Comité contra la Tortura

Séptimo informe periódico que Nueva Zelandia debía presentar en 2019 en virtud del artículo 19 de la Convención con arreglo al procedimiento simplificado de presentación de informes * **

[Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2019]

I.Introducción

1.Nueva Zelandia se complace en presentar su séptimo informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en respuesta a la lista de cuestiones de fecha 9 de junio de 2017 que el Comité presentó antes del informe periódico.

2.Nueva Zelandia está firmemente decidida a proteger los derechos humanos. Somos un país pequeño que se enorgullece de sus contribuciones y logros en esta materia. No obstante, siempre hay posibilidades de mejora y valoramos la colaboración con otros países y organismos internacionales para brindar una mejor protección en materia de derechos humanos.

3.Antes de iniciar la redacción del informe, se celebraron reuniones abiertas con la sociedad civil en las que el Gobierno consultó al público sobre el proyecto de informe en 2019. Los temas planteados durante esas reuniones incluyeron el sistema de justicia penal, las condiciones en los establecimientos penitenciarios y la violencia en la familia.

4.El informe está organizado según la lista de cuestiones. Los datos principales figuran en el cuerpo del informe. En los apéndices se incluye información más detallada.

Resumen de los hechos más importantes

5.Entre las modificaciones legislativas y de otra índole introducidas desde el último informe periódico se incluyen las siguientes:

Hāpaitia te Oranga Tangata, el Programa de Justicia Segura y Eficaz, que comenzó en 2018 y tiene por objeto reformar el sistema de justicia penal.

Intensificación de las acciones para luchar contra la violencia de género.

Modificaciones a las responsabilidades del Mecanismo Nacional de Prevención en 2018.

Nuevas incumbencias de la Inspección General.

Apoyo a la Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura en 2018.

Apoyo al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Investigaciones a gran escala sobre abusos históricos bajo la tutela del Estado, el sistema de salud mental y las actividades militares en el Afganistán.

Aumento de la cuota de refugiados de 750 a 1.500 por año a partir de 2020/21; además, entre 2015/16 y 2017/18, los refugiados sirios cubrieron 600 plazas adicionales.

Creación de un nuevo organismo de relaciones entre la Corona y la comunidad maorí, Te Arawhiti (El puente), para mejorar las aportaciones de dicha comunidad en todas las carteras.

Formación de un Grupo Internacional de Gobernanza de los Derechos Humanos para liderar la labor intergubernamental de presentación de informes sobre derechos humanos.

Establecimiento del Oranga Tamariki, el Ministerio de la Infancia, con un modelo operativo centrado en la infancia y un mayor énfasis en las necesidades de los niños y las niñas maoríes.

Primeras condenas por trata de personas.

II.Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención

Artículos 1 y 4

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones (CAT/C/NZL/QPR/7)

Incorporación en la legislación nacional

Protección de los derechos humanos en nuestra Constitución

6.Nueva Zelandia no tiene una constitución escrita unificada. Nuestra Constitución se basa en una serie de fuentes que incluyen ciertas leyes, el common law, el Tratado de Waitangi/Te Tiriti o Waitangi (nuestro documento fundacional, el acuerdo de 1840 entre la comunidad maorí y la Corona Británica), las convenciones constitucionales, las costumbres parlamentarias y el derecho internacional consuetudinario. La Ley de Derechos Humanos de 1993, la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de 1990 (NZBORA) y la Ley sobre los delitos de tortura de 1989 promueven y protegen los derechos humanos.

7.La Ley de Derechos Humanos de 1993 prohíbe la discriminación en Nueva Zelandia. En ella también se describen las funciones de la Comisión de Derechos Humanos —nuestra institución nacional en la materia— y del Tribunal de Revisión de Derechos Humanos.

8.La Ley de la Carta de Derechos Fundamentales establece las obligaciones en materia de derechos civiles y políticos dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 9 prohíbe la tortura y otros tratos crueles, lo cual es un reflejo de las disposiciones de la Convención contra la Tortura. El artículo 23 5) establece que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Están en estudio nuevas propuestas legislativas para el cumplimiento de los derechos y las libertades que establece la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales (para más información, véase el párrafo 13 de nuestro informe anterior).

9.La Ley de Delitos de Tortura prohíbe todo acto de tortura contra otra persona dentro o fuera del territorio de Nueva Zelandia. Las penas por tortura (incluidas la tentativa, la asistencia, la colaboración y la incitación), son comparables a las estipuladas para otros delitos graves como las lesiones corporales graves y la tentativa de violación sexual.

Novedades en el ámbito constitucional

10.El Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Nueva Zelandia es una herramienta en línea desarrollada por el Consejo de Derechos Humanos para registrar las recomendaciones del examen periódico universal y supervisar los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones.

11.En 2018, el Tribunal Supremo confirmó que los tribunales están facultados para declarar la incompatibilidad de la legislación con la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales. Si bien esta declaración no afecta la validez de la legislación, puede contribuir a fortalecer la protección de los derechos humanos; además, de este modo, el Parlamento podrá conocer si los tribunales consideran que una ley es incompatible con los derechos humanos. En 2019, el Gobierno avanzará en la modificación de las leyes para garantizar una respuesta eficaz a las posibles declaraciones judiciales de incompatibilidad.

12.En 2018, el Gobierno estableció un organismo autónomo para fortalecer la colaboración entre la comunidad maorí y el Gobierno (Te Arawhiti, Oficina de Relaciones entre la Corona y los Maoríes).

13.No se ha previsto ninguna medida para revisar el ordenamiento constitucional.

Jurisprudencia

14.No es habitual que en los fallos se incluyan referencias a la Convención, pues, por lo general, la justicia cita las disposiciones equivalentes de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Supremo examinó la Convención en la causa Vogel v. Attorney-General [2014] NZSC 5, relativa al aislamiento prolongado en prisión (véase el párrafo 0). Entre los ejemplos en los que se ha aplicado a Ley de la Carta de Derechos Fundamentales se incluyen:

S v. NZ Police (2018): violación del artículo 23 5), derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas con dignidad por la policía (véase el párrafo 0).

R v. Harrison [2016] NZCA 381: derecho a no ser sometido a tratos o penas desproporcionadamente severos (artículo 9) que afectan la interpretación de una ley.

Taylor v. Attorney-General [2018] NZHC 2557: el tribunal concedió 1.000 dólares a cada persona privada de la libertad en compensación por la violación de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales al haberlas sometido a un registro corporal sin ropa indebido.

Artículo 2

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

Derechos de las personas detenidas

15.El artículo 23 de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales exige que todas las personas privadas de la libertad sean informadas, en el momento de su detención, de sus derechos y de las acusaciones que pesan en su contra, entre otros:

Ser notificadas de los motivos

Consultar a un abogado sin demora

Ser imputadas sin demora de un delito o ser puestas en libertad

Comparecer sin demora ante un tribunal

Ser tratadas con humanidad y respeto

16.Los agentes de policía de primera línea llevan consigo una tarjeta en la que está inscrito el texto de información sobre derechos que deben leer en voz alta a la persona que detienen o interrogan, cuando existen pruebas suficientes para imputarla de un delito. Las instrucciones policiales (que se entregan a cada agente) tienen por objeto velar por que el personal policial conozca sus obligaciones legales y las normas que se espera que cumplan. Las instrucciones incluyen la política operacional que el personal debe respetar al informar a la persona privada de su libertad de sus derechos mientras permanece detenida. Dicha actuación queda registrada con la firma de ambos en el formulario de “Notificación a la persona detenida”. Véase más información en los párrafos 17 a 24 de nuestro informe anterior.

17.En las residencias del Oranga Tamariki, las reglas deben comunicarse en forma apropiada conforme a la edad de cada niño, niña o adolescente, a su cultura, idioma y capacidad de comprensión. En todos los servicios residenciales deberá exhibirse públicamente una copia de las reglas y del procedimiento de presentación de denuncias. Cada niño, niña o adolescente recibe información por escrito sobre:

Qué esperar del organismo

Los derechos y deberes, incluidas las denuncias

Las reglas específicas de la residencia

Los reglamentos de atención residencial y otros instrumentos normativos (copias a petición)

18.Las Normas Nacionales de Atención entraron en vigor en julio de 2019. Establecen normas vinculantes para niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Estado e incluyen una versión de la Declaración de Derechos adaptada a niños, niñas y adolescentes.

19.El Código de Derechos de los Usuarios de Servicios de Salud y Discapacidad establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud y discapacidad, y las obligaciones y los deberes de los proveedores de dichos servicios. Los usuarios tienen derecho a una comunicación efectiva en una forma, un idioma y una manera que les permita comprender la información facilitada. El Comisionado de Salud y Discapacidad ofrece sesiones y material educativo para ayudar a los proveedores de servicios a comprender sus responsabilidades en virtud del Código. El Gobierno acepta la necesidad de crear conciencia sobre los derechos del consumidor, que incluyen el derecho a un trato respetuoso, a la dignidad, a la independencia, y a estar plenamente informado. En mayo de 2019, el Gobierno aceptó, en principio, la recomendación de He Ara Oranga: Informe sobre la salud mental y la adicción de instruir al Comisionado de Salud y Discapacidad a poner en marcha las iniciativas encaminadas a fomentar el respeto y la observancia del Código por parte de los proveedores.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

Mecanismo Nacional de Prevención

20.La estructura, las responsabilidades y los procesos presupuestarios del Mecanismo Nacional de Prevención han sido descritos en nuestro informe anterior. No hubo cambios en la estructura básica ni en la legislación. Los cinco Mecanismos Nacionales de Prevención son independientes del Gobierno y de los organismos que supervisan, y trabajan con eficiencia en conjunto: colaboran entre ellos en las visitas a los sitios, comparten las mejores prácticas y trabajan mancomunadamente en temas compartidos. Los informes anuales del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se presentan en el Parlamento.

Modificaciones a las atribuciones

21.En 2018, el Ministro de Justicia modificó las atribuciones de los Mecanismos Nacionales de Prevención para asegurar que sigan siendo apropiadas para su propósito. Entre las atribuciones del Defensor del Pueblo, se incluyó expresamente la de detención en centros privados para personas mayores y en los calabozos de los juzgados. Para ejercer estas nuevas facultades, el Defensor del Pueblo recibirá una asignación de fondos adicional a lo largo de tres años. Se introdujeron otras pequeñas modificaciones a fin de aclarar el alcance de las atribuciones.

Financiación

22.Al igual que muchos otros organismos financiados por el gobierno, los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) deben operar en un entorno de restricción financiera.

Financiación de los Mecanismos Nacionales de Prevención 2017/18

	Financiación para todas las funciones (en dólares)	Crédito por Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (en dólares)
Comisión de Derechos Humanos	Aprox. 10 millones	Aprox. de 5.000 a 10.000 dólares para costos operativos que no incluyen los gastos de personal (no se presupuestan por separado)
Defensor del Pueblo	16,725 millones	1.127.000 (para “vigilancia de personas detenidas”)
Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial	4,2 millones	55.000 (pero véase el párrafo 23)
Oficina del Comisionado de la Infancia	2.657.000 dólares (incluye 500.000 dólares por única vez)	No hay créditos consignados específicos
Inspector de Establecimientos de Servicios Penitenciarios	n. a.	Ejerce funciones en el marco del presupuesto general como Secretario del Tribunal Militar

23.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial ha recibido un aumento global de su financiación básica de 481.000 dólares para el ejercicio 2018/19. La Dirección había solicitado un aumento de 75.000 dólares para el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, en el aumento concedido, no se especifica que una parte esté asignada al Protocolo Facultativo y la Autoridad no hace presupuestos internos para las actividades que realiza en virtud de dicho Protocolo.

Actividades seleccionadas

24.Los Mecanismos Nacionales de Prevención supervisan periódicamente los lugares de detención. Entre julio de 2017 y junio de 2018, la Oficina del Comisionado de la Infancia hizo 12 visitas de seguimiento a las residencias del Oranga Tamariki con arreglo al Protocolo Facultativo del Comité contra la Tortura. La Oficina del Comisionado y el Defensor del Pueblo hicieron también visitas conjuntas de seguimiento a las tres dependencias para madres y lactantes dentro de las cárceles.

25.El Defensor del Pueblo ha sido designado como Mecanismo Nacional de Prevención encargado de las personas detenidas (en unos 110 lugares de detención). Durante el período 2017/18, el Defensor del Pueblo realizó 39 visitas, incluidas 12 inspecciones oficiales. El Inspector de Centros de Servicios Penitenciarios realizó dos visitas, sin previo aviso, al centro de detención militar. Debido a que hay 400 centros policiales, el Inspector de Centros de Servicios Penitenciarios aprovecha, durante sus actividades ordinarias, a inspeccionar los centros sin previo aviso. Asimismo, realiza auditorías de los registros de detención policial y trabaja con la policía para elaborar normas adecuadas y supervisar su aplicación. En 2018/19, el Inspector emprendió un programa de inspecciones detalladas de las 32 dependencias de detención policial en las que actualmente pernoctan las personas detenidas.

26.Además de los informes de inspección, los Mecanismos Nacionales de Prevención también publicaron informes temáticos, entre ellos:

He Ara Tika: Un camino por delante (2016). Informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el Protocolo Facultativo de la Comisión contra la Tortura y los centros de atención para personas mayores y discapacitadas (financiado a través del proyecto de Embajadores para la Prevención de la Tortura).

Pensar ideas innovadoras (2017). Informe preparado por el Dr. Shalev sobre el uso de los métodos de aislamiento y las prácticas de restricción (informe preparado a instancias del Consejo de Derechos Humanos, que contó con el apoyo del fondo especial del Protocolo Facultativo de la Comisión contra la Tortura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)).

Una cuestión de restricción (2017). Informe del Defensor del Pueblo en jefe sobre el cuidado de los reclusos que corren el riesgo de autolesionarse.

Esta no es mi casa (2018). Recopilación de ensayos del Consejo de Derechos Humanos sobre la asistencia residencial de las personas mayores.

Estado del Cuidado (2017). Informe de la Oficina del Comisionado de la Infancia sobre las residencias seguras.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

Violencia de género

27.Nuestros índices de violencia de género son altos.

Investigaciones sobre violencia en la familia

	2014	2015	2016	2017	2018
Total de investigaciones sobre violencia en la familia	101 465	110 129	118 923	121 753	132 978
Se registró por lo menos un delito	37 194	38 340	41 128	39 680	37 450
No se ha registrado ningún delito	64 271	71 789	77 795	82 073	95 528

Enjuiciamientos y condenas por delitos de agresión de mujeres por hombres, 2013‑2018

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Número de enjuiciamientos iniciados	4 113	4 134	4 692	4 792	4 745
Número de condenas	2 980	2 869	3 292	3 322	3 288
Tasa de enjuiciamientos (porcentaje)	72	69	70	69	69

28.Entre 2014 y 2017, se estableció un grupo ministerial sobre la violencia familiar y sexual con el fin de elaborar una serie de medidas encaminadas a mejorar en forma significativa las respuestas a la violencia de género. En 2017, se publicó el Marco de Gestión y Evaluación de Riesgos del Grupo de Trabajo de Violencia en la Familia.

29.En 2017, se creó el cargo político de Subsecretario Parlamentario del Ministro de Justicia (Violencia Doméstica y Sexual). El Subsecretario dirige un grupo de ministros que coordina el trabajo intergubernamental, articula la colaboración del Gobierno con la comunidad y supervisa las mejoras operativas.

30.En 2018, el Gobierno anunció la creación de una empresa conjunta, integrada por los directores generales de todo el sector público, para aplicar un enfoque integrado a la violencia en la familia y la violencia sexual. La empresa conjunta elaboró un programa único para el Presupuesto 2019 con miras a alinear y priorizar los recursos gubernamentales y está preparando una estrategia y un plan de acción nacionales sobre la violencia en la familia y la violencia sexual.

31.En el presupuesto de 2017/18, se asignó una partida significativa a la lucha contra la violencia: se asignaron 76 millones de dólares adicionales en cuatro años en servicios sociales esenciales para trabajar con familias afectadas por la violencia en el entorno familiar. Además, los servicios vinculados al abuso sexual y su tratamiento recibieron una asignación adicional de 7,5 millones de dólares durante cuatro años para tratamientos médicos, servicios forenses y derivaciones. Estos fondos adicionales provinieron del aumento de la financiación de 46 millones de dólares durante cuatro años prevista en el presupuesto 2016/17 destinada a servicios especializados para las víctimas y los autores de delitos.

32.En 2019, el Gobierno asignó 320 millones de dólares, a lo largo de cuatro años, para iniciativas y servicios destinados a hacer frente a la violencia en la familia y la violencia sexual.

Legislación

33.La nueva Ley de Violencia en la Familia entró en vigor en 2019. Su objetivo es prevenir, identificar y abordar la violencia en la familia mediante:

Una respuesta más integrada a la violencia en la familia, en particular a través de la mejora de la capacidad de acceso a los servicios y las evaluaciones de riesgos y necesidades, los códigos de prácticas y las nuevas disposiciones sobre el intercambio de información.

La mejora de la accesibilidad y la eficacia de la protección y las órdenes policiales de seguridad.

La mejora de la respuesta de la justicia, entre otras cosas, mediante la tipificación de tres nuevos delitos y un registro más preciso de la violencia en la familia.

34.En 2018, el Parlamento aprobó la Ley de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica de 2018. La Ley permite a las víctimas de la violencia en la familia tomar un nuevo tipo de licencia en su empleo, distinta de la licencia de enfermedad y la licencia anual, para ayudarlas a atravesar las situaciones de violencia o para hacer frente a las consecuencias de los actos de violencia que sufrieron o aún siguen sufriendo. El Gobierno ha anunciado los cambios legislativos previstos, que se presentarán al Parlamento en 2019, para reducir la revictimización que las víctimas de violencia sexual pueden sufrir en los juicios penales.

Iniciativas impulsadas por la policía

35.En el marco del Programa Familia Más Segura (Safer Whānau), la policía, en asociación con la comunidad maorí, los grupos comunitarios y otros organismos, trabaja para ayudar a nuestras comunidades vulnerables y desfavorecidas.

36.Los cambios en las prácticas y la formación de la policía tienen por objeto prevenir victimizaciones y delitos. La policía estará capacitada para reconocer con anticipación los patrones de daño y las circunstancias adversas y adoptar una visión holística de las cuestiones que se suscitan dentro de la familia (whānau). La policía también introdujo nuevas medidas de riesgo y un modelo de respuesta gradual de acciones de seguridad, incluido un plan de seguridad esencial.

37.La policía diseñó una aplicación destinada a investigar daños en el entorno familiar, OnDuty, para ayudar a los agentes a reunir información, determinar si se han producido delitos e identificar problemas de seguridad. La policía terminó de probar un sistema de entrevistas filmadas en el lugar de los hechos a las víctimas de violencia con el fin de mejorar la calidad de las pruebas y reducir la revictimización. Las entrevistas en video se implementarán en toda Nueva Zelandia.

38.La policía está probando un nuevo modelo de respuesta a la violencia en la familia, llamado Whāngaia Nga Pa Harakeke, en el que la policía y los trabajadores comunitarios trabajan juntos tras atender al incidente inicial. La evaluación de este modelo, que está en curso, muestra señales prometedoras de reducción de la reincidencia y la victimización.

39.En 2016, se presentó en dos distritos un nuevo modelo de respuesta integrada en materia de seguridad. El modelo multiinstitucional tiene por objeto mejorar la respuesta ante episodios de violencia en la familia y la puesta en libertad de presos de alto riesgo. Para ello, se emplea un sistema eficiente de intercambio de información, evaluaciones de riesgo, planificación de la seguridad y asistencia centrada en la familia. La evaluación del primer año dio resultados alentadores. Se están probando los sistemas de alarma de proximidad.

40.En 2015, la policía puso en marcha el Plan de Divulgación de Información sobre Violencia Familiar para que una persona pueda tener acceso a la información sobre los actos de violencia cometidos anteriormente por su pareja. La divulgación, que tiene por objeto la prevención de daños, puede hacerse previa solicitud o como medida preventiva.

Mejora de la recopilación de datos

41.Los datos sobre la violencia en la familia y la violencia sexual proceden de los estudios nacionales sobre la delincuencia llevados a cabo en 2006, 2009 y 2014. Estos estudios ayudan a evaluar la prevalencia de la violencia en la familia, pues solo se denuncia a la policía cerca del 24 % de los delitos. El estudio fue luego rediseñado con el objetivo de compilar datos más exhaustivos, como la relación entre las víctimas y los perpetradores, y en la actualidad tiene una periodicidad anual.

42.Se han realizado evaluaciones para generar datos de referencia sobre la experiencia de las víctimas de violencia sexual en el sector judicial y para establecer la eficacia de los programas orientados a las víctimas y los autores de los delitos.

Servicios adicionales para las víctimas

43.Se han hecho importantes inversiones en los servicios para las víctimas, en particular el servicio especializado para situaciones de crisis y apoyo psicosocial a las víctimas de violencia sexual. Se dispone de servicios médicos completos, incluido el servicio de orientación; además, a partir de 2018, se puso en marcha una nueva línea de ayuda para las víctimas de violencia sexual. Véase información más detallada sobre los derechos de las víctimas en el párrafo 0.

44.Los Programas Tu Whānau y Pasifika Proudestán orientados a los pueblos maoríes y del Pacífico y se basan en el fortalecimiento familiar; están dirigidos a dar respuestas culturalmente apropiadas a la violencia. La financiación adicional asignada a los servicios de apoyo especializado incluye fondos específicos para el desarrollo de los modelos kaupapa Māori.

45.En 2018, se publicaron orientaciones para ayudar a las víctimas de violencia sexual y a quienes las contienen a comprender el proceso judicial. Además, se están mejorando las instalaciones para que las víctimas puedan sentirse más cómodas en los tribunales.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

Trata de personas

46.Se está renovando el Plan de Acción Nacional para Prevenir la Trata de Personas, con el apoyo del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Trata de Personas, integrado por 12 miembros. Se espera que esto dé lugar a la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo.

47.El Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia ha organizado una serie de actividades de capacitación destinadas a, entre otros, la Inspección Laboral y el Ministerio Fiscal, y está planificando la capacitación para el Servicio de Aduanas. El personal del Servicio de Inmigración supervisa la aplicación del Plan Nacional. La Dependencia de Delitos Graves se encarga de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos más graves o complejos, en particular, la trata de personas y la explotación de migrantes. Nueva Zelandia investiga activamente los flujos financieros vinculados a la trata. El Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia trabaja estrechamente con las dependencias de inteligencia financiera y de recuperación de activos de la policía.

48.Además, el Servicio de Inmigración trabaja con organizaciones no gubernamentales para prevenir la trata, proteger a las víctimas y enjuiciar a los delincuentes. Por ejemplo, forman parte del “Grupo Consultivo” la Diócesis Anglicana de Wellington, la Universidad de Auckland, el Colectivo de Profesionales de la Prostitución de Nueva Zelandia y la entidad Stand Against Slavery.

49.En 2017, el Gobierno adoptó nuevas medidas para impedir la contratación de trabajadores migrantes por parte de los empleadores que infringieran las leyes de inmigración y empleo. Desde que comenzaron a aplicarse estas nuevas medidas, más de 70 empleadores se vieron imposibilitados de contratar a migrantes por períodos diversos. Más de 90 empleadores han sido incluidos en la “lista de suspensión”.

50.Nueva Zelandia participa activamente en el Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos; esto incluye la Oficina Regional y diversos grupos de trabajo.

Enjuiciamientos y condenas

51.Los primeros cargos por el delito de trata de personas se presentaron en 2015. Dos hombres fueron acusados de organizar mediante engaño la entrada de 18 nacionales de la India. Aunque fueron absueltos del delito de trata, uno fue condenado por otros cargos.

52.La primera persona declarada culpable de trata de personas fue un nacional de Fiji, que en 2016 fue condenado a nueve años y seis meses de prisión. Fue condenado por 15 cargos de trata de personas y por otros 27 delitos relacionados con la inmigración que afectaban a víctimas de nacionalidad fiyiana.

53.En noviembre de 2017, se presentaron cargos contra dos ciudadanos neozelandeses nacidos en Bangladesh. También fueron absueltos de los cargos de trata, pero fueron condenados por diez cargos de explotación y otros seis delitos relacionados con la inmigración. Fueron condenados a cuatro años y cinco meses, y a dos años y seis meses de prisión, respectivamente.

54.En diciembre de 2018 se presentaron cargos por trata de personas y esclavitud contra un nacional de Samoa residente en Nueva Zelandia, que incluyeron 11 cargos por organizar la entrada mediante engaño y 13 cargos por sometimiento de personas a esclavitud.

Víctimas de trata declaradas *

	2014	2015	2016	2017	2018
Niños (menores de 18 años)	0	0	0	0
Niñas	0	0	0	1
Total de niños y niñas	0	0	0	1
Hombres adultos	0	18	13	2	9
Mujeres adultas	0	0	6	0	1
Total de personas adultas	0	18	19	2	10
Total	0	18	19	3	10
Origen de las víctimas		India	Fiji y Bangladesh	Samoa y Fiji	Samoa

* Las víctimas identificadas corresponden a los cargos imputados.

Actualización de la legislación

Ley por la que se Modifica la Ley Penal de 2015

55.Esta Ley contempla ahora no solo el delito de trata dentro del país, sino también la entrada y salida de personas. También prohíbe expresamente la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y la trata de personas.

Ley por la que se Modifica la Ley de Inmigración 2015

56.Los empleadores que explotan a los trabajadores migrantes temporales podrán ser sancionados con una pena de prisión de un máximo de siete años o una multa de hasta 100.000 dólares. Los empleadores con visados de residencia que cometan ese tipo de delitos podrán ser expulsados si la comisión del delito se produce dentro de los diez años siguientes a la obtención de la residencia. Entre las nuevas disposiciones, figuran la mejora de las facultades de registro de los funcionarios de inmigración, la capacidad de respuesta a las nuevas tecnologías, una financiación más sostenible y modificaciones a la forma de obtención de datos biométricos.

Ley por la que se Modifica la Ley de Pesca (Buques Extranjeros y Otros Asuntos)de 2014

57.Toda la tripulación de los buques pesqueros que operan en la zona económica exclusiva de Nueva Zelandia debe tener contratos de trabajo celebrados en Nueva Zelandia. El requisito de exigir que los buques operen bajo la jurisdicción y las leyes de Nueva Zelandia tiene como fin reforzar la protección de los derechos humanos de las tripulaciones.

Ley por la que se Modifica la Ley de Prostitución de 2003

58.El artículo 19 de la Ley tiene como objetivo reducir el riesgo de explotación de los migrantes al prohibir a los solicitantes de visas temporales que se dediquen a la prostitución.

59.La mayor parte de las víctimas de trata en Nueva Zelandia está relacionada con las industrias como la horticultura y la construcción. Si bien hay informes ocasionales de explotación de personas extranjeras con fines sexuales, las investigaciones no dan cuenta de que exista una explotación sistémica. No se ha confirmado ningún caso de trata y, en los últimos años, la Inspección de Trabajo no ha recibido denuncias de explotación. Asimismo, la policía también informa que no hubo denuncias de explotación o trata de trabajadores sexuales extranjeros que reunieran los requisitos para iniciar una acción penal. En 2018, se llevó a cabo una investigación independiente sobre las personas migrantes en la industria del sexo en Nueva Zelandia, a instancias del Ministerio competente, y no se encontraron indicios de trata de personas. La explotación de las personas extranjeras dedicadas al trabajo sexual sigue siendo un riesgo y los organismos permanecen en alerta.

Reparación para las víctimas

60.Las víctimas de un delito pueden exigir un resarcimiento pecuniario a las personas condenadas por un delito, cuando se hayan visto afectadas económicamente, basando el reclamo en la pérdida de salarios por haber sido sometidas a explotación o trata. Las víctimas pueden iniciar acciones civiles por daños y perjuicios por la pérdida de ingresos resultante de la actividad delictiva, sin que la interposición de esta demanda requiera una condena en el fuero penal.

Acuerdos concertados con países

61.Nueva Zelandia firmó un acuerdo con Filipinas en 2015 relativo a la contratación y el trato de los trabajadores migrantes. Su objetivo es reducir la explotación mejorando la transparencia de la contratación y asegurando el cumplimiento de las normas de ambos países. Las principales esferas de cooperación son la servidumbre por deudas, los acuerdos crediticios inequitativos y las deducciones salariales excesivas, que son posibles indicadores de trata.

Artículo 3

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

Refugiados y solicitantes de asilo

62.Nueva Zelandia trabaja con el ACNUR para el reasentamiento de los refugiados con necesidades prioritarias de protección a través de nuestro programa de cuotas para refugiados. El Gobierno ha aumentado la cuota anual de refugiados de 750 a 1.500, con efecto a partir del período 2020/21.

Marco jurídico

63.En virtud de la Ley de Inmigración de 2009, todas las solicitudes de asilo se examinan con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, luego a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y, si todavía no cumplen los requisitos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el período a que se refiere el informe, tres personas no reunieron las características de la definición prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pero sí del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

64.En virtud del artículo 164 de la Ley de inmigración, una persona refugiada o protegida no puede ser expulsada, salvo en el caso en que sean aplicables el artículo 32.1 o el 33.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Una persona protegida no puede ser expulsada a un lugar donde existan motivos considerables para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o tratos crueles.

65.En 2013, se modificó la Ley de Inmigración con el fin de incluir disposiciones que permitieran la detención de las personas que llegaran en masa (grupos de más de 30 personas). Sin embargo, estas disposiciones nunca se han aplicado. En el párrafo 115 de nuestro informe anterior, se ofrece más información sobre estas disposiciones. En cuanto a la detención, véase la cuestión 23.

66.El personal capacitado del Servicio de Inmigración evalúa en forma individual cada caso de asilo, incluidos los casos de llegadas masivas. Se proporciona orientación a los funcionarios de inmigración sobre el trato de las personas que solicitan el estatuto de refugiado o de protección a su llegada a la frontera, incluso en un contexto de llegada masiva.

Reasentamiento de refugiados

67.La Estrategia de Reasentamiento de Refugiados tiene por objeto permitir que los refugiados logren rápidamente la autosuficiencia y la integración social. Los refugiados que llegan a Nueva Zelandia en el marco de la cuota establecida con la ACNUR tienen visados de residencia. Tras su llegada, ingresan en el programa del Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere, que les proporciona información sobre la vida y el trabajo en Nueva Zelandia. Cuando se mudan a la comunidad, se les brinda un apoyo para el asentamiento durante un período de hasta 12 meses para que puedan acercarse a los servicios que necesitan. Está en evaluación el puesto recién creado de Orientador de Refugiados protegidos por la Convención para mejorar los resultados de los planes de asentamiento vinculados con los servicios existentes.

68.En el Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere, los refugiados admitidos en función de la cuota reciben alimentos y un subsidio semanal, y tienen acceso a los servicios médicos y sociales, a instalaciones recreativas, teléfono y correo electrónico. Los refugiados admitidos en función de la cuota deben someterse a un examen médico antes de su llegada y luego, nuevamente, en el Centro de Reasentamiento, que incluye odontología y salud mental. Se brinda un tratamiento inicial y luego, si corresponde, se deriva a la persona a otros servicios.

Protección de las víctimas y las personas vulnerables

69.Se da prioridad a las solicitudes de los solicitantes de asilo detenidos. Se deben atender todas las solicitudes de personas en situación vulnerable en forma oportuna y sensible. Existen directrices relativas al trato conferido a niños y niñas, y se están preparando otras para las personas con problemas graves de salud mental, incluidas las víctimas de tortura. Determinar si un solicitante es víctima de tortura es parte integral del proceso de la solicitud de asilo (para los aspectos de formación, véase la cuestión 16). Los solicitantes pueden presentar testimonios médicos durante el proceso de solicitud y pueden solicitar asistencia jurídica; la mayoría están representados por un abogado pagado por el Gobierno.

70.La mayoría de los solicitantes de asilo que están a la espera de la decisión viven en la comunidad con visados temporales. Los solicitantes de asilo que han solicitado el estatuto de refugiado o de protección y se encuentran legalmente en Nueva Zelandia pueden solicitar asistencia social. Si tienen una visa de trabajo vigente, pueden solicitar la asistencia del Gobierno para obtener empleo. Asimismo, pueden acceder a los servicios de salud financiados públicamente, y los niños y las niñas pueden asistir a la escuela.

71.Las personas con estatuto de refugiado o de persona protegida aprobado pueden solicitar la residencia. Todos los residentes de Nueva Zelandia tienen el mismo acceso a los servicios financiados por el Gobierno (como el empleo, la educación, la salud pública, la vivienda y las prestaciones sociales). Los servicios de salud disponibles incluyen atención primaria de la salud y asesoramiento/atención psicológica en caso de derivación del paciente. La organización Refugees as Survivors New Zealand proporciona apoyo en el lugar a las víctimas de tortura y malos tratos.

72.Todos los residentes del Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere, incluidos los detenidos, reciben información sobre el proceso integral de formulación de quejas. Cuando se identifican problemas, los organismos gubernamentales colaboran en su resolución.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

Solicitudes de asilo, devoluciones y extradiciones

73.Nueva Zelandia mantiene al día la tramitación de las solicitudes de estatuto de refugiado y de protección y no hay retrasos para acceder al sistema. El tiempo promedio de tramitación en primera instancia es actualmente de 184 días y las apelaciones ante el Tribunal de Inmigración y Protección, generalmente, llevan de 4 a 6 meses.

Solicitudes de asilo (decisiones del Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia)

	Solicitudes	Decisiones	Aprobadas
2014	288	296	78
2015	351	288	133
2016	387	346	110
2017	449	350	113
2018	455	440	139

El Servicio de Inmigración no desglosa los datos basados en casos de tortura.

Mecanismos de apelación

74.El Servicio de Inmigración examina las solicitudes teniendo en cuenta la obligación de brindar protección a los refugiados o a otras personas contra la tortura, la privación arbitraria de la vida o los malos tratos. Si se rechaza la solicitud, el solicitante puede apelar al Tribunal de Inmigración y Protección. Algunos apelantes interponen simultáneamente un recurso contra la expulsión por motivos humanitarios. El Tribunal considerará primero la apelación de la decisión respecto de la solicitud del estatuto de refugiado y protección y, en caso de no prosperar este recurso, examinará el recurso contra la decisión de expulsión. Si alguna de las partes en la apelación no estuviera satisfecha con la decisión del Tribunal de Inmigración y Protección, puede solicitar autorización al Tribunal Superior para apelar la decisión por cuestiones de derecho en un plazo de 28 días.

Recursos presentados ante el Tribunal de Inmigración y Protección

	Apelaciones recibidas	Decisiones	Apelaciones concedidas
2014	169	168	76
2015	126	167	65
2016	166	158	55
2017	194	177	63
2018	233	167	91

Expulsión de solicitantes de asilo rechazados 1 de marzo de 2014 al 2 de agosto de 2018

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Totales
Personas adultas:	27	36	33	35	5	136
Hombres	24	25	31	26	5	111
Mujeres	3	10	1	9	0	23
No registrado	0	1	1	0	0	2
Menores:	2	8	0	0	0	10
Mujeres	0	6	0	0	0	6
Hombres	2	2	0	0	0	4
Totales	29	44	33	35	5	146

Consideración de la tortura en la extradición y la devolución

75.No se puede entregar a una persona si existen razones fundadas para creer que corre riesgo de ser víctima de tortura si es devuelta al país solicitante. En caso de ordenarse la entrega, la persona podrá solicitar la revisión judicial en un tribunal. La decisión que surja de la revisión también es apelable. En la práctica, no se adoptarán medidas para hacer efectiva la decisión de entregar a la persona, si:

La persona manifiesta que solicitará una revisión judicial (si la solicitud se presenta con prontitud).

Todos los procedimientos (incluidos los recursos) siguen su curso simultáneamente.

El caso de Clicman Soosaipillai

76.En 2001, el Sr. Soosaipillai fue reconocido como refugiado de Sri Lanka. En 2015, el Ministro de Justicia ordenó que fuera entregado a Suiza para ser juzgado por asesinato. Antes de tomar la decisión sobre la entrega, Nueva Zelandia hizo averiguaciones en Suiza sobre la devolución. En consecuencia, el Ministro quedó satisfecho de que el Sr.  Soosaipillai no sería devuelto a Sri Lanka si Nueva Zelandia lo entregaba. El Sr. Soosaipillai no solicitó una revisión judicial.

El caso de Maythem Radhi

77.Australia ha solicitado la extradición de Maythem Radhi, refugiado del Iraq, para que sea juzgado por tráfico de personas. En agosto de 2019, el Ministro de Justicia ordenó su entrega y se desconoce si el Sr. Radhi recurrirá la decisión ante la justicia.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

Garantías diplomáticas

78.En el período sobre el que se informa, Nueva Zelandia realizó una extradición (Sungkwan Kim) que estuvo sujeta a la garantía de no imponer ni ejecutar la pena de muerte. En enero de 2018, el Sr. Kim fue entregado a la República de Corea para ser juzgado por asesinato.

79.La República Popular China solicitó la extradición de Kyung Yup Kim (que no es ciudadano de Nueva Zelandia) para ser juzgado por asesinato. En 2015, Nueva Zelandia negoció garantías amplias en relación con la tortura y el debido proceso, incluidos los derechos de vigilancia del Gobierno de Nueva Zelandia. La República Popular China había brindado garantías con respecto a la pena de muerte. El Ministro de Justicia ordenó la entrega del Sr. Kim. El 11 de junio de 2019, el Tribunal de Apelación anuló la decisión del Ministro de entregar al Sr. Kim y ordenó al Ministro que reconsiderara su decisión. La Corona ha pedido permiso al Tribunal Supremo para apelar la decisión.

80.Salvo la extradición del Sr. Kim a la República de Corea, Nueva Zelandia no ha llevado a cabo ninguna devolución, extradición o expulsión basada en garantías diplomáticas, ni tampoco ningún Estado ha ofrecido tales garantías. No se ha requerido a Nueva Zelandia el ofrecimiento de tales garantías.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

Apatridia

81.En el período sobre el que se informa, se concedió la ciudadanía neozelandesa en tres oportunidades para evitar la apatridia. Toda persona puede ponerse en contacto con el Departamento del Interior para solicitar tal medida en el marco de la Ley de Ciudadanía de 1977. La Ley no prescribe un criterio de prueba específico. En la práctica, el Departamento del Interior acepta las pruebas que demuestren los dichos del solicitante sopesando las probabilidades; por ejemplo, la confirmación por escrito de las autoridades de los países donde el solicitante podría reclamar la nacionalidad de que no existe un pedido de ciudadanía.

Artículo 5 a 9

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

Jurisdicción

82.En el período sobre el que se informa no hubo cambios legislativos. No se llevaron a cabo juicios por tortura, crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra en Nueva Zelandia.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

Tratados de extradición

83.Nueva Zelandia no ha firmado ningún tratado de extradición desde 2014. La Ley de Extradición de 1999 permite a Nueva Zelandia formular y recibir solicitudes de extradición en ausencia de un tratado. La definición de un delito que puede dar lugar a la extradición incluye todo delito tipificado como tal en la legislación de Nueva Zelandia y del país que lo extradita, cuya pena máxima sea de al menos 12 meses de prisión. Los delitos previstos en el artículo 4 de la Convención alcanzarían ese umbral en virtud de la legislación de Nueva Zelandia.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

Asistencia judicial recíproca

84.En virtud de la Ley de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales de 1992, Nueva Zelandia puede prestar asistencia recíproca a cualquier país según las circunstancias del caso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Nueva Zelandia ha concertado acuerdos de asistencia recíproca con China, Corea del Sur y Hong Kong. Ningún país ha pedido a Nueva Zelandia asistencia recíproca en relación con juicios de tortura.

Artículo 10

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

Capacitación de las fuerzas del orden

Funcionarios penitenciarios (establecimientos penitenciarios)

85.El Curso de Formación Inicial para los Funcionarios Penitenciarios incluye la Convención contra la Tortura. Los nuevos miembros del personal de seguridad deben capacitarse en el programa de formación Our Way and Human Rights(Nuestra Manera de Ser y los Derechos Humanos) a fin de reforzar los conocimientos sobre los derechos humanos. Después del programa, los participantes deben responder preguntas sobre los derechos de las personales privadas de su libertad, entre otras, cómo se protegen los derechos de las personas recluidas y se previenen violaciones.

Funcionarios de inmigración

86.Los funcionarios de las fuerzas del orden con facultades para ejecutar detenciones, registros y deportaciones, entre otras, reciben formación sobre la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales y las convenciones internacionales. La capacitación incluye la sensibilización cultural, el manejo de los interrogatorios, los registros, las detenciones y el uso de la fuerza. Al abordar el Código de Conducta, la capacitación hace hincapié en las consecuencias de las infracciones, como discriminar o infligir sufrimiento. Los incidentes por el uso de la fuerza se documentan y los registros de capacitación están disponibles para la auditoría y la gestión de denuncias. Se alienta a los funcionarios a denunciar las infracciones; el Ministerio de Empresas, Innovación y Empleo también cuenta con un proceso de denuncias para el público.

87.Las personas a cargo del Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere deben capacitarse en materia de normas y reglamentos sobre detenciones.

Las residencias del Oranga Tamariki

88.El personal que trabaja en las residencias seguras del Oranga Tamariki debe realizar un curso de orientación inicial (Te Waharoa) que hace hincapié en las obligaciones estipuladas en la Convención sobre los Derechos del Niño, el respeto de la dignidad y las consecuencias del comportamiento inapropiado. El personal se capacita en un programa que subraya la importancia de reducir las tensiones antes de recurrir a las restricciones.

89.Se han reducido las tasas de incidentes que requieren el uso de la fuerza o la atención segura. Se espera que las cifras disminuyan a partir del programa de cambios sustanciales(que se describe en relación con la cuestión 20) que incluye el Te Waharoa y el enfoque de prácticas restaurativas centrado en la comunidad maorí. También se han introducido técnicas terapéuticas, como la utilización de espacios sensoriales en las residencias de atención y protección.

Policía

90.Los agentes de policía reciben formación inicial y continua, a lo largo de su carrera. Deben mantener actualizados sus conocimientos sobre la legislación, incluidas la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales, la Ley de Derechos Humanos y la Ley sobre los Delitos de Tortura. El incumplimiento de las obligaciones previstas en estas leyes puede dar lugar a la apertura de procedimientos disciplinarios y, en los casos de tortura, a procesos penales. Las obligaciones hacia los reclusos se refuerzan mediante las actividades de formación obligatorias relativas a los protocolos de concienciación sobre los riesgos para la salud en la gestión penitenciaria y de formación en concienciación sobre el suicidio en la gestión penitenciaria. En los cursos, la evaluación se realiza mediante juegos de roles centrados en los conocimientos y las competencias.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

Dispositivos no letales

Utilización de armas de descarga eléctrica (t a sers ) por parte de la fuerza policial

91.En 2015, la policía decidió armar a la mayoría de los oficiales de primera línea con armas de descarga eléctrica. La policía no porta habitualmente armas de fuego y las armas de descarga eléctrica son una opción táctica para garantizar la seguridad del público y de la policía. Otras opciones tácticas son la comunicación, las técnicas de manos vacías, las esposas, el pulverizador de gas pimienta y las armas de fuego (en situaciones limitadas). La Política sobre el Uso Policial de las Armas de Descarga Eléctrica (t a ser) es una política general de uso de la fuerza y se revisa periódicamente.

Capacitación

92.Todos los agentes de policía se someten a 16 semanas de entrenamiento inicial y a un curso anual de actualización para utilizar de modo seguro estas armas de descarga eléctrica y otras opciones tácticas.

93.Los equipos de respuesta inicial están entrenados para usar todas las opciones tácticas y, en particular, las armas de descarga eléctrica. Para ello, reciben una capacitación exhaustiva que les permite certificarse en el uso de estas armas. Este programa incluye módulos de aprendizaje en línea, videos y formación práctica. El programa inicial incluye el diseño, la utilización, las restricciones, los requisitos de almacenamiento y registro, y los procedimientos durante y luego del despliegue, como la información sobre los derechos y el cuidado posterior. La capacitación anual de actualización incluye las lecciones aprendidas en operaciones anteriores.

Uso y reclamaciones

94.La policía publica informes anuales sobre el uso de las opciones tácticas. El informe de 2018 señala que el uso de la fuerza es poco frecuente (el 0,1 % de los 3,7 millones de interacciones públicas registradas oficialmente). Las armas de descarga eléctrica se utilizaron en el 25 % de los actos de utilización de la fuerza. Las opciones más utilizadas son las técnicas de manos vacías (45 %), la restricción (42 %) y el pulverizador de gas pimienta (29 %).

Uso de armas de descarga eléctrica y resultados de las derivaciones al Grupo de Conducta Profesional de la Policía para investigación

	Uso de la fuerza	Muestra de armas de descarga eléctrica	Uso de armas de descarga eléctrica	Derivaciones al Grupo de Conducta Profesional de la Policía	No admitidas	Admitidas	En curso
2014	4 823	895	119	15	10	5	0
2015	4 914	872	126	23	7	7	0
2016	5 055	1100	190	26	8	8	1
2017	4 536	1003	186	13	3	3	2
2018	4 398	865	210	16	9	0	7

Resultados detallados en el a péndice 2 .

95.Los informes de opciones tácticas y las imágenes disponibles del uso de armas de descarga eléctrica se someten a la revisión de un supervisor y un oficial designado. Toda utilización de un dispositivo de descarga eléctrica en que se haya realizado una descarga o un contacto paralizante está sujeta a la revisión del Foro de Seguridad sobre el Uso Policial de Armas de Descarga Eléctrica, que examina los informes, las imágenes de las descargas, los registros de los disparos y los registros de auditoría. El Foro se centra la precisión de los informes, el cumplimiento de la política, la capacitación, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. Puede preparar un informe en el que se esbocen conclusiones o recomendaciones.

96.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial investiga las denuncias, controla y revisa el uso de la fuerza por parte de la policía, y formula recomendaciones. Un supervisor puede recomendar que se notifique a la Dirección Independiente (en algunas circunstancias, la ley lo impone como requisito). En 2018, 16 de las 415 denuncias recibidas por uso de la fuerza que fueron notificadas a la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial se referían a las armas de descarga eléctrica.

El uso de gas pimienta en los establecimientos penitenciarios

97.El Reglamento que modifica el sistema penitenciario de 2017 permite a los directores de los establecimientos penitenciarios distribuir gas pimienta a los funcionarios capacitados. Los funcionarios penitenciarios deben someterse a un curso de cuatro horas, una actualización de conocimientos anual y un curso de recertificación como parte de la formación en opciones tácticas. Además, deben capacitarse en primeros auxilios, medidas de control y restrictivas, y el uso de las cámaras corporales. Las cámaras deben activarse lo antes posible luego de desplegar el gas pimienta. El entrenamiento inicial incluye:

Técnicas de uso y control a distancia

Concienciación situacional y evaluación de la amenaza

Cuidados posteriores y reaseguramiento

Retención del equipo y autoprotección

98.La capacitación en opciones tácticas incluye técnicas de desescalada. El uso de gas pimienta debe ser notificado al administrador, el director del establecimiento penitenciario y la Línea de Incidentes. Todos los incidentes relacionados con este uso están sujetos a revisión.

99.Desde su introducción en julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, se produjeron 744 incidentes en 18 establecimientos penitenciarios; de estos:

En el 68 % de los casos se desplegó el dispositivo.

En el 32 % de los casos se accionó el dispositivo.

100.Al 30 de junio de 2019, ha habido cinco denuncias.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

Capacitación para identificar y tratar con víctimas de tortura

Jueces

101.Para garantizar la independencia del poder judicial, el Instituto de Estudios Judiciales, que es el órgano de desarrollo profesional del poder judicial, ofrece capacitación y recursos. El programa del Instituto incluye la legislación nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Los miembros del Tribunal de Inmigración y Protección reciben capacitación acerca de la Convención sobre los Refugiados y otras convenciones pertinentes.

Fiscales

102.Los fiscales de la Corona no reciben una capacitación específica sobre la Convención ni sobre la detección de la tortura. Análogamente, el Servicio de la Fiscalía de la policía no imparte ningún programa de capacitación para los fiscales policiales sobre la detección y documentación de la tortura. No obstante, la formación incluye la Ley sobre los Delitos de Tortura.

Personal de los refugiados

103.Los proveedores de salud del Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere preparan los informes del Protocolo de Estambul. Los profesionales de la salud usan un manual que les sirve de guía para prestar servicios a los refugiados, que incluye información sobre experiencias de tortura y experiencias traumáticas, y cómo estas pueden interferir en la consulta. El manual ofrece asesoramiento sobre cómo responder cuando una persona revela actos de tortura y cómo preguntarle si desea recibir asesoramiento psicológico; además hace referencia al Protocolo de Estambul y remite a los profesionales de la salud al sitio web del ACNUDH. Los funcionarios de inmigración reciben capacitación sobre el manejo de reclamaciones delicadas, incluidas las de las víctimas de traumas. La oficina del ACNUR en Canberra ha impartido capacitación sobre cuestiones de salud mental.

104.El programa eCALD.com de diversidad lingüística y cultural, financiado por el Ministerio de Salud, ofrece formación y recursos a los profesionales de la salud que trabajan con comunidades de refugiados y migrantes, incluido un recurso sobre la evaluación médica de los refugiados que podrían ser víctimas de la tortura. En los cursos se utilizan modelos interculturales para mejorar la colaboración, la confianza y los enfoques culturalmente apropiados. En el programa se abordan el impacto de la tortura en la salud, la preparación de la historia clínica y las repercusiones de las experiencias traumáticas en las consultas.

Personal de servicios de salud mental y discapacidad

105.Las directrices de la Ley de Salud Mental están a disposición de los profesionales y administradores de la salud. La capacitación obligatoria incluye el uso de restricciones, normas, presentación de informes, vigilancia y revisión. Existen directrices similares para la Ley de Discapacidad Intelectual (Cuidado y Rehabilitación Obligatorios) y la Ley de Prevención de Adicción a Sustancias Psicoactivas (Evaluación y Tratamiento Obligatorios). Las directrices de la Ley de Salud Mental están en proceso de revisión.

106.La fuerza de trabajo actual está bajo una gran presión. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha observado algunos problemas vinculados con la contratación y la retención de personal en los centros de salud mental, y las repercusiones que ello tiene en la eficacia de la capacitación y la disponibilidad de las intervenciones terapéuticas. En 2019, el Gobierno aceptó la recomendación del informe titulado He Ara Oranga de revisar y establecer prioridades para el desarrollo de la fuerza de trabajo y el bienestar de los trabajadores. La respuesta a largo plazo a este Informe incluirá un programa de apoyo.

Artículo 11

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

Interrogatorio y normas de reclusión

Establecimientos penitenciarios

107.Las instrucciones relativas al funcionamiento de los establecimientos penitenciarios se encuentran en el Manual de Operaciones de Establecimientos Penitenciarios y en el Manual de Prácticas de Seguridad Penitenciaria. Las instrucciones se revisan cuando es necesario. La Ley de Administración Penitenciaria no confiere atribuciones para llevar a cabo interrogatorios y nunca deben usarse las tácticas de interrogatorio.

108.Está en preparación un nuevo régimen de turnos para el personal, destinado a ampliar el horario en que los reclusos permanecen fuera de sus celdas, que reconoce la importancia de ajustar los horarios de las comidas a los horarios estandarizados. Recientemente, se ha inaugurado la remodelación del establecimiento penitenciario de Auckland, que también contempla un horario más amplio para que los reclusos permanezcan fuera de sus celdas mediante una infraestructura modernizada y proporciona más espacio para los programas.

109.Las prisiones de gestión privada deben cumplir las mismas leyes relativas al bienestar de los reclusos y la gestión, así como las mismas normas de derechos humanos. Se han establecido salvaguardias para garantizar su cumplimiento, entre ellas una supervisión a tiempo completo y obligaciones más amplias de presentar informes.

110.El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por las distintas condiciones a las que se enfrentan los reclusos con discapacidad, transgénero y extranjeros que hablan inglés como segundo idioma. El Servicio Penitenciario se está ocupando de estas cuestiones, entre otras cosas, mediante: la determinación del alcance de los problemas a los que se enfrentan las personas recluidas con discapacidad sensorial, la aplicación de políticas relativas a las personas transgénero y la labor de traducir más información.

Órdenes de Protección Pública

111.El Tribunal Superior puede imponer una Orden de Protección Pública respecto de una persona cuando se considera que, a pesar de haber cumplido su condena, existe un riesgo muy alto y es inminente que pueda cometer un delito sexual o violento grave. Estas Órdenes se cumplen en una residencia especialmente dispuesta para estos fines en el área penitenciaria. Los residentes tienen mayor autonomía y la mejor calidad de vida posible, siempre y cuando el orden de funcionamiento y la seguridad dentro de la residencia estén garantizados. Anualmente, un panel designado por el Ministro de Justicia se encarga de examinar las Órdenes, y el Tribunal Superior lo hace cada cinco años. Al 30 de agosto de 2019, dos personas estaban sujetas a estas Órdenes.

Policía

112.La policía actúa con arreglo a la legislación y las guías judiciales para entrevistar a las personas detenidas. La Ley de la Carta de Derechos Fundamentales y la Nota de Práctica del Presidente del Tribunal Supremo sobre el interrogatorio policial especifican los derechos de los individuos durante un interrogatorio policial. La Nota de Práctica favorece la grabación en video de todas las declaraciones. Las instrucciones para los agentes de policía abarcan la realización de entrevistas, la gestión durante la detención y la aplicación de los requisitos legales. Las instrucciones se revisan periódicamente y contienen información sobre el trato que debe dispensarse a las personas con necesidades diferentes, como los testigos que requieren una consideración especial, los niños o los reclusos. El incumplimiento de las instrucciones puede dar lugar a procedimientos por mala conducta. El personal también está sujeto a un Código de Conducta.

113.La Ley de la Carta de Derechos Fundamentales y la Ley de Pruebas establecen la protección jurídica de las personas durante el interrogatorio policial. Toda vez que se entreviste a una persona joven, la policía deberá cumplir con los requisitos de la Ley del Oranga Tamariki, que dispone informar a los padres sobre la situación antes de comenzar; además, la entrevista deberá hacerse en presencia de un persona adulta designada por la persona joven o un abogado.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

Lugares de detención

Establecimientos penitenciarios

Situación actual

114.Entre 2014 y 2018, la población penitenciaria aumentó en más de 2.000 personas, y llegó a un máximo de 10.820 en marzo de 2018. La población penitenciaria femenina aumentó de 533 a más de 800. Las razones de este aumento son complejas e incluyen una mayor proporción de personas reincidentes y aumentos de los delitos violentos, junto con los recientes cambios introducidos en las leyes que regulan la libertad bajo fianza. Desde marzo de 2018, la población penitenciaria ha disminuido. Al 31 de diciembre de 2018, la población penitenciaria ascendía a 9.785 personas, de las cuales 678 eran mujeres.

115.El Servicio Penitenciario trabaja para reducir la necesidad de trasladar a los reclusos fuera de la región. Esta labor incluye la identificación de oportunidades para reconfigurar la red de establecimientos penitenciarios a fin de garantizar la disponibilidad de plazas en los lugares adecuados.

Población penitenciaria

Al 30 de septiembre	Población	Capacidad	Tasa de ocupación (porcentaje)
2014	8 703	*	*
2015	9 061	*	*
2016	9 810	10 240	96
2017	10 470	10 728	98
2018	10 052	10 652	94

* No disponible.

Porcentaje de personas detenidas en condiciones de prisión preventiva

Al 30 de septiembre	En prisión preventiva
2015	24
2016	28
2017	29
2018	29

Duración media de la prisión preventiva

	Días
2014/15	58
2015/16	62
2016/17	65
2017/18	70

Véase la información detallada en los apéndices 4 y 5.

Reforma del sistema de justicia penal Hāpaitia te Oranga Tangata

116.Durante el último año, el Gobierno ha llevado a cabo un programa de modificación de la justicia penal, con miras a revisar el sistema y elaborar propuestas centradas en áreas como la desproporcionada representación de la comunidad maorí y la reducción de la población penitenciaria. El Grupo Asesor Independiente Te Uepū Hāpai i te Ora, creado para este fin, habrá de conducir el debate público. Te Uepūpresentó un informe inicial, He Waka Roimata, con sus conclusiones; actualmente está trabajando en la preparación de opciones para el Gobierno que contribuirán a fundamentar la adopción de decisiones. Se espera que el informe final con la lista de cambios que se recomiendan para el sistema se presente a finales de 2019.

Medidas adoptadas para reducir la población penitenciaria

117.El Gobierno se esfuerza por mejorar la disponibilidad de programas para los autores de delitos. Desde el informe anterior, se han puesto a disposición nuevos programas de rehabilitación y reinserción en los establecimientos penitenciarios y en la comunidad, entre otros:

El Servicio de Trabajadores de Cuidados Posteriores, que presta apoyo a las personas que terminan un programa de tratamiento intensivo por consumo de alcohol y otras drogas (1.156 para 2018/19).

El agregado de 13 plazas residenciales en las instalaciones comunitarias destinadas al tratamiento por consumo de alcohol y otras drogas para personas que cumplen condenas de prestación de servicios en interés de la comunidad (38 plazas para 2018/19).

Whare, un programa interinstitucional adaptado a diferentes culturas, que presta apoyo tanto en prisión como en la comunidad a los hombres menores de 25 años condenados por delitos de apropiación, como robo (los objetivos para 2019/20 son 120 en la prisión y 64 en la comunidad).

Kia Rite, un programa de información y formación práctica para mujeres en las primeras etapas del encarcelamiento, concebido en función de las necesidades de las mujeres maoríes (300 en 2018/19).

Head Start, un programa de información y formación práctica no centrado en la delincuencia, sino en la promoción de habilidades para ayudar a los hombres a hacer frente a situaciones difíciles y mejorar su bienestar (el objetivo para 2019/20 es 366).

Cinco nuevos programas de rehabilitación muy intensos para hombres, mujeres y jóvenes de alto riesgo.

118.Dado que los programas grupales se dictan en áreas de uso regular, las personas que están aisladas no pueden acceder a ellos, salvo previa aprobación del director del establecimiento penitenciario y del prestador del tratamiento.

119.En 2017/18, el Gobierno introdujo el Programa de Innovación de Alto Impacto, una respuesta interinstitucional al aumento de la población penitenciaria. Esto ha contribuido a reducir el número de días de encarcelamiento en 75.000 días en total. Las iniciativas incluyen, entre otras:

Iniciativa de libertad bajo fianza supervisada por medios electrónicos.

Servicios mejorados de apoyo en materia de libertad bajo fianza.

Reducción de los períodos de prisión preventiva mediante la selección de casos.

Búsqueda de alojamiento apropiado para las personas con derecho a arresto domiciliario.

Más programas de reinserción y rehabilitación comunitaria para que los reclusos puedan obtener la libertad condicional.

120.En 2018, el Gobierno destinó 57,6 millones de dólares para alojamiento subvencionado adicional destinado a las personas que están en situación de libertad bajo fianza y libertad condicional. Actualmente se dispone de unas 1.100 plazas de alojamiento subvencionadas al año, frente a las 368 plazas disponibles en 2015.

Medidas para reducir la desproporcionada representación maorí en los establecimientos penitenciarios

121.La comunidad maorí sigue estando desproporcionadamente representada en los establecimientos penitenciarios. Así pues, a pesar de ser solo el 15 % de la población del país, representan más del 50 % de la población penitenciaria. Esta tendencia se agudiza en la población de mujeres adultas y jóvenes (de 18 a 25 años) en las cárceles; en ambos casos, las mujeres maoríes representan casi el 60 %.

122.En 2017, el informe del Tribunal de Waitangi titulado Tū mai te Rangi!: Informe sobre la Corona y las Tasas Desproporcionadamente Altas de Reincidencia concluyó que el Gobierno:

Tiene el deber, en virtud del Tratado de Waitangi, de reducir las desigualdades entre las tasas de reincidencia de la población maorí y no maorí.

No daba suficiente prioridad a la reducción de la reincidencia de la población maorí, lo cual constituía una violación del principio previsto en el Tratado, de prestar protección activa.

Si bien no había violado el principio de asociación, pues hubo “disposición de buena fe de colaborar con la población maorí”, había puesto en riesgo su cumplimiento al no respetar el compromiso de establecer esas asociaciones.

123.Entre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del informe figuran las siguientes:

Equipo de Servicios para los Maoríes dedicado a mejorar la colaboración con la población maorí en los establecimientos penitenciaros.

Cambio de la designación “Junta Asesora Maorí” por “Junta de Liderazgo Maorí” y revisión del mandato para un mayor grado de influencia en la adopción de decisiones y un acuerdo de asociación más equilibrado.

Trabajo conjunto de la Junta de Liderazgo Maorí con el Servicio Penitenciario para elaborar una estrategia maorí.

Asignación de una importante cantidad de recursos para los programas destinados a los maoríes (detallados en el párrafo 125) y reclutamiento de personal especializado en temas maoríes; entre otros, nuevos puestos de dirección, un Equipo de Estrategia y Asociaciones de Colaboración Maorí y un Equipo de Competencia Cultural, que se suman al actual Equipo de Servicios Maorí.

Capacitación sobre el Tratado de Waitangi y la perspectiva maorí para el personal superior.

124.Los proyectos de asociación específicos incluyen:

El Acuerdo de Colaboración entre el Servicio Penitenciario y Kīngitanga, de 2017, destinado a mejorar la salud y el bienestar de los reclusos de origen maorí, su rehabilitación y reinserción, y a disminuir las tasas de reincidencia. Se ha previsto el establecimiento de un centro de reasentamiento para mujeres en tierras cedidas por la comunidad maorí, que tendrá servicios sociales y de alojamiento.

El acuerdo de 2018 con Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, que tiene por objeto mejorar el bienestar de las personas y familias de origen maorí que están en contacto con el sistema de justicia penal. Las áreas iniciales de atención son el trabajo y la capacitación; la creación de un centro comunitario de reintegración para las mujeres; y el desarrollo de un programa amplio de reintegración y rehabilitación maorí.

125.El Servicio Penitenciario ofrece programas que responden a las necesidades de la comunidad maorí. Los conceptos de tikanga (costumbres maoríes) están integrados en el diseño y la prestación, y los facilitadores tienen supervisión cultural periódica. Algunos programas también incorporan el enfoque kaupapa Māori,entre ellos:

Tikanga Māori, un programa de motivación (1.040 plazas para 2018/19).

Mauri Tū Pae, un programa enfocado en reducir el delito y la reincidencia (236 plazas anuales).

Whare Oranga Ake, un programa de reintegración que acoge a las personas que requieren mínima seguridad y que están próximas a ser puestas en libertad en un alojamiento abierto de autogestión.

Kowhiritanga, un programa de rehabilitación centrado en el delito. Se lleva a cabo en los tres establecimientos penitenciarios de mujeres y en la comunidad (163 plazas en 2018/19).

Dos programas de tratamiento intensivo por consumo de alcohol y otras drogas para mujeres y jóvenes (122 plazas anuales).

El Servicio Penitenciario también contrata a distintos prestadores con el enfoque kaupapa Māori en las Dependencias de Atención de la Drogadicción.

Medidas sustitutivas del encarcelamiento

126.La justicia dispone de cinco tipos de sentencias de trabajo comunitario como medidas sustitutivas del encarcelamiento. En nuestro informe anterior (párrafo 181) se proporcionaron detalles al respecto. El tribunal también puede ordenar el pago de una reparación o una multa.

127.En todo momento, la mayor parte de las personas que ingresa en el sistema de justicia pueden cumplir una o más sentencias en la comunidad. Al 31 de diciembre de 2018, de las personas gestionadas por el Servicio Penitenciario, 30.158 cumplían sentencias de trabajo comunitario y 9.785 se alojaban en un establecimiento penitenciario.

Tipo de sentencias

Al 30/9	Total sentencias	Total sentencias no privativas de la libertad	Arresto domiciliario	Detención en la comunidad	Supervisión intensiva	Supervisión	Trabajo comunitario	Sentencias privativas de la libertad
2015	29 115	21 867	1 603	582	2 659	7 306	9 717	7 248
2016	29 553	21 930	1 651	492	2 812	7 905	9 070	7 623
2017	30 199	22 249	1 671	472	3 241	8 101	8 764	7 950
2018	29 913	22 373	1 717	452	3 832	8 030	8 342	7 540

Los números reflejan las sentencias principales, no las sentencias totales.

La red de establecimientos penitenciarios

128.Desde 2014, el Gobierno ha entregado 986 nuevas camas de literas dobles (de las cuales 138 son camas de emergencia), y 59 camas de construcción nueva de pequeña escala. En 2015, se inauguró el establecimiento penitenciario de Auckland, que demandó una inversión de 300 millones de dólares.

129.Para 2020, se habrán entregado más de 1.200 camas a través de unidades modulares de alojamiento (976 camas), literas dobles, y construcción nueva. El Gobierno también construirá un moderno complejo con 600 camas en el establecimiento penitenciario de Waikeria. Con esta construcción deberían clausurarse las camas que no reúnan condiciones óptimas e incrementar la eficacia y la resiliencia de la red.

130.La presión continua que recibe el sistema ha hecho necesario recurrir a las literas dobles. La sociedad civil expresó su preocupación por las condiciones de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Las reformas del sistema de justicia penal destinadas a reducir la población penitenciaria también abordarían el problema del hacinamiento.

Celdas compartidas

	Número de celdas compartidas
30 de junio de 2015	1 424
30 de junio de 2016	1 693
30 de junio de 2017	2 094
30 de junio de 2018	2 182

Atención de la salud en los establecimientos penitenciarios

131.Durante el período 2017/18, el Comisionado de Salud y Discapacidad recibió 101 denuncias sobre la atención de la salud en los establecimientos penitenciarios (un aumento del 49 % en comparación con el período 2016/17). La mayoría se refería a la negativa a prescribir la medicación que la persona había recibido con anterioridad en la comunidad y a los retrasos en el tratamiento. El Servicio Penitenciario sigue revisando y actualizando las políticas de atención de la salud, incluida la política de administración de medicamentos.

Servicios de salud mental en los establecimientos penitenciarios

132.El Gobierno reconoce la necesidad de contar con servicios de salud mental en los establecimientos penitenciarios. El 91 % de los reclusos tienen algún diagnóstico de por vida de trastorno de la salud mental o de abuso de sustancias. El 19 % de los presos tuvieron intentos previos de suicidio.

133.El personal de enfermería del Servicio Penitenciario está integrado por 225 personas que prestan servicios de atención primaria de la salud; también se contratan profesionales médicos y otros profesionales de la salud. En 16 establecimientos penitenciarios, los profesionales médicos con especialización en salud mental prestan atención primaria de salud mental. En 2 establecimientos penitenciarios, el cuidado está a cargo del personal de enfermería. Los organismos de salud, en estrecha colaboración con el Servicio Penitenciario, prestan servicios de salud mental secundarios y de internación.

134.En 2017, el Servicio Penitenciario elaboró una estrategia con la finalidad de mejorar los servicios de salud mental para los reclusos e invirtió 25 millones de dólares en un proyecto experimental para prestar nuevos servicios y apoyo a las personas vulnerables a la autolesión y el suicidio. Se han asignado 14 millones de dólares para:

Contratación de personal médico, asesores y trabajadores sociales.

Servicios para personas con necesidades complejas en etapa de transición hacia la reinserción comunitaria.

Servicios para las familias de los reclusos o de quienes cumplen sentencias de trabajo comunitario.

135.El Servicio Penitenciario está abocado a la introducción de un modelo más terapéutico para la atención de reclusos vulnerables a la autolesión o el suicidio, e invertirá 11 millones de dólares en este proyecto a cuatro años.

Registros sin ropa en el establecimiento penitenciario

136.La legislación requiere que el personal del Servicio Penitenciario registre sin ropa a las personas dentro del establecimiento penitenciario:

Al ingreso.

Al regreso, después de haber sido separado temporalmente por algún motivo.

Cuando se aísla inicialmente a la persona por riesgo de autolesión.

Cuando las personas en riesgo regresan del período de aislamiento.

A la llegada de los traslados.

137.También se permite el registro sin ropa si un oficial considera, con un criterio razonable, que una persona está en posesión de un elemento no autorizado y es necesario detectarlo. El Servicio Penitenciario también puede registrar a las personas totalmente vestidas en las cárceles, al personal y a los visitantes mediante registro por escáner o de seguridad.

138.En 2018, el Tribunal Superior concedió una indemnización de 1.000 dólares por violación de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales al hacer un registro infundado a una persona sin ropa (véase el párrafo 0). En 2017, el Tribunal Superior también declaró que un registro sin ropa realizado en establecimiento penitenciario de mujeres en 2010 violaba la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales.

139.El Parlamento está analizando la posibilidad de modificar la legislación que reduciría los casos en que se autoriza el registro sin ropa. Las modificaciones prevén:

La autorización —sujeta a la protección de la privacidad— de la tecnología de imágenes

La introducción de un nuevo enfoque individualizado para los reclusos en situación de riesgo

Preocupaciones planteadas en relación con el Centro Penitenciario Regional de Northland (NRCF)

140.En un informe del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de 2019, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por el Centro Penitenciario Regional de Northland. En concreto, el hecho de que los reclusos no pudieran tener acceso a un inodoro cuando lo necesitaban equivale a un trato o castigo degradante y a una violación del artículo 16 de la Convención.

141.De las 31 recomendaciones del informe, el Servicio Penitenciario aceptó plenamente 28 y parcialmente, 2. De las 28, algunas ya han sido ejecutadas y otras están en vías de ejecución. El Servicio Penitenciario no aceptó la recomendación de que los reclusos tuviesen acceso irrestricto a los baños en todo momento, debido a que, para mantener la seguridad del establecimiento, es necesario evitar que la gente se concentre en zonas no vigiladas. Sin embargo, a nadie se le niega el acceso a los servicios sanitarios, y los oficiales acceden a las solicitudes con la mayor celeridad posible, al tiempo que velan por la protección y la seguridad de los demás.

Detención en dependencias policiales

142.La cantidad total de personas detenidas por la policía aumentó entre 2014 y 2017 (salvo los menores de 18 años); sin embargo, la cifra se estabilizó en 2018 y en el primer semestre de 2019 (en el apéndice 3 figura información detallada). No se dispone de información sobre la capacidad y las tasas de ocupación, pero se están reuniendo datos sobre detención en las dependencias donde se permite que los reclusos pernocten.

143.Las personas en prisión preventiva pueden quedar detenidas hasta una semana en dependencias policiales, pero este período puede ampliarse en ciertas circunstancias. La Ley de Administración Penitenciaria denomina a estas 25 dependencias “calabozos policiales” y, a instancias del Servicio Penitenciario, se los puede utilizar para alojar temporalmente a personas en prisión preventiva o con condena.

144.Los calabozos policiales no están diseñados para los presos con condena o para estadías largas de personas privadas de su libertad. En los últimos diez años, se estableció un programa de renovación de calabozos que procuró mejorar el estado general y el diseño, y elaborar medidas para prevenir los suicidios en estos recintos. La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial y la Policía están evaluando las condiciones de vida en estas celdas para elaborar un programa nacional de modernización de los calabozos.

Condiciones materiales de los calabozos de los juzgados

145.Tras una investigación iniciada por la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial (véase párrafo 0) sobre un suicidio en 2015, el Gobierno ejecutó un Programa de 32 millones de dólares denominado Celdas Seguras, para eliminar los puntos de ligadura en estos calabozos. El programa mejoró 385 celdas y 102 salas seguras de entrevistas sin contacto, e incluyó mamparas de privacidad. Según las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención, se instalará un circuito cerrado de televisión (CCTV) en cada celda, cumpliendo con las directrices del Comisionado de Privacidad. El CCTV mejora la seguridad del personal y de los reclusos, en particular de los que corren riesgo de autolesionarse.

146.Un pequeño número de celdas han sido habilitadas oficialmente como dependencias penitenciarias para hacer frente al problema de la sobrepoblación. Esto significa que los reclusos podrían quedarse alojados allí por períodos más largos.

Dependencias de las Fuerzas de Defensa

147.Las celdas de la Base Naval en Devonport, en HMNZS PHILOMEL, fueron cerradas. Mientras se espera la construcción de las nuevas instalaciones especialmente diseñadas, y en virtud de un arreglo temporal, se usa un cuartel de la base de Devonport.

148.En el período sobre el que se informa, el Establecimiento Correccional de los Servicios de las Fuerzas de Defensa solo se ha utilizado para las sanciones disciplinarias. El Servicio se asegura de evitar el hacinamiento en el Establecimiento Correccional. En cada uno de los dos últimos ejercicios económicos, hubo aproximadamente 15 detenidos en este lugar. El período de detención osciló entre 5 y 28 días, salvo en 2 casos de 112 y 150 días (véase información detallada en el apéndice 6).

149.Los detenidos reciben visitas semanales de un oficial médico que les controla la salud. En caso de que una persona se enferme, se le da un tratamiento y, si permanece detenida durante más de una semana, se establece un plan de cuidados. Un oficial visita a todos los detenidos semanalmente y se ocupa de las denuncias.

150.En los últimos 20 años, no se han registrado fallecimientos en los establecimientos de detención de las Fuerzas de Defensa. Durante el período sobre el que se informa, no se han registrado denuncias de los detenidos. El informe del mecanismo nacional de prevención de 2017 no presentó ningún motivo de preocupación.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones

Régimen de aislamiento

Examen de la Comisión de Derechos Humanos sobre los métodos de aislamiento y restricción

151.En un examen independiente de 2017 encargado por la Comisión de Derechos Humanos, Thinking Outside the Box: A review of seclusion and restraint practices in New Zealand (Perspectivas alternativas: examen de las prácticas de reclusión y restricción en Nueva Zelandia), preparado por el Dr. Shalev, se destacaron cuestiones relativas al uso de prácticas de restricción en muchos entornos. Un informe del Defensor del Pueblo de 2017 planteó algunas cuestiones sobre la gestión de las personas privadas de la libertad en las dependencias para personas de riesgo. Ambos informes se basan en las conclusiones de 2016.

Establecimientos de salud

152.El Ministerio de Salud ha aceptado todas las recomendaciones del Dr. Shalev. Las prácticas de restricción pueden comprometer el éxito del tratamiento y desencadenar traumas, además de coartar los derechos humanos y no alinearse con los cuidados de calidad basados en pruebas empíricas.

153.El aislamiento está autorizado en virtud de la Ley de Salud Mental y la Ley de Discapacidad Intelectual. Según estas Leyes, solo se podrá proceder al aislamiento cuando no se pueda recurrir a otra intervención segura y eficaz. La Ley de Salud Mental establece que “todo paciente tiene derecho a estar acompañado”. Para más detalles sobre estas Leyes, véase el párrafo 0.

154.En 2018, la Comisión de Calidad y Seguridad de la Salud, en colaboración con los prestadores de servicios y otras organizaciones del sector de la salud, puso en marcha el proyecto “Aislamiento Cero: Hacia Una Eliminación del Aislamiento en 2020”, con el fin de aplicar prácticas basadas en pruebas empíricas para reducir y eliminar el aislamiento de forma segura. Este proyecto utiliza metodologías de mejora de la calidad y tiene un enfoque concebido en conjunto con los prestadores de servicios, los consumidores y sus familias. El proyecto se financia con fondos que recibe el Centro Nacional de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad para la Fuerza Laboral (Te Pou o te Whakaaro Nui), para obtener información, orientar y capacitar en materia de reducción de prácticas de restricción. El Dr. Shalev destacó los recursos promovidos por este Centro como ejemplos de buenas prácticas.

155.En 2016, se puso en marcha el programa de capacitación Comunicación Eficaz para la Práctica Segura, con el fin de asegurar la coherencia a nivel nacional y de proporcionar intervenciones terapéuticas de la mejor calidad y basadas en pruebas empíricas para reducir el aislamiento y las prácticas de restricción, en el caso de pacientes ingresados en servicios de salud mental y en servicios forenses seguros y especializados en discapacidad intelectual.

Procedimientos de seguridad nocturna

156.Las directrices transitorias publicadas en 2018 apuntan a la eliminación de los procedimientos de seguridad nocturna para diciembre de 2022. Estos procedimientos prevén el encierro involuntario de los pacientes especiales o de los destinatarios de cuidados especiales en sus habitaciones, durante la noche, por razones de seguridad. No tienen ninguna función terapéutica y constituyen una forma de restricción ambiental. Estas prácticas se utilizan debido, entre otros motivos, al diseño del edificio, la dotación de personal y el riesgo. Las directrices exigen que se protejan los derechos de los pacientes y del personal.

Informes de salud mental

157.Desde 2006, se han publicado estadísticas anuales sobre la utilización del aislamiento. Las estadísticas muestran una reducción en el uso del aislamiento en los servicios de salud mental. Entre 2009 y 2017 se verificó lo siguiente:

Disminución del 28 % de las personas en aislamiento durante el tratamiento de salud mental en un servicio de internación de adultos (1.143 a 775).

Disminución del 59 % de las horas de aislamiento (76 % de los episodios duraron menos de 24 horas en 2017).

El uso del aislamiento se mantuvo constante luego de siete años de declive.

158.Las estadísticas también ponen de relieve las siguientes esferas de preocupación:

Entre 2014 y 2017, si bien el número de horas de aislamiento disminuyó en un 11 %, el número de personas aumentó en un 5 %.

En 2017, 98 personas menores de 19 años fueron sometidas a aislamiento (285 casos de aislamiento).

En 2017, la población maorí tenía 4,5 veces más posibilidades de ser sometida a aislamiento en un servicio de internación para adultos (41 % de maoríes).

159.Se está avanzando en la labor de informar sobre el uso del aislamiento para las personas con discapacidad intelectual, a fin de que se comprenda mejor esta práctica.

Prácticas de restricción

160.El uso de las prácticas de restricción en los centros de salud está legislado por la Ley Penal y la Ley de Salud Mental. El Ministerio de Salud apoya la reducción de las medidas de restricción en los servicios de salud mental, y el programa de capacitación Comunicación Eficaz para la Práctica Segura (véase el párrafo 155) busca cumplir este objetivo. El Ministerio está elaborando directrices sobre el uso de las prácticas de restricción para garantizar su coherencia y permitir el cotejo de datos a nivel nacional.

Plan de Acción sobre la Discapacidad

161.La Oficina de Asuntos de Discapacidad está finalizando el Plan de Acción sobre la Discapacidad 2019-2023. Este Plan tiene por objeto aplicar los resultados de la Estrategia de Nueva Zelandia sobre la Discapacidad 2016-2026. El Plan de Acción comprende un conjunto de programas intergubernamentales de trabajo que están en vías de ejecución o próximos a ejecutarse y que incorporan una perspectiva explícita de la discapacidad. El Mecanismo de Vigilancia Independiente ha determinado que el aislamiento y las medidas de restricción son uno de los problemas más acuciantes de la discapacidad en Nueva Zelandia. El Ministerio de Salud y el Departamento de Instituciones Penitenciarias dirigen conjuntamente un programa de trabajo centrado en la reducción del uso del aislamiento y la restricción. Estos organismos elaborarán un acuerdo conjunto acerca de cuáles son las distintas formas de restricción (lo que incluye el aislamiento y la separación) en los diferentes sectores.

Establecimientos penitenciarios

162.El Sistema Penitenciario utiliza la separación cuando sea necesario y de conformidad con la Ley de Administración Penitenciaria y el Manual de Operaciones Penitenciarias. El director del establecimiento penitenciario debe decidir y justificar si niega o autoriza el contacto entre los reclusos según sea necesario para:

Controlar el riesgo para la seguridad o el buen orden.

Proporcionar custodia precautoria, entre otros casos si lo solicitan los reclusos.

Evaluar o asegurar la salud física o mental de los reclusos.

163.El Parlamento está examinando modificar la legislación a fin de introducir un marco de gestión de reclusos con riesgo de autolesionarse, independiente del régimen de separación. Con arreglo al marco propuesto, todos los nuevos reclusos serán evaluados para determinar si existe riesgo de autolesión. Se prepararía un plan de gestión adaptado a los reclusos que presenten situaciones de riesgo, en el que se esbozaría la forma en que el Servicio Penitenciario abordaría el riesgo, incluida la convivencia con otros reclusos. El Servicio Penitenciario está revisando las políticas relacionadas con la privacidad de los reclusos.

164.Con arreglo al nuevo modelo de atención que se está elaborando con el Ministerio de Salud (véase el párrafo 135), el aislamiento y las medidas de restricción no se utilizarán como opción predeterminada. La disponibilidad de fondos ha hecho posible poner en marcha tres proyectos experimentales que incluyen un establecimiento penitenciario de mujeres. Se han introducido elementos del modelo en todos los establecimientos penitenciarios.

165.En su informe de 2014, el Subcomité para la Prevención de la Tortura manifestó su preocupación por las dependencias de gestión del Establecimiento Penitenciario de Auckland. En 2018, se inauguró un nuevo centro de salud mental en ese Establecimiento. Los reclusos pueden reunirse en condiciones controladas y tienen acceso a programas apropiados, patios de ejercicios y un jardín terapéutico sensorial. Un equipo especializado de intervención y apoyo proporciona tratamiento y apoyo en el lugar. En el informe del Subcomité también se plantearon cuestiones de higiene en las dependencias de gestión del Establecimiento Penitenciario Mount Eden, y que ya han sido abordadas.

166.El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por el hecho de que el personal del Servicio Penitenciario no tuviera una formación adecuada en materia de salud mental para atender a las personas de las Dependencias de Intervención y Apoyo. Se ha impartido capacitación en materia de salud mental al personal de tres centros experimentales; por otro lado, el Servicio Penitenciario ha recibido financiación para impartir capacitación en todos los centros durante tres años. Los sitios que no están incluidos en el proyecto piloto cuentan con profesionales médicos con especialización en salud mental que capacitan en esta temática al personal de primera línea de los establecimientos penitenciarios.

Personas en las Dependencias de Intervención y Apoyo

	Delincuentes
30 de junio de 2015	86
30 de junio de 2016	127
30 de junio de 2017	110
30 de junio de 2018	101

Nota: si se calcula por año, los números serían significativamente más altos (por ejemplo, más de 4.000 en 2015/16).

Tiempo promedio de permanencia en las Dependencias de Intervención y Apoyo

	Promedio de días
2014/15	7
2015/16	6
2016/17	6
2017/18	7

Uso de medidas de restricción en establecimientos penitenciarios

167.Tras las inspecciones realizadas en 2016 en cinco establecimientos penitenciarios, el Defensor del Pueblo consideró que el uso de camas con amarres y cinturones de sujeción para un pequeño número de reclusos constituía un trato cruel, inhumano o degradante (artículo 16). Las medidas adoptadas para atender estas preocupaciones incluyen:

Modificación de la política del Servicio Penitenciario en 2017 para limitar el uso de camas de sujeción a cuatro establecimientos carcelarios, y solo para las situaciones en las que todos los demás medios de prevenir lesiones y garantizar la seguridad fueran ineficaces o inviables.

Las camas de sujeción no se han utilizado desde noviembre de 2016, y el Servicio Penitenciario ha decidido retirarlas de las dependencias carcelarias.

Las dependencias para personas de riesgo se transformaron en Dependencias de Intervención y Apoyo.

168.En la actualidad, la legislación no permite expresamente el uso de medidas de restricción durante más de 24 horas. Las modificaciones propuestas a la Ley de Administración Penitenciaria permitirían el uso de las medidas restrictivas por más de 24 horas, siempre y cuando los reclusos sean atendidos en un hospital y estas medidas sean necesarias para resguardar la seguridad pública o evitar la fuga. El Reglamento del Servicio Penitenciario apunta a la protección; por ejemplo, los funcionarios de escolta deben tener en cuenta el consejo del médico y aplicar todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que la medida de restricción no provoque incomodidad al recluso ni afecte su salud.

Medidas de restricción en dependencias policiales

169.La policía sigue usando sillas de sujeción cuando es necesario. Todos los detalles quedan registrados en los informes sobre el uso de la fuerza y en los registros individuales.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones

Menores de edad privados de la libertad

170.Los Tribunales de Menores se ocupan de los delitos cometidos por personas jóvenes, fuera de ciertos delitos graves, como el asesinato y el homicidio. Los jueces reciben una formación especial para tratar con las personas jóvenes. La mayoría de los jóvenes que pasan por el Tribunal de Menores tiene entre 14 y 17 años; sin embargo, los de 12 y 13 años también son incluidos si se los acusa de delitos graves.

171.La edad legal se elevó para incluir a los jóvenes de 17 años a partir de julio de 2019, lo que se ajusta mejor a las definiciones internacionales. La mayoría de los jóvenes de 17 años serán juzgados en el sistema de justicia juvenil y podrán ser transferidos y juzgados en tribunales para adultos por delitos específicos. El sistema de justicia juvenil tiene por objeto hacer que los jóvenes rindan cuenta y los alienta a que asuman responsabilidad por sus acciones, evitando al mismo tiempo que sean juzgados como adultos. El sistema tiene como objetivo atender a sus necesidades y les da la oportunidad de desarrollarse.

172.En 2013 se puso en marcha el Plan de Acción contra la Delincuencia Juvenil, un plan interinstitucional y decenal, que tiene por objeto reducir la comisión de delitos y la reincidencia. Además, a partir del examen realizado por un grupo de expertos se creó el Oranga Tamariki (Ministerio de la Infancia) en 2017. El Oranga Tamariki está prestando nuevos servicios y apoyo para evitar que los jóvenes ingresen al sistema de justicia y dar respuestas más eficaces a quienes no han podido evitarlo (véase información más detallada en el párrafo 191).

173.La recopilación de datos ha mejorado. Se utilizó un nuevo conjunto de datos que incorporó los de los organismos pertinentes para elaborar el “Informe resumido de los indicadores de la justicia juvenil de 2018”. Este informe refleja de manera más clara cómo se mueven los jóvenes a través del sistema, y concluye que el sistema de justicia juvenil está funcionando bien en relación con medidas clave. Entre 2009/10 y 2016/17:

Las tasas de delincuencia disminuyeron en un 59 % para los jóvenes de 10 a 13 años y en un 63 % para los de 14 a 16 años.

Para los jóvenes maoríes, las tasas de delincuencia disminuyeron en un 60 % para los jóvenes de 10 a 13 años y en un 59 % para los de 14 a 16 años.

Las tasas de comparecencia ante el Tribunal de Menores disminuyeron en un 38 %.

174.Desde 2013/14, hubo una reducción significativa del total de sentencias.

Niños menores de 17 años que han recibido una orden judicial

	Total de sentencias	Sentencias de adultos	Sujetos a supervisión con internación	Supervisión con actividad, supervisión intensiva	Supervisión, trabajo comunitario	Educación, programas de rehabilitación	Multa, confiscación, inhabilitación	Liberación, amonestación
2013/14	786	60	108	63	153	6	210	183
2014/15	633	33	87	75	114	12	162	150
2015/16	549	33	90	63	99	6	132	129
2016/17	573	39	87	63	105	6	135	135
2017/18	540	33	105	87	90	6	105	114

175.Sin embargo, los datos indican que existen posibilidades de mejora, especialmente en lo que respecta a los resultados correspondientes a los maoríes y en el uso intensivo de la prisión preventiva. El 75 % de las personas que se encuentran en instituciones de la justicia juvenil son de origen maorí. Los organismos gubernamentales están elaborando un plan para abordar esta cuestión; por ejemplo, el Oranga Tamariki está trabajando con la comunidad maorí para elaborar nuevas intervenciones para la población (véase el párrafo 194).

Centros de detención

176.Diferentes disposiciones legales determinan si las personas menores de 18 años pueden quedar detenidas en residencias de la justicia juvenil, en las dependencias juveniles de los establecimientos penitenciarios o en los establecimientos penitenciarios para adultos. El lugar de detención depende de la edad de las personas, de si han sido juzgados en el sistema de justicia juvenil o de adultos, y de si están en prisión preventiva o tienen condena. Entre 2014 y 2019, el número de jóvenes en las prisiones se ha reducido de 60 a menos de 10.

Dependencias juveniles en las cárceles

177.Los pasos para determinar si un joven debe ser derivado a una residencia de la justicia juvenil o a una dependencia juvenil dentro de un establecimiento penitenciario son complejos y se establecen en la Ley del Oranga Tamariki de 1989, la Ley de Procedimiento Penal de 2011 y la Ley de Administración Penitenciaria de 2004. Además, la decisión está guiada por el interés superior y la seguridad de la persona joven o de los demás.

178.Hay tres dependencias juveniles en los establecimientos penitenciarios de adultos que pueden acoger a jóvenes de entre 14 y 17 años, y a jóvenes vulnerables de entre 18 y 19 años. Actualmente no hay jóvenes menores de 17 años alojados en estas dependencias juveniles.

179.Los jóvenes que están prisión preventiva y los que tienen condena no tienen contacto entre sí, a menos que el Director esté convencido de que existen circunstancias excepcionales. Mantener a los jóvenes separados de la población adulta y de los jóvenes condenados puede significar una separación si en la dependencia solo hay una persona joven. En estos casos se procura evitar el aislamiento y mantener a los jóvenes ocupados de manera eficaz. Las dependencias juveniles ofrecen una serie de programas y apoyos apropiados para cada edad. En el último año, se introdujeron programas mejorados, entre ellos:

Programa juvenil contra el consumo de alcohol y drogas

Tutores de educación

Coordinadores de actividades juveniles

180.En las dependencias se organizan reuniones de equipos multidisciplinarios y el personal de enfermería especializado en salud mental que trabaja en el centro ofrece asesoramiento y presta asistencia. Si bien en estas dependencias juveniles se suelen seguir los mismos procedimientos que en los establecimientos penitenciarios comunes, existen algunas diferencias, entre ellas:

Hay más miembros del personal por recluso.

Durante las salidas para hacer ejercicio no se los separa según la clasificación de riesgo de seguridad.

El personal médico visita las dependencias para brindar tratamiento.

Jóvenes en establecimientos penitenciarios para adultos

181.En algunas circunstancias especiales, se podrá disponer el traslado de un joven alojado en una dependencia juvenil si presenta para los demás un riesgo inmanejable. En estos casos, se procederá a separar al joven de los mayores de 18 años, a menos que el Director esté convencido de que el contacto entre ellos favorece su interés superior. Esto se puede llevar a cabo si se asigna al joven un régimen diferente de salidas para hacer ejercicio.

182.No hay dependencias juveniles para las mujeres dado su bajo número. Si una joven es recluida en un establecimiento para personas adultas, las autoridades del establecimiento penitenciario podrán determinar —para evitar el aislamiento— si le permiten tener contacto con reclusas de más edad que presenten bajo riesgo de seguridad. Al 31 de julio de 2019, no había mujeres menores de 18 años detenidas en los establecimientos penitenciarios para adultas.

Residencias de la justicia de juvenil

183.Las residencias de la justicia juvenil del Oranga Tamariki procuran ofrecer un entorno favorable en el que los jóvenes infractores aprendan a desenvolverse en la vida cotidiana y a manejar los problemas, con el fin de rehabilitarse. Desde julio de 2019, la prisión preventiva en las residencias de la justicia juvenil se revisa cada 14 días.

184.El Oranga Tamariki está en pleno proceso de cambio hacia un sistema que apoya la permanencia de los jóvenes en la comunidad, incluso en centros que administra la comunidad maorí, en lugar de un sistema de internamiento en instituciones grandes que dependen de la justicia juvenil. El Oranga Tamariki está aumentando la disponibilidad de lugares en la comunidad como alternativa a las residencias seguras, para apoyar la transición hacia la vida comunitaria. Desde 2017, el Oranga Tamariki ha creado 5 hogares comunitarios de estadía preventiva, con capacidad para 23 personas, y está trabajando en la creación de 14 nuevos hogares que tendrán capacidad para 60 personas.

Residencias del Oranga Tamariki

185.Actualmente hay 4 instituciones de justicia juvenil con una capacidad de 156 camas, y 4 residencias de atención y protección con 33 camas disponibles. El Oranga Tamariki administra estas 7 residencias. Una organización no gubernamental contratada por el Oranga Tamariki administra otra residencia para jóvenes con conductas sexuales peligrosas. En todas las residencias, es excesiva la proporción de personas de origen maorí, aunque las cifras están en descenso (del 67 % en junio de 2017 al 58 % en junio de 2019).

186.En las residencias de la justicia juvenil, los jóvenes están sujetos a órdenes judiciales y no pueden salir en forma voluntaria. Las residencias de atención y protección son para los niños que están bajo la tutela del Estado cuando no es posible satisfacer sus necesidades dentro de la comunidad y se requiere atención segura y contención. El Oranga Tamariki tiene la firme decisión de eliminar en forma gradual el uso de las residencias para fines de atención y protección.

187.En 2017, el Comisionado de la Infancia concluyó que las residencias seguras cumplían, en términos generales, las normas del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, aunque algunos aspectos podían mejorarse, y concordó con el informe del Dr. Shalev en cuanto a que algunas dependencias de atención segura no reunían las condiciones apropiadas.

188.El Oranga Tamariki está llevando a cabo proyectos que se basan en un modelo operativo centrado en el niño, para transformar la experiencia que viven los jóvenes en las residencias. El Proyecto de Instituciones de Justicia Juvenil Centradas en el Niño concebirá las residencias como entornos terapéuticos y de rehabilitación, e introducirá un enfoque uniforme de atención de los jóvenes infractores. Ha concluido un programa destinado a mejorar el entorno físico de las residencias de la justicia de juvenil.

189.El marco normativo que se aplica en las residencias está en revisión a fin de determinar cómo se pueden incorporar las mejores prácticas respaldando el nuevo modelo de funcionamiento. En cuanto a la justicia juvenil, en uno de los centros se hará una prueba experimental aplicando un enfoque práctico y restaurativo, que se basa en los valores maoríes (véase el párrafo 194).

190.Los cambios en la Ley del Oranga Tamariki imponen obligaciones sustanciales al Director de esta institución dirigidas a reducir las disparidades hacia los maoríes. La legislación exige al Oranga Tamariki reforzar su decisión de hacer cumplir el Tratado de Waitangi, por ejemplo, asegurando que se tomen en cuenta los valores maoríes, se establezcan resultados mensurables para reducir las disparidades, se forjen alianzas con los maoríes y se informe de los progresos alcanzados.

Régimen de separación

191.En siete de las ocho residencias del Oranga Tamariki, los jóvenes pueden ser alojados en dependencias de “atención segura”, que están separadas y tienen dormitorios con cerradura. Un miembro del personal siempre está presente. No se puede aplicar el confinamiento solitario como medida disciplinaria dentro de las residencias. El Oranga Tamariki tiene el firme empeño de reducir el uso de la atención segura y de hacer que estos lugares ofrezcan un aspecto y transmitan una sensación más acogedores.

192.Solo se puede emplear la atención segura para evitar daños físicos o fugas. La facultad de colocar a los jóvenes en este tipo de cuidados se puede ejercer solo en las circunstancias prescritas en la ley, y se prevén requisitos para la rendición de informes. Al ingresar, se da a conocer a todos los jóvenes el motivo por el que se encuentran en ese lugar. Los internamientos se revisan diariamente y los jóvenes pueden participar de las revisiones. La permanencia en este tipo de cuidados no se puede extender más de tres días consecutivos sin la aprobación del Tribunal.

193.La atención segura difiere del régimen de separación que se practica en los establecimientos penitenciarios, pues las personas sujetas a este tipo de atención segura pueden tener contacto con otras personas entre las 8.00 y las 20.00 horas. El niño o joven en atención segura puede quedar recluido en su propia habitación solo en ciertas circunstancias, como por ejemplo ante un caso de emergencia y no más del tiempo necesario. En estos casos la vigilancia es muy estricta, tal como lo establece la legislación. El control de los motivos del confinamiento debe hacerse con cierta frecuencia, por ejemplo, cada 5 minutos entre las 8.00 y las 20.00 horas y, por lo general, cada 30 minutos durante la noche.

194.El Oranga Tamariki está elaborando enfoques alternativos para tratar los problemas de comportamiento. Whakamana Tangata es un enfoque creado específicamente para las residencias de la justicia juvenil. Utiliza cinco valores maoríes ( mana, tapu, mauri ora, piringa, ara tikanga ) y cuatro principios restaurativos (relaciones, respeto, responsabilidad y reparación) para construir, mantener y reparar las relaciones mediante la práctica preventiva y restaurativa. En una de las dependencias, se está llevando a cabo un estudio experimental al respecto.

195.En las residencias, el porcentaje de jóvenes con problemas de salud mental es alto y el acceso a tratamientos especializados en salud mental es difícil, pues hay escasez de servicios. En 2016, se inauguró una nueva dependencia de internación especializada en medicina forense juvenil con diez camas, para los jóvenes de 13 a 17 años con problemas graves de salud mental que han ingresado en el sistema de justicia juvenil. La dependencia incorpora los modelos maoríes de atención, y promueve la asistencia escolar y la participación en los programas terapéuticos.

Jóvenes detenidos en dependencias policiales

196.Existe preocupación por la detención de jóvenes en calabozos policiales por períodos prolongados (más de 24 horas). El Comisionado de la Infancia considera que, en el futuro, la opción de devolver a los niños a los calabozos policiales después de la primera comparecencia ante el tribunal debería eliminarse de la legislación.

197.Los calabozos policiales no satisfacen las necesidades de los jóvenes. La Ley del Oranga Tamariki solo permite mantener a los jóvenes en calabozos policiales en las siguientes circunstancias:

Detención durante más de 24 horas después del arresto (antes de la primera comparecencia ante el Tribunal de Menores) por acuerdo conjunto entre la policía y el Oranga Tamariki cuando sea probable que el joven se dé a la fuga o tenga una conducta violenta, y el Oranga Tamarikino disponga de instalaciones adecuadas para la custodia segura.

Por orden del Tribunal de Menores, en espera de la audiencia, cuando sea probable que el joven se dé a la fuga o tenga una conducta violenta y cuando el Oranga Tamariki no disponga de instalaciones adecuadas para su custodia segura.

Cuando el Tribunal de Menores disponga que un joven quede bajo la custodia del Oranga Tamariki hasta el momento de la audiencia, podrá quedar detenido hasta 24 horas bajo custodia policial si la policía y el Oranga Tamarikiestán convencidos de que puede darse a la fuga o tener un comportamiento violento, y el Oranga Tamariki no dispone de instalaciones adecuadas para la custodia segura.

Desde julio de 2019, el Tribunal de Menores debe revisar las detenciones policiales cada 24 horas, salvo que sea impracticable.

198.Generalmente, un joven queda recluido en un calabozo policial porque no hay un lugar disponible en las residencias del Oranga Tamariki o no hay opciones de transporte disponibles (por ejemplo, vuelos de salida de zonas regionales). Los trabajadores sociales y la policía trabajan estrechamente para encontrar la mejor solución y minimizar el tiempo de la custodia policial.

199.Se encuentra en ejecución la herramienta de investigación de alternativas a la prisión preventiva que tiene como objetivo reducir el número de jóvenes detenidos a la espera de una audiencia judicial. La herramienta ayuda a la policía y al Oranga Tamariki a decidir si oponerse o no la fianza y determinar los términos de la fianza que podrían usarse para evitar la prisión preventiva.

Jóvenes de 14 a 16 años detenidos por más de 24 horas en calabozos policiales

	Número de jóvenes
2014 / 15	50
2015 / 16	149
2016 / 17	284
2017 / 18	165
2018 / 19	106

Estos datos han sido proporcionados por el Oranga Tamariki y pueden diferir de los que posee la p olicía. Véanse los datos sobre jóvenes detenidos en calabozos policiales que han sufrido problemas de salud mental en el párrafo 0.

Jóvenes recluidos en dependencias de salud mental

200.Los jóvenes que cumplen con los criterios establecidos en la Ley de Salud Mental pueden quedar detenidos en una dependencia de salud mental para evaluación y tratamiento obligatorios. Siempre que sea viable, el tratamiento se hace en un centro de salud mental para niños y jóvenes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si esto no fuera viable, se puede separar al joven de la población adulta en una dependencia de salud mental.

201.Los jóvenes sujetos a la Ley de Salud Mental tienen los mismos derechos y salvaguardias que los adultos. Además, la evaluación de las personas menores de 17 años debe ser realizada por un psiquiatra especializado en niños y adolescentes.

202.En 2018, el Comisionado de Salud Mental planteó su preocupación por los jóvenes que están bajo la tutela del Oranga Tamariki y deben quedar internados en centros de salud mental ante la falta de disponibilidad de un lugar adecuado. El Ministerio de Salud comparte estas preocupaciones y está trabajando con los organismos involucrados para encontrar una solución a estas cuestiones y vigilar la situación.

Personas de hasta 17 años detenidas para evaluación y tratamiento obligatorios en dependencias de internación de salud mental

	Número de pacientes
2014	72
2015	55
2016	58
2017	77

Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño

203.En consonancia con el artículo 37, todo niño (menor de 18 años) privado de su libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño. Nueva Zelandia se ha reservado el derecho de no aplicar esta disposición en determinadas circunstancias. Por lo general, los centros se ajustan a lo dispuesto en el artículo 37 y se procura mantener a los jóvenes apartados de los adultos. Sin embargo, no siempre es posible evitar que se mezclen las edades debido a las limitaciones que tienen las instalaciones existentes o porque es necesario evitar el aislamiento.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones

Violencia entre reclusos

204.En el informe del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de 2016/17 se señala la preocupación por los niveles de violencia en los establecimientos penitenciarios.

Agresiones graves entre reclusos

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Agresiones graves entre reclusos (que requieren pernoctar en el hospital)	42	38	45	25	42

205.En 2015, el Inspector Principal de Instituciones Penitenciarias emprendió una importante investigación sobre la violencia organizada entre presos en el Establecimiento Penitenciario de Mount Eden, que en ese momento era de gestión privada. Se aceptaron las 21 recomendaciones, incluida la adopción de medidas apropiadas y oportunas en respuesta a los reclusos violentos. La gestión del establecimiento está nuevamente en manos del Servicio Penitenciario.

206.El Servicio Penitenciario tiene una política de tolerancia cero para la violencia en los centros penitenciarios. A pesar del aumento del 7,7 % de la población penitenciaria en 2016/17 y del 1,9 % en 2017/18, las tasas de incidentes violentos se han mantenido relativamente estables. Todos los casos de violencia que se denuncian son revisados en el sitio.

207.Observamos que no todos los casos de violencia se denuncian y que las encuestas realizadas por el Defensor del Pueblo dan cuenta de una cultura de miedo e intimidación en los establecimientos penitenciarios. Para mejorar la prevención, la detección y la respuesta a la violencia, se han puesto en marcha nuevas iniciativas, entre ellas:

Reclutamiento de 474 oficiales en 2017/18 para permitir la gestión activa de los reclusos.

Aumento del número de establecimientos penitenciarios con personal entrenado para atender las emergencias.

Introducción de una estrategia quinquenal en 2017 contra las bandas para reducir el daño que provocan dentro de los establecimientos penitenciarios.

Inclusión de paneles de custodia más seguros en los establecimientos penitenciarios para analizar incidentes, tendencias y aprendizajes en torno a la seguridad en el sitio.

Creación de un grupo de trabajo nacional para la reducción de la violencia en los establecimientos penitenciarios, que les preste apoyo.

Elaboración de una herramienta destinada a evaluar la tensión dentro de los establecimientos penitenciarios para que el personal evalúe con rapidez los niveles de tensión dentro de una dependencia.

Utilización de foros y grupos de discusión de reclusos en algunos sitios para hacerlos participar en la gestión de los establecimientos.

208.Desde 2014, no ha habido casos de violencia entre reclusos llevados ante un tribunal en los que se haya declarado que el personal actuó con negligencia.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones

Fallecimiento de reclusos

Policía

Fallecimientos bajo custodia policial *

	Género	Grupo étnico
2014	Masculino	Maorí
2015	Masculino	Europeo
2015	Masculino	Maorí
2015	Masculino	Maorí
2015	Masculino	Europeo
2017	Femenino	Europeo
2017	Masculino	Maorí

* Causas de muerte: ataque cardíaco (1), intoxicación por alcohol o fármacos (4), hemorragia cerebral por motivos previos a la detención (1), suicidio (1). El cuadro incluye al Sr. Taitoko y al Sr. Walters.

209.Resultados de las investigaciones:

Se presentaron cargos penales, pero el personal fue absuelto (1).

Conversaciones sobre el desempeño con el personal (3).

No hubo culpa del personal (2).

En curso (1).

210.No se pagó indemnización.

Sentry Taitoko

211.En 2014, el Sr. Taitoko, de 20 años, murió mientras se encontraba bajo custodia policial. Tenía una grave intoxicación por fármacos. El informe de la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial dice que el Sr. Taitoko debería haber sido trasladado a un hospital o haberse llamado a una ambulancia. La evaluación y el control de riesgo fueron inadecuados.

212.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial formuló recomendaciones que incluían capacitación, evaluaciones de riesgo y labor interinstitucional. La policía aceptó las conclusiones y pidió disculpas a la familia del Sr. Taitoko. La policía introdujo una nueva capacitación y colabora en forma activa con los servicios de emergencia médica para atender mejor a las necesidades de las personas con niveles peligrosos de ebriedad o drogadicción. Las sillas de sujeción se colocan en dependencias especiales del distrito para evitar lesiones. Se mantuvieron conversaciones sobre el desempeño con nueve miembros del personal policial y no se presentaron cargos penales.

Dwayne Walters

213.En 2015, la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial investigó el suicidio de Dwayne Walters, que tuvo lugar en una celda del tribunal de distrito. El Sr. Walters aguardaba su traslado a un establecimiento penitenciario. La Dirección concluyó que el estado de la celda donde estaba alojado —en particular los puntos de fijación— había contribuido en gran parte al desenlace. En el párrafo 0 se describe la labor realizada para evitar los suicidios en los calabozos de los juzgados. La policía evalúa continuamente sus procedimientos a fin de que se utilicen las mejores prácticas para identificar a las personas en situación de riesgo.

Establecimientos penitenciarios

214.Desde julio de 2013, hubo 30 muertes por causas no naturales en las cárceles. En el período 2017/18, las muertes por causas no naturales fueron 7. En el apéndice 7 figura información detallada.

215.Si se sospecha que la persona no falleció por causas naturales, se dará intervención al médico forense, quien iniciará a una investigación independiente y hará una determinación. Además, los inspectores del Servicio Penitenciario investigan todos los casos de fallecimiento de personas privadas de su libertad. Cuando se identifican problemas, la Oficina de la Inspección formula recomendaciones al Servicio Penitenciario y este informe se presenta como prueba en las investigaciones del médico forense. Se notifica también de los fallecimientos de reclusos al Defensor del Pueblo, quien puede decidir dar inicio a una investigación.

216.En 2017, el Servicio Penitenciario creó un Equipo de Verificación Externa que hace un seguimiento y responde a todas las recomendaciones formuladas por el Cuerpo de Inspección, el médico forense y los organismos de supervisión externa, como el Defensor del Pueblo, el Comisionado de Protección de Privacidad, y el Comisionado de Salud y Discapacidad.

217.Desde 2014, el médico forense ha emitido ocho informes sobre fallecimientos en establecimientos penitenciarios, con una serie de conclusiones, que van desde la recomendación de modificar las políticas para las personas en riesgo hasta la capacitación del personal para poder evaluar riesgos de suicidio. En principio, como respuesta a estas conclusiones, el Servicio Penitenciario mejoró la gestión de las personas en riesgo de autolesión y suicidio mediante la introducción de cambios operativos y la actuación de dependencias especializadas de intervención y apoyo (véase el párrafo 0). Dentro del período sobre el que se informa, se pagó indemnización a los familiares en dos casos.

Centros sanitarios de detención

218.En 2017, se registraron 11 fallecimientos. Al momento de producirse el deceso, las personas estaban hospitalizadas con la respectiva orden de hospitalización en consonancia con lo previsto por la Ley de Salud Mental. La muerte de 7 de ellas no fue por causas naturales o médicas y, en 3 casos, la causa no fue determinada. Para algunos de estos casos, se inició una investigación que aún sigue en curso. En el apéndice 8, figura información detallada.

219.En virtud de la Ley de Salud Mental, los fallecimientos deben notificarse dentro de los 14 días. El Director de Salud Mental también debe ser informado de cualquier investigación. Estos fallecimientos también están sujetos a una investigación forense. Toda recomendación formulada a partir de una revisión o investigación forense se remite a la Junta de Salud del Distrito para su aplicación. Debido a las restricciones que establece la Ley de Médicos Forenses de 2006, los resultados de la investigación no se divulgan. La Junta también investiga casos graves, como los fallecimientos de personas detenidas. En 2015, se elaboraron directrices para ayudar a las Juntas a elaborar políticas de observación y participación que permitan atender a la seguridad de los pacientes en las dependencias de internación de salud mental.

220.Los datos del médico forense correspondientes a suicidios en los servicios de atención de personas mayores indican que el número de suicidios fue de 2 en 2014, 0 en 2015, 4 en 2016 y 1 en 2017.

221.En 2018, tras la denuncia de un familiar, el Comisionado de Salud y Discapacidad comprobó que un proveedor de servicios privados que trabajaba para una dependencia de atención de personas con demencia había incumplido el Código de Derechos del Consumidor. En 2015, un paciente aquejado con demencia fue agredido por otro paciente y falleció.

222.El Ministerio de Salud no pagó ninguna indemnización tras el fallecimiento de una persona privada de la libertad. No es necesario comunicar al Ministerio datos sobre procedimientos penales o disciplinarios, y el Ministerio no ha tenido conocimiento de ninguno de estos procedimientos.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 de la lista de cuestiones

Detención de solicitantes de asilo

223.La mayor parte de los solicitantes de asilo viven en la comunidad con un visado. Los solicitantes de asilo o pasajeros indocumentados a los que se les haya denegado la entrada pueden ser detenidos en centros de régimen abierto y baja seguridad de los servicios de inmigración o en establecimientos penitenciarios. Formalmente, se les confiere prioridad a las solicitudes de los solicitantes de asilo detenidos. Los solicitantes de asilo o las personas sujetas a devolución que se encuentran privadas de la libertad tienen derecho a un representante legal y a presentar un habeas corpus.

224.En Nueva Zelandia, solo un pequeño número de solicitantes de asilo están detenidos. La determinación de la detención y su alcance se basa en la evaluación de un funcionario de inmigración que evalúa caso por caso, teniendo siempre en cuenta la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

225.Las decisiones sobre si se debe detener o restringir de otro modo la libertad de circulación de las personas que han presentado una solicitud de asilo o el estatuto de protección, incluso para las llegadas masivas, se basan en el principio fundamental de que, si se ha de restringir la libertad de circulación, debe hacerse en el menor grado y por el menor tiempo posible. Se presta especial atención a la hora de adoptar decisiones que afecten a las mujeres (en particular embarazadas y adolescentes), niños y otros miembros de grupos vulnerables.

226.Como norma general, no se debería detener a niños y jóvenes menores de 18 años, y solo cuando concurran circunstancias atenuantes se podría justificar su detención en un centro si fuera necesario. Toda restricción de la libertad de circulación de un niño o joven no acompañado menor de 18 años solo debe producirse después de la intervención del Oranga Tamariki.

227.Las restricciones de la libertad de circulación en este contexto deben justificarse como necesarias no solo en el momento de la decisión, sino también después de haberla tomado.

Duración de la detención

228.Los solicitantes de asilo pueden ser detenidos sin una orden de detención por un período de hasta 96 horas; si se prolonga más allá de las 96 horas, el juez deberá emitir una orden de detención que debe renovarse cada 28 días. Los funcionarios de inmigración revisan regularmente las decisiones de detención. Cuando la persona pasa a ser reconocida como persona refugiada o protegida, la detención cesa de inmediato.

229.La Ley de Inmigración permite la detención de los refugiados que integran una llegada masiva. Si bien estas disposiciones nunca se han utilizado, contemplan la detención, en caso necesario, por un período inicial de hasta 6 meses, renovable cada 28 días. La Ley establece cuándo el oficial de inmigración puede solicitar al tribunal una orden de detención; por ejemplo, a fin de gestionar eficazmente una llegada masiva, o cualquier amenaza o riesgo para la seguridad o el público. Se considerarán todas las circunstancias en torno a la llegada.

Centro de Reasentamiento de Refugiados de Mangere

230.Este centro puede alojar hasta 28 personas en condición de detención “administrativa” como inmigrantes, que se alojan separadamente de los refugiados incluidos en la cuota. El 17 de junio de 2019, se alojaron en este centro tres solicitantes de asilo adultos en virtud de una orden de detención. En total, entre 2014 y 2019, han ingresado 44 personas.

231.Las personas que ingresan de este modo quedan sujetas a las condiciones del Centro, que incluyen solicitar permiso para salir y entrar en determinados horarios. Debido al carácter administrativo de la detención, las facultades son más limitadas que en los establecimientos penitenciarios. Solo puede recurrirse a la fuerza física en circunstancias limitadas (por ejemplo, para evitar que una persona provoque daños), y existen requisitos de notificación cuando se utiliza la fuerza. El registro corporal está prohibido, así como el registro de las habitaciones de los residentes.

Detención en centros penitenciarios

232.Cuando se concede la orden de detención, las personas sujetas a deportación o devolución normalmente son detenidas en un establecimiento penitenciario en condiciones similares a la prisión preventiva.

233.El Servicio de Inmigración y el Servicio Penitenciario colaboran estrechamente en cada caso a fin de lograr las mejores condiciones de detención posibles para los detenidos por motivos migratorios. Se advierte al Servicio Penitenciario, cuando proceda, que los detenidos por motivos migratorios no están allí por infracciones de carácter penal. Los detenidos pueden notificar al Servicio Penitenciario si sienten inseguridad o creen que sus derechos han sido violados.

Solicitantes de asilo detenidos en las cárceles

2014	2015	2016	2017	2018
5	15	24	27	18

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 de la lista de cuestiones

Internamiento involuntario por motivos de salud, incluida la discapacidadintelectual

234.Nuestro sistema de salud prevé distintos motivos de internamiento de personas, incluidas las que sufren discapacidad intelectual. La legislación incorpora salvaguardias, y el Servicio Nacional de Defensa de la Salud y Discapacidad ofrece un servicio gratuito e independiente de defensa y apoyo a quienes tienen problemas con los proveedores.

235.Se han hecho llamados a modificar los fundamentos del tratamiento no consentido y a que se estudie la legislación y las prácticas relativas a la capacidad mental, y se ha expresado preocupación, por ejemplo, por las lagunas en el marco normativo y las deficiencias en las salvaguardias.

236.El Gobierno ha aceptado una recomendación del Informe He Ara Oranga de derogar y reemplazar la Ley de Salud Mental (Reconocimiento y Tratamiento Obligatorios) de 1992 (la Ley de Salud Mental). La Ley de Adicción a Sustancias (Reconocimiento y Tratamiento Obligatorios) de 2017 exige revisar la Ley tres años después de su entrada en vigor.

Panorama general sobre la Ley de Salud Mental (Reconocimiento y Tratamiento Obligatorios) de 1992 y la Ley de Adicción a Sustancias (Reconocimiento y Tratamiento Obligatorios) de 2017

237.La Ley de Salud Mental prevé la evaluación psiquiátrica obligatoria y el tratamiento correspondiente también obligatorio. La Ley de Adicción a Sustancias prevé la evaluación y el tratamiento obligatorios para las personas que padecen graves adicciones a sustancias y no tienen capacidad para decidir someterse a un tratamiento. La Ley de Adicción a Sustancias se utiliza como último recurso. El objetivo es lograr un equilibrio entre el derecho de la persona de tomar decisiones sobre el tratamiento de su adicción y su protección frente a posibles perjuicios graves. Es necesario cumplir con ciertos criterios específicos (clínicos y legales).

238.Para garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores, la Inspección de Distrito ofrece servicios gratuitos (véase el párrafo ‎0). La Ley de Salud Mental permite a toda persona solicitar que un juez revise su situación durante el proceso inicial obligatorio de evaluación, que dura un mes. A las personas sujetas a un tratamiento obligatorio se les asigna un “médico responsable” que debe revisar formalmente su situación cada seis meses. El médico debe asesorar al paciente y a quienes se ocupen de su bienestar sobre las consecuencias legales que puede traer aparejada la revisión, y sobre su derecho de solicitar una revisión al Tribunal de Revisión de Salud Mental.

239.Toda evaluación o tratamiento que vaya más allá del período inicial solo podrá realizarse con el acuerdo del juez. La persona debe ser examinada dentro de los 14 días; luego se hará una consulta con dos profesionales de la salud y deberá asistir a una audiencia en que se tomará una decisión y se fijarán los términos. La persona tiene derecho a un abogado y a obtener asesoramiento psiquiátrico independiente. El juez puede decidir que el paciente cumpla un tratamiento comunitario (tratamiento por defecto) o instruir la internación del paciente.

240.La Ley de Adicción a Sustancias permite al paciente designar a un adulto para proteger sus intereses, consultar a un especialista aprobado para obtener una segunda opinión y solicitar un abogado.

Órdenes de tratamiento con internación con arreglo a la Ley de Salud Mental

	Número de órdenes de tratamiento con internación (art. 30)	Promedio de pacientes según el art. 30 en un día cualquiera	Número de pacientes cada 100.000 en un día cualquiera
2014	1 784	619	14
2015	1 791	654	14
2016	1 722	589	12
2017	1 690	651	13

Nota: el cuadro no incluye a los pacientes que ingresan en el sistema a través de los tribunales o establecimientos penitenciarios, o que están detenidos por orden judicial debido al peligro que representan para otras personas. Estos pacientes reciben tratamiento en uno de los cinco servicios psiquiátricos forenses que existen. Aún no se cuenta con datos sobre la Ley de Adicción a Sustancias.

241.En 2017, las probabilidades de las personas de origen maorí de verse sujetas a una orden de tratamiento con internación eran 3,4 veces más altas que las de otros grupos étnicos.

Tasas de ocupación de las unidades de salud mental

242.El Mecanismo Nacional de Prevención y el Auditor General han expresado su preocupación por las altas tasas de ocupación en algunas dependencias de internación de salud mental. Los factores que contribuyen a las altas tasas de ocupación son complejos e incluyen la capacidad, la demanda y los modelos de atención. Los datos nacionales sobre ocupación de camas no incluyen a los pacientes con salidas temporales, por lo que es posible que se subestimen las tasas de ocupación totales. Las tasas de ocupación varían de una región a otra.

Tasas de ocupación de camas en las dependencias de internación de salud mental

	Tasa de ocupación ( porcentaje )
2014/15	90
2015/16	91
2016/17	90
2017/18	90

Nota: no todas las personas reciben tratamiento obligatorio.

Tratamientos alternativos

243.La mayor parte de las personas acceden voluntariamente a los servicios de salud mental y adicción. En 2017, de las 176.310 personas que recibían estos servicios, el 5,8 % estaba sujeto a órdenes en virtud de la Ley de Salud Mental.

244.La mayor parte de las personas sujetas a tratamiento obligatorio en virtud de la Ley de Salud Mental reciben tratamiento dentro de la comunidad (el 87 % en 2017). El médico responsable puede convertir una orden de internación en una orden de tratamiento dentro de la comunidad, o autorizar salidas temporales por un máximo de tres meses. En un día cualquiera de 2017, hubo un promedio de 4.259 personas sujetas a una orden de tratamiento dentro de la comunidad y de 165 cursando salidas temporales. Conforme a la Ley de Adicción a Sustancias, el médico puede permitir al paciente ausentarse de un centro de tratamiento por cualquier período.

245.Los delincuentes con enfermedades mentales detenidos en un servicio forense de salud mental pueden tener derecho a salidas a la comunidad. Habitualmente estas salidas se usan para asistir a consultas, para ir a trabajar, para programas de rehabilitación o para visitas a la familia. Luego de atravesar períodos cada vez más largos de salidas sin custodia con buenos resultados, algunas personas pueden avanzar a un entorno menos restrictivo. Las personas pueden pasar a una unidad hospitalaria abierta y, con el tiempo, llegar a residir en la comunidad, en una vivienda asistida o con su familia.

Ley de Discapacidad Intelectual (Atención y Rehabilitación Obligatorias)de 2003

246.De conformidad con esta Ley, se puede ordenar la atención y rehabilitación obligatorias de las personas con discapacidad intelectual acusadas o condenadas por un delito. La Ley establece salvaguardias para defender los derechos de estas personas. Los Inspectores de Distrito cumplen varias funciones, entre otras:

Inspección de instalaciones, en particular relacionadas con los procesos de documentación

Tramitación de denuncias y derivaciones al Comisionado de Salud y Discapacidad

Indagaciones e investigaciones

247.Las personas que reciben atención están sujetas a una revisión semestral por parte de psicólogos cualificados. Durante el período de atención médica obligatoria, se pueden apelar las órdenes o procurar una segunda opinión sobre el uso de la medicación. A fines de 2017, había 115 personas sujetas a una orden en virtud de la Ley; 57 de ellas estaban sujetas a una orden de supervisión y 58, a una orden de medidas de seguridad. En algunos casos, el apoyo suministrado refleja las necesidades de la persona y no se basa solo en el nivel de seguridad de la orden a la que esta se encuentra sujeta. Solo puede hospitalizarse a las personas en virtud de una orden de tratamiento en un entorno seguro. Los Servicios de Atención Hospitalaria Segura por Discapacidad Intelectual pueden alojar hasta 66 personas.

Ley de Protección de los Derechos Personales y a la Propiedad de 1988

248.Esta Ley ayuda a tomar decisiones en los casos en que un adulto carece de capacidad mental; los medios que prevé son herramientas tales como órdenes judiciales (tutela personal, de la propiedad o asistencial) y poderes permanentes. Se pueden emitir órdenes personales para que una persona ingrese en un establecimiento determinado o lleve un sistema de vida. Esto no incluye hospitales psiquiátricos ni instituciones autorizadas por la normativa de salud mental, pero sí puede incluir hospitales privados y residencias de reposo. Las órdenes pueden prever el uso de una fuerza razonable, por ejemplo para tratamiento médico.

249.No hay datos nacionales sobre el número de órdenes emitidas en virtud de esta Ley que determinen que las personas deban vivir en residencias de reposo o tengan otros sistemas de vida. Entre 2013 y 2017, se emitieron unas 127 órdenes personales al año. El número de órdenes vigentes difiere, y no todas corresponden a los sistemas de vida. El tribunal debe revisar las órdenes como mínimo cada cinco años. Puede haber demoras en el acceso a la justicia, por ejemplo, debido a temas prioritarios que involucran a niños. La persona sujeta a una orden cuenta con representación legal independiente en las actuaciones. Puede solicitar una revisión en cualquier momento, al igual que otras personas, como los miembros de la familia.

250.El Defensor del Pueblo planteó una preocupación por el número de personas detenidas en virtud de esta Ley en ausencia de una orden de un tribunal. No es posible determinar la escala de este problema, pues solo se compilan datos cuando se ha emitido una orden. Durante 2019/20, una Comisión Legal iniciará una revisión de las leyes relacionadas con los adultos que tienen afectada su capacidad de tomar decisiones. No se ha establecido aún el alcance del trabajo, pero es posible que incluya cuestiones relacionadas con las personas detenidas en virtud de la Ley.

Derecho 7 4) del Código de Derechos de los Consumidores de Servicios de Salud y Discapacidad

251.El derecho 7 4) establece una excepción al requisito general de opción y consentimiento informados, y provee un fundamento jurídico para tratar a las personas que carecen de la capacidad de prestar su consentimiento si el tratamiento responde al interés superior de la persona. En virtud del derecho 7 4), el prestador de servicios debe seguir ciertos pasos, como tomar las medidas razonables para evaluar el punto de vista del consumidor.

252.No se han compilado datos sobre el número de personas internadas con arreglo al derecho 7 4). No obstante, según el informe publicado en 2018 por la Comisión de Derechos Humanos, se estima que a un tercio de las personas que carecen de capacidad mental y se encuentran en centros seguros de atención de ancianos la única autorización que se les puede conferir es la del derecho 7 4). Los límites legales del derecho 7 4) no quedan claros, ni se ofrecen las mismas garantías que se ofrecen en otros instrumentos legales. Existen mecanismos más apropiados para tratar o mantener detenida a una persona que no puede dar su consentimiento al tratamiento.

253.El Comisionado de Salud y Discapacidad está redactando un informe que examina las investigaciones sobre salud y discapacidad de personas adultas que no pueden dar su consentimiento informado.

Detención a corto plazo de personas con problemas de salud mental agudos en calabozos policiales

254.La policía suele ser el primer servicio al que se recurre para obtener asistencia en un episodio de salud mental. La policía ofrece orientación a los oficiales sobre cómo actuar cuando en un incidente interviene una persona con discapacidad mental. La preocupación primaria es la de evitar perjuicios.

255.Se han planteado inquietudes respecto de las personas que permanecen bajo custodia policial mientras aguardan una evaluación psiquiátrica. Aunque en términos generales los calabozos policiales no están preparados para alojar a estas personas, en algunos casos su uso es necesario para responder a las preocupaciones inmediatas de salud o seguridad.

256.Con el fin de reducir las detenciones bajo custodia policial, la policía ha trabajado con el Ministerio de Salud y los servicios de salud mental a fin de elaborar una respuesta alternativa. Cuando no se requieran medidas de seguridad inmediatas, los agentes de policía trasladarán a la persona al hospital y se quedarán con ella hasta que la evalúe un profesional de salud mental. Las llamadas para pedir ayuda policial en episodios de salud mental son clasificadas por profesionales de salud mental, quienes evalúan qué tipo de servicio se necesita y remiten el caso a la policía o llaman a una ambulancia, según corresponda.

257.La proporción de casos de salud mental que se remiten a una comisaría (no a un centro de salud) disminuyó del 15 % al 11 % de 2014 a 2016. La proporción de casos de intento (o amenaza) de suicidio que se remite a las comisarías disminuyó del 20 % al 12 %.

Personas con episodios de salud mental detenidas en calabozos policiales

	Adultos (17 años o más)	Jóvenes (16 años o menos)
	Número	Promedio de horas	Número	Promedio de horas
2013/14	4 413	3,31	350	3,17
2014/15	4 143	3,15	296	2,51
2015/16	2 629	3,29	164	3,36
2016/17	2 248	3,45	145	4,02
2017/18	1 826	3,49	170	3,21

Nota: el tema de los jóvenes detenidos se analiza en mayor profundidad en la cuestión 20.

Artículos 12 y 13

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

Denuncias, investigaciones, actuaciones

258.En el período sobre el que se informa no ha habido enjuiciamientos por torturas. No se cuenta con datos nacionales completos sobre denuncias e investigaciones de casos de maltrato de detenidos, pues existen varios mecanismos de denuncia, y las denuncias no siempre se clasifican como maltrato en la detención. Por lo tanto, es posible que la información aquí suministrada no abarque todas las denuncias. Para más información sobre los mecanismos de denuncia, véase la cuestión 26.

Denuncias de fuerza excesiva o maltrato bajo custodia policial

	Fuerza excesiva	Maltrato	Fuerza excesiva y maltrato	Total
2013/14	8	5	1	14
2014/15	9	4	0	13
2015/16	6	1	0	7
2016/17	4	2	0	6
2017/18	0	0	0	0
Total	27	12	1	40

Lugares de confinamiento por motivos de salud

259.El Ministerio de Salud no compila datos sobre todas las denuncias de tortura o maltrato en centros de salud. Existen datos sobre denuncias formuladas ante el Comisionado de Salud y Discapacidad. El Comisionado de Salud y Discapacidad es el “guardián” que investiga las denuncias y hace recomendaciones a los prestadores de servicios de salud y discapacidad; además, publica informes anuales. En su informe de 2017/18, el Comisionado señaló que, como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con las denuncias, se hicieron recomendaciones de amplio alcance para mejorar los sistemas de salud y discapacidad.

260.Los consumidores pueden realizar una denuncia directamente al Comisionado de Salud y Discapacidad por un servicio de salud o discapacidad que hayan recibido. Las denuncias pueden ser presentadas por la persona atendida, un amigo o un familiar de la persona, un prestador de servicios o cualquier otra persona interesada. En 2017/18, el Comisionado de Salud y Discapacidad recibió 2.498 denuncias (un aumento del 13 % desde 2016/17) que abarcan una amplia variedad de cuestiones. Se realizaron 102 investigaciones formales y se determinó en 70 que había habido una infracción. Se remitió a 11 proveedores al Director de la Oficina de Actuaciones responsable de elevar los casos al Tribunal de Disciplina para Profesionales de la Salud o al Tribunal de Revisión de Derechos Humanos.

261.Denuncias al Comisionado de Salud y Discapacidad relacionadas con unidades de internación de pacientes de salud mental:

2015/16: 69

2016/17: 85

2017/18: 87

262.En 2017/18, el Defensor del Pueblo realizó 9 inspecciones formales y 17 visitas informales a instituciones de salud y discapacidad de confinamiento, en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención para el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Tras las inspecciones, el Defensor del Pueblo hizo 81 recomendaciones, de las cuales 74 fueron aceptadas total o parcialmente. Entre las áreas de mejora citadas, cabe mencionar las tasas de ocupación, el uso de habitaciones para aislamiento como dormitorios a largo plazo, y el uso y el registro de las prácticas de restricción.

Establecimientos penitenciarios

263.En el período sobre el que se informa, ningún tribunal neozelandés detectó que se incumpliera el artículo 9 de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia (Torturas y Tratos Crueles). Se detectó un incumplimiento del artículo 23 5) (tratamiento inhumano e indigno) (véase el párrafo ‎0).

264.Tras una serie de comunicaciones individuales en 2014, el Comité de Derechos Humanos halló, en 2018, que la prisión preventiva de los Sres. Miller y Carroll constituía una detención arbitraria y violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a su duración y a que no se habían adaptado las condiciones como correspondía. El Comité reclamó una revisión de la legislación.

265.Para información sobre la comunicación del Sr. Vogel y los pagos de indemnización, véase la cuestión 29.

Oranga Tamariki (Ministerio de la Infancia)

Denuncias elevadas a paneles de reclamación de las residencias, 2014-2017

	Acusaciones	Proceso de resolución
Justificadas	Injustificadas	Formal	Informal
Residencias de justicia juvenil
Abuso físico	10	5	14	1
Abuso verbal	30	4	22	12
Otros*	131	13	45	99
	171 (89 %)	22 (11 %)	81 (42 %)	112 (58 %)
Residencias de atención y protección
Abuso físico	9	9	6	12
Abuso verbal	23	5	1	28
Otros*	120	17	3	134
	152 (83 %)	31 (17 %)	10 (5 %)	174 (95 %)

* Cumplimiento de otras políticas.

266.Este cuadro no incluye las denuncias elevadas a otros órganos, tales como el Comisionado para la Infancia. En el año transcurrido hasta junio de 2017, 91 reclamaciones (el 28 % del total de las denuncias) fueron remitidas a un panel de reclamaciones; el panel halló que 28 estaban justificadas, y 16 fueron elevadas al Comisionado para la Infancia. Una denuncia pudo haber estado justificada en la investigación inicial, pero luego haber sido elevada a una instancia superior si la persona denunciante no estuvo satisfecha con el resultado.

267.La policía también puede investigar si se acusa de maltratos al personal de las instituciones de justicia de menores.

Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones

Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial; mecanismos de denuncia; discreción para decidir el enjuiciamiento

Independencia de la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial

268.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial es una entidad independiente que responde a la Corona. En virtud de la Ley de la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial de 1988, la Dirección debe “actuar con independencia en el cumplimiento de las funciones y deberes prescritos por la ley, y en el ejercicio de sus facultades”.

269.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial ha revisado sus procesos en respuesta a la preocupación del Comité respecto de que la mayoría de las investigaciones fueran realizadas por la policía en lugar de la Dirección. Anteriormente, algunas denuncias se remitían a la policía para que esta investigara y la Dirección no participaba hasta el momento de examinar el resultado. Estos procedimientos han cambiado.

270.Si una persona privada de su libertad desea presentar una denuncia por el trato recibido de la policía, puede presentar una denuncia ante la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial o a la Policía. La información está disponible en línea y en todas las comisarías. El personal que trabaja en primera línea también recibe capacitación sobre el trato con los denunciantes. Si una persona desea presentar la denuncia a la policía y no a la Dirección, la legislación requiere que la denuncia se remita a la Dirección dentro de un plazo de cinco días.

271.Cuando se presenta una denuncia, la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial obtiene toda la información del denunciante y de la policía, y determina si existe un problema que requiere atención. Para hacer esa determinación, la Dirección considera si la persona tiene una reclamación razonable (por ejemplo, si un oficial puede haber incurrido en una conducta improcedente o en un descuido de sus deberes).

272.Si la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial determina que una denuncia plantea un potencial problema, se gestiona por una de las siguientes vías:

Investigación independiente por parte de la Dirección, con conclusiones y recomendaciones

Devolución al Grupo de Conducta Profesional de la Policía para su investigación, con supervisión activa y revisión de la Dirección

Resolución mediante una reparación acordada para el denunciante

273.La investigación de la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial habitualmente se realiza en paralelo con una investigación policial, pues solo la policía puede iniciar actuaciones penales o relacionadas con el empleo.

274.Cuando los casos se devuelven a la policía, la Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial se mantiene en contacto con el oficial responsable de la investigación. Desde el comienzo, se acuerdan las cuestiones y los plazos. Toda la documentación —incluidas las declaraciones de los entrevistados— se examina cuando está disponible; toda preocupación acerca de la orientación o el alcance de las investigaciones se discute y eleva a otra instancia de ser necesario. Si las investigaciones policiales no son sólidas, esto puede dar lugar a una investigación de la Dirección y a un escrutinio público.

275.La Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial recibe sus fondos a través del presupuesto del Ministerio de Justicia. Como se explicó en la respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones, esta Dirección ha recibido una asignación mayor de fondos para el cumplimiento de sus funciones; actualmente está a punto de completar un programa intensivo de inspecciones de todos los calabozos policiales donde los detenidos pernoctan (160.000 dólares de fondos recibidos). También hace auditorías trimestrales de los registros policiales de detención, para comprobar que se respeten los procedimientos de administración adecuados y se puedan plantear los problemas que se presenten.

Mecanismos de denuncia eficaces

276.Las denuncias de maltrato pueden ser recibidas por los organismos responsables o por los mecanismos de supervisión, a saber:

Inspección General (para establecimientos penitenciarios)

Defensor del Pueblo (para la conducta de organismos del sector público)

Inspectores de Distrito (para la Ley de Salud Mental, la Ley de Adicción a Sustancias y la Ley de Discapacidad Intelectual)

Comisionado de Salud y Discapacidad

Tribunal de Revisión de Salud Mental

Comisionado para la Infancia

Dirección Independiente de Control de la Actuación Policial

Establecimientos penitenciarios

277.El Servicio Penitenciario procura una resolución informal de las denuncias. Si esto no es posible, se emplea un proceso por niveles:

En el establecimiento penitenciario

Mediante la central nacional de respuesta a denuncias del Servicio Penitenciario

Mediante la Inspección General

278.Las denuncias que no se resuelven por vía informal se conservan en la base de datos del Sistema Integrado de Gestión de Delincuentes (excepto si se han realizado ante la Inspección). Los plazos establecidos para tramitar las denuncias e informar al denunciante son estrictos.

279.En 2018, el Servicio Penitenciario solicitó una revisión externa de su sistema de denuncias. Los principales problemas que se detectaron fueron el acceso al proceso y el hecho de que el sistema se manejara en papel. Se ha puesto en marcha un proyecto de mejora de la resolución de denuncias con vistas a mejorar el sistema.

Inspección General

280.Los inspectores son empleados del Servicio Penitenciario, pero son independientes de las actividades y denuncias que investigan.

281.En 2017, se fortaleció la función de la Inspección, a la que se asignaron mayores fondos. Sus funciones se han ampliado: ahora, además de centrarse en las denuncias, hace inspecciones periódicas de los establecimientos penitenciarios. Desde 2017, se realizaron inspecciones en los 18 establecimientos penitenciarios y se han publicado informes de inspección. La Inspección ha creado un marco de normas para las inspecciones basado en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (“Reglas Mandela”).

282.Se informa a los prisioneros a través de carteles y folletos que pueden presentar denuncias a un inspector —incluso, en casos de urgencia, sin seguir los procesos de los primeros niveles—, por ejemplo, ante:

Situaciones que afecten la seguridad inmediata de las personas, lo que incluye denuncias sobre medicación.

Decisiones relativas a una puesta en libertad temporal por razones humanitarias.

283.Es preciso dar al inspector acceso irrestricto a las personas, las instalaciones y los registros.

Defensor del Pueblo

284.Los reclusos pueden presentar denuncias al Defensor del Pueblo. Si este último considera que se ha producido un incumplimiento o una conducta ilícita, eleva sus recomendaciones al Gobierno. El Defensor del Pueblo se ocupa de cientos de denuncias por año; muchas de ellas provienen de reclusos.

Centros de salud

285.Los pacientes que consideran que han sido privados injustamente de su libertad o que han sido maltratados pueden presentar su denuncia directamente a la Junta de Salud del Distrito. El Servicio Nacional de Defensa de la Salud y Discapacidad presta asistencia gratuita e independiente durante el proceso de denuncia.

286.Las personas que consideran que han sido privadas injustamente de su libertad en virtud de la legislación de salud mental o de la Ley de Discapacidad Intelectual también pueden efectuar una denuncia ante uno de los 34 Inspectores de Distrito de Salud Mental. Los Inspectores de Distrito son abogados designados por el Ministerio de Salud y están obligados a elevar mensualmente informes al Ministerio; atienden denuncias de violación de derechos, inspeccionan instalaciones, realizan indagaciones e investigaciones, y ayudan a los pacientes a solicitar un examen judicial.

287.Una denuncia realizada ante un inspector puede elevarse al Tribunal de Revisión de Salud Mental; el Tribunal debe denunciar la violación de derechos y hacer recomendaciones al Director de Área de Servicios de Salud Mental pertinente, quien deberá resolver el problema. Los informes del Tribunal se publican en el Informe anual de salud mental.

288.Si un paciente no está satisfecho con el manejo de su denuncia, también podrá recurrir al Defensor del Pueblo. Para información sobre el Comisionado de Salud y Discapacidad, véanse los párrafos ‎0-0.

Residencias del Oranga Tamariki

289.Si un niño o joven está insatisfecho con cualquier cuestión, pueden utilizar el proceso de reclamaciones del Oranga Tamariki. Si no está satisfecho con el resultado de la investigación, la denuncia o reclamación puede elevarse a un panel de reclamaciones y, de ser necesario, al Comisionado para la Infancia o al Defensor del Pueblo.

290.En cada residencia hay un panel de reclamaciones independiente al que los jóvenes pueden recurrir si consideran que han recibido un trato indebido o ilegal. Asimismo, pueden acceder a los servicios de defensa independientes de un abogado o un familiar y, en términos generales, también de los abogados para reclamaciones contratados por las residencias. Cuando ingresan a la residencia se les explica cómo funciona este proceso, que fue diseñado en 2015 para que a los niños les resultara más fácil, menos complicado y más accesible. VOYCE, una organización independiente que ofrece servicios de defensoría y acompañamiento a los jóvenes, también puede ejercer su defensa en caso de reclamaciones. La eficacia del proceso se vigila atentamente. Los análisis revelan que, desde que se introdujeron los cambios, los jóvenes comprenden el proceso con más facilidad.

291.Si una reclamación se relaciona con un perjuicio infligido a una persona joven, se inicia un proceso disciplinario que puede incluir la suspensión en el cargo de ese miembro del personal durante la investigación, como también advertencias e incluso el despido. Las denuncias por cualquier tipo de lesión son examinadas por la policía, que determina si se requiere una investigación penal.

292.En marzo de 2019, el Gobierno acordó reforzar la supervisión del sistema del Oranga Tamariki y las cuestiones relacionadas con la infancia. El Ministerio de Desarrollo Social está abocado a crear una función de vigilancia independiente del sistema del Oranga Tamariki, con la intención de transferirla, en última instancia, al Comisionado para la Infancia.

Prerrogativa Real de clemencia y Comisión de Revisión de Casos Penales

293.Una persona que considere que ha sido víctima de un error judicial puede solicitar al Gobernador General una Prerrogativa Real de clemencia, un indulto o que se remita el caso a los tribunales para que se lo vuelva a considerar. El Gobernador General actúa según lo aconseje el Ministro de Justicia.

294.El Parlamento está considerando un proyecto de ley que crearía una Comisión de Revisión de Casos Penales. En caso de concretarse, la Comisión asumirá las facultades de remisión de casos, que ahora pertenecen a la esfera del Gobernador General. La creación de la Comisión mejoraría el sistema actual, pues supone establecer un órgano independiente con personal dedicado en exclusiva a identificar y responder a todo posible error judicial.

Discreción de enjuiciar del Fiscal General

295.No consideramos que sea necesario restringir la discreción del Fiscal General en relación con las decisiones de enjuiciamiento por el delito de tortura. Si bien el artículo 12 de la Ley de Delitos de Tortura requiere el consentimiento del Fiscal General para enjuiciar, en la práctica esa función la ejerce el Procurador General, que es el funcionario no político de más alto nivel en materia jurídica. La responsabilidad del Procurador General respecto de los enjuiciamientos públicos ha sido codificada en la Ley de Delitos de Tortura.

296.En las Directrices de enjuiciamiento se hace hincapié en el principio central universal de un sistema de enjuiciamiento que respete el estado de derecho democrático: la independencia del fiscal respecto de las personas o los organismos que no formen parte debidamente del proceso de toma de decisiones de enjuiciamiento. Esta independencia implica que el fiscal debe estar libre de toda presión indebida o inapropiada de cualquier fuente, sea esta política o de cualquier otra índole.

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

Investigación de la “Operación Burnham”

297.En 2018, el Fiscal General anunció una investigación gubernamental que, conforme a la Ley de Investigaciones de 2013, se ocuparía de la Operación Burnham y los temas conexos. Sir Terence Arnold (exjuez del Tribunal Supremo) y el Muy Honorable Sir Geoffrey Palmer (abogado, académico jurista y ex primer ministro) fueron designados para encabezar la investigación.

298.La investigación procura establecer los hechos vinculados a las acusaciones; examinar el tratamiento dado por el personal de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia a los informes sobre víctimas fatales civiles tras la operación; y evaluar la conducta del personal de esas Fuerzas, incluido el cumplimiento de las normas de intervención, el derecho humanitario internacional, y las autorizaciones militares y políticas. El equipo de investigación no tiene jurisdicción para realizar determinaciones sobre las acciones de otros países ni sobre la responsabilidad civil, penal o disciplinaria de cada individuo. No obstante, puede dictaminar faltas y recomendar pasos ulteriores para determinar la responsabilidad.

299.Las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia cooperan plenamente con la investigación y han creado una Oficina Especial de Investigaciones, que coordina la participación de las Fuerzas y apoya la investigación. Al culminar la investigación, se presentará un informe al Gobierno en diciembre de 2019.

300.Recientemente, el Inspector General de Inteligencia y Seguridad ha finalizado una investigación (la Investigación CIA) sobre el papel o la conexión que han tenido los organismos de inteligencia de Nueva Zelandia en el período de 2001 a 2009 con un organismo afín, la CIA, que incurrió en la tortura de detenidos. No se detectó ninguna conexión directa con el programa de la CIA, pero sí un reconocimiento insuficiente del riesgo generado por la interacción estrecha con otros organismos y la recepción de informes de inteligencia. Otra investigación similar (la Investigación Afganistán) se ocupa de los hechos del período de 2009 a 2013. Es probable que algunos temas concretos de la investigación del Gobierno sobre la Operación Burnham se superpongan con esta última investigación.

Artículo 14

Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones

Maltrato histórico

Real Comisión sobre el maltrato histórico en la atención en instituciones estatales y confesionales

301.En 2018, el Gobierno creó la Real Comisión de Investigación (la Comisión de Investigación). Las reales comisiones están reservadas a las cuestiones de importancia pública más graves. La creación de esta Comisión implica reconocer que ha habido maltrato histórico, y supone un gran paso para las víctimas o las personas sobrevivientes. También responde a los llamamientos públicos para que se realice una investigación independiente, como los efectuados por la Comisión de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

302.Tras amplias consultas públicas, el mandato definitivo reconoce y reafirma que Nueva Zelandia tiene la obligación internacional de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole necesarias para proteger a las personas contra el maltrato, y reconoce que el maltrato de las personas bajo la tutela del Estado exige un examen inmediato e imparcial.

303.La Real Comisión está abocada a examinar los casos de maltrato a niños, jóvenes y adultos vulnerables que estuvieron bajo la tutela del Estado y que recibieron atención de instituciones confesionales entre 1950 y 1999, y goza de cierta discrecionalidad para examinar cuestiones fuera de dicho período. La Comisión examinará casos de maltrato físico, emocional y sexual, así como de desatención, conforme se definen en las normas nacionales e internacionales aplicables. Una de las prioridades fundamentales de la Comisión de Investigación es examinar los efectos diferenciados del maltrato, por ejemplo, a los maoríes y la población de las Islas del Pacífico, las personas LGBTQI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales), y las personas con discapacidades o problemas de salud mental. La Comisión de investigación examinará la naturaleza y el alcance del maltrato; las repercusiones inmediatas y a largo plazo sobre las personas, las familias y las comunidades; los factores que pueden haber causado el maltrato o contribuido a él; y las lecciones que deben extraerse para el futuro. Además, examinará los entornos actuales que permiten prevenir y responder al maltrato, incluidos los procesos de reparación existentes.

304.La Comisión de Investigación puede recomendar cambios de carácter legislativo, administrativo, político, práctico o procedimental. Además, formulará recomendaciones sobre las medidas apropiadas que el Estado debe tomar para rectificar el daño causado, entre ellas la conveniencia de que este emita una disculpa. De conformidad con la Ley de Investigaciones de 2013, la Comisión de Investigación no puede formular conclusiones sobre responsabilidad civil, penal o disciplinaria, pero sí puede establecer la culpabilidad y recomendar que se adopten medidas para determinar responsabilidades.

Vías existentes para la reparación

Equipo de Demandas Históricas del Ministerio de Desarrollo Social

305.Este Equipo trabaja con personas que sufrieron maltrato o abandono en la atención, o al estar bajo custodia o tutela. Al 31 de marzo de 2019, el Ministerio de Desarrollo Social había resuelto 1.794 de las 3.667 demandas recibidas; además, había manifestado disculpas y efectuado pagos por un total de alrededor de 27,6 millones de dólares a 1.450 personas. Los pagos individuales oscilaron entre los 1.150 y los 80.000 dólares; los más habituales fueron los pagos de entre 10.000 y 25.000 dólares. A la misma fecha, se aguardaba la resolución de otras 1.870 demandas.

306.El proceso de demandas del Ministerio de Desarrollo Social hace un uso intensivo de recursos y demora un tiempo considerable, lo que provoca que las demandas se acumulen cada vez más. En 2018, se hizo una revisión centrada en los comentarios que hicieron los involucrados en el proceso sobre sus necesidades; esto incluyó consultas con la comunidad maorí. En noviembre de 2018, el Ministerio de Desarrollo Social empezó a aplicar un modelo operativo nuevo y más ágil. Uno de los aspectos fundamentales de la evaluación sigue siendo el hecho de reunirse en forma presencial con las personas para escuchar sus preocupaciones.

Servicio de Solución de Maltratos Históricos (HARS)

307.En 2012, el Ministerio de Salud creó el Servicio de Solución de Maltratos Históricos a fin de apoyar la solución de esos casos sin que los demandantes tengan que iniciar un procedimiento judicial. El Servicio examina las denuncias de maltrato en instalaciones psiquiátricas estatales antes de 1993 y, cuando procede, aprueba la manifestación de disculpas y un pago graciable de hasta 9.000 dólares.

308.Tras las denuncias de maltrato, el Gobierno ofreció disculpas y otorgó indemnizaciones. Entre julio de 2012 y julio de 2018, se resolvieron 191 demandas y se hicieron pagos por un total de 1.145 millones de dólares.

309.Desde 2014, se presentaron tres nuevas demandas de antiguos pacientes del Hospital Lake Alice. De ellas, dos fueron resueltas y la restante está en proceso. Además, se presentaron y resolvieron dos demandas por pagos adicionales. El monto de la indemnización no se divulga por razones de confidencialidad.

310.La comunicación del Sr. Zentveld al Comité se relaciona con el Hospital Lake Alice. La Real Comisión también se ocupará de los hechos de Lake Alice.

Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones

Reparación e indemnización

Ley de Denuncias de Reclusos y Víctimas (Continuación y Reforma) de 2013

311.En el período sobre el que se informa, no se hicieron avances en la modificación de esta Ley. El requisito de que la indemnización por daños solo puede ser concedida al cabo de examinar una serie factores es coherente con el enfoque seguido por los tribunales para indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos. Los tribunales pueden —y lo han hecho— otorgar indemnizaciones u otras reparaciones por violaciones a la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia, que incluye el derecho a no verse sometido a torturas o tratos crueles, y a ser tratado con dignidad (párrafo ‎0).

Reparación e indemnización

312.La Real Comisión (cuestión 28) puede efectuar recomendaciones relativas al régimen actual de reparaciones e indemnizaciones.

Establecimientos penitenciarios

313.Durante el período sobre el que se informa, hubo algunos casos en que el Servicio Penitenciario resolvió las demandas de presunto maltrato. La resolución no indica aceptación de que se haya infligido maltrato. Se pagó una indemnización por el uso de prácticas de restricción. También se efectuó un pago con arreglo a la Ley de Denuncias de Reclusos y Víctimas.

314.En 2017, tras la Comunicación núm. 672/2015 presentada por el Sr. Vogel, el Comité contra la Tortura halló una violación al artículo 16. El caso se relacionaba con un aislamiento prolongado para fines disciplinarios que tuvo lugar en el año 2000. El Comité no encontró que se hubiese violado el artículo 14. En 2018, el Gobierno otorgó un pago graciable de 10.000 dólares más una contribución a las costas legales en beneficio del Sr. Vogel. Esta es la primera vez que el Gobierno para una indemnización por una violación a un tratado de derechos humanos cuando el organismo del tratado ha hecho una determinación.

Indemnización por condena y privación de la libertad injustas

315.De conformidad con las directrices del Consejo de Ministros, el Gobierno puede pagar una indemnización graciable a las personas condenadas y privadas de su libertad injustamente. Las demandas admisibles para su consideración generalmente se remiten para evaluación de un juez independiente retirado o un abogado destacado que evalúe y determine si el demandante es inocente sopesando las probabilidades. Si se demuestra su inocencia, habitualmente se recomienda una indemnización en un monto apropiado.

316.En el período sobre el que se informa, el Gobierno indemnizó a dos personas de acuerdo con las directrices (por 3,5 millones de dólares y 550.000 dólares). En el primer caso, la persona que presentaba la demanda, Teina Pora, pasó casi 20 años en prisión; inicialmente, el Gobierno otorgó una indemnización de alrededor de 2,5 millones de dólares. Después de una revisión judicial favorable, el Gobierno otorgó 1 millón de dólares adicional en concepto de ajuste por inflación.

Tutela del Estado en el Oranga Tamariki

317.Las personas que hayan iniciado acciones civiles contra el Oranga Tamariki también pueden ser indemnizadas. Por otra parte, en algunos casos, el Oranga Tamarikipuede decidir efectuar un pago a título graciable como señal de buena voluntad u obligación moral aunque no se reconozca responsabilidad legal. En el caso de que un niño bajo su tutela sufriera maltratos, el Oranga Tamariki también podría considerar darle acceso a servicios especializados, por ejemplo, de asesoramiento psicológico.

Servicios de salud

318.No se dispone de información completa sobre las medidas de reparación e indemnización por malos tratos en lugares de internación por motivos de salud. Para información sobre casos históricos de malos tratos en establecimientos psiquiátricos, véase el asunto 28.

319.Las personas que han sufrido traumas tienen acceso a los servicios administrados por el sistema de salud pública. Estos servicios son gratuitos o subvencionados, y cada vez con mayor frecuencia se adopta un enfoque centrado en el trauma sufrido. Las personas víctimas de una lesión mental —por ejemplo, como secuela de una lesión física— también pueden tener derecho a recibir una indemnización o la financiación de su tratamiento a través del programa Accident Compensation Corporation, que es un seguro público no sujeto a la determinación de culpabilidad.

320.Los servicios aún pueden mejorarse. Los centros de capacitación del personal de salud brindan capacitación y recursos de atención centrada en el trauma para mejorar la respuesta al trauma. En He Ara Oranga: Informe a la investigación del Gobierno sobre salud mental y adicción, se hace hincapié en la importancia del enfoque centrado en el trauma.

Derechos de las víctimas

321.El informe periódico anterior (párrafo 224) incluyó información sobre la asistencia prestada a las víctimas de delitos. En 2014, se modificó la Ley sobre los Derechos de las Víctimas de 2002 con el objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas. Esto incluye mejores servicios y más oportunidades de participación en los procesos de la justicia penal. En 2015, se creó la función de Asesor Principal sobre Víctimas, que es un asesor independiente del Ministro de Justicia. Asimismo, en 2015, se aprobó el Código de Derechos de las Víctimas, que incluye información detallada sobre los derechos, las obligaciones y los mecanismos de denuncia.

Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones

Reserva al artículo 14

322.Nueva Zelandia se ha reservado el derecho de indemnizar a las víctimas de tortura a las que se hace referencia en el artículo 14 de la Convención solo a discreción del Fiscal General. En el momento en que se expresó la reserva no existían recursos legales en apoyo a las víctimas de la tortura. Desde entonces, se ha promulgado la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia, y los tribunales han sostenido que pueden otorgar indemnizaciones por violaciones a la Ley (párrafo 14).

Artículo 15

Respuesta al párrafo 31 de la lista de cuestiones

Admisibilidad de las pruebas

323.En la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia se afirma el derecho a no ser sometido a tortura ni a malos tratos. En 2017, el Tribunal Supremo declaró que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podían utilizar la información obtenida en circunstancias como la tortura para ningún propósito.

324.En el artículo 29 de la Ley de Pruebas de 2006, se establece la exclusión de toda declaración hecha bajo cualquier tipo de opresión o de comportamiento o trato violento, inhumano o degradante hacia cualquier persona o la amenaza de recurrir a tal conducta o tratamiento. De este modo se desalientan los interrogatorios opresivos. Cuando se plantea esta cuestión, la declaración solo será admisible si el tribunal queda satisfecho, más allá de toda duda razonable, de que la declaración no se realizó en circunstancias opresivas.

325.Conforme al artículo 28, debe excluirse toda declaración que no sea fiable. Cuando se cuestione la fiabilidad, la declaración solo será admisible si, a satisfacción del tribunal y habiendo sopesado las probabilidades, este considera más allá de toda duda razonable que las circunstancias que rodearon a la declaración probablemente no hayan afectado su fiabilidad.

326.El artículo 30 se aplica cuando se plantea la cuestión de la legalidad de los medios utilizados para obtener las pruebas. El Tribunal debe considerar, habiendo sopesado las probabilidades, si las pruebas se obtuvieron de manera inapropiada y, de ser así, si las pruebas deben excluirse. El Presidente del Tribunal Supremo ha dado a conocer una orientación sobre los interrogatorios policiales que los tribunales deben tener en cuenta al determinar si la policía obtuvo una declaración de manera inapropiada.

Jurisprudencia

327.En 2012, en R v. Hamed, el Tribunal Supremo hizo hincapié en que el artículo 30 debe interpretarse de manera compatible con los derechos humanos fundamentales.

328.En el caso S v. NZ Police, de 2018, el Tribunal Superior excluyó pruebas por considerar que habían sido obtenidas de manera indebida. Se trataba de la apelación de una condena por conducir con niveles excesivos de alcohol en sangre. Cuando se obtuvo la muestra de sangre, los agentes de policía denegaron al acusado el pedido de usar el baño, y el acusado sintió malestar y humillación. El tribunal de apelaciones concluyó que la muestra se había obtenido violando los derechos del acusado en virtud de la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia y no podía admitirse. A falta de otras pruebas que respaldaran la condena, esta se revocó.

Artículo 16

Respuesta al párrafo 32 de la lista de cuestiones

Niños intersexuales

329.El Gobierno no tiene conocimiento de ningún caso de cirugía de asignación de sexo realizada a niños intersexuales durante el período sobre el que se informa. Desde 2014, se han realizado cirugías limitadas a siete niños con características intersexuales. En cada uno de estos casos, la cirugía se realizó para resolver un problema funcional concreto, y no incluyó ni una asignación ni una reasignación de sexo. Antes de 2007, algunos niños fueron enviados a Australia para recibir tratamiento, con los costos solventados por un fondo especial.

330.En 2017, el Ministerio de Salud puso en marcha la creación de una Red Médica para Niños y Jóvenes Intersexuales, con vistas a elaborar directrices de mejores prácticas, protocolos y pautas de atención para los niños intersexuales de hasta 18 años. El grupo asesor de especialistas en salud de esta Red incluye a un endocrinólogo, un psiquiatra, el Comisionado de Derechos Humanos, un defensor para los progenitores, un psicoterapeuta, una partera, un cirujano pediátrico y defensores en materia intersexual. La Red cuenta con financiación del Gobierno por dos años.

III.Otras cuestiones: información general

Respuesta al párrafo 33 de la lista de cuestiones

Protección de los derechos humanos en virtud de la legislación contrael terrorismo

331.El 15 de marzo de 2019, Nueva Zelandia fue víctima de un acto terrorista deplorable sin precedentes contra la comunidad musulmana en Christchurch. El Gobierno tiene una política de tolerancia cero frente a la violencia y el extremismo de cualquier índole, y Nueva Zelandia condena todo acto de terrorismo. A la luz de estos hechos, el Gobierno está evaluando si la legislación actual contra el terrorismo es suficiente.

332.Nueva Zelandia aplica diversas medidas para prevenir o responder a la amenaza de terrorismo; por ejemplo, leyes especiales, el derecho penal general, y otras medidas de política y administrativas. La Ley de Represión del Terrorismo de 2002 prevé delitos relacionados con algunas actividades terroristas; sin embargo, el derecho penal general y otros regímenes legislativos también son importantes porque establecen el marco necesario para la investigación, el enjuiciamiento y la prevención de los delitos relacionados con actos de terrorismo. Nuestro informe anterior contiene más información sobre la Ley de Represión del Terrorismo (párrafo 82).

333.Entre otras novedades importantes del período sobre el que se informa, cabe citar la promulgación de la Ley de Inteligencia y Seguridad de 2017. Uno de los fines de esta Ley es el de velar por que las funciones de los organismos pertinentes sean ejecutadas conforme a la legislación de Nueva Zelandia y a todas las obligaciones en materia de derechos humanos reconocidas por la legislación del país.

334.La legislación ha sido pensada para que su aplicación sea proporcional a una amenaza terrorista interna y respete los derechos humanos. Como sucede con la legislación de otras áreas, los proyectos de ley contra el terrorismo están sujetos a revisión a fin de controlar el respeto por los derechos y las libertades establecidos en la Ley de la Carta de Derechos Fundamentales de Nueva Zelandia.

335.Cuando la legislación prevé el ejercicio de poderes intrusivos para contrarrestar la amenaza de terrorismo, la misma legislación incorpora salvaguardias de los derechos humanos. Por ejemplo, la Ley de Registro y Vigilancia de 2012 tiene como objetivo facilitar las investigaciones y los enjuiciamientos de manera coherente con los valores de los derechos humanos. En las capacitaciones impartidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se toma como referencia la Ley de Delitos de Tortura de 1989, que consagra el artículo 4 de la Convención y el Protocolo Facultativo.

336.Nadie ha sido condenado por delitos específicamente vinculados con el terrorismo, aunque un número reducido de personas han sido condenadas en virtud de la legislación referida a publicaciones objetables relacionadas con el terrorismo. Los tribunales están examinando el primer caso llevado a la Justicia en virtud del artículo 6A de la Ley de Represión del Terrorismo de 2002 tras el ataque a las mezquitas de Christchurch el 15 de marzo de 2019.

337.Las personas que son objeto de medidas antiterroristas tienen a su alcance vías legales y recursos. El Gobierno no tiene conocimiento de ninguna denuncia de incumplimiento de las normas internacionales en el contexto de delitos relacionados con el terrorismo en Nueva Zelandia.

338.Nueva Zelandia también está explorando opciones para garantizar mejor el cumplimiento internacional y la aplicación de los autos de declaración de secreto. El cumplimiento de las leyes represivas es importante para garantizar el derecho a un juicio justo que asiste a todos los acusados, pero especialmente en los casos de alto perfil, como aquellos vinculados con presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

Respuesta al párrafo 34 de la lista de cuestiones

Información general

339.La información pertinente ha sido incluida en el informe.