Comité de Derechos Humanos

135 º período de sesiones

27 de junio a 29 de julio de 2022

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Irlanda a la lista de cuestiones relativa a su quinto informe periódico *

[Fecha de recepción: 31 de marzo de 2022]

Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

Respuesta al párrafo 1

1.Irlanda tiene un ordenamiento jurídico dualista y, en consecuencia, los términos de los acuerdos internacionales a los que Irlanda se adhiere no pasan a formar parte del derecho interno del Estado a menos que se incorporen expresamente mediante una ley del Oireachtas (Parlamento). En virtud del artículo 29, párrafo 6, de la Constitución, el texto de los tratados internacionales solo puede incorporarse expresamente al derecho interno del Estado si así lo determina el Parlamento. En los casos en que la recepción de los tratados internacionales requiera modificar la Constitución, habrá que llevar a cabo un referendo. Es importante señalar que Irlanda no se convierte en parte de los tratados hasta que no está en condiciones de cumplir con las obligaciones impuestas por el tratado en cuestión, lo que incluye modificar la legislación nacional si fuera necesario. A menudo, el Estado no podrá cumplir las obligaciones que asume en virtud de un acuerdo internacional si no adopta previamente las medidas exigidas por el derecho interno, o de otro tipo, que le permitan hacerlo.

2.Muchos de los derechos consagrados en el Pacto forman parte del derecho interno de Irlanda en virtud de las disposiciones de su Constitución. Esto incluye las esferas del derecho de los derechos humanos que se han ido desarrollando en los tribunales irlandeses por medio de la doctrina de los derechos individuales no enunciados en virtud del artículo 40, párrafo 3, de la Constitución. En otros casos, existen disposiciones jurídicas que desarrollan los derechos enunciados en el Pacto, mientras que el common law también brinda una protección adicional. Irlanda, en consonancia con sus obligaciones dimanantes del Pacto, ha elegido cumplir esas obligaciones mediante estos mecanismos en lugar de hacerlo por incorporación directa.

3.Se señala a la atención del Comité que Irlanda formuló una reserva en relación con el artículo 10, párrafo 2, del Pacto, y no con el artículo 10, párrafo 1. Irlanda acepta los principios que se mencionan en el artículo 10, párrafo 2, y los aplica en la medida en que resulta posible desde el punto de vista práctico, pero se reserva el derecho de tratar su plena implementación como objetivos que deben alcanzarse gradualmente.

4.Artículo 10, párrafo 2 b): El Complejo de Detención de Niños de Oberstown es el único centro de prisión preventiva o reclusión de menores de 18 años de edad. Los niños y los adultos, ya estén recluidos o en prisión preventiva, se alojan en instalaciones separadas. En ese sentido, se está estudiando la posibilidad de retirar la reserva al artículo 10, párrafo 2 b).

5.Artículo 20, párrafo 1: La posición de Irlanda no ha cambiado.

6.El Gobierno tiene por norma revisar activamente las reservas existentes a los tratados de derechos humanos, de acuerdo con la Declaración y el Programa de Acción de Viena, y ha retirado varias reservas que ya no se consideraban necesarias.

7.Mediante la creación del Consejo del Poder Judicial el 17 de diciembre de 2019 se formalizaron una serie de importantes funciones judiciales entre las que cabe citar:

Arreglos para la formación continua de los jueces.

Elaboración de directrices relativas a las indemnizaciones por daños y perjuicios en el marco de las Directrices para la Imposición de Penas.

Creación de un código de conducta judicial e introducción de mecanismos de tramitación de denuncias.

8.En el presupuesto para 2020, se asignó una partida de 1,25 millones de euros para la creación del Consejo, de modo que la asignación total para el período de 2019-2020 ascendió a 1,5 millones de euros. En el presupuesto para 2021 se aumentó la financiación a 1,75 millones de euros.

9.Para obtener información sobre la financiación de los órganos que conforman el marco institucional de aplicación del Pacto, véase el párrafo 10.

Respuesta al párrafo 2

10.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda es la institución nacional de derechos humanos y el organismo de promoción de la igualdad del país. En el período que abarca el informe no se ha revisado la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda de 2014.

11.Desde 2015, la Comisión ha recibido fondos por conducto del Oireachtas según se dispone en la Ley de 2014. Entre 2015 y 2019, se facilitó una financiación total de 32,725 millones de euros. Los gastos provisionales de la Comisión fueron de 26,228 millones de euros. En 2020, la asignación se incrementó a 6,751 millones de euros por año.

Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

Respuesta al párrafo 3 a)

12.La Ley de Justicia Penal (Delitos de Corrupción) de 2018 reemplazó a las leyes de prevención de la corrupción aprobadas entre 1889 y 2010 e introdujo medidas para cumplir más cabalmente las obligaciones de Irlanda emanadas de las convenciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas y el Consejo de Europa y de las recomendaciones del Tribunal de Mahon. La ley prevé el establecimiento de nuevos delitos y medidas en relación con:

El tráfico activo y pasivo de influencias.

La comisión de actos de corrupción por funcionarios, en relación con su cargo, mediante obsequios, contraprestaciones o ventajas a sabiendas de que se utilizarán para cometer un delito de corrupción.

La emisión o el uso de documentación falsa.

La intimidación, en los casos en los que, en lugar de un soborno, se amenace con causar un daño.

La ampliación de la presunción de que los obsequios constituyen corrupción cuando se ofrecen a personas vinculadas a los funcionarios.

Las disposiciones relativas a la suspensión de cargo público y la prohibición de postularse a tales cargos por hasta diez años.

La responsabilidad objetiva de las personas jurídicas cuando cualquier persona vinculada con la empresa sea declarada culpable de corrupción.

Se establecen disposiciones relativas a la incautación y comiso de sobornos.

Respuesta al párrafo 3 b)

13.En el proyecto de ley sobre normas del sector público de 2015 se proponía consolidar parte de la legislación relativa a la ética en la función pública, pero este caducó con la disolución de la Dáil Éireann en enero de 2020. Se ha emprendido una revisión de las normas sobre la ética en la función pública que debía concluir para el último trimestre de 2021.

Respuesta al párrafo 3 c)

14.En noviembre de 2020 se creó la Unidad de Lucha contra la Corrupción en la An Garda Síochána (cuerpo de Policía Nacional de Irlanda). Esa Unidad investiga los presuntos casos de corrupción y vigila el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de lucha contra la corrupción. En marzo de 2021 se publicó un informe sobre la lucha contra la corrupción interna y, en junio del mismo año, la An Garda Síochána publicó nuevas políticas, a saber, la Política de Lucha contra la Corrupción, la Política sobre los Límites Profesionales y el Abuso de Poder para Obtener Ventajas Sexuales y la Política sobre el Uso Indebido de Sustancias (Fármacos Controlados).

15.El 3 de diciembre de 2020, se publicó el Examen de los Mecanismos y las Estrategias para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos Económicos y la Corrupción, elaborado por el Departamento de Justicia. El examen fue dirigido por James Hamilton, ex-Director del Ministerio Público, quien presidió el equipo encargado del examen compuesto por representantes de ministerios y organismos gubernamentales que participan en la lucha contra los delitos económicos y la corrupción, así como por expertos independientes.

16.El Informe Hamilton se centra en las medidas necesarias para mejorar la capacidad de aplicación y prevención en el ámbito de la justicia penal. Tras la publicación del Examen, el Departamento de Justicia pondrá en marcha un plan de acción para hacer frente a los delitos económicos y la corrupción.

Rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado (arts. 2, 6, 7 y 14)

Respuesta al párrafo 4 a)

17.Tras la publicación del Informe de la Comisión de Investigación del Maltrato Infantil (Informe Ryan), se aprobó en julio de 2009 un Plan de Implementación que comprendía 99 medidas, de las cuales 95 ya se han aplicado o están en curso y otras 4 siguen pendientes.

18.El Informe Ferns se publicó en 2005, y el Gobierno aceptó las recomendaciones que figuraban en él. El informe de la Comisión de Investigación de la Archidiócesis Católica de Dublín se publicó en 2009, mientras que en 2011 se dio a conocer el informe de la Comisión de Investigación sobre la gestión por las autoridades eclesiásticas y el Estado de las denuncias de abuso sexual infantil en la Diócesis Católica de Cloyne.

19.El Gobierno elaboró el Plan de Justicia Restaurativa Ex Gratia de las Magdalenas tras la publicación del informe del Comité Interdepartamental para determinar los hechos en cuanto a la relación del Estado con las lavanderías de las Magdalenas. Hasta la fecha, se han abonado 32,25 millones de euros a 807 demandantes, que se suman a los pagos realizados en concepto de prestaciones para servicios médicos y pensiones.

20.Se estableció la Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés y Cuestiones Conexas para que informase sobre lo sucedido a mujeres y niños vulnerables en esos hogares entre 1922 y 1998. La Comisión presentó su informe final el 30 de octubre de 2020.

21.El Gobierno está examinando detenidamente el informe con miras a elaborar un plan de acción que abarque los siguientes ocho ejes temáticos:

Enfoque centrado en las personas supervivientes.

Disculpa.

Acceso a la información personal.

Archivos y bases de datos.

Educación e investigación.

Conmemoración.

Reconocimiento restaurativo.

Entierros dignos.

22.A raíz de la publicación del Informe Final de la Comisión de Investigación, el Gobierno rindió homenaje a las personas que habían vivido en esas instituciones, reconoció su valentía y les agradeció sus testimonios.

Respuesta al párrafo 4 b)

23.Cuando creó la comisión independiente encargada de la investigación relativa a los hogares para madres y bebés, el Gobierno le asignó el mandato y la autoridad legal para examinar una amplia variedad de asuntos públicos conexos, extraer conclusiones y formular las recomendaciones que la Comisión considerara pertinentes.

24.La Comisión tenía facultades y autonomía considerables y se le encargó examinar registros y testimonios a los que el Estado y otras partes podían no haber tenido acceso anteriormente. Reconociendo que era posible que la investigación revelara información nueva, se solicitó a la Comisión que informara sobre cualquier asunto o institución fuera del ámbito de sus competencias que considerara que podía requerir una mayor investigación en aras del interés público. En su segundo informe provisional, la Comisión evaluó las solicitudes que había recibido para que se investigara a otras instituciones, pero no precisó que hubiera otros asuntos que merecieran una investigación. En especial, la Comisión informó que las instituciones que había investigado eran “sin duda alguna los principales hogares de ese tipo que habían existido en el siglo XX”.

25.El amplio alcance de la investigación queda demostrado en un informe final que consta de 39 capítulos, cada uno de los cuales aborda una institución o temática en concreto. El informe hace pública gran cantidad de información que antes se desconocía. El Estado ha tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión, pero no se ha ceñido únicamente a estas al elaborar un plan de acción integral compuesto por 22 medidas. Estas se han diseñado para dar respuesta a las preocupaciones prioritarias de quienes residieron en esas instituciones y su aplicación se centrará en las personas supervivientes.

a)El informe de la Comisión sobre las lavanderías de las Magdalenas que se publicó en febrero de 2013 presenta un análisis integral de la relación del Estado con esas instituciones y de las condiciones de vida y de trabajo en ellas. Se ha ofrecido reparación por medio del Plan de Justicia Restaurativa Ex Gratia de las Magdalenas, que busca satisfacer las necesidades de las mujeres, es un proceso no contencioso y se basa en la duración de la estadía en las instituciones;

b)El Gobierno se ha comprometido a erigir monumentos alusivos y asignado 500.000 euros para ello. También apoyó el evento “Dublin Honours Magdalenes” en junio de 2018, en la residencia oficial del alcalde de Dublín, al que asistieron más de 200 exresidentes de las lavanderías de las Magdalenas;

c)Las investigaciones penales no prescriben; las personas que consideren que el trato que recibieron en una lavandería constituyó un delito pueden presentar una denuncia ante la An Garda Síochána.

Respuesta al párrafo 4 c)

26.La Comisión de Investigación de los Hogares para Madres y Bebés fue diseñada con el propósito de facilitar la determinación efectiva de los hechos, y no de emitir resoluciones e imponer sanciones respecto de conductas individuales.

27.La An Garda Síochána examinó el Informe Final de la Comisión y determinó que no contenía información suficiente para abrir una investigación penal. También publicó una declaración el 29 de abril de 2021 en la que invitaba a las personas que desearan denunciar delitos relacionados con embarazos o con incidentes de maltrato en hogares para madres y bebés a aportar información. La An Garda Síochána tramitará las denuncias con especial cuidado y delicadeza y, cuando sea posible, llevará a cabo una investigación. Asimismo, ha advertido que tal vez se vea limitada en cuanto a las medidas que puedan tomarse en algunos casos debido a la desaparición de pruebas por el paso del tiempo o al fallecimiento de los presuntos autores o los testigos.

28.Cuando se disolvió la Comisión de Investigación el 28 de febrero de 2021, el Estado pasó a ser la autoridad responsable de toda la información personal que se encontraba en los archivos de la Comisión.

29.Incumbe al Estado proteger los derechos de las personas que figuran en esos registros. Todas ellas tienen derecho a acceder a sus propios datos personales previa solicitud a la autoridad que administra los datos. El cónyuge o el pariente más cercano de las personas fallecidas también pueden tener acceso a esa información; cada solicitud se evalúa caso por caso.

Respuesta al párrafo 5

30.El Estado ha adoptado diversas medidas en favor de las mujeres afectadas por una sinfisiotomía. Todos los hechos que se conocen están plasmados en tres informes independientes (Walsh, Murphy y Harding Clark, 2013 a 2016).

31.Se ofreció la posibilidad de acceder al Plan de Pagos de la Sinfisiotomía previa presentación de una solicitud. Se efectuaron pagos graciables por un total de 29,8 millones de euros a 399 mujeres a las que se había practicado esa intervención.

32.Los Servicios de Salud siguen prestando atención médica gratuita a las mujeres que fueron objeto de una sinfisiotomía. En su sentencia de diciembre de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que, en su opinión, esos factores habían sido suficientes para satisfacer la obligación que el Estado podía haber tenido de ofrecer una reparación.

33.En el Informe de Murphy se concluyó que no era probable que un tribunal declarara necesario obtener un consentimiento informado en situaciones imprevistas de emergencia con peligro de muerte en las que se hubiera producido una obstrucción durante el trabajo de parto.

34.En el informe del juez Clark y en la resolución de una causa dirimida por el Tribunal Superior en 2015 se expresó que, en ese momento, la práctica “no carecía de justificación”. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación. La posición jurídica es que, en esa época y en algunos casos, la sinfisiotomía era una opción razonable, por lo que sería necesario determinar que la práctica no estaba justificada en el caso concreto. Los tribunales aún no han llegado a esa conclusión, por lo que no resulta aceptable que los obstetras que practicaron esas intervenciones entonces sean sancionados en la actualidad.

Suspensión de las obligaciones (arts. 4, 9, 12, 21 y 22)

Respuesta al párrafo 6

35.La Ley de Salud de 2020 se promulgó el 20 de marzo de ese año. Con ella se modificó la Ley de Salud de 1947 para autorizar al Ministerio a tomar disposiciones con miras a impedir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mediante la adopción de diversas medidas, como restringir la circulación dentro de Irlanda; exigir que las personas permanecieran en sus hogares, salvo determinadas excepciones; prohibir los eventos que se considerara razonablemente que acarreaban un riesgo de infección; y otras medidas consideradas necesarias. La vigencia de la Ley de Salud se prorrogó hasta el 9 de noviembre de 2021 mediante la Ley de Justicia Penal y Salud (COVID-19) (Modificación) de 6 de junio de 2021.

36.No se han efectuado suspensiones en virtud del artículo 4 del Pacto en relación con las medidas que tomó el Estado parte para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

37.Existen disposiciones penales en las normas aplicadas por la An Garda Síochána que se basan en el enfoque de “las cuatro E”: entablar un diálogo, exhortar, educar y, como último recurso, exigir.

38.En la ley se dispone que cabe respaldar la orientación y el asesoramiento mediante la aplicación de sanciones proporcionadas.

39.En el artículo 5, párrafo 5, de la Ley de 1947 se establece que las normas que se dicten en virtud de esa Ley deben elevarse al Oireachtas, que dispondrá de 21 días para anularlas.

40.El Gobierno realizó la campaña “Still Here” en colaboración con organizaciones de la sociedad civil con miras a informar a las víctimas de maltrato en el hogar de la existencia de medidas de apoyo a pesar de la magnitud de las restricciones impuestas a causa de la COVID-19 y de que las restricciones de desplazamiento no se aplican a las personas que corren peligro.

No discriminación (arts. 2, 3, 13, 20, 23, 26 y 27)

Respuesta al párrafo 7 a)

41.Las Leyes de Igualdad de la Condición Jurídica promulgadas entre 2000 y 2018 prohíben la discriminación por razón de género, estado civil, situación familiar, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, religión o pertenencia a la comunidad nómada.

42.En 2019, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda tramitó 2.165 solicitudes relativas al derecho de los derechos humanos y la igualdad y remitió 622 de ellas a otros mecanismos o servicios de información. Durante 2019 se cerraron 21 casos en los que 41 personas recibieran asesoramiento jurídico y representación letrada. En 2018 se cerraron nueve casos referidos a 14 personas y, en 2017, se gestionaron 1.890 solicitudes y se remitieron 750 de ellas a otras organizaciones.

43.El Gobierno creó un grupo de expertos para revisar la Ley de Vivienda para la Comunidad Nómada de 1998 y otros instrumentos que regían la provisión de viviendas específicamente para la comunidad nómada. En su informe de 2019, el Grupo de Expertos sobre la Vivienda para la Comunidad Nómada hizo una recomendación relativa a la legislación vigente que rige las violaciones de domicilio y los desalojos. El Gobierno está examinando esta recomendación.

44.Con respecto a las observaciones anteriores del Comité sobre la separación de los niños romaníes de sus familias, estas se refieren al caso de dos niños de la comunidad romaní que fueron retirados del cuidado de su familia por la An Garda Síochána en 2013: el Niño A y la Niña T.

45.La An Garda Síochána hizo uso de sus facultades especiales en virtud del artículo 12 de la Ley de Atención a la Infancia de 1991 y los niños quedaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil.

46.Se determinó que la idea de que el Niño A había sido secuestrado o que se encontraba con su familia con falsos pretextos era incorrecta. Con respecto a la Niña T, se dictó una orden de guarda de emergencia de 24 horas para que se pudiera obtener una prueba de ADN que confirmara el vínculo de la niña con sus padres. Ambos niños fueron devueltos a sus progenitores.

47.Emily Logan, Defensora del Niño por aquel entonces, evaluó la actuación de la An Garda Síochána y otros organismos en el ejercicio de sus facultades especiales en virtud del artículo 12.

48.En el informe de la Sra. Logan figuraban diversas recomendaciones, entre ellas las siguientes:

Controlar la aplicación del artículo 12 de la Ley de Atención a la Infancia de 1991.

Brindar a la An Garda Síochána acceso al Sistema Nacional de Información de Protección Infantil.

Ofrecer formación para subsanar las deficiencias de conocimientos culturales en los órganos del Estado.

Respuesta al párrafo 7 b)

49.En 2017, el Gobierno reconoció formalmente a la comunidad nómada irlandesa como un grupo étnico diferenciado. La Estrategia Nacional para la Inclusión de los Nómadas y los Romaníes 2017-2021 incluye 149 medidas en esferas como el empleo, la educación y la salud. El progreso lo mide un Comité Directivo que comprende a representantes de las comunidades nómada y romaní y de las organizaciones de la sociedad civil.

50.En 2020, se asignaron 3,8 millones de euros de financiación a la inclusión de las personas nómadas y romaníes. Para 2021 se agregó 1 millón de euros más a fin de continuar brindando el apoyo existente y contrarrestar los efectos de la COVID-19.

51.La Estrategia Nacional de Inclusión de las Personas LGBTI+ 2019-2021 se puso en marcha el 28 de noviembre de 2019. Se busca alcanzar distintos objetivos para que las personas LGBTI+ sean tratadas con igualdad y se sientan apoyadas.

52.La Estrategia Nacional para la Juventud LGBTI+ se prorrogó hasta 2022 a causa de la COVID-19, para poder lograr su plena implementación. Los informes sobre la implementación de la Estrategia debían comenzar a elaborarse en el tercer trimestre de 2021.

53.Desde 2017, la Estrategia de Integración de los Migrantes 2017-2020 (prorrogada hasta fines de 2021 debido a la COVID-19) incluye medidas encaminadas a afrontar el racismo y la xenofobia y a promover la diversidad y la inclusión.

54.En el informe sobre los progresos realizados se indica que, a junio de 2019, 54 de las 76 medidas progresaban adecuadamente o ya se habían aplicado.

55.En 2019 se creó el Comité Nacional contra el Racismo para examinar los datos disponibles y formular recomendaciones sobre la mejor forma de reforzar las iniciativas del Gobierno para luchar contra el racismo. Su labor culminará con un proyecto de plan de acción nacional.

Respuesta al párrafo 7 c)

56.En enero de 2020, se estableció el Equipo Nacional de Emergencia de Salud Pública para la COVID-19. Este Equipo creó un Subgrupo sobre Personas Vulnerables para brindar orientación sobre las medidas necesarias para proteger a los grupos y las personas vulnerables. El Subgrupo incluía a representantes de organizaciones para las personas con discapacidad y a usuarios de los servicios de salud mental.

Respuesta al párrafo 8

57.El anteproyecto de ley de justicia penal (delitos de odio) de 2021 se publicó en abril de 2021 y reemplazará a la Ley de Prohibición de la Incitación al Odio de 1989. Contempla la tipificación de formas nuevas y agravadas de ciertos delitos existentes cuando estos estén motivados por prejuicios contra un rasgo protegido. La lista de rasgos se ha actualizado para incluir el género, que abarca también la expresión o identidad de género, así como la discapacidad, y para garantizar que el origen étnico nómada se reconozca del mismo modo que otros orígenes étnicos.

58.Los delitos agravados se castigarán con penas más severas, y en los antecedentes penales deberá indicarse que los delitos fueron motivados por prejuicios. El informe titulado “Legislating for Hate Speech and Hate Crime in Ireland”, sobre la consulta pública relativa a la legislación del discurso de odio y los delitos de odio, se publicó el 17 de diciembre de 2020. En la nueva legislación se respetarán los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de asociación.

59.La An Garda Síochána informó que, entre 2013 y 2018, hubo 113, 115, 163, 290, 324 y 340 delitos motivados por el odio, respectivamente. En 2019 se registraron 251 incidentes, y en 2020, 178 (hasta el 18 de septiembre de 2020). Es probable que la cifra de 2020 se haya visto afectada por la disminución de casi todos los tipos de delitos debido a la COVID-19.

60.La Estrategia de Diversidad e Integración de la Garda 2019-2021 presta gran atención a mejorar la detección, la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de odio.

61.Las actualizaciones de octubre de 2020 del sistema informático policial PULSE formalizaron la inscripción de los motivos relacionados con el odio que dan lugar a estos incidentes.

Igualdad de género (arts. 2, 3 y 26)

Respuesta al párrafo 9 a)

62.El Gobierno expresó su intención de celebrar un referendo para derogar el artículo 41, párrafo 2, de la Constitución. El Comité Conjunto del Oireachtas sobre Justicia e Igualdad convino, en su informe de diciembre de 2018, en que la redacción de ese párrafo no era apropiada.

63.En junio de 2019, el Gobierno decidió crear una asamblea ciudadana independiente para que presentara propuestas que fomentaran la igualdad de género. La resolución del Oireachtas por medio de la cual se creó la Asamblea de Ciudadanos, que también fijó los temas que se tratarían en ella, se aprobó en ambas cámaras en julio de 2019. La Asamblea concluyó su labor y presentó un informe con recomendaciones al Oireachtas el 2 de junio de 2021. El Programa de Gobierno de 2020 se ha fijado el propósito de dar cumplimiento a esas recomendaciones.

64.La Asamblea presentó al Oireachtas un informe con recomendaciones el 2 de junio de 2021. El Programa de Gobierno de 2020 se guía por esas recomendaciones.

Respuesta al párrafo 9 b)

65.La Estrategia Nacional para las Mujeres y las Niñas 2017-2020 se prorrogó hasta 2021 debido al impacto de la COVID-19. Con ella se busca conseguir 85 resultados que se enmarcan en seis objetivos de alto nivel, que se lograrán mediante 139 medidas. Hasta la fecha se han aplicado plenamente 41 medidas.

66.Se ha publicado un informe sobre la marcha de los trabajos desde mayo de 2017 hasta julio de 2018 que incluye indicadores relacionados con los resultados en materia de pobreza, educación, participación en el mercado de trabajo, salud, violencia contra la mujer y liderazgo. Este año se publicará otro informe sobre los progresos alcanzados entre agosto de 2018 y fines de 2020. Al concluir la Estrategia, se llevará a cabo una evaluación independiente para orientar la elaboración de las futuras políticas.

Respuesta al párrafo 9 c)

67.En la Ley Electoral (Enmienda) (Financiación Política) de 2012 se introdujeron disposiciones para alentar la selección de más candidatas mujeres en las elecciones generales. En ella se estableció que los partidos políticos solo recibirán la mitad de la financiación estatal si sus listas de candidatos no contienen al menos un 30 % por mujeres en las siguientes elecciones generales, y un 40 % de candidatas al cabo de siete años.

68.Todos los partidos políticos calificados que se presentaron a las elecciones de 2016 cumplieron el cupo del 30 %, que contribuyó a que se incrementara en un 90 % el número de mujeres candidatas y a que la participación de las mujeres en la Dáil Éireann aumentara del 15 % en 2011 al 22 %. Este nivel se mantuvo en la elección general de 2020, con un 31 % de candidatas mujeres y el 22,5 % de los escaños ocupados por mujeres. La composición actual de la Seanad Éireann es de un 40 % de mujeres y un 60 % de hombres.

69.En 2018, el Gobierno estableció un grupo independiente encargado de examinar la cuestión de mejorar el equilibrio para mejorar la empresa (Better Balance for Better Business). Dirigido por las empresas, su objetivo es mejorar el equilibrio de género entre los altos cargos directivos. La meta inicial es lograr, para fines de 2023, una representación femenina del 33 % en las juntas directivas de las 20 sociedades que cotizan en bolsa en Irlanda (ISEQ) y del 25 % en los de otras empresas que no cotizan. El grupo fija objetivos de mujeres en las juntas y equipos de dirección de las grandes empresas multinacionales o de propiedad irlandesa. El informe más reciente de ese grupo se publicó en noviembre de 2020.

70.La Ley de Información sobre la Brecha Salarial de Género de 2019, cuyo objetivo es reducir la disparidad salarial entre hombres y mujeres, se promulgó en julio de 2021.

71.Se han logrado progresos significativos en relación con la representación de las mujeres en los altos cargos de la Administración Pública.

Porcentaje de representación de las mujeres entre el personal directivo superior

Categoría	1997	2007	2020
Secretaria General	5 %	19 %	28 %
Subsecretaria General	10 %	19 %	37 %
Directiva	12 %	26 %	46 %
Auxiliar Principal	24 %	33 %	52 %

Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica (arts. 2, 3, 6, 7, 24 y 26)

Respuesta al párrafo 10 a)

72.La Ley contra la Violencia Doméstica de 2018 tipificó dos nuevos delitos: el matrimonio forzado y el control coercitivo.

73.La Segunda Estrategia Nacional contra la Violencia Doméstica, Sexual y de Género incluye medidas que dan una respuesta específica a estos tipos de violencia en las comunidades nómada, romaní y migrante.

74.Pavee Point, una ONG que se ocupa de los derechos de las personas nómadas y romaníes, y AkiDwa, una red de mujeres migrantes que promueve la integración y la igualdad, son miembros del comité de seguimiento de la estrategia. Lo aprendido con esta estrategia contribuirá a elaborar la tercera estrategia, que se aplicará a partir de 2022.

Respuesta al párrafo 10 b)

75.En noviembre de 2016 se puso en marcha una campaña de sensibilización que se centró en la violencia doméstica y sexual y el acoso. El enfoque basado en las personas que presencian los hechos resultó eficaz, ya que los estudios independientes muestran que la campaña tuvo una calificación más alta que el promedio del sector, entre otras cosas en lo que se refiere a la comprensión del mensaje. El Gobierno está elaborando una campaña de sensibilización sobre el consentimiento en el contexto de la actividad y las relaciones sexuales cuyo lanzamiento se fijó para antes de que finalizara el 2021.

Respuesta al párrafo 10 c)

76.En el marco de la Segunda Estrategia Nacional, se creó un sistema de recopilación y análisis de datos, los cuales se desglosan en función de los siguientes criterios:

Edad, sexo y origen étnico de la víctima y del autor del hecho.

Relación entre esas personas.

Discapacidad de la víctima o del autor del hecho.

77.La Dirección de Servicios de Salud y las Dependencias de Tratamiento de las Víctimas de Agresión Sexual fomentan la recopilación de datos para ayudar a planificar y prestar los servicios.

78.La An Garda Síochána está mejorando su capacidad de analizar la información del sistema informático PULSE y evaluando las mejores prácticas a nivel internacional con miras a la elaboración de políticas para la intervención en casos de violencia doméstica y la investigación de los delitos sexuales.

Cuadro 1 Víctimas de delitos sexuales entre 2014 y 2019

2014	2 053*
2015	2 361*
2016	2 226 (1 784 mujeres, 442 hombres)
2017	2 528 (2 049 mujeres, 479 hombres)
2018	2 771 (2 266 mujeres, 505 hombres)
2019	2 788 (2 260 mujeres, 528 hombres)

* Desglose por género no disponible.

Cuadro 2 No existe el delito específico de violencia doméstica. En este cuadro se muestran los casos sometidos al Tribunal de Distrito en virtud de la legislación sobre violencia doméstica

2014	13 528
2015	14 374
2016	15 227
2017	15 962
2018	18 572
2019	20 501

En virtud de la legislación sobre violencia doméstica, se dispone de los siguientes recursos:

Una orden de cesación de los actos intimidatorios o de violencia.

Una orden de alejamiento.

Una orden de exclusión del hogar (incluidas las medidas preventivas y de emergencia).

79.El estudio de la prevalencia de la violencia sexual está en curso. Se está confeccionando una encuesta para incluir información acerca de la población migrante, las comunidades nómadas y las personas con discapacidad intelectual.

80.Existe actualmente un plan de acción de múltiples organismos para solucionar el problema del maltrato en el hogar durante la pandemia, el cual aborda tres esferas de acción principales:

Crear conciencia sobre los servicios y apoyos disponibles.

Mantener esos servicios y darles prioridad.

Garantizar el acceso a los tribunales para obtener órdenes de alejamiento.

81.El artículo 8, párrafo 3, de la Ley del Organismo para la Infancia y la Familia de 2013 dispone que ese organismo es responsable de la atención y protección de las víctimas de violencia doméstica, sexual y de género. Su financiación ha aumentado de 20,6 millones de euros en 2016 a 30 millones de euros en 2021.

82.Desde 2016, se ha producido un aumento de los servicios de información en zonas rurales o aisladas. Se están implementando paulatinamente programas de terapia para niños que sean testigos o víctimas de estos tipos de violencia.

83.Se habilitaron plazas adicionales en los refugios, y la financiación básica para todos los centros de crisis para las víctimas de violación aumentó un 10 % en 2019.

84.El Organismo para la Infancia y la Familia está financiando varios proyectos piloto en favor de los miembros de la comunidad nómada y uno en favor de las mujeres romaníes que experimenten estos tipos de violencia o estén en riesgo de sufrirla.

85.Durante la pandemia, el Organismo dio prioridad a estos tipos de violencia y asignó 1,9 millones de euros adicionales en 2020 a las organizaciones que luchan contra la violencia doméstica, sexual y de género para financiar aspectos concretos relacionados con la COVID‑19.

86.A comienzos de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, había en Irlanda 149 unidades familiares de alojamiento de emergencia para las personas en situación de violencia doméstica. De esas unidades, 139 se encontraban en refugios exclusivos para víctimas de violencia doméstica y las otras 10 en hogares seguros o viviendas individuales. El desglose de estas unidades por región es el siguiente.

Región	Núm ero de unidades normalmente en funcionamiento
Munster	52
Connacht-Úlster	21
Leinster	76
Total	149

87.Debido a las directrices relativas a la COVID-19, se redujo el número de unidades de acogida en funcionamiento, en particular en instalaciones compartidas. El alojamiento en refugios se complementó ofreciendo una gama de unidades alternativas de alojamiento seguro. Para abril de 2021, había disponibles 141 unidades de alojamiento de emergencia para víctimas de violencia doméstica.

Interrupción del embarazo, mortalidad materna y derechos reproductivos (arts. 2, 3, 6, 7 y 24)

Respuesta al párrafo 11 a)

88.La Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018 entró en vigor el 1 de enero de 2019. En virtud de ella se permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo de muerte o lesión grave para la embarazada; cuando exista una afección que pueda provocar la muerte del feto antes del nacimiento o en los 28 días siguientes; y sin restricciones hasta las 12 semanas de embarazo. Estos servicios se prestan tanto en entornos comunitarios como hospitalarios de toda Irlanda.

89.El artículo 12 de dicha Ley permite la interrupción del embarazo practicada por un médico que certifique que el embarazo no excede las 12 semanas. Deben pasar tres días desde la certificación hasta que se realice la intervención. En el primer informe anual se mostró que la mayoría de las mujeres (el 98 %) accedieron a la interrupción del embarazo acogiéndose al artículo 12, lo cual indica que el intervalo de tres días no constituye un obstáculo de relevancia.

Respuesta al párrafo 11 b)

90.El artículo 11 autoriza la interrupción del embarazo cuando exista una afección que pueda provocar la muerte del feto antes del nacimiento o en los 28 días siguientes, supeditada a la certificación de dos médicos. No hay un límite de tiempo de gestación para poder interrumpir el embarazo en virtud del artículo 11. Sus disposiciones son compatibles con las recomendaciones del Comité Conjunto del Oireachtas y la Asamblea de Ciudadanos.

Respuesta al párrafo 11 c)

91.Constituye un delito poner fin a la vida de un feto de manera intencional excepto en los casos previstos en la ley. Sus disposiciones no se aplican a las mujeres que interrumpan o intenten interrumpir su propio embarazo. La Dirección de Servicios de Salud informó que hay una buena distribución geográfica de médicos generalistas que ofrecen el servicio, junto con diez hospitales o maternidades de todo el país. Está prevista un aumento gradual de estos servicios. Ha habido muy pocas protestas en contra del aborto.

Respuesta al párrafo 11 d)

92.Existen servicios de salud para todas las personas solicitantes de protección internacional, que pueden acceder a ellos siguiendo el mismo sistema de derivación que los demás ciudadanos, incluso en lo que respecta a los servicios de maternidad y aborto. La ley ofrece el acceso universal gratuito a los servicios de interrupción del embarazo para las personas que residen en el Estado.

Derecho a la vida (arts. 6 y 7)

Respuesta al párrafo 12

93.Se ha informado que, hasta el 7 de julio de 2021, murieron 5.006 personas de COVID‑19. Los datos epidemiológicos comunicados se basan en el sistema informático de notificación de enfermedades infecciosas. El ciberataque de 14 de mayo de 2021 a la Dirección de Servicios de Salud impidió que la transmisión habitual de la información sobre la COVID-19. Como medida temporal, se preparan informes epidemiológicos provisionales sobre la base de la información que recoge la aplicación de seguimiento de la COVID-19 de la Dirección de Servicios de Salud denominada “COVID Care Tracker”.

94.Una vez que se restablezcan todos los sistemas de vigilancia de la COVID-19, el Departamento de Salud y el Centro de Vigilancia para la Protección de la Salud tratarán de clasificar y validar retroactivamente la información sobre la COVID-19 referida a este período.

95.De las 4.937 muertes que se notificaron antes del ciberataque, 2.284 estaban relacionadas con brotes en entornos residenciales, y de estas 2.052 fueron el resultado de brotes en instituciones residenciales, 121 con brotes en hospitales comunitarios y establecimientos de tratamiento prolongado y 111 con otros tipos de centros residenciales.

96.La respuesta de Irlanda a la COVID-19 ha aplicado un enfoque del Gobierno con una óptica de la salud pública. La respuesta del sector sanitario está liderada por el Equipo Nacional de Emergencia de Salud Pública, que supervisa la situación y proporciona orientaciones y recomendaciones en el plano nacional.

97.El apoyo brindado a los centros de larga estancia incluye orientaciones de salud pública y capacitación sobre la prevención y el control de la infección, la provisión de equipos de protección personal, la reasignación del personal, las pruebas de diagnóstico administradas al personal de las instituciones residenciales, el alojamiento para el personal de salud con mayor riesgo de contraer la COVID-19 y el apoyo financiero temporal para las instituciones residenciales.

Respuesta al párrafo 13

Muertes en los lugares de reclusión

Número de muertes en reclusión entre 2017 y 2020 y resultados de las investigaciones ulteriores

Año	Causa de muerte
Suicidio	Accidente	Causas naturales	Abierta	Descripción oficial de las circunstancias	Muerte ilícita	Investigación pendiente	Total anual
2020	0	0	0	0	0	0	10	10
2019	0	0	0	0	0	0	14	14
2018	1	1	0	0	0	0	7	9
2017	2	1	2	2	0	0	2	9

Muertes en reclusión entre 2017 y 2020, hasta la fecha, mientras el recluso estaba prófugo o fuera de la prisión en libertad temporal renovable o plena

Año	Libertad temporal	Libertad temporal renovable	Libertad temporal plena	Reclusos prófugos	Total anual
2020	1			1	2
2019	1	5			6
2018	2	7		1	10
2017	4	1			5

98.El Inspector de Prisiones investiga las circunstancias en torno a las muertes en reclusión. Estas investigaciones son independientes de las que llevan a cabo la An Garda Síochána o los médicos forenses. Los informes están disponibles en el sitio web del Inspector.

99.Se ha brindado atención de la salud en las prisiones de Irlanda durante toda la pandemia, lo cual incluye servicios odontológicos, de salud mental y de tratamiento de las adicciones.

100.Las personas detenidas pueden ser derivadas a un hospital para que las evalúe un especialista si es necesario.

101.El Servicio de Prisiones de Irlanda está evaluando el funcionamiento de las celdas especiales de observación en los centros penitenciarios como parte de un examen general del reglamento penitenciario. Esa evaluación, que debía estar terminada para el último trimestre de 2021, todavía está en curso. Se ha previsto redactar nuevos procedimientos operativos estándar para estas celdas.

102.Se han implementado medidas para prevenir la transmisión de la COVID-19 en las prisiones. El asesoramiento del Equipo Nacional orientó esas medidas, que fueron conformes con las directrices específicas para la gestión de la COVID-19 en las prisiones publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre esas medidas se encuentran las siguientes:

Realizar un control básico de salud a todas las personas que ingresen a los establecimientos penitenciarios.

Reemplazar las visitas familiares en persona con visitas por video cuando así lo requieran las restricciones impuestas debido a la COVID-19.

Realizar pruebas de diagnóstico a todos los nuevos reclusos y permitir a los presos salir de la cuarentena antes de que finalice el plazo establecido si las pruebas de diagnóstico son negativas.

Poner en aislamiento a los presuntos casos para prevenir la transmisión y proporcionar alojamiento protegido y separado a los prisioneros vulnerables, como las personas mayores de 70 años o con un estado de salud que las haga vulnerables.

Capacitar al personal del Servicio de Prisiones de Irlanda y brindarle equipos de protección personal.

Llevar a cabo evaluaciones de riesgos y poner en práctica controles adicionales.

Comunicarse con el personal y las personas recluidas y crear un modelo de seguimiento de contactos.

103.El Servicio de Prisiones de Irlanda revisa las medidas todas las semanas y tiene en cuenta las últimas directrices del Gobierno en materia de salud pública. Los presos que se encuentran en aislamiento o cuarentena tienen acceso a diversos servicios e instalaciones dentro de la prisión.

104.El Inspector de Prisiones visitó los 12 establecimientos penitenciarios existentes durante el primer mes de vigencia de las restricciones relacionadas con la COVID-19. En esas visitas, examinó el modo en que las prisiones aplicaban las medidas dirigidas específicamente a prevenir la COVID-19 y la forma en que estas afectaban a los reclusos.

105.No hubo muertes de niños en el complejo de reclusión de menores de Oberstown durante el período que abarca el informe. Tampoco ha habido casos positivos de COVID-19 entre los jóvenes en prisión preventiva o que cumplen condena.

106.La escuela del complejo de Oberstown reabrió el 1 de marzo de 2021 y también se reanudaron las visitas familiares, sujetas a un control sanitario en cumplimiento de los procedimientos de salud y seguridad.

107.Es una prioridad para el Servicio de Prisiones de Irlanda y para el Departamento de Justicia que se reanuden las visitas en persona. Esas visitas están supeditadas a factores diversos que incluyen el riesgo que supone la variante delta, la necesidad de continuar aplicando las medidas de control de la infección y el despliegue de los programas de vacunación.

108.El 9 de junio se inauguró un programa de vacunación en las prisiones. En consonancia con el calendario de vacunación, las visitas en persona a las prisiones se reanudarán escalonadamente, en algunos centros primero y luego en otros, y las visitas podrán retomarse siete días después de que los prisioneros tengan el esquema de vacunación completo.

109.Se espera que las visitas se hayan reanudado en todos los centros para agosto o septiembre.

Respuesta al párrafo 14

110.No ha habido un uso excesivo de la fuerza al ejercer control policial sobre las protestas contra las restricciones impuestas debido a la COVID-19. La Autoridad Policial ha llegado a la conclusión de que la An Garda Síochána actuó con mesura en la respuesta policial: durante las protestas, la An Garda Síochána dialogó con los presentes durante un tiempo considerable. En los casos en que no se cumplieron las medidas de salud pública ni se acató a la An Garda Síochána en reiteradas ocasiones, y en los que las reuniones se volvieron violentas, la An Garda intervino de manera apropiada para restaurar la seguridad pública.

111.La Autoridad de la Seguridad Privada, creada en virtud de la Ley de Servicios de Seguridad Privada de 2004, es el órgano independiente que regula el sector de la seguridad privada. Los servicios para los que la Autoridad puede otorgar licencias no se consideran actividades de las fuerzas de seguridad. El personal de las empresas de seguridad privada no puede portar armas de fuego.

Trata de personas (arts. 6, 7, 8 y 24)

Respuesta al párrafo 15 a)

112.El Segundo Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas se publicó en octubre de 2016 y recogió 65 medidas para combatir la trata y ayudar a las víctimas. Continúan las tareas para aplicar el plan y se están evaluando e introduciendo constantemente nuevos instrumentos de políticas.

113.En septiembre de 2020 se creó el Foro de Partes Interesadas sobre la Trata de Personas. Un subgrupo del Foro está trabajando con el Departamento de Justicia para elaborar un nuevo plan de acción.

114.En 2020, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Irlanda fue designada para desempeñar la función de Relatoría Nacional contra la Trata de Personas, que es de carácter independiente. Sus responsabilidades incluyen vigilar la aplicación de las políticas de lucha contra la trata de personas y contribuir a la recopilación de datos sobre la trata en el plano nacional.

Respuesta a los párrafos 15 b) y c)

115.La An Garda Síochána cuenta con una Dependencia de Investigación y Coordinación contra la Trata de Personas adscrita a la Oficina Nacional de Servicios de Protección de la Garda. Esa dependencia se encarga de investigar para ayudar a las víctimas, así como también de identificar a los sospechosos y recabar pruebas para presentar ante el Ministerio Público.

116.Se investigan las denuncias de todas las víctimas derivadas a la An Garda Síochána.

117.Una vez presentada la denuncia, se toma una declaración en la que se registran los detalles de los hechos que se alegan. Si se concluye que existen indicios razonables de la comisión de un delito, se conforma un equipo de investigación.

118.Tras la investigación, se presenta el expediente al Ministerio Público, que decide qué tipo de acción se debe ejercer.

119.El 11 de junio de 2021, se dictaron los primeros fallos condenatorios por trata de personas en Irlanda. Dos personas fueron declaradas culpables de dos cargos por trata de mujeres de Nigeria a Irlanda entre septiembre de 2016 y junio de 2018, en violación de la Ley de Derecho Penal (Trata de Personas) de 2008. Hay más casos con fecha fijada para el juicio en 2021.

120.El Gobierno reconoce que existen dificultades relacionadas con las víctimas y testigos que no apoyan el proceso de justicia penal y, junto con la An Garda Síochána y el Ministerio Público, está buscando la manera de preservar el bienestar de las víctimas y los testigos lo mejor posible a lo largo del proceso.

121.En mayo de 2021, el Gobierno aprobó los planes para crear un mecanismo nacional de remisión revisado a fin de facilitar que las víctimas de trata de personas den a conocer su situación y proporcionarles apoyo, así como un anteproyecto de ley para dar recoger en la legislación nacional el nuevo mecanismo nacional revisado. El mecanismo permite que todos los organismos cooperen, localicen a las víctimas y contribuyan a que estas reciban alojamiento y apoyo.

122.Con respecto a “los 53 casos llevados ante los tribunales entre 2014 y 2017”, la An Garda Síochána cambió en 2018 el modo de transmitir los datos estadísticos relacionados con la trata de personas. Hasta ese año, esos datos se incluían en las estadísticas relacionadas con los incidentes de trata que vulneraban el artículo 3, párrafo 2, de la Ley de la Trata de Niños y su Utilización en la Pornografía de 1998, modificada por la Ley de Derecho Penal (Trata de Personas) de 2008, que se refieren a la explotación sexual de niños. Sin embargo, esos delitos no comprenden los elementos de la trata de personas y delitos análogos en otras jurisdicciones y no se incluyen en las estadísticas pertinentes sobre la trata.

123.Al eliminar estos delitos de las estadísticas, el número corregido de cargos por delitos de trata de personas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 fue de 11 cargos imputados a tres personas. Ninguno de ellos dio lugar a una condena.

Respuesta al párrafo 16

124.El consentimiento para el tratamiento de las personas recluidas contra su voluntad en algún centro está contemplado en la sección 4 de la Ley de Salud Mental de 2001. El artículo 57 de esa Ley enumera los pocos casos en los cuales puede administrarse tratamiento sin el consentimiento del paciente.

125.En los artículos 59 b) y 60 b) se describen las condiciones en las cuales se puede tratar al paciente con terapia electroconvulsiva o medicamentos si no puede prestar su consentimiento. Para poder administrar cualquiera de esos tipos de tratamiento a los pacientes que no pueden prestar su consentimiento, se necesita la autorización de un segundo psiquiatra tras una derivación del psiquiatra que esté al cargo de ellos.

126.Mediante la Ley de Salud Mental (Enmienda) de 2015 se modificaron los artículos 59 b) y 60 b) de la Ley de 2001 para eliminar la expresión “o que no quiera” de las disposiciones relativas a continuar aplicando la terapia electroconvulsiva y administrando medicamentos. La Ley de 2015 entró en vigor el 15 de febrero de 2016.

127.En julio de 2021, el Gobierno aprobó el borrador de un proyecto de ley para modificar la Ley de Salud Mental de 2001, que incluía una revisión general de la sección 4, en gran medida concordante con las recomendaciones de un grupo de expertos encargado de examinar la Ley en 2015 y en consonancia con los principios de la Ley de Asistencia en la Adopción de Decisiones (Capacidad) de 2015.

128.Esa Ley establece un marco normativo para apoyar el proceso de adopción de decisiones de los adultos con dificultades relacionadas con su capacidad. Prevé el abandono el sistema de tutela y la creación de un nuevo Servicio de Apoyo para la Adopción de Decisiones. Cabe mencionar los siguientes aspectos de esta Ley:

Se presume que las personas tienen capacidad para tomar decisiones a menos que se demuestre lo contrario.

Se prevé la posibilidad de que haya cinco tipos de persona de apoyo para la adopción de decisiones: un asistente para la adopción de decisiones, un codecisor, un representante para la adopción de decisiones, un abogado designado mediante un poder general indefinido y un representante para cuestiones de salud designado mediante una declaración de voluntad anticipada.

Si una persona no tiene capacidad para adoptar una decisión en concreto por su cuenta, su capacidad se evalúa en relación con esa decisión en particular. Quienes brinden estos servicios deben permitir a la persona tomar sus propias decisiones utilizando los medios de apoyo que se correspondan con su capacidad para tomar esa decisión.

Se crea un marco jurídico para la redacción de las declaraciones de voluntad anticipadas.

129.Esta Ley se promulgó el 30 de diciembre de 2015, pero todavía no tiene plena vigencia: es necesario enmendarla para aclarar cuestiones técnicas que tienen que ver con la Ley de 2015. Estaba previsto que el proyecto de ley modificatoria se promulgara para fines de 2021 y adquiriera plena vigencia para junio de 2022.

Respuesta al párrafo 17 a)

130.Los directores de los centros penitenciarios están obligados a admitir en ellos a todos los presos que los tribunales les remitan. El Servicio de Prisiones de Irlanda continúa gestionando los problemas de superpoblación carcelaria determinando qué prisioneros podrían acogerse a una libertad temporal anticipada y estructurada o ser trasladados a otros centros, a fin de disminuir el número de presos de los establecimientos que tienen estos problemas y mejorar así las condiciones.

131.Al 29 de enero de 2021, la población carcelaria era de 3.716 personas, lo cual implica una disminución respecto de las 4.043 personas recluidas a la misma fecha de 2020. Actualmente el servicio penitenciario no tiene colmada su capacidad en ningún establecimiento, excepto en la prisión de mujeres de Limerick.

132.En septiembre de 2020, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para evaluar las opciones en materia de políticas a fin de llevar a cabo una reforma penal y penitenciaria. Se decidió que en el tercer trimestre de 2021 se publicaría un plan de acción que incorporaría las iniciativas de reforma penal y penitenciaria para el período 2022-2024. Un objetivo clave es la elaboración y ampliación de diversas sanciones de tipo comunitario.

133.Durante la evaluación se concluyó que deben incorporarse a la legislación el principio del encarcelamiento como medida de último recurso y la presunción en contra de la imposición de penas privativas de libertad de menos de 12 meses para las personas que no supongan un riesgo grave para la comunidad. Actualmente, este tema está siendo examinado en el marco de la revisión del proyecto de ley de justicia penal (Sanciones de Tipo Comunitario) de 2014.

134.En la Estrategia de Capital del Servicio de Prisiones 2016-2021 se describen los planes para reemplazar las instalaciones de alojamiento de las prisiones de Limerick y Portlaoise y realizar mejoras en todos los demás establecimientos. Cuando estos proyectos estén terminados, se habrá eliminado por completo el vaciado manual de las instalaciones de saneamiento.

Respuesta al párrafo 17 b)

135.La Regla 71 del Reglamento Penitenciario de 2007 menciona el alojamiento por separado e indica que: “En la medida de lo posible y siempre que se mantenga el orden y la reclusión en condiciones de seguridad, los presos preventivos se alojarán en zonas separadas de aquellas en donde se alojan los presos condenados o a las que estos tengan acceso, y los presos condenados, en la medida de lo posible, no tendrán acceso a las zonas a las que tienen acceso los presos preventivos al mismo tiempo que estos”.

136.La cárcel de Cloverhill es el único centro dedicado exclusivamente a la prisión preventiva. Aunque la administración penitenciaria pone el máximo empeño en evitar que los presos preventivos y condenados se alojen en el mismo espacio, no siempre se puede garantizar que estén separados.

Respuesta al párrafo 17 c)

137.La Dependencia Nacional para la Reducción de la Violencia funciona en la cárcel de Portlaoise desde noviembre de 2018. Está administrada por un director adjunto y un psicólogo especializado. La Dependencia brinda un servicio optimizado que tiene en cuenta los aspectos psicológicos a las personas privadas de libertad a las que habitualmente se les aplicaba un régimen de “manejo con escudos blindados” y traslados periódicos de prisión a prisión debido al grado de violencia en reclusión que exhibían. Actualmente, la Dependencia se está ocupando de cuatro personas.

Sinopsis del número de sanciones disciplinarias (informes P19) en los dos años anteriores y posteriores al ingreso a la Dependencia

(Esta información es preliminar e incluye a personas recluidas que llevan menos de dos años en la Dependencia)

	2 años anteriores al ingreso a la Dependencia	2 años posteriores al ingreso a la Dependencia	Porcentaje de variación
Total de informes P19	83	63	31,75 %
Total de informes P19 por violencia/amenazas	50	42	19 %

138.Al parecer, hay indicios que apuntan a una ligera exacerbación de la violencia, en particular durante las primeras etapas de la reclusión, mientras las personas se adaptan al nuevo régimen.

139.Debido a que la Dependencia es pequeña, aplica un régimen intensivo y se adhiere de manera estricta a los protocolos, es más probable que las personas recluidas en ella sean objeto de una sanción tras un informe P19 porque es más probable que su conducta sea observada y registrada.

140.No existen instalaciones similares en otros establecimientos penitenciarios. El Servicio de Prisiones de Irlanda, en colaboración con el Servicio Forense Nacional de Salud Mental, ha establecido dos zonas dedicadas exclusivamente a brindar especial apoyo a los presos vulnerables que presentan enfermedades mentales: el ala D2 de la cárcel de Cloverhill (para presos preventivos) y la Dependencia de Apoyo Reforzado de Mountjoy (para los condenados).

Respuesta al párrafo 17 d)

141.Irlanda ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2002. También es signatario del Protocolo Facultativo y lo ratificará una vez que se apruebe la legislación necesaria para que los mecanismos nacionales de prevención puedan inspeccionar y controlar los lugares de reclusión.

142.El Gobierno se había comprometido a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención antes de que terminara 2021. El enfoque previsto es designar al Inspector de Prisiones como único mecanismo nacional de prevención para el sector de la justicia penal. El Departamento de Justicia está dirigiendo los preparativos para crear un modelo de mecanismo nacional de prevención integrado por múltiples instituciones en lo que se refiere a la elaboración de la legislación necesaria para que se pueda ratificar el Protocolo Facultativo. Se ha iniciado la redacción del proyecto de ley de inspección de los lugares de detención que previsiblemente se presentará al Gobierno para su aprobación en 2021.

Respuesta al párrafo 18

143.En la Ley de Multas (Pago y Recuperación) de 2014 se prevé que se emitan sanciones alternativas a la pena de prisión por impago de multas.

144.En la Ley se dispone que toda persona que incurra en impago de las multas impuestas por los tribunales deberá ser llevada ante la justicia antes de que un juez pueda emitir una sanción alternativa. Una vez que la persona comparece en la audiencia de apremio, el juez puede decretar el embargo de los ingresos, la recuperación del monto adeudado o servicios comunitarios. Si el tribunal no considera que las opciones alternativas sean sanción suficiente, puede decretar el ingreso de la persona en prisión.

145.Todos estos resultados requieren la comparecencia del deudor. De no ser así, y si se ha cumplido el requisito de que se la haya notificado la providencia de apremio, el tribunal puede aplazar la audiencia y fijar una nueva fecha o dictar una orden de detención.

146.Se ha creado un Grupo Departamental de Alto Nivel, que está compuesto por representantes del Servicio Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la An Garda Síochána, el Ministerio Público, el Servicio de Prisiones de Irlanda y el Servicio de Libertad Condicional. Se está trabajando para determinar cómo mejorar el proceso de cobro.

Derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo (arts. 2 y 13)

Respuesta al párrafo 19 a)

147.La Ley de Protección Internacional de 2015 entró en vigor el 31 de diciembre de 2016 y creó un procedimiento de solicitud única en el marco del mecanismo de protección de Irlanda. Mediante este procedimiento, el solicitante presenta una sola solicitud y se decide sobre todos los motivos para pedir protección internacional y para que se le permita permanecer en el Estado por motivos humanitarios en un solo proceso. Esto reemplaza el procesamiento lineal de solicitudes que regía bajo la Ley de Refugiados de 1996, ahora derogada.

148.La Oficina de Protección Internacional, que depende del Departamento de Justicia, y el Tribunal de Apelaciones para Asuntos Relacionados con la Protección Internacional, que es independiente, reemplazaron a la Oficina del Comisionado para las Solicitudes del Estatuto de Refugiado y al Tribunal de Apelación para los Refugiados respectivamente.

149.En virtud de las medidas transitorias de la Ley de 2015, la Oficina de Protección Internacional se hizo cargo del procesamiento de unos 3.500 casos pendientes. Otros 500 casos se trasladaron luego de la entrada en vigor de la nueva ley. Hasta la fecha sigue habiendo casos en situación de transición.

150.La Oficina de Protección Internacional tiene la obligación de estudiar las solicitudes sobre la base de tres elementos, a saber: la determinación de la condición de refugiado, la determinación del estatuto de protección subsidiaria y la apreciación de que haya motivos para conceder a la persona permiso para permanecer en el Estado. Por lo tanto, el nivel de investigación que se requiere es más exhaustivo y complejo y lleva más tiempo.

151.En la Ley de 2015, se prevé la asignación de prioridad a las solicitudes de protección internacional. Cuando los solicitantes remiten la documentación justificativa, la Oficina debe agendar las entrevistas en función de la fecha de solicitud. Algunas categorías de solicitantes tienen mayor prioridad cuando se refieren a países generadores de refugiados o a menores no acompañados. Este enfoque fue acordado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

152.En el Programa de Gobierno se asumió el compromiso de tramitar las solicitudes de protección internacional en la primera instancia con el fin de reducir la duración media a nueve meses o menos.

Casos pendientes a fines de diciembre de 2020 según el tiempo que llevan en curso

Solicitudes de protección internacional pendientes a fines de diciembre de 2020*
Menos de 3 meses	346
Entre 3 y 6 meses	369
Entre 6 y 12 meses	701
Entre 12 y 24 meses	2 538
Más de 24 meses	1 042
Total	4 996 *

* Aunque las estadísticas son correctas en el momento de su publicación, es posible que sean objeto de una limpieza de datos. Nótese que estas estadísticas no incluyen los cerca de 290 casos que fueron remitidos para que volvieran a ser tramitados luego de un proceso judicial.

Solicitudes presentadas en virtud de la Ley de Protección Internacional de 2015, en vigor desde el 31 de diciembre de 2016

2017 - 2020
Año	Total
2017	2 920
2018	3 674
2019	4 781
2020	1 566*
Total	12 941

* Las estadísticas pueden ser objeto de limpieza de datos.

La duración media de la tramitación de todas las solicitudes de protección internacional que se examinaron en primera instancia en 2018 fue de 19,7 meses, mientras que en 2019 fue de 17,5 meses y en 2020, de 17,6 meses.

Respuesta al párrafo 19 b)

153.El Tribunal de Apelaciones para Asuntos Relacionados con la Protección Internacional se creó el 31 de diciembre de 2016 y reemplazó al Tribunal de Apelación para los Refugiados. Su función es decidir las apelaciones contra las decisiones de los funcionarios de protección internacional respecto de las solicitudes del estatuto de protección. También entiende de las apelaciones en virtud Reglamento de la Unión Europea de 2018 y de las apelaciones contra las recomendaciones de inadmisibilidad de las solicitudes.

Datos relativos al Tribunal de Apelaciones para Asuntos Relacionados con la Protección Internacional

	Año
2020	2019	2018
Apelaciones recibidas	1 260	2 065	2 127
Casos agendados	1 418	2 633	1 714
Sentencias dictadas	1 089	1 944	1 071
Total de procesos de apelación concluidos	1 171	2 180	n.d.
Apelaciones en curso a fin de año	1 655	1 544	1 596

Respuesta al párrafo 19 c)

154.El Gobierno se ha comprometido a poner fin al sistema de apoyo a los solicitantes de asilo conocido comúnmente como “sistema de manutención directa” y reemplazarlo con una nueva política de protección internacional. En febrero de 2021 se publicó un libro blanco que incluyó los siguientes compromisos:

Nuevas medidas para garantizar que las solicitudes de protección internacional se tramiten lo antes posible, sin dejar de aplicar un enfoque basado en los derechos humanos.

Nuevos modelos de implicación comunitaria que garanticen que las nuevas instalaciones de alojamiento se creen de un modo inclusivo.

Un programa de capital anualizado e inversiones corrientes.

155.Con la disolución del Oireachtas, caducó el proyecto de ley revisado sobre inmigración, residencia y protección de 2010. En 2015, los elementos del proyecto de ley relativos a la protección se trataron por separado en la Ley de Protección Internacional de ese año, pero no se ha avanzado en lo que respecta a los elementos restantes hasta la fecha.

156.Se están realizando mejoras en el alojamiento para los solicitantes de protección internacional. Se exigió que todas las construcciones elegidas cumplieran las normas nacionales relativas a los centros de alojamiento. Cerca del 77 % de los centros de alojamiento ofrece acceso a servicios de autoservicio y espacios familiares.

157.Junto con la Dirección de Información y Calidad de los Servicios de Salud, se está examinando el cometido de controlar los servicios ofrecidos a las personas que se alojan en esos centros. La inspección de los centros no se interrumpió durante la pandemia; todos los centros tuvieron al menos una inspección en 2020. El Servicio de Alojamiento de Protección Internacional está efectuando un proceso piloto de evaluación de la vulnerabilidad que determinará si los solicitantes tienen necesidades de acogida especiales y cómo satisfacerlas.

158.El Servicio de Alojamiento y la Dirección de Servicios de Salud han aplicado medidas relativas a la COVID-19, que se implementaron por primera vez en marzo de 2020. Entre esas medidas se encuentran las siguientes:

Creación de instalaciones de autoaislamiento.

Aumento de la capacidad para facilitar el distanciamiento físico.

Mejores regímenes de limpieza y provisión de equipos de protección personal.

Comunicaciones periódicas sobre asesoramiento en materia de salud pública.

Protección en entornos cerrados de todos los residentes mayores de 65 años o vulnerables por razones de salud.

Creación de un programa de alojamiento temporal para el personal sanitario.

Creación de instalaciones de cuarentena para los solicitantes de protección internacional que ingresen o reingresen a los centros de alojamiento.

159.Desde comienzos de 2020, se proveyeron más de 1.550 plazas. Más de 600 residentes fueron reasignados para permitir el distanciamiento físico y las medidas de protección en entornos cerrados. No se admite que más de tres personas compartan habitación. Esta política continuará vigente cuando termine la crisis de la COVID-19.

160.En septiembre de 2020 se llevó a cabo un programa de pruebas de diagnóstico de COVID-19 para proteger a los residentes y al personal de todos los centros de alojamiento. Las pruebas en serie en cada centro, incluidos los dos centros de Kildare, se efectuaron cuando las autoridades sanitarias lo consideraron necesario.

161.Los residentes que dan positivo son sacados voluntariamente del centro para que puedan autoaislarse, junto con las personas con las que han mantenido contactos estrechos, hasta que puedan volver en condiciones de seguridad.

Libertad de conciencia y de creencias religiosas (arts. 2, 18 y 26)

Respuesta al párrafo 20 a)

162.La Ley de Educación (Admisión a la Escuela) de 2018 tiene el objetivo de establecer un enfoque equitativo en las políticas de admisión de todas las escuelas primarias y posprimarias.

163.La ley garantiza que las escuelas que no tengan un número excesivo de alumnos inscritos y que tengan plazas disponibles admitan a todos los alumnos que se postulen. Las escuelas deben indicar, en su política de admisión, que no discriminarán por ninguno de los motivos enunciados en la Ley de Igualdad de la Condición Jurídica de 2000.

164.El Gobierno se ha fijado el objetivo de contar con 400 escuelas pluriconfesionales o aconfesionales en el sistema de enseñanza primaria para 2030. En febrero de 2021 ya se contabilizaron 159 escuelas primarias pluriconfesionales y 359 escuelas posprimarias pluriconfesionales o aconfesionales.

Respuesta al párrafo 20 b)

165.Los artículos 12, párrafo 8; 31, párrafo 4; y 35, párrafo 5, apartado 1, de la Constitución exigen que el presidente, los jueces y los miembros del Consejo de Estado presten un juramento religioso al asumir el cargo.

166.El Gobierno aprobó el examen de una modificación a esta norma en 2012 y la cuestión se remitió a la Convención Constitucional.

167.Entre 2013 y 2014, el 27 % de todas las iniciativas públicas sometidas a la Convención Constitucional contenían recomendaciones basadas en la secularización de la Constitución.

168.Tras la Convención, el 35º proyecto de enmienda de la Constitución sobre la separación de la Iglesia y el Estado de 2017 contemplaba la eliminación del requisito de firmar un juramento religioso, pero el proyecto caducó con la disolución del Oireachtas en 2020.

Respuesta al párrafo 20 c)

169.Mediante la Ley de Igualdad (Disposiciones Varias) de 2015, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, se introdujeron determinados cambios relativos a la eliminación de la discriminación por motivos concretos en algunos empleos, en particular en las instituciones educativas o sanitarias sufragadas, en todo o en parte, con fondos provenientes del Oireachtas, gracias a la modificación del artículo 37 de la Ley de Igualdad en el Empleo de 1998.

170.El fin de la modificación es proteger a los empleados contra la discriminación sin dejar de respetar las libertades religiosas garantizadas en la Constitución.

171.En el artículo 37 modificado se impone una mayor carga de la prueba a los empleadores concernidos. Se los obliga a demostrar que el trato favorable hacia un empleado o aspirante se funda únicamente en la religión y que ese trato no constituye discriminación por ningún otro motivo.

172.Se entiende que un trato favorable por motivos de religión será discriminatorio excepto si, por la naturaleza de las actividades de la institución, la religión del empleado o aspirante constituye un requisito genuino, legítimo y justificado para el desempeño de sus funciones teniendo en cuenta el espíritu de la institución, el hecho de que las medidas tomadas en perjuicio de una persona deben estar justificadas objetivamente haciendo mención de los fines de esa institución de proteger su espíritu religioso, y el hecho de que los medios para lograr esos fines deben ser apropiados y necesarios.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación (arts. 2, 19, 21 y 22)

Respuesta al párrafo 21

173.El Gobierno emprenderá este año una revisión de los mecanismos de censura, lo cual comprende la Ley de 1929.

Respuesta al párrafo 22 a)

174.La Ley de Justicia Penal (Orden Público) de 1994 no tipifica como delito la reunión pacífica con fines de protesta. En cambio, sí tipifica delitos relacionados con las conductas violentas, disruptivas o llevadas a cabo bajo los efectos de alguna sustancia en los espacios públicos. Todas las facultades otorgadas a la An Garda Síochána en virtud de esa Ley están vinculadas con la comisión de esos delitos y diseñadas para proteger los derechos del público en general.

Respuesta al párrafo 22 b)

175.La Ley de Servicios de Seguridad Privada no establece prerrogativas en materia de aplicación de la Ley. Todavía no se ha aprobado un proyecto de ley que permita a la Autoridad de la Seguridad Privada regular las actividades del personal de ese sector que colabora con quienes ejecutan los mandamientos judiciales dentro del alcance de las atribuciones de la Autoridad. El proyecto de ley contiene modificaciones a la Ley de Servicios de Seguridad Privada de 2004 y a la Ley de Ejecución de Mandamientos Judiciales de 1926, principalmente para permitir que se incluya la función de “agente de ejecución de mandamientos” en la lista de servicios de seguridad privada para los que la Autoridad puede otorgar licencias en virtud de la Ley de 2004.

176.El uso de las leyes sobre el orden público para controlar las protestas es una decisión operativa del Comisionado de la An Garda Síochána. Estas leyes se aplican en caso disturbios violentos de forma moderada. El uso de las facultades que conceden estas leyes es proporcional a los incidentes y está sujeto al sistema de contrapoderes institucionales que puede ejercer el Ministerio Público.

Respuesta al párrafo 22 c)

177.El artículo 40, párrafo 6, apartado 1, de la Constitución garantiza el derecho de las personas a formar asociaciones y sindicatos. En el artículo 40, párrafo 6, apartado 2, se especifica que las leyes que rigen ese derecho no pueden contener cláusulas discriminatorias.

178.La Ley de Relaciones Laborales (Enmienda) de 2015 establece un mecanismo mediante el que se puede evaluar la equidad de las condiciones laborales de los trabajadores respecto de los empleos para los que no se lleva a cabo la negociación colectiva. La legislación garantiza que se mantenga el sistema voluntario de relaciones de trabajo de Irlanda, pero ese mecanismo contempla la posibilidad de que el empleador decida no negociar colectivamente, sea con un sindicato o con un “órgano exento” interno, y cuando el número de empleados en cuyo nombre se trate el asunto no sea insignificante.

179.La Ley de Relaciones Laborales (Enmienda) de 2001 ha sido corregida para garantizar que exista un marco que permita a los sindicatos disponer la evaluación de la remuneración y las condiciones laborales de sus afiliados en un puesto determinado en comparación con los puestos pertinentes y, de ser necesario, hacer que las fije el Tribunal Laboral. Esto asegura que, si el empleador participa de negociaciones colectivas con un “órgano exento” interno, en lugar de con un sindicato, el órgano sea independiente del empleador a criterio del Tribunal Laboral.

180.Con la aprobación de un Código de Prácticas sobre la Victimización, de carácter vinculante, en octubre de 2015, se prohibió de forma expresa que los empleadores utilicen incentivos diseñados específicamente para que el personal renuncie a la representación colectiva ejercida por los sindicatos.

Derecho a la vida privada (art. 17)

Respuesta al párrafo 23 a)

181.Incumbe a la Comisión de Protección de Datos defender el derecho fundamental de las personas a que sus datos personales estén protegidos. Supervisa la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y desempeña funciones relacionadas con otros marcos regulatorios, incluido el Reglamento de Privacidad Electrónica de Irlanda (2011) y la Directiva relativa a la Protección de Datos por las Fuerzas de Seguridad de la Unión Europea. Las atribuciones de la Comisión se establecen en la Ley de Protección de Datos de 2018.

182.La tarjeta de servicios públicos es un medio de acreditación de la identidad emitido por el Departamento de Protección Social que confirma que las personas autenticaron sustancialmente su identidad. Este proceso de autenticación incrementa la protección de los datos personales y la privacidad de las personas garantizando que nadie más pueda asumir su identidad, con lo que contribuye al propósito del artículo 17.

183.En la Ley de Consolidación de la Asistencia Social de 2005 se desarrolla el proceso necesario para autenticar la identidad de manera sustancial. Se puede pedir a los interesados que asistan a una entrevista en una oficina del Departamento de Protección Social y proporcionen la prueba documental necesaria a los fines de acreditar su identidad, y también se les puede pedir que acepten ser fotografiados y faciliten una muestra de su firma.

184.Cada fotografía que se toma se compara con otras fotografías presentadas para garantizar que solo hay una persona que está utilizando una misma identidad. De ese modo, la identidad de las personas queda protegida, así como también el acceso a sus datos, de conformidad con el artículo 17.

185.La tarjeta de servicios públicos solo se puede presentar como prueba de identidad ante un número reducido de organismos públicos que se mencionan en la Ley de Consolidación de la Asistencia Social. Ninguna organización privada, ni ningún organismo público que no figure en la lista puede utilizarla o solicitarla. Los organismos especificados en la ley no están obligados a solicitar la tarjeta; pueden decidir si utilizan ese único método o si utilizan un método alternativo de verificación de la identidad.

186.La información que se recoge se limita a los 12 elementos especificados en la ley (por ejemplo, el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento, la dirección, la nacionalidad, la firma y la fotografía). Los datos se almacenan en centros de almacenamiento seguros, de propiedad del Estado y administrados por este. El Departamento de Protección Social se encarga del control de esa información. Sus operaciones de procesamiento de datos cumplen plenamente el RGPD y la legislación nacional, y son totalmente compatibles con el artículo 17.

Respuesta al párrafo 23 b)

187.La Ley de Consolidación de la Asistencia Social dispone que las personas deben autenticar su identidad para que el Departamento de Protección Social les pueda emitir su número personal para los servicios públicos (PPSN), recibir el pago de las prestaciones sociales o disponer de una tarjeta de servicios públicos.

188.Queda a discreción de cada organismo público enumerado en la ley decidir si las personas deben acreditar su identidad de este modo concreto para poder acceder a sus servicios. Aunque en la ley faculta a estos organismos para exigir la tarjeta, la mayoría de ellos siguen brindando opciones alternativas para que las personas demuestren su identidad.

Respuesta al párrafo 23 c)

189.En 2017, la Comisión de Protección de Datos empezó a investigar el procesamiento de datos que lleva a cabo el Departamento de Protección Social con respecto al proceso de registro seguro SAFE para la obtención de la tarjeta de servicios públicos. En agosto de 2019, la Comisión envió el informe final de su investigación al Departamento y, en diciembre del mismo año, se le emitió una notificación de ejecución.

190.La Comisión concluyó que el procesamiento de datos personales para autenticar la identidad de las personas a fin de que accedieran a los servicios que brindaba el propio Departamento era lícito, pero que no lo era cuando las personas adquirían la tarjeta de servicios públicos únicamente para usarla para acceder a los servicios de los otros organismos públicos enumerados. También concluyó que el Departamento no tenía derecho a retener por tiempo indefinido la documentación ni la información aportadas para acreditar la identidad, y que la información que se facilitaba a los usuarios respecto del proceso SAFE para la obtención de la tarjeta no satisfacía los requisitos de transparencia.

191.Habiendo examinado rigurosamente el informe de la Comisión y recibido asesoramiento jurídico de la Fiscalía General, el Departamento de Protección Social considera que se cumplen adecuadamente las siguientes condiciones:

El procesamiento de datos personales para la autenticación de la identidad es lícito cuando las personas desean adquirir una tarjeta de servicios públicos para utilizarla ante otro organismo público especificado.

El Departamento de Protección Social tiene derecho a conservar los datos obtenidos para el proceso de registro SAFE.

La información recogida y conservada es razonable respecto del propósito de acreditar la identidad.

La información facilitada satisface los requisitos de transparencia.

192.El Departamento ha interpuesto un recurso de apelación de la notificación de ejecución, que actualmente está en trámite ante los tribunales irlandeses.

193.La Comisión de Protección de Datos ha recibido denuncias relativas a las subastas en tiempo real (Real-Time Bidding) y también está realizando actualmente una investigación obligatoria por ley en relación con ese tema. Esa investigación comenzó en mayo de 2019, luego de que la Comisión recibiera, en septiembre de 2018, comunicaciones en las que se expresaban preocupaciones sobre el sector de la publicidad conductual en línea y, en particular, sobre el sistema de compradores autorizados de Google. La Comisión también se está ocupando de estas preocupaciones, expresadas en 2018, como denuncia en relación con el artículo 107 de la Ley de 2018 y el artículo 77 del RGPD. La Comisión ha recibido además denuncias reenviadas por autoridades de otros Estados miembros. En vista de los puntos en común entre las denuncias recibidas hasta la fecha por la Comisión y la investigación, la Comisión está avanzando en la investigación primero, ya que de sus conclusiones orientarán los resultados de las denuncias.

194.La Comisión está recabando toda la información necesaria para evaluar estas cuestiones y está examinando las comunicaciones que recibió para determinar los problemas pendientes que Google debe abordar. La Comisión considera que dispondrá de suficiente información para pasar a la siguiente etapa de la investigación.

195.Dado que la investigación está en curso, la Comisión no puede formular comentarios sobre el cumplimiento por parte de Google de los aspectos del RGPD que están siendo examinados, ni tampoco sería adecuado que expresara su opinión sobre la compatibilidad del proceso de subastas en tiempo real con el artículo 17 del Pacto.

Participación en los asuntos públicos (arts. 7, 14, 25 y 26)

Respuesta al párrafo 24

196.En diciembre de 2020, el Gobierno aprobó la redacción de un proyecto de ley de reforma electoral. El anteproyecto de ley incluía la creación de una comisión electoral independiente para fines de 2021.

197.Esa comisión reportará al Oireachtas. Algunas de sus funciones serán:

Implementar políticas para fomentar la conciencia pública y aumentar la participación de los votantes en los comicios y referendos.

Elaborar y mantener un registro de partidos políticos.

Redactar informes que orientarán la revisión de los distritos electorales para las elecciones de los miembros del Oireachtas y el Parlamento Europeo.

Realizar estudios relacionados con las políticas y los procedimientos electorales, y asesorar al Oireachtas y al Ministro de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio.

Supervisar el padrón electoral.

Regular la publicidad política en línea en período electoral.

198.La Comisión tendrá otras funciones, incluida la supervisión de los comicios y otros cometidos que actualmente desempeña la Comisión de Normas relativas a la Función Pública, relacionados con la financiación de la política y los gastos de las elecciones.