir la violencia contra las mujeres (párr. 21)

A.Causas profundas del escaso número de denuncias y condenas en casos de violencia contra las mujeres y formas de responder a esa situación

La lucha contra la violencia contra las mujeres es una prioridad destacada del Gobierno, que la ha convertido en gran causa nacional, y figura en los compromisos voluntarios de Francia ante el Consejo de Derechos Humanos.

El Quinto Plan de Movilización y Lucha contra todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (2017-2019) consolida la vía de salida de la violencia que ha demostrado su eficacia hasta 2017 y diversifica los métodos de denuncia. A raíz de ello las denuncias por violencia aumentaron un 23 % en el primer semestre de 2018.

Tras la celebración de la consulta nacional “Grenelle de los abusos conyugales”, en noviembre de 2019 se reforzaron los mecanismos que favorecen la liberación de la palabra de las mujeres víctimas de actos de violencia. Varios estudios estadísticos nacionales han señalado los principales obstáculos que existen para denunciar: falta de confianza en las autoridades, miedo a las consecuencias de la denuncia, control psicológico sobre la víctima y banalización de la violencia.

Se han puesto en marcha varios mecanismos para garantizar la capacidad de respuesta de los profesionales ante las denuncias de violencia (véase la respuesta a la recomendación del párr. 21, apartado d)). La Gendarmería Nacional ha puesto en marcha una política de formación sobre comprensión de los mecanismos psicológicos que subyacen al fenómeno de los abusos conyugales. El objetivo es desarrollar la capacidad de escucha y la empatía en el trato con las víctimas.

En noviembre de 2019 se distribuyó a todas las fuerzas de seguridad una tabla para evaluar el peligro al que se enfrentan las mujeres víctimas y sus hijos para poder evaluar de forma precisa y objetiva la situación y tomar las decisiones de acogida adecuadas.

La Ley núm. 2020-936, de 30 de julio de 2020, para proteger a las víctimas de violencia doméstica reconoce la coacción moral resultante del control ejercido por el autor del acto de violencia y permite a los profesionales de salud hacer una excepción a la confidencialidad médica cuando el control ejercido por el agresor impida a la víctima recurrir a las autoridades.

Se han levantado ciertas limitaciones procesales para que las víctimas puedan denunciar los actos de violencia que sufren. Se pueden presentar denuncias de forma virtual a raíz de la Ley núm. 2019-222, de 23 de marzo de 2019, de programación y reforma de la justicia. La circular del Ministerio de Justicia de 9 de mayo de 2019 sobre mejora de la tramitación de los abusos conyugales estipula que esa denuncia por medios virtuales no sustituye la presentación en persona, prevista en el Código de Procedimiento Penal, sino que ofrece a las víctimas un nuevo recurso “más íntimo y confidencial”. Se puede presentar denuncia con cita previa para garantizar una acogida discreta e individualizada. Por último, se puede realizar el trámite en un hospital o en cualquier otro centro que permita expresarse con libertad. El establecimiento de una Brigada Digital y de la Plataforma de Denuncias de Violencia Sexual y de Género contribuye a crear un marco confidencial y remoto para denunciar conductas indebidas.

La Ley núm. 2019-1480, de 28 de diciembre de 2019, de lucha contra la violencia en el hogar incrementa la seguridad en el entorno de la víctima. El juez debe dictar una orden de protección en un plazo máximo de seis días si existen indicios de que se puedan producir actos de violencia contra la víctima o sus hijos. La víctima ya no tiene que demostrar que haya existido convivencia o denuncia penal anterior. El Fiscal del Estado puede asignarle un “teléfono de peligro grave” para que se ponga en contacto con las fuerzas del orden por un canal prioritario. En agosto de 2020, se había asignado el 72 % de los 1.153 teléfonos desplegados.

El juez también puede ordenar que ambas partes lleven un dispositivo electrónico móvil de alejamiento desde el inicio de la investigación. Este sistema permite geolocalizar a la persona vigilada y activar un sistema de alerta que avisa a las fuerzas del orden y a la víctima cuando esta última se encuentra cerca de la persona vigilada. En ese caso, la persona vigilada puede ser responsable de asumir los gastos de alojamiento de la pareja. No obstante, el juez puede proponer que el cónyuge violento reciba atención sanitaria, social o psicológica o un curso de rendición de cuentas.

Para evitar las repercusiones en los niños, la legislación otorga al juez penal prerrogativas familiares. Se puede retirar la patria potestad si el progenitor violento es condenado. En su defecto, el ejercicio de la patria potestad y los derechos de visita y alojamiento del progenitor procesado o condenado por un delito o tentativa de delito cometido contra el otro progenitor quedarán suspendidos de pleno derecho por un período máximo de seis meses hasta que el juez adopte una decisión. La eficacia de estos mecanismos y la diversificación de las formas de denuncia de actos violentos han sido puestas a prueba con la crisis sanitaria que se inició en marzo de 2020.

La línea telefónica nacional de ayuda (3919) pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia un servicio de asistencia telefónica y las remite a centros de asesoramiento e información o a las fuerzas del orden, al igual que la plataforma digital de denuncia de la violencia sexual y de género, a la que se puede acceder de forma ininterrumpida. Las víctimas también pueden enviar un SMS al 114 (un servicio de emergencia para personas con discapacidad auditiva) para activar la intervención de las fuerzas del orden. Además, se han abierto puntos de información temporales en colaboración con asociaciones locales, servicios estatales y administradores de centros comerciales para acoger a mujeres víctimas de violencia. También se ha puesto en marcha un sistema de denuncia en farmacias. Estas últimas medidas, surgidas de las necesidades puestas de manifiesto por la crisis sanitaria, se han convertido en permanentes.

B.Investigaciones sobre actos racistas, xenófobos, antimusulmanes y sexistas y condena de los autores

Francia aplica estrictamente las recomendaciones del Consejo de Europa y la OSCE: los investigadores están obligados a realizar todas las pesquisas que puedan sacar a la luz circunstancias agravantes relacionadas con la motivación de un acto o un discurso de odio relacionado con el origen, la religión o la orientación sexual. Las últimas instrucciones gubernamentales, tanto del Ministro de Justicia como del Ministro del Interior, hacen hincapié en la necesidad de castigar firmemente los actos de odio. La Delegación Interministerial de Lucha contra el Racismo, el Antisemitismo y el Odio contra las Personas LGBT (DILCRAH) interviene en la formación inicial de todos los agentes de las fuerzas del orden y los magistrados.

C.Refuerzo de los mecanismos de seguimiento de las medidas para combatir la violencia contra las mujeres

A fin de garantizar su eficacia, las medidas adoptadas para combatir la violencia contra las mujeres se someten a evaluaciones y consultas frecuentes. El análisis de los informes de actividad anuales de la Fiscalía por parte del Ministerio de Justicia permite evaluar la aplicación de las normas e identificar las dificultades a las que se enfrentan los actores implicados, con el fin de difundir las buenas prácticas, reforzar los mecanismos existentes y formular propuestas de modificación legislativa adecuadas. Estos informes muestran que las fiscalías se apresuran a dar respuestas penales personalizadas y diversificadas a la violencia contra las mujeres y aseguran que las medidas puestas en marcha sean eficaces y se mejoren. La aplicación de la expulsión del cónyuge violento del hogar, a la que recurren con frecuencia los fiscales, fue estudiada específicamente en el informe de la Fiscalía correspondiente al año 2017. En 2019 se preguntó a los fiscales sobre la aplicación de la circular de 9 de mayo de 2019 sobre mejora de la tramitación judicial de los abusos conyugales y protección de las víctimas.

Un comité director anual evalúa la entrega de teléfonos de peligro grave, mientras que en cada tribunal de instancia se crean comités locales para garantizar su seguimiento operativo.

Las medidas del “Grenelle de los abusos conyugales” también son seguidas de cerca, tanto por agentes públicos como por autoridades independientes. En julio de 2020, la MIPROF recibió el encargo de elaborar un informe sobre las políticas públicas de lucha contra los abusos conyugales durante el confinamiento.

La Inspección General de Justicia, creada en enero de 2017, es responsable de garantizar una inspección permanente y formula propuestas para mejorar los servicios de justicia. En mayo de 2017, su estudio se centró en las políticas de protección de las víctimas de violencia doméstica. En noviembre de 2019, analizó los homicidios relacionados con los abusos conyugales. En particular, recomendó que se organizaran reuniones sobre la experiencia adquirida en cada caso de homicidio conyugal con el fin de poner de manifiesto las dificultades recurrentes, las deficiencias en los sistemas de alerta y de transmisión de información. Un grupo de trabajo codirigido por la Inspección General de Justicia y el Ministerio de Justicia ha elaborado una metodología para recabar la experiencia adquirida en casos de homicidio conyugal y cuestionarios para todos los profesionales que hayan tenido conocimiento de la situación de la pareja. Paralelamente, la Secretaría General de Modernización de la Acción Pública realizó en marzo de 2017 un estudio cualitativo sobre el trato a las víctimas de violencia doméstica.

Los servicios estadísticos del Ministerio del Interior elaboran un informe anual sobre la violencia contra las mujeres. Los servicios realizaron una encuesta sobre los estereotipos en la relación entre las fuerzas de seguridad y las víctimas de violencia doméstica, cuyos resultados se presentaron a los formadores de agentes de policía.

D.Evaluación de la respuesta de las fuerzas del orden a las denuncias de delitos sexuales

En 2019 el Ministerio de Justicia aprobó un nuevo plan de formación para profesionales dirigido a lograr una respuesta judicial proactiva, desarrollar herramientas de protección y reforzar el seguimiento de los agresores. Para cambiar de función, los profesionales de justicia deben ahora recibir una formación obligatoria sobre abusos conyugales. La formación continua favorece el intercambio de buenas prácticas entre los profesionales y la descompartimentación de las intervenciones. Se pone a disposición de todos los profesionales documentación práctica y jurídica actualizada (circulares, fichas temáticas, compilaciones de documentos). Se publican los convenios de las fiscalías para favorecer la generalización de medidas innovadoras por temas: acogida de las víctimas, seguimiento de los autores, atención a los niños.

Los agentes de las fuerzas del orden reciben formación para atender mejor a las víctimas de la violencia y apoyar a las mujeres en el proceso de denuncia. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN) recibieron el mandato de examinar los casos de homicidio conyugal cometidos en 2015-2016 y juzgados en firme para analizar las condiciones en las que las fuerzas del orden habían tratado los casos.

Tras el “Grenelle de los abusos conyugales”, la Dirección Central de Reclutamiento y Formación de la Policía Nacional (DCRFPN) elaboró un curso de formación digital sobre las especificidades de la acogida, la atención y el apoyo a las víctimas. En el curso también se presentan las herramientas de que disponen los agentes de policía, en particular la tabla para evaluar el peligro. Esta formación obligatoria está dirigida a todas las personas que intervienen, los agentes que registran la denuncia, los investigadores, los operadores de centros de mando y el personal encargado de la acogida.

En las comisarías de policía y las unidades de gendarmería se nombran puntos de contacto formados en materia de violencia contra las mujeres. Además, la Policía Nacional ha creado centros psicosociales en los que colaboran trabajadores sociales, psicólogos y asociaciones para ofrecer una atención integral a las víctimas. En las fiscalías, la creación de una línea telefónica de atención a los menores y las familias facilita la tramitación de las denuncias que proceden de los servicios sociales, los servicios hospitalarios y las asociaciones.

La circular de 9 de mayo de 2019 sobre mejora de la tramitación de los abusos conyugales y protección de las víctimas recomienda establecer “una verdadera cultura de protección de las víctimas de violencia doméstica” en todas las fases del procedimiento. En noviembre de 2019, los poderes públicos anunciaron el nombramiento en los juzgados de fiscales especializados en violencia.

Una circular del 28 de enero de 2020 fomenta la formalización de los circuitos de información en los tribunales y la celebración de comités de dirección dedicados a la violencia doméstica con el fin de promover el intercambio de información entre los distintos magistrados y descompartimentar el trabajo de los profesionales que intervienen en los casos de violencia doméstica.

En junio de 2019 se publicó en la intranet del Ministerio de Justicia una guía metodológica para tratar los delitos sexuales. El objetivo de la guía es fomentar la revelación de los hechos mejorando las condiciones de acogida y entrevista de las víctimas, optimizar la atención a las víctimas mediante el desarrollo de centros de acogida única, reforzar el acceso de las víctimas a la información sobre la evolución del procedimiento y mejorar la calidad del seguimiento de las investigaciones.

E.Asistencia y protección dirigidas a las mujeres víctimas de violencia

El Quinto Plan de Movilización y Lucha contra todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (2017-2019) incluye 133 medidas y dedica 125 millones de euros al alojamiento de las mujeres víctimas de violencia. Ha permitido aumentar la oferta de alojamiento de emergencia, establecer acuerdos entre los servicios integrados de acogida y orientación y las asociaciones especializadas, mejorar el conocimiento de las necesidades y la oferta y detectar y apoyar a las víctimas en los centros de acogida mediante la formación de los profesionales. El número de plazas en centros de acogida ha pasado de 2.900 en 2014 a casi 5.985 en 2019.

Se han puesto en marcha medidas para proporcionar un alojamiento independiente a mujeres que se ven obligadas a abandonar su hogar debido a la violencia y que pueden acogerse a la garantía que ofrece el sello de vivienda y empleo (VISALE). Esta garantía concedida por el Estado cubre al propietario privado frente al riesgo de impago y garantiza que se reacondicione la propiedad.

La Ley núm. 2019-1480 de lucha contra la violencia en el hogar permite a las organizaciones de viviendas de bajo coste alquilarlas a organismos cuya finalidad sea subarrendarlas temporalmente a personas que cuenten con una orden de protección. Se les ofrece una ayuda adaptada para facilitar el depósito, la garantía de alquiler y el pago de los primeros meses de alquiler. Las personas con una orden de protección pueden acceder a una vivienda social aunque sean propietarias de otra vivienda.

En diciembre de 2019 se creó una plataforma de geolocalización de plazas de acogida disponibles para mujeres víctimas de violencia.

Durante la epidemia de COVID-19, estos mecanismos ayudaron a responder de forma urgente a los problemas de violencia. Se ha creado un fondo excepcional de un millón de euros para financiar 20.000 noches de alojamiento o de hotel y dar cobijo a las víctimas y sus hijos.

F.Condiciones para conceder permisos de residencia temporal a inmigrantes dependientes de una pareja violenta

La Ley núm. 2018-778, de 10 de septiembre de 2018, de inmigración controlada, derecho de asilo efectivo e integración satisfactoria refuerza las garantías ofrecidas a las mujeres víctimas de violencia mediante el establecimiento de una vía segura para acceder al derecho de residencia en Francia o mantenerlo.

No se puede retirar el permiso de residencia a la víctima ni impedirle que lo renueve si se ve obligada a romper su vida conyugal a causa de la violencia que sufre. La consideración de los actos de violencia no está sujeta a la existencia de una sentencia que condene al autor de los delitos o a la presentación de una denuncia, sino simplemente a la demostración de la existencia de actos de violencia, por cualquier medio.

Corresponde a la persona solicitante demostrar la existencia de los actos de violencia sufridos, ya sea violencia física, psicológica o moral, en un contexto familiar o conyugal. Posteriormente el prefecto evalúa los hechos expuestos por la víctima. Una vez constatada la existencia de actos de violencia, el prefecto expide el permiso de residencia so reserva de que no exista amenaza para el orden público.

La ley establece que se protegerá, a través de la concesión de la residencia, a los extranjeros en situación irregular que sean víctimas de violencia. El prefecto está obligado a expedir un permiso de residencia “vida privada y familiar” en los casos en los que un juez de familia dicte una orden de protección a beneficio de un ciudadano extranjero debido a actos de violencia cometidos en la pareja o a la amenaza de un matrimonio forzado; no es necesario presentar una sentencia que condene al autor de los hechos. Solo se exige una sentencia condenatoria para acceder a un permiso de residencia permanente, que conlleva derechos adicionales.

G.Recursos asignados a la MIPROF para la ejecución de su mandato

Los distintos ministerios ponen a disposición de la MIPROF seis empleos equivalentes a tiempo completo: uno para el observatorio nacional sobre la violencia contra las mujeres, dos en relación con la violencia contra las mujeres, dos en relación con la trata de personas. La Secretaria General está cedida por el Ministerio de Justicia. La Misión tiene unos gastos de funcionamiento de 16.000 euros al año.

El comité de dirección de la MIPROF fue reforzado en 2016 y pasó a incorporar un comité de coordinación compuesto por actores institucionales y miembros de asociaciones implicados en la lucha contra la trata de personas.

2.5.Prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la explotación de la prostitución ajena (párr. 27)

A.Investigación de casos de trata de personas, enjuiciamiento y condena de los autores

El número de investigaciones penales sobre proxenetismo y trata de personas con fines de explotación sexual en Francia ha aumentado un 54 % desde 2016. Las investigaciones penales en casos de proxenetismo han pasado de 611 en 2015 a 944 en 2018.

En 2016 se actualizaron las directrices dirigidas a las unidades de Gendarmería sobre la lucha contra todas las formas de trata de personas para facilitar la labor de los investigadores en materia de identificación de las víctimas y prestación de apoyo. Se hace especial hincapié en las víctimas menores de edad, en particular en las preguntas estándar que pueden hacerse durante la entrevista.

La Gendarmería Nacional y la Escuela Nacional de la Magistratura han puesto en marcha un curso de formación interdepartamental sobre lucha contra la trata de personas en 2019 con el fin de mejorar la calidad de los procedimientos judiciales y la colaboración entre los distintos actores de la cadena penal y el sector de las asociaciones.

La circular sobre política penal en materia de lucha contra la trata de personas, de 22 de enero de 2015, insiste en la necesidad de hacer un mayor uso de las diferentes calificaciones de la trata (con fines de explotación sexual, explotación de la mendicidad, explotación laboral o tráfico de órganos). Esas calificaciones permiten entender de forma global la cadena logística delictiva y recurrir a herramientas procesales más adecuadas. La calificación de trata tiene la doble ventaja de facilitar la investigación internacional y ofrecer la posibilidad de recurrir a un régimen de atención integral a las víctimas.

La Gendarmería ha desarrollado cursos de formación adicionales en técnicas de entrevista para que las víctimas de violencia sexual y de género puedan hablar de los hechos con mayor facilidad y precisión. Los investigadores pueden acceder a una lista de preguntas predefinidas para recopilar información exhaustiva sobre los hechos y el contexto. Desde 2017 se ha integrado en todos los procedimientos de entrevista de las víctimas información sobre medidas específicas de protección y apoyo.

B.Identificación de las mujeres expuestas a trata y prestación de apoyo

El Segundo Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2019-2021 tiene como objetivo identificar mejor a las víctimas de trata mediante el establecimiento de un mecanismo nacional de remisión. Se presta especial atención a la protección de las víctimas menores de edad con la generalización de un sistema experimental de protección de las víctimas menores de edad y la creación de un centro seguro para menores en situación de riesgo.

La Ley núm. 2016-444, de 13 de abril de 2016, reforzó las medidas de protección aplicables a los testigos y las víctimas de trata de personas y amplió el mecanismo de protección a las personas que denuncian los hechos. Las víctimas cuyo testimonio haya contribuido al establecimiento de la verdad y cuya vida o integridad física corra grave peligro pueden beneficiarse de medidas de protección y recibir una identidad ficticia.

C.Datos sobre las víctimas de trata de personas, desglosados por sexo y edad

La mejora del censo de víctimas de trata se traduce en la valorización de datos recopilados por asociaciones sobre los perfiles, los recorridos vitales y las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, el ONDRP y la MIPROF publican anualmente desde 2016 los resultados de una encuesta sobre las víctimas de trata de personas que reciben apoyo de asociaciones en Francia. En noviembre de 2020 se publicaron los resultados de la cuarta encuesta, gracias a la ayuda de varias asociaciones, en particular los miembros del colectivo “Ensemble contre la traite des êtres humains”. Este trabajo permite mejorar el conocimiento del fenómeno y aporta información sobre los perfiles y los recorridos vitales de las víctimas.

En 2020 se creó un grupo de trabajo multidisciplinar sobre prostitución de menores que reúne a representantes de las administraciones, profesionales sobre el terreno y asociaciones. Tiene por objetivo realizar un estudio sobre victimología y elaborar un mapa del fenómeno y presentará sus conclusiones en marzo de 2021.

D.Prevención de otras formas de explotación similares a la trata de personas, en particular el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud, y lucha contra ellas

La Ley 2017-399, de 27 de marzo de 2017, sobre el deber de cuidado de las empresas matrices y las empresas contratantes creó una responsabilidad para las empresas matrices de las multinacionales con más de 5.000 empleados en caso de ser denunciadas por violaciones de los derechos humanos y medioambientales. A partir de ahora esas empresas deben poner en marcha un “plan de vigilancia” para detectar y prevenir los riesgos de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales o de daños físicos o medioambientales graves o los riesgos para la salud derivados de las actividades de la empresa o de sus subcontratistas.

La Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI) elaboró en 2019 un conjunto de actividades de capacitación en materia de lucha contra la trata y la explotación laboral abierto a un amplio público institucional. Se celebran tres sesiones anuales en todo el país para llegar al mayor público posible. Se ha creado un sitio de intranet, al que pueden acceder los investigadores de la Gendarmería Nacional, con una sección dedicada a la lucha contra la trata.

La OCLTI está en contacto permanente con asociaciones como el Comité contre l’esclavage moderne y la Organisation internationale contre l’esclavage moderne, sección de Marsella, y responde a todas sus solicitudes; en los últimos años se han realizado varias investigaciones a raíz de informes de esos organismos.

E.Recursos asignados a la MIPROF y la CNCDH para garantizar la coordinación, el seguimiento y la evaluación eficaces de las medidas adoptadas por los poderes públicos en materia de lucha contra la trata y la explotación

La creación en 2016 en la MIPROF de un comité de coordinación en relación con la trata, del que forma parte la CNCDH, ha permitido impulsar la colaboración entre los agentes institucionales y las asociaciones. Se han ampliado y perpetuado las funciones del comité en virtud del Segundo Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2019-2021. A nivel departamental, un comité de dirección dependiente del prefecto y el Fiscal del Estado permitirá movilizar a todos los agentes de la lucha contra la trata de personas para lograr una actuación coordinada y conjunta.

Las medidas del Plan de Acción Nacional están financiadas por varios programas presupuestarios del Estado y por el fondo de la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Confiscados (AGRASC), que se dedica a la prevención de la prostitución y a prestar apoyo social y profesional a las personas que ejercen la prostitución. La MIPROF se encarga de articular y coordinar esa financiación conjunta.

F.Acceso de las víctimas a asistencia sanitaria y apoyo psicológico

El Segundo Plan de Acción Nacional contra la Trata 2019-2021 garantiza a las víctimas un derecho de residencia efectivo y derecho a una vivienda; mejora la atención psicológica que se les presta; facilita el retorno voluntario a su país de origen; y presta apoyo a las asociaciones garantizando y reforzando la financiación.

Tras el “Grenelle sobre los abusos conyugales”, ha aumentado hasta 5 millones de euros la financiación de organismos dedicados a la atención sanitaria, psicológica y social de las mujeres víctimas de violencia.

G.Protección, indemnización y rehabilitación de las víctimas de trata

La Ley de 13 de abril de 2016 amplía los derechos de las víctimas, especialmente las que han presentado una denuncia o han testificado. Ahora tienen derecho a un permiso de residencia “vida privada y familiar” y a un permiso de residencia permanente cuando el autor recibe una condena en firme. Se puede conceder un permiso de residencia a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, independientemente de su cooperación con las fuerzas de seguridad, siempre que renuncien a cualquier tipo de actividad relacionada con la prostitución y participen en un programa de reinserción.

Las víctimas, incluidas menores, en situación irregular o en detención preventiva, pueden obtener indemnizaciones por daños (morales, materiales y físicos) si los hechos se han cometido en el territorio nacional. No tienen que pagar nada por recibir asistencia de un defensor o por iniciar un trámite.

H.Evaluación de la Ley núm. 2016-444, de 13 de abril de 2016

La evaluación de la Ley de 13 de abril de 2016 realizada por los ministerios de Sanidad y Justicia en 2019 destaca dos grandes avances: disminuye la prostitución “callejera”; es cada vez menos perceptible, se desplaza a zonas periféricas y lugares privados y recurre más a Internet y las redes sociales. El desarrollo de la prostitución de menores es preocupante.

I.Vías de salida de la prostitución

La ley crea un itinerario de inserción social y profesional al que puede acogerse cualquier persona adulta víctima de la prostitución, el proxenetismo o la trata con fines de explotación sexual. En su caso, se puede expedir un permiso de residencia temporal de al menos seis meses de duración a las víctimas extranjeras que les permite acceder a un empleo. Desde 2017 se concede una ayuda financiera a las personas que deciden salir de la prostitución y que no reciben las prestaciones sociales mínimas. El importe mensual varía en función del número de hijos a cargo.

Las comisiones departamentales de lucha contra la prostitución, el proxenetismo y la explotación sexual, dirigidas por las delegadas departamentales de los derechos de la mujer, hacen un seguimiento de esas personas. A 1 de marzo de 2020, se beneficiaban de este dispositivo 300 personas.

III.Artículos 7 a 9: Aplicación de la Parte II de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

3.1.Participación de las mujeres en la vida política y pública (párr. 29)

A.Evaluación de las sanciones impuestas en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional y el Senado

En 2017 se eligió a 223 diputadas, que representan el 39 % de la Asamblea Nacional. Este aumento de 12 puntos respecto a 2012 se debe en parte a la eficacia de las sanciones impuestas a los partidos que no habían respetado la paridad. En el Senado la proporción de mujeres elegidas también ha aumentado hasta el 32,9 %.

B.Diseño de modelos innovadores para las presidencias de los Consejos Locales

En virtud de la Ley núm. 2019-1461, de 27 de diciembre de 2019, de participación en la vida local y proximidad de la acción pública, en las elecciones municipales de 2020 se aplicó la alternancia de género en las listas electorales de concejales en los municipios de más de 1.000 habitantes.

C.Campañas de sensibilización sobre la participación plena, libre y democrática en la vida política y pública de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres

Se han puesto en marcha varias campañas públicas de sensibilización, como la campaña “Una mujer, un mes, una historia” en 2016-2017, para poner de relieve las experiencias de las mujeres agentes del desarrollo, o una campaña en 2018 sobre el sexismo y la participación de las mujeres en la vida universitaria. El Ministerio de Cultura pone en marcha campañas anuales de sensibilización dirigidas al personal docente y apoya varios proyectos para promover la participación de las mujeres: desarrollo de repertorios disciplinarios, lucha contra los estereotipos, sistemas de premios, etc.

3.2.Registro de nacimientos (párr. 31)

En virtud del artículo 55 del Código Civil, se deben declarar los nacimientos en el registro civil del municipio en el que se hayan producido. La Ley núm. 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, de modernización de la justicia del siglo XXI aumenta el plazo para declarar un nacimiento de tres a cinco días. El Decreto núm. 2017-278, de 2 de marzo de 2017, especifica que el día del nacimiento no cuenta en ese período; si el último día cae en fin de semana o en festivo, se prolonga el plazo hasta el siguiente día laborable.

Una vez transcurrido el plazo legal, el funcionario del registro civil solo puede inscribir el nacimiento en virtud de una sentencia dictada por el tribunal en cuya jurisdicción haya nacido el niño. Si se desconoce el lugar de nacimiento, es competente el tribunal del domicilio del solicitante. El procedimiento, sencillo y voluntario, de declaración judicial del nacimiento permite al juez garantizar el interés superior del niño y su seguridad jurídica.

Sin embargo, el plazo se amplía a ocho días cuando lo justifica la distancia entre el lugar de nacimiento y el lugar donde se encuentre el registro civil, como es el caso, por ejemplo, del departamento de la Guayana Francesa. Esta ampliación del plazo ha permitido lograr una disminución del número de declaraciones judiciales de nacimiento, de 331 en 2015 a 47 en 2018.

IV.Artículos 10 a 14: Aplicación de la Parte III de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

4.1.Igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a la educación (párr. 33)

A.Repercusiones de la Ley núm. 2004-228, por la que se prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas, en el derecho a la educación de las niñas y su inclusión en la esfera social

No hay litigios ante los tribunales administrativos sobre la Ley núm. 2004-228, por la que se prohíbe el uso de símbolos religiosos en las escuelas, ya que la mayoría de los conflictos se resuelven mediante el diálogo.

El derecho de las niñas a la educación no está restringido por la Ley de 2004 y las últimas cifras sobre educación en el hogar no muestran una mayor proporción de niñas respecto de los niños educados en el hogar. En 2014-2015, los niños que recibieron educación en el hogar eran un 50,7 % de alumnos y un 49,3 % de alumnas.

Desde el inicio del curso escolar en 2017, el Ministerio de Educación se ha comprometido a reforzar la política educativa destinada a garantizar el respeto y la transmisión de la laicidad en las escuelas y los centros reforzando el apoyo al personal que se enfrenta a la dificultad de aplicarla.

Para garantizar ese principio, existe un “Consejo de Sabios sobre la Laicidad” dependiente del Ministro; un equipo nacional sobre “laicidad y hecho religioso”, formado por direcciones de la administración central, que se encarga de la aplicación, el seguimiento y el apoyo a los distintos agentes del mundo académico; y equipos locales en los distritos académicos para formar y apoyar al personal.

Se puso a disposición de los equipos docentes en 2018 el vademécum “Laicidad en la escuela”, aprobado por el Consejo de Sabios y el Observatorio de la Laicidad. Sustituye al “Cuaderno de la laicidad” publicado en 2015.

B.Estrategias para hacer frente a los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que pueden disuadir a las niñas de orientarse hacia carreras tradicionalmente dominadas por los hombres

El Ministerio de Educación Nacional y Juventud cuenta con una política de promoción de carreras y recorridos científicos para las niñas. Sensibiliza a las asociaciones que promueven la cultura científica, conciencia sobre cuestiones de igualdad y lleva a cabo acciones con docentes de los ámbitos científicos. La Oficina Nacional de Información sobre Educación y Profesiones (Onisep) pone a disposición de los docentes y el personal de orientación recursos para luchar contra los estereotipos y animar a las niñas a orientarse hacia carreras científicas, técnicas e industriales. Los psicólogos, las enfermeras y los directores de centros escolares también desempeñan una función en la concienciación sobre este tema. Existen iniciativas como el Premio Irène Joliot-Curie que ponen de relieve a las mujeres científicas.

En el marco del proyecto Hypatia, financiado con fondos europeos, la institución pública Universcience elaboró un conjunto de herramientas digitales de actividades inclusivas que ha permitido a más de 3.000 estudiantes de bachillerato familiarizarse con las diversas carreras científicas y tecnológicas y ha sensibilizado a cerca de 800 docentes y responsables de comunicación científica desde 2016.

El Ministerio de Cultura colabora con las editoriales escolares para promover en los libros de texto el lugar de las mujeres en la ciencia y las artes. Los eventos del Día Internacional de la Mujer ponen de relieve a creadoras, artistas e investigadoras. En 2020 se puso de relieve en la Cité de l’architecture et du patrimoine las trayectorias de varias arquitectas. El Ministerio de Cultura también colaboró en 2020 con asociaciones que luchan por la igualdad en el ámbito del acceso a las tecnologías digitales y la creación digital, como Femmes@Numérique y Femmes & Sciences.

C.Política de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso en la escuela

El Plan de Lucha contra la Violencia Infantil del 20 de noviembre de 2019 moviliza a toda la administración en torno a 22 medidas prioritarias. Esta estrategia evalúa el impacto en la escuela de la política pública de educación sexual en la prevención de la violencia sexual y, de ser necesario, mejora su contenido y su aplicación efectiva. Se ofrecen cursos de formación multidisciplinar para detectar y gestionar casos de violencia doméstica.

El Quinto Convenio Interministerial (2019-2024) sobre igualdad en el sistema educativo incluye acciones pedagógicas y educativas integradas en los proyectos escolares o de centro y centradas en la lucha contra la violencia de género. Se aplica una política de tolerancia cero. El convenio contempla un aumento de la concienciación de la comunidad educativa sobre los riesgos del ciberacoso sexual y de género.

En 2017, el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha el programa “No al acoso” y creó un número de teléfono gratuito, el 3020, un sitio web dedicado y campañas de sensibilización. Asimismo, el Ministerio de Cultura introdujo la obligación de que los centros de enseñanza superior dispusieran de una carta ética y de una línea de atención gratuita para tratar casos de discriminación y violencia.

D.Cursos de educación sexual y derechos de la mujer

La educación sexual está contemplada en el Código de Educación desde la Ley núm. 2001-588, de 4 de julio de 2001, de interrupción voluntaria del embarazo y anticoncepción. La circular núm. 2018-111, de 12 de septiembre de 2018, concreta sus objetivos y aplicación.

Además de tres sesiones específicas obligatorias al año, la educación sexual está presente en toda la enseñanza. En las escuelas primarias, esta asignatura es responsabilidad de los docentes y puede incluir no solo la biología reproductiva, sino también la cuestión de la igualdad de género, el respeto y la lucha contra la violencia sexual y de género.

En los centros de secundaria, la elección de los temas es abierta. Los intercambios se basan en las representaciones de los alumnos para permitirles desarrollar una reflexión individual y colectiva y permitir que se apropien valores humanistas.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual (2017-2030) continúa con el despliegue de la educación sexual en todos los centros escolares y tiene por objeto desarrollar las habilidades psicosociales de los niños y los adolescentes, en el respeto mutuo, la igualdad entre chicas y chicos y el consentimiento en las relaciones con los demás.

4.2.Igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo (párr. 35)

A.Acceso al empleo de las mujeres en ámbitos “no tradicionales”

El Plan Interministerial para la Igualdad Profesional entre Mujeres y Hombres (2016-2020) se centra en la promoción de oficios mixtos. El Plan Sectorial de Igualdad de Género en el Ámbito Digital firmado el 31 de enero de 2017 por las autoridades públicas con representantes del sector digital tiene como objetivo poner en marcha acciones concretas para invitar a las mujeres a orientarse hacia formaciones y empleos en el ámbito digital.

La Ley núm. 2011-103, de 27 de enero de 2011, de representación equilibrada de mujeres y hombres en consejos de administración y de supervisión e igualdad profesional, conocida también como “Ley Copé-Zimmermann”, establece la obligación de respetar una cuota mínima del 40 % de miembros de cada sexo con el fin de garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en esos órganos.

Esta obligación, que se aplica desde el 1 de enero de 2017 a las empresas que cotizan en bolsa y a las que tienen más de 500 empleados, se amplió a las empresas de más de 250 empleados a partir del 1 de enero de 2020.

Las empresas que incumplen esta obligación incurren en sanciones que la Ley de 22 de mayo de 2019 de crecimiento y transformación de las empresas, conocida como “Ley PACTE”, ha reforzado recientemente: nulidad del nombramiento o la designación que no acate la obligación de paridad, de las deliberaciones de los consejos de administración o de supervisión que no respeten las obligaciones que les incumben en materia de paridad; suspensión del pago de la remuneración de los miembros de los consejos.

La Ley núm. 2019-828, de 6 de agosto de 2019, de transformación de la función pública prevé que los tribunales y los órganos de selección para la contratación, la promoción o el ascenso interno tengan una composición equilibrada y que alterne la presidencia de esos tribunales. La presidencia de los tribunales debe alternar, entre hombres y mujeres, tras un período máximo de cuatro sesiones.

En el marco del acuerdo sobre igualdad profesional entre mujeres y hombres en la función pública, firmado el 30 de noviembre de 2018, la circular de 30 de noviembre de 2019 especifica que cada administración del Estado debe crear una red de coordinadores en cuestiones de igualdad, nombrados en cada dirección o servicio administrativo.

El Decreto núm. 2019-134, de 26 de febrero de 2019, modifica la composición del Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en aplicación del artículo 181 de la Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, de igualdad y ciudadanía. En él se establece una representación paritaria de mujeres y hombres.

En 2018 el Ministerio de Cultura se marcó como objetivo que en 2022 el 50 % de los puestos directivos de las instituciones públicas que dependen de él estuvieran ocupados por mujeres (en 2020, la cifra era del 40 %). El Ministerio promueve el lugar de las mujeres mediante el desarrollo de repertorios disciplinarios, la lucha contra los estereotipos, la organización de premios, etc.

B.Igualdad salarial entre hombres y mujeres

El Primer Plan Interministerial para la Igualdad Profesional (2016-2020) tiene como objetivo combatir la brecha salarial y laboral entre mujeres y hombres y garantizar la diversidad de género en el trabajo. Cada ministerio debe elaborar, en virtud del Plan, una hoja de ruta sobre medidas adoptadas para lograr la igualdad profesional e informar al respecto anualmente en la Conferencia de la Igualdad.

La Ley núm. 2018-771, de 5 de septiembre de 2018, de libertad de elección del futuro profesional obliga a los empresarios a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres e introduce un índice de igualdad de género obligatorio para las empresas. El índice se basa en cinco criterios: desigualdades salariales entre hombres y mujeres; distribución de las subidas salariales individuales; ascensos; número de empleadas que reciben un aumento tras volver de una licencia de maternidad; personas del género infrarrepresentado entre las diez personas que más ganan.

El índice permite lograr resultados: las empresas deben publicar la puntuación global del índice (sobre 100) en su página web o, en su defecto, informar de ella a todos los empleados. El Comité Social y Económico (CSE) debe disponer de los resultados y los detalles del cálculo. En caso de no publicar el índice, de no aplicar medidas correctivas o de que estas no sean eficaces, la empresa puede recibir una multa de hasta el 1 % de la masa salarial anual. Se han puesto en marcha medidas de apoyo, como el nombramiento de coordinadores en cuestiones de igualdad profesional y la organización de cursos de formación.

Se ha extendido gradualmente la obligación a todas las empresas con al menos 50 empleados al 1 de marzo de 2020. Si la puntuación es inferior a 75 sobre 100, la empresa tiene tres años para aplicar un plan de acción. Las medidas correctoras pueden ser anuales o plurianuales y se definen en el marco de las negociaciones sobre igualdad profesional o, a falta de acuerdo, por decisión unilateral del empleador.

Al 4 de marzo de 2020, dos tercios de las empresas con al menos 50 empleados habían publicado el índice basado en datos de 2019. La puntuación media era de 83. El análisis detallado de los resultados obtenidos en 2020 por las empresas con más de 250 empleados demuestra la eficacia de este nuevo sistema. La puntuación media de las empresas con 1.000 o más empleados aumentó cuatro puntos entre 2019 y 2020, pasando de 83 a 87. Se observó la misma tendencia en las empresas medianas, que tienen entre 251 y 999 empleados, cuya puntuación aumentó tres puntos, pasando de 82 en 2019 a 85 en 2020. La proporción de empresas que no cumplían con la obligación legal de subir el sueldo de las empleadas que se reincorporaban tras una licencia de maternidad pasó de una de cada tres empresas en 2019 a una de cada diez en 2020.

Desde 2016, los comités de empresa están obligados a informar y mantener consultas sobre la igualdad profesional; esta forma parte de las consultas anuales sobre la política social de la empresa, las condiciones de trabajo y el empleo. Los comités de empresa pueden contar con ayuda de expertos para preparar las consultas. La base de datos económicos y sociales puesta a disposición debe contener información necesaria para el buen desarrollo de las consultas, en particular los indicadores relativos a la igualdad profesional y las desigualdades salariales.

Al nivel de los gremios profesionales, los interlocutores sociales deben reunirse al menos una vez cada cuatro años para debatir las medidas destinadas a garantizar la igualdad profesional y responder a las desigualdades observadas. En materia salarial, se hace un seguimiento de la aplicación de esas medidas en las negociaciones salariales de cada sector y a través de la comisión de seguimiento de las negociaciones salariales sectoriales de la Comisión Nacional de Negociación Colectiva, Empleo y Formación Profesional (CNNCEFP).

Además, la ley exige que se tenga en cuenta “el objetivo de la igualdad profesional entre mujeres y hombres y la diversidad de género en el empleo” al revisar las clasificaciones, al menos una vez cada cinco años. En esa ocasión deben analizarse los criterios de evaluación utilizados en la definición de los distintos puestos de trabajo para detectar y corregir los que puedan dar lugar a una discriminación entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar que se tengan en cuenta todas las competencias de los trabajadores.

El acuerdo sobre igualdad profesional en la función pública de 30 de noviembre de 2018, firmado entre el Estado, los empleadores públicos y varios sindicatos, refuerza el protocolo de entendimiento firmado el 8 de marzo de 2013. Los empleadores públicos se comprometen a aplicar medidas para evaluar y corregir las diferencias salariales entre mujeres y hombres, independientemente de su condición, con el fin de garantizar la igualdad de derechos en el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos y la igualdad salarial.

La Ley núm. 2019-828, de 6 de agosto de 2019, de transformación de la función pública obliga a cada empleador público a incluir en su informe social indicadores comparativos de la situación de las mujeres y los hombres. El primer indicador se refiere al cálculo de las desigualdades salariales.

El Decreto de Aplicación núm. 2020-528, de 4 de mayo de 2020, define las modalidades de elaboración y aplicación de los planes de acción relativos a la igualdad profesional en la función pública. Esta obligación se aplica a todos los ministerios y sus centros públicos, a las entidades locales y sus centros públicos de cooperación intermunicipal de más de 20.000 habitantes y a todos los centros hospitalarios públicos. Los planes de acción debían elaborarse antes del 31 de diciembre de 2020. Si no se presenta el plan de acción se puede incurrir en una multa de hasta el 1 % del total de la remuneración bruta anual de todos los empleados del empleador.

C.Promoción del reparto de las tareas domésticas y familiares entre hombres y mujeres

Entre 2013 y 2017 se crearon 42.000 nuevas plazas de guardería. El Convenio de Objetivos y Gestión entre el Estado y la Caja Nacional de Asignaciones Familiares (CNAF) 2018-2022 prevé la creación de 30.000 plazas adicionales en centros de acogida colectiva y 1.000 centros de atención preescolar en cinco años.

La creación de guarderías enfocadas a la inserción profesional en agosto de 2016 responde al doble objetivo de facilitar el acceso a una plaza de guardería para los hijos de padres desempleados y prestarles apoyo en materia de empleo o formación. Los padres cuentan con un seguimiento personalizado y sus hijos reciben una atención más flexible. En mayo de 2019, existían 104 guarderías de este tipo: se fijó un objetivo de 300 guarderías para 2020 en la Estrategia de Prevención y Alivio de la Pobreza 2018-2022.

El Decreto núm. 2019-630, de 25 de junio de 2019, de creación de una licencia de paternidad en caso de hospitalización de los hijos establece que los padres cuyos hijos recién nacidos sean hospitalizados tras el parto podrán disfrutar de una licencia de paternidad adicional de hasta treinta días consecutivos.

El 23 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional votó a favor de ampliar la licencia de paternidad de 14 a 28 días, de los cuales 7 deben tomarse al nacer el niño. Esta medida entró en vigor el 1 de julio de 2021.

D.Atención de las necesidades de los grupos de mujeres desfavorecidas

Las mujeres recién llegadas, nacionales de países extracomunitarios que residen legalmente en Francia desde hace menos de cinco años y desean instalarse de forma permanente, ya sean beneficiarias de protección internacional o residentes en Francia autorizadas por otro motivo (familiar, profesional), participan en un programa de integración organizado por la OFII, cuya primera etapa esencial es el contrato de integración republicana (CIR). En 2019, el 47 % de los firmantes de un CIR fueron mujeres, el 66 % de las cuales tenía entre 26 y 45 años.

El 70 % de los recién llegados que han obtenido un permiso de residencia están presentes en el mercado laboral (estudio ELIPA 2, 2019), y existen fuertes disparidades de género, ya que el 83 % de los hombres tiene un empleo, frente al 50 % de las mujeres. La tasa de desempleo es dos veces mayor entre las mujeres.

El Ministerio de Trabajo, Empleo e Inclusión dirige las actividades de promoción de la actividad profesional de las mujeres migrantes. El Ministerio del Interior cuenta con un plan de acción que incluye medidas conjuntas con otros departamentos ministeriales. Se basa en cuatro ejes: comprender mejor la situación de la inserción profesional de las mujeres extranjeras en particular, mejorar su orientación hacia el mercado laboral, proporcionarles información y movilizar a los actores de la integración sobre esta prioridad.

La primera reunión del grupo interministerial de movilización a favor del empleo de las mujeres extranjeras, en 2020, permitió movilizar las medidas existentes en materia de comunicación (centrada en la diversidad de género y el acceso de las mujeres a empleos en situación de tensión), cuidado de los niños, aprendizaje del idioma o aplicación de la normativa para expedir permisos de residencia temporal a las víctimas de trata de personas, por ejemplo.

La Federación Nacional de Centros de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia para Promover la Integración de las Mujeres Recién Llegadas y el proyecto de profesionalización de empleados de terceros países (PROSE) ofrecen formación lingüística a más de 2.000 empleados extranjeros.

En cuanto a las mujeres con discapacidad, la Ley núm. 2018-771, de 5 de septiembre de 2018, de libertad de elección del futuro profesional define acciones específicas para mejorar el acceso al empleo e incluye medidas coercitivas para los empleadores. La nueva Estrategia para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2019-2022 crea un comité nacional de seguimiento y evaluación de la política de empleo con objetivos específicos de género.

E.Ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo

El Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo no distingue entre migrantes en situación regular y migrantes en situación irregular. En virtud del derecho francés, las personas en situación regular gozan de una protección nacional similar a la prevista en el Convenio. Los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes en situación irregular están garantizados por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y otros instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Francia es parte.

4.3.Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud (párr. 37)

A.Cobertura territorial de los servicios sanitarios, en particular de los servicios de salud sexual y reproductiva

La Estrategia Nacional de Salud Sexual 2017-2030 desarrolla una acción proactiva de información, educación sanitaria y comunicación, con un enfoque prioritario en la salud de los jóvenes y permite reforzar la formación y la movilización de los profesionales sanitarios. Para lograr estos objetivos, se ha elaborado una Hoja de Ruta sobre Salud Sexual 2018-2020 a fin de mejorar la oferta general de servicios de salud sexual en los territorios.

Esta oferta abarca varios centros además de la oferta de servicios profesionales en las ciudades:

•Centros de información, detección y diagnóstico gratuitos (CeGIDD) que ofrecen, con un enfoque integral de la salud sexual y de forma gratuita, servicios de prevención, detección y diagnóstico de infecciones de transmisión sexual, incluidos el VIH y las hepatitis víricas, y de otros riesgos relacionados con la sexualidad, en particular mediante la prescripción de anticonceptivos;

•Centros de planificación y educación familiar (CPEF), que son centros públicos cuyas actividades se han ampliado a la detección de infecciones de transmisión sexual y a la realización de interrupciones voluntarias del embarazo con medicamentos. Llevan a cabo actividades individuales y colectivas de educación sexual;

•Centros de información, consulta y asesoramiento familiar (EICCF), que tienen una misión general de información y orientación. No pueden prescribir ni dispensar medicamentos.

B.Reducción de las tasas de embarazos precoces y no deseados

Desde 2015, el número nacional gratuito para cuestiones de sexualidad, anticoncepción y aborto (anónimo, gratuito y que funciona seis días por semana) responde a unas 2.000 llamadas al mes. Las consejeras proporcionan información y asesoramiento y remiten a los centros adecuados. El análisis de los datos recopilados permite alertar a los poderes públicos y adaptar las políticas relativas a la igualdad de acceso de las mujeres a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres también disponen de información en el sitio web ivg.gouv.fr.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual (2017-2030) incluye un eje específico dedicado a la salud reproductiva. Los objetivos prioritarios son reducir el número de embarazos no deseados y no planificados y mejorar el acceso a una anticoncepción adecuada.

En 2019 un decreto completó las misiones de los servicios universitarios e interuniversitarios de medicina preventiva y promoción de la salud mediante la prescripción de métodos anticonceptivos y la detección, el diagnóstico y el tratamiento ambulatorio de las infecciones de transmisión sexual.

La Ley núm. 2015-1702, de 21 de diciembre de 2015, de financiación de la Seguridad Social para 2016 garantiza métodos anticonceptivos gratuitos y confidenciales para las menores, una medida que se amplió a las menores de 15 años en la Ley de financiación de la Seguridad Social para 2020. La Seguridad Social se hace cargo de todos los gastos relacionados con la anticoncepción. Desde febrero de 2019, se reembolsa el 60 % del costo de dos marcas de preservativos masculinos.

Como parte del Programa de Acción Nacional para Mejorar el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el procedimiento de interrupción del embarazo es ahora completamente gratuito. La Ley núm. 2016-41, de 26 de enero de 2016, de modernización del sistema sanitario suprimió el plazo mínimo de reflexión de siete días. Las interrupciones voluntarias del embarazo instrumentales pueden realizarse ahora en centros de salud y se han ampliado las competencias del personal de obstetricia a las interrupciones del embarazo inducidas con medicamentos.

C.Garantía de la calidad de los servicios sanitarios

Para cuantificar la violencia que padecen las mujeres inmigrantes, el SAMU Social de París utiliza el llamado método de detección, que consiste en preguntar sistemáticamente a las pacientes si han sido víctimas de malos tratos o abusos. El Instituto de Victimología de París y la unidad de atención especializada de la Maison des femmes de Saint-Denis (93) ofrecen atención a las víctimas de violencia, especialmente mujeres migrantes. El centro médico y psicológico Françoise Minkowska de París, que cuenta con servicios de interpretación, ofrece seguimiento psicológico y social gratuito a las mujeres extranjeras.

La Ley núm. 2016-41, de 26 de enero de 2016, de modernización del sistema sanitario ha reforzado y estructurado la prevención y la atención a las mujeres con discapacidad. Se realizan continuamente experiencias para garantizar su acceso a los servicios sanitarios; por ejemplo, la operación Handigynéco, en marcha desde 2018, enmarca y facilita las relaciones entre las mujeres con discapacidad y las matronas.

D.Esfuerzos para reducir la incidencia de la mortalidad materna, especialmente en Mayotte y la Guayana Francesa, en particular mediante la aplicación de las recomendaciones del estudio del Comité Nacional de Expertos

Una de las prioridades de la Estrategia Nacional de Salud 2018-2022 es mejorar la salud de las madres y los niños en los territorios de ultramar mediante la prevención de muertes maternas evitables, el refuerzo de las acciones llevadas a cabo en el marco de la protección y la promoción de la salud materno-infantil, así como el refuerzo de las pruebas diagnósticas antes y después del nacimiento, en particular para detectar la drepanocitosis, el síndrome alcohólico fetal y los trastornos causados por ese síndrome, así como las situaciones de violencia.

En la nueva estrategia sanitaria nacional se ha prestado especial atención al período de 1.000 días desde la concepción hasta el segundo cumpleaños del niño. Las prioridades para los territorios de ultramar son, entre otras, garantizar la correcta organización del seguimiento perinatal y postnatal para prevenir la mortalidad materna e infantil, en particular garantizando el contacto continuo entre los servicios de bienestar maternoinfantil y los establecimientos sanitarios.

Los territorios se apoyan en las redes de salud perinatal, que contribuyen a mejorar el vínculo entre la atención en gabinetes médicos y en hospitales y a coordinar a los agentes del sector perinatal con miras a optimizar la atención que recibe la embarazada antes y después del parto. Estas redes son estructuras de coordinación, apoyo, evaluación y experiencia médica. En 2019, la Federación Francesa de Redes de Salud Perinatal, que proporciona apoyo y formación a los equipos de coordinación a nivel interregional, identificó 40 redes territoriales, incluidas las de la Guayana Francesa y Mayotte.

La Estrategia Nacional de Prevención y Protección de la Infancia 2020-2022 invierte en la prevención primaria desde el inicio del embarazo, para actuar en la raíz de las desigualdades sociales y territoriales en materia de salud. Prevé la celebración de acuerdos entre el prefecto, la agencia regional de salud y el departamento, con 30 departamentos a partir de 2020, incluidas la Guayana Francesa y la Reunión.

E.Repercusiones de la nueva ley que penaliza a los clientes de las mujeres que ejercen la prostitución en el acceso de estas a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad, tratamiento del VIH/sida y servicios confidenciales

La Estrategia Nacional de Salud Sexual (2017-2030) y la Hoja de Ruta 2018-2020 contienen una oferta de salud sexual para las personas víctimas de la prostitución:

•Medida 15: experimentar en ciudades con una alta prevalencia del VIH e infecciones de transmisión sexual con centros comunitarios de salud sexual, sobre la base del modelo anglosajón. El objetivo es abrir cinco centros de salud sexual al público general que ofrezcan una respuesta integral a las necesidades sanitarias adoptando un enfoque comunitario específico dirigido a poblaciones concretas en las principales ciudades de las regiones de Isla de Francia, Auvernia Ródano Alpes, Provenza Alpes Costa Azul y Occitania.

Este proyecto piloto permite detectar y tratar en un corto período de tiempo a las personas más expuestas y evaluar el impacto de esta oferta específica en la incidencia de las enfermedades infecciosas. Los centros de salud sexual ofrecen, además, pruebas de detección y tratamiento:

•Medida 16: apoyar, en el contexto de una convocatoria de proyectos, medidas innovadoras para promover la reducción de riesgos para las personas que ejercen la prostitución.

F.Control sanitario del envenenamiento por mercurio de las poblaciones indígenas en la Guayana Francesa (...), investigación, enjuiciamiento y condena de los autores

Estudios recientes publicados por la Unidad Interregional de Epidemiología (CIRE) de la Guayana Francesa confirman un exceso de plomo y mercurio en la población. Los estudios se enmarcan en la gestión de la exposición de las poblaciones amerindias a los metales, que forma parte de las actividades de la Agencia Regional de Salud en cooperación con otras administraciones estatales, entidades locales y socios del sector sanitario. En octubre de 2017 se ampliaron las competencias de la unidad sobre mercurio de los servicios descentralizados del Estado, creada en 2003, para incluir cuestiones relacionadas con el plomo. La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria Alimentaria, Medioambiental y Laboral (Anses) y la Sociedad de Toxicología Clínica (STC) contribuyeron en la gestión de la situación. Se realizó una evaluación de la contaminación del medio ambiente y se formularon recomendaciones para limitar la exposición de la población.

La Agencia Regional de Salud y la prefectura de la Guayana Francesa están validando una nueva estrategia interministerial de reducción de los riesgos para la salud que debería permitir la realización de nuevos estudios sobre la exposición al mercurio y el plomo y la adopción de medidas de promoción de la salud, así como una reestructuración de la atención prestada a las mujeres embarazadas y los niños pequeños sobreexpuestos.

Para luchar contra la extracción ilegal de oro, más de 500 soldados, gendarmes, agentes de aduana, policías y guardabosques están desplegados en la Guayana Francesa. En 2018, 1.323 patrullas, una media de 11 al día, descubrieron y destruyeron 765 emplazamientos clandestinos y se incautaron de 26 millones de euros en material y bienes delictivos.

G.Estudio de las repercusiones de los ensayos nucleares en la salud de las mujeres en la Polinesia Francesa y tramitación de las solicitudes de indemnización de las víctimas

La Ley núm. 2010-2, de 5 de enero de 2010, de reconocimiento e indemnización de las víctimas de los ensayos nucleares franceses prevé un procedimiento de indemnización para las personas que sufren enfermedades derivadas de la exposición a la radiación de las pruebas nucleares francesas realizadas en el Sáhara argelino y la Polinesia francesa entre 1960 y 1998.

Estas enfermedades están incluidas en una lista establecida por decreto del Consejo de Estado que designa las 21 patologías reconocidas como parcialmente inducidas por la radiación, en consonancia con los trabajos reconocidos por la comunidad científica internacional, que dan derecho a indemnizaciones.

El Comité de Indemnizaciones a las Víctimas de los Ensayos Nucleares (CIVEN), un organismo administrativo independiente, reconoció a 11 personas como víctimas de ensayos nucleares entre 2010 y 2017 y a 80 en 2018.

En noviembre de 2018, la Comisión de Mejora de la Indemnización de las Víctimas de Ensayos Nucleares, creada en virtud del artículo 113 de la Ley núm. 2017-256, de 28 de febrero de 2017, de planificación para la igualdad real en ultramar [...] presentó sus conclusiones, destinadas a mejorar la situación de las víctimas de los ensayos nucleares. El Decreto de 27 de mayo de 2019 prevé una simplificación de los procedimientos de indemnización: se completa la lista de enfermedades inducidas por la radiación, se aclaran las condiciones para realizar peritajes y se suprime la noción de “riesgo insignificante”. En cuanto se cumplen las condiciones de enfermedad, período y lugar de exposición, se reconoce a la persona solicitante como víctima de ensayos nucleares, a menos que el CIVEN demuestre que esa persona estuvo expuesta a una dosis inferior al límite establecido por las normas internacionales de protección radiológica (artículos L. y R. 1333-2 del Código de Salud Pública). Se aplica a la persona solicitante una presunción de causalidad cuando se cumplen las condiciones de lugar, fecha y enfermedad.

4.4.Empoderamiento económico de las mujeres (párr. 39)

A.Revisión del sistema fiscal

El sistema de cuotas familiares tiene por objeto adecuar el impuesto a la capacidad tributaria de los contribuyentes en función del número de personas que viven en el hogar.

Las personas solteras, divorciadas o viudas sin hijos a cargo tienen derecho a una parte de cuota familiar, mientras que las parejas casadas o en unión civil tienen derecho a dos partes (cuota conyugal). Las dos primeras personas a cargo dan derecho cada una a media cuota adicional a favor del contribuyente; a partir de la tercera, la cuota familiar aumenta en una parte por cada persona a cargo. También se conceden aumentos de la cuota familiar en función de las circunstancias personales (discapacidad, progenitor único, veteranos de guerra, etc.).

En aras de la equidad, la legislación ha limitado en varias ocasiones la ventaja que suponen los aumentos de la cuota familiar por hijos a cargo o en función de las circunstancias personales y ha puesto un tope al ahorro fiscal resultante de su aplicación.

Sin embargo, no existe un tope para la cuota conyugal. Esa cuota permite que las parejas con la misma renta total tributen de la misma manera, independientemente de la distribución de la renta en la pareja. Las parejas en las que solo trabaja uno de los cónyuges pagan el mismo impuesto sobre la renta que las parejas con dos ingresos totales, siempre que ambas parejas tengan los mismos ingresos. Aunque la ventaja que proporciona la cuota conyugal no esté limitada por ley, sí lo está por la estructura de los tramos del impuesto sobre la renta.

Dado que la cuota conyugal permite tener en cuenta la capacidad tributaria de las parejas de forma justa y equitativa, en consonancia con el principio constitucional de igualdad ante el gasto público, no está previsto eliminar la cuota familiar.

Además, aunque se tienen en cuenta todos los ingresos de la pareja para determinar la cuota familiar y, por tanto, el monto del impuesto, sigue siendo posible que los cónyuges y las parejas unidas por un pacto civil de solidaridad (PACS), que están sujetos a tributación conjunta, individualicen el impuesto a cuenta, si así lo desean (artículo 204 M del Código General de Impuestos). En ese caso, el tipo individualizado de cada cónyuge o pareja se aplica exclusivamente a sus ingresos personales, y los ingresos conjuntos del hogar fiscal están sujetos al tipo impositivo del hogar.

Por último, el artículo 200 quater B del Código General de Impuestos permite a los contribuyentes domiciliados en Francia beneficiarse de una desgravación fiscal por cuidado de niños menores de seis años que estén a su cargo. Esta disposición tiene por objeto facilitar a los miembros de la pareja, hombres o mujeres, el ejercicio de su actividad profesional.

El sistema de imposición de los ingresos en la pareja, y más concretamente la cuota familiar que se aplica actualmente, no están diseñados para frenar la participación de las mujeres en el mercado laboral. El régimen tributario aplicable a las parejas casadas o unidas por una unión civil (PACS) difiere del aplicable a las uniones de hecho, en las que ambos miembros de la pareja tributan individualmente en función de sus propios ingresos.

En principio, las personas casadas están sujetas a tributación conjunta por los ingresos recibidos por cada una de ellas y los de sus hijos y dependientes. Los cónyuges tributan por separado cuando tienen separación de bines y no viven bajo el mismo techo, cuando están en proceso de separación o divorcio, cuando se les ha autorizado a tener residencias separadas y cuando, en caso de abandono del domicilio conyugal de uno de los cónyuges, tienen ingresos independientes.

Las personas unidas por un PACS están sujetas a tributación conjunta.

Excepcionalmente, las personas casadas y las personas unidas por un PACS están sujetas a la imposición conjunta de las rentas que hayan obtenido durante el año de celebración del matrimonio o de firma de la unión. No obstante, pueden optar por una tributación separada de los ingresos personales de cada miembro durante el año de celebración del matrimonio o de firma de la unión, así como de la cuota de los ingresos comunes a la que tengan derecho.

Así, las diferentes formas jurídicas de unión matrimonial y las opciones fiscales correspondientes ya permiten elegir las normas de tributación conjunta o individual de la renta que mejor se adapten a cada situación. Por lo tanto, no es deseable armonizar los tres sistemas fiscales, que dejarían de reflejar la diferenciación legal entre matrimonio, PACS y unión de hecho.

B.Igualdad real entre mujeres y hombres en la política deportiva y cultural

La Conferencia Permanente sobre Deporte Femenino, coordinada por el Ministerio de Deporte, ha adoptado una Hoja de Ruta para 2019, cuyas medidas tienen como objetivo aumentar la participación de las mujeres en el deporte, fomentar el acceso a profesiones y puestos de responsabilidad en el deporte y mejorar la cobertura mediática de las deportistas.

La mayoría de las federaciones deportivas han adaptado sus estatutos a la Leynúm. 2014-873, de 4 de agosto de 2014, de igualdad real entre mujeres y hombres, que promueve la paridad en los métodos de nombramiento de representantes en las instancias gubernamentales. Tras las elecciones federativas para el período 2017-2020, la tasa de feminización de los órganos de gobierno de las federaciones deportivas homologadas pasó del 26,5 % en 2013 al 35,3 % en 2018.

La Hoja de Ruta plurianual sobre Igualdad (2020-2022) del Ministerio de Cultura y Comunicación forma parte de las prioridades establecidas en el plan interministerial para promover la cultura de la igualdad, lograr la igualdad profesional y luchar contra la violencia sexual y de género.

Se centra en seis ámbitos de mejora y pretende, en particular, aumentar la proporción de las mujeres en puestos de dirección y programación de las instituciones artísticas y mejorar su lugar en la producción cinematográfica y audiovisual.

La promoción de la diversidad y la igualdad debe impregnar todas las políticas culturales, especialmente en lo que respecta a la diversificación del público, la programación de las instituciones relacionadas con el patrimonio y las artes escénicas y la acogida y el apoyo en las instituciones de enseñanza superior especializadas en la cultura.

4.5.Igualdad entre mujeres y hombres de las zonas rurales (párr. 41)

A.Aplicación de políticas rurales integrales con una perspectiva de género

El Acuerdo Marco Nacional para el Emprendimiento de las Mujeres 2018-2020 se ha adaptado en un plan regional para responder a las necesidades específicas de las emprendedoras. El plan “Entreprendre au féminin”, puesto en marcha por el Estado en 2013 y prorrogado hasta 2020, tiene también como objetivo potenciar la contribución de las mujeres al desarrollo económico local, animarlas a crear sus propias empresas y darles la oportunidad de lograr la autonomía.

La comisión interministerial de la ruralidad del 13 de marzo de 2015 fijó el objetivo de que hubiera un 40 % de mujeres empresarias en esos territorios, sobre la base del Plan de Garantía de Igualdad de la Mujer. Ese plan nacional dedicado a las empresarias facilita el acceso a créditos bancarios para financiar la creación, la adquisición o el desarrollo de las empresas.

La Agencia Nacional para la Cohesión Territorial (ANCT, anteriormente CGET) publicó en 2019 una guía para ayudar a los agentes locales en sus esfuerzos por promover el acceso al empleo de las mujeres en las zonas rurales.

El Decreto núm. 2019-591, de 14 de junio de 2019, de mejora de la protección de la maternidad de las agricultoras dispone la ampliación del período mínimo de la licencia de maternidad de las trabajadoras no asalariadas de profesiones agrícolas, fijado en ocho semanas por el artículo 71 de la Ley de financiación de la Seguridad Social para 2019.

B.Adquisición de tierras y arrendamientos a largo plazo por parte de las mujeres rurales en los territorios de ultramar

La vivienda informal, una realidad específica de los Territorios de Ultramar, está relacionada con la ocupación sin título de propiedad y un registro de la propiedad deficiente y se ve agravada por la cuestión de la propiedad indivisa. En esas zonas la domiciliación bancaria es inexistente de facto, lo que conlleva una desigualdad en el acceso al derecho. Por ello los artículos 116 y 117 de la Ley núm. 2017-256, de 28 de febrero de 2017, de planificación para la igualdad real en ultramar (...) sientan las bases de la reforma agraria mediante la introducción de títulos de propiedad y la creación de una comisión de emergencia sobre propiedad que ofrecerá asesoramiento a los particulares que deseen regularizar su situación. Podrá ayudarles a recopilar y analizar documentos para inventariar terrenos o propiedades.

4.6.Igualdad entre mujeres y hombres en el medio penitenciario (párr. 45)

A 1 de enero de 2020, había 2.532 mujeres de un total de 70.651 reclusos, lo que representa el 3,8 % de la población penitenciaria. Solo hay dos prisiones reservadas para mujeres: el centro penitenciario de Rennes y la prisión de Versalles. En el resto de centros, las mujeres se encuentran en módulos separados: existen módulos de mujeres en 55 centros (incluidos tres centros para menores y dos centros de semilibertad).

Las reclusas están sujetas a las normas comunes de la categoría penal a la que pertenecen (acusadas o condenadas) y a algunas normas específicas. Así, están recluidas en centros o módulos separados de los de los hombres, pero es posible, a título excepcional y siempre que se mantengan el buen orden y la seguridad de los centros, organizar actividades mixtas. Son vigiladas por personal exclusivamente femenino; solo puede haber personal masculino en tareas de gestión. Los jefes de centro son los únicos que pueden autorizar la entrada de personal masculino en un módulo o un centro de mujeres. Existen disposiciones específicas para atender a las mujeres embarazadas y a las madres de niños pequeños. Por ejemplo, se asigna a las mujeres a módulos de guardería o módulos maternoinfantiles, en los que pueden permanecer con sus hijos menores de 18 meses mientras están recluidas.

Las modalidades de atención médica para las reclusas embarazadas se determinan de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. En relación con las consultas médicas y los partos, se adoptan medidas específicas, sobre todo en relación con la organización de la escolta penitenciaria, para garantizar la dignidad y la intimidad de las personas detenidas.

V.Artículos 15 a 16: Aplicación de la Parte IV de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

5.1.Acceso de las mujeres a la justicia e igualdad ante la ley (párr. 13)

A.Medidas colectivas para las víctimas de discriminación

No se ha considerado necesario crear un fondo específico, ya que se garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de discriminación de género independientemente de sus recursos.

Cualquier persona cuyos recursos estén por debajo de un determinado límite puede recibir asistencia gratuita de un abogado pagada con fondos públicos. También se cubre cualquier otro gasto procesal.

En los casos de demandas colectivas, los costos procesales son limitados en Francia y son asumidos, en primer lugar, por la asociación que haya interpuesto la demanda y no por los particulares que hayan sufrido un daño individual. Si la demanda colectiva prospera, la parte perdedora correrá, en principio, con las costas del procedimiento, incluidos los honorarios de los abogados de la parte ganadora.

B.Simplificación de las vías legales para las mujeres víctimas de distintas formas de discriminación, armonización de las sanciones y de los regímenes de indemnización por violación de las leyes antidiscriminación

Observando la reticencia de algunas víctimas a acudir a una comisaría o una gendarmería para presentar denuncia, la Ley de 23 de marzo de 2019 de programación (2018-2022) y reforma de la justicia estableció la posibilidad de presentar una denuncia en línea. La aplicación de esta medida requiere ajustes técnicos, que se están desarrollando actualmente bajo la supervisión del Ministerio del Interior. Cualquier persona que se sienta discriminada puede optar también por presentar una denuncia directamente ante el Fiscal del Estado y, además, ponerse en contacto con la Defensoría de los Derechos para informar de la discriminación de la que se siente objeto, ya que esta institución tiene también la facultad de investigar el asunto y denunciarlo ante las autoridades judiciales.

La Ley núm. 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, de modernización de la justicia del siglo XXI establece una base procesal común que permite a una asociación autorizada interponer en nombre de varias personas una denuncia en materia de discriminación o, más concretamente, de discriminación en el trabajo (o en materia de consumo, medio ambiente, datos personales o salud). La discriminación en cuestión puede basarse en el sexo, la situación familiar, el embarazo, el aspecto físico, la especial vulnerabilidad derivada de la situación económica, la moral, la orientación sexual, la identidad de género, el origen, el apellido, el lugar de residencia, la domiciliación bancaria, el estado de salud, la pérdida de autonomía, la discapacidad, las características genéticas, la edad, las opiniones políticas, las actividades sindicales, la capacidad de expresarse en una lengua distinta del francés o la pertenencia o no a una etnia, nación, supuesta raza o religión determinadas.

La ley también establece la posibilidad de presentar un recurso colectivo ante un tribunal administrativo, cuyos detalles prácticos se concretaron en el Decreto núm. 2017-888, de 6 de mayo de 2017.

Cualquier demanda colectiva que pretenda obtener la reparación de un perjuicio se desarrolla en tres etapas. En primer lugar, el tribunal decide sobre la responsabilidad del profesional, sin identificar a las personas individuales que han sufrido el daño. En segundo lugar, se decide la inclusión en el grupo de forma extrajudicial. Por último, la indemnización se paga preferentemente de forma amistosa; si no, se lleva a cabo por vía judicial. Algunas de estas demandas colectivas tienen características específicas: por ejemplo, las demandas colectivas sobre discriminación en el lugar de trabajo incluyen una fase obligatoria de debate entre el empresario y los representantes de los trabajadores para encontrar una solución consensuada que ponga fin a la discriminación detectada.

C.Tratamiento de los casos de discriminación por parte de las autoridades judiciales

Como parte de la formación inicial que reciben los magistrados, desde 2016 se ha sensibilizado a más de 1.000 futuros magistrados sobre la cuestión de los abusos conyugales.

La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) organiza actividades de formación, complementadas con sesiones transversales dedicadas a las víctimas (atención en unidades forenses; psico-trauma, etc.) y aprendizajes funcionales (tratamiento de la violencia en casos de divorcio, asistencia educativa, etc.). Como parte de la preparación para su primer cargo, los futuros jueces de familia, fiscales y jueces de ejecución de sentencias asisten también a cursos sobre tramitación en tiempo real, ejecución de sentencias y justicia restaurativa.

Las prácticas en juzgados u otros organismos (Oficina Central de Lucha contra la Violencia contra las Personas, asociaciones de apoyo a las víctimas, consejos departamentales) son una oportunidad para tratar directamente esos problemas.

En el contexto de la formación continua, la ENM organiza una sesión de formación nacional dedicada a la violencia contra las mujeres y sesiones que abordan, por ejemplo, la violencia doméstica o los abusos sexuales. Las regiones retoman el tratamiento judicial de la violencia contra las mujeres en el contexto de la formación continua descentralizada dirigida a magistrados y asociados interesados. Respecto de la formación a distancia, desde 2019 todos los jueces tienen a su disposición un kit didáctico digital titulado “Violencia en la pareja: adaptación de la práctica profesional” y se han celebrado cuatro conferencias virtuales sobre el tema de la violencia en la pareja dirigidas a un centenar de magistrados durante el confinamiento debido a la crisis sanitaria vinculada a la COVID-19.

La ENM organiza, en el contexto de la formación inicial, conferencias y mesas redondas para los futuros magistrados sobre la violencia doméstica, una presentación de la Defensoría de los Derechos sobre discriminación y ponencias de sociólogos y psiquiatras sobre delincuencia, precariedad y migrantes. En preparación para su primer cargo, los futuros jueces de los tribunales de instancia cuentan también con herramientas educativas en línea sobre las órdenes de alejamiento en casos de abusos conyugales.

Los centros de formación de abogados ofrecen cursos sobre discriminaciones e igualdad; los sindicatos profesionales también pueden impartir actividades de sensibilización destinadas a sus miembros. La Comisión Abierta sobre Derecho de la Discriminación, creada en 2018, tiene por objeto proporcionar a los abogados conocimientos actualizados sobre todos los textos fundamentales del derecho comunitario y francés que tratan de cuestiones jurídicas relacionadas con los diferentes criterios de discriminación.

D.Definición de acoso sexual

La Ley núm. 2018-703, de 3 de agosto de 2018, por la que se refuerza la lucha contra la violencia sexual y de género amplía la definición de acoso sexual para incluir los comentarios y los comportamientos “con connotaciones sexuales o sexistas”, no solo los que tienen “carácter sexual”. Sumada a la Ley núm. 2018-771, de 5 de septiembre de 2018, de libertad de elección del futuro profesional, refuerza la lucha contra el acoso sexual y las obligaciones de los empresarios en materia de información, prevención y tratamiento de los hechos.

En la ley se crea el delito de injurias sexistas, que incluye los elementos que conforman el delito de acoso sexual sin el requisito de que se produzca de forma repetida. Tipifica como delito los “comentarios o comportamientos sexuales o sexistas” cuando son “degradantes, vejatorios, intimidatorios, hostiles u ofensivos”. Los actos se castigan con una multa de 135 euros o de 1.500 euros si existen circunstancias agravantes (cuando la víctima es menor de 15 años).

La Ley de 8 de agosto de 2016 de trabajo, modernización del diálogo social y aseguramiento de la carrera profesional simplifica los requisitos para probar un acoso sexual. El denunciante debe presentar al juez elementos fácticos que hagan presuponer una situación de hecho; ya no debe demostrar hechos que permitan presuponer la existencia del acoso.

E.Garantías de que, tras la redistribución de las competencias previstas en el proyecto de ley sobre igualdad y ciudadanía, los gobiernos locales, especialmente en las áreas no metropolitanas, tengan la capacidad de aplicar plenamente la legislación sobre igualdad de género y otras medidas, como los planes y programas

La Ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, de igualdad y ciudadanía convierte la igualdad y la lucha contra el sexismo en una competencia compartida de municipios, departamentos, regiones y entidades territoriales de régimen especial.

5.2Matrimonio y relaciones familiares (párr. 47)

El funcionario del registro civil informa, cuando se registra un nacimiento, sobre la igualdad del derecho de hombres y mujeres de transmitir su apellido a los hijos. Esa información figura también en la página web oficial del gobierno service-public.fr y en el libro de familia que se entrega a los padres.

La Ley de 18 de noviembre de 2016 de modernización de la justicia del siglo XXI ha desjudicializado el trámite, del que se encarga ahora el registro civil. El tribunal de familia solo tiene competencia residual cuando el Fiscal del Estado se opone a la solicitud de cambio de nombre basándose en el artículo 60 del Código Civil, que exige que la persona que presenta la solicitud demuestre un interés legítimo. El interés se considera legítimo cuando se trata de regularizar una situación de hecho debido a un cambio de sexo. El trámite es sencillo y gratuito.

La ley simplificó también el trámite de cambio de sexo, que se pronuncia cuando la persona demuestra por un número suficiente de hechos que la mención de su sexo en los registros de estado civil no se corresponde con el sexo con el que se identifica y se la conoce. El requisito de la irreversibilidad del cambio de sexo con pruebas médicas queda excluido de los medios de prueba previstos en el artículo 61-5 del Código Civil. El trámite es gratuito y no requiere representación legal.

(párr. 49) Desde el 17 de febrero de 2017, la Ley sobre modernización de la justicia del siglo XXI ha simplificado el trámite de cambio de nombre. Ahora puede realizarse en el registro civil de los ayuntamientos. En el caso de menores, deben realizar el trámite los padres o un representante legal. Si el niño es mayor de 13 años, debe dar su consentimiento.