B. Panorama general de la política estatal para la eliminaciónde la discriminación racial

3.Según los datos preliminares del censo de 2004, Moldova tiene 3.388.071 habitantes, distribuidos del siguiente modo:

-Moldovos:2.579.202(76,1%);

-Ucranios:283.367(8,4%);

-Rusos:198.144(5,8%);

-Gagausos:147.661(4,4%);

-Rumanos:70.275(2,1%);

-Búlgaros:65.072(1,9%);

-Otros grupos étnicos:44,350(1,3%).

4.En los datos del censo no hay información sobre la composición étnica de las regiones orientales de Moldova ni sobre la ciudad de Bender.

5.Según los datos del censo de 1989, la población de las regiones orientales de Moldova (Transnistria) es de 707.400 personas (100%), distribuidas del siguiente modo:

-Moldovos:239.900(39,9%);

-Ucranios:170.100(28,3%);

-Rusos:153.400(25,4%);

-Gagausos:3.200(0,2%);

-Búlgaros:11.100(1,9%);

En la ciudad de Bender:

-Moldovos:41.400(29,9%);

-Ucranios:25.100(18,2%);

-Rusos:57.800(41,9%);

-Gagausos:1.600(1,2%);

-Búlgaros:3.800(2,8%).

6.Moldova es un Estado multiétnico compuesto por moldovos -la nacionalidad de base del Estado- y por otros grupos étnicos, en particular ucranios, rusos, búlgaros, gagausos, judíos, belarusos, romaníes (conocidos comúnmente como gitanos), polacos, alemanes, italianos, letones, estonios, lituanos, griegos, coreanos, tártaros, armenios, azerbaiyanos, uzbekos, georgianos, chuvanes, osetios, udmurtos y personas de diversos Estados africanos y centroasiáticos. La tolerancia y el respeto por la identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de todas las comunidades étnicas que viven en Moldova son algo común en la sociedad del país. Constituyen una condición inalienable de la soberanía política y la paz cívica de Moldova.

7.El moldovo, el idioma oficial del Estado (en virtud del artículo 13 de la Constitución) se utiliza en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

8.De conformidad con la legislación vigente, el ruso es el idioma de la comunicación interétnica y se utiliza en varios ámbitos de la vida estatal y social. La mayoría de la población moldova habla ruso, que es además el idioma materno de muchas personas pertenecientes a minorías nacionales. Es habitual el bilingüismo de moldovo y ruso. Una parte significativa de la población, compuesta mayoritariamente por minorías nacionales, no domina el idioma oficial. En la actualidad, el Gobierno intenta fomentar el bilingüismo de moldovo y ruso, por lo que uno de los aspectos principales de la política nacional es el aprendizaje del moldovo. Entre los demás idiomas hablados en el país figura el ucranio (principalmente en el norte), el gagauso, el búlgaro (sobre todo en las regiones meridionales), y los idiomas de otros grupos étnicos más pequeños.

9.En Moldova están registrados oficialmente los siguientes credos y religiones (a 3 de mayo de 2005): la Iglesia Ortodoxa de Moldova (Iglesia Cristiana Ortodoxa), con 1.224 parroquias; la Iglesia Metropolitana de Bessarabia (Iglesia Cristiana Ortodoxa), con 199 parroquias; la Iglesia Ortodoxa Rusa del Antiguo Rito (15); la Iglesia Católica Romana (27); la Unión de Iglesias Cristianas Bautistas Evangélicas (241); (Conferencia de la Unión de los) Adventistas del Séptimo Día (1); la Unión de Iglesias de los Cristianos Evangélicos (credo pentecostal) (29); Organización Religiosa de los Testigos de Jehová (158); la Federación de Comunidades Judías (8); la Sociedad de la Conciencia de Krishna (3); la Unión de Comunidades de los Cristianos Espirituales Molocani (2); los Bahaí (1); la Iglesia de la Biblia (3); la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas (1); y la Iglesia Luterana Evangélica (7).

10.Entre 2001 y 2005 Moldova hizo importantes esfuerzos para armonizar las relaciones interétnicas y eliminar todas las formas de discriminación por motivos de raza, color u origen o linaje nacional o étnico.

11.El 19 de julio de 2001 el Parlamento de Moldova aprobó la Ley de derechos de las minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones. En ella se atribuyen a las minorías nacionales muchos derechos significativos. El Estado garantiza la igualdad de derechos ante la ley y el amparo de la ley, por lo que la discriminación de las minorías nacionales está prohibida. La ley contribuye a crear las condiciones para la conservación, desarrollo y expresión de la identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de las personas pertenecientes a minorías nacionales; sienta las condiciones para que se respete el derecho de esas personas a la enseñanza en su idioma materno; y establece que se lleven a cabo investigaciones científicas sobre la historia, cultura e idiomas de las minorías nacionales. El Estado garantiza que las modificaciones que puedan realizarse en la organización territorial o administrativa no afectarán a la composición étnica o demográfica de la región. Las personas pertenecientes a minorías nacionales tienen derecho a dirigirse a las instituciones públicas, de palabra o por escrito, tanto en ruso como en moldovo, y a recibir una respuesta en el mismo idioma. En la ley se les confiere el derecho a crear medios de comunicación, publicar literatura en los idiomas de las minorías nacionales, determinar su posición respecto de las cuestiones religiosas, observar sus fiestas nacionales, conmemorar los hitos de su historia, practicar los ritos de su pueblo, utilizar en privado sus símbolos nacionales y utilizar su nombre, apellido y patronímico, incluso en los documentos oficiales, en la forma autorizada.

12.El 24 de octubre de 2003, el Parlamento aprobó, por medio de la Decisión 415-XV, el Plan de Acción Nacional en la esfera de los derechos humanos para 2004-2008 (PNADH). El capítulo 9 del PNADH trata del respeto a los derechos de las minorías nacionales. El PNADH se anticipa, entre otras cosas, a la ratificación en 2006 de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, al armonizar la legislación con las disposiciones de la Carta; también establece el respeto por el principio de la representación proporcional en las estructuras del poder ejecutivo, judicial, militar y policial; protege de manera efectiva los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales; y garantiza la enseñanza en los idiomas de las minorías nacionales, así como la educación de los romaníes.

13.El 19 de diciembre de 2003, el Parlamento promulgó la Ley sobre la aprobación de la concepción de la política nacional de Moldova. En el texto figuran los principios y objetivos de la integración y consolidación de los lazos multiculturales y multilingüísticos existentes en Moldova, mediante la armonización de los intereses nacionales con los intereses de todas las comunidades étnicas y lingüísticas del país. El Estado está firmemente resuelto a fomentar la preservación, el desarrollo y la libre expresión de la identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de todas las comunidades étnicas del país. El libre desarrollo de las culturas de las comunidades étnicas y lingüísticas de Moldova constituye una valiosa contribución al fortalecimiento y enriquecimiento del patrimonio espiritual y cultural común del país. La conservación de este patrimonio común es un asunto al que el Estado dedica una atención particular. La diversidad étnica, cultural y lingüística es el legado espiritual de Moldova. La ley es un instrumento básico que ayuda a las autoridades a promover políticas sociales y culturales en el ámbito del desarrollo y fortalecimiento de la independencia y soberanía del pueblo multiétnico que compone el país.

14.El Código Penal fue aprobado el 18 de abril de 2002. En su artículo 346 se tipifican como punibles los actos destinados a limitar, por motivos de identidad étnica o racial, los derechos o privilegios de los ciudadanos, así como los actos deliberados que puedan provocar la discordia étnica o racial, en particular la incitación a la animosidad interétnica, la distribución de propaganda sobre ideas de superioridad nacional, la provocación y comisión de actos de vandalismo o de violencia, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos por motivos étnicos o lingüísticos. Estas conductas pueden castigarse con una multa de hasta 250 unidades monetarias convencionales (unos 313 euros o 400 dólares de los EE.UU.) o con una pena de prisión de hasta tres años.

15.El 21 de febrero de 2003 se aprobó la Ley de lucha contra las actividades extremistas. Según esta ley, por actividades extremistas se entienden aquellas planificadas, organizadas, preparadas o llevadas a cabo por asociaciones públicas o religiosas, medios de comunicación u otras organizaciones, con los siguientes fines: incitar al odio racial, nacional, religioso o social, mediante la violencia o la inducción a la violencia; atentar contra la dignidad nacional; incitar a los desórdenes en masa, al matonismo o al vandalismo, odio u hostilidad basados en motivos ideológicos, políticos, raciales, nacionales o religiosos, así como por odio u hostilidad hacia cualquier grupo de la sociedad; promover la exclusión, la superioridad o la inferioridad de los ciudadanos en función de su religión, raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio o extracción social. La ley estipula los principios y directrices más importantes para luchar contra las actividades extremistas, establece cuáles son las autoridades facultadas para combatirlas, y contiene disposiciones sobre la prevención de actividades de este tipo, sobre las responsabilidades de los medios de comunicación respecto de la difusión de material de carácter extremista y la realización de actividades extremistas, sobre la responsabilidad de los ciudadanos moldovos, los extranjeros y los apátridas respecto de las actividades extremistas, y sobre la cooperación internacional en la lucha contra el extremismo.

16.Las cuestiones relacionadas con la armonización de las relaciones interétnicas y la eliminación de todas las formas de discriminación por motivos de raza, idioma, religión, origen nacional, pertenencia a una minoría nacional, etc. se contemplan en los programas de actividades del Gobierno de Moldova.

17.En su Plan de Acción para 2001 a 2005, llamado "Resurgimiento Económico - Resurgimiento del País", el Gobierno define los principales objetivos de la política regional y de las relaciones interétnicas:

-Desarrollar las relaciones interétnicas sobre la base de ideas y valores auténticamente democráticos, lo cual excluye totalmente la discriminación por motivos de extracción étnica o idioma; lograr la igualdad de derechos para los representantes de todos los grupos étnicos del país; y reconocer que la diversidad étnica y cultural, así como la paz interétnica, constituyen el bien más preciado de la nación;

-Armonizar la política lingüística de todos los organismos oficiales, ámbitos de la educación y la cultura, y medios de comunicación, con la Constitución y con la Ley de utilización de idiomas en el territorio de Moldova.

-Crear las condiciones para que en todas las minorías nacionales se extienda el estudio del moldovo, y no permitir que se reduzcan artificialmente las funciones del ruso en la sociedad.

18.El Plan de Acción del Gobierno denominado "Modernización de la nación: prosperidad del pueblo 2005-2009", tiene por objetivo la unidad a partir de la armonía interétnica y del conocimiento y la garantía de los derechos de todos los ciudadanos en la conservación, desarrollo y expresión de sus características étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas. En este sentido, se ha garantizado el mejoramiento de la legislación nacional en materia de derechos humanos, en particular la promulgación de disposiciones para las minorías nacionales, en consonancia con la normativa internacional, la conservación y desarrollo de la diversidad cultural y lingüística, y la garantía de que las minorías étnicas podrán aprender su propio idioma a fin de conservar sus valores espirituales nacionales.

19.En cuanto a la legislación y los programas del Gobierno, Moldova ha adoptado todas las medidas necesarias para la conservación, desarrollo y libre expresión de la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de todos los integrantes de las etnias.

20.El sistema educativo tiene un papel fundamental en este ámbito. En la actualidad hay 531.347 alumnos distribuidos en una extensa red de 1.491 instituciones educativas, entre escuelas de enseñanza primaria y secundaria, gimnasiums (cursos 5º a 9º), liceos (cursos 10º a 12º, o escuelas secundarias públicas), y escuelas superiores. Con respecto a la enseñanza superior, los datos recabados en todo el país indican que, en el curso 2004/05, había en Moldova 36 instituciones de enseñanza superior, de las cuales 16 eran estatales y 20 privadas. El número total de alumnos era de 114.552.

21.El Estado garantiza por ley el derecho a elegir el idioma de enseñanza y formación en todos los niveles y fases. Se imparte enseñanza gratuita en una extensa red de escuelas primarias y secundarias, liceos, gimnasiums y escuelas superiores. En la actualidad, hay 1.491 escuelas donde el idioma de enseñanza es el moldovo, 280 en las que el idioma de enseñanza es el ruso, y 82 en las que las clases se imparten en ambos idiomas.

22.Durante el año académico 2004/05, se impartió enseñanza a los estudiantes en los seis idiomas siguientes: ucranio, en 54 escuelas y liceos (7.091 alumnos); gagauso, en 52 escuelas y liceos (25.087 alumnos); búlgaro, en 35 escuelas y liceos (6.953 alumnos); polaco, en una escuela (118 alumnos); hebreo, en dos escuelas (5.633 alumnos); y alemán, en una escuela (189 alumnos). En 21 clases experimentales, 362 alumnos cursan todas las asignaturas en ucranio y, en 7 clases, 114 alumnos estudian todas las asignaturas en búlgaro. Otros idiomas de minorías nacionales, como el belaruso, el lituano, el griego, el azerí, el alemán, etc. se enseñan en escuelas dominicales creadas por las respectivas organizaciones etnoculturales. Al principio del año académico 2004/05, se impartió un curso sobre la historia, tradiciones y cultura de los pueblos ucranio, ruso, gagauso y búlgaro en las escuelas primarias y gimnasiums de instituciones de alfabetización para adultos.

23.El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes diseñó el plan de estudios de las escuelas primarias y gimnasiums, y a partir de ese plan de estudios elaboró nuevos libros de texto en ruso, búlgaro, gagauso y ucranio, imparte formación a los profesores y ha creado un moderno sistema de evaluación. Moldova genera su propio sistema de planes de estudios para las instituciones educativas de las regiones que cuentan con una densa población de minorías étnicas.

24.En Moldova hay una extensa red de instituciones culturales que no están clasificadas por criterios étnicos. Sin embargo, algunas instituciones culturales promueven la cultura de alguna minoría étnica en particular, como la Biblioteca de literatura y cultura ucranias L. Ukrainka, la Biblioteca de cultura y literatura rusas M. Lomonosov, la Biblioteca de literatura y cultura gagausas M. Ciachir, la Biblioteca de literatura y cultura búlgaras H. Botev, el Teatro ruso A. P. Chejov, el Teatro gagauso M. Ciachir, el Teatro búlgaro Olimpii Panov y el Museo A. S. Pushkin. En total hay 1.379 bibliotecas, 68 museos, 108 salones para actrividades culturales, 1.221 centros culturales, 3.400 grupos artísticos de aficionados (moldovos, ucranios, rusos, gagausos, búlgaros, romaníes/gitanos, judíos, etc.), incluidos 500 grupos minoritarios con unos 7.300 miembros en Moldova. Del total de grupos artísticos sólo 714 son grupos modelo (unos 70 son de minorías). Entre los festivales tradicionales y culturales que se celebran anualmente en Moldova cabe destacar el Festival Maria Biesu de música étnica, nueva música, música clásica y ópera, el Martisor y el Mercadillo Republicano de artesanía popular Tezaur. Las bibliotecas organizan exposiciones de libros sobre el tema "Cultura y tradiciones de nuestros compatriotas".

25.La Junta Editorial "Comunitate", especialmente creada, que desarrolla sus actividades en el marco de la televisión estatal Telerradio-Moldova, emite programas en los idiomas de las minorías étnicas (ucranio, ruso, gagauso, búlgaro, yiddish, romaní, etc.). Se emiten regularmente programas de 30 minutos. Por norma, cada semana se dedica una hora y media a emitir programas en idiomas minoritarios. Estos programas tratan de temas etnoculturales, educativos, artísticos y musicales centrados en los problemas específicos de cada grupo étnico, los diversos aspectos de su modo de vida en un Estado multicultural y la promoción de la tolerancia. Los programas intentan dar a conocer las múltiples facetas de las vidas de los distintos grupos étnicos, para ayudar a que cada grupo étnico conserve su identidad en un Estado multiétnico. Radio Moldova emite diariamente programas de 30 a 60 minutos en idiomas de minorías étnicas (rusa, ucrania, gagausa, búlgara, judía y polaca). En las festividades o días nacionales se emiten programas de radio especiales, y también se emiten otros programas sobre Armenia, Bulgaria, Israel y Ucrania. La música de las minorías étnicas ocupa el 35% del tiempo de emisión.

26.Hay emisoras de radio y televisión locales que emiten en los idiomas de las minorías nacionales.

27.En el Ministerio de Justicia hay inscritas 312 asociaciones públicas que protegen y promueven los derechos humanos, 22 partidos políticos y otras organizaciones de carácter sociopolítico, y 178 editoriales y agencias de noticias. Catorce de esas editoriales y agencias de noticias publican en ruso, y 94 en el idioma oficial, mientras que las demás son bilingües, y publican en francés (4), inglés (3) y, en los idiomas de las comunidades alemana, gagausa, ucrania y judía.

28.A fin de promover la política estatal sobre las minorías, el Gobierno ha creado los siguientes órganos gubernamentales y parlamentarios especializados:

-Oficina de Relaciones Interétnicas;

-Divisiones especializadas en las cuestiones educativas y culturales de las minorías nacionales dentro del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes y del Ministerio de Cultura y Turismo;

-Comité de Derechos Humanos del Parlamento de Moldova;

-Centro de Derechos Humanos de Moldova (CDHM);

-Instituto de Estudios Interétnicos de la Academia de Ciencias de Moldova.

La región oriental de Moldova

29.En la actualidad, la región de Transnistria forma parte de Moldova por ley, pero esta región se encuentra de hecho bajo control de las autoridades separatistas de la autoproclamada República de Transnistria, que no está reconocida por la comunidad internacional. Se han denunciado violaciones de los derechos humanos en la región oriental de Moldova. Los habitantes de Transnistria tienen prohibido establecer contactos con las regiones que se encuentran al oeste del río Dniéster, la enseñanza basada en el latín está prohibida y, en general, el pluralismo sociopolítico no existe.

30.Aunque el territorio que comprende la región de Transnistria no está bajo el control del Gobierno de Moldova, las autoridades moldovas se esfuerzan por lograr la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio, de conformidad con las disposiciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales en los que Moldova es Parte. Al mismo tiempo, el Gobierno de Moldova adopta medidas significativas para evitar la discriminación, con arreglo a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

31.Las autoridades moldovas se esfuerzan por vigilar la protección de los derechos humanos, pues consideran que la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la región de Transnistria, en particular en lo que se refiere a las minorías nacionales, es cada vez más preocupante. Los organismos internacionales, las representaciones permanentes de Moldova en Viena y Estrasburgo, y el personal diplomático acreditado en Moldova, se mantienen vigilantes respecto de todos los casos de violación de los derechos humanos en la región oriental del país.

Situación de la mujer

32.El principio de la igualdad de género comprende la protección, promoción y respeto de los derechos humanos tanto de los hombres como de las mujeres. Asimismo, la igualdad de género implica la misma visibilidad, posibilidades y participación en todas las esferas de la vida pública y privada de ambos géneros. La igualdad de género tiene por objetivo promover la participación plena de mujeres y hombres en la sociedad.

33.El Gobierno de Moldova está adoptando medidas concretas para elaborar y promover políticas sobre la igualdad de género. Las mujeres constituyen el 52% de la población, y los hombres el 47%.

34.De conformidad con el párrafo 2 del artículo 16 de la Constitución, todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, opinión política, patrimonio o extracción social. Las garantías de igualdad en el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que se consagran en la Constitución se reflejan en toda la legislación nacional. En 1994, Moldova ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Desde entonces, el Parlamento ha adoptado varios textos legislativos sobre la promoción de la igualdad de género, en particular el Plan Nacional sobre la igualdad de género en la sociedad para 2003-2005, aprobado el 28 de febrero de 2003; y el PANDH, aprobado por el Parlamento el 24 de octubre de 2003, que contiene un párrafo relativo a los derechos de la mujer. En mayo de 2003, con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, se puso en marcha el proyecto "Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades en Moldova por medio de la legislación sobre igualdad de género y el fortalecimiento de su mecanismo de aplicación", que ha permitido llevar a cabo un minucioso análisis de la legislación nacional. En 2003, unas dependencias encargadas de las cuestiones de género en las autoridades centrales especializadas de ámbito nacional elaboraron los informes primero y segundo relativos a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El proyecto de ley de garantía de la igualdad de derechos para hombres y mujeres está siendo objeto de estudio en el Parlamento.

35.Un paso importante en la aplicación de las reglamentaciones y recomendaciones internacionales, así como de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, es el mecanismo nacional, que pone en práctica el principio de la igualdad de derechos, libertades y oportunidades, garantizando así la participación de la mujer en los órganos de administración y en el proceso de adopción de decisiones.

36.En el plano local, se han abierto centros para el desarrollo de las cuestiones de género en el marco del proyecto de la Red para las cuestiones de género, el liderazgo y la comunicación para 2002-2003. La misión de estos centros es propugnar el establecimiento de la igualdad de género y estimular a la sociedad en esa dirección, así como hacer avanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito local. Las oficinas de la Presidencia y el Parlamento han creado comités especiales para mejorar la situación de la mujer. Dentro del Ministerio de Salud y Protección Social se creó el Departamento de Asuntos de la Familia e Igualdad de Oportunidades, una estructura especializada en la aplicación de la política estatal de promoción de la igualdad social de la mujer. Asimismo, se han creado dependencias para las cuestiones de género en otros ministerios.

37.En Moldova no se ha denunciado nunca ningún caso de discriminación de género con componentes de discriminación racial. Las cuestiones de la igualdad de género y oportunidades entre mujeres y hombres son objeto de debate en todos los niveles de la sociedad, pero éste no es el caso de la discriminación racial. El Estado vigila constantemente la situación a fin de evitar que se difunda la discriminación racial.

Situación de los extranjeros, los apátridas y los refugiados

38.En Moldova se ha aprobado un gran número de instrumentos jurídicos relativos a los procesos de migración y a la condición jurídica de los extranjeros y apátridas en el territorio moldovo. Se trata de la Ley de migración, la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros y apátridas en Moldova, la Ley sobre el estatuto de los refugiados, la Ley relativa a la salida y entrada en Moldova, las normas por las que se rige la estancia de extranjeros y apátridas en Moldova, la decisión del Gobierno sobre el empleo temporal de trabajadores inmigrantes, el reglamento sobre la educación de extranjeros y apátridas en las instituciones educativas de Moldova, las normas de concesión, suspensión y retirada de certificados de inmigración y permisos de trabajo, y la decisión del Gobierno sobre la concesión de invitaciones a extranjeros y apátridas. Por recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Moldova aprobó el 23 de noviembre de 2001 una ley en virtud de la cual se adhería a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención entró en vigor el 1º de mayo de 2002, y el Protocolo el 31 de enero de 2002.

39.Los extranjeros y apátridas tienen los mismos derechos, libertades y obligaciones que los nacionales moldovos en lo que respecta al derecho al trabajo, la protección laboral prevista por la ley, el descanso, la atención sanitaria, etc. No obstante, carecen de derecho de voto o a ser elegidos a los órganos legislativos, ejecutivos o de otro tipo. Los extranjeros tampoco tienen derecho a participar en encuestas de ámbito nacional, a afiliarse a partidos u otras organizaciones sociopolíticas, ni a servir en las Fuerzas Armadas.

40.Los solicitantes de asilo y los refugiados que se encuentren en el territorio de Moldova tienen garantizada la protección de sus derechos, de conformidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La Ley sobre el estatuto de los refugiados crea un marco jurídico, económico, social e institucional para la concesión del asilo (estatuto de refugiado, asilo político y protección temporal) y regula el estatuto de los solicitantes de asilo y los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opinión, militancia política, patrimonio o extracción social.

41.En 2004, emigraron a Moldova (principalmente de Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, los Estados Unidos de América, Israel, Italia, Kazajstán, Rumania, la Federación de Rusia, el Sudán, Siria, Turquía y Ucrania) 1.706 extranjeros y apátridas, de los cuales 551 eran inmigrantes con vínculos familiares en el país, 615 eran estudiantes y 540 buscaban trabajo.

42.La Ley de documentos de identidad del Sistema Nacional del Pasaportes impuso la obligación de que los refugiados dispusieran de una tarjeta de identificación y de un permiso de viaje. La tarjeta de identificación para refugiados se otorga a quienes tienen el estatuto de refugiado, con independencia de su edad, y tiene una validez de cinco años en el territorio de Moldova. El permiso de viaje se concede a quienes tienen el estatuto de refugiado, con independencia de su edad, para que puedan salir y entrar en el territorio de Moldova. El permiso de viaje tienen una validez de un año y puede prorrogarse por otro año, cuatro veces como máximo. Sin embargo, las dificultades técnicas han provocado una demora en la expedición de documentos de identidad para los refugiados. La Oficina Central de los Refugiados (organismo que atiende y soluciona los problemas de los refugiados, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección temporal y humanitaria) redactó la Decisión del Gobierno sobre la aprobación de un modelo de tarjeta de identificación para los refugiados, que facilitará el empleo e integración social de los refugiados. Al mismo tiempo, la atribución de tarjetas de identificación permite a las autoridades hacer un seguimiento de los refugiados.

43.Por norma general, ciertos problemas de tipo práctico impiden que los refugiados gocen del derecho a trabajar. Asimismo, la falta de documentos de identidad, y en particular de números personales de registro, dificulta la interacción de los refugiados con las autoridades financieras y el pago de impuestos. Los refugiados y las asociaciones que se ocupan de ellos estudian con frecuencia este problema, que no afecta a las relaciones interétnicas y por lo tanto no puede considerarse un ejemplo de discriminación racial.

44.En cuanto al disfrute de los derechos económicos y sociales, el Gobierno ha aprobado el Reglamento sobre la asistencia financiera a los refugiados, mediante el cual se ayuda a los refugiados que carecen de los medios de subsistencia necesarios.

45.En lo referente a la protección de los solicitantes de asilo y los refugiados, el apoyo de las instituciones internacionales ha ayudado a Moldova a ponerse en conformidad con la normativa internacional. Las autoridades colaboran con organizaciones no gubernamentales (ONG) para promover una puesta en práctica más eficiente de la política de protección de los solicitantes de asilo y los refugiados. La asistencia financiera prestada por las organizaciones internacionales, en especial el ACNUR, y las ONG contribuye a crear un entorno seguro para los solicitantes de asilo y los refugiados, así como a garantizar los derechos que les otorga la ley.

46.Los problemas que existen en este ámbito son los siguientes: el registro de los refugiados reconocidos (la falta de documentos de identidad les impide gozar del derecho a trabajar); la creación de condiciones propicias para la integración social y la decisión relativa al marco jurídico para la integración y la asistencia en la aplicación; la falta de instalaciones de acogida para los extranjeros que deben ser expulsados (las personas a quienes se niega el estatuto de refugiado deben, una vez que hayan agotado todos los recursos, salir de Moldova en un plazo de 15 días desde el pronunciamiento de la sentencia definitiva de denegación).

II. esfuerzos encaminados a aplicar las disposiciones de la Convención

47. En Moldova las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se aplican eficientemente. De conformidad con la información proporcionada por la Oficina de Relaciones Interétnicas del Centro de Derechos Humanos de Moldova, la Fiscalía General, los ministerios y demás autoridades públicas de la administración central y de las administraciones locales, las organizaciones que abogan a favor del estado de derecho, las ONG, en particular las organizaciones de las minorías nacionales, no se han denunciado actos de discriminación según se definen en la Convención.

48. Se han registrado casos de incumplimiento de las disposiciones de la legislación de materia lingüística en Moldova y los ciudadanos y las comunidades a veces tratan estos casos como discriminación racial. De conformidad con las disposiciones de la Ley de uso de los idiomas hablados en el territorio de Moldova y la Ley de derechos de las minorías nacionales y sobre el estatuto jurídico de sus organizaciones, los ciudadanos tienen derecho a recurrir a las instituciones públicas de palabra o por escrito, en ruso o en moldovo y a recibir la respuesta en el idioma en que hayan presentado el recurso. En el territorio de Gagauz-Yeri (territorio autónomo que goza de un régimen jurídico especial en Moldova, es decir una forma de libre determinación de los gagausos) se puede utilizar el moldovo, el ruso o el gagauso para la comunicación oral. En las regiones en que las minorías nacionales constituyen la mayoría de la población, se pueden utilizar el moldovo o el ruso como lenguas de comunicación escrita y oral, en Gagauz-Yeri se utiliza el moldovo, el gagauso o el ruso. En la comunicación oral se pueden utilizar otros idiomas. Ha habido casos de personas que presentan recursos, por escrito u oralmente, ante instituciones públicas en ruso y reciben respuestas en moldovo, o viceversa, en las regiones pobladas predominantemente por minorías nacionales. Este es el caso en particular del distrito de Taraclia, cuya población se compone de búlgaros y gagausos. El incumplimiento de las disposiciones de la legislación en materia lingüística constituye una violación de los derechos humanos y afecta negativamente a las personas; estos casos no tenían por fin poner en peligro la observancia, el respeto o el cumplimiento, en pie de igualdad, de los derechos y libertades fundamentales y no han dado lugar a su violación. La Oficina de Relaciones Interétnicas se ocupa de vigilar la situación, ya que se encarga de velar por el respeto y vigila los casos de violación de las normas legislativas en las esferas nacional y lingüística.

49. En algunas ocasiones, los órganos de la fuerza pública y los representantes de la administración tratan a las minorías nacionales, por ejemplo los romaníes o gitanos, o los habitantes de ascendencia africana o asiática de forma distinta porque se distinguen físicamente del resto de la población. No obstante, ese comportamiento no tiene como fin limitar los derechos humanos ni las libertades fundamentales.

Aplicación del artículo 2 de la Convención

Párrafo 1 a)

50.Con arreglo a la Constitución, Moldova es un Estado democrático en el que la dignidad del pueblo, sus derechos y libertades, el libre desarrollo de la personalidad humana, la justicia y el pluralismo político representan los valores supremos, garantizados por la ley (párrafo 3 del artículo 1). El respeto y la protección del ser humano es el deber fundamental del Estado. Todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opción política, fortuna personal u origen social (párrafos 1 y 2 del artículo 16).

51. Con arreglo al artículo 346 del Código Penal las acciones deliberadas, la incitación pública, en particular por los medios de comunicación escritos o electrónicos encaminados a instigar la enemistad o la discordia, nacional, racial o religiosa, a atentar contra el honor y la dignidad nacionales, así como la limitación directa o indirecta de los derechos o el ofrecimiento de ventajas directas o indirectas a los ciudadanos en función de su nacionalidad, raza o religión son castigados por la ley.

52. Con arreglo a la Ley de lucha contra las actividades extremistas se considera extremista el menosprecio de la dignidad nacional, la incitación a los disturbios en masa, los actos de gamberrismo o vandalismo, por motivos de odio u hostilidad ideológicos, políticos, raciales, nacionales o religiosos, así como el odio u hostilidad a un grupo social, la promoción de la exclusión, superioridad o inferioridad de los ciudadanos por su filiación religiosa o en función de su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opiniones, filiación política, fortuna personal u origen social. La ley dispone que las declaraciones sobre la necesidad, admisibilidad, posibilidad u oportunidad de llevar a cabo actividades extremistas por una autoridad oficial en público o en el ejercicio de sus funciones, o con indicación del cargo que ocupa, así como la omisión de actuar contra el extremismo en el marco de sus competencias, entrañarán responsabilidad penal. Los órganos y autoridades competentes del Estado están obligados a adoptar medidas urgentes para castigar a los culpables de esos delitos.

53. No se han denunciado casos de discriminación racial por parte de las autoridades públicas, instituciones nacionales y locales de Moldova contra personas, grupos de personas ni instituciones.

Párrafo 1 b)

54.El Gobierno de Moldova no fomenta, defiende ni apoya la discriminación racial. Los actos de discriminación realizados por ciudadanos u organizaciones están proscritos por ley. La legislación prevé la responsabilidad penal, administrativa o civil por la práctica de esas actividades.

55. Con arreglo a la Ley de lucha contra las actividades extremistas, la creación y funcionamiento de asociaciones dedicadas a actividades extremistas son ilegales en Moldova (art. 6).

56. Es ilegal toda actividad de asociaciones u otras organizaciones extranjeras religiosas o públicas y sus subdivisiones estructurales, reconocidas como extremistas por el derecho internacional y la legislación de Moldova (art. 14).

57. La difusión de material extremista y la realización de actividades de este tipo utilizando los medios de comunicación están prohibidas en Moldova (art. 7).

58. La utilización de la red pública de telecomunicaciones para llevar a cabo actividades extremistas está prohibida (art. 8). Está prohibida (art. 9) la publicación (dirección) o difusión (transmisión) de material de carácter extremista en forma impresa, audiovisual o de otro tipo.

59. Los ciudadanos, extranjeros y apátridas que lleven a cabo actividades extremistas están sujetos al derecho penal, administrativo y civil, de conformidad con el procedimiento previsto en la legislación (art. 12).

60. Se prohíben las actividades extremistas durante las reuniones. El organizador de la reunión es responsable del cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre la organización y celebración de reuniones y la reglamentación sobre la prohibición de las actividades extremistas y la oportuna lucha contra éstas (art. 13).

Párrafo 1 c)

61. No hay ley ni decisión aprobadas por el Parlamento, decretos presidenciales, decisiones de Gobierno, documentos internacionales ni reglamentaciones de las administraciones locales públicas que tiendan a incitar o perpetuar la discriminación racial.

62. El deber fundamental del Estado, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución, es respetar y proteger al ser humano. Todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opción política, fortuna personal u origen social. El artículo 7 dispone que la Constitución es la ley suprema del país. Ninguna ley, instrumento jurídico o reglamentación que contradiga las disposiciones de la Constitución tendrá fuerza legal.

63. Moldova es Parte en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. El Estado se ha adherido al Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Carta de París para una nueva Europa, al Documento de la Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, etc. El artículo 4 de la Constitución establece que las disposiciones constitucionales sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales se interpretarán y aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios y tratados en los que Moldova es Parte. Cuando surja una incompatibilidad entre los convenios y tratados firmados por el Gobierno de Moldova y sus propias leyes nacionales, se dará prioridad a las reglamentaciones internacionales.

64.La discriminación racial está prohibida en Moldova. El deber fundamental del Estado, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución, es respetar y proteger al ser humano. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y las autoridades públicas, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opción política, fortuna personal u origen social.

65. La Ley de derechos de las minorías nacionales y la condición jurídica de sus organizaciones especifican que el Estado garantiza la igualdad de derechos ante la ley y la protección de la ley para las personas pertenecientes a las minorías nacionales. Está prohibida la discriminación de las minorías nacionales (art. 4).

66. Con arreglo a la Ley sobre la religión, nadie puede ser perseguido a causa de su religión, su fe o su falta de fe. La fe religiosa o la falta de fe, o la actividad dentro de las instituciones religiosas reconocidas por el Estado no obstarán para que una persona pueda obtener y ejercer sus derechos civiles y políticos y no eximirá a nadie de las obligaciones que le correspondan con arreglo a la ley.

67. De conformidad con el artículo 346 del Código Penal serán castigadas por ley las acciones deliberadas y la incitación pública, en particular por medios de comunicación escritos o electrónicos, encaminadas a instigar la enemistad, o la discordia, nacional, racial o religiosa, a atentar contra el honor y la dignidad nacionales, así como la limitación directa o indirecta de los derechos o el ofrecimiento de ventajas directas o indirectas a los ciudadanos en función de su nacionalidad, raza o religión.

Párrafo 1 d)

68.Actualmente están acreditadas ante la Oficina de Relaciones Interétnicas 84 organizaciones públicas de minorías etnoculturales que, por lo tanto, gozan de reconocimiento nacional. También hay organizaciones de carácter local. La mayoría de las organizaciones están integradas por miembros de minorías étnicas como ucranios, rusos, búlgaros, gagausos, judíos, belorusos, romaníes, polacos, alemanes, tártaros, armenios, azerbaiyanos, uzbekos, georgianos, chuvanes, osetios, udmurtos, letones, lituanos, griegos, coreanos e italianos. Otras organizaciones representan a minorías de origen africano y de Asia central. Todas estas organizaciones reciben apoyo y, en algunos casos, ayuda económica del Estado, así como contribuciones externas.

69. Bajo los auspicios de la Oficina de Relaciones Interétnicas, el Consejo de Coordinación de las organizaciones públicas de minorías etnoculturales actúa como órgano asesor. En el Consejo están representados todos los grupos étnicos con organizaciones públicas reconocidas. En las sesiones del Consejo se examinan diversas cuestiones relativas a las relaciones interétnicas, el uso de los idiomas y otras cuestiones relacionadas con las necesidades de los distintos grupos étnicos. Los miembros del Consejo de Coordinación suelen reunirse con las autoridades del Estado, como el Presidente de la República, el Presidente del Parlamento, los ministros del Gobierno y los representantes de las organizaciones internacionales. La Oficina de Relaciones Interétnicas transmite a las autoridades públicas competentes las decisiones y normas del Consejo de Coordinación.

70. Las actividades culturales nacionales revelan la diversidad etnocultural del Estado, fomentan la tolerancia y fortalecen la unidad del Estado multiétnico. Desde 2000 se celebran festivales étnicos en todas las regiones, en septiembre de cada año. El lema del Festival 2003 ‑2004 fue "A la unidad por la diversidad". Todos los grupos étnicos organizan otras actividades culturales.

71. Periódicamente se organizan mesas redondas, seminarios o conferencias sobre las relaciones interétnicas en los que participan representantes de los diversos grupos étnicos, altos funcionarios del Estado y representantes de organizaciones internacionales.

Párrafo 2

72. En vista del carácter específico de la situación sociocultural de los romaníes en Moldova, el Gobierno se esfuerza por mejorar las condiciones de vida de esta población.

73. El 16 de febrero de 2001, el Gobierno adoptó la Decisión sobre medidas de apoyo a los gitanos/romaníes de Moldova. Aprobó las Directrices generales sobre el apoyo a los gitanos/romaníes de Moldova para 2001-2010 en las que se describen las medidas por las que se definen las etapas para analizar los problemas de los romaníes en el ámbito del empleo, las recomendaciones para la reducción del desempleo, el estudio de la escolarización de los hijos, y las formas de promover y desarrollar la cultura nacional entre los niños y los jóvenes. Las directrices prevén la enseñanza de la artesanía en una institución educativa para los niños romaníes, el estímulo de la orientación profesional de los romaníes, así como medidas de apoyo social a las mujeres, la protección de los intereses de las familias gitanas socialmente vulnerables, y las medidas para la protección social de las familias con hijos.

74. Las instituciones encargadas de la aplicación de las medidas relativas al mejoramiento de la situación sociocultural de los gitanos/romaníes de Moldova durante el período 2001-2010 son el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, el Ministerio de Cultura y Turismo, el Ministerio de Economía y Comercio, el Ministerio de Sanidad y Protección Social, la Oficina de Relaciones Interétnicas y la Academia de Ciencias de Moldova.

75. La adopción de esta decisión de apoyo a los romaníes y el mejoramiento de su situación fue un paso importante y necesario. Todas las autoridades competentes han adoptado las medidas necesarias para aplicar las Directrices generales sobre el apoyo a los gitanos o romaníes de Moldova para 2001-2010. No obstante, esta situación, que sigue siendo difícil, ha sido observada por representantes de organizaciones internacionales y el Estado.

76. El proyecto de decisión del Gobierno sobre la aprobación del Plan de Acción de apoyo a los gitanos de Moldova para 2005-2010 permitirá coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones públicas etnoculturales romaníes y las autoridades públicas pertinentes. Este proyecto también comprende la eliminación de la discriminación racial contra los romaníes.

77. Ha habido denuncias de ciudadanos de origen gitano/romaní por la actitud discriminatoria de la policía a causa de sus rasgos o de su color de piel. A este respecto, la detención selectiva de las personas con aspecto físico distinto del resto de la población y la frecuencia de los controles de documentos de identidad y de las visitas domiciliarias denotan una actitud racista. Esta es una percepción común también entre las personas de origen africano y asiático. La Oficina de Relaciones Interétnicas y el Ministerio del Interior estudian el asunto y, en algunos casos, han adoptado las medidas pertinentes para prevenir la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Ministerio del Interior, junto con el CDHM, expertos internacionales del Consejo de Europa, otras organizaciones, en particular ONG, organizan periódicamente seminarios metodológicos sobre temas como "El respeto de los derechos humanos", "La ética profesional de la policía" y "La aplicación del código de ética profesional de la policía", en los que se aplican otros métodos para fomentar la cultura de los derechos humanos entre las fuerzas del orden.

78. La cuestión del mejoramiento de la situación sociocultural de los romaníes es un motivo de preocupación real del Gobierno de Moldova. Las autoridades del Gobierno central y de las administraciones locales siguen de cerca este problema. La difícil cuestión de los gitanos/romaníes guarda relación, en algunos casos, con la poca conciencia que tiene este grupo de ser una parte integral de la sociedad. Las autoridades públicas y las ONG de romaníes se esfuerzan por tratar de mejorar la situación de año en año.

Aplicación del artículo 3 de la Convención

79. Actualmente, no hay en la legislación de Moldova reglas específicas sobre la condena, la prevención, la prohibición y la eliminación de la segregación racial y la apatridia. A este respecto, se aplican las normas sobre la prohibición de la discriminación y la instigación a atentar contra la dignidad nacional. No se registran casos de segregación ni apatridia en Moldova. El Gobierno está preparándose para aplicar la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. A este respecto se ha preparado un conjunto de documentos, así como el proyecto de ley que modifica el Código Penal, en el que se tipifica el delito de discriminación de los apátridas. El proyecto de ley modificará el Código Penal, en particular el artículo sobre la discriminación racial (apatridia).

80.El apartheid es un sistema político creado con el fin de separar grupos de población y de mantener la dominación de los grupos de población de origen europeo sobre los otros grupos raciales, lo que incluye su opresión sistemática. Los siguientes delitos se castigan con penas de prisión de 5 a 25 años:

a)Negar el derecho a la vida y la libertad de la persona, a los miembros de un grupo racial:

i)Matar a miembros de un grupo racial;

ii)Causar perjuicio físico o mental grave a los miembros de un grupo racial, bien atentando contra su libertad o dignidad, o sometiéndolos a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

iii)La detención arbitraria y encarcelamiento ilegal de los miembros de un grupo racial;

b)La imposición deliberada a un grupo racial de condiciones de vida destinadas a causar su destrucción física total o parcial;

c)Toda medida legislativa y de otro tipo destinadas a evitar que un grupo racial participe en la vida política, social, económica y cultural del país y la creación deliberada de condiciones que impidan el pleno desarrollo de ese grupo, entre otros denegando a los miembros del grupo los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular el derecho al trabajo, el derecho a constituir sindicatos reconocidos, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y volver a él, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas;

d)Toda medida, incluidas las legislativas, destinada a dividir a la población en función de los grupos raciales, mediante la creación de reservas y guetos para los miembros de un grupo racial, la prohibición de los matrimonios mixtos entre los miembros de los diversos grupos raciales, la expropiación de los bienes raíces pertenecientes a un grupo racial o a sus miembros;

e)La explotación del trabajo de los miembros de un grupo o grupos raciales, en particular sometiéndolos a trabajos forzosos;

f)La persecución de organizaciones y personas privándolas de los derechos y libertades fundamentales porque se oponen al apartheid.

Aplicación del artículo 4 de la Convención

Párrafo a)

81. La Ley de lucha contra las actividades extremistas describe como extremistas las actividades llevadas a cabo por una asociación pública o religiosa, una agencia de comunicaciones u otra organización, o las actividades de una entidad física a fin de planificar, organizar, preparar o poner en práctica acciones con objeto de incitar al odio religioso, nacional, racial, así como el odio social, mediante la violencia o la incitación a la violencia; los atentados contra la dignidad nacional; la incitación a los desórdenes públicos, los actos de gamberrismo o vandalismo, por motivos de odio u hostilidad ideológicos, políticos, raciales, nacionales o religiosos, así como de odio u hostilidad a un grupo social; la promoción de la exclusividad, superioridad o inferioridad de unos ciudadanos según su afiliación religiosa o su raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opción política, fortuna personal u origen social.

82.La ley especifica que constituyen material extremista los documentos u otra información, incluida la información pública anónima, que exhorten a realizar actividades extremistas, ofrezcan argumentos o justifiquen la necesidad de actividades extremistas o la práctica de los crímenes de guerra u otros crímenes relacionados con la exterminación total o parcial de un grupo étnico, social, racial, nacional o religioso.

83.Según la ley, se consideran actividades extremistas la financiación de las acciones mencionadas o la contribución, cualquiera sea su forma, a su puesta en práctica, mediante el suministro de medios económicos, bienes inmuebles, instrucción, impresión y recursos logísticos, comunicación por teléfono, fax u otros medios y servicios de información, así como la incitación pública a realizar dichos actos.

84.Con arreglo al artículo 346 del Código Penal las acciones deliberadas, la incitación pública, en particular por medios de comunicación escritos o electrónicos con el objetivo de instigar a la enemistad, o la discordia, nacional, racial o religiosa, a atentar contra el honor y la dignidad nacionales, así como la limitación directa o indirecta de los derechos o el ofrecimiento de ventajas directas o indirectas a los ciudadanos en función de su filiación nacional, racial o religiosa son castigados por ley.

85.Con arreglo a la información de la Fiscalía General, sólo se ha investigado un caso de fraude en virtud del artículo 346 del Código Penal. El caso se cerró por falta de pruebas.

86.Según la Ley de lucha contra las actividades extremistas una organización extremista es una organización pública o religiosa, una agencia de comunicaciones, u otra organización, contra la que se dicta una sentencia definitiva sobre el cese o suspensión de la actividad por realizar actividades extremistas.

Responsabilidad de las asociaciones u otras organizaciones públicas o religiosas por realizar actividades extremistas (artículo 6)

87.La creación y el funcionamiento de asociaciones públicas o religiosas, u otras organizaciones análogas, cuyos objetivos guarden relación con actividades extremistas son ilegales.

88.Si se determina que una asociación u organización pública o religiosa, o al menos una de sus subdivisiones, territoriales o de otro tipo, lleva a cabo actividades extremistas, es advertida por escrito de la inadmisibilidad de su conducta y se le señalan los motivos concretos del apercibimiento y las infracciones cometidas. Cuando la reparación es posible, se indica que las medidas correctivas deben aplicarse en el plazo de un mes a contar de la fecha de apercibimiento.

89.El Ministerio de Justicia o el Organismo estatal para las iglesias y las organizaciones religiosas pedirá al Fiscal General o a su adjunto, o al fiscal respectivo o su adjunto, que envíe un apercibimiento a la asociación u organización pública o religiosa.

90.De conformidad con el procedimiento establecido se podrá impugnar el apercibimiento ante los tribunales.

91.Si no se presenta recurso contra el apercibimiento, de conformidad con el procedimiento establecido, o el tribunal considera que no es ilegal y la asociación u organización pública o religiosa o una de sus subdivisiones, territoriales o de otro tipo, no corrige las irregularidades que motivaron el apercibimiento en el plazo previsto, o si en el curso de 12 meses a contar de la fecha del apercibimiento se detectan nuevas acciones que denotan extremismo, basándose en la demanda del Fiscal General, o su adjunto o el fiscal correspondiente subordinado o su adjunto, o del Ministerio de Justicia o el Organismo oficial encargado de las iglesias y organizaciones religiosas, el tribunal ordenará que cese o se suspenda la actividad de la asociación u organización pública o religiosa durante un período no superior a un año.

92.Si el tribunal decide, basándose en la ley, el cese o suspensión de las actividades de la asociación u organización pública o religiosa también habrá de cesar o suspenderse el funcionamiento de sus subdivisiones territoriales o de otro tipo.

Responsabilidad de las agencias de comunicaciones en la difusión de material de carácter extremista y por realizar actividades extremistas (artículo 7)

93.Se prohíbe a las agencias de comunicaciones difundir material de carácter extremista y realizar actividades extremistas.

94.Si un medio de comunicación difunde material de carácter extremista o comete acciones que denotan extremismo, el Órgano estatal de concesión de licencias o el Fiscal General o su adjunto, o el fiscal correspondiente o su adjunto, advertirá por escrito al fundador y/o consejo de redacción o al jefe de redacción del medio de comunicación de los motivos del apercibimiento y las irregularidades que se han de rectificar. Cuando sea posible la reparación, se indicará también que las medidas correctivas deben aplicarse en el plazo de un mes a partir de la fecha del apercibimiento.

95.De conformidad con el procedimiento establecido se podrá impugnar el apercibimiento ante los tribunales.

96.Si no se presenta recurso contra el apercibimiento, de conformidad con el procedimiento establecido, o el tribunal no considera que es ilegal y las irregularidades que motivaron el apercibimiento no se eliminan en el plazo previsto, o si en el curso de 12 meses a contar de la fecha del apercibimiento se detectan nuevas acciones que denotan extremismo en la actividad del medio de comunicación, sobre la base de la denuncia del Órgano estatal de concesión de licencias o del Fiscal General, o su adjunto o el fiscal correspondiente o su adjunto, el tribunal ordenará que cese o se suspenda la actividad del medio de comunicación durante un período no superior a un año.

97.A fin de evitar que se siga difundiendo el material extremista, el tribunal podrá suspender la venta de la publicación del caso o la distribución de grabaciones audiovisuales del programa o la transmisión del programa audiovisual en cuestión, de conformidad con el procedimiento establecido, con objeto de aplicar medidas de apoyo a la decisión del tribunal.

98.Sobre la base del fallo del tribunal se podrá proceder a la incautación de la parte no vendida del producto del medio de comunicación que se encuentre en los almacenes o en poder de los minoristas o mayoristas.

Prohibición del uso de la red pública de telecomunicaciones para llevar a cabo actividades extremistas (artículo 8)

99.Se prohíbe el uso de la red pública de telecomunicaciones para llevar a cabo actividades extremistas.

100.Si la red pública de telecomunicaciones se utiliza para llevar a cabo actividades extremistas, se adoptarán medidas de carácter legal.

Lucha contra la difusión de material de carácter extremista (artículo 9)

101.En Moldova está prohibida la publicación o difusión (transmisión) de material impreso, audiovisual u otros de carácter extremista.

102.Los tribunales se pronunciarán sobre el carácter extremista del material a solicitud del fiscal.

103.Basándose en el fallo del tribunal sobre el carácter extremista del material se podrá proceder a la incautación de la parte no vendida del producto.

104.El tribunal está habilitado para poner fin a la actividad editorial de la organización si ésta difunde material extremista dos veces en un período de 12 meses.

Registro de material de carácter extremista (artículo 10)

105.El Ministerio de Justicia lleva un registro del material de carácter extremista.

106.Se envía un ejemplar del fallo del tribunal sobre el carácter extremista del material al Ministerio de Justicia, que dicta la orden de registrar el material respectivo.

107.Esta orden se publica en el Boletín Oficial de Moldova y en los medios de comunicación nacionales.

108.En el territorio de Moldova está prohibida la difusión de material incluido en el registro de material de carácter extremista.

109.Las personas responsables de la preparación, difusión o almacenamiento ilegal de material extremista con el fin de difundirlo posteriormente, serán castigadas de conformidad con la legislación administrativa o penal.

Responsabilidad de los ciudadanos de Moldova, extranjeros y apátridas en la realización de actividades extremistas (artículo 12)

110.Los ciudadanos, extranjeros y apátridas que lleven a cabo actividades extremistas están sujetos a las penas previstas en la legislación penal, administrativa y civil. A fin velar por la seguridad del Estado, sobre la base de la ley y con arreglo a ésta, toda persona que participe en una actividad extremista, por decisión de los tribunales, podrá ver limitado su acceso al empleo en la administración pública, el servicio militar, las fuerzas del orden, la educación y los servicios privados de seguridad e investigación durante un período de hasta cinco años.

111.Si un dirigente o un miembro de una asociación, u organización pública o religiosa hace una declaración pública en la que exhorta a la actividad extremista, sin puntualizar que se trata de su opinión personal, y si una sentencia definitiva determina que la persona ha cometido un delito de carácter extremista, la asociación u organización pública o religiosa tiene la obligación de denunciar públicamente cuanto antes las declaraciones o actuaciones de esa persona. Si la asociación u organización pública o religiosa no declara su discrepancia, podrá interpretarse como un signo de actividad extremista.

Están prohibidas las actividades extremistas durante las reuniones (artículo 13)

112.Se prohíben las actividades extremistas durante las reuniones. Los organizadores de las reuniones de masas son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de organización y celebración de reuniones y la reglamentación sobre la prohibición de las actividades extremistas y la lucha contra éstas. No se podrán exhibir emblemas ni otros atributos de organizaciones extremistas ni distribuir material extremista. De lo contrario, el organizador o responsable tiene la obligación de actuar inmediatamente para rectificar las irregularidades. En caso de no hacerlo, las fuerzas del orden procederán a suspender la reunión y el organizador o responsable se expondrá a las penas prescritas por ley.

Cooperación internacional en la lucha contra el extremismo (artículo 14)

113. Las asociaciones u otras organizaciones extranjeras religiosas o públicas y sus subdivisiones estructurales, no podrán desarrollar actividades reconocidas como extremistas por el derecho internacional y la legislación de Moldova. Si una sentencia definitiva de los tribunales ordena el cese o la suspensión de las actividades de una organización extranjera, el órgano competente del Estado deberá informar a la representación diplomática o institución consular del Estado en cuestión en un plazo de diez días a partir del cese o la suspensión de las actividades de esta organización en el territorio de Moldova y de las consiguientes repercusiones.

114.Los datos de la Fiscalía General indican que, hasta la fecha, la Oficina no ha enviado apercibimientos a ninguna organización pública o religiosa, medio de comunicación u organización de otro tipo sobre el cese o suspensión de sus actividades por haber cometido actos extremistas.

115.Hasta la fecha, el Organismo estatal para las iglesias y las organizaciones religiosas no ha informado de actividad extremista alguna de organizaciones religiosas.

116.El Ministerio de Justicia no ha informado de actividad extremista alguna de asociaciones u otras organizaciones públicas o religiosas.

117.De conformidad con la Constitución se garantiza a todos los ciudadanos la libertad de opinión, así como la libertad de expresión pública del pensamiento y las opiniones mediante textos, imágenes u otros medios posibles (art. 32). La libertad de expresión no atentará contra el honor, la dignidad ni los derechos de otras personas a tener y expresar sus opiniones o criterios personales. La ley prohíbe y persigue toda acción encaminada a negar y difamar al Estado o al pueblo. Asimismo, están prohibidas y serán objeto de acciones judiciales las instigaciones a la sedición, la guerra, la agresión, el odio étnico, racial o religioso y la incitación a la discriminación, el separatismo territorial, la violencia pública u otras acciones que pongan en peligro el orden constitucional.

118.El Gobierno de Moldova ratificó el Convenio Europeo sobre la televisión transfronteriza que dispone que todos los elementos de programación y servicio, en particular el contenido, deben respetar la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales.

119.El Consejo de Coordinación de Televisión y Radio, que es un organismo público, se rige por la Ley de transmisiones audiovisuales. Esta ley reglamenta las actividades de las empresas de radio y televisión, los estudios y los canales y determina los principios legales, económicos y organizativos de sus actividades. Los criterios de evaluación y la obligación de contar con una licencia de transmisión tienen como fin garantizar el pluralismo de opiniones, la equidad de las evaluaciones, la calidad y la diversidad de los programas, la promoción de la libre competencia, la creatividad y los programas nacionales de radiodifusión y televisión. El Consejo de Coordinación de Televisión y Radio ha informado de que en los últimos dos años no ha habido emisiones con contenidos de odio racial.

120.El artículo 11 de la Ley de lucha contra las actividades extremistas, dirigido a las autoridades públicas, dispone que éstas son responsables de las declaraciones sobre la necesidad, admisibilidad, posibilidad o la oportunidad de llevar a cabo actividades extremistas en el ejercicio de sus funciones, así como la omisión de actuar contra el extremismo en el marco de sus competencias. Los órganos del Estado y los altos responsables están obligados a adoptar medidas urgentes para castigar a los culpables de esos delitos (art. 11).

Aplicación del artículo 5 de la Convención

Párrafo a)

121.Según la Constitución, la justicia será administrada sólo por los tribunales de justicia (art. 114). De acuerdo con el artículo 20, todo ciudadano tiene derecho a obtener protección efectiva de los tribunales competentes contra las actuaciones que vulneren sus derechos, libertades e intereses legítimos. Ninguna ley podrá restringir el acceso a la justicia.

122.De acuerdo con la Ley orgánica del sistema judicial, toda persona cuyos derechos hayan sido lesionados por una autoridad pública mediante una decisión administrativa o por no haber respondido a una solicitud dentro del plazo previsto por la ley tendrá derecho a que se le reconozcan esos derechos, se anule la decisión y se repare el daño.

123.Todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades judiciales, independientemente de su raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, opción política, patrimonio personal u origen social.

124.También de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, todos serán iguales ante la ley y la autoridad judicial, independientemente de su raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, opción política, patrimonio personal u origen social, y de otras circunstancias.

125.De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, sólo los tribunales administrarán justicia en materia civil basándose en el principio de igualdad de las personas ante la ley y la justicia, independientemente de su raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, opción política, patrimonio personal u origen social.

126.No hay antecedentes de violación del derecho a la igualdad de trato ante los tribunales u otros órganos judiciales independientemente de la raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, opción política, patrimonio personal, origen social, o pertenencia a una minoría nacional.

127.El uso del idioma oficial en los procedimientos judiciales preocupa a gran número de ciudadanos, muchos de los cuales pertenecen a minorías nacionales y no hablan el idioma oficial con fluidez. A ese respecto, cabe señalar que, según la Constitución (art. 118), la Ley orgánica del sistema judicial, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil, en los procesos judiciales se usa el idioma oficial. Las personas que no hablan fluidamente el idioma tienen derecho a la ayuda de un intérprete para dirigirse al tribunal. En los procedimientos judiciales puede usarse un idioma que entiendan la mayoría de las Partes.

Párrafo b)

128.Según la Constitución, el Estado garantizará el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad mental (art. 24). Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mientras no se prohíba definitivamente, la pena capital podrá aplicarse sólo en cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal de justicia.

129.La Constitución declara la inviolabilidad de la libertad individual y la seguridad personal (art. 25). El registro, la detención o el arresto se regirán por las disposiciones legales. El período de detención no podrá prolongarse por más de 72 horas. Sólo podrá detenerse a una persona por un máximo de 30 días, por orden de un magistrado. El detenido podrá cuestionar la legalidad de la orden y tendrá derecho a una audiencia judicial. El período de detención podrá prorrogarse hasta seis meses y, en casos excepcionales y con la aprobación del Parlamento, hasta 12 meses. El detenido deberá ser informado sin demora de las razones de su detención o arresto y de los cargos que pesan en su contra, siempre en presencia de un abogado elegido por él o nombrado de oficio. Si las razones de la detención o el arresto ya no existen, se pondrá en libertad al detenido sin demora.

130.En 2005, se añadió un nuevo artículo al Código Penal, en el que se castiga la iniciación o la organización de la mendicidad o la captación de personas para la mendicidad, o la incitación o la coacción de una persona para que practique la mendicidad, con objeto de obtener para sí mismo o para otro un beneficio económico indebido.

131.La violación deliberada por un funcionario público de un procedimiento legal que garantiza y hace efectivo el derecho a la información lesiona de manera considerable los derechos e intereses legalmente protegidos de la persona que necesita información sobre la protección de la salud o seguridad públicas, o el medio ambiente. Este delito se sanciona con dos a cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades por un período de hasta cinco años.

132.La legislación de Moldova, especialmente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que entraron en vigor en 2003, tipifica como delito el atentado contra la vida, la salud, la libertad, el honor, la dignidad y otros derechos constitucionales de la persona, la familia y los menores; también hace responsables a las autoridades judiciales y policiales por los delitos contra la justicia y las instituciones judiciales, y por atentado contra los derechos humanos y las libertades reconocidas en la Constitución.

133.La Ley de policía reconoce el derecho de la policía a usar la fuerza física, medidas especiales y armas de fuego. La fuerza física, las medidas especiales y las armas de fuego podrán usarse sólo después de hacer una advertencia y dejar transcurrir un lapso suficiente para recibir respuesta, salvo en los casos en que la demora en aplicar la fuerza, las medidas especiales o las armas de fuego represente una amenaza directa a la salud y la vida de las personas o los policías, y pueda tener consecuencias graves. Las armas de fuego no pueden usarse contra las mujeres, los menores ni las personas de edad o con discapacidad física, salvo en caso de agresión armada, violencia con armas de fuego o agresiones en grupo, que pongan en peligro la vida y la salud humanas, y si la cuestión no puede resolverse de otra forma y con otros medios. En todos los casos en que la aplicación de la fuerza no pueda evitarse, la policía tiene la obligación de evitar toda lesión a la salud, el honor, la dignidad y los bienes del ciudadano, y velar por que las víctimas reciban atención médica. La ley castiga el uso excesivo por la policía de la fuerza, las medidas especiales y las armas de fuego.

134.La Ley de prisión preventiva garantiza los derechos y libertades de los detenidos. Los principios constitucionales, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales, y otras normas pertinentes rigen el trato de los detenidos. No se toleran los actos intencionales que provoquen un daño físico o moral, ni las humillaciones. Está prohibido discriminar u ofrecer privilegios a los detenidos en razón de su raza, sexo, nacionalidad, idioma, extracción étnica, patrimonio personal, religión, opción política y afiliación a asociaciones públicas, méritos anteriores y otras circunstancias.

135.Según la Ley del sistema penitenciario, uno de los deberes del sistema es velar por el imperio de la ley y la legalidad en las instituciones penitenciarias, y proteger la seguridad y la salud de los detenidos. La administración de las instituciones penitenciarias debe respetar las normas éticas de la profesión, tratar a los detenidos con humanidad, conducirse con corrección y respeto por la dignidad personal, y atender a los pedidos legítimos de los detenidos.

136.Según el Ministerio del Interior, no ha habido casos de detenidos en las subdivisiones territoriales que hayan presentado denuncias contra funcionarios policiales por malos tratos. Además, no ha habido denuncias de violación de los derechos de los detenidos, no se ha denegado el derecho a mantener reuniones en privado, ni se han impuesto sanciones por tratos inhumanos o degradantes de los detenidos. La Fiscalía General está encargada de vigilar la legalidad de la detención de las personas sospechosas de haber cometido un delito. La ley sanciona la violación de estas disposiciones y todo uso de la fuerza bruta por los funcionarios públicos.

137.La Comisión de Derechos Humanos de Moldova ha informado de varios casos de detenidos que han denunciado haber sido víctimas de malos tratos a manos de funcionarios policiales en razón de su identidad nacional. Las investigaciones no han confirmado las alegaciones.

138.El Ministerio del Interior, junto con la Comisión de Derechos Humanos de Moldova, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los expertos internacionales del Consejo de Europa y otras organizaciones, incluidas ONG, organizan con frecuencia seminarios metodológicos sobre temas como el respeto de los derechos humanos, la ética profesional de la policía y la aplicación del Código de ética profesional de la policía. También se han organizado seminarios sobre la aplicación de la Convención Europea para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

139.La Ley de derechos del niño garantiza a la infancia el derecho a la vida y la integridad física. El Estado vela por la integridad del niño, protegiéndolo contra la explotación, la discriminación y la violencia física o psíquica, prohibiendo los tratos crueles, ofensivos o indignos, los abusos y el maltrato, previniendo la delincuencia juvenil, el consumo de alcohol, drogas y sustancias psicotrópicas, los juegos de azar, la mendicidad, la incitación o la coacción a participar en actividades sexuales ilegales, y prohibiendo a los padres, los tutores legales o los parientes explotar al niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, así como en publicaciones o espectáculos pornográficos. Todo niño tiene derecho a que se proteja su dignidad y su honor. El intento de violar la dignidad y el honor del niño está penado por la ley.

Párrafo c)

140. En la Constitución se afirma que el fundamento del Estado es la voluntad del pueblo expresada en elecciones libres celebradas a intervalos regulares por sufragio universal, directo y libre, y en igualdad de condiciones. Todos los ciudadanos de Moldova que hayan cumplido 18 años a la fecha en que se celebra la elección tienen derecho a votar, con excepción de las personas inhabilitadas por la ley. Todos los ciudadanos con derecho a voto tienen derecho a ser elegidos.

141. El artículo 41 de la Constitución establece que el fundamento del poder del Estado es la voluntad de la ciudadanía. Esa voluntad se manifiesta en elecciones libres celebradas periódicamente por voto universal, directo y secreto, expresado libremente y en igualdad de condiciones. Para garantizar al ciudadano la expresión libre de su voluntad, el Estado defiende los principios democráticos y las disposiciones de la legislación electoral. Todos los partidos y otras organizaciones sociales y políticas son iguales ante la ley. El Estado garantiza la protección de los derechos y los intereses legítimos de los partidos y otras organizaciones sociales y políticas. Podrán declararse inconstitucionales los partidos y las organizaciones sociales y políticas cuyos objetivos o actividades sean contrarios al pluralismo político, los principios del estado de derecho, la soberanía y la independencia o la integridad territorial de Moldova. Están prohibidas las asociaciones secretas. Se prohíbe a los extranjeros constituir partidos políticos. La Ley orgánica determina los cargos públicos cuyos titulares no pueden afiliarse a partidos políticos.

142. El Código Electoral de Moldova establece el derecho de todos los ciudadanos a votar y ser elegidos, independientemente de su raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, patrimonio u origen social.

143. En Moldova no ha habido violaciones del derecho a votar y ser elegido sin distinción de raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma ni religión. Además, el derecho a ser elegido no se limita a quienes hablan corrientemente el idioma oficial. Como demostración del respeto por los intereses de las minorías nacionales, las listas de votantes se publican en dos idiomas: el moldovo y el ruso.

144. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de Moldova a participar en la administración de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. La ley garantiza a todos los ciudadanos el derecho a ocupar cargos o puestos públicos (art. 39).

145. La Ley del funcionariado garantiza a todos los ciudadanos el derecho a ocupar cargos en la administración pública, sin distinción de raza, nacionalidad, género ni religión, siempre que residan en el país, tengan las calificaciones del caso y estén en buenas condiciones de salud. Toda persona que aspire a un cargo en la administración pública debe hablar el idioma moldovo, dentro de los límites prescritos por la Ley sobre el uso de los idiomas hablados en el territorio de Moldova.

146. Según la Ley de derechos de las minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones, la representación de las minorías nacionales en el Parlamento y los concejos locales se determina en elecciones, de acuerdo con la legislación vigente. Las personas pertenecientes a las minorías nacionales tienen derecho a una representación aproximadamente proporcional en los órganos del poder ejecutivo, todos los niveles del sistema judicial y el ejército.

147. Actualmente, el derecho de las personas pertenecientes a las minorías nacionales a estar representados de manera aproximadamente proporcional en los órganos del poder ejecutivo y especialmente en el sistema judicial es un asunto controvertido en el país. El problema reside en que la mayoría de las personas pertenecientes a las minorías nacionales no están en condiciones de desempeñar obligaciones oficiales porque no hablan con suficiente fluidez el idioma oficial. El Gobierno está examinando la cuestión y las autoridades competentes procuran mejorar la enseñanza del idioma oficial a las minorías. No obstante, la cuestión no se considera un elemento de discriminación racial, sino que debe plantearse desde el punto de vista de los requisitos oficiales (como el dominio del idioma oficial) que se impone n a los funcionarios públicos.

148. Los miembros de minorías nacionales están representados proporcionalmente en el Parlamento, única autoridad legislativa del Estado. El Parlamento tiene 101 escaños, ocupados por 57 moldovos, 21 rumanos, 11 ucranios, 7 rusos, 3 gagausos y 2 búlgaros.

Párrafo d) i)

149. La Constitución garantiza el derecho de circular libremente dentro de los límites del país (art. 27). Se reconoce a todo ciudadano el derecho de elegir su lugar de residencia en cualquier parte del territorio nacional, salir y entrar del país, y emigrar si así lo desea.

150.Actualmente no es obligatorio el registro, por lo que el ciudadano puede estar registrado en la dirección que prefiera. Se están examinando las prácticas de registro de ciudadanos de otros Estados. Se está redactando otro proyecto de ley para permitir mantener un registro completo y documentación de los habitantes de Moldova. El sistema actual de registro por el lugar de residencia garantiza el respeto del derecho a la libre circulación y la libre elección del domicilio en cualquier región del país, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y la normativa internacional de derechos humanos.

151.Se ha informado de casos de ciudadanos, en especial romaníes y de origen africano o asiático, que se quejan del interés excesivo que despiertan en la policía debido a sus rasgos o color de piel. Dicen que el registro frecuente de los documentos de identidad de personas cuyo aspecto difiere del de la mayoría de la población denota una actitud racista. Al respecto, las autoridades del Estado han tomado las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos y garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos pertenecientes a diversas nacionalidades.

P árrafo d) ii)

152.La Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a circular dentro y fuera del país, así como emigrar libremente (art. 27). Según la Ley de circulación de personas dentro y fuera de Moldova, todo ciudadano tiene derecho a viajar dentro y fuera del país, siempre que no viole las leyes del respectivo Estado (si su entrada o salida no ponen en peligro la seguridad nacional, ni ha cometido crímenes de lesa humanidad, ni mantiene obligaciones patrimoniales establecidas por sentencia judicial con el Estado o personas físicas o jurídicas, etc.).

153.No se ha informado de violaciones, en razón de la raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma ni religión, al derecho de los ciudadanos de desplazarse dentro y fuera del país.

Párrafo d) iii)

154.De conformidad con la Constitución, la ciudadanía de Moldova puede adquirirse, conservarse o perderse sólo en las condiciones previstas en la Ley orgánica (art. 17). Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su ciudadanía ni del derecho a cambiarla.

155.De acuerdo con la Ley de ciudadanía de Moldova, la concesión de la ciudadanía se rige por los principios siguientes: universalidad del derecho a la ciudadanía; no discriminación de los ciudadanos, independientemente de los motivos para la adquisición de la ciudadanía; la ilegalidad de la privación arbitraria de la ciudadanía y del derecho a cambiar de ciudadanía; prevención de la apatridia; el principio de que el cambio de ciudadanía del cónyuge no afecte al estatuto del ciudadano ni del hijo, si los padres no han presentado por escrito un pedido de cambio de ciudadanía de éste.

156.La ley establece que la ciudadanía podrá adquirirse por nacimiento, reconocimiento, adopción, recuperación o naturalización, y en el marco de los acuerdos internacionales concertados por Moldova en la materia. No se concede la ciudadanía a quien haya cometido delitos internacionales, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, haya participado en actividades terroristas, haya sido condenado a pena de prisión por delitos premeditados y tenga antecedentes penales, o una causa penal en trámite cuando se examine su solicitud; a quien realice actividades que pongan en peligro la seguridad del Estado, el orden público, la salud o la moral públicas, ni a quien sea ciudadano de un Estado con el cual Moldova no haya concertado un acuerdo de doble nacionalidad, salvo en los casos previstos en la Ley de ciudadanía. Podrá perderse la ciudadanía por renuncia o privación, y de conformidad con los acuerdos internacionales en que Moldova es Parte. Podrá revocarse la ciudadanía por decisión del Presidente de Moldova a quien la haya adquirido por fraude, proporcionando información falsa o mediante ocultamiento de un hecho pertinente probado judicialmente; a quien se haya alistado voluntariamente a una milicia extranjera o haya cometido actos gravemente perjudiciales para los intereses vitales del Estado. Se entiende que la privación de la ciudadanía no afecta a la ciudadanía del cónyuge ni a la de los hijos.

157.Se ha informado de quejas de extranjeros, especialmente refugiados, por la complejidad del procedimiento de obtención de la ciudadanía. No obstante, en este caso no puede aducirse discriminación racial. Las condiciones para la naturalización establecidas en la Ley de ciudadanía son las mismas para todas las personas, independientemente de la raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma o religión. No se ha aducido discriminación racial en los casos en que se ha denegado la ciudadanía.

Párrafo d) iv)

158.La Constitución establece que el fundamento de la familia es el matrimonio celebrado por libre consentimiento entre un hombre y una mujer, la igualdad de derechos entre los esposos y el deber de los padres de proveer a la crianza y la educación de los hijos (art. 48).

159.Según el Código de la Familia, las relaciones de familia se regulan por los principios de la monogamia, el matrimonio libremente consentido entre marido y mujer, la igualdad de derechos de los cónyuges, el apoyo moral y material recíproco, la fidelidad conyugal, la primacía de la educación de los hijos, el apoyo, la formación y la protección de los derechos de los miembros menores y discapacitados de la familia, la solución amigable de los asuntos de familia, y el libre acceso, mediante los tribunales, a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los miembros de la familia. Los ciudadanos que deseen contraer matrimonio presentarán personalmente la solicitud de la correspondiente licencia a la Oficina del Registro Civil del Estado, en su jurisdicción territorial, que será la del lugar de residencia de uno de los cónyuges o de los padres de uno de ellos. En la solicitud, los futuros cónyuges declararán que no existen impedimentos legales para el matrimonio.

160.El Código de la Familia prohíbe el matrimonio si uno de los dos contrayentes ya está casado; entre personas vinculadas por un alto grado de consanguinidad lineal; entre parientes en cuarto grado o menos; entre hermanos, incluso los que tienen un solo progenitor en común; entre progenitor e hijo adoptivo; entre el hijo adoptivo y una persona con un vínculo de consanguinidad lineal de hasta segundo grado inclusive con el padre adoptivo; entre el tutor y su pupilo menor de edad, mientras dure la tutela; entre personas discapacitadas, aunque una sola de ellas lo sea; entre reclusos, si ambos están cumpliendo una condena; entre dos personas del mismo sexo. Toda persona puede poner objeciones a un matrimonio si existe un impedimento legal o no se respetan otras condiciones legales expresando sus razones por escrito y adjuntando pruebas. El Registro Civil está obligado a verificar las reclamaciones y, si se confirman, podrá denegarse el permiso de matrimonio.

161.No hay antecedentes de vulneración, por motivos de raza, nacionalidad, extracción étnica o religión, del derecho al matrimonio y a elegir el cónyuge.

Párrafo d) v)

162. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a poseer bonos del Estado (art. 46). No podrán expropiarse bienes, salvo por motivos de utilidad pública establecidos por la ley y pagando por adelantado una indemnización justa y adecuada. No podrán confiscarse bienes adquiridos legalmente. Se presume la adquisición legal. La confiscación de bienes destinados a cometer un delito, usados con ese fin o producto de un delito se ajustará a lo dispuesto por la ley. El derecho a la propiedad privada conlleva el deber de observar las normas referentes a la protección del medio ambiente, el mantenimiento de unas buenas relaciones de vecindad y el cumplimiento de todos los demás deberes que la ley impone a los propietarios.

163. La Ley de la propiedad reconoce y protege el derecho a la propiedad en Moldova. El propietario tiene derecho de posesión, uso y enajenación sobre sus bienes. La propiedad consiste en poseer bienes, el uso consiste en consumir bienes útiles y la enajenación consiste en determinar el destino de los bienes. El propietario tendrá derecho a tomar todas las medidas respecto de sus bienes que no violen las leyes ni representen una amenaza para la salud o el medio ambiente. Toda persona física o jurídica, el Estado o los órganos de autogobierno local podrán tener derechos de propiedad. Dos o más personas podrán tener bienes en común en porciones definidas (propiedad por acciones) o sin porciones definidas (propiedad conjunta), independientemente del tipo de propiedad. El propietario tendrá derecho a realizar toda actividad con su propiedad privada que no viole la ley ni provoque daños a la salud humana ni el medio ambiente. La legislación de Moldova garantiza a los ciudadanos, las organizaciones y otros propietarios igualdad de condiciones para el desarrollo y protección de los diversos tipos y formas de propiedad. Está garantizado el derecho a las relaciones de propiedad. Nadie tendrá derecho a apropiarse de un bien por la fuerza, salvo en los casos previstos por la ley, ni a exigir al propietario que asocie sus bienes a bienes ajenos. Según la ley, el propietario tendrá derecho a exigir la devolución y entrega de sus bienes a un poseedor extranjero ilegítimo. Las leyes de Moldova protegen el derecho de todos los ciudadanos a tener bienes en propiedad en el territorio de la República y de otros Estados. El propietario podrá pedir que se eliminen todos los obstáculos que le impidan ejercer su derecho, aunque no consistan en privarlo del derecho de propiedad. El tribunal competente es el encargado de proteger el derecho de propiedad.

164. No ha habido casos de violación del derecho de propiedad por motivos de raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma o religión.

Párrafo d) vi)

165. El Código Civil no fija límites al derecho de sucesión por motivos de raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma ni religión.

166. No hay antecedentes de violación del derecho de sucesión por motivos de raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma ni religión.

Párrafo d) vii)

167. La Constitución garantiza la libertad de conciencia (art. 31), que se manifestará en el espíritu de tolerancia y respeto mutuo. Se garantiza la libertad de culto religioso y las entidades religiosas son libres de organizarse según sus propios estatutos con arreglo a la ley. En sus relaciones mutuas las distintas confesiones religiosas no pueden expresar ni incitar al odio ni la enemistad, ni actuar movidos por éstos. Las entidades religiosas son autónomas, aunque el Estado les presta apoyo, en especial en sus tareas de asistencia religiosa al ejército, los hospitales, las cárceles, los hogares de ancianos y los orfanatos.

168. En la Ley de culto se reconoce a toda persona el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que se ejercerá en un espíritu de tolerancia y respeto mutuo. Ese derecho se define como la libertad de cambiar de religión o ideas, profesar una religión o creencia solo o en comunidad, en público y en privado, y manifestar la religión o creencia propia en la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. El ejercicio de la libertad religiosa o de creencias puede restringirse en las condiciones previstas por la ley y sólo con medidas que en una sociedad democrática sean necesarias para garantizar la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la salud o la salvaguarda de la moral, o de los derechos y libertades ajenos. Está prohibido fundar partidos basados en creencias religiosas. Las entidades religiosas son libres de organizarse y funcionar de conformidad con la legislación vigente; y deben regirse por estatutos, de conformidad con su credo, preceptos y tradiciones. La ley prohíbe a las entidades religiosas incluir en sus estatutos actividades contrarias a la independencia, soberanía, integridad y seguridad de la República, sus disposiciones constitucionales y legislación en vigor. Las entidades religiosas son autónomas y están separadas del Estado aunque reciben su apoyo. El Estado no interfiere con la práctica de la religión, aunque controla la actividad financiera de las entidades religiosas.

169. Actualmente hay propuestas para enmendar la legislación sobre entidades religiosas. En ese contexto, se está redactando el proyecto de ley sobre la libertad de conciencia y las entidades religiosas, en que se democratizan y modernizan las relaciones entre el Estado y esas entidades. El proyecto de ley fue revisado por el Consejo de Europa y examinado por el correspondiente Grupo de Trabajo. El procedimiento servirá de base para establecer relaciones constructivas entre el Estado y la Iglesia, de conformidad con la legislación interna y los compromisos asumidos por el Gobierno de Moldova en los tratados internacionales.

170. Actualmente, las personas de origen tártaro a menudo aducen discriminación por motivos religiosos cuando se plantea la cuestión del registro del Islam en Moldova. El Servicio estatal para los asuntos religiosos se ha negado a aceptar la solicitud de la comunidad musulmana alegando que no se ha presentado en las condiciones prescritas por la legislación vigente. El caso se procesa actualmente en el ámbito judicial y sólo podrá revisarse tras el fallo definitivo del tribunal.

Párrafo d) viii)

171.La Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de opinión así como la libertad de hacer públicos pensamientos y opiniones verbalmente, mediante imágenes o por otros medios (art. 32). La libertad de expresión no puede atentar contra el honor o la dignidad de otras personas ni su derecho a tener o expresar sus propias opiniones o juicios. La ley prohíbe y persigue todos los actos que tengan por objeto negar y difamar al Estado o a las personas. También se prohíbe y persigue la incitación a la sedición, la guerra, la agresión, el odio étnico, racial o religioso, la discriminación, el separatismo territorial, la violencia pública u otras acciones que amenacen el orden constitucional.

Párrafo d) ix)

172.De conformidad con el artículo 40 de la Constitución, todas las asambleas, manifestaciones, mítines políticos, procesiones y cualquier otra reunión podrán organizarse libremente y llevarse a cabo de manera pacífica y sin utilizar armas.

173.En virtud de la Ley de organización y celebración de reuniones, tienen derecho a organizar reuniones los ciudadanos de Moldova que hayan cumplido los 18 años de edad, los partidos y otras organizaciones sociales y políticas, las unidades económicas, los sindicatos, las iglesias y otras organizaciones religiosas, y las asociaciones públicas registradas conforme a la ley. Las reuniones únicamente pueden celebrarse, previa notificación a las autoridades municipales o los consejos de distrito (regionales), de manera pacífica, sin utilizar armas de fuego y garantizando la protección de los participantes y del medio ambiente. Se prohíbe utilizar carreteras públicas y obstaculizar el tráfico; las reuniones han de celebrarse sin que se produzcan actos violentos que puedan poner en peligro la integridad y la vida de las personas, los bienes, etc. Es ilegal la participación de estudiantes u otras instituciones de enseñanza en reuniones no autorizadas. Se regulan todas las reuniones en las que se producen conflictos o daños, se insta a cometer actos violentos o se instiga el odio nacional, racial o religioso, se incita a la discriminación, la separación territorial o la violencia pública, o se pretende modificar el sistema constitucional. Se prohíbe participar en las reuniones a personas armadas, personas que poseen explosivos, sustancias inflamables, radioactivas o tóxicas, sustancias irritantes o lacrimógenas, u otros objetos y sustancias que pueden utilizarse en actos violentos o disturbios. Se prohíbe consumir alcohol, perturbar el orden público, obstaculizar de manera intencionada el transporte público, poner en peligro la seguridad del tráfico y violar las normas morales.

174.Según lo dispuesto en la ley todos los ciudadanos pueden asociarse libremente con partidos y otras organizaciones sociales, políticas o religiosas (véase d) vii)) y sindicatos (véase e) ii)).

175.De conformidad con la Ley de asociaciones públicas, las asociaciones públicas son organizaciones voluntarias e independientes, autogestionadas y constituidas por la voluntad libremente expresada de los ciudadanos asociados sobre la base de intereses comunes profesionales o de otra índole, con el fin de ejercer conjuntamente sus derechos económicos, sociales y culturales sin fines lucrativos. La legislación define las metas y objetivos de las asociaciones públicas reflejados en sus estatutos y otros documentos debidamente registrados.

176.Es ilegal fundar asociaciones públicas cuyo objetivo o modo de funcionamiento supongan una transformación violenta del sistema constitucional, la violación de la integridad territorial de Moldova, la propaganda bélica, la violencia y la crueldad, la agitación de las diferencias sociales, raciales, nacionales y religiosas, o la realización de actos punibles de otro tipo. Se prohíbe la organización de asociaciones públicas militares y grupos armados así como la fundación y el funcionamiento de asociaciones públicas que atenten contra los valores comunes a toda la humanidad, la salud, la moral, la moral social de la población y los derechos e intereses de los ciudadanos protegidos por la ley.

177.En el territorio de Moldova existen asociaciones públicas nacionales, locales e internacionales. Las asociaciones públicas se crean por iniciativa de sus fundadores. Los fundadores de esas asociaciones públicas pueden ser particulares (ciudadanos mayores de 18 años) o entidades jurídicas. Para fundar una asociación pública se requieren al menos tres personas y una o varias entidades jurídicas. Los extranjeros y los residentes permanentes pueden fundar asociaciones públicas con arreglo a las mismas condiciones que los ciudadanos de Moldova, si la legislación relativa a los distintos tipos de asociaciones públicas no dispone lo contrario.

178.Los nacionales de Moldova, los extranjeros y los residentes pueden pertenecer a asociaciones públicas si la legislación relativa a los distintos tipos de asociaciones públicas no dispone lo contrario. Pueden ser miembros (participantes) de asociaciones públicas los ciudadanos mayores de 18 años; en el caso de las asociaciones públicas juveniles los miembros pueden ser ciudadanos mayores de 14 años, y en el de las asociaciones públicas infantiles, mayores de 10 años. Las entidades jurídicas pueden participar en las asociaciones públicas como miembros colectivos, si así se especifica en el estatuto de esas asociaciones.

179.Con arreglo a la Ley de derechos de las minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones, las personas que pertenecen a minorías nacionales pueden ejercer sus derechos individualmente, uniéndose, de conformidad con la ley, en organizaciones (asociaciones, comunidades, etc.) de carácter cultural, religioso, benéfico e instructivo. Las organizaciones de minorías nacionales tienen los mismos derechos que los concedidos por ley a las asociaciones públicas.

180.Las organizaciones étnicas y culturales de minorías nacionales funcionan actualmente como asociaciones públicas.

181.El artículo 41 de la Constitución dispone que todos los ciudadanos son libres de afiliarse a partidos y otras organizaciones sociales y políticas. Esas organizaciones contribuyen a la definición y la expresión de la voluntad política pública y, de conformidad con lo dispuesto en la legislación, participan en el proceso electoral. Todos los partidos y demás organizaciones sociales y políticas son iguales ante la ley. El Estado garantiza la protección de los derechos y los intereses legítimos de los partidos y demás organizaciones sociales y políticas. Podrán declararse ilegales los partidos y las organizaciones sociales y políticas cuyos objetivos o actividades sean contrarios al pluralismo político, los principios del estado de derecho, la soberanía y la independencia o la integridad territorial de Moldova. Se prohíben las asociaciones secretas y las actividades de partidos integrados por extranjeros.

182.Según la Ley de partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas, los partidos y las demás organizaciones sociales y políticas son asociaciones voluntarias de ciudadanos basadas en conceptos, ideales y propósitos comunes, que contribuyen al cumplimiento de la voluntad política de una parte de la población al asumir legalmente los poderes públicos y participar en su aplicación. Sólo podrán afiliarse a un partido o a otra organización social y política los ciudadanos mayores de 18 años. Los ciudadanos no podrán afiliarse simultáneamente a dos o más partidos u otras organizaciones sociales y políticas.

183.Los organismos rectores de los partidos y otras organizaciones sociales y políticas han de estar situados en el territorio de Moldova. No pueden crearse partidos ni organizaciones o subdivisiones sociales y políticas extranjeras en el territorio de la República.

184.Están prohibidas la creación y las actividades de partidos y otras organizaciones sociales y políticas paramilitares, de partidos y otras organizaciones sociales y políticas que sean contrarios al pluralismo político y a los principios del estado de derecho y tengan por objetivo derrocar al Gobierno o modificar el régimen del Estado por medios violentos u otros medios anticonstitucionales; que traten de socavar la soberanía y la integridad territorial de Moldova, inciten a la guerra, la discordia social, el antagonismo interétnico y religioso, apliquen métodos de gobierno autoritarios y totalitarios, reduzcan los derechos humanos naturales, lleven a cabo actividades contrarias a la Constitución y a las normas generalmente aceptadas del derecho internacional.

185.Los estatutos de los partidos políticos y demás organizaciones sociales y políticas pueden registrarse si cuentan con más de 5.000 miembros activos domiciliados en al menos la mitad de las unidades administrativas territoriales de segundo nivel, pero no menos de 150 miembros en cada una de ellas, y disponen de un programa y de órganos rectores propios.

186.Representantes de organizaciones internacionales, en particular la Comisión de Venecia, así como expertos moldavos han analizado las disposiciones de la Ley de partidos políticos y otras organizaciones sociales y políticas en las que se dice que el partido político o la organización podrá registrarse cuando tenga más de 5.000 miembros activos domiciliados en al menos la mitad de los territorios administrativos de segundo nivel, pero no menos de 150 miembros en cada uno de ellos. Esto limita la capacidad para crear partidos de las personas que pertenecen a minorías étnicas concentradas en una determinada región. No obstante, esos requisitos se refieren más bien al modo de formar partidos y no impide la participación de las minorías nacionales en la vida pública.

187.No se han registrado violaciones de la libertad de asociación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Párrafo e) i)

188.Conforme a la Constitución todas las personas tienen derecho a elegir libremente su ocupación, a disfrutar de condiciones de trabajo justas y satisfactorias y a estar protegidas contra el desempleo (art. 43). Todos los trabajadores tienen derecho a la protección. Las medidas de protección se referirán a la seguridad y la higiene, las condiciones de trabajo de las mujeres y los jóvenes, el establecimiento de un salario mínimo en toda la economía nacional, el período de descanso semanal, las vacaciones pagadas, las condiciones de trabajo especialmente duras y otras situaciones específicas. La duración de la semana laboral no excederá de 40 horas. Se garantiza el derecho a la negociación colectiva así como la obligación legal de hacer respetar los convenios colectivos.

189.El artículo 44 de la Constitución prohíbe el trabajo forzoso. No se considerarán trabajos forzosos las funciones militares o las actividades destinadas a sustituirlas realizadas por las personas que, con arreglo a la ley, estén exentas del servicio militar obligatorio; la labor realizada por los presos condenados en condiciones normales durante el período de prisión o en libertad condicional; ni los servicios necesarios para hacer frente a desastres u otros peligros o que la ley considere parte de las obligaciones normales de los civiles.

190.El Código del Trabajo estipula que todas las personas tienen derecho a elegir libremente su ocupación y a disfrutar de condiciones de trabajo seguras y satisfactorias. Nadie está obligado a trabajar o a no trabajar en un lugar ni a ejercer una determinada profesión. Se considera nula y sin efecto toda ley contraria a esas disposiciones. Según el Código del Trabajo, el principio de la igualdad es importante para todos los empleados. Se prohíbe cualquier restricción directa o indirecta de derechos o el ofrecimiento de determinadas ventajas directas o indirectas en la contratación laboral por razones de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen social, bienes, vivienda, religión, creencias y pertenencia a una asociación pública, o de otras circunstancias que no estén relacionadas con la aptitud del empleado para realizar su trabajo. No se consideran discriminatorias la diferenciación, las excepciones, las preferencias o las restricciones en la contratación que estén determinadas por el carácter específico de una actividad concreta o por condiciones especiales otorgadas por el Estado a las personas que tienen derecho a recibir una mayor protección social y jurídica.

191.Los refugiados no tienen derecho a trabajar debido a problemas específicos, como la ausencia de documentos de identidad para refugiados, en particular de números de registro personal, lo que dificulta el cumplimiento de la responsabilidad financiera y el pago de impuestos. Los refugiados y sus asociaciones han abordado frecuentemente esta cuestión, que no se considera una práctica discriminatoria.

192.Por lo que respecta al derecho al trabajo, cabe señalar la situación particular de los gitanos/romaníes. Con objeto de aplicar las disposiciones de la Decisión del Gobierno sobre las medidas en favor de los gitanos/romaníes de la República de Moldova, se aprobó un plan especial para facilitar el estudio del problema del empleo de los romaníes, la reducción del desempleo, las recomendaciones sobre el estudio de la matriculación de romaníes en las escuelas y las medidas relacionadas con el apoyo social a las familias romaníes. En este contexto, se realizó un estudio social sobre el empleo de los romaníes. Los datos muestran que: existen dificultades específicas como el importante problema del analfabetismo funcional, sobre todo entre las mujeres; la mayoría de los romaníes carecen de documentos de identidad; prefieren trabajar en empresas en las que no es necesaria una formación especial; renuencia, en algunos casos, a recibir formación profesional; preferencia por la migración y al trabajo temporal. Los resultados del estudio orientarán las medidas para mejorar el empleo entre los romaníes. Los centros de empleo dan a este grupo de población un trato especial, en particular cuando solicitan los servicios de agencias de empleo para ayudarlos a encontrar trabajo. Los resultados del estudio se utilizan en los programas de empleo de los distritos. Las autoridades públicas locales se esfuerzan por dar empleo a los romaníes contratándolos para obras públicas y ofreciéndoles formación profesional. En algunos casos los romaníes no muestran interés por ser contratados.

193.Las autoridades estatales competentes están estudiando este problema.

Párrafo e) ii)

194.Según la Constitución todos los empleados tienen derecho a crear sindicatos y a afiliarse a ellos para defender sus intereses (art. 42). Los sindicatos se establecen y desarrollan sus actividades con arreglo a sus estatutos y de conformidad con la ley, y protegen los intereses profesionales, económicos y sociales de los trabajadores.

195.De conformidad con la Ley de sindicatos, los sindicatos son organizaciones públicas que en sus estatutos, acuerdos colectivos o de otro tipo determinan métodos para la protección de sus miembros, defienden sus derechos e intereses legítimos, y los derechos e intereses legítimos de sus miembros. Los sindicatos son independientes del empleador y a través de las instituciones elegidas representan a sus miembros en las negociaciones con los empleadores y protegen sus derechos e intereses laborales, profesionales y sociales. Se prohíbe toda actividad encaminada directa o indirectamente a subordinar los sindicatos al Estado o a otras instituciones u organizaciones, o a obstaculizar su funcionamiento.

196.Los ciudadanos de Moldova, los extranjeros y los apátridas que residen legalmente en el territorio del Estado pueden crear sindicatos y afiliarse a ellos, con arreglo a sus estatutos, sin necesidad de autorización oficial. Las personas desempleadas o que han perdido su trabajo, así como los trabajadores autónomos, pueden, si lo desean, crear sindicatos o afiliarse a ellos, de conformidad con su estatuto, o pueden seguir perteneciendo a los sindicatos de las empresas, instituciones u organizaciones en los que hayan estado empleados. Los ciudadanos de Moldova que viven en el extranjero tienen derecho a afiliarse a sindicatos en Moldova. Los sindicatos pueden pedir responsabilidades, o incluso exigir que se despida, a los funcionarios que infrinjan las leyes destinadas a proteger el trabajo, las explotaciones agrícolas colectivas, las cooperativas, la vivienda o el espacio habitable y el medio ambiente. Los sindicatos tienen derecho a representar y proteger a los miembros en las instituciones estatales y otro tipo de organizaciones en el ámbito de las relaciones laborales, la indemnización por daños, el espacio habitable y otros intereses sociales y económicos; solucionar diferencias individuales y colectivas; y recurrir a los tribunales para proteger los derechos e intereses de sus miembros.

197.No se ha registrado ninguna violación del derecho a crear sindicatos y afiliarse a ellos por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Párrafo e) iii)

198.En Moldova la vivienda es propiedad privada, por lo que la mayoría de las casas y apartamentos son de propiedad privada. Con arreglo a la Ley de propiedad, el derecho a poseer bienes en Moldova está reconocido y garantizado por la ley. El propietario disfruta del derecho a poseer bienes, hacer uso de ellos y administrarlos. La posesión de bienes implica su propiedad efectiva; su utilización significa hacer uso de las características útiles de esos bienes y su administración implica la determinación del uso futuro. El propietario tiene derecho a ejercer con respecto a sus bienes cualquier acción que no contravenga la ley ni cause daños a la salud humana o al medio ambiente.

199.Actualmente se está preparando un nuevo Código de la Vivienda que establecerá los derechos constitucionales de las personas con respecto a la vivienda, el derecho a construir viviendas privadas, etc. Todos los ciudadanos tendrán derecho a obtener viviendas en edificios públicos o del Estado o en edificios construidos por sociedades cooperativas y podrán hacer uso de esas viviendas durante un período ilimitado. Las personas tienen derecho a poseer una casa (o parte de ella) para fines residenciales de conformidad con la legislación nacional. No puede expulsarse a nadie de su domicilio si no es por los motivos y de la manera prescritos por la ley. Es ilegal utilizar viviendas para fines distintos del que tienen asignado o en detrimento de los derechos de otras personas, del Estado o de organizaciones públicas.

200.No existen diferencias entre las personas de los distintos grupos étnicos de Moldova en lo que respecta al ejercicio del derecho a la vivienda. No se ha registrado ninguna violación del derecho a la vivienda por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Párrafo e) iv)

201.La Constitución garantiza el derecho a la seguridad en materia de salud. El Estado ofrecerá un seguro de salud gratuito mínimo (art. 36). El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que toda persona tenga un nivel de vida digno, que asegure la buena salud y el bienestar de esa persona y su familia, incluidos los alimentos, el vestido, la vivienda, la asistencia y los servicios médicos. Todos los ciudadanos tienen derecho a estar asegurados en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudedad, vejez u otras situaciones provocadas por la pérdida de medios de subsistencia resultantes de circunstancias que queden fuera del control de la persona (art. 47). El Estado protege a las madres, los niños y los jóvenes y promueve la creación de instituciones encargadas de protegerlos. El Estado y la sociedad se encargan de criar y educar a los huérfanos y los niños privados del cuidado de los padres. El Estado fomenta y apoya las actividades benéficas destinadas a esos niños (art. 49). Las madres y sus hijos tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales. Todos los niños, incluidos los hijos de madres solteras, tienen derecho a las mismas prestaciones sociales. Los niños y los jóvenes gozan de asistencia especial en el ejercicio de sus derechos. El Estado concede subsidios y ayuda para el cuidado de los niños enfermos o discapacitados (art. 50). Las personas discapacitadas gozan de protección social especial. El Estado garantiza condiciones normales de tratamiento médico, rehabilitación, educación, formación e integración para las personas discapacitadas (art. 51).

202.En virtud de la Ley de atención a la salud los habitantes de Moldova gozan del derecho a la atención sanitaria sin distinción por motivos de nacionalidad, raza, condición social o religión. Este derecho se garantiza a través de la protección de la salud en el país mediante la creación de unas condiciones de trabajo y de vida dignas, la prestación de asistencia médica cualificada de conformidad con las exigencias de los sistemas modernos de atención sanitaria, y el tratamiento de los daños causados en la salud. La atención a la salud se garantiza mediante la adopción de un conjunto de medidas destinadas a lograr el nivel más alto posible de salud gracias a la prevención de enfermedades, el desarrollo del potencial económico, social y cultural del país y la protección del medio ambiente.

203.La Ley del sistema público de seguridad social organiza el sistema de seguridad social basándose en el principio de la igualdad que garantiza a todos los participantes (contribuyentes y beneficiarios) un trato no discriminatorio respecto de sus derechos y obligaciones.

204.Teniendo en cuenta la situación de los gitanos en la sociedad y la legislación vigente, el Gobierno aprobó la Decisión relativa a las medidas de apoyo a los gitanos en Moldova. Conforme a esa Decisión, el Ministerio de Salud y Protección Social elaboró y aprobó planes de ayuda a los gitanos en Moldova para 2001-2010. El Ministerio de Salud y Protección Social realizó estudios entre los gitanos para determinar sus conocimientos en materia de higiene y prevención de enfermedades. Los resultados del análisis pusieron de manifiesto la necesidad de ofrecer a esa comunidad una formación más amplia y eficaz sobre estilos de vida sanos. También se elaboraron programas tipo para el personal médico que comprendían la organización de conferencias, actividades de sensibilización para niños y padres, y la preparación de material informativo sobre diversos aspectos relacionados con la vida sana. Los administradores de las instituciones públicas médicas y sanitarias de las regiones en las que predomina la población romaní recibieron formación en esos campos. En noviembre de 2004 se inició el proyecto Mediadores Sociosanitarios con el fin de hacer efectiva la legislación sobre la seguridad social elaborada por las organizaciones no gubernamentales romaníes junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, y con la ayuda del Consejo de Europa. El objetivo del proyecto es formar a capacitadores romaníes sobre prácticas profesionales en el ámbito de la seguridad social y la atención primaria que servirán de enlace entre las comunidades predominantemente gitanas y las autoridades públicas locales. La formación recibida se centró en las medidas preventivas para evitar las enfermedades venéreas y el VIH/SIDA, la drogodependencia, los efectos del alcohol y el tabaco en la salud, la planificación familiar, la prevención de la tuberculosis, la vida sana y la prevención del cáncer, y el papel de la higiene personal en la atención de la salud.

205.La ley establece medidas concretas destinadas a mejorar la situación social de los romaníes en el país. Los médicos estatales imparten clases en las escuelas de futuras madres destinadas a las mujeres gitanas y en las escuelas de madres de niños menores de 1 año.

Párrafo e) v)

206.Según la Constitución el derecho a la educación se hace efectivo mediante la enseñanza general pública obligatoria, el liceo (enseñanza pública secundaria) y la formación profesional, así como la educación superior y otras formas de educación y formación (art. 35). El Estado respeta el derecho de cada persona a elegir el idioma de enseñanza. Al mismo tiempo, el idioma oficial del país debe estudiarse en todos los centros educativos. La enseñanza pública estatal es gratuita. Todas las instituciones de enseñanza, incluidas las que no están financiadas por el Estado, deben establecerse y funcionar respetando la legalidad. Los centros de enseñanza superior pueden ser autónomos. Todas las personas pueden acceder al liceo, la formación profesional y la enseñanza superior en condiciones de igualdad sobre la base de sus méritos personales. El Estado garantiza por ley la libertad de educación religiosa y ofrece educación laica. Los padres tienen derecho a elegir el entorno educativo adecuado para sus hijos.

207.Según la Ley de educación pública, la educación es, desde el punto de vista conceptual, un sistema integrado que abarca diversas estructuras, formas, contenidos y métodos educativos. La política educativa del Estado se basa en los principios de la humanización, la accesibilidad, la adaptabilidad, la creatividad y la diversidad. El proceso educativo es democrático y humano, abierto y flexible, formativo y en desarrollo, y se basa en los valores universales y nacionales. La educación escolar estatal es laica y gratuita y rechaza la discriminación basada en la elección de partido o ideología, en la raza o en la nacionalidad. El Estado garantiza el derecho a la educación, sin distinción por motivos de nacionalidad, sexo, edad, origen o condición social, preferencia política, religión o antecedentes penales, y la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros de enseñanza secundaria superior (liceos), enseñanza profesional y escuelas superiores sobre la base de las aptitudes y capacidades de los alumnos para el estudio. El Estado garantiza el derecho a elegir el idioma de enseñanza y formación en todos los niveles y el derecho de los ciudadanos a recibir educación y formación en su idioma materno. La enseñanza general obligatoria dura nueve años. La escolaridad deja de ser obligatoria cuando el alumno cumple 16 años.

208.Siguen existiendo problemas relacionados con la educación de los romaníes ya que es frecuente que los niños de esa comunidad no asistan regularmente a la escuela o abandonen las instituciones educativas antes de finalizar el período de escolarización obligatoria. Junto con las disposiciones legislativas vigentes, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes ha tratado de aumentar la matriculación de niños romaníes en las escuelas. El Ministerio y las asociaciones públicas romaníes llevaron a cabo encuestas sobre la educación de los romaníes en Moldova. Los resultados mostraron la necesidad de instaurar medidas para mejorar la educación de los gitanos. El Ministerio, a través del plan de ayuda a los gitanos, elaboró y dirigió las recomendaciones del estudio sobre la matriculación de niños romaníes en las escuelas. También está poniendo en práctica distintas formas de popularizar y promover la cultura nacional entre los niños y los jóvenes, y supervisa las actividades de las instituciones educativas dirigidas a los niños y las familias gitanas/romaníes.

209.De conformidad con el Reglamento sobre la organización y la admisión en los centros de enseñanza superior de la República de Moldova, aprobado mediante una decisión del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, el 15% de las becas del Estado se reservan a romaníes (para cada especialidad de formación profesional y educación, conforme a las cuotas de admisión).

210.No se ha registrado ninguna violación del derecho a la educación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Párrafo e) vi)

211.La Ley de la cultura estipula que la actividad cultural constituye un derecho inalienable de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, origen social, idioma, sexo, creencias políticas, religiosas o de otra índole, vivienda, bienes, educación, profesión u otros motivos. Todas las personas tienen derecho a que el Estado proteja su identidad cultural.

212.La Constitución garantiza la libertad de crear obras científicas y artísticas (art. 33). La actividad creadora está exenta de censura. La ley protege los derechos de los ciudadanos a la propiedad intelectual y a los intereses materiales y morales relacionados con las distintas formas de creación intelectual. El Estado apoya la preservación, el desarrollo y la promoción de los logros nacionales y mundiales en el ámbito de la cultura y la ciencia.

213.No se han registrado violaciones del derecho a participar en condiciones de igualdad en actividades culturales por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Párrafo f)

214.La Constitución establece que todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y las autoridades, sin discriminación por raza, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, sexo, opción política, bienes personales u origen social (art. 16).

215.No existen leyes en Moldova que limiten el derecho de acceder a lugares y servicios destinados al uso público (medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, teatros, parques, etc.) por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión. No se ha registrado ninguna violación de ese derecho.

Aplicación del artículo 6 de la Convención

216.La Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a gozar de la protección efectiva de los tribunales competentes contra los actos que conculquen sus derechos, libertades e intereses legítimos (art. 20). Ninguna ley puede restringir el acceso a la justicia. Ninguna persona cuyos derechos hayan sido vulnerados por una autoridad pública mediante una decisión administrativa o por no recibir a tiempo la respuesta a un recurso establecida por la ley, tiene derecho a que se le reconozcan esos derechos, a la anulación de la decisión y a una indemnización por daños y perjuicios (art. 53).

217.De conformidad con la Ley de ordenamiento judicial, el poder judicial es independiente, está separado de los poderes legislativo y ejecutivo y tiene sus propias atribuciones, que ejercen los tribunales con arreglo a los principios y las disposiciones constitucionales y otras leyes. La justicia se administra en nombre de la ley. Los tribunales administran justicia a fin de proteger el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y de sus asociaciones, empresas, instituciones y organizaciones. Los tribunales entienden de todas las causas civiles, administrativas y penales, así como de otras causas sobre asuntos no previstos en la ley. Al administrar justicia, los tribunales protegen al Estado y el orden constitucional de Moldova.

218.De conformidad con la ley, toda persona tiene derecho a la protección de los tribunales competentes contra acciones que vulneren sus derechos, libertades e intereses legítimos. Las asociaciones de ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones tienen derecho, en la forma dispuesta por la ley, a interponer una acción judicial ante los tribunales y recabar protección contra la violación de sus derechos e intereses legítimos.

219.Todos los ciudadanos de Moldova son iguales ante la ley y ante las autoridades judiciales independientemente de su raza, nacionalidad, extracción étnica, idioma, religión, sexo, opinión, preferencia política, bienes personales u origen social, u otras circunstancias.

220.Los procesos judiciales se llevan a cabo en moldovo. Las personas que no entiendan ni hablen el idioma tienen derecho a ser informados de todos los pormenores de su causa y a dirigirse al tribunal con la asistencia de un intérprete. Los procesos judiciales pueden llevarse a cabo en una lengua que sea aceptable para la mayoría de las personas que participen en el juicio. En las causas en las que el proceso judicial se lleve a cabo en una lengua distinta del moldovo, es obligatorio que todas las actas judiciales se redacten también en moldovo.

221.Las sesiones de los tribunales son públicas. Se puede celebrar un juicio a puerta cerrada únicamente en los casos especificados por la ley con arreglo al procedimiento. Las decisiones de los tribunales se hacen públicas. Los juicios se llevan a cabo únicamente con arreglo a los principios del sistema contradictorio.

222.En los juicios, las partes tienen derecho a estar representadas o, en su caso, ser asistidas por un abogado defensor. Toda obstrucción a la labor de las personas encargadas de la defensa, dentro de los límites establecidos es punible por ley. Se pide o concede auxilio jurídico internacional con arreglo a las condiciones establecidas por la ley y las convenciones internacionales en las que Moldova es Parte.

223.La justicia se administra por medio del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Apelación y los tribunales y juzgados ordinarios. También existen tribunales especializados, como los militares o los económicos para algunos tipos de causas. Está prohibido el establecimiento de circunstancias extraordinarias.

224.El sistema de tribunales de lo contenciosoadministrativo de Moldova persigue, de conformidad con la Ley sobre los tribunales de lo contenciosoadministrativo, contrarrestar los abusos y los excesos de poder cometidos por las autoridades públicas, defender el derecho de las personas con arreglo a lo dispuesto por la ley, organizar las actividades de las autoridades y velar por el ordenamiento jurídico. Toda persona que considere que uno de los derechos que le reconoce la ley ha sido violado por una autoridad pública, un acto administrativo o por no haberse atendido su petición en el plazo previsto por la ley puede interponer una acción judicial ante el correspondiente tribunal de lo contenciosoadministrativo a fin de obtener una anulación del acto, un reconocimiento del derecho invocado y una reparación por los daños causados.

225.En Moldova existe un sistema para proteger los derechos humanos y prevenir la discriminación, en particular la discriminación racial.

Comité de Derechos Humanos del Parlamento

226.El Comité de Derechos Humanos es un órgano de trabajo del Parlamento. El Comité informa sobre los proyectos y las proposiciones de ley, lleva a cabo investigaciones parlamentarias y debate y decide de las cuestiones con arreglo a lo solicitado por el Presidente y los vicepresidentes del Parlamento. Los organismos de la administración pública, otros órganos, empresas, instituciones y organizaciones pueden consultar al Comité en relación con cuestiones relativas a su ámbito de actividad. Al final del proceso de consulta, los comités permanentes publican sus opiniones en forma de recomendaciones.

Oficina de Relaciones Interétnicas

227.La Oficina de Relaciones Interétnicas es el organismo de la administración central que promueve la política pública en materia de relaciones interétnicas, defiende los derechos constitucionales de los ciudadanos en relación con la expresión de su identidad étnica, cultural y lingüística y contribuye a la conservación del idioma oficial del Estado, del ruso y de los demás idiomas, con arreglo a la legislación vigente.

228.La Oficina promueve la política del Estado en la esfera de las relaciones interétnicas y el uso de los idiomas, con arreglo a la legislación vigente, contribuye al desarrollo social y cultural de las minorías nacionales, promueve la cohesión de los distintos intereses étnicos de los ciudadanos y la armonización de las relaciones interétnicas, y generaliza la aplicación del derecho en relación con las competencias de la Oficina. La Oficina de Relaciones Interétnicas:

-Se ocupa de la situación etnolingüística en Moldova;

-Colabora con las comisiones parlamentarias, las autoridades de las administraciones locales y centrales a fin de mantener un equilibrio en esferas como la educación, la cultura, el uso del idioma nativo, la recuperación de las tradiciones, y la interacción cultural y lingüística;

-Apoya la participación del Estado en las asociaciones cívicas de las minorías nacionales;

-Colabora con los organismos públicos de otros países y las organizaciones internacionales en las cuestiones relativas a su ámbito de actuación;

-Contribuye a atender las necesidades nacionales, culturales, lingüísticas y educativas de los representantes de la diáspora de Moldova;

-Controla, de conformidad con la legislación vigente, el uso del idioma en las regiones densamente pobladas por minorías nacionales;

-Vela por la observancia de la legislación en materia lingüística y la aplicación efectiva de las medidas adoptadas para la solución de determinados problemas de conformidad con las atribuciones de la Oficina;

-Lleva a cabo estudios etnolingüísticos;

-Informa periódicamente a la opinión pública sobre cuestiones de actualidad en el campo de las relaciones interétnicas y lingüísticas en el país.

229.La Oficina de Relaciones Interétnicas coordina las actividades relativas a la aplicación en Moldova del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

Servicio estatal para los asuntos religiosos del Gobierno de Moldova

230.El Servicio estatal para los asuntos religiosos supervisa las relaciones del Estado con todos los credos, las comunidades y las asociaciones religiosas del país. Los principales cometidos del Servicio son elaborar y aplicar la política del Estado en relación con las actividades religiosas, supervisar la situación de las cuestiones religiosas, controlar la aplicación de la Ley sobre la religión, elaborar y llevar a cabo los programas de asistencia pública a las instituciones para la aplicación de la ley, promover proyectos de mejora legislativa, contribuir al desarrollo espiritual de los ciudadanos, velar por la efectividad de las garantías constitucionales de libertad de pensamiento, conciencia y opinión y velar por que se den las condiciones y haya posibilidades para poder profesar una religión, proporcionar lugares de culto adecuados, fomentar la participación de las instituciones religiosas registradas en los movimientos y foros religiosos y jurídicos internacionales, entablar relaciones con los centros religiosos internacionales y organizaciones religiosas extranjeras, y mantener la colaboración internacional en los asuntos de su competencia.

Centro de Derechos Humanos

231.El Centro de Derechos Humanos de Moldova (CDHM) es una institución nacional e independiente integrada por defensores parlamentarios (defensores del pueblo) y su personal auxiliar, que les prestan apoyo organizativo, de investigación, jurídico, financiero, económico y de otros tipos. El CDHM examina denuncias de violaciones de derechos individuales o de intereses jurídicos, y contribuye a la reforma de la legislación nacional y a su adecuación a los instrumentos jurídicos internacionales, así como a la educación e información jurídica de la población. Los defensores parlamentarios garantizan la observancia de los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos por los organismos, instituciones, organizaciones y empresas de la administración central y de las administraciones locales -independientemente de su tipo de titularidad-, asociaciones públicas y funcionarios de todos los niveles. Los defensores parlamentarios contribuyen a que los ciudadanos cuyos derechos hayan sido vulnerados puedan obtener reparación, al mejoramiento de la legislación para la protección de los derechos humanos y a la sensibilización de la población sobre las cuestiones jurídicas. Los defensores parlamentarios examinan las quejas presentadas por los ciudadanos, los nacionales extranjeros y los apátridas que residen permanente o temporalmente en Moldova cuyos derechos e intereses reconocidos por la ley hayan sido vulnerados en el país. Cuando se dispone de información fehaciente sobre vulneraciones graves o repetidas de derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos; en los casos de vulneraciones notorias desde el punto de vista social o cuando es necesario proteger los intereses de las personas incapaces de hacer uso de sus propios medios jurídicos de protección, el defensor parlamentario está facultado para actuar de oficio y tomar medidas, dentro de sus atribuciones. No se han registrado denuncias de infracción del artículo 6 de la Convención por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, idioma o religión.

Aplicación del artículo 7 de la Convención

232.De conformidad con la Ley de educación, la política educativa del Estado se basa en los principios de humanización, accesibilidad, adaptabilidad, creatividad y diversidad. El proceso educativo es democrático y humano, abierto y flexible, formativo y estimulador del desarrollo y se basa en valores universales y nacionales. La enseñanza pública es laica y no admite ninguna discriminación por motivos de pertenencia a un partido, ideología, raza o nacionalidad. Uno de los principales objetivos de la enseñanza es el desarrollo armonioso y libre de la persona y la formación de una personalidad creativa que pueda adaptarse a los constantes cambios de la vida. La educación persigue los objetivos siguientes:

-Desarrollar al máximo la personalidad del menor, así como su capacidad y aptitudes físicas y espirituales;

-Fomentar el respeto de los derechos y las libertades de las personas, con independencia de su origen étnico o religión -los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

-Preparar al menor para las responsabilidades que entraña la vida en una sociedad libre animado por un espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre hombres y mujeres y cooperación entre los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos;

-Fomentar el respeto por los valores humanos, sociales, culturales, morales y nacionales;

-Promover la aceptación de los valores democráticos de la tolerancia y el diálogo intercultural;

-Hacer que el niño se familiarice con los valores literarios nacionales y universales;

-Hacer que el menor se familiarice con los derechos humanos y el principio de igualdad entre las naciones;

-Fomentar el respeto por los valores y la tolerancia de todas las razas, nacionalidades, religiones y modos de vida, promoviendo el interés por la calidad de la vida social, la cooperación y la equidad; y

-Fomentar la identidad nacional y cultural, así como la tolerancia y el interés por los valores literarios de otros pueblos.

233.Los estudiantes se educan en el espíritu de las obligaciones cívicas fundamentales consagradas en la Constitución con el objetivo de afianzar su adhesión al Estado y la soberanía de Moldova y el cumplimiento consciente de sus obligaciones.

234.Desde el inicio del curso académico 2000-2001, en el plan de estudios de los grados 5 a 9 figura la materia de educación cívica. En esta asignatura se proporcionan enseñanzas sobre la ciudadanía en la vida contemporánea: derechos humanos y libertades fundamentales, valores humanos y democráticos generales, responsabilidad de los actos sociales y cultivo del orgullo cívico. La asignatura de educación cívica permite a los alumnos adquirir mayores conocimientos en varias esferas: derechos humanos y libertades fundamentales, los principios que rigen las relaciones entre los distintos grupos y en el seno de un grupo una sociedad democrática. Una vez formado, el alumno podrá vivir en su comunidad promoviendo y protegiendo los derechos humanos en distintos niveles. El alumno tendrá que demostrar respeto por los valores y las instituciones democráticas, responsabilidad en sus decisiones y actos y tolerancia hacia los distintos grupos de personas. En cada uno de los niveles de la asignatura se imparten a los estudiantes las siguientes enseñanzas:

-Quinto grado: diferencias y similaridades entre los seres humanos, y carácter único del ser humano;

-Relaciones interpersonales (familia, amigos, compañeros y vecinos);

-Sexto grado: unidad y diversidad, tolerancia y compasión;

-Séptimo grado: el principio de comunicación y colaboración en el seno de un grupo (empatía, tolerancia y corrección);

-Prejuicios y estereotipos -demostraciones y resultados; conflictos (motivos, tipos, actitudes y formas de superarlos);

-Normas de vida en una sociedad democrática (tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso);

-Normas en materia de derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, etc.;

-Octavo grado: los derechos de los ciudadanos de Moldova en el contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño;

-Los límites de las libertades individuales;

-Las responsabilidades de los ciudadanos;

-Noveno grado: comunicación eficaz y función del intercambio de opiniones;

-Mecanismos internos para la protección de los derechos humanos (entre otros, las instancias judiciales y los defensores parlamentarios).

235.En Moldova se organizan con frecuencia actividades culturales para mostrar la diversidad etnocultural del Estado, promover la tolerancia y fortalecer la unidad del Estado multiétnico. Todos los grupos étnicos participan en el Festival Étnico que se celebra en la capital y en otras regiones del país. También se desarrollan otras actividades culturales en las que participan todos los grupos étnicos. En las bibliotecas se organizan exposiciones de libros con el lema "Cultura y tradiciones de nuestros compatriotas". Periódicamente se organizan mesas redondas, seminarios y conferencias sobre las relaciones interétnicas en las que participan representantes de los distintos grupos étnicos, funcionarios del Estado y representantes de las organizaciones internacionales.

236.La televisión pública, Telerradio-Moldova, y otras cadenas emiten programas en idioma moldovo y en las lenguas de los grupos étnicos. En esos programas se reflejan las distintas preocupaciones de las minorías nacionales que viven en un Estado multiétnico. Los programas aspiran a dar a conocer la vida de los distintos grupos étnicos, y a fomentar la conservación de las identidades de distintos grupos étnicos, las actividades de las asociaciones culturales y la promoción de la tolerancia. Los problemas relacionados con las relaciones interétnicas se tratan en los medios de comunicación y en publicaciones especiales. La Oficina de Relaciones Interétnicas, las autoridades públicas y las asociaciones públicas se sirven de los medios de comunicación para promover la tolerancia, la diversidad étnica y lingüística y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos con independencia de su origen nacional o creencias religiosas.

Aplicación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales en Moldova

237.El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales es un instrumento internacional que reviste una gran importancia para Moldova. El Gobierno de Moldova ratificó el Convenio el 22 de octubre de 1996.

238.El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales exige a las Partes que garanticen a las personas que pertenecen a esas minorías el derecho de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley. A este respecto, está prohibida toda discriminación basada en la pertenencia a una minoría nacional.

239.El 20 de junio de 2000, el Gobierno de Moldova presentó el informe del Estado correspondiente al primer ciclo de supervisión de la aplicación del Convenio Marco. El Comité Consultivo del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales realizó una visita a Moldova del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2001. El Comité Consultivo aprobó su dictamen en mayo de 2002. En octubre de 2002, el Gobierno presentó sus observaciones sobre el dictamen del Comité Consultivo. El 15 de enero de 2003, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la resolución ResCMN (2003)4 relativa a la aplicación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales por Moldova.

240.Según la resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, Moldova había hecho esfuerzos encomiables por establecer un marco jurídico e institucional para la protección de las minorías nacionales y había demostrado claramente su voluntad de aplicar en la práctica el Convenio Marco, especialmente en relación con la educación y la cultura. Las deficiencias mencionadas en relación con la aplicación con ese Convenio, se centraban en particular en los aspectos siguientes:

-Deficiencias y dificultades, en particular tratándose de personas pertenecientes a minorías nacionales desfavorecidos o reducidas en esferas como el acceso a los medios de comunicación, la participación en los asuntos públicos y el uso de los idiomas minoritarios.

-La necesidad de llevar a cabo sin mayor dilación los cambios legislativos exigidos por la Ley orgánica aprobada en 2001, previa consulta a las personas afectadas. Es esencial proporcionar, por medio de la aplicación de la legislación en la materia, una protección adecuada a las personas pertenecientes a todas las minorías nacionales, con independencia de sus identidades y culturas, en particular a las pertenecientes a minorías desfavorecidos y reducidas.

-Aunque se observa en la sociedad de Moldova un espíritu de tolerancia y de diálogo interétnico, se han producido tensiones en relación con la política lingüística del Gobierno. Para evitar todo tipo de manifestaciones de intolerancia lingüística, resulta esencial promover un planteamiento equilibrado de estas cuestiones, teniendo en cuenta los intereses legítimos de todas las minorías nacionales, así como de la mayoría.

-A la vista de los importantes desequilibrios en el acceso y la presencia en los medios de comunicación de las distintas minorías nacionales, es importante que en esa esfera el Gobierno proporcione un mayor apoyo a las minorías nacionales desfavorecidas, en particular a la minoría ucrania.

-En el campo de la educación, resulta fundamental consultar a los representantes de las distintas minorías nacionales a fin de atender debidamente a sus necesidades específicas y velar por que accedan en pie de igualdad a los recursos disponibles. Debe prestarse especial atención a las minorías numéricamente más pequeñas y a las que no pueden disfrutar del apoyo de un Estado con población afín.

-Pese a algunas iniciativas recientes llevadas a cabo por las autoridades, la aplicación del Convenio Marco no ha obtenido todo el éxito que cabía esperar en relación con los romaníes. Urge tomar medidas para eliminar las manifestaciones de discriminación y las graves dificultades socioeconómicas a las que hacen frente algunos romaníes, y fomentar su integración en la sociedad moldova.

241.El Comité de Ministros recomendó a Moldova que tuviese debidamente en cuenta las conclusiones enunciadas en el capítulo I supra, junto las distintas observaciones formuladas en el dictamen del Comité Consultivo. En él se invitaba al Gobierno de Moldova a proseguir el diálogo entablado con el Comité Consultivo y a mantener informado periódicamente a dicho Comité sobre las medidas adoptadas respecto de las conclusiones y las recomendaciones enunciadas.

242.Del 12 al 15 de octubre de 2004, el Comité Consultivo del Consejo de Europa visitó la República de Moldova en su segundo ciclo de supervisión de la aplicación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales en Moldova.

243.Con arreglo a las observaciones finales del Comité Consultivo, desde la aprobación del primer dictamen de dicho Comité en marzo de 2002 y la resolución del Comité de Ministros en enero de 2003, Moldova había seguido prestando la debida atención a la protección de las minorías nacionales.

244.Sobre la base de la Ley de minorías nacionales de 2001, Moldova intentó mejorar y ampliar el marco jurídico en la materia y llevó a cabo actividades para apoyar a las minorías nacionales en las esferas de la cultura y la educación. Prosiguió el diálogo con las personas pertenecientes a minorías nacionales, en el que la Oficina de Relaciones Interétnicas desempeñó un papel especialmente positivo. Se consultó y se recabó la participación de las minorías nacionales en estos procesos, en particular en las reformas, completadas o pendientes, de la legislación de Moldova.

245.En el momento de la aprobación del primer dictamen del Comité Consultivo, el clima de las relaciones interculturales en la sociedad de Moldova era sumamente tenso. Desde entonces la situación ha mejorado y en la actualidad se ha llegado a un mayor nivel de tolerancia y de comprensión mutua.

246.El censo de población de octubre de 2004 representa un avance positivo, que podría facilitar y controlar la situación de las personas pertenecientes a las minorías nacionales y promover políticas más eficaces en esa esfera.

247.En el dictamen del Comité Consultivo se destacaban los motivos de preocupación siguientes:

-La cuestión de Transnistria sigue siendo grave, sobre todo porque el conflicto tiene repercusiones en muchos aspectos, tanto políticos como de otro tipo, que son importantes para toda la población de Moldova, como el mantenimiento de la tolerancia y la cooperación interétnica, la estabilidad del país, su integridad territorial y la soberanía nacional.

-Además de la cuestión de Transnistria, se han hecho esfuerzos en la mayoría de los sectores pertinentes en Moldova. Sin embargo, la aplicación de las garantías establecidas por la legislación sobre la protección de las minorías nacionales sigue planteando problemas. Las dificultades se deben a que las autoridades no se ocupan debidamente de la situación, los recursos son inadecuados y, en algunos casos, se observa una falta de voluntad política, en particular en el plano local.

-Las medidas tomadas para apoyar la conservación y la promoción de las culturas, idiomas y tradiciones de las minorías nacionales no están aún a la altura de las expectativas de los representantes de dichas minorías.

-En los centros escolares las culturas y las tradiciones de las minorías nacionales siguen teniendo una presencia insuficiente. Además, la cobertura por los medios de comunicación de la diversidad y las relaciones étnicas sigue siendo, por lo general, insatisfactoria. Por otra parte, las medidas tomadas para lograr un uso más equilibrado de los distintos idiomas minoritarios en los centros culturales como en los medios de comunicación y en las relaciones con la administración no han dado los resultados esperados, aunque se han producido algunos avances. Hay algunos idiomas, en particular el ucranio, que no se usan suficientemente en esas esferas.

-Persisten los problemas en cuanto a la tolerancia y el diálogo intercultural, en particular, con las actitudes observadas en la sociedad moldova, especialmente en la policía y en los medios de comunicación, respecto de los romaníes y de las comunidades con religiones distintas de las tradicionales.

248.Persisten las deficiencias en la participación de las personas que pertenecen a minorías nacionales en los asuntos públicos. En particular, esas personas no están representadas suficientemente entre los funcionarios.

-Las circunstancias en las que se encuentran muchos romaníes siguen suscitando preocupación desde el punto de vista de la igualdad y la discriminación, así como de la participación efectiva en la vida socioeconómica de la sociedad moldova, y su presencia en la educación y los puestos de responsabilidad.

249.El Comité Consultivo recomendó a Moldova que:

-Examinase los problemas que persisten en la aplicación de la Ley de derechos de las minorías nacionales y otras leyes que rigen la protección de dichas minorías y tomase las medidas necesarias para velar por su aplicación en la práctica en los planos central y local;

-Atendiese de manera más adecuada las necesidades culturales de las personas pertenecientes a minorías nacionales;

-Prosiguiese sus esfuerzos para luchar contra la discriminación y para promover la tolerancia y el diálogo intercultural, mejorando la supervisión y el cumplimiento de la ley; además, había que lanzar una campaña más ambiciosa de sensibilización dirigida, en particular, a la policía y los medios de comunicación;

-Prosiguiese sus esfuerzos para lograr un uso más equilibrado de los idiomas minoritarios, en particular el ucranio y los de otras minorías, en las esferas de la educación, los medios de comunicación y las relaciones con las administraciones;

-Prestase más atención a la calidad de la enseñanza impartida a las personas pertenecientes a minorías nacionales, en particular la enseñanza del idioma oficial del Estado;

-Se asegurase de que hubiese libros de texto adecuados y tomase medidas adicionales en relación con la formación de los docentes para ampliar la enseñanza de los distintos idiomas minoritarios y en esos idiomas;

-Tomase nuevas medidas para fortalecer el aspecto intercultural y multicultural de la educación;

-Redoblase los esfuerzos tanto en la práctica como en el terreno jurídico a fin de incrementar y mejorar la participación de las personas pertenecientes a minorías nacionales en los asuntos públicos, en particular la de las minorías reducidas y con especial atención al caso de los romaníes;

-Prestase una mayor atención política a encontrar soluciones concretas a los problemas de los romaníes, en particular los socioeconómicos y educativos y, al respecto, tomase medidas prácticas más decididas en los planos central y local.

250.Las recomendaciones del Comité Consultivo se hicieron llegar a todas las autoridades del caso. Tras la aprobación de la resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el Gobierno de Moldova se esforzará por hacer los ajustes necesarios para mejorar la aplicación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.

251.El informe de la República de Moldova sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial fue preparado por la Oficina de Relaciones Interétnicas basándose en la información presentada por la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Economía y Comercio, la Oficina Nacional para la Migración, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, el Ministerio de Cultura y Turismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Desarrollo de la Información, el Servicio estatal para los asuntos religiosos, la Fiscalía General, el Consejo de Coordinación de Radiotelevisión, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la televisión pública estatal Telerradio‑Moldova, el Ministerio de Reintegración, el CDHM y las asociaciones etnoculturales de las minorías nacionales.

252.En el presente informe no se recogen los datos sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en las regiones orientales de Moldova (Transnistria), toda vez que la integridad territorial del país no ha sido restaurada aún. Por ello, la región de la ribera izquierda del río Nistru no está bajo el control de las autoridades de Moldova. A menos que se diga lo contrario, todas las referencias que se hacen en el presente informe se refieren al resto del país.

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