NACIONES

UNIDAS

CRC

Convención sobre

los Derechos del Niño

Distr.

GENERAL

CRC/C/SR.1383

6 de enero de 2010

ESPAÑOL

Original: INGLÉS

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

50° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1383ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 20 de enero de 2009, a las 15.00 horas

Presidenta: Sra. AIDOO (Vicepresidenta)

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS A LOS ESTADOS PARTES (continuación)

Informes periódicos, segundo y tercero, de la República de Moldova (continuación)

Informe inicial de la República de Moldova sobre el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (continuación)

______________La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.GE.09-40291 (EXT) En ausencia de la Presidenta, la Sra. Aidoo (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (continuación)

Informes periódicos, segundo y tercero, de la República de Moldova (CRC/C/MDA/3, CRC/C/MDA/Q/3 y Add.1) (continuación)

Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de la República de Moldova vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

La PRESIDENTA invita a los miembros del Comité a seguir planteando preguntas a la delegación sobre su segundo informe periódico.

El Sr. KOTRANE dice que el Comité recibió información que revela que dos tercios de los niños de 14 años de edad trabajan en las zonas rurales y que, lamentablemente, la República de Moldova sigue siendo un país de origen para la trata de niños destinada al comercio sexual. La delegación debería facilitar al Comité información más precisa relativa a la magnitud de la trata de niños y el trabajo infantil y a las sanciones impuestas a las personas condenadas por este tipo de delitos. El Gobierno formuló una reserva respecto del Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en el que afirmó que el Protocolo se aplica únicamente al territorio que está bajo su control. El orador exhorta al Estado parte a prohibir en forma efectiva todo tipo de explotación de esa índole, perpetrada tanto por ciudadanos moldovos como a ciudadanos moldovos, independientemente del lugar de los hechos.

El Sr. SIDDIQUI observa que la pobreza infantil se concentra en las zonas rurales y que, según el informe, el sistema de bienestar social es inadecuado para hacer frente al problema. ¿Qué está haciendo el Gobierno para intentar resolver la pobreza en general y la pobreza infantil en particular? ¿Tiene la intención de aprobar un documento de estrategia de lucha contra la pobreza, tal como lo propugna tantas veces el Banco Mundial? y, de ser así, ¿cuándo y bajo qué circunstancias? ¿Se aplica el programa de asistencia social a escala central o local, y cuenta con la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG)?

El Sr. PARFITT desea saber si el Gobierno tiene estadísticas sobre el número de niños confiados al cuidado de instituciones por motivos de pobreza, sea por abandono o por detención por parte del Estado. Si bien el Gobierno presentó una iniciativa para reducir el número de niños en las instituciones, muchos permanecen en ellas. ¿Pensó el Gobierno en alternativas, tales como colocar a los niños en hogares de guarda o subsidiar ingresos para sus familias extensas? En 2006, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) formuló una serie de recomendaciones sobre cómo hacer frente al problema de los padres migrantes. ¿Tomó el Estado parte medidas en respuesta a dichas recomendaciones? ¿Se efectúan trámites oficiales para garantizar que se concede la tutela legal a otra persona cuando los padres abandonan el país por motivos laborales sin llevarse a sus hijos? Por último, el orador desea saber si los centros de acogida temporal que administra el Ministerio del Interior y que alberga a aproximadamente 1.500 niños por motivos de abandono y mendicidad son establecimientos vigilados y, de ser así, de qué modo garantiza el Gobierno que se vela por los derechos de los niños que se colocan en dichas instituciones. ¿Pueden beneficiarse los niños de un procedimiento con garantías procesales?

La Sra. ORTIZ, refiriéndose al elevado número de niños en acogimiento en el país, pregunta si el Gobierno examinó la posibilidad de reorganizar dichas instituciones a fin de albergar a los niños en grupos más pequeños, cada uno bajo la supervisión de un adulto. ¿Se hace un seguimiento de los niños que regresan a sus hogares y garantizan las autoridades municipales o locales dicho seguimiento? El Gobierno adhirió al Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional y estableció un Comité Nacional de Adopciones. La delegación debería aclarar cómo se formó el Comité y cómo funciona, y cuáles son los procedimientos nacionales e internacionales de adopción. Habida cuenta de que la adopción puede ser particularmente útil a la luz del elevado número de niños en los centros de acogida, entre ellos, los huérfanos y otros niños que no pueden regresar con sus familias, la Sra. Ortiz pregunta si el Gobierno realiza actividades para fomentar una actitud más positiva respecto de la adopción en la sociedad moldova.

Se informó al Comité de que los padres adoptivos decidieron cambiar los nombres oficiales de sus hijos adoptados. ¿Toma el Estado parte medidas para garantizar el derecho de los niños adoptados a mantener su identidad? ¿Contempló el Gobierno la posibilidad de disminuir las tarifas que se cobran por adopción o eliminarlas? La adopción debería ser accesible y gratuita, y debería difundirse ampliamente la información sobre las posibilidades de adopción a fin de fomentar dicha práctica. ¿Qué está haciendo el Gobierno para garantizar que los profesionales de la salud, los juristas y los jueces se mantengan actualizados sobre los aspectos jurídicos de la adopción?

La PRESIDENTA, advirtiendo la alta incidencia de embarazos en la adolescencia y de abortos en el país, así como las tasas particularmente elevadas de suicidio y abandono escolar de los adolescentes varones, pregunta qué medidas efectivas se están adoptando para resolver tales problemas. ¿Cuenta el Gobierno con programas de preparación para la vida cotidiana por franja etaria o con programas de educación entre compañeros para adolescentes? ¿Se consulta a los adolescentes durante la elaboración de dichos programas? Si bien las tasas de infección por el VIH/sida son relativamente bajas a escala nacional, el informe periódico revela que la situación entre adolescentes ha empeorado en lo que respecta tanto al VIH/sida como a otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué se está haciendo para luchar eficazmente contra la propagación de estas enfermedades entre menores y para acabar con el estigma asociado al VIH/sida?

La Sra. BALMOŞ(República de Moldova) dice que cada ministerio gubernamental tiene un departamento de supervisión que vigila la aplicación práctica de la legislación y está encargado de informar sobre su aplicación. Cada ley contiene una sección que nombra específicamente al ministerio encargado de la supervisión y de la presentación de informes. Los comités parlamentarios que participan más en las cuestiones relacionadas con los derechos del niño son los comités de derechos humanos, de protección social, y de salud y educación. Su labor la complementa el Centro de Derechos Humanos. El Ministerio de Protección Social, de la Familia y del Niño creó sistemas automatizados de reunión de datos en materia de derechos del niño y protección social, y se esmeró en garantizar que dichos sistemas de información no sólo sean compatibles entre sí, sino también con el registro de población del Estado. En 2007, con la colaboración del UNICEF, se diseñó y se puso a prueba el sistema de información en materia de derechos del niño y se ha difundido a todos los beneficiarios y establecimientos para niños del país. Ahora, es indispensable que se haga práctico y útil mediante, por ejemplo, una orientación sobre su uso para los actores interesados y mediante el acceso a Internet. La Oficina Nacional de Estadística centraliza toda la información recopilada por los ministerios gubernamentales y las autoridades locales en materia de aplicación de los derechos del niño. Dicha información se desglosa según la región, la edad y el género. El Gobierno recibió un préstamo del Banco Mundial para crear un sistema de información único y automatizado de protección social, y recientemente se ha aprobado una ley en materia de prestaciones sociales de conformidad con los principios del Banco Mundial.

En marzo de 2008, se enmendó el Código de Familia estableciendo en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para mujeres como para hombres. En casos excepcionales, se autoriza el matrimonio a los menores de 16 años de edad pero únicamente con el consentimiento de los padres y las autoridades locales encargadas de la protección de la infancia. El Gobierno firmó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y actualmente está en proceso de ratificar dicho instrumento y elaborar una estrategia para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Existen dos centros que dependen del Ministerio de Protección Social, de la Familia y del Niño que proporcionan cuidados para niños con discapacidades mentales graves. El costo de dichos cuidados es muy elevado pero los niños que reciben esta atención son a menudo tan discapacitados que es poco probable que regresen con sus familias. Por otro lado, existen programas y escuelas especiales para niños con discapacidades mentales menos graves y se está aplicando una estrategia de educación integradora que, en cierta medida, los incorpora. En 2008, se aprobó una ley sobre la migración de mano de obra según la cual los padres que, por motivos de trabajo, dejan a sus hijos cuando migran hacia otros países, tienen la obligación de presentar un documento asignando al tutor que se encargará de sus hijos durante su ausencia. La ley entró en vigor el 1° de enero de 2009. Los centros sociales comunitarios prestan servicios a los niños a escala local y la mayoría de los beneficiarios de dichos centros son niños cuyos padres se marcharon a otros países por motivos de trabajo. Debido a la crisis financiera, el Gobierno no advirtió aún un retorno masivo de trabajadores moldovos pero hay decenas de miles de puestos vacantes en el país, si bien es cierto que ofrecen salarios muy bajos. El Gobierno aumentó recientemente el salario mínimo en 50% con miras a alentar el regreso de moldovos expatriados.

El Sr. RUSU (República de Moldova) dice que desde 2001, el Gobierno prestó mucha atención a la lucha contra la explotación económica y sexual de los niños. Ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, y modificó el Código Penal a fin de tipificar como delitos la trata de personas y, en especial la trata de niños. El Gobierno aprobó una ley especial de lucha contra la trata de personas que contiene disposiciones para asistir a las víctimas de la trata a volver al país y prestarles ayuda médica y psicológica. Según estadísticas bastante fiables, durante los últimos tres años se redujo la magnitud de la trata. En un 80% de los casos, la trata abarca la explotación sexual de los niños; los casos de explotación puramente económica son relativamente escasos. En este último caso, se alista a los niños en trabajos forzosos, por ejemplo, en la Federación de Rusia, Ucrania y otros países. En 2007, se procesaron 128 casos de explotación sexual de niños, a saber, 36 casos menos que en 2006. Habiéndose adherido a instrumentos internacionales y habiéndose modificado la ley de lucha contra la trata y la explotación, en la actualidad el Gobierno concentra su atención en la formación de fiscales, policías, jueces y abogados a fin de crear conciencia sobre dichas cuestiones y lograr cambios en forma efectiva. La República de Moldova ratificó ambos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre explotación infantil, a saber, el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957 (N° 105) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 (N° 182). Por lo general, la edad mínima de admisión al empleo es 16 años, pero con la autorización especial de un sindicato y únicamente en casos excepcionales, se autoriza a los niños a empezar a trabajar a los 15 años. No cabe duda de que existen niños que trabajan en el campo a los 14 años, pero el Gobierno estableció mecanismos eficaces para luchar contra este tipo de prácticas y para enjuiciar a quienes emplean a niños.

Durante los últimos seis años, el Gobierno ha estado llevando a cabo un proyecto en colaboración con el UNICEF, a fin de reformar el sistema de justicia de menores que ha dado buenos resultados. Por ejemplo, se faculta a los fiscales a realizar investigaciones sobre menores en forma directa en vez de que lo haga la policía. Si bien no existen tribunales de niños especiales, se nombra a fiscales y jueces especializados para los casos de menores. Se puede poner en libertad vigilada al menor que haya cumplido tan solo un tercio de su condena dependiendo del delito. El Código de Procedimiento Penal contiene disposiciones especiales relativas a la administración de la justicia de menores. No puede extenderse el período de detención preventiva del menor (el cual se ha reducido a 24 horas) y, al término de éste, deben presentarse cargos contra el menor o ponerlo en libertad. Independientemente de la gravedad del delito, durante una investigación penal un niño no puede permanecer detenido por más de cuatro meses. Si bien un menor puede ser imputable de sanciones penales por un delito, la pena penitenciaria máxima corresponde automáticamente a la mitad de la pena que se aplica al adulto. La pena máxima de prisión para un menor que cometió más de un delito es de 15 años.

El Sr. KOTRANE, refiriéndose a la información complementaria suministrada relativa a los casos de explotación sexual, pregunta si se han procesado los casos mencionados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, pregunta si la República de Moldova puede procesar a las personas que explotan a niños moldovos en el extranjero y, de ser así, si en la práctica se les enjuicia. Tras agradecer a la delegación la información relativa al cambio en la edad mínima para contraer matrimonio, el orador solicita que se proporcione un documento de referencia adecuado.

El Sr. RUSU (República de Moldova) dice que la República de Moldova firmó acuerdos bilaterales con varios países para luchar y prevenir la trata de niños y los delitos conexos. Se llevan a cabo investigaciones conjuntas con los países de destino y ha habido casos de extranjeros enjuiciados por explotar a niños moldovos fuera del país, de conformidad con una cláusula de extraterritorialidad que se ha incluido en el Código Penal.

La edad mínima para contraer matrimonio se modificó recientemente en 18 años, tanto para hombres como para mujeres, a fin de que la legislación nacional esté en consonancia con la Convención.

La Sra. TĂRUS (República de Moldova) dice que desde que se ofrece el seguro médico, todas las mujeres y los niños tienen acceso a la atención médica. A tenor del nuevo sistema, la atención pediátrica ya no se clasifica como atención primaria de la salud. Sin embargo, muchos médicos de cabecera son los antiguos pediatras y siguen ocupándose de los niños que atendían antes. En 2007, se revisaron los instrumentos normativos para pediatras. Se han creado dispensarios pediátricos especializados. Es importante contar con una adecuada atención primaria de la salud para el diagnóstico y el tratamiento de los niños. Con ocasión de la Jornada del Niño, se inauguró un centro nuevo de rehabilitación que cuenta con una gama de profesionales, entre ellos, médicos, asesores, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en la educación, con la finalidad de brindar una atención sanitaria variada. La dependencia especializada en el cuidado de bebés prematuros o la atención de niños hasta los 2 años de edad con problemas de salud graves es la encargada de realizar el seguimiento. Dicha dependencia está equipada para efectuar un examen preliminar del estado de las funciones motoras, la vista y el oído.

17.Se ha desarrollado un sistema más integrado de la gestión sanitaria. Por ejemplo, como parte de un programa elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se ha extendido en todo el país, se brinda asesoramiento a las madres con miras a fomentar el desarrollo de la primera infancia en el hogar. Se han abierto consultorios en los servicios de obstetricia y las clínicas de maternidad, con enfermeras calificadas, para asistir a los padres a promover la salud de los niños. El Gobierno invirtió en dos campañas mediáticas nacionales para promover la salud de los niños y de las mujeres embarazadas. Se está brindando una mejor atención sanitaria a las mujeres embarazadas que necesitan ácido fólico y suplementos de hierro. Se está concientizando a los padres sobre los factores de riesgo que pueden provocar enfermedades. Está en marcha un programa de inmunización, en consonancia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, como resultado de ello, han aumentado las tasas de vacunación para varias enfermedades, incluida la hepatitis B. Se ha erradicado la polio y existen únicamente casos aislados de sarampión. Como consecuencia de esfuerzos recientes, muchos hospitales han sido declarados “centros adaptados a los niños”. Se está alentando a las madres a amamantar a sus bebés y se insiste en la lactancia materna en los planes de estudio de las facultades de medicina. La salud psicológica del niño se refleja en forma indirecta en la política nacional de la salud y se necesita intensificar la labor en ese ámbito.

Por lo que respecta a la tabla sobre el uso de drogas, ni bien actualice el Gobierno la información existente, brindará al Comité información complementaria.

Existen centros de acogida temporales para niños menores de 7 años abandonados a su suerte. Asimismo, algunos centros se habilitan para las jóvenes madres que no tienen dónde ir. El Estado apoya plenamente a esas madres y sus hijos por un período que oscila entre tres y cuatro meses, y los trabajadores sociales buscan soluciones conjuntas a sus problemas. La mayoría de estas jóvenes madres no abandonan a sus hijos en los centros. Algunos centros de acogida y rehabilitación tienen un pabellón para los niños gravemente enfermos con la finalidad de evitar que se les institucionalice. En los centros, hay un psicólogo profesional a disposición de padres y parientes para brindarles apoyo. Al término del tratamiento, se restituye al niño a sus padres o a la familia extensa. Como resultado de ello, ha disminuido marcadamente la duración promedio de la estancia. En vez de trasladar automáticamente al niño de los centros a los internados, se le restituye a su familia directa o familia extensa, de guarda o adoptiva.

La salud del adolescente es un problema grave y urgente que el Gobierno está intentando resolver, centrando su atención en el acceso, la confidencialidad y utilizando un enfoque integrado. Se han abierto doce centros para jóvenes y se están aplicando las normas para su funcionamiento. Cada uno de esos centros tiene una dependencia de salud reproductiva que presta servicios confidenciales. Cada región debería continuar mejorando los servicios que presta.

La Sra. ILUTĀ (República de Moldova) dice que, en años recientes, aumentó la cooperación entre el Gobierno y los responsables de la educación y disminuyó considerablemente el número de niños no escolarizados. Las escuelas se encargan de matricular a los niños y gracias a ello, aumenta la asistencia escolar. Las autoridades locales brindan apoyo material a las familias pobres para que sus hijos puedan asistir a la escuela. Para evitar el abandono escolar, se han establecido vínculos más estrechos entre los responsables de la educación y las organizaciones que defienden los derechos del niño.

Las asociaciones de padres de la comunidad brindan mucho apoyo para la consecución de los objetivos de la educación y, en los últimos diez años, ha aumentado el número de estas asociaciones. Las asociaciones de padres brindan asistencia en varias esferas, entre ellas, el mantenimiento de las instalaciones escolares, el suministro de material pedagógico, la organización de actividades extraescolares, y la asistencia a niños superdotados y niños de familias pobres. La recaudación de fondos destinada a las escuelas por parte de los padres es un concepto nuevo en la República de Moldova. Si bien el principio fundamental de las asociaciones consiste en que la participación debería ser voluntaria y la financiación transparente, hubo situaciones en que no fue así. Como resultado de ello, los padres crearon centros de coordinación a cargo del Ministro de Educación, que reúnen a representantes de diferentes asociaciones y a abogados. Asimismo, se ha creado una línea de asistencia telefónica con miras a erradicar cualquier aspecto indeseable en las actividades de las asociaciones de padres.

La Sra. VUCKOVIC-SAHOVIC (Relatora para el país) desea saber si entendió correctamente que los grupos de padres en cuestión están participando en el sistema educativo y, de ser así, si reciben algún tipo de formación y si se efectúan evaluaciones y seguimientos de sus actividades. La oradora pregunta si el Estado cumple su obligación de prestar servicios educativos con arreglo a las disposiciones del artículo 29 de la Convención. Si bien la oradora aboga por una asistencia informal a las escuelas, pregunta por el grado de preparación que tienen los miembros de las asociaciones para participar en una etapa tan importante en la vida de un niño.

El Sr. KRAPPMANN, refiriéndose a las estadísticas sobre la asistencia escolar que publican otras fuentes y no el Estado parte, pregunta si el hecho de que se haya pasado por alto a algunos grupos de niños de la población, a saber, los niños con discapacidad, los niños de familias pobres o los niños romaníes, es la razón por la que el Estado parte notificó una tasa tan elevada de asistencia escolar.

La Sra. ILUTĀ (República de Moldova) dice que a menudo la razón por la que algunos niños nunca asisten a la escuela se debe a que los padres se niegan a enviarlos.

La Sra. BALMOŞ (República de Moldova) dice que, por lo general, se envía a los niños con discapacidades a escuelas especializadas. En 2008, se diseñó una estrategia de educación integradora. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la legislación nacional, se ofrece enseñanza gratuita y obligatoria hasta el noveno grado. Las asociaciones de padres recaudan fondos a fin de brindar apoyo adicional a las escuelas. Con dichos fondos se puede brindar apoyo financiero a los niños de familias pobres o a los niños que tienen necesidades especiales.

No existen muchas ONG que hagan frente a las necesidades de los niños con discapacidades, pero las que sí se ocupan de ello, como Humanitas, reciben apoyo del Estado para desarrollar sus programas. Este logro es particularmente importante puesto que en el pasado las alternativas para los niños con discapacidades eran limitadas: por lo general, se les enviaba a internados o se les impartía clases en sus casas cuando había profesores disponibles. Todos los niños de los internados van a campamentos o programas de rehabilitación en el verano. Entre las opciones más recientes se encuentran los programas especiales de verano mediante los cuales el Gobierno subsidia a los padres para que sus hijos permanezcan con ellos durante todas las vacaciones de verano. Además, existen programas para la desinstitucionalización de los niños. En 2005, había 13.000 niños internados en la República de Moldova, pero esa cifra disminuyó a 7.000 en 2008.

Gracias a un nuevo e interesante programa en el sur del país denominado “Todos los niños en la República de Moldova”, los huérfanos asisten a la escuela común pero regresan en la noche a los centros donde viven. Aun después de concluir la escuela, pueden permanecer en esos centros hasta conseguir empleo.

29.Por lo que respecta a las alternativas de institucionalización, la Sra. Balmoş dice que actualmente existen 66 hogares para huérfanos similares a los hogares de familias, así como un programa de acogimiento familiar. Se ha creado un nuevo tipo de familia de acogida y los potenciales padres de guarda asisten a un programa de capacitación en el verano para determinar si pueden acoger a niños en su hogar.

La PRESIDENTA dice que como queda poco tiempo, el Comité recibirá las respuestas a todas sus preguntas posteriormente. Al Comité le preocupa particularmente el problema de la institucionalización de los niños y el desarrollo de buenas prácticas para la crianza de los hijos. También le interesaría saber si el Estado parte está llevando a cabo estudios sobre la cuestión primordial de la salud del adolescente y si está elaborando programas de preparación para la vida cotidiana.

La Sra. BALMOŞ (República de Moldova) dice que su delegación tomó nota de todas las preguntas planteadas y facilitará las respuestas oportunamente. Señala que sólo existe un centro de servicio social a cargo del Ministerio del Interior. Se ha tratado a 1.500 niños en el centro, muchos de ellos son niños que abandonan los internados o sus familias. El centro cuenta con especialistas y, al término del tratamiento, se restituye a los niños a sus familias o a otras familias o centros.

En efecto, existen muchos programas de protección de la salud para niños, adolescentes y madres en la República de Moldova. El Gobierno proporcionará información detallada posteriormente. También facilitará información sobre el acceso a las escuelas.

Por lo que respecta a la adopción, la Sra. Balmoş dice que hace poco tiempo se ha promulgado una ley de adopción que establece los principios básicos de adopción de niños en la República de Moldova. Su Ministerio está elaborando un programa mediante el cual los padres adoptivos capacitarán a otros potenciales padres adoptivos y espera que se disponga de recursos para tal fin en un futuro.

Informe inicial de la República de Moldova sobre el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC/C/OPAC/MDA/1, CRC/C/OPAC/MDA/Q/1 y Add.1) (continuación)

El Sr. PARFITT (Relator del país para el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados) dice que la declaración de la República de Moldova sobre el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados emitida en la sesión matutina fue exhaustiva y, por lo tanto, tiene pocas preguntas. En su mayor parte, la República de Moldova cumple plenamente con el Protocolo Facultativo.

De conformidad con la legislación vigente, se convoca a los niños de 16 años a dar pruebas de lo que se denomina aptitud médica, para determinar principalmente si están aptos para su enrolamiento al llegar a la mayoría de edad. Sin embargo, también existe una disposición en la legislación que autoriza a un joven de 17 años a asistir a la escuela militar. Al Sr. Parfitt le interesaría saber si puede considerarse a un joven de 17 años como miembro del ejército que se somete a la justicia militar o si mantiene su condición de civil.

El Sr. Parfitt también desearía saber si las sanciones penales impuestas a las personas que reclutan a niños para que se enrolen al ejército se aplican también a aquellas personas que reclutan a niños para otro tipo de grupos armados. Ha habido escaramuzas entre el Gobierno y el régimen secesionista de Transnistria. Sería útil saber si los grupos armados de esa región reclutan a niños y si se aplica el Código Penal a ese tipo de situaciones. Además, el orador pregunta si el Gobierno de la República de Moldova tiene jurisdicción extraterritorial para procesar a un extranjero que recluta a niños de ese país con la finalidad de que preste servicio militar en otro lugar, o a un moldovo que recluta a niños en territorio extranjero.

El orador encomia a la República de Moldova por sus políticas y procedimientos en lo que respecta a jóvenes refugiados y solicitantes de asilo y desea saber si se adoptan medidas para determinar si han participado en hostilidades en un país extranjero o si se les ha reclutado para tal fin.

La delegación señaló que el Ministerio de Economía y Comercio es el encargado de expedir permisos para la venta de armas pequeñas a países extranjeros y también mencionó una ley relativa a la supervisión del movimiento de bienes estratégicos. El Sr. Parfitt desea saber si dicho Ministerio tiene conocimiento del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y si consulta su texto a la hora de enviar armas a un país extranjero. Además, le interesa saber si se tiene en cuenta al usuario final de esas armas ya que, a menudo, hay países intermediarios en dichas transacciones.

El Sr. FILALI pregunta si las escuelas militares tienen estatus militar o civil; si el Ministerio de Educación o las fuerzas armadas pagan el salario de los profesores, y si el plan de estudios contiene las materias escolares clásicas o está diseñada principalmente para enseñar a los niños a ser soldados.

El Sr. PURAS (Relator para el país), refiriéndose a una observación formulada por la delegación en la sesión matutina, pregunta si los niños son considerados ciudadanos y, en tal condición, tienen el deber sagrado de tomar las armas en caso de un conflicto militar.

El Sr. POLLAR pregunta de qué manera y en qué medida los niños se vieron afectados por los disturbios civiles de los años noventa, cómo les afectó en su vida adulta, y si se les ofrece servicios de rehabilitación.

La PRESIDENTA pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para difundir el Protocolo Facultativo a los niños en general y, particularmente, a los niños que están en las escuelas militares; si los profesionales tienen conocimiento de éste y si existe una educación en materia de derechos humanos y para la paz.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas y se reanuda a las 17.00 horas.

El Sr. MALAI (República de Moldova) dice que en la República de Moldova, el término ‘reclutar’ denota simplemente un proceso de inscripción para gente joven. Los niños de 16 años no se someten a la justicia militar, simplemente se les inscribe en el ejército. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud examinan luego su estado de salud y, en caso de necesidad, recomiendan un tratamiento. A estos jóvenes se les informa sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos por lo que corresponde a la protección del país. No están afectados por la justicia militar y no tienen obligaciones militares.

En cuanto a la jurisdicción extraterritorial, el Sr. Malai dice que el Código Penal establece que cualquier persona, moldova o extranjera, que recluta a niños en la República de Moldova, y cualquier moldovo que recluta a niños en el territorio de otro Estado es imputable penalmente. La República de Moldova firmó tratados con la mayoría de los países en materia de intercambio de información sobre ese tema. Sin embargo, no es fácil obtener dicha información. El Gobierno es consciente de la existencia de grupos paramilitares, como los Cosacos, que reclutan y forman a niños, que no significa necesariamente que esos niños participan en los conflictos armados.

Los refugiados y los solicitantes de asilo llegan a la República de Moldova procedentes de muchos países. El Ministerio del Interior verifica sus identidades y origen cuando están en los centros de espera y procura averiguar si han participado en los conflictos armados. De ser así, el Ministerio hace todo lo posible por mantener la confidencialidad y ofrecer una rehabilitación con miras a reinsertarlos en una vida civil normal. Al término de la rehabilitación, los niños pueden asistir a la escuela como lo hace cualquier otro ciudadano moldovo.

La legislación moldova estipula que los ciudadanos tienen el derecho a llevar armas una vez cumplidos los 18 años. No se autoriza a ninguna persona menor de 18 años a llevar o usar armas. El Ministerio del Interior expide licencias para llevar armas y realiza controles para garantizar que se respeten las normas.

Asimismo, la legislación estipula que el comité gubernamental encargado de la venta de armas debe identificar al usuario final y prohibir cualquier venta si se entera de que aquellas pueden utilizarse en conflictos internos o internacionales. En la República de Moldova, existe una tecnología de armas que quedó del régimen soviético que no está siendo usada por el ejército nacional; compete también al comité gubernamental organizar la venta de esta tecnología. La República de Moldova ha suscrito muchos convenios y acuerdos internacionales y está decidida a cumplir con las obligaciones que dimanan de éstos.

Existe únicamente una escuela militar de alto nivel para la formación de futuros oficiales de las fuerzas armadas y las patrullas de frontera. Puede admitirse el ingreso de personas a partir de los 17 años pero no están obligadas a hacer el servicio militar y no pueden participar, bajo ninguna circunstancia, en conflictos armados o guerras. Pueden ser soldados a los 18 años pero sólo después de haber hecho el juramento militar y firmado un contrato. A partir de ese momento, se les considera soldados por contrato y, por lo tanto, se someten a la justicia militar con todas las salvaguardias del caso.

El Sr. FILALI desearía saber si se puede llamar a filas a los alumnos de esa escuela.

El Sr. MALAI (República de Moldova) dice que esos alumnos no están sometidos al Código de justicia militar y que a los 18 años pueden regresar con sus familias y proseguir sus estudios en cualquier escuela civil. La legislación prohíbe su participación en los conflictos armados. El Estado los mantiene y les imparte disciplina y pueden obtener su título de bachiller sin hacer el juramento militar. La mitad de las materias que se enseñan en esa escuela corresponden a las materias del plan de estudios impartidas en una escuela común, incluida la materia de derecho humanitario, mientras que el 40% abarca materias de orden militar, entre ellas, las competencias y el conocimiento necesarios para ser soldados. Al término de los estudios, los jóvenes que estudiaron en la escuela llegan a ser oficiales y se les envía a las unidades militares.

Desde 1990, se han hecho varias enmiendas constitucionales para garantizar que los niños menores de 18 años no participen en los conflictos armados. No obstante, puede mantenerse a los jóvenes en la reserva donde se les imparte clases sobre derecho humanitario, incluidos la Convención y el Protocolo Facultativo. Además, los planes de estudios de las escuelas secundarias contienen materias que enseñan cuáles son sus derechos en esa esfera. Los centros de estudios superiores también imparten cursos de derecho humanitario y de protección de los derechos del niño. En líneas generales, la población sabe que existe la Convención y el Protocolo Facultativo pero el Sr. Malai reconoce que puede hacerse más para garantizar su difusión.

La PRESIDENTA pregunta si se vendió tecnología militar o armamento que date de la era soviética, en vista de que esas armas fueron a parar a muchas regiones del mundo entero donde hay conflictos armados.

El Sr. PARFITT (Relator del país para OPAC) pregunta si el reclutamiento de niños entre 16 y 18 años de edad es un suceso único o si es un proceso continuo que exige siempre la presencia de éstos. También le interesa saber si a los niños que no aprobaron el examen militar se les exime luego del servicio militar, o si se les exige un tratamiento médico hasta que se considere que están aptos para alistarse.

El Sr. FILALI pregunta cómo proceden las fuerzas armadas al reclutamiento, si participan los medios de comunicación y si sus representantes efectúan visitas a las escuelas secundarias con ese propósito. Asimismo, será de gran utilidad saber si la publicidad para las fuerzas armadas hace hincapié en los beneficios financieros que se obtienen del servicio militar a fin de atraer a más reclutas de los segmentos más pobres de la población.

El Sr. MALAI (República de Moldova), refiriéndose a las armas que quedaron en el país luego de la caída de la Unión Soviética, dice que en su mayoría son obsoletas y difícilmente podrán ser utilizadas en otros conflictos armados. Se ha previsto la venta de varias aeronaves MIG 29 a un país específico pero cuando se informó al Gobierno que, en principio, se usarían en un conflicto armado, se canceló la venta y las naves se vendieron posteriormente a los Estados Unidos de América. Se puede proporcionar otros ejemplos en lo que respecta a otros sistemas de armas. Los controles rigurosos garantizan que la venta de tecnología militar por parte de la República de Moldova se destina a fines civiles únicamente y no a su uso en conflictos armados.

En 2008, se informó que las municiones que quedaron del régimen soviético en la República de Moldova se utilizaron en el conflicto armado en Georgia, pero las investigaciones realizadas por expertos independientes concluyeron que los informes eran falsos.

En respuesta a una pregunta planteada por el Sr. Filali, el Sr. Malai dice que las campañas de reclutamiento de las fuerzas armadas simplemente llaman al sentido de deber patriótico de los jóvenes y la necesidad de que ayuden a defender su patria. No se hace mención al atractivo financiero que deriva del servicio militar. La legislación prohíbe al niño a participar en calidad de soldado en los conflictos armados. Según estadísticas recientes, el 60% de los jóvenes mayores de 18 años ha asistido a clases en las que se les ha concientizado acerca de las disposiciones de la Convención y el Protocolo Facultativo así como de su derecho a rechazar cualquier intento de fuerza con miras a su participación en un conflicto armado.

En respuesta a una pregunta planteada por el Sr. Parfitt, el Sr. Malai dice que cuando se inscribe a niños entre 16 y 18 años de edad en un centro de reclutamiento, se les exige apersonarse una sola vez, y no se les puede convocar más de tres veces para un examen médico o para verificar sus datos personales. Si el examen médico revela la existencia de una enfermedad que no se diagnosticó con anterioridad, se ofrece atención médica integral y gratuita. Los reclutas pueden manifestar su preferencia por la división de las fuerzas armadas a la que deseen enrolarse y también pueden postular a servicios civiles alternativos.

El Sr. PARFITT (Relator del país para OPAC) pregunta si cualquiera de los cuatro defensores del pueblo tiene jurisdicción en las fuerzas armadas y si un joven puede presentar una denuncia al Defensor del Pueblo cuando se violan sus derechos.

El Sr. MALAI (República de Moldova) señala que no hay defensores del pueblo en el Ministerio de Defensa pero que una dependencia de supervisión especial del Ministerio se ocupa de tales cuestiones. Se ha puesto en funcionamiento una línea de asistencia telefónica anónima para uso de los soldados o miembros de su familia. Luego se investiga la supuesta violación, se presenta un informe y se adoptan las medidas pertinentes para poner coto a la violación.

El Sr. RUSU (República de Moldova) dice que tanto los adultos como los niños también pueden remitir cualquier alegación de violación de sus derechos constitucionales a un defensor del pueblo civil, incluidas las violaciones a la Convención y el Protocolo Facultativo. Además, cualquier persona puede denunciar un delito penal a las autoridades fiscales, que luego deberán iniciar un proceso de investigación.

El Sr. MALAI (República de Moldova) dice que el sistema militar del país es objeto de reformas drásticas, con miras a adecuarse a las normas internacionales. La República de Moldova continuará su labor de sensibilización destinada a los jóvenes en lo que respecta a la Convención y el Protocolo Facultativo, y agradecerá la colaboración del Comité en este respecto.

El Sr. PARFITT (Relator del país para OPAC) señala que, en líneas generales, el Estado parte cumple con el Protocolo Facultativo. Persiste cierta inquietud por lo que respecta a los reclutas entre 16 y 18 años de edad. Se aborda debidamente la cuestión de la jurisdicción extraterritorial así como los servicios para niños solicitantes de asilo y niños afectados por los conflictos armados. El orador agradece a los miembros de la delegación por la información proporcionada durante la sesión, que sirvió para esclarecer varias cuestiones con relación al informe del país y las respuestas a la lista de cuestiones.

La Sra. VUCKOVIC-SAHOVIC (Relatora para el país) dice que el Comité espera con interés recibir información complementaria de los miembros de la delegación antes de completar sus observaciones finales. La República de Moldova inició el significativo proceso de reformas de su legislación y la elaboración de muchos planes y estrategias nacionales. La oradora está convencida de que cuando los miembros de la delegación regresen para el examen de su siguiente informe periódico, podrán proporcionar al Comité estadísticas e información sobre los últimos logros en el terreno. El Comité insta a la República de Moldova a ejecutar todos sus planes, facilitando para ello suficientes recursos financieros para los programas educativos y una mejor capacitación de sus profesores. Debería darse prelación a las reformas educativas, a mayores mejoras en el sistema de atención de la salud, a la protección de niños contra la violencia en todos los contextos y a los problemas asociados con la institucionalización de los niños.

65.La Sra. BALMOŞ (República de Moldova) agradece al Comité el debate productivo. Los miembros de la delegación regresarán a su país con lecciones aprendidas y formularán las primeras conclusiones. La oradora afirma que una de las cinco prioridades que fijó su Gobierno para su estrategia nacional de desarrollo es, de hecho, la protección de los derechos del niño. Persisten muchos obstáculos pero la República de Moldova sabe cómo debe proceder para superarlos. Ante todo, existe la necesidad primordial de mejorar la calidad de la educación, entre otras cosas, mediante la modernización de las escuelas. El nuevo programa educativo y el código constituyen otras medidas esenciales. Se han destinado cuantiosos recursos para elevar el nivel educativo mediante una mejor capacitación de los docentes. Existe un nuevo programa que ofrece vivienda, prestaciones médicas y sociales así como actividades culturales, con miras a atraer a jóvenes profesores hacia las zonas rurales.

El Gobierno también se está dedicando a sacar el máximo provecho al enorme potencial de la sociedad civil para sus proyectos de desarrollo. En colaboración con las organizaciones no gubernamentales, se han creado centros juveniles donde los jóvenes pueden recibir información que no obtienen fácilmente en la escuela. Se hace todo lo posible por garantizar la participación activa de los niños en la resolución de problemas que les conciernen. El Gobierno está fomentando, conjuntamente con los medios de comunicación y la sociedad civil, un debate público sobre la violencia doméstica y el descuido del niño, la trata de niños, la toxicomanía y el VIH/sida. Se han realizado películas, cursos de capacitación y seminarios sobre esos temas. Deben incrementarse los recursos financieros destinados al apoyo de la familia y a los centros para el cuidado de jóvenes. Con la ayuda de donantes internacionales se han elaborado programas especiales para los niños con discapacidad quienes no recibieron, en el pasado, el apoyo financiero necesario. Existen asociaciones y varios órganos internacionales que tratan esta cuestión. En suma, existen muchos programas destinados a los niños, sólo queda ejecutarlos.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

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