[12 de enero de 2009]

GE.09-40273 (S) 060209 100209

Marco constitucional y jurídico de aplicación del Pacto (artículos 1 y 2)

Pregunta 1*

1.Desde que el Chad conquistara su actual soberanía nacional e internacional, el principio de reconocimiento de los derechos de los pueblos ha sido una constante de su política en ambos planos. En su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas y en virtud de sus obligaciones internacionales, el Chad ratificó libremente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("el Pacto") el 9 de junio de 1995. Por consiguiente, no sólo ha integrado las disposiciones del Pacto a la legislación nacional, particularmente en el preámbulo de la Constitución de 31 de marzo de 1996, enmendada en 2005, sino que también le ha reconocido un valor superior al de la legislación nacional. Por ejemplo, en el artículo 221 de la Constitución se estipula que "los tratados o acuerdos ratificados regularmente tienen, a partir de su publicación, una autoridad superior a la de las leyes nacionales, en cada caso con sujeción a la observancia del acuerdo o tratado pertinente por las demás partes".

2.Los ciudadanos pueden acogerse a las disposiciones del Pacto de igual manera que a todas las demás convenciones ratificadas regularmente por el Chad. En este contexto, cabe citar, por ejemplo, el fallo Nº 026/CS/CA/SC, de 15 de diciembre de 2002, relativo a un nacional de la República Islámica del Irán refugiado en el Chad durante 20 años y que, debido a sus actividades de carácter social (creación de una radio comunitaria) fue objeto de una orden de expulsión del Ministerio del Interior. Una asociación de abogados presentó un recurso a la sala administrativa de la Corte Suprema, que mediante ese fallo declaró nula la decisión del Ministerio por considerar que transgredía la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ratificada por el Chad.

Pregunta 2

3.La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada en 1994 en virtud de la Ley Nº 031/PR/94 de 9 de septiembre de 1994. La institución forma parte del Ministerio del Interior; tiene amplias funciones y está facultada para lo siguiente:

a)Presentar recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluidos la condición de la mujer, y los derechos del niño y de las personas con discapacidad;

b)Prestar asistencia al Gobierno y a las demás instituciones nacionales sobre todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el Chad;

c)Participar en la revisión de la legislación vigente y en la formulación de nuevas normas, de conformidad con la Carta de Derechos Humanos y Libertades adoptada por la Conferencia Nacional Soberana y los instrumentos regionales e internacionales pertinentes, con miras al desarrollo del estado de derecho y el refuerzo de la democracia;

d)Realizar investigaciones y estudios, publicar textos y dar asesoramiento al Gobierno en todas las materias relacionadas con los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la ratificación y la aplicación de los instrumentos internacionales y las prácticas vigentes.

4.En cuanto a las medidas destinadas a garantizar la independencia de la Comisión Nacional, cabe señalar lo siguiente:

a)La Comisión fue creada en virtud de una ley;

b)Es una institución de carácter paritario, cuyos integrantes provienen por partes iguales de los poderes públicos y la sociedad civil;

c)Es una institución autónoma en lo que respecta a los temas que examina sin aplicar selectividad y por iniciativa propia;

d)Goza de total independencia con respecto a recomendaciones al Gobierno y que se ocupa de difundir a la opinión pública;

e)Responde a solicitudes de todas las personas que consideren ser víctimas de una violación de los derechos humanos.

5.Pese a lo anterior, su independencia funcional en el contexto de los Principios de París está limitada por el hecho de no disponer de un presupuesto propio. La falta de autonomía financiera es el motivo por el cual no ha sido reconocida como entidad consultiva de categoría A.

Derecho a circular libremente (artículo s 2 y 12)

Pregunta 3

6.La libertad de circulación está consagrada en el artículo 44 de la Constitución, en el que se dispone que "todos los chadianos tienen derecho a circular libremente dentro del territorio nacional, de abandonarlo y de reingresar". No se exige ningún documento para viajar de una ciudad a otra, a diferencia de lo que ocurría en los años ochenta, período en que se exigía un laissez-passer. El Gobierno ha hecho retirar las barreras y los puestos de control policial y de gendarmería instalados en todos los caminos del Chad y sólo se ven puestos a la entrada y la salida de las grandes ciudades, cuyo propósito es velar por la seguridad y la asistencia en caso de accidentes.

7.Sin embargo, por orden judicial se pueden imponer restricciones a modo de pena complementaria (prohibición de acudir a determinados lugares) o por razones de seguridad nacional y mantenimiento del orden público (en caso de circunstancias excepcionales). Según el artículo 15 de la Constitución, los extranjeros que hayan ingresado legalmente al Chad gozan de los mismos derechos y libertades que los nacionales, y tienen la obligación de respetar las leyes nacionales, pero un extranjero puede ser expulsado del territorio en virtud de una medida administrativa en caso de ingreso al territorio sin autorización previa de las autoridades.

8.Con posterioridad a los conflictos registrados en Darfur en 2003, el Chad se ha visto enfrentado al ingreso de refugiados sudaneses en el este del país. En 2005 había 220.000 refugiados provenientes de Darfur, un 60% de los cuales eran menores de 18 años. El Gobierno del Chad acoge a esos refugiados con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en ese campo. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron en 2005 un protocolo de entendimiento sobre el seguimiento de los niños sudaneses separados y no acompañados que se encontraban en el Chad.

9.Se determinó la existencia de 437 niños separados y 104 niños sudaneses no acompañados, que fueron acogidos. Mediante un decreto de fecha 31 de diciembre de 1996, el Gobierno creó asimismo la Comisión Nacional de Acogida de los Refugiados. En el mismo decreto se dispone la creación de la subcomisión de selección, encargada de otorgar la condición de refugiado en términos individuales, de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la convención de la Organización de la Unidad Africana aplicable a la situación de los refugiados en África. Los niños interesados en ser acogidos como refugiados reciben la protección y la asistencia humanitaria previstas en esos instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el Chad. Esta protección y esta asistencia humanitaria se extienden a los refugiados y a sus hijos en relación con el ejercicio de sus derechos civiles y sus derechos económicos, sociales y culturales.

10.Se determinó que en la región de Dar Sila había 50.000 desplazados internos cuya situación se debía a conflictos entre comunidades, las incursiones de los djandjawids y ataques de los rebeldes; de ese total, 1.981 eran niños en edad escolar y había 136 niños separados de sus padres. Los desplazados recibieron protección y asistencia de organismos de las Naciones Unidas, el Gobierno del Chad y asociaciones nacionales de defensa de los derechos humanos.

11.En 2005 había alrededor de 7.500 niños que asistían a la escuela (educación primaria y preescolar) en el este del país. Se habían construido unas 360 aulas y se estaban construyendo otras 135. Los niños también cuentan con servicios sociales básicos y de higiene. Los trabajadores sociales y el personal encargado de la asistencia humanitaria han recibido formación sobre técnicas de escucha y orientación, derecho humanitario y derechos de los niños en general. También se han desarrollado actividades lúdicas que ayudan a los niños a superar sus traumatismos.

12.Con el fin de velar por la seguridad y por una mejor asistencia, el Gobierno del Chad ha desplegado sus fuerzas de seguridad en los campos de refugiados y sus alrededores, con apoyo de la comunidad internacional. En el este del país se está iniciando un proyecto de rehabilitación precoz que permitirá a los refugiados y los desplazados hacerse cargo de su situación.

Igualdad de derechos entre hombre s y mujer es y prohibición de la discriminación (artículos 2, 3 y 26)

Pregunta 4

13.En la Constitución de 1996, el texto jurídico de mayor importancia, se condena la discriminación en todas sus formas (art. 14) y se declara la voluntad del pueblo chadiano de respetar la diversidad étnica, religiosa, regional, social y cultural. De hecho, no hay ninguna norma jurídica en la que se haga una distinción entre los derechos de los hombres y las mujeres: todos gozan de los mismos derechos y son iguales ante la ley (artículo 13 de la Constitución).

14.En materia de educación, actualmente se exige la misma escolarización a las niñas y los niños. El escasísimo número de niñas escolarizadas en comparación con los niños obedece esencialmente a barreras socioculturales, pero la mentalidad está evolucionando y los chadianos reconocen cada vez más la importancia de la asistencia escolar de las niñas. El Gobierno ha realizado campañas de gran envergadura y adoptado estrategias destinadas a fomentar la escolarización de las niñas y su permanencia en la escuela.

15.Esta perspectiva es la que sirvió de base a la creación de la División de Fomento de la Escolarización de las Niñas dentro del Ministerio de Educación, que tiene el mandato de aplicar la política gubernamental en ese ámbito. Se han tomado medidas destinadas a ofrecer enseñanza pública gratuita, con el propósito de poner fin al rezago acumulado a lo largo de los años y que ha limitado la tasa de escolarización de las niñas chadianas. En el párrafo 1 del artículo 35 de la Constitución se dispone que "todo ciudadano tiene derecho a recibir instrucción".

16.Con respecto al empleo, en el artículo 31 de la Constitución se estipula que "se garantiza el acceso a los empleos públicos a todos los chadianos sin discriminación alguna, siempre que cumplan las condiciones propias de cada cargo".

17.En virtud del artículo 32 "se reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo" y en el párrafo 3 del mismo artículo se indica que "nadie podrá ser dejado sin trabajo a causa de su origen, sus opiniones, sus creencias, su sexo o su situación matrimonial". Para poner fin a las prácticas discriminatorias de las mujeres y los niños, el Chad ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En el marco de la Semana Nacional de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer, todos los años se celebran jornadas de reflexión y sensibilización sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres. Con ese mismo espíritu de promoción de los derechos de la mujer, se está elaborando un proyecto de código de la familia y se han creado varias instituciones, entre otras el Ministerio de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Dirección de Promoción de la Mujer y el Ministerio de Acción Social y Solidaridad Nacional; asimismo, se han tomado medidas de liberalización en este campo.

18.Con respecto al secuestro de niños, en el artículo 286 del Código Penal se dispone que "los autores de secuestros, ocultación y eliminación de niños con fines de distorsión de su condición civil serán condenados a trabajos forzados". Un ejemplo de esa situación es el caso de "Arca de Zoé", una organización no gubernamental francesa que, con el pretexto de rescatar a niños sudaneses, intentó apoderarse ilegalmente de 103 niños chadianos en Abéché (este del Chad).

19.La sustitución de niños también está penalizada y los culpables de sustitución de un niño por otro o de atribución de un niño a una mujer que no es su madre son condenados con penas de dos a diez años de cárcel, a los que pueden sumarse las penas previstas por engaño (art. 287). Si se determina que el niño no está vivo ni es viable, se impondrá una pena de seis meses a cinco años de cárcel.

20.El secuestro y la usurpación de menores de 15 años sin fraude ni violencia entrañan una condena de dos a cinco años de cárcel y una multa de 5.000 a 100.000 francos. Sin embargo, la ley supedita el enjuiciamiento y la condena del autor de un secuestro que se haya casado con la víctima a la interposición de una demanda presentada por quienes tengan derecho a exigir la anulación sólo en caso de que dicha anulación haya sido decretada (artículo 289 del Código Penal).

21.En los pueblos y en el campo no se plantea la cuestión del derecho a la tierra, pero la situación va evolucionando incluso en el medio rural. El número de mujeres dueñas de huertos va en constante aumento y también tienen acceso a tierras cuya superficie varía exclusivamente en función de su capacidad de hacerlas producir.

Pregunta 5

22.La cultura de la violencia, producto de muchas décadas de guerra, también ha afectado a las familias, por lo que se registran numerosos casos de violencia doméstica y familiar contra niños y mujeres. Los autores de esos actos reciben severos castigos cuando el caso se informa a las autoridades judiciales. Asimismo, algunas asociaciones civiles como la Asociación de Mujeres Juristas del Chad y las oficinas de educación e información de las asociaciones de mujeres han hecho grandes esfuerzos para prestar servicios a través de "clínicas jurídicas" que son verdaderos centros de información, educación y sensibilización sobre los derechos de la mujer. Sin embargo, cabe señalar que en muchos casos los padres y las víctimas disimulan los casos de violencia para no poner en peligro la unidad familiar, lo que dificulta la adopción de medidas para evitarlas. No se dispone de datos estadísticos sobre la materia.

23.En todos los casos el Gobierno presta particular atención a estos problemas y ha tomado medidas de prevención y eliminación de la violencia, en particular de la violencia sexual contra las mujeres. De hecho, el Gobierno promulgó la Ley Nº 06/PR/2002 sobre la promoción de la salud reproductiva, en virtud de la cual se prohíben todas las formas de violencia, incluidas la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y la violencia doméstica y sexual.

Estado de excepción (artículo 4)

Pregunta 6

24.La Constitución del Chad reconoce a los ciudadanos todos los derechos civiles y políticos vigentes, pero también restringe una serie de derechos en caso de instauración del estado de excepción. Se trata concretamente de las reuniones públicas, la libertad de prensa y la circulación de personas y bienes. Estas medidas restrictivas de los derechos y las derogaciones de derechos están previstas en el artículo 87 de la Constitución, según el cual se las considera medidas excepcionales exigidas por las circunstancias que pueden adoptarse "cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad del territorio o el cumplimiento de los compromisos internacionales se ven seria y urgentemente amenazados y el funcionamiento regular de los poderes públicos se ve interrumpido". La adopción de las medidas pertinentes es una facultad del Presidente de la República, que las adopta en Consejo de Ministros y luego de consultar al Presidente de la Asamblea Nacional y al Presidente del Consejo Constitucional. El estado de excepción tiene una duración máxima de 15 días y puede renovarse una sola vez, previa consulta a la Asamblea Nacional. Asimismo, sólo puede prorrogarse con el consentimiento de la Asamblea. El Presidente de la República informa de la imposición del estado de excepción en un mensaje a la nación. Las medidas que se tomen en este contexto se consideran actos de Gobierno y, por lo tanto, no están sujetas a impugnación por abuso de poder. De todos modos, los ciudadanos que sean víctimas de violación de sus derechos pueden recurrir a los tribunales civiles para solicitar reparación.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y tratamiento de las personas privadas de libertad (artículos 6 , 7 y 10)

Pregunta 7

25.Los textos fundamentales de la República del Chad garantizan la protección de los derechos de la familia y el individuo. Según el artículo 17 de la Constitución, "el ser humano es sagrado e inviolable. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad, y a la protección de su vida privada y de sus bienes". En el artículo 18 se dispone que "nadie puede ser sometido a malos tratos o a trato degradante y humillante, ni a tortura". El Chad ha ratificado prácticamente todas las convenciones y todos los tratados sobre derechos humanos.

26.Sin embargo, cabe señalar que el Chad no ha ratificado todavía el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Por lo tanto, y en vista de la notable inseguridad existente y la necesidad de que el Gobierno refuerce la protección de sus ciudadanos y sus bienes, el Tribunal Penal detuvo y condenó a muerte a cuatro personas por el asesinato de un empresario sudanés. De todos modos, se reconoció el derecho a juicio justo de los acusados, que fueron ejecutados los días 6 y 9 de noviembre de 2003. Consecuentemente, se designó de oficio a varios abogados, los condenados tuvieron derecho a hacer uso de la palabra y el juicio fue público, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal. Los ejecutados solicitaron el perdón presidencial, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución, pero éste les fue denegado.

27.Los delitos que se castigan con la pena de muerte son el asesinato; el parricidio; el envenenamiento; los atentados contra la vida de un ser humano, el orden constitucional y la seguridad del territorio nacional; y el atentado contra la vida de un jefe de Estado, de un miembro del Gobierno o de un integrante de la Asamblea Nacional, entre otros.

Pregunta 8

28.A partir de su independencia, el Chad se ha visto envuelto en un círculo de violencia, guerra civil, rebeliones armadas y ataques externos cuyas secuelas siguen haciéndose muy presentes en los ánimos y el comportamiento. Los conflictos han facilitado el tráfico de armas de fuego, actualmente en posesión de delincuentes que organizan ataques contra la población. El Gobierno, interesado en velar por la seguridad de los ciudadanos, ha desplegado una red de seguridad en la frontera y autorizó el despliegue de un destacamento integrado por fuerzas de defensa y seguridad en las regiones afectadas. El destacamento recibe apoyo de efectivos de las Fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Europea y de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad. Además, el Gobierno acaba de crear una comisión nacional de desarme cuyo objetivo es poner fin a la proliferación de armamentos.

Pregunta 9

29.Con posterioridad a los hechos ocurridos los días 2 y 3 de febrero de 2008 en Yamena, que dieron origen a graves violaciones de los derechos humanos, el Gobierno del Chad creó una comisión nacional de investigación integrada por representantes de los poderes públicos, la sociedad civil, confesiones religiones y representantes de instituciones extranjeras que actúan como observadores. Después de una investigación de varios meses, la comisión presentó un informe al Gobierno que incluye recomendaciones. De acuerdo a lo recomendado, el Gobierno creó un comité de seguimiento integrado por algunos de sus miembros; a su vez, éste creó un subcomité técnico, cuya principal función consiste en presentar respuestas concretas al Gobierno para la aplicación de las recomendaciones. En cuanto a las medidas concretas adoptadas, se presentó una demanda contra N. N. para juzgar a los posibles culpables de exacción. El subcomité también propuso la prestación de asistencia financiera y psicológica.

Pregunta 10

30.En cuanto a las prácticas tradicionales contrarias al Pacto, el Gobierno ha tomado medidas destinadas en particular a prevenir y poner fin a la violencia sexual contra las mujeres. Una de ellas ha sido la promulgación de la Ley Nº 06/PR/2002 sobre la promoción de la salud reproductiva, en virtud de la cual se prohíben todas las formas de violencia, concretamente la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, y la violencia doméstica y sexual. La práctica de la poligamia deberá regirse por el código de la familia actualmente en proceso de adopción.

Pregunta 11

31.En el Chad la tortura no está individualizada como delito y sólo es considerada circunstancia agravante. Por lo tanto, la víctima de un delito que haya sido sometido a tortura puede presentar una demanda civil invocando las disposiciones del artículo 6 del Código de Procedimiento Civil del Chad. Las víctimas también pueden acogerse a las disposiciones sobre reparación contenidas en el artículo 1382 del Código Civil de Francia, vigente en el país. Asimismo, pueden invocar las disposiciones de los artículos 252 y 253 del Código Penal sobre daños corporales graves.

32.La determinación del Gobierno del Chad de respetar y proteger a los ciudadanos en este ámbito se tradujo en la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 9 de junio de 1995 y la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1994. Asimismo, se están tomando medidas de armonización de la legislación, que podrían conducir a la adopción de la Convención contra la Tortura en el futuro cercano. Por otra parte, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal del Chad datan de 1967 y deberían ser objeto de una reforma, a fin de incorporar en ellos nuevas formas de delito.

33.Las disposiciones del Código Penal permiten juzgar a los funcionarios del sistema judicial culpables de maltrato de los detenidos. Las víctimas de malos tratos durante el Gobierno del ex Presidente Habré presentaron una demanda civil ante el juez superior de instrucción en lo que se podría denominar "caso Habré y cómplices". Este procedimiento permitió iniciar una acción judicial en el Chad y en el Senegal.

Pregunta 12

34.La detención es una forma de privación de libertad cuyas condiciones se describen en los textos jurídicos fundamentales del Chad. De hecho, el trato de las personas privadas de libertad previsto en la legislación del Chad debe regirse por el artículo 10 del Pacto, ya sea que el caso corresponda a la policía, a la gendarmería, a un tribunal o a la administración penitenciaria.

35.En cuanto al principio de separación de los acusados y condenados, en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal del Chad se dispone que "la detención preventiva debe cumplirse en prisión, en celdas separadas de los condenados". Por consiguiente, se envía a los detenidos a establecimientos penitenciarios, cuyo funcionamiento se rige por el Decreto Nº 371/177/CSM/MJ, de 9 de noviembre de 1977, y que están bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia. Debido a la falta de estructuras adecuadas, en las cárceles los condenados no están separados de los detenidos ni los menores de los mayores.

36.La detención policial está reglamentada por el Código de Procedimiento Penal, en cuyo artículo 221 se indica que "un funcionario policial no puede retener a una persona y dejarla a su disposición para los fines de la investigación preliminar por un plazo superior a 48 horas. Una vez transcurrido ese plazo, la persona debe ser puesta en libertad o remitida a un tribunal. Un magistrado del ministerio público puede autorizar la prolongación de la detención policial preventiva por 48 horas más si lo considera indispensable para el adecuado desarrollo de la investigación. La autorización debe extenderse por escrito después de que el magistrado se haya asegurado, de preferencia personalmente, de que la persona no ha sido víctima de ningún abuso. En la práctica no se han respetado los límites mencionados y es común la retención de ciudadanos por un plazo superior a los límites legales, tanto en establecimientos policiales como de gendarmería. Los funcionarios de la policía judicial se refieren a la obsolescencia y la insuficiencia de los medios de que disponen para justificar esas irregularidades.

37.En el marco de la reforma del sistema judicial, se están adoptando medidas destinadas, entre otras cosas, a la construcción de centros de detención modernos, la creación de un cuerpo de guardia especial para las cárceles, la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales, la formación de funcionarios de la policía judicial y la provisión de medios adecuados de trabajo.

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso, derecho al reconocimiento de la propia personalidad jurídica y protección especial del niño (artículos 8, 16 y 24)

Pregunta 13

38.En el artículo 20 de la Constitución se indica que "nadie puede ser sometido a esclavitud ni a servidumbre" y en el artículo 5 de la Ley Nº 038 de 11 de diciembre de 1996, que contiene el Código de Trabajo, se estipula que "se prohíbe el trabajo forzado u obligatorio". Sin embargo, ciertas prácticas observadas en zonas rurales y urbanas se consideran formas modernas de esclavitud, por consistir en la explotación abusiva de trabajadores; en particular, se trata de niños de familias sedentarias para cuidar el ganado de pastores nómadas (niños pastores), de los mohajirim y de niños que son empleados domésticos.

39.En colaboración con sus asociados para el desarrollo y en consulta con las comunidades involucradas, el Gobierno está examinando diversos medios para eliminar este fenómeno social de crecientes proporciones pese a que tiene consecuencias nefastas para la vida y la salud de las víctimas. Con apoyo del UNICEF y la participación de todas las partes interesadas, en 2002 se desarrolló y comenzó a aplicar un plan integrado de difusión del trabajo que realizan los niños pastores. La estrategia pertinente se ha traducido en actividades de lucha contra este problema en las que han participado autoridades administrativas y religiosas. Entre los resultados logrados, cabe destacar la reducción del fenómeno en algunas zonas y, paralelamente, la recuperación de niños pastores y la reintegración a su familia. En los años 2004 y 2005 se recuperó a 264 niños, que se reintegraron a su familia.

40.En marzo de 2006 se creó una red de lucha contra el fenómeno de los niños pastores con apoyo del UNICEF, con el propósito de dar continuidad permanente a esas actividades. El fenómeno se ha tomado ampliamente en cuenta en la estrategia de lucha contra la pobreza. Cabe señalar que el Chad ha ratificado los convenios de la OIT en virtud de los cuales se prohíbe el trabajo forzado, en particular el Convenio Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930), el Convenio Nº 41 relativo al trabajo nocturno de las mujeres (1934) y el Convenio Nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso (1957).

41.En los textos jurídicos nacionales también se han tomado en consideración disposiciones de otros convenios de la OIT, concretamente del Convenio Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973), y el Convenio Nº 182 sobre la prohibición de los peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999), así como la Constitución de 31 de marzo de 1996 (arts. 20, 32, 35 y 38), y la Ley Nº 38, de 11 de diciembre de 1996, que contiene el Código de Trabajo (arts. 18, 52, 206, 208 y 210). El Decreto Nº 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS, de 8 de febrero de 1996, relativo al trabajo infantil, acaba de ser enmendado tomando en consideración las disposiciones del Convenio Nº 182 de la OIT.

42.El 7 de julio de 2006 el Chad firmó en Abuja (Nigeria) el acuerdo multilateral de cooperación regional y adoptó el plan de acción regional de lucha contra la trata de personas, en particular de las mujeres y los niños. Los objetivos del acuerdo son la prevención de la trata, el procesamiento de los responsables, la prestación de asistencia y protección a las víctimas, la rehabilitación y reinserción social de las víctimas y la coordinación de investigaciones, y la detención y condena de los traficantes y sus cómplices.

43.En el plan de acción se prevén numerosas medidas, incluida la prohibición de ingresar al país y la revocación de la visa a las personas buscadas por delitos relacionados con la trata de personas y el auxilio policial con fines de extradición de los cómplices.

Pregunta 14

44.El derecho a la vida es un principio que favorece a los niños. El principio se tomó en consideración en la redacción de la Ley Nº 07/PR/99, de 6 de abril de 1999, relativo a la acusación y el enjuiciamiento de las infracciones cometidas por menores de 13 a 18 años, que protege la dignidad y la persona del menor incluso cuando ha cometido una infracción. La ley prohíbe asimismo la imposición de la pena capital a los menores y dispone que en su caso la pena de cárcel debe considerarse una medida de último recurso. En la ley se contemplan medidas alternativas, aplicables especialmente a los fallos de las salas de menores en materia penal; en lugar de condenar a un menor a la pena capital, se le puede imponer una pena de cinco a diez años de cárcel.

45.La posible privación del derecho a residir en determinados lugares, mencionada en el texto, obliga al niño a residir fuera del lugar donde cometió la infracción durante el período estipulado en la decisión.

46.La privación del derecho a residir en determinados lugares se rige en el Chad por las disposiciones del Decreto Nº 46/PR/INT, de 18 de febrero de 1971, en el que se estipulan las condiciones de aplicación. En cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales, la normativa que rige la expulsión, la devolución y el internamiento administrativo se encuentra en la Ley Nº 14, de 14 de noviembre de 1959. Todos los menores que han cometido delitos tienen el mismo derecho a recibir asistencia jurídica.

Pregunta 15

47.Oficialmente está prohibido el reclutamiento de menores de 18 años en el ejército, pese a lo cual se ha constatado la presencia de niños en recintos militares y en los grupos armados. Lamentablemente, no se dispone de datos estadísticos. Algunos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales han organizado campañas de sensibilización para limitar el fenómeno y, en respuesta a las recomendaciones de las Naciones Unidas, se ha creado una asamblea que ofrece un foro de expresión a los niños. El Gobierno del Chad suscribió con el UNICEF un protocolo destinado a la reinserción en la vida activa de los niños reclutados por el ejército. El Chad también se comprometió a aplicar los Principios de París, en la conferencia "Liberemos a los niños de la guerra", celebrada en París los días 5 y 6 de febrero de 2007. Asimismo, cabe señalar que en las escuelas de gendarmería y de estudios policiales se está impartiendo formación sobre derecho humanitario internacional.

Pregunta 16

48.El Gobierno del Chad elaboró y adoptó una política de desarrollo integral de los niños pequeños en 2005, con el propósito de que para el año 2015 todos los niños de 0 a 8 años hayan sido inscritos en los registros de nacimiento; estén protegidos contra la violencia, la explotación y la discriminación; y gocen de buena salud y tengan un desarrollo armonioso en los planos físico, cognitivo, socioemocional y psicológico.

49.Con tal objeto se comenzó a ejecutar un proyecto de educación paterna en el marco del programa de cooperación entre el Chad y el UNICEF 2006-2010. Con respaldo del PNUD, de la Unión Europea y del UNICEF, se iniciaron asimismo un proyecto de modernización del registro civil y un proyecto de apoyo a su perfeccionamiento, con el fin de ampliar los registros de los hechos civiles.

50.En el siguiente cuadro se presenta información sobre las tasas de escolarización de las niñas en la enseñanza primaria.

Cuadro 1

Tasa de escolarización de las niñas en la enseñanza primaria

Años	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/01
Tasa bruta de escolarización
Niños	74,9	83	84,6	88,2	91,5	92,2
Niñas	39,7	46,2	50	54,6	58,9	63,2
Niños y niñas	57,5	64,8	67,4	71,6	75,4	80,5
Coeficiente niñas/niños	0,55	0,56	0,59	0,62	0,65	0,65
Tasa neta de escolarización
Niños	58,3	65,3	66,2	68,2	71,1	76,2
Niñas	33,1	38,8	42,4	44,7	48,5	52,5
Niños y niñas	45,8	51,1	54,5	56,6	59,9	64,5
Coeficiente niñas/niños	0,57	0,59	0,64	0,66	0,68	0,69

Fuente: Ministerio de Educación.

Pregunta 17

51.En el plano nacional, el Código Civil contiene el marco legal para las adopciones en el país, pero las adopciones internacionales siguen planteando problemas debido a que el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional aún no ha sido ratificado por el Chad. Este vacío jurídico impide una observación sistemática de la situación de los niños adoptados por extranjeros y los expone al riesgo de explotación, en un contexto en que la trata de niños es cada vez más común. En la práctica, hay muchos casos en que no se respeta el procedimiento de adopción. La práctica tradicional de adopción de niños mencionada por el comité encargado de la redacción de los informes periódicos acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño lamentablemente se ha ido intensificando, debido al número cada vez mayor de huérfanos y niños vulnerables a causa de la guerra y al VIH/SIDA, que son acogidos por familias al margen de la normativa jurídica.

Seguridad personal y derecho a no ser sometido a detención arbitraria (artículo 9)

Pregunta 18

52.Oficialmente, no existen centros de reclusión en secreto. El Código Penal impone la obligación de denunciar las detenciones ilegales en los siguientes términos: "Los funcionarios públicos encargados de la policía administrativa o judicial que omitan una queja en la que se deje constancia de detenciones ilegales o arbitrarias o no le den seguimiento, y que no demuestren haberlas denunciado a una autoridad superior, serán condenados a una pena de cárcel de un mes a un año y al pago de intereses".

53.Con ocasión de los disturbios de los días 2 y 3 de febrero de 2008, que provocaron una desestabilización de las instituciones públicas, se registraron unos pocos casos de detención en secreto, pero una vez que el funcionamiento de las instituciones volvió a la normalidad ha vuelto a reinar el orden.

54.Las detenciones ilegales están penalizadas en virtud del artículo 149 y ss. del Código Penal y en el artículo 152 se dispone que "todo acto que limite la libertad de las personas, como la cesión y la imposición de servidumbre y de prenda será castigado con las mismas penas que el secuestro arbitrario...". El Código Penal sanciona también la violencia ilegítima ejercida por funcionarios públicos o administradores en el ejercicio de sus funciones (art. 156). Eso ha permitido a una asociación de mujeres agredidas por la policía presentar una demanda judicial contra un alto funcionario de la policía del Chad.

55.Se han tomado diversas medidas para que se haga justicia a todos los litigantes y el Gobierno del Chad ha creado dos nuevas cortes de apelaciones, en Abéché y Moundou. A esto se suma la transformación de antiguas dependencias de los tribunales de primera instancia en tribunales, y la creación de nuevos cargos de jueces de paz en las subprefecturas y los distritos de Yamena. El mal funcionamiento del sistema judicial ha llevado a reexaminar el sistema judicial en general. Se ha elaborado un programa de reforma judicial basado en el documento de síntesis de la labor de las asambleas generales que fue aprobado mediante el Decreto Nº 065/PR/PM/MJ/2005, de 18 de febrero de 2005. El programa se estructura en torno a los siguientes seis ejes:

-Reforma y revisión de textos y documentación;

-Refuerzo de la dotación de recursos humanos de las jurisdicciones;

-Promoción y protección de los derechos humanos;

-Información, educación y comunicaciones;

-Infraestructura y equipos;

-Lucha contra la corrupción y la impunidad.

56.Se estima que esta reforma tendrá un costo global de unos 17.000 millones de francos CFA, es decir 34.000 millones de dólares de los EE.UU. Varios donantes han expresado su disposición a respaldar el proceso de reforma y su apoyo financiero ha permitido ejecutar una serie de actividades, algunas de las cuales están actualmente en curso.

57.En el caso de actividades que no tienen consecuencias financieras, se han enviado comunicaciones a los servicios responsables de la ejecución. Se prevén misiones en el terreno y el establecimiento de contactos con el fin de evaluar los adelantos logrados en el marco de la aplicación de las recomendaciones de las asambleas generales de justicia.

58.La comisión investigadora está dando seguimiento a la desaparición del Sr. Ibni Oumar Mahamat Saleh, ocurrida durante los disturbios de los días 2 y 3 de febrero de 2008. La comisión aún no ha podido dar información detallada, pero el expediente está en manos del poder judicial, por lo que sus conclusiones permitirán dilucidar lo sucedido.

Pregunta 19

59.La detención policial está reglamentada por el Código de Procedimiento Penal, en cuyo artículo 221 se estipula que un funcionario policial no puede retener a una persona y dejarla a su disposición para los fines de la investigación preliminar por un plazo superior a 48 horas. Una vez cumplido ese plazo, la persona debe ser puesta en libertad o remitida a un tribunal. Un magistrado del ministerio público puede autorizar la prolongación de la detención policial por 48 horas más si lo considera indispensable para el buen término de la investigación. La autorización debe extenderse por escrito una vez que el magistrado se haya asegurado, de preferencia personalmente, que la persona no ha sido víctima de ningún abuso. En la práctica no se han respetado los límites mencionados y es común que se mantenga a ciudadanos en detención policial por un plazo superior a los límites legales, tanto en establecimientos policiales como de gendarmería, lo que se atribuye a la obsolescencia y la insuficiencia de los medios disponibles para llevar a cabo los procesos judiciales. El hecho de que los ciudadanos desconozcan sus derechos y la corrupción que atentan gravemente contra el cumplimiento de la labor policial y de gendarmería también es un factor que dificulta la observancia de los plazos establecidos para la detención policial.

Encarcelamiento por incumplimiento de una obligación contractual (artículo 11)

Pregunta 20

60.El encarcelamiento por inobservancia de una obligación contractual es mucho más común en los cuarteles de gendarmería y policía, pero en el sistema judicial sólo se recurre a la prisión por deudas, que está muy reglamentada; ésta no se aplica a las personas mayores de 60 años ni a menores y solamente se autoriza después de una demostración de no pago debidamente constatada.

Derecho a un juicio con las debidas garantías (artículo 14)

Pregunta 21

61.El sistema judicial del Chad se rige por las disposiciones de la Ley Nº 004/PR/98 de 28 de mayo de 1998. En el artículo 1 de la ley se estipula que en la República del Chad existe un solo sistema judicial integrado por la Corte Suprema, las cortes de apelaciones, las cortes penales, los tribunales de primera instancia, los tribunales del trabajo, los tribunales de comercio y los jueces de paz.

62.Las disposiciones del artículo 14 del Pacto están ampliamente consagradas en la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. En virtud de los artículos 13 y 14 de la Constitución, está prohibida toda discriminación en función del origen, el idioma, la raza, el sexo, las condiciones físicas y de salud, las convicciones religiosas y las opiniones políticas.

63.En la Ley Nº 004/PR/PM/98, referida a la estructura orgánica del sistema judicial, se indica que, tanto en materia civil como penal, nadie puede ser juzgado si no cuenta con medios para defenderse. La defensa puede ser personal o mediante asistencia letrada, sobre todo de oficio en el caso de personas sin recursos, como se dispone en los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Civil. En el primero de ellos se prevé la prestación de asistencia letrada en toda circunstancia y a todo litigante cuando, debido a la falta de recursos, le sea imposible ejercer su derecho a la justicia, ya sea como demandante o como acusado. Esta disposición se aplica a todos los litigios y a todos los actos de jurisdicción graciosa.

64.La abogacía es una profesión liberal, por lo que el Estado no puede obligar a un abogado a trasladarse a cualquier punto del territorio nacional, pero en respuesta a la solicitud de un cliente o ante necesidades que obliguen al Estado a designarlos de oficio, los abogados pueden desplazarse para participar en un juicio en el este del país. Debido al recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos, los abogados se interesan cada vez más en lo que ocurre en esa región.

Derecho a la vida privada (artículo 17)

Pregunta 22

65.Los textos fundamentales de la República del Chad garantizan la protección de los derechos de la familia y el individuo. En el artículo 17 de la Constitución se estipula que "el ser humano es sagrado e inviolable. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad, y a la protección de su vida privada y de sus bienes". La protección del domicilio está consagrada en la Constitución, en cuyo artículo 42 se estipula que es inviolable. El allanamiento sólo está permitido en las formas y los casos prescritos por ley. En el artículo 154 del Código Penal se estipula que todo funcionario administrativo o judicial, todo oficial o agente de policía, todo comandante o agente del orden que en el desempeño de sus funciones ingrese al domicilio de un ciudadano contra su voluntad, excepto en los casos previstos por ley y sin las formalidades prescritas en ella, será condenado a una pena de cárcel; esta disposición se aplica asimismo a la violación de domicilio por parte de particulares.

66.La Constitución del Chad consagra también el secreto de la correspondencia y las comunicaciones. Efectivamente, en el artículo 45 se dispone que el secreto de la correspondencia y las comunicaciones está garantizado por ley. En el artículo 44 de la Ley Nº 029/PR/94 sobre el régimen de prensa se indica que toda denuncia o imputación de un hecho que pueda perjudicar el honor o la consideración de una persona o de la institución imputada constituye difamación.

67.En la práctica, hay casos de injerencia arbitraria en la vida privada, en su mayoría cometidos por exceso de celo de los funcionarios, pero la ley ofrece la posibilidad de recurso a las víctimas, que pueden iniciar un procedimiento penal o civil.

Libertad de conciencia y de religión (artículo 18)

Pregunta 23

68.La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión está garantizada por la Constitución, en cuyo preámbulo y en el párrafo 3 se declara la adhesión de los chadianos a los principios de derechos humanos definidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

69.En el artículo 1 de la Constitución se estipula que el Chad es una república soberana, independiente, laica, social, una e indivisible, fundada en los principios democráticos y en la que reinan la paz y la justicia. Asimismo, se estipula la separación de las religiones y el Estado. De hecho, en el artículo 27 de la Constitución se garantizan a todos "la libertad de opinión y de expresión, de comunicación, de conciencia, de religión, de prensa, de asociación, de reunión, de circulación, de manifestación y de asamblea". Sólo se justifica la limitación de estos derechos por razones "de respeto de las libertades y los derechos ajenos y la necesidad imperativa de salvaguardar el orden público y los buenos modales". Las condiciones de ejercicio de estos derechos están determinadas por ley.

70.Sin embargo, la multiplicación de las sectas religiosas y el fortalecimiento del integrismo y todas las consecuencias que supone, han obligado al Gobierno a tomar, entre otras, las siguientes medidas: prohibición de la predicación pública, clausura de algunos centros de enseñanza del Corán y persecución de sus dirigentes.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación (artículos 19, 21 y 22)

Pregunta 24

71.La libertad de asociación y de reunión pacífica está consagrada en la Constitución, en cuyo artículo 27 se la reconoce y proclama oficialmente, pero su ejercicio está sujeto a una autorización previa. En el artículo 1 de la Ordenanza Nº 45/62 sobre reuniones pública se dispone que "se prohíben las reuniones públicas no autorizadas previamente". El ejercicio de esta libertad se rige por las siguientes disposiciones de alcance nacional:

-La Ordenanza Nº 27/INT/SUR, de 12 de julio de 1962, y el Decreto Nº 165, de 23 de agosto de 1962, referidos a las asociaciones;

-La Ordenanza Nº 45, de 27 de octubre de 1962, que reglamenta las reuniones.

72.A partir de la adopción de las disposiciones sobre libertad de asociación, y especialmente a partir de 1991, se observa una eclosión de asociaciones y sindicatos. Actualmente existen varias centrales sindicales, entre otras, la Unión de Sindicatos del Chad, la Confederación Libre de Trabajadores del Chad y el Sindicato de Profesores del Chad. También existen cerca de 3.000 asociaciones que operan en distintos ámbitos y son subvencionadas por el Estado.

73.En los textos nacionales se reconoce la libertad de crear un partido político o de pertenecer al partido que se desee. Con respecto a los partidos propiamente tales, su funcionamiento se rige por la Ley Nº 45, de 14 de diciembre de 1994. Se han creado varios partidos políticos que funcionan libremente en todo el territorio.

74.La libertad de todos los ciudadanos a la expresión de ideas y opiniones por todos los medios de comunicación también está reconocida, y existe la libertad de prensa y de imprenta (artículos 1 y 2 de la Ley sobre el régimen de prensa).

75.Actualmente existen en el Chad numerosos periódicos y radios independientes que contribuyen a la expresión de las libertades mencionadas. El Gobierno ha promulgado una ley que reglamenta el funcionamiento de la prensa; se trata de la Ley Nº 029 de 12 de agosto de 1994, enmendada en virtud de la Ordenanza Nº 05. Las radios privadas se rigen por la Decisión Nº 007/HCC/P/SG/99 de 10 de junio de 1999, que contiene las especificaciones técnicas pertinentes. Incluso en las estaciones estatales de radio y televisión se difunden programas sobre temas políticos en los que se exponen variadas ideas.

76.Al igual que todos los ciudadanos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas chadianos buscaron protección por iniciativa propia durante el conflicto de los días 2 y 3 de febrero de 2008, pero en realidad no se vieron amenazados en absoluto.

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (artículo 25)

Pregunta 25

77.Los regímenes que se han sucedido en el Chad, en especial el gobierno del Presidente Habré, han reprimido el ejercicio de las libertades y dado origen a actos contrarios al respeto de los derechos humanos. A partir de la instauración de la democracia y las libertades en diciembre de 1990, el Chad ha manifestado la voluntad política de constituirse en un estado de derecho en el que se respeten, garanticen y protejan los derechos humanos. Esa voluntad se refleja en la celebración de la conferencia nacional soberana y la adopción de la Constitución por referéndum en 1996. La liberalización del espacio político ha conducido a la creación de partidos políticos, cuyos dirigentes realizan libremente sus actividades.

78.En virtud del artículo 62 de la Constitución, todos los chadianos, sean hombres o mujeres, pueden presentarse como candidatos a la Presidencia, siempre que cumplan los requisitos de tener la nacionalidad, salud física y moral, una conducta ética y un mínimo de 35 años, y estén en condiciones de ejercer todos sus derechos cívicos y políticos. En el artículo 108 de la Constitución se dispone que "todo chadiano, ya sea hombre o mujer y que reúna los requisitos establecidos por la ley" puede presentarse como candidato a la Asamblea Nacional; en el artículo 152 del Código Electoral se especifica que debe tener 25 años como mínimo, estar inscrito en una lista electoral, tener por lo menos un año de residencia en el territorio y saber leer y escribir en francés o árabe.

79.En los artículos 10 a 14 de la Ley Nº 003/PR/2000, de 16 de febrero de 2000, relativa al régimen electoral de las circunscripciones territoriales descentralizadas, se enumeran los criterios de elegibilidad y no elegibilidad y las incompatibilidades. En el artículo 10, relativo a las condiciones de elegibilidad, se estipula que los ciudadanos del Chad, ya sean hombres o mujeres, que tengan por lo menos 25 años de edad, estén inscritos en una lista electoral, puedan ejercer todos sus derechos cívicos y políticos y tengan por lo menos un año de residencia en el territorio nacional o tengan vínculos evidentes con la comuna, el departamento o la región pueden presentarse como candidatos a los concejos municipales, departamentales o regionales. En este ámbito se han adoptado o se están adoptando muchas otras medidas, entre otras la Ley de la creación de la Comisión Electoral Independiente, la ley que contiene el código electoral, la carta sobre los partidos y la Ley sobre oposición democrática.

Pregunta 26

80.La corrupción y el nepotismo de los funcionarios de la administración pública están penalizados por el Código Penal y la Ley Nº 004/PR/00, sobre la prohibición del desvío de bienes públicos, la corrupción, la concusión, el tráfico de influencias e infracciones similares.

81.Fuera de este sistema jurídico el Gobierno ha creado el Ministerio de Saneamiento de la Administración Pública, destinado a moralizar la vida pública y controlar el manejo de los fondos públicos. En el marco del control que ejerce este ministerio se han transmitido al Procurador de la República numerosos expedientes, a fin de que se puedan iniciar las investigaciones que correspondan. Concretamente, se le remitieron expedientes sobre alrededor de 20 casos, 4 de los cuales han sido juzgados, y 16 están en curso.

Difusión del Pacto (artículo 2)

Pregunta 27

82.Las asociaciones de defensa de los derechos humanos han tomado la iniciativa en la defensa y promoción de esos derechos. Con tal objeto han organizado talleres de formación sobre el tema, destinados fundamentalmente a los funcionarios de dependencias ministeriales directamente vinculadas con el tema, magistrados, y miembros de las fuerzas del orden y asociaciones que trabajan en este campo, entre otros. Los talleres suelen estar presididos por funcionarios políticos (ministros) e integrantes de los cuadros administrativos directivos (secretarios generales de los ministerios).

83.Las recomendaciones derivadas de los talleres se transmiten al Gobierno que, en la mayoría de los casos, se compromete a aplicarlas. Las asociaciones de derechos humanos también han organizado campañas de sensibilización sobre variados temas en varias ciudades. Por ejemplo, en respuesta a una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Asociación para la Promoción de las Libertades Fundamentales en el Chad, se les han asignado horarios especiales para impartir cursos de derecho penal, derecho penal especial, procedimientos judiciales y derechos humanos en las escuelas de gendarmería y policía y en la radio y la televisión nacionales del Chad.

84.Con el fin de que se tengan en cuenta los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en las misiones de defensa nacional y de mantenimiento del orden público y la seguridad, en virtud del Decreto Nº 059/MDNR/EMP/02 el Ministerio de Defensa Nacional creó un centro de referencia sobre derecho internacional humanitario en marzo de 2002.

85.Otra disposición reglamentaria del Ministerio de Defensa, el Decreto Nº 24/MDNACVG/ENP/05 de 26 de enero de 2005, permitió el establecimiento de una comisión encargada de la redacción de textos sobre derecho humanitario internacional. Esta comisión también tiene a su cargo la revisión del Código de deontología del cuerpo de gendarmería, destinado a incorporar consideraciones relativas a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Una vez concluida esta revisión y mediante el Decreto Nº 85/MDN/ENP/05, se dispuso la inclusión de un curso de derecho humanitario internacional en el programa de formación de las fuerzas armadas. Este curso es obligatorio en todos los establecimientos pertinentes.

86.El proceso de reforma se tradujo en la redacción de un texto titulado "Manual de instrucción vigente para las fuerzas armadas y de seguridad" y en cuya redacción participaron miembros del ejército, la agrupación de escuelas militares, la aviación, la gendarmería, la guardia nómada y la policía nacional, con la colaboración de la asociación chadiana de derechos humanos (Ligue tchadienne des droits de l ' homme). El manual se divide en dos secciones, dedicadas a los siguientes temas:

a)Sección sobre derecho humanitario, que se divide en tres niveles, en cada uno de los cuales se imparte formación específica:

i)Nivel 1: formación básica común destinada a miembros del ejército y gendarmería (soldados y estudiantes de gendarmería, de la guardia y de la policía nacional);

ii)Nivel 2: formación de alumnos de primer año, incluidos futuros oficiales;

iii)Nivel 3: formación de futuros oficiales, incluidos los futuros oficiales subalternos, en el segundo año de la carrera.

b)Sección sobre derechos humanos y tronco común de todos los niveles, en que se analiza el tema de la tortura.

87.Cabe señalar que 25 facilitadores han recibido formación sobre la aplicación del manual, del que se prevé publicar 500 ejemplares destinados a todas las instituciones de formación de las fuerzas armadas y de seguridad. En todas las escuelas militares se impartirá la misma formación sobre derecho humanitario y derechos humanos, que también comenzará a impartirse en las escuelas primarias y secundarias.

-----