Comité de Derechos Humanos

Quinto informe periódico que Irlanda debía presentar en 2019 en virtud del artículo 40 del Pacto *

[Fecha de recepción: 23 de septiembre de 2019]

Artículo 1Derecho de libre determinación

1.No ha habido ninguna novedad en relación con este artículo del Pacto desde que Irlanda presentó su último informe al Comité (CCPR/C/IRL/4).

Artículo 2Obligación de aplicar las disposiciones del Pacto

2.El marco institucional actual para la protección de los derechos humanos está conformado por los siguientes organismos: la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda, la Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo, la Dirección de Seguridad e Higiene, la Dirección Nacional sobre la Discapacidad, la Oficina del Defensor del Pueblo, la Oficina del Comisionado de Información, el Defensor de las Fuerzas de Defensa, el Defensor del Niño, la Comisión de Protección de Datos, el Ombudsman del Lector y el Consejo de la Prensa, el An Coimisinéir Teanga (Comisionado de la Lengua), el Inspector de Prisiones, la Comisión del Ombudsman de la An Garda Síochána y la Autoridad de Policía, la Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud, el Ombudsman de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Comisión de Salud Mental e Inspección de los Servicios de Salud Mental, la Comisión de Información al Ciudadano, el Servicio de Asesoramiento Financiero y Presupuestación, la Comisión de Propietarios de Residencias de Alquiler y el Tribunal de Alquileres.

3.En el documento básico común, párrafos 104 a 134, se presenta más información sobre estos organismos.

A.Institución nacional de derechos humanos

4.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 6 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

5.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda se estableció como un órgano independiente de derecho público el 1 de noviembre de 2014.

i)Plena conformidad con los Principios de París

6.En noviembre de 2015, la Comisión fue acreditada como institución nacional de derechos humanos de categoría “A”, en reconocimiento de su plena conformidad con los Principios de París.

ii)Presupuesto estable y suficiente

7.La Comisión ejerce control autónomo de su financiación básica estable a fin de cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. El Director de la Comisión responde directamente ante la Comisión de Cuentas Públicas, que es el órgano parlamentario encargado de determinar la manera en que se gastan los fondos públicos. En el período de 2015 a 2018 la Comisión recibió la financiación básica siguiente (en euros).

Año	2015	2016	2017	2018
Financiación básica	6 334 000	6 306 000	6 631 000	6 703 000

iii)Obligación del sector público

8.La Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014 impone a los organismos públicos la obligación positiva de tener debidamente en cuenta los derechos humanos y la igualdad durante el desempeño de sus funciones y de llevar a cabo sus actividades respetando los derechos humanos individuales. La Comisión presta asistencia a estos organismos en el cumplimiento de dicho deber, entre otras formas, mediante la formulación de directrices y códigos de prácticas.

Artículo 3Igualdad entre hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos

A.La Constitución y la función de la mujer

9.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 7 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

10.En septiembre de 2017, el Gobierno señaló su intención de celebrar un referendo para derogar el artículo 41.2 de la Constitución, y esta cuestión se remitió al Comité Conjunto del Oireachtas (Parlamento) sobre Justicia e Igualdad para someterla a un examen prelegislativo. En su informe, publicado en diciembre de 2018, la Comisión convino en que el artículo 41.2, tal como estaba redactado, no era aceptable y presentó dos alternativas a la propuesta del Gobierno. La primera consistía en sustituirlo por una disposición con una redacción más apropiada y neutra en cuanto al género. La segunda tenía por objeto celebrar un amplio proceso de consulta pública en el que se aplicara el posible modelo de la Asamblea de Ciudadanos, a fin de redactar una modificación en la que se tuviera en cuenta la diversidad del trabajo de cuidados que realizaban las personas de todos los géneros. El 11 de junio de 2019, el Gobierno decidió establecer la Asamblea de Ciudadanos para que se presentaran propuestas que permitieran realizar avances en materia de igualdad de género. Entre otras cuestiones, la Asamblea tiene el mandato de examinar la responsabilidad social del cuidado y la responsabilidad compartida de mujeres y hombres respecto de este, especialmente dentro de la familia. La Asamblea puede hacer propuestas que abarquen, por ejemplo, cambios normativos, legislativos o constitucionales.

B.Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas 2017-2020

11.En mayo de 2017 se puso en marcha la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas, que adopta un marco pangubernamental para realizar avances en materia del empoderamiento de la mujer. Su propósito es lograr “una Irlanda donde todas las mujeres gocen de igualdad de derechos con los hombres y puedan alcanzar su pleno potencial, y llevar, al mismo tiempo, una vida segura y satisfactoria”. La Estrategia incluye seis objetivos de alto nivel destinados a fomentar la igualdad socioeconómica de las mujeres y las niñas, promover su bienestar físico y mental, aumentar su visibilidad en la sociedad y su ciudadanía igualitaria y activa, promover la participación de las mujeres en puestos de liderazgo, luchar contra la violencia de género e incorporar la igualdad de género en la adopción de decisiones. Estos objetivos se aplican mediante 139 actividades que ejecutan los departamentos gubernamentales y los organismos estatales, en cooperación con los interlocutores sociales y la sociedad civil, según proceda. La financiación de las actividades de la Estrategia proviene de las asignaciones aprobadas a favor de los departamentos gubernamentales que se encargan de cada una de ellas.

12.Para la aplicación de la Estrategia, se ha constituido un comité asesor presidido por el Ministro de Estado Encargado de la Igualdad, la Integración y la Inmigración en el que participan departamentos gubernamentales, grupos de mujeres, agentes de la sociedad civil, el movimiento sindical y representantes empresariales. El primer informe sobre los progresos realizados se presentó al Gobierno en marzo de 2019 y puede consultarse en línea.

13.Se está preparando un examen de mitad de período de la Estrategia para 2019.

C.Representación de las mujeres en puestos de liderazgo y de adopción de decisiones

i)Representación política

14.La Ley Electoral (Enmienda) (Financiación Política) de 2012, estableció cuotas de género para la política nacional. Dispone que la financiación estatal de un partido político se reducirá en un 50 %, a no ser que tenga al menos un 30 % de mujeres y un 30 % de hombres candidatos en las elecciones generales. Esto dio lugar a un aumento del número de candidatas que se presentaron a las elecciones generales de 2016. En total, se eligieron 35 mujeres a la Dáil Éireann, es decir, 10 más que en las elecciones generales de 2011, alcanzándose así el mayor número de mujeres Teachtai Dala (diputadas) hasta la fecha. La representación de las mujeres en la Dáil Éireann aumentó al 22 %, en comparación con el 15 % de 2011.

15.El Grupo Parlamentario de Mujeres de Irlanda se constituyó en 2017 como un foro multipartidista para que las anteriores y actuales parlamentarias irlandesas debatieran sobre las cuestiones relativas a la mujer y las promovieran. En septiembre de 2018 auspició el Primer Congreso Internacional de Grupos de Mujeres Parlamentarias, que reunió a parlamentarias de más de 40 países.

16.En aplicación de una disposición establecida en la Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas, el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local ejecutó proyectos que promovían la participación de las mujeres en las elecciones locales de 2019. Estos proyectos buscaban, entre otros fines, incentivar a los partidos políticos a que aumentaran la proporción de candidatas y financiar la labor de organizaciones sin ánimo de lucro para que sensibilizaran y apoyaran a las mujeres en Irlanda a fin de que participaran en la esfera política.

ii)Consejos de Estado

17.Desde que se implantaron las nuevas directrices relativas a la selección de candidatos para ocupar puestos en los consejos de Estado, la representación media de mujeres en dichos consejos creció un 41,5 % hasta diciembre de 2018. Casi en la mitad de ellos (el 48,5 %,) se cumple el objetivo de equilibrio de género establecido por el Gobierno, de que la representación mínima de hombres o de mujeres fuera del 40 %.

iii)Cargos directivos en empresas

18.En 2018, el 18,1 % de los miembros de los consejos de las principales empresas irlandesas que cotizaban en bolsa eran mujeres. En julio de 2018 se conformó el Grupo de Examen sobre Equilibrio de Género para Mejores Empresas, integrado por destacadas personalidades del mundo de los negocios y de la función pública, como muestra del compromiso del Gobierno de impulsar la participación de la mujer en los consejos de administración y en los cargos directivos superiores de las empresas en Irlanda. En el primer informe del Grupo, publicado en mayo de 2019, se establecieron objetivos ambiciosos para las empresas irlandesas que cotizan en bolsa y se ofrecieron orientaciones sobre la manera de alcanzarlos.

iv) Cargos directivos en el sector de la enseñanza superior

19.En su informe de noviembre de 2018, el Grupo de Trabajo sobre la Igualdad de Género determinó las medidas que debían aplicarse para seguir acelerando los progresos a fin de alcanzar la igualdad de género en las instituciones de enseñanza superior de Irlanda.

D.Participación de las mujeres en el mercado de trabajo

20.En julio de 2018 se promulgó la Ley de Apoyo al Cuidado de la Infancia de 2018, que sirve de base para el Plan Nacional sobre el Cuidado de la Infancia, actualmente en etapa de desarrollo, que aspira a promover la igualdad de género en relación con la participación en el mercado de trabajo y las oportunidades de empleo. La Ley tiene por objeto facilitar a los progenitores la elección y el acceso geográfico respecto de los proveedores acreditados de servicios de enseñanza y cuidado de la primera infancia y de atención para niños de edad escolar. Así, se prestará asistencia a todos los niños, principalmente a los de familias de ingresos más bajos y de los grupos más desfavorecidos, en especial las familias monoparentales.

21.En noviembre de 2018 se puso en marcha la Estrategia Pangubernamental para Bebés, Niños Pequeños y sus Familias (2019-2028): Los Primeros 5 Años. En ella se establecen medidas para fomentar una mayor participación de la mujer en los sectores público y privado, incluida la ampliación del período de la licencia parental no remunerada de 18 a 26 semanas y de la edad máxima del niño para poder solicitar la licencia, que pasó de 8 a 12 semanas.

E.Violencia contra la mujer

22.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 8 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

i)Segunda Estrategia Nacional contra la Violencia Domestica, Sexual y de Género (2016-2021)

23.La Segunda Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género 2016-2021 es una respuesta pangubernamental contra la violencia doméstica y sexual y prevé un conjunto de medidas que deben aplicar los departamentos y organismos gubernamentales. La Estrategia está encaminada principalmente a modificar las actitudes de la sociedad mediante la sensibilización a fin de ayudar a prevenir la violencia doméstica y sexual, mejorar los servicios prestados a las víctimas y hacer que los autores de esos actos rindan cuentas. Las organizaciones de servicio comunitario y de voluntariado, en colaboración con los organismos estatales, desempeñan un papel fundamental para lograr la aplicación satisfactoria de la Estrategia que, por su carácter dinámico, permite que se añadan nuevas actividades constantemente. A sus 72 actividades iniciales de 2016 se han añadido 13. La Estrategia puede consultarse en línea.

ii)Ley contra la Violencia Doméstica de 2018

24.La Ley contra la Violencia Doméstica de 2018 entró en vigor el 1 de enero de 2019. Actualiza y consolida la legislación vigente en materia de violencia doméstica y establece nuevas disposiciones necesarias para que Irlanda pueda ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

25.La Ley tipifica el nuevo delito de matrimonio forzado (artículo 38). Incurre en este delito la persona que, mediante violencia, amenazas, influencia indebida o cualquier forma de coacción o coerción, obligue a otra persona a contraer matrimonio. La Ley tipifica también el nuevo delito de control coercitivo (artículo 39). Se trata de un comportamiento controlador o coercitivo en una relación íntima que causa temor de violencia, o preocupación o angustia grave y tiene un considerable efecto adverso en las actividades cotidianas de una persona. Además, de conformidad con la Ley, los tribunales deben considerar la relación entre el autor y la víctima una circunstancia agravante en las sentencias por delitos violentos y sexuales, incluido el homicidio (artículo 40).

26.En virtud de la Ley, el tribunal, al dictar una orden de protección o una orden de alejamiento, puede prohibir al autor de violencia doméstica comunicarse con la víctima por medios electrónicos. También puede recomendarle que participe en programas contra la violencia doméstica, contra las adicciones, o de asesoramiento. Además, el Servicio Judicial debe proporcionar información sobre los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica.

27.La Ley deroga las exenciones que permitían a las personas menores de 18 años contraer matrimonio a fin de protegerlas del matrimonio forzado.

iii)Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica

28.El 5 de marzo de 2019 se promulgó la Ley de Justicia Penal (Jurisdicción Extraterritorial) de 2019. Este instrumento legislativo definitivo permitió a Irlanda ratificar el Convenio de Estambul el 8 de marzo de 2019.

iv)Proyecto de ley de autores de delitos sexuales (enmienda)

29.En junio de 2018 se publicó el plan general del proyecto de ley de autores de delitos sexuales (enmienda), por el que se modifican las disposiciones relativas al tratamiento de los autores de delitos sexuales previstas en la Ley vigente. El proyecto de ley incluye una serie de reformas de los requisitos de notificación (registro de autores de delitos sexuales) establecidos en la Ley de 2001. Actualmente el proyecto de ley está en fase de redacción.

v)Ley de Justicia Penal (Delitos Sexuales) (Enmienda) de 2019

30.La Ley de Justicia Penal (Delitos Sexuales) (Enmienda) se promulgó en febrero de 2019. Su principal objetivo es establecer penas más estrictas para los autores de delitos sexuales reincidentes e imponer una pena máxima por incesto de diez años tanto para hombres como para mujeres.

31.En virtud de estas nuevas disposiciones, la pena de prisión mínima que debe imponerse a los autores de delitos sexuales reincidentes equivale a las tres cuartas partes de la pena de prisión máxima que la ley prevé para estos delitos. Cuando la pena máxima sea cadena perpetua, la pena mínima no podrá ser inferior a diez años.

32.El tribunal goza de discrecionalidad judicial para la imposición de la sentencia si considera que esta sería desproporcionada habida cuenta de todas las circunstancias del caso. La Ley también modifica la Ley contra el Incesto de 1908 a fin llevar a diez años la pena de prisión impuesta por este delito tanto para hombres como para mujeres.

vi)Proyecto de ley de acoso, comunicaciones nocivas y delitos conexos de 2017

33.En mayo de 2019 el Gobierno aprobó, con carácter prioritario, la modificación del proyecto de ley de acoso, comunicaciones nocivas y delitos conexos de 2017. Este proyecto de ley se basa en el informe de 2016 de la Comisión de Reforma Jurídica. En él se propone la tipificación de varios delitos nuevos, entre ellos la apropiación y distribución de imágenes privadas sin consentimiento, el acoso en línea o digital, un delito específico de hostigamiento criminal, un delito ampliado respecto del envío de mensajes amenazadores o indecentes y otro de “pornografía por venganza”. También se está avanzando en la tipificación de un nuevo delito de naturaleza gráfica consistente en la captación de imágenes por debajo de la falda de una mujer ( up- skirting ).

vii)Aplicación de la directiva europea por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos y de la Ley de Justicia Penal (Víctimas de Delitos) de 2017

34.La Ley de Justicia Penal (Víctimas de Delitos) se promulgó en noviembre de 2017 e incorpora en la legislación nacional la directiva europea relativa a las víctimas de delitos (2012/29/UE), que entró en vigor el 16 de noviembre de 2015. La Ley establece nuevos derechos para todas las víctimas de delitos en Irlanda y prevé nuevas salvaguardias como el derecho a la información y a la prestación de determinados servicios de apoyo y protección.

viii)Revisión de la investigación y el procesamiento de delitos sexuales

35.En septiembre de 2018, tras celebrar consultas con las partes interesadas, el Ministro de Justicia e Igualdad publicó las condiciones que rigen la revisión de la investigación y el procesamiento de los delitos sexuales. El Comité Estratégico de Justicia Penal ha establecido un grupo de trabajo encargado de finalizar la revisión en 2019. Está presidido por el Sr. Tom O’Malley (título de grado en leyes), miembro de la Comisión de Reforma Jurídica y profesor titular de Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, e integrado por expertos del Servicio Judicial, del Servicio de Libertad Condicional, de la An Garda Síochána y de la Oficina del Director del Ministerio Público. Se ha encomendado al grupo de trabajo que examine con especial atención los informes publicados por órganos de expertos, como Rape Crisis Network Ireland.

ix)Servicios

a)Organismo de la Infancia y la Familia

36.El Organismo para la Infancia y la Familia se encarga oficialmente de cuidar y proteger a todas las víctimas de la violencia doméstica, sexual y de género. En 2015 se le asignó la responsabilidad total de la financiación de esos servicios a fin de establecer un mecanismo coordinado dotado de su propio presupuesto a nivel nacional, una vía de rendición de cuentas única y una mayor capacidad de apoyo y supervisión para la prestación de servicios.

37.En 2018, el Organismo asignó un presupuesto de 23,8 millones de euros a los servicios prestados a las víctimas de la violencia doméstica, sexual y de género, lo que supone un aumento de 1,7 millones de euros desde 2017 y un incremento total de 4,3 millones de euros (es decir, el 22 %) desde 2015. Una red de 59 organizaciones subvencionadas presta servicios de alojamiento de emergencia en refugios a mujeres y niños, servicios comunitarios contra la violencia doméstica y servicios de atención en los centros de ayuda en casos de violaciones, entre otros.

38.El objetivo principal del Organismo es mejorar el acceso a los servicios de calidad para las víctimas de la violencia doméstica, trabajando en colaboración con los organismos oficiales pertinentes, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros asociados a fin avanzar en la aplicación de las medidas previstas en la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género y en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

b)Dependencias de Tratamiento de las Víctimas de Agresión Sexual

39.En 2018 el Departamento de Salud emprendió un examen de las políticas de las Dependencias de Tratamiento de las Víctimas de Agresión Sexual. Estas dependencias especializadas atienden a las víctimas de manera ininterrumpida durante todo el año en seis lugares del país. Su objetivo es prestar servicios en un plazo de tres horas tras el primer contacto, en estrecha colaboración con los centros de ayuda en casos de violaciones y con la An Garda Síochána.

c)Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda

40.La Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda se creó en 2015 y se encarga de mejorar los servicios prestados a las víctimas y la investigación de los actos de violencia sexual y doméstica, así como de determinar y gestionar el riesgo. Colabora con una red nacional de oficinas de la Garda de atención a las víctimas y cuenta con personal especializado en cada una de las 28 divisiones de la Garda.

x)Reunión de datos

a)Oficina Central de Estadística

41.La Oficina Central de Estadística, la autoridad nacional de Irlanda en la materia, es un órgano público independiente cuyo propósito es reunir, analizar y dar a conocer estadísticas sobre la población, la sociedad y la economía de Irlanda de manera imparcial. Se encarga también de publicar las estadísticas sobre delincuencia en el Estado.

42.En 2018 el Gobierno aprobó las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión sobre el Futuro de la Actividad Policial en Irlanda. Una de ellas se refería a la necesidad de mejorar la calidad de los datos sobre la delincuencia en el país y la forma en que la An Garda Síochána registraba las investigaciones de delitos. Actualmente las nuevas publicaciones de la Oficina Central de Estadística de todas las estadísticas sobre las víctimas de delitos se analizan por sexo, edad, fecha de denuncia y el tiempo transcurrido entre la fecha de comisión del delito y la fecha de su denuncia.

43.La An Garda Síochána registra los casos de delitos en el sistema informático PULSE (Police Using Leading Systems Effectively). El sistema permite ahora la inclusión automática de la violencia doméstica como motivo en incidentes domésticos no constitutivos de delito. Registra además la edad, el sexo, la relación, el estado civil, la discapacidad, la religión, la nacionalidad y el país de nacimiento, pero no la etnia.

b)Estudio de la prevalencia de la violencia sexual

44.En noviembre de 2018, el Gabinete aprobó la preparación por la Oficina Central de Estadística de una extensa encuesta nacional sobre la prevalencia de la violencia sexual, que se debe repetir cada diez años. Se prevé una muestra completa de 5.000 adultos y una amplia gama de preguntas íntimas sobre el maltrato en la adultez y en la infancia. Se ha asignado una partida con cargo al presupuesto del Departamento de Justicia e Igualdad para sufragar el costo de los preparativos necesarios para el primer año. En principio, el Gobierno ha acordado facilitar los recursos suficientes para los años subsiguientes mediante asignaciones presupuestarias anuales.

xi)Prevención de la violencia doméstica, sexual y de género

45.El Departamento de Justicia e Igualdad otorga financiación a las actividades de sensibilización y a los programas de intervención dirigidos a los autores de actos de violencia doméstica. De los 2.205 millones de euros del presupuesto destinado a partidas distintas de las salariales para 2018, se asignaron 950.000 euros a la campaña nacional de sensibilización llamada “¿Qué Harías Tú?”.

46.En 2018 el objetivo de los mensajes de la campaña dejó de ser la sensibilización y pasó a ser la educación. Se están invirtiendo 500.000 euros adicionales para llevar la campaña nacional a nuevos lugares durante su período de ejecución.

47.En 2018 el Departamento de Justicia e Igualdad asignó 22.000 euros al Centro de Atención para Víctimas de Violación de Dublín para financiar un programa de sensibilización sobre la violencia sexual y su prevención dirigido a los jóvenes. Estos fondos se destinaron a la organización de cinco actividades de formación de cuatro días de duración en el marco del Programa “Bodyright” dirigidas al personal de los Proyectos Youthreach y de otros entornos educativos alternativos.

xii)Financiación de la asistencia para las víctimas de delitos

48.El Departamento de Justicia e Igualdad aporta financiación anual a las organizaciones comunitarias y de voluntarios de Irlanda que prestan servicios de apoyo a las víctimas. En 2018 se asignaron 1.712 millones de euros a 56 de estas organizaciones. Mediante esos servicios se sigue facilitando información y apoyo pertinentes a las víctimas de delitos, como apoyo psicológico, acompañamiento ante los tribunales, acompañamiento a las entrevistas con la Garda, acompañamiento a las dependencias de tratamiento de las víctimas de agresión sexual, asesoramiento y remisión a otros servicios. También se otorga financiación a los servicios que se prestan en los casos de homicidio infantil y de violencia sexual contra los niños, así como a otros servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y sexual.

xiii)Programas dirigidos a los autores de delitos de violencia doméstica

49.Los programas de intervención dirigidos a los autores de delitos de violencia doméstica se llevan a cabo gracias a la colaboración entre ONG y el Servicio de Libertad Condicional. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género, se está avanzando en la puesta en marcha del Programa Nacional de Intervención “Opciones” dirigido a los hombres que cometen actos de violencia doméstica. El objetivo de este programa es prestar asistencia a esas personas e impulsarlas a cambiar su comportamiento y su actitud hacia sus parejas.

50.Entre los principales elementos de este programa cabe señalar la utilización de un instrumento uniforme de evaluación del riesgo, el trabajo individual y en grupo y las actividades de apoyo con las parejas o exparejas de los agresores realizadas de manera integrada pero separada. En 2018 el Departamento de Justicia e Igualdad facilitó unos 900.000 euros para financiar la ejecución del Programa Opciones en 18 lugares diferentes del Estado durante ese año, y se espera que en 2019 se cuente con una financiación anual equivalente.

F.Salud sexual y derechos reproductivos

51.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 9 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

52.En Irlanda, la interrupción del embarazo está regulada por la Constitución y el derecho legislado. Hasta 2018, el principal impedimento constitucional derivaba del derecho a la vida en igualdad de condiciones para la embarazada y para el niño no nacido, reconocido en el artículo 40.3.3. de la Constitución, que se añadió mediante la octava enmienda. El cambio de la posición jurídica sobre el aborto en Irlanda requería que se modificara dicho artículo de la Constitución.

i)Proceso deliberativo

53.Habida cuenta de los informes de la Asamblea de Ciudadanos, de junio de 2017, y del Comité Conjunto del Oireachtas de diciembre de 2017, el Gobierno aceptó celebrar un referendo para derogar el artículo 40.3.3 y sustituirlo por una disposición que confirmara que el Oireachtas podía aprobar leyes que regularan la interrupción del embarazo.

54.El referendo se celebró el 25 de mayo de 2018 y fue aprobado por el 66,4 % de votos contra el 33,6 %. El 18 de septiembre de 2018, el Presidente promulgó la 36ª enmienda de la Ley Constitucional.

ii)Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018

55.A raíz del resultado del referendo, el 13 de diciembre de 2018 las Cámaras del Oireachtas aprobaron la Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018 y el Presidente la promulgó el 20 de diciembre de 2018. Los servicios de interrupción del embarazo comenzaron a prestarse el 1 de enero de 2019.

56.El principal objetivo de la Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018 es establecer las normas que rigen el acceso a la interrupción del embarazo en Irlanda. Permite que se practique en los casos en que exista un riesgo para la vida de la mujer embarazada o un daño grave para su salud, cuando esta tenga una dolencia que pueda ocasionar la muerte del feto a los 28 días, o antes, de su nacimiento y sin restricciones hasta las 12 semanas de embarazo.

57.La Ley permite el acceso universal a los servicios de interrupción del embarazo para las mujeres con residencia permanente en el Estado (es decir, los servicios se prestan gratuitamente). Las mujeres, tanto nacionales como extranjeras, también pueden acceder al servicio de forma privada, si así lo desean, sujeto al pago de una tasa.

58.Esta Ley derogó la Ley de Gestión de la Información (Servicios Ajenos al Estado para la Interrupción del Embarazo) de 1995.

Artículos 4 y 5Derechos limitados de suspensión

59.No ha habido ninguna novedad en relación con estos artículos del Pacto desde que Irlanda presentó su último informe al Comité (CCPR/C/IRL/4).

Artículo 6Derecho a la vida

A.Ley de Investigación Forense (Enmienda) de 2019

60.La Ley de Investigación Forense (Enmienda) de 2019 se promulgó el 23 de julio de 2019. Su objetivo general es establecer de manera más clara, completa, específica y rigurosa el marco jurídico para la notificación e investigación de determinadas muertes. Permitirá además que Irlanda cumpla con más eficacia sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

61.La Ley dispone, entre otras medidas, el fortalecimiento de las facultades de los médicos forenses; la obligación de notificar todos los casos de muerte materna o muerte materna debido a secuelas del parto, mortinatos (como mínimo de 24 semanas de gestación o con un peso al nacer no inferior a los 500 g), muerte durante el parto y muerte de lactantes; y la investigación obligatoria de los casos de muerte materna o muerte materna debido a secuelas del parto, y todos los casos en que la persona fallecida estuviera en detención policial o estatal en el momento de su muerte (o inmediatamente antes de ella).

B.Comisión Independiente de Localización de los Restos de las Víctimas

62.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafos 198 a 202, se consigna más información sobre la Comisión.

63.En la lista de desaparecidos de la Comisión figuran 16 personas en total y, hasta la fecha, se han recuperado los restos de 13 de ellas. La recuperación de 11 de estos restos se logró directamente gracias a la labor de la Comisión. Aún quedan 3 casos por resolver.

Artículo 7Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

A.Instituciones de las Magdalenas

64.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 10 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

i)Disculpa

65.Irlanda ha presentado dos disculpas formales a las mujeres que residieron en las lavanderías de las Magdalenas. En febrero de 2013 el entonces Taoiseach (Primer Ministro) formuló una disculpa en nombre del Gobierno en la Dáil Éireann (Cámara Baja del Parlamento irlandés). En junio de 2018 el Presidente de Irlanda cursó una disculpa a las mujeres durante la celebración del evento “Dublín Honra a las Víctimas de las Magdalenas” en junio de 2018, del que se dan más detalles más adelante.

ii)Investigaciones

66.El Gobierno de Irlanda considera que las conclusiones del informe del Comité Interdepartamental para determinar los hechos en cuanto a la relación del Estado con las lavanderías de las Magdalenas (informe McAleese de 2013) han desvelado una cantidad importante de información antes desconocida sobre las lavanderías de las Magdalenas y han probado que muchas de las ideas preconcebidas sobre estas instituciones no se sustentaban en los hechos. El Gobierno de Irlanda ha aceptado plenamente el contenido del informe. El Comité Interdepartamental no tenía competencia para investigar o esclarecer las denuncias de torturas u otros delitos. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para recabar pruebas y testimonios que pudieran clarificar las denuncias de abuso sistemático. No se encontraron elementos objetivos que confirmaran las denuncias de tortura o malos tratos sistemáticos de carácter delictivo en esas instituciones. La mayoría de las mujeres informaron de agresiones verbales, pero no de naturaleza tal que fueran constitutivas de delito. Las condiciones de trabajo eran duras y las tareas eran físicamente exigentes. Si bien unas pocas mujeres dieron ejemplos de castigo corporal, la mayoría afirmó no haber sufrido ni haber visto a otras mujeres sufrir maltrato físico. Además, el juez Quirke, autor del informe de la Comisión de las Magdalenas, que propició el establecimiento del Plan de Justicia Restaurativa Ex Gratia de las Magdalenas, se reunió con más de 300 mujeres e informó de que los testimonios de estas sobre su experiencia coincidían con las observaciones formuladas en el informe McAleese.

iii)Enjuiciamientos

67.Ninguna de las personas que afirmaron haber sido víctimas de delitos en las lavanderías de las Magdalenas ha presentado denuncias o solicitudes al Departamento de Justicia e Igualdad para que continuaran las indagaciones o investigaciones penales. Toda persona que crea que se ha cometido un delito puede presentar su denuncia ante las autoridades competentes y esta será investigada.

iv)Recursos efectivos para las víctimas, incluida la indemnización, la restitución y medidas de satisfacción apropiadas

68.A raíz de una recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, el Gobierno decidió en mayo de 2018 incluir en el Plan a las mujeres que trabajaban en las lavanderías de las 12 instituciones de las Magdalenas y que residían en una de las 14 instituciones contiguas. El Plan establecido en 2013 también sigue vigente. Hasta la fecha se ha pagado algo más de 27,4 millones de euros en sumas fijas a 723 solicitantes seleccionadas, que también perciben una pensión y prestaciones de salud. El Plan se ha dado a conocer ampliamente en muchos países y en Irlanda.

v)Servicios de apoyo y rehabilitación para las víctimas

69.En junio de 2018 se celebró el evento “Dublín Honra a las Víctimas de las Magdalenas” al que asistieron más de 200 exresidentes de las instituciones de las Magdalenas y sus acompañantes. El evento fue organizado por un grupo de voluntarios y contó con el apoyo financiero y de otra índole del Gobierno. Brindó a las mujeres la oportunidad de expresar sus opiniones respecto de un monumento conmemorativo adecuado. Actualmente se están examinando las opciones.

70.Todos los departamentos gubernamentales ofrecen a las mujeres beneficios como pensiones y prestaciones de salud, y los funcionarios del Departamento de Justicia e Igualdad les brindan asesoramiento sobre cuestiones de distinta índole.

B.Hogares para madres y bebés

71.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 10 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

72.En febrero de 2015 se estableció mediante una orden gubernamental la Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés y Determinados Asuntos Conexos, integrada por tres personas, para obtener un relato completo de lo sucedido a las mujeres y a los niños vulnerables que residieron en esos hogares entre 1922 y 1998. La Comisión está integrada por la jueza Yvonne Murphy (Presidenta), el Dr. William Duncan y la profesora Mary E. Daly, y se ocupa, entre otras cosas, de siete cuestiones específicas sobre las prácticas y los procedimientos relativos al cuidado, el bienestar, los mecanismos de ingreso y las vías de salida de las mujeres y los niños que residían allí.

73.La Comisión ha preparado cinco informes provisionales hasta la fecha, correspondientes a julio de 2016, septiembre de 2016, septiembre de 2017, diciembre de 2018 y abril de 2019. Estos cinco informes se han publicado y se centran en el proceso de investigación, la reunión y análisis de la documentación y las preocupaciones específicas en torno a la magnitud de la tarea y la colaboración de testigos. El informe más reciente de la Comisión se centró en las prácticas funerarias. El informe final está previsto en febrero de 2020.

74.En 2018 el Ministro de Asuntos de la Infancia y la Juventud constituyó el Foro de Colaboración para facilitar el diálogo y la adopción de medidas en relación con las cuestiones de interés para las antiguas residentes de las instituciones, que históricamente se centraban en servicios prestados a las madres solteras y a sus hijos.

75.El Foro está conformado en su mayoría por antiguos residentes de los hogares para madres y bebés y de hogares de condado seleccionados mediante un proceso independiente.

76.En diciembre de 2018 el Foro presentó su primer informe, en el que se incluía un conjunto de recomendaciones que eran objeto de examen por los departamentos gubernamentales pertinentes.

77.En marzo de 2017 la Comisión informó de que había encontrado una gran cantidad de restos infantiles en cámaras subterráneas en el sitio de Tuam. Se cree que estas cámaras podían haber formado parte de la red de tratamiento de aguas residuales del hogar que funcionaba allí. En octubre de 2018, el Gobierno aprobó la excavación forense regular por etapas del sitio encontrado. Se está preparando nueva legislación para facilitar la aplicación de esta medida.

C.Sinfisiotomía

78.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 11 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

i)Investigaciones

79.Se han realizado tres investigaciones independientes en relación con la sinfisiotomía. Los dos primeros informes, compilados por la profesora Oonagh Walsh y la jueza Yvonne Murphy, respectivamente, tenían por objeto determinar el alcance de esos procedimientos y la conveniencia de establecer un plan de indemnización.

80.La jueza Maureen Harding Clark elaboró el tercero y último informe, que se publicó en octubre de 2016. La jueza Clark presentó un informe en su calidad de asesora del Plan de Pagos de la Sinfisiotomía, en el que también se examina de forma independiente la cuestión de la sinfisiotomía. Contiene anexos con información histórica recabada de los registros que se elaboraron en los hospitales en que se practicaron las sinfisiotomías y también un anexo con detalles sobre las imágenes de diagnóstico y las pruebas médicas que respaldan las conclusiones a las que llegaron la asesora y su equipo médico.

ii)Penas impuestas a los autores

81.La jueza Clark analizó las pruebas, tanto nacionales como internacionales, disponibles en la materia. Al examinar la cuestión de si la sinfisiotomía era un acto deliberado de tortura, determinó que ni las historias clínicas de los solicitantes del Plan ni las declaraciones que figuraban en los informes médicos de los principales hospitales de maternidad de la época en que las sinfisiotomías tuvieron lugar respaldaban la opinión de que este procedimiento se practicara con una finalidad que no fuera la de mejorar los resultados del parto para la madre y el feto.

82.En su informe, la jueza Clark señaló que “el propósito principal era evitar la cesárea mediante el ensanchamiento permanente de una pelvis marginalmente estrecha. Se esperaba que las mujeres casadas tuvieran varios hijos, ya que las familias de entonces eran numerosas en comparación con las normas actuales... No se encontraron pruebas de ningún tipo que dieran cuenta de la intención de infligir dolor. La filosofía que imperaba en los hospitales de maternidad de Dublín era claramente conservadora en relación con la cesárea y contraria a la esterilización”. La jueza Clark señaló que la mayoría de las solicitantes del Plan tuvieron al menos cuatro partos normales después de la sinfisiotomía.

83.Sobre la base de las investigaciones científicas y de las pruebas reunidas, incluidos textos académicos y la sentencia del Tribunal Superior sobre un caso de 2015 (véase más abajo), no puede aceptarse que los obstetras de entonces fueran autores de delitos que ahora se castigarían. Según estudios irlandeses e internacionales, la sinfisiotomía no está prohibida, pero es un procedimiento obstétrico que se practica en determinadas circunstancias limitadas. Por ejemplo, aún puede utilizarse en los países occidentales cuando, en un parto de nalgas, la cabeza del feto queda atrapada, o en situaciones de emergencia obstétrica.

iii)Reconocimiento estatal de un recurso efectivo

84.En noviembre de 2014, el Estado estableció el Plan de Pagos de la Sinfisiotomía, y designó a la jueza Harding Clark asesora independiente. El objetivo principal del Plan era ayudar a la mayoría de las mujeres a superar el trauma emocional sin necesidad de que se enfrentaran a un resultado incierto por la vía judicial. Al establecer este plan graciable, el Estado procuró principalmente asegurar que su trato con las mujeres fuera de índole comprensiva, compasiva y equitativa, y que se redujera al mínimo el estrés adicional. Aunque se había previsto que unas 350 mujeres solicitarían acogerse al Plan, en realidad se recibieron 590 peticiones. Finalmente, se otorgaron indemnizaciones de entre 50.000 y 150.000 euros a 399 mujeres. Muchas recibieron asistencia letrada sufragada por el Estado, por un costo total de unos 2,1 millones de euros.

85.La jueza Clark colaboró con cada mujer o con su representante letrado en la búsqueda de sus historias clínicas y se reunió con algunas de ellas cuando resultó necesario. Examinó cada solicitud de manera individual y concienzuda, con la asistencia de un equipo de expertos médicos. Se recabaron pruebas médicas para corroborar los registros de los partos y, en los casos en que las reclamaciones no concordaban con los hechos establecidos, los expertos pertinentes examinaron a la solicitante. Si, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontraban las historias clínicas, se procedía a buscar pruebas secundarias de la sinfisiotomía, mediante la verificación de cicatrices y pruebas radiológicas.

86.La jueza usó el término “memoria grupal adquirida” para referirse a las declaraciones de algunas mujeres en los casos en que estas creían o se les había hecho creer inequívocamente que habían sido “mutiladas y que su pelvis había sido seccionada por la mitad y partida en dos o fracturada”. Hubo casos de mujeres que pensaban que habían sido sometidas a una sinfisiotomía, pero no se encontraron pruebas ni registros médicos que lo corroboraran.

iv)Acceso a los tribunales

87.El establecimiento del plan graciable no requería que ninguna mujer renunciara a su derecho de llevar su caso ante los tribunales ni las obligaba a ello. En 2015 el Tribunal Superior conoció del caso de una mujer a la que se había practicado una sinfisiotomía 12 días antes de que naciera su bebé en 1963. Vistas todas las pruebas, el juez determinó que el procedimiento “no fue infundado”. El Tribunal de Apelaciones ratificó esta decisión y en 2017 el Tribunal Supremo desestimó un nuevo recurso. Se concedieron indemnizaciones a otras tres mujeres cuyos casos se habían tramitado por vía judicial antes del inicio del Plan.

a)Revisión judicial y decisión de las mujeres de no acogerse al Plan

88.El Plan ofrecía a las solicitantes la opción de que el resultado de su caso fuera objeto de revisión judicial. Sin embargo, ningún caso fue sometido a esta revisión. Una mujer optó por no participar en el Plan tras recibir una oferta de indemnización si tramitaba su denuncia por la vía judicial. Al finalizar el Plan, se estimó que unas 33 personas habían presentado sus casos ante los tribunales.

b)Casos interpuestos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

89.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha comunicado a Irlanda tres demandas en su contra (Kathleen O ’ Sullivan contra Irlanda, demanda núm. 61836/17, Linda Farrell contra Irlanda, demanda núm. 62007/17 y Winifred Madden contra Irlanda, demanda núm. 61872/17) por casos de sinfisiotomía.

v)Continuidad de los servicios médicos

90.Los servicios de salud irlandeses siguen prestando atención médica a las mujeres que fueron sometidas a una sinfisiotomía. Dicha atención comprende:

La cobertura total de los servicios médicos generales por razones de salud, es decir, acceso a la tarjeta médica.

Evaluaciones y asesoramiento médicos independientes (incluida, cuando se solicite, una evaluación en el hogar por un terapeuta ocupacional o fisioterapeuta).

La organización de un seguimiento apropiado y rápido cuando sea posible.

La prestación de servicios de asesoramiento, fisioterapia y ayuda a domicilio.

La determinación de reformas de la vivienda, de ser necesario.

La participación en un grupo de apoyo dirigido por un consejero, establecido en 2004 y que sigue funcionando.

D.Tratamiento psiquiátrico sin consentimiento

91.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 12 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

92.En el documento básico común, párrafo 125, se presenta información sobre la Comisión de Salud Mental.

93.Se está avanzando en la modificación de la Ley de Salud Mental de 2001 sobre la base de 165 recomendaciones formuladas en el examen del grupo de expertos.

94.La Ley de Salud Mental (Enmienda) de 2015 entró en vigor en febrero de 2016. Dispone que cuando un paciente internado sin su consentimiento en virtud de la Ley de Salud Mental de 2001 goce de capacidad y rechace la terapia electroconvulsiva o un medicamento (después de tres meses de su administración), deberá respetarse su voluntad.

E.Privación de libertad

95.El Departamento de Salud sigue avanzando en el plan general de un proyecto de ley que aportará claridad legislativa y establecerá salvaguardias de procedimiento en relación con la privación de libertad. En mayo de 2018 finalizó un proceso de consulta pública.

F.Castigos corporales

96.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 14 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

97.En noviembre de 2015 se promulgó la Ley Los Niños Ante Todo de 2015, que modifica la Ley de Delitos no Letales contra la Persona de 1997 mediante la inserción de un nuevo artículo 24A, que elimina la defensa de castigos razonables en relación con los castigos corporales. La nueva Ley reconoce a los niños la plena y necesaria protección jurídica contra el maltrato físico en todos los ámbitos, incluido el hogar. En lo que respecta a los niños en hogares de acogida o en entornos residenciales y a los niños que están al cuidado de familiares en virtud de la Ley de Atención a la Infancia de 1991, la abolición de la defensa de los castigos razonables de conformidad con el artículo 28 de la Ley Los Niños Ante Todo de 2015 se reforzó aún más gracias a la legislación secundaria que entró en vigor en diciembre de 2015.

G.Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

98.Irlanda firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2007. El Gobierno se ha comprometido a ratificar el Protocolo Facultativo y ha encomendado al Departamento de Justicia e Igualdad la tarea de redactar la legislación necesaria en colaboración con los sectores pertinentes, incluidos los de la salud, la defensa y los asuntos de la infancia y la juventud.

99.Tras celebrar consultas con varias partes interesadas fundamentales en 2017 y 2018, el Departamento de Justicia e Igualdad está ultimando el correspondiente proyecto de ley de inspección de los lugares de detención, que tiene por objeto establecer una red de mecanismos nacionales de prevención en los sectores pertinentes. También instaurará un sistema de coordinación para prestar asistencia a esos mecanismos y facilitar la comunicación con las partes interesadas pertinentes en la aplicación del Protocolo Facultativo.

100.La Dirección de Servicios de Salud publicó en diciembre de 2014 su política y procedimientos operativos nacionales para la protección de los adultos, “Salvaguardia de las Personas Vulnerables en Riesgo de Sufrir Maltrato”. Esta política contiene directrices y procedimientos claros que deben seguirse en los posibles casos de maltrato o descuido de los adultos que corren el riesgo de ser maltratados (incluidos los ancianos y los adultos con discapacidad). La Dirección ha creado una serie de mecanismos para aplicar esta política. Estas medidas han sustituido la política y los mecanismos en materia de maltrato de los ancianos que se describen en los párrafos 43 a 47 del cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4). Además, comprenden el establecimiento de la Oficina Nacional de Salvaguardia adscrita a la Dirección, encargada de orientar la aplicación nacional de la política y la formación al respecto; los equipos regionales especializados de salvaguardia y protección (un servicio de trabajo social que cuenta con unos 73 empleados); una red nacional de funcionarios especializados, responsable de impartir capacitación al personal de salud pública; y el Comité Nacional de Salvaguardia, de carácter consultivo.

Artículo 8Derecho a no ser sometido a esclavitud

A.Trata de personas

i)Segundo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en Irlanda

101.Las medidas adoptadas por el Estado contra la trata de personas se fundamentan en el Segundo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en Irlanda, puesto en marcha en octubre de 2016. Este plan fue elaborado en cooperación con la sociedad civil y tiene los objetivos siguientes:

Prevenir la trata de personas.

Identificar, asistir, proteger y apoyar a las víctimas de la trata de personas.

Asegurar una respuesta eficaz de la justicia penal.

Velar por que las medidas de Irlanda contra la trata de personas se ajusten a las necesidades de un enfoque basado en los derechos humanos y tengan en cuenta las cuestiones de género.

Lograr una coordinación y cooperación efectivas entre los principales agentes, tanto a escala nacional como internacional.

Aumentar el grado de conocimiento sobre las nuevas modalidades de la trata de personas.

Seguir respondiendo con eficacia a la trata de niños.

ii)Legislación

102.Durante el período examinado en este informe se han registrados diversas novedades legislativas, entre las que destacan las siguientes:

Irlanda ratificó en febrero de 2019 el Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que refuerza el marco jurídico internacional de lucha contra todas las formas de trabajo forzoso, incluida la trata de personas.

La Ley contra la Violencia Doméstica de 2018 tipificó como delito el matrimonio forzado, incluida la sustracción de una persona del Estado a sabiendas de que será objeto de violencia, amenazas, influencia indebida u otras formas de coacción o coerción con el fin de obligarla a contraer matrimonio. Esto incluye los actos de coacción que constituyen una forma más amplia de explotación sexual.

La Ley de Justicia Penal (Delitos Sexuales) de 2017 tipificó como delito la contratación de servicios sexuales y despenalizó la prestación de esos servicios. Se tipificó como delito el pago por mantener actividades sexuales con una víctima de trata en el contexto de la prostitución y se le impuso una pena potencial de hasta cinco años de prisión.

La Ley de Registro Civil (Enmienda) de 2014 prevé disposiciones que dificultan la concertación de matrimonios fraudulentos y de matrimonios en los que la explotación puede ser un factor determinante.

La Ley de Justicia Penal (Trata de Personas) (Enmienda) de 2013 entró en vigor en agosto de 2013 e incorpora en la legislación irlandesa la Directiva 2011/36/UE. Amplió la definición de trata de personas para abarcar la explotación con fines de mendicidad forzada y de participación forzada en actividades delictivas con fines de lucro.

iii)Enjuiciamientos

103.La An Garda Síochána sigue investigando y enjuiciando a quienes cometen delitos tipificados en las leyes de Irlanda sobre la trata de personas. Entre 2014 y 2017 se presentaron 53 casos ante los tribunales. De ellos, 47 concernían a menores explotados por un interés personal y no por un beneficio económico. Los demás casos comprendían 1 enjuiciamiento por trata de personas con fines de explotación sexual (incoado en 2016) y 5 enjuiciamientos por trata de personas con fines de explotación laboral (1 incoado en 2016 y 4 en 2017). En 2018 se abrieron investigaciones en relación con 35 casos de trata con fines de explotación laboral, 27 casos de explotación sexual y 2 casos de trata con fines de delincuencia forzada.

104.Se han creado varias estructuras policiales especializadas:

La Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda, establecida en 2015 y las Dependencias de Servicios de Protección de las Divisiones en el plano local.

La Dependencia de Investigación y Coordinación contra la Trata de Personas, que es el órgano nacional que dirige el enjuiciamiento de los delitos de trata de personas, y el equipo Operation Quest, encargado de investigar la prostitución y la delincuencia conexa, están adscritos a la Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda.

iv)Iniciativas de reducción de la demanda y formación de funcionarios

105.Durante el período examinado en este informe se emprendieron importantes iniciativas de reducción de la demanda mediante la sensibilización.

106.Los proyectos de sensibilización se han dirigido a sectores como el industrial y han abarcado iniciativas como la Conferencia Transfronteriza de 2016 sobre detección de indicios de explotación laboral grave, la prevención en las empresas y en las cadenas de suministro y la reducción de la demanda de los proveedores que utilizan trabajo forzoso. Además, se han llevado a cabo campañas dirigidas a otros grupos.

107.También forman parte de las iniciativas de sensibilización la exhibición de anuncios digitales contra la trata de personas en lugares estratégicos del aeropuerto de Dublín y la promoción del sitio web nacional www.blueblindfold.gov.ie.

108.Se imparte formación especializada a los agentes de primera línea que tienen más probabilidades de entrar en contacto con las víctimas de la trata. Estos son, entre otros, los agentes de la An Garda Síochána, los investigadores, los funcionarios de inmigración y los guardias de fronteras, los inspectores del trabajo, los trabajadores sociales, los diplomáticos y los miembros de las Fuerzas de Defensa.

v)Trata de personas y solicitudes de protección internacional

109.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 20 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

110.En los párrafos 193 a 196 se presenta información sobre la Ley de Protección Internacional de 2015.

a)Acceso a un período de recuperación y reflexión para las víctimas solicitantes de protección internacional

111.El período de recuperación y reflexión se concede a todas las víctimas de la trata de personas, incluidas las solicitantes de protección internacional. La participación de la víctima durante este período es voluntaria o de carácter obligatorio cuando puedan surgir cuestiones urgentes. Durante este período no se puede expulsar a nadie.

b)Permiso de residencia temporal para las víctimas solicitantes de protección internacional

112.Para permanecer en el Estado, los ciudadanos no comunitarios necesitan un permiso, que puede obtenerse de dos maneras, a saber: un solicitante de protección internacional puede recibir su permiso al pedir la protección internacional; o bien, el Servicio de Naturalización e Inmigración de Irlanda concede un permiso legal para vivir en el país a los beneficiarios de las ayudas otorgadas por conducto del mecanismo nacional de remisión. Esta medida de protección temporal puede dar lugar a la obtención de la residencia permanente en Irlanda.

113.Los solicitantes de protección internacional reciben automáticamente un permiso para vivir en Irlanda mientras se examina su solicitud. Además, si la persona tiene la condición de víctima, también podrá acceder al mecanismo nacional de remisión.

114.En el marco del proceso de protección internacional, las denuncias de trata de personas se tienen en cuenta como parte de la solicitud de protección internacional. En determinadas circunstancias, es posible considerar a las víctimas de la trata un grupo social que corre el peligro de ser perseguido si es devuelto a su país de origen. En reconocimiento de ello, Irlanda ha concedido protección en virtud de esos motivos en el pasado.

c)Utilización de los centros de manutención directa

115.La prestación de servicios de alojamiento apropiados a las víctimas de la trata sigue siendo una prioridad. El actual enfoque, que se basa en la labor del Organismo de Acogida e Integración, facilita la distribución geográfica y servicios e instalaciones médicas, incluidas dependencias separadas por género.

116.Con arreglo al modelo actual, es posible realizar traslados de un centro a otro por motivos de salud o seguridad del interesado.

117.Si bien esta forma de alojamiento es flexible, segura y funciona bien en cooperación con otros organismos estatales, actualmente se considera que la mejor práctica es colocar a las víctimas en centros especializados en los que puedan recibir atención de especialistas y apoyarse mutuamente.

d)Apoyo a las víctimas

118.En el marco del mecanismo nacional de remisión de Irlanda se presta una serie de servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de personas, tanto extranjeras como nacionales, en función de sus necesidades.

119.En caso de que una víctima no desee ser remitida a la An Garda Síochána, el Estado asigna fondos a las ONG para que presten servicios como alojamiento de emergencia, asesoramiento, atención médica y asistencia letrada.

120.El Servicio de Asistencia Jurídica presta asistencia letrada gratuita a las víctimas de la trata de personas. Las cuestiones tratadas abarcan la situación migratoria en el Estado, el enjuiciamiento penal e información sobre la indemnización civil y penal.

e)Niños víctimas de la trata

121.El Segundo Plan de Acción Nacional aborda de manera específica la trata de niños. A continuación se señalan las principales medidas previstas en el Plan respecto de la protección de los niños contra este delito.

Detección de los niños víctimas

122.La detección de un niño víctima de la trata en el momento de su ingreso en el Estado puede constituir la mejor oportunidad para prevenir su explotación. Por lo tanto, se hace gran hincapié en la formación de los guardias de fronteras, incluida la formación conjunta con sus homólogos del Reino Unido. El Organismo para la Infancia y la Familia presta especial atención a la vulnerabilidad de los niños separados de sus familias que solicitan asilo.

123.También se imparte formación especializada al personal de los servicios públicos que puede entrar en contacto con niños víctimas.

Prestación de asistencia a los niños víctimas

124.La Ley Los Niños Ante Todo de 2015 (véanse los párrafos 290 a 292) impone a los profesionales competentes la obligación de notificación; refuerza los mecanismos de protección infantil de las organizaciones que prestan servicios a los niños y dispone la cooperación y el intercambio de información entre los organismos estatales cuando el Organismo para la Infancia y la Familia tiene niños bajo su protección. En relación con la trata dentro del país, en virtud del artículo 12 de la Ley de Atención a la Infancia de 1991, la An Garda Síochána está facultada para separar a un niño de su entorno familiar cuando considere que corre un grave riesgo y asignarlo al cuidado del Organismo tan pronto como sea posible.

125.El Organismo para la Infancia y la Familia y la Dependencia de Investigación y Coordinación contra la Trata de Personas han elaborado un protocolo para los menores no acompañados que lleguen a los puertos de entrada de Dublín. Este protocolo incluye entrevistas simultáneas de ambas entidades, la formación y la sensibilización conjuntas y el intercambio de información.

126.Se han establecido otras medidas de protección mediante la designación de los directores de los centros de recepción de solicitantes de asilo como “personas de enlace designadas”, encargadas de velar por que se cumplan los procedimientos de notificación en relación con el bienestar de los niños.

Interés superior del niño

127.El Gobierno de Irlanda reconoce que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todas las medidas relativas a los niños, incluidas las víctimas o presuntas víctimas de la trata. El Organismo para la Infancia y la Familia aplica los principios de mejores prácticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la materia. A todos los niños separados de sus familias, incluidos a los que se consideran víctimas de la trata, se asigna un trabajador social específico en el momento de la remisión o de ingreso al sistema de atención para que actúe como cuidador principal y sirva de enlace con el personal de las residencias y los progenitores de acogida en relación con el cuidado del niño. En la Ley de Protección Internacional de 2015 también se tiene en cuenta el “principio del interés superior”.

f)Financiación

128.Se ha proporcionado financiación a las organizaciones que trabajan con las víctimas de la trata de personas para que ejecuten proyectos destinados a atender sus necesidades de desarrollo personal y social y sensibilizar sobre las cuestiones conexas. El Departamento de Justicia e Igualdad también ofrece una importante financiación general (unos 400.000 euros anuales en total) a dos ONG, Ruhama y MRCI, que prestan servicios de primera línea a las víctimas de la explotación sexual y de la explotación laboral, respectivamente.

B.Plan de Trabajo Atípico

129.El Plan de Trabajo Atípico para la Gente de Mar es administrado por el Grupo de Supervisión Interdepartamental, en el que participan representantes de los Departamentos de Agricultura, Alimentación y Recursos Marinos, de Empresa e Innovación, de Justicia e Igualdad, y de Transporte, Turismo y Deporte.

130.Con arreglo al Plan, el empleador y el empleado deben suscribir un contrato formal de empleo de 12 meses de duración, certificado por un abogado en ejercicio, a fin de garantizar que la persona en cuestión esté cubierta plenamente por el régimen normativo relativo a los lugares de trabajo y por cualquier otra regulación conexa. Debe inscribirse una copia de dicho contrato en el registro central de barcos de pesca marítima. La gente de mar puede solicitar en cualquier momento, dentro de un plazo de 12 meses, un permiso para cambiar su empleador por el propietario de otro barco que cumpla los requisitos establecidos. Este proceso es idéntico al que se realizó para obtener el permiso original.

131.Al menos el 50 % de la tripulación debe ser de ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea, a fin de que los empleados que sean ciudadanos de Estados no pertenecientes al Espacio Económico Europeo tengan un referente en el lugar de trabajo que facilite la protección de sus derechos. Los empleadores y propietarios de barcos deben cumplir tanto los requisitos de la Unión Europea como las disposiciones de la legislación nacional.

132.La Comisión de Relaciones en el Lugar de Trabajo no cumple una función regulatoria expresa en la legislación irlandesa en relación con la trata de personas y el trabajo forzoso. Sin embargo, sus inspectores están capacitados para reconocer cualquier indicio de trata. La Comisión cuenta con representación en los organismos nacionales establecidos para luchar contra el trabajo forzoso y también es miembro del Grupo de Alto Nivel sobre la Lucha contra la Trata de Personas adscrito a la Dependencia de Política de Justicia Penal del Departamento de Justicia e Igualdad. La Inspección de la Comisión colabora estrechamente con la Oficina Nacional de Inmigración de la Garda y la Dependencia Nacional de Servicios de Protección de la Garda en lo que respecta a la notificación de posibles casos de inmigración y trata de personas que detecten durante las inspecciones.

i)Medidas de control de la aplicación de la Comisión

133.Entre abril de 2016 y finales de febrero de 2019, los inspectores de la Comisión realizaron 351 inspecciones en puerto de los 186 barcos de pesca de pescado blanco que participan en este Plan desde 2016. A finales de febrero de 2019, la Comisión había realizado inspecciones y seguimientos adicionales de 149 barcos. En el 54 % de los casos no se encontraron infracciones y cuando se detectó alguna, el procedimiento aplicado, en el 89 % de los casos, consistió en la emisión de una notificación de infracción (es decir, no se recurrió a acciones judiciales). Si bien se han encontrado infracciones de la legislación laboral durante las inspecciones realizadas en el marco del Plan de Trabajo Atípico, también se ha registrado una notable mejora del cumplimiento por parte de los propietarios de los barcos.

134.De unos 171 barcos que entran en el ámbito del Plan de Trabajo Atípico, la Comisión han inspeccionado 169 (más del 99 % de la flota). Dos de los barcos registrados no se han visto en los puertos irlandeses recientemente.

C.Novedades en relación con la OIT

135.En febrero de 2019, Irlanda depositó su instrumento de ratificación del Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), convirtiéndose así en el 29º país del mundo en ratificarlo.

Artículo 9Derecho a la libertad y a la seguridad personales

A.Duración de la detención y de la atención especial

136.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafos 303 a 317, se consigna más información sobre la duración de la detención.

137.La atención especial es una modalidad de acogimiento seguro (por ejemplo, la detención en un centro asistencial) para niños con necesidades conductuales y emocionales muy complejas que no pueden ser atendidas en un hogar de guarda o en una residencia general. Se trata de una medida de corta duración que se cumple en un centro terapéutico con la intención de devolver al niño a un entorno comunitario o familiar lo antes posible.

138.Se recurre a la atención especial para mitigar el riesgo de daños para la vida, la salud, la seguridad, el desarrollo o el bienestar del niño que su comportamiento puede causarle. Para internar al niño, el Comité de Admisión a la Atención Especial del Organismo para la Infancia y la Familia debe aprobar la solicitud correspondiente y el Tribunal Superior debe dictar una orden de atención especial. La edad de internación se sitúa entre los 11 y los 17 años.

139.La privación de libertad en virtud de una orden de atención especial tiene por objeto proteger el bienestar del niño. No se trata de una sanción por haber cometido un acto delictivo, y está sujeta a estrictos requisitos del Organismo para la Infancia y la Familia y del Tribunal Superior. Las órdenes se revisan cada 28 días.

140.La atención especial está regulada por la Ley de Atención a la Infancia de 1991 (en su forma enmendada) y el Reglamento de 2017 de la Ley de Salud (Atención y Bienestar de los Niños en las Dependencias de Atención Especial) de 2007. Todas las dependencias de atención especial son centros especializados establecidos de conformidad con la Ley de Salud de 2007 y, como tales, están registradas ante la Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud, una autoridad independiente encargada de la supervisión e inspección de los sectores de la salud y la atención.

141.Solo una reducida minoría de niños tiene necesidades altamente especializadas que requieren intervenciones psiquiátricas seguras y un acogimiento general seguro fuera del Estado. Estos son enviados a un centro psiquiátrico especializado en el Reino Unido.

142.El acogimiento de niños irlandeses en centros psiquiátricos seguros fuera del territorio nacional por orden del Tribunal Superior de Irlanda se fundamenta en el Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo Europeo (Reglamento “Bruselas II bis”). El Tribunal Superior conserva la potestad de supervisar regularmente estas modalidades de acogimiento. Por su parte, el Organismo para la Infancia y la Familia mantiene la gobernanza y la supervisión en virtud de sus obligaciones legales con los niños a su cargo.

143.Las autoridades nacionales son responsables de inspeccionar y vigilar la dependencia en la que se acoge a los niños y el Organismo fiscaliza la calidad de la atención prestada.

B.Procedimiento de presentación de denuncias sobre la policía

144.La Ley de la Garda Síochána (Enmienda) de 2015 amplió el mandato y las facultades de la Comisión del Ombudsman de la Garda Síochána, el organismo independiente encargado de recibir y tramitar las denuncias presentadas por los ciudadanos en relación con la conducta de los miembros de la Garda Síochána. En resumen, la Ley prevé la inclusión, por primera vez, del Comisionado de la Garda en el mandato de investigación de la Comisión, la asignación de facultades policiales adicionales a la Comisión a los efectos de la investigación penal y una mayor autonomía de la Comisión en el examen de las prácticas, políticas y procedimientos de la Garda. También autoriza a la Inspección de la Garda Síochána a llevar a cabo inspecciones por iniciativa propia sin necesidad de la aprobación previa del Ministro de Justicia e Igualdad. Además, mediante la Ley de la Garda Síochána (Autoridad Policial y Disposiciones Varias) de 2015 se establece la Autoridad Policial, un organismo independiente encargado de supervisar el desempeño de las funciones policiales de la Garda Síochána. Como parte de su mandato, celebra reuniones públicas con el Comisionado de la Garda y el personal directivo superior.

145.En diciembre de 2018, el Gobierno aceptó el informe de la Comisión sobre el Futuro de la Actividad Policial en Irlanda en el que se examinaban todos los aspectos de dicha actividad en el país. En relación con la conducta policial indebida, el informe formula una serie de recomendaciones destinadas a reforzar la independencia de la Comisión y a asegurar que los procesos de investigación de las denuncias al respecto sean rápidos y transparentes.

146.El Gobierno ha aprobado la elaboración del proyecto de ley de actividad policial y seguridad comunitaria para dar efecto a las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión.

Artículo 10Derechos de los penados

147.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 15 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

A.Condiciones de la privación de libertad

i)Hacinamiento

148.Las medidas adoptadas para reducir el hacinamiento figuran en los documentos relativos al segundo informe periódico que Irlanda presentó al Comité contra la Tortura (CAT/C/SR.1548), que puede consultarse en línea.

149.Se sigue tratando de aplicar medidas sustitutivas de la privación de libertad, como el Programa de Reingreso en la Comunidad. En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafo 386, se incluye información sobre este Programa. Desde 2011, aproximadamente 2.350 reclusos han sido puestos en libertad de manera anticipada para participar en el Programa, y unos 2.650 para participar en el Plan de Apoyo Comunitario.

150.Además, la Ley de Multas (Pago y Recuperación) de 2014 dispone que el tribunal que imponga una multa debe tener en cuenta la situación económica de la persona. En consecuencia, se ha reducido el número de condenas a prisión por períodos cortos.

151.Se han hecho importantes inversiones para modernizar y renovar parcialmente las instituciones penitenciarias y se construyó un nuevo pabellón de reclusión. Se han remodelado las cárceles de Wheatfield y de Cloverhill y el Centro de Dóchas. Una parte de la cárcel de Limerick permanece fuera de servicio para facilitar la ejecución de un importante plan de mejoras de infraestructura.

152.El número medio de reclusos en el sistema penitenciario alcanzó su punto máximo en 2011 (4.390) y luego registró una disminución interanual hasta 2017 (3.680). Sin embargo, en 2018 se registró un fuerte aumento al situarse el número medio de reclusos en 3.893. En mayo de 2019, había 3.988 reclusos, mientras que el número de plazas era de 4.244, lo que equivale a una tasa de ocupación del 94 %.

ii)Ausencia de instalaciones sanitarias en las celdas

153.El Servicio de Prisiones de Irlanda vela por que la privación de libertad en las instituciones penitenciarias sea segura, protegida y humana, respete la dignidad de todos los reclusos y se base en una política penal moderna y progresista, y la promueva.

154.La información sobre la eliminación de la práctica del vaciado manual de las instalaciones de saneamiento figura en el informe sobre el examen de julio de 2017 del segundo informe periódico que Irlanda presentó en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

155.El importante proyecto de mejoras de infraestructura que se está ejecutando en la cárcel de Limerick permitirá mejorar considerablemente las condiciones de reclusión y las instalaciones de apoyo conexas para todos los presos. Cuando llegue a su término en 2021, se pondrá fin al vaciado manual de las instalaciones de saneamiento en esa cárcel. También se están llevando a cabo obras de remodelación en la cárcel de Portlaoise y en todos sus pabellones, salvo uno, ya se dispone de un sistema de saneamiento en las celdas. El Servicio de Prisiones de Irlanda se ha comprometido a poner fin al uso de instalaciones de saneamiento de vaciado manual en todas las cárceles y lugares de detención.

iii)Falta de separación entre los presos en detención preventiva y los condenados, y entre los inmigrantes detenidos y los reclusos que cumplen condena

156.El 3 de mayo de 2019 había 680 reclusos en prisión preventiva, 237 de los cuales compartían celda con presos condenados. En la medida de lo posible, los presos en detención preventiva son separados de los presos condenados, pero debido al aumento de reclusos, esto no siempre es posible. La cárcel de Cloverhill es el único centro de prisión preventiva y se ha visto afectada en mayor grado debido al aumento del número de reclusos en el último año.

157.La detención de un solicitante de protección internacional se rige por lo dispuesto en el Reglamento de las Comunidades Europeas (Condiciones de Acogida) de 2018, por el que se incorporó en la legislación nacional la Directiva sobre las Condiciones de Acogida (texto refundido) de la Unión Europea. En relación con la detención por separado de las personas a las que se ha denegado la entrada al Estado o que van a ser expulsadas y de las personas procesadas penalmente, en la actualidad se está llevando a cabo un proyecto en el aeropuerto de Dublín para establecer centros de detención administrados por la An Garda Síochána para tener en cuenta estos casos.

iv)Violencia entre reclusos

158.En noviembre de 2018 se creó una Dependencia para la Reducción de la Violencia en la cárcel de Portlaoise cuyo funcionamiento se basa en las mejores prácticas internacionales y tiene debidamente en cuenta las obligaciones contraídas en virtud de la legislación europea de derechos humanos.

159.La Dependencia tiene por objeto atender las complejas necesidades de los distintos reclusos mediante la mejora de sus condiciones de salud mental, su bienestar y su comportamiento en un centro de excelencia dirigido por personal altamente calificado.

160.Si bien las cuestiones relativas al funcionamiento y a la seguridad de esta Dependencia son importantes, el considerable refuerzo del Servicio de Psicología constituye un elemento fundamental de su estructura de gestión. Este nuevo enfoque es intrínseco a la filosofía de la Dependencia y es la base del proceso decisorio.

a)Agresiones entre reclusos

Cárcel o lugar de reclusión	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbour Hill	4	7	6	5	0	0	1
Castlerea *	73	103	119	117	139	79	76
Cloverhill	97	76	90	88	82	42	54
Cork	43	30	51	27	33	44	42
Centro Dóchas	25	21	16	47	30	33	28
Limerick	45	31	37	24	5	18	28
Loughan House	1	0	0	1	0	0	0
Midlands	68	88	77	47	50	45	44
Mountjoy (para hombres)	92	107	96	176	156	113	110
Institución de St. Patrick	156	57	9	2	0	n.d .	n.d .
Portlaoise	12	5	11	2	15	14	0
Shelton Abbey	1	0	0	0	0	0	3
Dependencia de Formación	0	0	1	0	0	2	n.d .
Wheatfield	98	77	74	47	55	24	20
Cuerpo de Escoltas del Servicio de Prisiones	0	2	2	4	7	3	12
Total	715	604	589	587	572	417	418

v)Sistema de denuncias plenamente independiente

161.En noviembre de 2012 se estableció un sistema para tratar las denuncias de los reclusos. En el segundo informe periódico que Irlanda presentó al Comité contra la Tortura (CAT/C/IRL/2), párrafos 170 a 173, se incluye información sobre este sistema.

162.El entonces Inspector de Prisiones llevó a cabo un examen del sistema en junio de 2016 y publicó sus conclusiones acompañadas de un conjunto de recomendaciones en su informe de revisión, evaluación y análisis del funcionamiento del actual procedimiento de denuncias del Servicio de Prisiones de Irlanda.

163.Cabe resaltar dos de las principales recomendaciones del informe del Inspector, consistentes en la simplificación del sistema de clasificación de denuncias y en la conveniencia de que las denuncias de los reclusos sean examinadas por el Defensor del Pueblo, que también podría ocuparse directamente de ellas en caso de demoras indebidas. Se aceptaron las recomendaciones y el Servicio de Prisiones de Irlanda ha mantenido conversaciones fructíferas con la Oficina del Defensor del Pueblo con miras a establecer un sistema eficaz de denuncias para los reclusos.

B.Justicia juvenil

i)Complejo de Detención de Niños de Oberstown

164.De conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Infancia de 2001, el Complejo de Detención de Niños de Oberstown aloja a todos los niños de entre 10 y 18 años que, por decisión judicial, se encuentren en prisión preventiva o cumpliendo una orden de detención. Actualmente, Oberstown tiene una capacidad de 48 plazas para niños y 6 para niñas. Allí se desarrolló un modelo de atención integral que abarca las esferas del cuidado, la educación, la salud y el bienestar, el comportamiento delictivo y la preparación para el regreso al seno de la familia y de la comunidad, con el fin de obtener los mejores resultados para los jóvenes detenidos, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de la Infancia de 2001. El objetivo principal es ofrecer programas y servicios educativos, de formación y de otra índole adecuados a los niños remitidos por los tribunales.

165.En Oberstown trabajan principalmente asistentes sociales internos que interactúan de manera directa con los niños en cada dependencia. Además, los niños también tienen acceso al Servicio de Evaluación, Consulta y Atención Terapéutica, un organismo nacional que presta atención médica a los niños de Oberstown. La función del Servicio es determinar, sobre la base de los resultados de un examen de salud mental y de otros informes disponibles, si los jóvenes necesitan una evaluación más especializada o la intervención de especialistas del equipo médico. La Dirección de Servicios de Salud presta servicios psiquiátricos accesibles. Actualmente, un psiquiatra y un enfermero de psiquiatría integran el equipo multidisciplinario, que abarca también al personal del Servicio y de Oberstown.

166.El Departamento de Educación y Formación Profesional se encarga de impartir educación en el Complejo. El plan de estudios comprende cursos tanto de enseñanza primaria como secundaria, cursos de refuerzo de lectoescritura y aritmética basados en un plan educativo individual, así como una amplia gama de cursos acreditados de formación profesional y del organismo público de enseñanza Quality and Qualifications Ireland impartidos por conducto del Centro de Educación de Oberstown.

167.En abril de 2012 se destinó un paquete de inversión de capital de más de 56 millones de euros para reformas de infraestructura de las instalaciones de Oberstown con miras a su reconversión en el Centro Nacional de Detención de Niños. Esto ha dado lugar a la construcción de seis nuevas dependencias residenciales en el complejo, un nuevo centro educativo y un nuevo edificio administrativo con salas de reuniones y un conjunto de instalaciones sanitarias totalmente equipadas. La mayor parte de las obras de construcción se completaron en 2016.

168.En el artículo 155 de la Ley de la Infancia se autoriza el traslado a una cárcel o lugar de detención de los niños que cumplen 18 años y que se encuentran en un reformatorio. Además, faculta al director de un reformatorio a permitir que un niño permanezca allí hasta seis meses después de cumplir los 18 años si está asistiendo a un curso formativo o está por finalizar su período de detención.

ii)Ley de la Infancia (Enmienda) de 2015

169.Oberstown se componía de tres reformatorios, administrados de manera independiente, a saber, Oberstown Boys, Oberstown Girls y Trinity House. Se propuso que las tres se fusionaran y que se estableciera una estructura de gestión única a fin de crear el Complejo de Detención de Niños de Oberstown. Para ello, en junio de 2016 entraron en vigor las disposiciones pertinentes de la Ley de la Infancia (Enmienda) de 2016.

170.La Ley también contiene disposiciones relativas a la remisión de penas en los reformatorios, la derogación de las disposiciones que permiten la detención de niños en centros penitenciarios para adultos, la aclaración de la situación jurídica de la detención de los niños que cumplen 18 años mientras purgan su condena en un reformatorio y el esclarecimiento de la facultad de la An Garda Síochána de detener a los niños que ya están cumpliendo una condena a fin de interrogarlos en relación con otros delitos.

171.Mediante una orden del Ministro de Asuntos de la Infancia y la Juventud, efectiva desde el 30 de marzo de 2015, los niños varones de 17 años que se encuentran en prisión preventiva pueden ser enviados a los reformatorios de Oberstown Boys y Trinity House.

172.Asimismo, el Ministro dictó las órdenes necesarias, efectivas desde el 31 de marzo de 2017, en virtud de la Ley de la Infancia (Enmienda) de 2015, para poner fin a la práctica de recluir a niños varones de 17 años en centros penitenciarios para adultos, como la Institución de St. Patrick. Desde entonces, todos los niños condenados judicialmente a un período de detención se alojan en Oberstown.

iii)Derechos del niño

173.En Oberstown se han implantado sistemas para velar por que los niños estén informados de sus derechos y tengan acceso a servicios de defensa y de tutoría ad litem. El Complejo de Detención de Niños de Oberstown tiene una política pública de denuncias y se ha designado a una persona de enlace para atender cualquier denuncia de los niños o del personal. Además, los niños pueden ponerse en contacto con la Oficina del Defensor del Niño.

iv)Separación de los niños en prisión preventiva de los niños que son objeto de una orden de ingreso en prisión

174.De conformidad con el artículo 88 de la Ley de la Infancia de 2001, los niños que se encuentran en prisión preventiva en Oberstown son separados, en la medida de lo posible y cuando ello redunde en su beneficio, de los niños a los que se ha impuesto un período de detención.

v)Inspección

175.La Dependencia de Política de Justicia Penal ha formulado una política de salvaguardia para promover el bienestar de los niños, protegerlos de daños o de malos tratos, y defender al personal de las posibles falsas denuncias de maltrato. Además, se realizó una revisión de la Política de Protección de la Infancia aplicada en todo Oberstown. El asesor de bienestar infantil de la Dependencia se encarga también de las cuestiones relativas a las normas, las inspecciones y los mecanismos de denuncia de los niños detenidos. En virtud de los artículos 185 y 186 de la Ley de la Infancia, la Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud es el órgano designado para realizar las inspecciones en Oberstown. Su informe y planes de acción subsiguientes se hacen públicos.

176.En 2014 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes realizó una inspección de Oberstown.

vi)Plan de supervisión de la libertad bajo fianza

177.Desde octubre de 2016, el Departamento de Asuntos de la Infancia y la Juventud ha estado poniendo a prueba un plan de supervisión de la libertad bajo fianza en el Tribunal de Menores de Dublín y se está estudiando la posibilidad de ampliar su aplicación en el ámbito del Estado. En el marco del Plan se han atendido más de 50 casos remitidos relacionados con los jóvenes y sus familias. Los resultados de estas remisiones dan cuenta de un mayor cumplimiento de las condiciones de la libertad bajo fianza, de una reducción de las infracciones de esta medida o de la comisión de nuevos actos delictivos, y de la reinserción escolar.

vii)Cifras

178.En 2017 en Oberstown había 176 niños en prisión preventiva y 46 niños condenados a un período de detención a lo largo del año.

viii)Plan de Acción sobre Justicia Juvenil 2014-2018

179.El Plan de Acción sobre Justicia Juvenil, puesto en marcha en abril de 2014, se centraba en los niños y los jóvenes que requerían una atención específica y estratégica debido a que su comportamiento los había llevado al sistema de justicia juvenil. Dicho Plan comprendía una serie de metas y objetivos específicos destinados a repercutir positivamente en los niños, a reducir la delincuencia y a hacer que las comunidades fueran más seguras.

180.El Plan de Acción también formaba parte de las políticas nacionales más amplias, en particular la política “Mejores Resultados, Mejor Futuro: Marco Nacional de Política para los Niños y los Jóvenes 2014-2020”. Los informes sobre los progresos realizados en el período de 2014 a 2017 han sido publicados. Se está preparando una nueva estrategia nacional sobre justicia juvenil, cuya publicación está prevista en 2020.

Artículo 11Derecho a no ser encarcelado por no poder cumplir una obligación contractual

A.Encarcelamiento por impago de multas

181.Respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 16 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

182.La Ley de Multas (Pago y Recuperación) de 2014, que entró plenamente en vigor el 11 de enero de 2016, establece que:

La cuantía de las multas se fijará en un nivel que tenga en cuenta la situación económica de la persona.

Todas las multas superiores a 100 euros pueden pagarse a plazos, según el procedimiento reglamentario previsto.

En caso de impago, la persona debe comparecer nuevamente ante un tribunal y el juez ha de considerar primero la posibilidad de embargar los ingresos de la persona multada, salvo los pagos de protección social.

De no ser procedente el embargo, el juez dicta una orden de cobro o de realización de trabajos comunitarios en los casos en que la multa supere los 500 euros.

Si a pesar de la orden de embargo o de cobro, la multa aún no se ha amortizado en su totalidad, el tribunal puede dictar una orden de trabajos comunitarios.

183.Solo se ordenará el encarcelamiento cuando no proceda la expedición de una orden de embargo, de cobro o de trabajos comunitarios, o cuando se ordene la realización de trabajos comunitarios y la persona multada no cumpla.

Artículo 12Derecho a circular libremente

A.Derecho a viajar y a circular libremente

184.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafo 538, se consigna información sobre el derecho a viajar tal como se reconoce en Irlanda.

B.Libertad de circulación tras el Brexit

185.Tanto el Gobierno irlandés como el británico han acordado mantener la zona de circulación común en todas las circunstancias y suscribieron un memorando de entendimiento a tal efecto el 8 de mayo de 2019. Gracias al establecimiento de esta zona en la década de 1920, los ciudadanos irlandeses en el Reino Unido y los ciudadanos británicos en Irlanda tienen derecho a residir, trabajar, estudiar y acceder a la atención de la salud, a la seguridad social y a los servicios públicos en los respectivos países, así como a votar en determinadas elecciones.

186.Irlanda es parte garante y signataria en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que constituye la base del proceso de paz de Irlanda del Norte. El Acuerdo contiene importantes disposiciones relativas a la ciudadanía y la identidad, así como un capítulo sobre derechos, salvaguardias e igualdad de oportunidades.

187.En el contexto de la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, Irlanda ha dado la mayor prioridad a la observancia plena del Acuerdo, incluidas las disposiciones sobre la ciudadanía y la identidad y el capítulo sobre derechos, salvaguardias e igualdad de oportunidades. Estas cuestiones se trataron de forma específica en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido relativas a la retirada en virtud del artículo 50.

188.Independientemente de las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, las obligaciones y compromisos de los Gobiernos de Irlanda y el Reino Unido contraídos en virtud del Acuerdo de Viernes Santo continúan vigentes e Irlanda seguirá colaborando con el Reino Unido, también en su calidad de parte garante, para asegurar la plena aplicación del Acuerdo y el funcionamiento efectivo de todas las instituciones en él establecidas.

C.Viaje con la intención de cometer un acto terrorista

189.El programa legislativo del Gobierno prevé la elaboración del proyecto de ley de delitos de terrorismo (enmienda) que pondrá en vigor la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el terrorismo, por la que se consolidan las medidas de la Unión Europea vigentes que Irlanda que ya había hecho efectivas mediante las Leyes de Justicia Penal (Delitos de Terrorismo) de 2005 y 2015. La mayoría de las disposiciones de la Directiva ya han entrado en vigor. Sin embargo, será necesario introducir algunas modificaciones para transponer las disposiciones relativas a los viajes a terceros países para participar en actividades terroristas.

Artículo 13Derechos de los extranjeros

A.Sistema de protección internacional

190.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 19 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

191.En octubre de 2014, el Ministro de Justicia e Igualdad estableció un Grupo de Trabajo Encargado de Informar al Gobierno sobre las Mejoras al Proceso de Protección, incluida la Manutención Directa y las Medidas de Apoyo a los Solicitantes de Asilo, a fin de llevar a cabo un examen completo del sistema de protección internacional.

192.El juez Bryan McMahon presidió el Grupo de Trabajo, que estaba integrado por miembros del ACNUR, ONG, la comunidad de solicitantes de protección, los círculos académicos y los departamentos y oficinas pertinentes del Gobierno de Irlanda. El informe final del Grupo de Trabajo se publicó en junio de 2015. En él se formularon 173 recomendaciones sobre la reforma del proceso de protección, incluida la manutención directa. El Gobierno lo aprobó y ha publicado tres informes detallados individuales sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones, que ha sido del 98 %.

i)Ley de Protección Internacional

193.La Ley de Protección Internacional de 2015 se promulgó en diciembre de ese año y entró en vigor en diciembre de 2016.

194.En virtud de esta Ley, se estableció un procedimiento único para la presentación de solicitudes de protección internacional, que abarca el examen y la determinación del cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria) y permiso de permanencia. Gracias a este procedimiento único, el solicitante solo debe presentar una solicitud y se examinarán todos los motivos en un solo proceso.

195.La Ley también prevé una serie de reformas estructurales. La antigua Oficina del Comisionado para las Solicitudes del Estatuto de Refugiado se integró al Departamento de Justicia e Igualdad como parte de la nueva Oficina de Protección Internacional, especializada en la materia. Además, el Tribunal de Apelación de los Refugiados se convirtió en el Tribunal de Apelaciones para Asuntos Relacionados con la Protección Internacional, y se lo dotó de nuevas disposiciones para aumentar la eficiencia de los procedimientos y la coherencia de las decisiones.

196.Los aspectos más importantes de la Ley incluyen:

Medidas para aumentar la eficiencia del sistema de asilo.

Garantías específicas para los menores no acompañados solicitantes de asilo.

Mejora de las leyes nacionales con respecto a la Directiva 2001/55/CE sobre normas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas a los países de la Unión Europea .

Permiso para permanecer en el Estado si se deniega la protección internacional en cumplimiento de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Disposiciones sobre posibles órdenes de expulsión de los solicitantes a los que se niegue el permiso de estancia en el Estado por cualquier motivo y que no opten por el regreso voluntario. Esas órdenes pueden ejecutarse en virtud de las leyes de inmigración.

Modificación de las leyes de inmigración en lo que respecta a la expulsión del Estado de los ciudadanos extranjeros, el traspaso de las tareas de control fronterizo a la esfera civil, la designación de puertos aprobados para fines de inmigración y la claridad absoluta de las facultades del poder ejecutivo en relación con la entrada y la presencia en el Estado de ciudadanos extranjeros.

B.Expulsión

i)Inmigrantes ilegales

197.El ciudadano de un tercer país que resida ilegalmente en el Estado puede ser objeto de una notificación de expulsión con arreglo al artículo 3 de la Ley de Inmigración de 1999 (en su forma enmendada). En ella se indican las opciones que pueden ejercerse en un plazo de 15 días hábiles, a saber, abandonar el Estado voluntariamente, aceptar la expulsión o presentar declaraciones escritas aduciendo los motivos por los que no debe dictarse una orden de expulsión.

198.Si bien el Estado promueve activamente la opción del regreso voluntario toda vez que es posible, de forma directa y por conducto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de los ciudadanos de terceros países, que cuentan con representación letrada, optan por presentar declaraciones escritas en las que aducen los motivos por los que debería concedérseles un permiso para permanecer en el Estado.

199.En todos los casos, las declaraciones escritas, así como toda la información y la documentación adicional que figura en el expediente de la persona en cuestión, deben examinarse de conformidad con lo dispuesto en los 11 apartados del artículo 3 6), de la Ley de Inmigración de 1999 (en su forma enmendada), y en todas las demás leyes aplicables, antes de adoptarse la decisión de dictar una orden de expulsión o de conceder un permiso de permanencia.

200.También se tendrá en cuenta el derecho al respeto a la vida privada y familiar de la persona, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como su opinión frente a la devolución. Se considerarán además los derechos de los ciudadanos irlandeses que estén vinculados de manera directa al caso.

201.Únicamente después de que se hayan examinado todas estas cuestiones se podrá adoptar la decisión de dictar una orden de expulsión contra la persona en cuestión o de concederle un permiso de permanencia en el Estado.

202.De dictarse la orden de expulsión, la persona de que se trata puede solicitar la revisión judicial de esa decisión. En tales circunstancias, corresponde al Tribunal Superior determinar si la decisión impugnada se ha adoptado con arreglo a derecho. Si se admite el recurso, no se ejecutará la orden hasta que se haya resuelto el caso ante el Tribunal.

ii)Información específica relativa a los solicitantes de protección internacional

203.Cuando un nacional de un tercer país presenta una solicitud de protección internacional, sus peticiones para obtener la protección internacional y un permiso discrecional de permanencia se examinan en el marco de un procedimiento único. Si la Oficina de Protección Internacional rechaza dicha solicitud en primera instancia, es posible recurrir esa decisión ante un órgano de apelación independiente, como el Tribunal de Apelaciones para Asuntos Relacionados con la Protección Internacional. En caso de que se deniegue la solicitud tanto en primera como en segunda instancia, y de que también se rechace el permiso de permanencia, incluso en instancia de revisión, la persona de que se trata tiene un plazo de cinco días para ejercer su opción de regreso voluntario.

204.El Estado promueve activamente la opción del regreso voluntario en estas circunstancias. Si no se ejerce y la persona no está amparada por otro mecanismo para permanecer en el Estado, se dictará una orden de expulsión respecto de ella.

205.Las decisiones de denegar la protección internacional o el permiso de permanencia pueden impugnarse ante el Tribunal Superior por vía de revisión judicial. En tales circunstancias, corresponderá al Tribunal determinar si la decisión impugnada se ha adoptado con arreglo a derecho. De aceptarse el recurso de impugnación, no se tomarán nuevas medidas en relación con el caso hasta que se haya resuelto en el Tribunal.

iii)Nueva información

206.Toda persona objeto de una orden de expulsión puede solicitar, con arreglo al artículo 3 11), de la Ley de Inmigración de 1999 (en su forma enmendada), que esta sea revocada si está en condiciones de ofrecer nueva información o indicar un cambio material de las circunstancias que desconociera el órgano responsable de adoptar la decisión, o que no fuera posible presentársele, cuando dictó la orden de expulsión. El examen de las solicitudes de esta índole dará lugar a la revocación o a la confirmación de la orden.

iv)Información estadística

207.En el cuadro siguiente se consigna información estadística sobre las órdenes de expulsión dictadas y ejecutadas y sobre los regresos voluntarios facilitados en los últimos cinco años.

Cuadro A Expulsiones y regresos voluntarios

Año	Órdenes de expulsión dictadas	Órdenes de expulsión ejecutadas	Regresos voluntarios facilitados
2014	742	114	242
2015	764	251	132
2016	1 196	428	187
2017	932	140	181
2018	1.187	163	213

C.Manutención directa

208.Entre 2015 y 2017, el número de solicitantes que abandonaron el sistema de manutención directa después de un período de tres años o menos aumentó considerablemente, del 36 % al 72 %. Se está trabajando para mejorar aún más esta situación.

209.El Gobierno se ha comprometido a elaborar un proyecto de ley de reforma del sistema de inmigración y residencia y ha comenzado a trabajar en ello.

i)Directiva europea sobre las condiciones de acogida (2013/33/UE)

210.En julio de 2018 se promulgó el Reglamento de las Comunidades Europeas (Condiciones de Acogida) de 2018, SI 230/2018, por el que se incorporó en la legislación nacional la Directiva sobre las Condiciones de Acogida de la Unión Europea (2013/33/EU). Este Reglamento establece varios cambios importantes para los solicitantes de asilo en Irlanda, incluida la introducción del derecho de los solicitantes de protección internacional a acceder al mercado de trabajo.

ii)Normas por las que se rigen los centros de manutención directa

211.De conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Normas de la Manutención Directa, el Grupo Asesor sobre Normas, integrado por representantes de algunos departamentos gubernamentales, ONG y grupos representativos, ha elaborado normas nacionales, que fueron sometidas a consulta pública en agosto de 2018, sobre tres esferas interconectadas: gobernanza, alojamiento y personas.

Artículo 14Derecho a un trato justo y equitativo ante la ley

A.Legislación en materia de derechos humanos e igualdad

212.Las Leyes de Igualdad en el Empleo de 1998 a 2015 y las Leyes de Igualdad de la Condición Jurídica de 2000 a 2015 prohíben la discriminación por nueve motivos contra quienes tienen o buscan empleo o participan en un curso de formación profesional, así como contra quienes buscan acceder a bienes y servicios Estos motivos son el género, el estado civil, la situación familiar, la orientación sexual, las creencias religiosas, la edad, la discapacidad, la raza y la pertenencia a la comunidad nómada.

213.Mediante la Ley de Igualdad (Disposiciones Varias) de 2015 se modificaron las Leyes de Igualdad en el Empleo y de Igualdad de la Condición Jurídica. En ella se prevén cambios relativos a la eliminación de la discriminación por motivos particulares en determinados empleos; se establecen modificaciones relativas a los anuncios de empleo discriminatorios y se refuerza la aplicación de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, y 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, y 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006; se prohíbe la discriminación en la provisión de alojamiento sobre la base de la recepción de ciertos pagos; y a estos y otros efectos, se modifican la Ley de Pensiones de 1990, la Ley de Igualdad en el Empleo de 1998 y la Ley de Igualdad de la Condición Jurídica de 2000, y se dispone sobre cuestiones conexas.

B.Régimen revisado de asistencia letrada en las comisarías de la Garda

214.Respuesta a la recomendación que figura en el párrafo 16 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

215.Se remunera a los abogados para que presten asistencia letrada a las personas detenidas en las comisarías de la Garda en diversas circunstancias. El Régimen se amplió en mayo de 2014 para incluir la presencia de un abogado en las entrevistas formales entre la Garda Síochána y el detenido. El Servicio de Asistencia Jurídica se encarga de administrar el Régimen.

C.Asistencia Letrada

216.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafos 579 a 588, se consigna información relativa a la asistencia letrada.

D.Poder judicial

i)Nombramiento de los jueces

217.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafos 589 a 598, se consigna información general relativa al nombramiento de los jueces.

ii)Número de jueces por género

218.A continuación se desglosa el número de jueces por género.

Tribunal	Número de jueces	Número de juezas
Tribunal Supremo	5	3
Tribunal de Apelaciones	5	5
Tribunal Superior	28	12
Tribunal de Circuito	23	17
Tribunal de Distrito	37	27
Total	98	64

219.Dos de los cargos judiciales de más alto rango en el Estado están ocupados por mujeres, a saber, el de Directora del Ministerio Público y el de la Procuradora General.

iii)Permanencia en el cargo

220.La permanencia de los jueces en el cargo se rige por las disposiciones de la Ley de Tribunales (Disposiciones Complementarias) de 1961, en su forma enmendada.

221.No ha habido cambios al respecto desde el informe anterior. Sin embargo, tras su promulgación (prevista en 2019), la Ley de Tribunales de 2019 modificará la edad de jubilación de los jueces de los Tribunales de Distrito y la fijará en 70 años. En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafos 599 y 600, se consigna información adicional relativa a la permanencia de los jueces en el cargo.

E.Tribunales Penales Especiales

222.En el documento básico común, párrafo 65, se consigna información sobre la creación y el funcionamiento de los Tribunales Penales Especiales.

F.Terrorismo

223.En el cuarto informe periódico de Irlanda, párrafos 567 a 573, se incluye información sobre la definición de terrorismo.

224.La Ley de Justicia Penal (Delitos de Terrorismo) (Enmienda) se promulgó en junio de 2015 y modifica la Ley de Justicia Penal (Delitos de Terrorismo) de 2005 para tipificar tres nuevos delitos: incitación pública a la comisión de un delito de terrorismo, reclutamiento con fines de terrorismo y adiestramiento de terroristas.

i)Número de enjuiciamientos en virtud de la Ley de Delitos contra el Estado (2008-2011)

A continuación se consignan las cifras más recientes sobre las detenciones practicadas en virtud del artículo 30 de la Ley de Delitos contra el Estado.

Detenciones, condenas y casos pendientes en virtud de la Ley de Delitos contra el Estado
Fecha de finalización	Detenciones	Condenas	Casos pendientes
31 de mayo de 2019	130	13	34
31 de mayo de 2018	194	23	84
31 de mayo de 2017	192	18	44
31 de mayo de 2016	226	16	58
31 de mayo de 2015	246	17	49

Artículo 15Derecho a que no se impongan condenas penales retroactivamente

225.No ha habido ninguna novedad en relación con este artículo del Pacto desde que Irlanda presentó su último informe al Comité.

Artículo 16Derecho a ser reconocido ante la ley

A.Ley de Asistencia en la Adopción de Decisiones (Capacidad) de 2015

226.La Ley de Asistencia en la Adopción de Decisiones (Capacidad) de 2015 establece un marco normativo moderno para apoyar a los adultos cuya capacidad de adopción de decisiones sea restringida. En virtud de esta Ley, la capacidad debe evaluarse solamente en relación con el asunto y la ocasión de que se trata. Se crean tres nuevas maneras de prestar asistencia para la adopción de decisiones (asistencia para la adopción de decisiones, adopción conjunta de decisiones y adopción de decisiones mediante un representante) a fin de atender las posibles necesidades de las personas. En cada categoría se puede decidir sobre el bienestar personal, los bienes inmuebles y el patrimonio, o sobre una combinación de las tres. En la sección 8 de la Ley se establece el marco normativo de la declaración de voluntad anticipada, que permite que una persona con capacidad pueda exponer su voluntad y sus preferencias en relación con cuestiones de tratamiento que puedan surgir en el futuro cuando haya perdido la capacidad para hacerlo.

227.Además, esa Ley deroga la Ley de Regulación de la Enajenación Mental (Irlanda) de 1871 y la Ley de Matrimonio de Enajenados Mentales de 1811. Por último, también estipula la creación del Servicio de Apoyo para la Adopción de Decisiones dentro de la Comisión de Salud Mental.

Artículo 17Derecho a la vida privada

A.Protección de datos

228.El Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en toda la Unión Europea el 25 de mayo de 2018. En mayo de ese año también entró en vigor una directiva conexa, en la que se establecen normas de protección relativas al tratamiento de los datos personales por las autoridades competentes a los efectos de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de delitos y la ejecución de las sanciones penales.

229.La Ley de Protección de Datos entró en vigor en 2018. Entre sus propósitos fundamentales cabe citar los siguientes:

Reforzar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en los ámbitos en los que los Estados Miembros pueden ser flexibles (por ejemplo, la edad para expresar consentimiento digital, la restricción de los derechos de los titulares de los datos, sanciones, el establecimiento de la Comisión de Protección de Datos).

Transponer la Directiva a la legislación nacional.

Establecer la Comisión de Protección de Datos como la autoridad estatal en la materia y dotarla de los medios para supervisar y hacer cumplir las normas de protección que figuran en el Reglamento General de Protección de Datos y su Directiva conexa de manera eficiente y eficaz.

Promulgar las consiguientes enmiendas de las leyes en que se hace referencia a las Leyes de Protección de Datos de 1988 y 2003.

230.En general, el nuevo marco jurídico prevé normas de protección de datos más estrictas para las personas e impone más obligaciones a los organismos de los sectores público y privado que tratan datos personales. También aumenta el número de sanciones que pueden imponerse por la vulneración de estas normas y obligaciones.

231.El tratamiento de los datos personales debe ajustarse a los principios de protección establecidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos y tener un fundamento jurídico. El artículo 71 de la Ley de Protección de Datos de 2018 contiene disposiciones similares a los efectos de aplicación de la ley.

i)Recursos

232.El titular de datos que considere que se han infringido sus derechos de protección de datos puede presentar una denuncia ante la Comisión de Protección de Datos, que está obligada a examinar todas las denuncias y a adoptar las medidas que considere apropiadas, teniendo en cuenta su naturaleza y las circunstancias que las rodean. Las facultades de supervisión y aplicación de la ley de la Comisión se establecen en la sección 6 de la Ley de Protección de Datos de 2018. En el capítulo VII del Reglamento General de Protección de Datos se prevé un “mecanismo de coherencia”, que comprende la designación de una autoridad de control “principal” competente en los casos transfronterizos.

233.Los artículos 117 y 128 de la Ley de Protección de Datos de 2018 estipulan que el titular de datos que considere que se han vulnerado sus derechos de protección de datos puede interponer un recurso judicial, incluido el derecho a solicitar una indemnización por daños materiales o morales.

234.La entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 80.1 del Reglamento General de Protección de Datos (artículo 120 de la Ley de Protección de Datos de 2018, en el caso de la Directiva) puede presentar una denuncia ante la Comisión de Protección de Datos o interponer un recurso judicial en nombre de un interesado.

ii)Datos genéticos

235.De conformidad con el artículo 4 13) del Reglamento General de Protección de Datos, los datos genéticos se consideran datos personales a los efectos del Reglamento y de la Ley de Protección de Datos de 2018. Además, en virtud del artículo 9 del Reglamento y del artículo 69 de la Ley de 2018, los datos genéticos se clasifican en una categoría especial de datos personales y su tratamiento está sujeto a normas de protección más estrictas.

236.Al tenor del artículo 9.4 del Reglamento, los Estados miembros pueden mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, entre otros. En este contexto, el artículo 42 2) de la Ley de Discapacidad de 2005, en su forma enmendada por la Ley de Protección de Datos de 2018, prohíbe el tratamiento de datos genéticos en relación con las siguientes cuestiones:

El empleo de una persona.

Una póliza de un seguro o un seguro de vida.

Una póliza de un seguro médico o un seguro relacionado con la salud.

Una pensión profesional, una pensión de jubilación o cualquier otra modalidad de pensión.

La hipoteca de un bien inmueble.

B.Reconocimiento del género

237.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 7 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

238.La Ley de Reconocimiento del Género de 2015 entró en vigor en septiembre de 2015. Esta Ley estipula que una persona de 18 años o más puede solicitar el reconocimiento legal del género que prefiere sobre la base de la libre determinación mediante un proceso administrativo, que implica la presentación por el interesado de una solicitud por escrito y una declaración jurada de su voluntad de adoptar el género preferido para el resto de su vida. Prevé también una disposición para revocar este cambio si el interesado así lo desea.

239.Una persona de 16 años o más que aún no haya cumplido los 18 años puede solicitar al Tribunal, por conducto de uno de sus progenitores o de un allegado, una exención del requisito de la edad mínima de 18 años para obtener el reconocimiento del género. La solicitud debe ir acompañada de un certificado del médico de cabecera del niño y de un certificado de un endocrinólogo o psiquiatra que no tenga relación con él. Actualmente no existen disposiciones para que una persona menor de 16 años solicite el reconocimiento legal del género.

240.Una vez expedido el certificado de reconocimiento, el género preferido del interesado se convierte en su género legal a todos los efectos, incluidas las gestiones con el Estado, los organismos públicos, la sociedad civil y el sector comercial. El interesado puede, a petición suya, obtener una nueva partida de nacimiento en la que figure su nuevo género legal, siempre que su nacimiento se haya registrado en el Estado. También puede actualizar, si así lo desea, otros documentos oficiales, como su pasaporte, para indicar su nueva identidad de género legal.

241.En 2018 se llevó a cabo una revisión de la Ley. En el informe, publicado en julio de 2018, se recomendó que se implantara un sistema de reconocimiento del género para los niños de todas las edades y para las personas de género no binario. Las recomendaciones también incluyen cuestiones como los números de referencia de las partidas de nacimiento, los costos y la privacidad relativos a la actualización de los documentos oficiales, la divulgación de información y una nueva revisión de la Ley.

242.A raíz del resultado del referendo sobre la igualdad en el matrimonio, se modificó la Ley de Reconocimiento del Género de 2015 mediante el artículo 24 de la Ley del Matrimonio de 2015 para eliminar las restricciones que impedían a las personas casadas o en unión civil solicitar un certificado de reconocimiento del género.

Artículo 18Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

A.Blasfemia

243.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 22 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

244.En octubre de 2018 se celebró un referendo sobre la eliminación del delito de blasfemia de la Constitución, que fue aprobado por el 64,8 % de los votos.

245.La Ley de la 37ª Enmienda de la Constitución (Derogación del Delito de Publicación o Declaración de Expresiones Blasfemas) de 2018 dispone que se elimine la referencia a la blasfemia de la Constitución (en el artículo 40.6.1˚i de la Constitución se había especificado anteriormente que la publicación o la declaración de expresiones blasfemas, sediciosas o indecentes era un delito punible de conformidad con la ley). El 19 de julio de 2019 se publicó el instrumento necesario para eliminar este delito de la legislación nacional: el proyecto de ley sobre la blasfemia (abolición de delitos y cuestiones conexas).

B.Libertad de religión en las escuelas

246.Respuesta a las recomendaciones que figuran en el párrafo 21 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

i)Admisión a la escuela

247.La Ley de Educación (Admisión a la Escuela) de 2018 enmienda la Ley de Igualdad de la Condición Jurídica de 2000 a fin de eliminar, en el caso de las escuelas primarias confesionales reconocidas, la disposición vigente que las autoriza a emplear criterios de admisión basados en preceptos religiosos. Esta disposición protege a los niños de religiones minoritarias para que puedan asistir a una escuela en la que se imparta instrucción religiosa o un programa de educación religiosa acorde con sus creencias. Las escuelas con plazas disponibles deben seguir aceptando a todos los solicitantes, independientemente de su religión, y la aplicación de esta medida se reforzará gracias a la entrada en vigor de las demás disposiciones de la Ley.

248.Una vez que entre en vigor la Ley, se exigirá que en las políticas de admisión a la escuela se precisen las medidas adoptadas para los alumnos que no deseen asistir a clases de religión.

ii)Aumento de las opciones para elegir una escuela

249.En los últimos diez años el número de escuelas pluriconfesionales de enseñanza posprimaria ha aumentado casi un 9 %, al pasar de 321 en 2009 a 349 en 2018. Las escuelas bajo el patronato de las Juntas de Educación y Capacitación son de carácter pluriconfesional y prestan servicios a sus comunidades locales cualquiera que sea su composición. En la enseñanza primaria, el número de escuelas de estas características ha pasado de 73 a 119, es decir, un incremento del 63 %.

250.De conformidad con el Programa de Gobierno, para 2030 se habrán creado 400 escuelas pluriconfesionales y laicas. Se ha desarrollado el proceso de reestructuración de las escuelas en aras de la diversidad para apoyar el cumplimiento de este objetivo mediante el establecimiento de más escuelas de esas características en todo el país, en consonancia con las preferencias de las familias y de las comunidades escolares. Este proceso conlleva el traspaso de las escuelas en funcionamiento y podría reforzar en gran medida la diversidad de patronatos del sistema escolar de Irlanda.

251.Además de las principales disposiciones de este proceso, la “actuación temprana” permite a las comunidades escolares ponerse en contacto directo con su patrono y solicitarle el traspaso a otro patronato de carácter pluriconfesional.

252.Al tiempo que se avanza en la aplicación del proceso de reestructuración de las escuelas, el Departamento de Educación y Formación Profesional sigue trabajando con las principales partes interesadas para lograr la diversidad en las esferas ya determinadas mediante las encuestas de 2012 y 2013 en el marco del proceso de desvinculación del patronato. A este respecto, se han abierto 11 escuelas pluriconfesionales y se ha anunciado la puesta en funcionamiento de la 12ª en septiembre de 2019 en el marco de este proceso. El modelo de desvinculación del patronato no requiere que se construyan nuevas escuelas, sino que se utilicen las instalaciones escolares desocupadas debido, por ejemplo, a fusiones o a cierres.

iii)Educación sexual y sobre relaciones

253.El Consejo Nacional de Planes de Estudio y Evaluación está llevando a cabo actualmente un examen de la educación sexual y sobre relaciones impartida en las escuelas, que se centra en el contenido de su plan de estudio, en los materiales didácticos disponibles y en su enseñanza a los estudiantes.

254.El examen comprende una revisión documental de las investigaciones publicadas recientemente, consultas con los agentes principales encargados de esta esfera o que trabajan con ella y la colaboración directa con las escuelas para evaluar la experiencia en materia de educación sexual y sobre relaciones en el aula.

Artículo 19Derecho a la libertad de expresión

A.Radio y televisión

255.La Ley de Radiodifusión de 2009 prevé la concesión de licencias a los medios de difusión televisiva y radiofónica tradicionales. Los servicios audiovisuales a petición son objeto de regulación compartida por conducto del Grupo de Servicios Audiovisuales a Petición. Actualmente se está revisando la reglamentación de los servicios de comunicación audiovisual para incorporar las disposiciones de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por la Unión Europea en noviembre de 2018.

256.No existe en Irlanda ninguna empresa ni organización de medios de comunicación de propiedad del Estado. La oferta de medios de difusión de Irlanda comprende una combinación de servicios de difusión públicos, servicios comerciales de radio y televisión (tanto nacionales como locales) y servicios comunitarios de radio y televisión. Al tenor de la Directiva, no se imponen restricciones a los canales de otros Estados miembros de la Unión Europea que transmiten en Irlanda .

257.No existe un sistema de concesión de licencias para los medios impresos.

258.Mediante la Ley de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor de 2014 se creó un nuevo método de evaluación de las transacciones en las que intervienen las empresas de medios de comunicación. Además de someterse a la jurisdicción de la Comisión de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor, las partes en un proceso de fusión deben notificarse ante el Ministro de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente, que se encarga de evaluar la posibilidad de que los resultados de la transacción propuesta sean contrarios al interés público en cuanto a la protección de la pluralidad de medios en el Estado.

B.Revisión de la Ley de Difamación

259.El Departamento de Justicia e Igualdad está revisando actualmente la aplicación de la Ley de Difamación de 2009 de conformidad con los dispuesto en su artículo 5. En el marco de este examen se celebró un proceso de consulta pública.

C.Seguridad en línea

i)Plan de Acción sobre la Seguridad en Línea

260.El Primer Plan de Acción sobre la Seguridad en Línea de Irlanda se publicó en julio de 2018. Tiene un enfoque pangubernamental y contiene 25 medidas estructuradas en torno a cinco objetivos principales, cuya aplicación se ha encomendado a 6 departamentos gubernamentales. El Plan de Acción está disponible en línea.

ii)Iniciativa de bloqueo digital de la Garda

261.El Departamento de Justicia e Igualdad supervisa la Iniciativa de Bloqueo Digital de la Garda puesta en marcha en noviembre de 2014. Mediante un memorando de entendimiento, se ha acordado con un importante proveedor de servicios de Internet bloquear el acceso a contenidos de maltrato infantil en su red de acuerdo con una lista proporcionada por la An Garda Síochána. Cuando un usuario intente acceder a imágenes de abusos sexuales de niños, ya sea deliberadamente o por error, se denegará el acceso y se mostrará un mensaje explicativo. La Iniciativa busca, entre otros objetivos, reducir al mínimo la consulta involuntaria de material ilegal, en particular por parte de niños.

262.En el marco del Plan de Acción, el Departamento de Justicia e Igualdad colaborará con los proveedores de servicios de Internet y con la An Garda Síochána para extender la iniciativa a los proveedores que tienen la mayor cuota de mercado.

Artículo 20Prohibición de la incitación al odio

A.Política Nacional de Integración de los Migrantes

263.En febrero de 2017 se puso en marcha una nueva Estrategia de Integración de los Migrantes amplia. Abarca el período de 2017 a 2020 y establece 76 medidas que han de aplicar los departamentos gubernamentales, las autoridades locales, los organismos públicos, las comunidades locales, el sector empresarial, las organizaciones deportivas y artísticas y las ONG, en diferentes esferas de políticas públicas y prestación de servicios. La Estrategia está disponible en línea.

264.Se ha establecido el Comité de Vigilancia y Coordinación, presidido por el Ministro de Estado Encargado de la Igualdad, la Inmigración y la Integración en el que participan altos funcionarios de los departamentos y organismos gubernamentales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. El Comité se reúne tres veces al año.

B.Incitación al odio

265.En virtud de la Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989, constituye un delito la incitación al odio contra un grupo de personas por sus características de identidad. Además de esta prohibición, el juez titular en un proceso por la comisión de un delito tipificado en el derecho penal general puede considerar la motivación de odio o de prejuicio un factor agravante que debe tenerse en cuenta al dictar sentencia.

266.Se está llevando a cabo un examen de la eficacia de esta Ley y de las modificaciones que podrían ser necesarias para garantizar su efectividad e idoneidad a los fines de una democracia moderna. Próximamente se celebrará una consulta pública sobre la Ley.

267.Por otra parte, el Departamento de Justicia e Igualdad está llevando a cabo investigaciones sobre los delitos de odio (delitos tipificados en el derecho penal general, como la agresión o los daños, cometidos con una motivación de odio o de prejuicio) para aprender de la experiencia de otras jurisdicciones.

Artículo 21Derecho de reunión pacífica

268.No ha habido ninguna novedad en relación con este artículo desde que Irlanda presentó su último informe (CCPR/C/IRL/4) al Comité.

Artículo 22Derecho a asociarse libremente

A.Sindicatos

269.En el tercer informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/3), párrafos 427 a 431, se incluye información sobre las disposiciones legislativas relativas a la reglamentación de los sindicatos.

270.En total hay 46 sindicatos registrados en Irlanda que tienen licencias de funcionamiento, 10 de los cuales son organizaciones de empleadores. Durante el período examinado en este informe no se rechazó ninguna solicitud de inscripción de un sindicato. El número de miembros por organización varía, el del sindicato más pequeño es 11, en tanto que el más grande tiene 202.787 miembros. El número total de afiliados a sindicatos registrados en Irlanda a finales de 2018 ascendía a unos 567.242 miembros (el 26 % de la fuerza de trabajo).

271.El Congreso de Sindicatos de Irlanda es la única federación sindical y representa los diversos intereses de sus afiliados, tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte. El Departamento de Comercio, Empresa e Innovación le otorga una subvención anual de 900.000 euros para ayudarlo a sufragar los costos de sus servicios de educación, formación y asesoramiento. Esta financiación tiene por objeto apoyar la creación de un marco institucional estable de las relaciones de trabajo, que permita al movimiento sindical desempeñar una función centralizada de formulación de políticas, formación y apoyo técnico. Los fondos asignados financian varias actividades, entre ellas el Programa de Trabajo Decente de la OIT.

i)Relaciones de trabajo

272.La información general sobre la situación de las relaciones de trabajo en el Estado figura en los anteriores informes periódicos presentados en virtud del Pacto.

273.La Ley de Relaciones Laborales (Enmienda) de 2015, que entró en vigor el 1 de agosto de 2015, establece un mecanismo claro y equilibrado mediante el que se puede evaluar la equidad de las condiciones laborales de los trabajadores en su totalidad respecto de los empleos para los que no se lleva a cabo la negociación colectiva. Aporta claridad y certeza a los empleadores sobre la forma de gestionar sus lugares de trabajo en cuanto a esta cuestión y garantiza la observancia del sistema voluntario de relaciones de trabajo de Irlanda. En caso de que un empleador decida no participar en una negociación colectiva, existe un marco eficaz que permite a los sindicatos disponer la evaluación de la remuneración y las condiciones laborales de sus afiliados en un puesto determinado, según los referentes pertinentes y, de ser necesario, hacer que las fije el Tribunal Laboral.

Artículo 23Derechos de la familia

A.Igualdad en el matrimonio

274.El 22 de mayo de 2015 se celebró un referendo sobre la enmienda de la Constitución de Irlanda para permitir que dos personas, sin distinción de sexo, contrajeran matrimonio. En el referendo se proponía añadir el siguiente texto al artículo 41 de la Constitución de Irlanda: “Podrán contraer matrimonio, de conformidad con la ley, dos personas sin distinción de sexo”.

275.El referendo se aprobó por un 62 % de los votos, lo que convirtió a Irlanda en el primer Estado en hacer extensivos los derechos del matrimonio a las parejas del mismo sexo por votación popular. La Ley del Matrimonio de 2015, por la que se da efecto a la enmienda constitucional en la legislación, se promulgó en octubre de 2015 y entró en vigor en noviembre de ese año. Desde entonces, las parejas del mismo sexo que se casaron en el extranjero también pueden obtener el reconocimiento de su matrimonio en Irlanda.

B.Referendo sobre el divorcio

276.La Ley de la 38ª Enmienda de la Constitución (Disolución del Matrimonio) de 2019 se promulgó el 11 de junio de 2019. En ella se realizan las siguientes enmiendas de la Constitución, aprobadas por voto popular en el referendo de 24 de mayo de 2019:

1)Eliminación del artículo 41.3.2 de la Constitución la referencia al período mínimo de suspensión de la vida común de los cónyuges que solicitan el divorcio; y

2)Sustitución del texto del artículo 41.3.3, relativo al reconocimiento de los divorcios decretados en el extranjero.

277.En julio de 2019, el Ministro de Justicia e Igualdad publicó el plan general de un proyecto de ley de derecho de familia que tiene por objeto reducir el período mínimo de suspensión de la vida común establecido en la Ley de Derecho de Familia (Divorcio) de 1996 a 2 años durante los 3 años previos (actualmente de 4 años durante los 5 años previos).

Artículo 24Derechos del niño

A.Derechos del niño

i)Interés superior del niño

278.De conformidad con el artículo 42A.4 de la Constitución, debe disponerse por ley que en la resolución de todos los procedimientos relativos a la tutela o la guarda de un niño, o al derecho de visita, la consideración primordial sea su interés superior. Asimismo, deben instituirse los mecanismos legales para garantizar, en la medida de lo posible, que en los procedimientos de ese tipo que estén relacionados con un niño capaz de formarse un juicio propio, se determinen y tengan debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.

B.Ley de Relaciones Familiares y con el Niño de 2015

279.La Ley de Relaciones Familiares y con el Niño de 2015, que se promulgó en abril de ese año, modernizó el derecho de familia en relación con una amplia gama de esferas como la filiación, la guarda, el derecho de visita, los alimentos y la reproducción asistida por donantes.

280.La Ley de 2015 aborda los derechos de los niños en relación con la seguridad jurídica, el cuidado de los progenitores y de adultos importantes en sus vidas, y la igualdad ante la ley. Los padrastros, las parejas en unión civil y las parejas de hecho ahora pueden solicitar la guarda o convertirse en tutores de un niño. La Ley también facilita el proceso para que los abuelos y otras personas fundamentales para la vida de un niño soliciten el derecho de visita.

281.Las secciones 2 y 3 de la Ley de 2015 también establecen un nuevo marco jurídico para la reproducción asistida por donantes y tienen por objeto proporcionar seguridad jurídica a los niños nacidos mediante esta modalidad en lo que respecta a su filiación. Se prevé que estas secciones entren en vigor en mayo de 2020.

C.Ley de Tutela de Menores de 1964

282.De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Tutela de Menores de 1964, en su forma enmendada por el artículo 45 de la Ley de Relaciones Familiares y con el Niño de 2015, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial del tribunal en los procedimientos relativos a la adopción, la tutela, la guarda, la crianza o el derecho de visita. El interés superior del niño debe determinarse al tenor de lo dispuesto en la nueva sección V (artículos 31 y 32) de la Ley de 1964, enmendada mediante la inserción del artículo 63 de la Ley de Relaciones Familiares y con el Niño de 2015.

283.El artículo 31 de la Ley de 1964 contiene una extensa lista de los factores y las circunstancias que debe tener en cuenta el tribunal al establecer el interés superior de un niño. Este puede determinar las opiniones del niño en persona o por conducto de un perito. El artículo 32 facilita el examen de las opiniones del niño al permitir que el tribunal designe a un perito para que las determine y se las transmita, de modo que la voz del niño pueda ser oída en el procedimiento.

D.Proyecto de ley de adopción (información y localización) de 2016

284.El proyecto de ley de adopción (información y localización) de 2016 reconoce los derechos a la información y a un servicio de localización en favor de las personas adoptadas y de otras personas afectadas. Tiene por objeto también proteger los registros pertinentes al ponerlos bajo la custodia de la Dirección de Adopciones de Irlanda y tipificar como delito su ocultación, destrucción, mutilación o falsificación.

285.El examen del proyecto de ley por una comisión comenzó en junio de 2019 y se prevé su reanudación en el cuarto trimestre de 2019, tras la celebración de nuevas consultas.

286.Esta ley es necesaria para el establecimiento de un marco jurídico del derecho a la información y al servicio de localización y para la protección de los registros, en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos.

E.Organismo para la Infancia y la Familia

287.El Organismo para la Infancia y la Familia se constituyó el 1 de enero de 2014 en virtud de la Ley del Organismo para la Infancia y la Familia de 2013 y se encarga de mejorar el bienestar y las perspectivas de los niños.

288.El Organismo tiene más de 4.000 empleados provenientes de los Servicios para Niños y Familias adscritos a la Dirección de Servicios de Salud, de la Junta Nacional de Asistencia Social para la Educación y de la Dirección de Apoyo a la Familia y ofrece los siguientes servicios:

Protección y bienestar infantil, incluidos servicios de apoyo a la familia.

Centros de recursos familiares y programas nacionales conexos.

Servicios de inspección de la educación en la primera infancia (preescolar) y de las modalidades alternativas de educación.

Servicios de bienestar educativo, incluido el Programa para la Terminación de los Estudios y la coordinación entre el hogar y la escuela.

Servicios para víctimas de violencia doméstica, sexual y de género.

Servicios relacionados con el bienestar psicológico de los niños.

289.La financiación del Organismo ha aumentado un 25 % desde su fundación, de 609 millones de euros en 2014 a 760 millones en 2018.

F.Ley Los Niños ante Todo de 2015

290.La Ley Los Niños ante Todo de 2015, que entró plenamente en vigor en diciembre de 2017, establece una serie de medidas fundamentales de protección infantil, entre ellas la obligación de que los principales profesionales que trabajan con niños informen de las preocupaciones en materia de protección infantil cuando se supere un determinado umbral, y la obligación de que las organizaciones que prestan servicios infantiles formulen una declaración de protección del niño.

291.La Ley se aplica paralelamente a las obligaciones no reglamentarias previstas en la guía “Los niños primero: directrices de protección y bienestar del niño”, en la que se define el maltrato y se describen los indicios para reconocerlo y notificarlo. Esta guía está en vigor desde 1999, se revisó en su totalidad y volvió a publicarse en octubre de 2017 con una referencia a las disposiciones de la Ley.

292.El Grupo Interdepartamental de Aplicación de la Ley Los Niños ante Todo, que se estableció de conformidad con el marco jurídico previsto en dicha Ley, promueve la importancia de su cumplimiento y un enfoque coherente en todo el Gobierno. El Grupo está integrado por representantes de todos los departamentos gubernamentales, así como del Organismo para la Infancia y la Familia, de la Dirección de Servicios de Salud y de la An Garda Síochána.

G.Mejores Resultados, Mejor Futuro

293.El informe An Indicator Set for Better Outcomes , Brighter Futures (Conjunto de indicadores del marco de política Mejores Resultados, Mejor Futuro) se publicó por primera vez en 2017 con el propósito de hacer un seguimiento de los avances logrados en relación con los cinco resultados nacionales relativos a los niños y jóvenes de 0 a 24 años que se señalan en el informe Mejores Resultados, Mejor Futuro: Marco Nacional de Política para los Niños y los Jóvenes 2014-2020. A tal fin, los indicadores permiten determinar y combinar datos reunidos de diversas fuentes, incluidas las encuestas administrativas y los censos, que presentan un panorama general de las condiciones de vida de los niños y los jóvenes constituyen un importante recurso para todos los que trabajan en el ámbito de las políticas relativas a los niños y los jóvenes. En total, el conjunto de indicadores abarca 70 esferas, a cada una de las cuales se ha asignado entre 1 y 4 indicadores. Se está elaborando un documento metodológico que complementará el informe y se desglosarán los datos incluidos inicialmente.

H.Estrategia Nacional de Investigación y Estadísticas sobre la Vida de los Niños 2011-2016

294.El informe final de aplicación de la Estrategia Nacional de Investigación y Estadísticas sobre la Vida de los Niños 2011-2016 se publicó en 2018. Esta Estrategia fue una herramienta de fundamental importancia para impulsar la investigación y la producción de datos tras su puesta en marcha en 2011, y la aplicación de iniciativas y medidas clave, constantes y a largo plazo seguirá generando pruebas sólidas que sustenten la formulación de las políticas relativas a los niños y los jóvenes. Los resultados de la Estrategia se han complementado con abundantes datos e investigaciones, tanto en Irlanda como en el extranjero.

Artículo 25Derecho de participación en los asuntos públicos

A.Derecho de voto

295.En el cuarto informe periódico de Irlanda, párrafos 773 y 774, se incluye información sobre el derecho de voto.

296.Durante el período examinado en este informe presentado en virtud del Pacto, se celebraron elecciones generales en febrero de 2016, elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2014, elecciones de los gobiernos locales en forma simultánea con las elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2014, 4 referendos (2 en 2015 y 2 en 2018), 5 elecciones parciales para cubrir los escaños vacantes en la Dáil Éireann (4 en 2014 y 1 en 2015) y 1 elección presidencial en octubre de 2018.

i)Medidas adoptadas para superar los obstáculos que impiden a los ciudadanos ejercer el derecho de voto

297.En el cuarto informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/4), párrafo 780, se incluye información sobre las medidas adoptadas para prestar asistencia a las personas con discapacidad.

298.De conformidad con los reglamentos aprobados en 2016 y 2018, se debe poner a disposición de los votantes ciegos o con deficiencia visual plantillas de papeletas electorales en las mesas de votación a fin de facilitarles el voto independiente. Estas plantillas se utilizaron en los dos referendos y en las elecciones presidenciales de 2018, así como en las elecciones locales y europeas de 2019.

B.Derecho a presentarse a elecciones y condiciones para ocupar cargos electivos

299.Las condiciones relativas al derecho a presentarse como candidato a elecciones y a ocupar cargos electivos, establecidas en la Constitución y en las leyes electorales, se precisaron detalladamente en el tercer informe periódico de Irlanda (CCPR/C/IRL/3), párrafos 551 a 566 (la restricción relativa a la insolvencia se derogó en 2014).

300.La Ley de Reforma del Gobierno Local de 2014 estipula, entre otras disposiciones, la reducción del número de autoridades locales y de sus miembros. Irlanda cuenta con 31 autoridades locales, que comprenden 26 consejos municipales de condado, 3 consejos municipales y 2 consejos municipales y de condado y un total de 949 miembros elegidos.

301.El número de escaños de la Dáil Éireann se redujo a 158 en las elecciones generales de febrero de 2016. Tras la finalización de un examen del electorado de la Dáil Éireann en 2017 y teniendo en cuenta el cambio demográfico constatado en el censo de 2016, el número de escaños aumentará a 160 en las próximas elecciones generales. En 2018 se completó un examen del electorado del Parlamento Europeo que estableció en 13 el número de miembros elegidos que representarán a Irlanda en esa institución de 2019 a 2024. Además, en 2018 dos comités de demarcación independientes evaluaron las circunscripciones electorales locales. Se formularon varias recomendaciones respecto de estas circunscripciones en el marco de las evaluaciones; estos cambios entraron en vigor en las elecciones locales de 2019.

C.Estrategia de Integración de los Migrantes

302.El tema 8 de la Estrategia de Integración de los Migrantes, participación política, se centra en las medidas que se han de adoptar para que el sistema político sea más representativo de la población en general. En la actualidad, la representación de los migrantes en la esfera política es muy baja, a pesar de la posición relativamente progresista de Irlanda en cuanto a los requisitos para votar y participar en actividades políticas, en particular en el plano local. En relación con este tema se han previsto tres medidas que deben aplicar los partidos políticos y las ONG, así como el Departamento de Vivienda, Planificación y Gobierno Local.

Artículo 26Derecho de igualdad ante la ley

A.Estrategia Nacional para la Juventud LGBTI+ 2018-2020

303.La Estrategia Nacional para la Juventud LGBTI (personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales)+ 2018-2020 se publicó en junio de 2018. Se trata de una estrategia trienal orientada fundamentalmente a la aplicación de medidas, que tiene por objeto lograr que todos los jóvenes LGBTI+ sean visibles, valorados e incluidos. La Estrategia y su estructura de gobernanza se inscriben en la política Mejores Resultados, Mejor Futuro: Marco Nacional de Política para los Niños y los Jóvenes 2014-2020.

304.En los últimos decenios se han producido en Irlanda varios cambios importantes que han dado lugar a un progreso sustancial y a una mejora de los resultados entre las personas LGBTI+. La Estrategia procura establecer medidas para resolver algunos de los problemas que aún enfrentan los jóvenes LGBTI+, de manera que puedan alcanzar los mismos resultados positivos que todos los demás jóvenes.

B.Estrategia Nacional de Inclusión de las Personas LGBTI+

305.El Departamento de Justicia e Igualdad está elaborando una estrategia nacional para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTI+ en Irlanda. El objetivo general de esta estrategia es promover la inclusión de estas personas, luchar contra la discriminación y mejorar su calidad de vida y bienestar.

306.Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 se celebró una serie de sesiones de consultas temáticas que facilitaron importantes expertos e investigadores sobe las cuestiones relativas a las personas LGBT para apoyar la elaboración de la estrategia.

307.El proceso de consulta comprendió la organización de talleres regionales y temáticos. Para garantizar que se escucharan las voces más marginadas, se celebraron talleres específicos con la comunidad transexual e intersexual, con los nómadas LGBTI+, con los migrantes y solicitantes de asilo LGBTI+ y con las personas sordas de la comunidad LGBTI+.

308.La Estrategia adoptará un enfoque pangubernamental para mejorar las circunstancias de las personas LGBTI+ en Irlanda. Por consiguiente, las consultas con otros departamentos gubernamentales han sido y siguen siendo un elemento fundamental del proceso de elaboración de la Estrategia.

Artículo 27Minorías étnicas y lingüísticas

A.Reconocimiento de la etnia de los nómadas

309.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 23 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

310.El 1 de marzo de 2017 el entonces Taoiseach, Enda Kenny, anunció el reconocimiento oficial de los nómadas como grupo étnico en Irlanda. Este reconocimiento del patrimonio, la cultura y la identidad distintivos de los nómadas y de su lugar especial en la sociedad irlandesa tuvo una importancia tanto simbólica como social en la labor del Estado para reducir la marginación económica y la discriminación de los miembros de la comunidad nómada.

B.Estrategia Nacional para la Inclusión de los Nómadas y los Romaníes 2017-2021

311.El Gobierno publicó la Estrategia Nacional para la Inclusión de los Nómadas y los Romaníes 2017-2021 en junio de 2017.

312.La Estrategia adopta un enfoque pangubernamental para lograr un cambio y un progreso significativos en beneficio de las comunidades nómadas y romaníes de Irlanda. Reúne los departamentos y organismos gubernamentales y a los representantes de ambas comunidades para tratar, de manera estructurada, los problemas que más los aquejan. El Ministro de Estado para la Igualdad, la Inmigración y la Integración preside las reuniones trimestrales del Grupo Directivo de la Estrategia.

313.La Estrategia prevé 149 medidas, agrupadas en torno a 10 temas, entre ellos la identidad cultural, la educación, el empleo, la salud y el alojamiento. Los respectivos departamentos y organismos gubernamentales se encargan de aplicar las medidas establecidas en la Estrategia y de facilitar información actualizada al respecto por conducto del Comité Directivo.

C.Los romaníes en Irlanda

314.En el informe Logan de 2014 sobre las circunstancias relativas a la separación de dos niños romaníes de sus familias se estableció un conjunto de medidas que deben adoptarse, incluidas cuestiones específicas que deben tratarse en el seno de la An Garda Síochána y de la Dirección de Servicios de Salud, el Organismo para la Infancia y la Familia, y otros organismos, así como cuestiones más amplias relacionadas con la forma en que por lo general se prestan servicios públicos a los miembros de la comunidad romaní. Todas estas recomendaciones fueron aceptadas inequívocamente.

315.Entre las recomendaciones se solicitó que un departamento gubernamental designado realizara una evaluación actualizada de las necesidades relativas al apoyo que el Estado prestaba a la comunidad romaní, a fin de determinar la manera más eficiente de mejorar la interacción entre los organismos estatales y la comunidad romaní y de tener en cuenta las consultas con los organismos estatales pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la comunidad romaní y en su nombre.

316.En enero de 2018, se puso en marcha la Evaluación Nacional de las Necesidades de los Romaníes en Irlanda. La comunidad romaní en Irlanda se compone de entre 4.000 y 6.000 personas. La mayoría de los adultos provienen de Rumania y el resto de la República Checa y Eslovaquia. Más del 60 % de los niños romaníes que viven en el territorio nacional nacieron en Irlanda.

317.Los romaníes tienen acceso a los servicios públicos generales en Irlanda en las mismas condiciones que los demás ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, la investigación pone de manifiesto los obstáculos que pueden impedirles el acceso a los servicios a los que tienen derecho. Es necesario realizar actividades de sensibilización más específicas para que los romaníes sepan qué documentación necesitan para beneficiarse de determinados servicios. En la Estrategia Nacional para la Inclusión de los Nómadas y los Romaníes (párrafos 310 a 313 de la Estrategia) se tiene en cuenta a esta comunidad.

D.Alojamiento de los nómadas

318.Respuestas a las recomendaciones que figuran en el párrafo 23 de las observaciones finales (CCPR/C/IRL/CO/4).

319.El Gobierno de Irlanda concede prestaciones en materia de vivienda a la comunidad nómada, en función de las preferencias formuladas en el proceso de evaluación. Como parte de este proceso, los miembros de esa comunidad pueden indicar que están de acuerdo con las opciones de alojamiento específico para los nómadas (por ejemplo, un lugar de acampada). Según las cifras del Informe Resumido de las Evaluaciones para Acceder a la Vivienda Social de 2018, 1.295 hogares (es decir, el 1,8 %) de los que figuran en la lista de espera para acceder a una vivienda requieren esas opciones.

320.La mayoría de los hogares nómadas que se benefician de prestaciones de vivienda social residen en viviendas convencionales, incluidos bienes de propiedad de las autoridades locales, inmuebles de propiedad de los organismos de vivienda autorizados y viviendas arrendadas del sector privado subvencionadas mediante una ayuda oficial para el pago del alquiler. Además, el Gobierno realiza aportaciones de capital y asigna financiación corriente a las autoridades locales para apoyar la entrega de viviendas a las familias nómadas que prefieren las opciones de alojamiento específico para su comunidad.

321.El alojamiento de los nómadas se rige por la Ley de Vivienda (Alojamiento de la Comunidad Nómada) de 1998.

i)Examen del Grupo de Expertos

322.El Grupo de Expertos finalizó su informe en julio de 2019. Se examinarán las recomendaciones formuladas en ese informe para mejorar la manera en que se proporciona alojamiento a los nómadas en el país y para velar por que se aprovechen plenamente los fondos cada vez mayores disponibles para la inversión en esta esfera.

E.Acceso a la educación

323.Entre los principales objetivos de la política de educación de los nómadas en los últimos años figura la eliminación gradual de su segregación. La financiación de la educación de los nómadas se ha incorporado al presupuesto de financiación general a fin de prestar apoyo a los alumnos nómadas en las escuelas convencionales. Sin embargo, aún se dispone de algunas ayudas específicas para esta comunidad a fin de facilitar su transición al sistema general.

324.La Estrategia Nacional para la Inclusión de los Nómadas y los Romaníes prevé una serie de medidas en materia de educación. Estas medidas están siendo aplicadas por un subcomité de educación, en colaboración con las organizaciones que representan a los nómadas.

325.Asimismo, el Programa de Igualdad de Oportunidades en las Escuelas 2017 da prioridad a la mejora de los resultados educativos de los estudiantes desfavorecidos, incluidos los estudiantes nómadas y romaníes. El Plan Nacional para la Igualdad de Acceso a la Enseñanza Superior 2015-2019 adopta un enfoque general a fin de que el estudiantado de la enseñanza superior refleje la diversidad de la población de Irlanda. Se han realizado varias intervenciones en el marco de este Plan para permitir que los grupos insuficientemente representados, incluidos los nómadas, accedan a la enseñanza superior. En diciembre de 2018 se publicó el informe sobre los logros del Plan, en el que se establecen las prioridades hasta 2021.

F.Salud de los nómadas y los romaníes

326.El Departamento de Salud proporciona financiación a la Dirección de Servicios de Salud para mejorar la situación sanitaria de las comunidades nómadas y romaníes.

327.Además, se ha concedido financiación por única vez a una serie de iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de salud de los nómadas y los romaníes. En 2017 se asignó una suma de 500.000 euros a la Iniciativa de Salud Mental de los Nómadas para ejecutar proyectos de salud mental en las comunidades nómadas a fin de reducir la tasa de suicidios y mejorar su salud mental. Estos proyectos comprenden el mantenimiento y la promoción de una salud mental y un bienestar positivos y la mejora del acceso de los nómadas a los servicios generales de salud mental mediante el desarrollo de servicios que se ajusten a su cultura.

328.Asimismo, en 2017 se puso a disposición del Programa de Formación para Romaníes sobre Atención Primaria de la Salud la suma de 220.464 euros para capacitar a los líderes romaníes para que trabajen en pro de la mejora de las condiciones sanitarias de sus comunidades en respuesta a los problemas de salud precaria, falta de confianza y falta de acceso a los servicios de salud de la comunidad romaní de Irlanda. Se prevé que en un período de dos años se impartirá formación a 20 líderes romaníes como trabajadores sanitarios de la comunidad en la zona de Dublín y Kildare.