COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

44º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1208 ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,el viernes 19 de enero de 2007, a las 10.00 horas

Pre sident e: Sr . DOEK

SUMARIO

Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)

Tercer informe periódico de Honduras sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 4 del programa) (continuación)

TERCER INFORME PERIÓDICO DE HONDURAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CRC/C/HND/3; lista de cuestiones que se deben abordar (CRC/C/HND/Q/3); respuestas presentadas por escrito por el Estado parte a la lista de cuestiones (CRC/C/HND/Q/3/Add.1))

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Honduras toma asiento a la mesa del Comité .

2.La Sra.  GARCÍA DE ZÚÑIGA (Honduras) dice que la estrategia de reducción de la pobreza ocupa un lugar primordial en las políticas públicas de Honduras y que la mayor parte de los objetivos que aparecen definidos en ella, en particular la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la cobertura de la escolarización, están orientados directamente a los niños. De conformidad con los objetivos de desarrollo del Milenio, busca además conseguir que los niños terminen el ciclo de la enseñanza primaria, reducir en tres cuartas partes la mortalidad maternoinfantil, luchar contra el paludismo y otras enfermedades graves y estabilizar y reducir después la tasa de infección por el VIH/SIDA.

3.ElS r . ZERMATTENse congratula por la abundante información que figura en las respuestas por escrito y el tercer informe periódico, señalando no obstante que este informe se ha presentado con cuatro años de retraso. Desde el examen del segundo informe periódico, Honduras ha ratificado numerosos instrumentos internacionales, en particular los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios, pero todavía no ha suscrito otros, en particular los Convenios de La Haya.

4.Si bien el Comité tiene en cuenta los obstáculos que encuentra Honduras para la aplicación de la Convención, entre ellos la pobreza, la violencia y las secuelas del paso del huracán Mitch, observa que varias de las recomendaciones que había formulado al final del examen del segundo informe periódico no se han seguido en la práctica, sobre todo las relativas al registro de los nacimientos, la lucha contra la explotación sexual y económica y los niños de la calle.

5.Se han aprobado numerosas leyes relativas a diversos ámbitos, pero en el informe se señala que algunas siguen siendo incompatibles con la Convención; sería interesante saber si la Convención prevalecería en caso de conflicto con una de estas leyes y si el Estado parte tiene previsto armonizar su legislación interna con la Convención.

6.La delegación tal vez pueda indicar qué parte del presupuesto de 2005 se destinó a la ejecución del Plan de oportunidades para la niñez y la adolescencia y si el Estado parte, que ya cuenta con un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de defensores municipales de la infancia, prevé nombrar un comisionado nacional de los derechos del niño.

7.Además, sería útil que se especificara cuál es la edad legal a la que un niño tiene acceso a los servicios de salud sin la autorización de sus padres, hasta qué edad es obligatoria la escolaridad, cuál es la edad para el consentimiento de las relaciones sexuales y la edad para la entrada voluntaria en el ejército y a qué edad está habilitado un niño para testimoniar ante un tribunal. También habría que saber si se siguen aplicando criterios fisiológicos para determinar si un niño es mayor o no, a pesar de la recomendación que hizo el Comité a este respecto durante el examen del segundo informe periódico.

8.Se han realizado esfuerzos loables en el ámbito legislativo para luchar contra la discriminación, pero todavía queda mucho por hacer a fin de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, las niñas, los discapacitados, los niños de la calle y los niños víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Debido a que la tasa de registro de los nacimientos sigue siendo insuficiente, a pesar de la aprobación de una ley sobre esta cuestión en 2004, la delegación tal vez pueda indicar si las autoridades de Honduras tienen previsto organizar campañas de promoción del registro de los niños.

9.La delegación podría indicar además si ve una contradicción entre el contenido del artículo 15 de la Convención (derecho de asociación) y las disposiciones del nuevo artículo 332 del Código Penal, en virtud de las cuales la policía puede arrestar a los jóvenes que forman parte de bandas (maras o pandillas) basándose en su aspecto y sus tatuajes y sin orden de arresto.

10.La Sra.  ORTIZ señala que la pobreza, el desempleo, la violencia, las consecuencias del huracán Mitch y la difícil situación de los migrantes devueltos a Honduras por los países hacia los cuales intentaron emigrar son también factores que hay que tener en cuenta al examinar el informe. Dado que Honduras no puede afrontar sola todos estos problemas, recibe desde hace algunos años ayuda de la comunidad internacional, por lo que sería útil con detalle la manera en que se utiliza esta ayuda para poner en práctica la Convención y aplicar las recomendaciones del Comité.

11.La delegación tal vez podría indicar también de qué manera coordinan las autoridades hondureñas las actividades, políticas y programas en favor de los niños, si colaboran con la sociedad civil y las asociaciones infantiles, cómo garantizan los defensores municipales que las instituciones públicas no violen los derechos del niño y cómo gestionan las autoridades públicas el presupuesto del Estado y la ayuda internacional.

12.La delegación ha de indicar además por qué no se ha concluido la reforma del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y en particular si este retraso se debe a una incompatibilidad entre el Código de la Niñez y la Familia y la Convención. La delegación tal vez pueda explicar también por qué esta entidad no recibe todos los recursos necesarios para su funcionamiento y si el Instituto podría beneficiarse en caso necesario de una ayuda de los programas internacionales de lucha contra la explotación del trabajo infantil y contra la explotación sexual con fines comerciales.

13.Convendría que se facilitara información acerca de la puesta en marcha del sistema de protección de la infancia, los progresos realizados y las dificultades que se han encontrado a lo largo de este proceso, las funciones que desempeñan los elementos que integran dicho sistema, su órgano rector, sus relaciones con el Consejo Consultivo para la Estrategia de Reducción de la Pobreza y su función y el volumen de recursos que se le asignan. Además, sería igualmente deseable recibir información amplia sobre la función de las autoridades y las oficinas locales en materia de protección de la infancia y sobre el reparto de tareas y competencias entre las autoridades centrales y locales.

14.Sería útil saber en qué medida ha colaborado la sociedad civil en la elaboración del informe objeto de examen, si participa en las tareas orientadas a mejorar la coordinación de las actividades y si contribuye a la elaboración de las políticas y los planes nacionales y sectoriales. Convendría saber también de qué manera concibe Honduras la función de las instituciones internacionales de ayuda para el desarrollo y cómo piensa proseguir la ejecución de los programas financiados por dichas instituciones una vez que éstas dejen de asignarle fondos.

15.El Sr . SIDDIQUI desea saber qué es lo que impide al Gobierno establecer un sistema de datos global y centralizado que abarque los distintos sectores y categorías relacionados con los niños (grupos vulnerables, niños discapacitados, niños de la calle, niños víctimas de explotación sexual, etc.), conforme a las recomendaciones anteriores del Comité al respecto, y si se prevé una solución en un futuro próximo.

16.Se pregunta por qué motivo el aumento de los gastos sociales no ha permitido reducir la pobreza, en particular de los niños.

17.El S r . KOTRANE pregunta por qué la edad de responsabilidad penal es diferente para las niñas (14 años) y los niños (12 años) y cuáles son las consecuencias.

18.También desea saber si el Estado ha definido una política clara de difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

19.El Sr. LIWSKI, observando que la cuantía de los créditos presupuestarios destinados a la aplicación de las políticas relativas a la infancia es inferior a la prevista, pregunta si el Gobierno hace lo suficiente para movilizar los recursos necesarios y en qué medida la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME) ha permitido aumentar las inversiones en actuaciones en favor de los niños. Desea saber igualmente si los objetivos fijados en el marco del programa de reducción de la pobreza, en particular la reducción de la pobreza en un 25% y una cobertura escolar del 95%, son realistas y si se va avanzando ya hacia esas metas.

20.Pregunta si hay estadísticas sobre la violencia policial y los malos tratos infringidos a los niños en los centros de detención, a cuántas personas se ha demandado como autoras de tales actos, qué sanciones se han impuesto, qué medidas se han adoptado para hacer frente al problema de la violencia contra los jóvenes privados de libertad y si se ha establecido un sistema de formación destinado a inducir a los funcionarios a modificar su comportamiento.

21.La Sra.  KHATTAB constata que los niños discapacitados, los indígenas, los que viven en zonas rurales remotas y las niñas son víctimas de discriminación. Subraya la importancia de declarar el nacimiento de los niños, a fin de que puedan disfrutar de todos sus derechos, y desea saber qué se hace para corregir la disparidad que se mantiene entre las zonas rurales y urbanas en este sentido, a pesar del decreto por el que se establece el sistema nacional de registro de los nacimientos.

22.Desea saber si el Gobierno ha puesto en práctica una política nacional contra la explotación sexual y comercial de los niños y qué medidas se han adoptado para luchar contra la pobreza en la que viven, contra la criminalidad y la violencia, cada vez más extendidas, y contra la impunidad de los autores de malos tratos sobre los niños.

23.Sería conveniente que la delegación aclarase si la reducción del porcentaje de lactantes amamantados, que ha disminuido del 35% en 2001 al 30% en estos últimos tiempos, se puede atribuir a las protestas de la industria de los sucedáneos de la leche materna, que dieron lugar a la suspensión de la aplicación de la Orden Ministerial núm. 4780 sobre las normas relativas a la promoción y la protección de la lactancia materna. También habría que saber lo que hace el Gobierno para proteger la lactancia materna y si tiene intención de modificar la ley nacional sobre esta materia, que no se ha revisado desde hace varios años.

24.La Sra.  SMITH recomienda que se mejore la planificación urbana de Honduras, porque a menudo faltan campos de juego, a pesar de que el descanso y esparcimiento y las actividades recreativas, culturales y artísticas son un derecho importante desde el punto de vista del desarrollo educativo y social del niño. Pregunta si se proyecta fomentar que los niños vean menos la televisión en beneficio del juego al aire libre e incorporar a los planes de gestión del territorio la creación de zonas destinadas a las actividades deportivas y recreativas.

Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.40 horas.

25.La Sra.  GARCÍA DE ZÚÑIGA (Honduras) dice que el 58% de los 3,5 millones de niños que tiene el país viven en el campo y el 41,7% en las ciudades, el 50,9% son varones y el 49,1% mujeres. Los niños de 0 a 10 años representan el 25% de la población total.

26.Honduras ha logrado progresos considerables en el plano institucional. En 1997, se sustituyó la Junta Nacional de Bienestar Social por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. El Instituto cuenta con 53 centros a nivel nacional y lleva a cabo tres programas básicos, que comprenden la atención de la salud, el bienestar familiar y el desarrollo comunitario; la asistencia y la protección social; y la formación y la reinserción social. El examen de las actividades del Instituto realizado en 2006 puso de manifiesto un desfase entre el mandato que se le había conferido y sus principales actuaciones a lo largo de sus nueve años de existencia. Los diferentes acontecimientos políticos y económicos registrados en el país han influido en la actividad del Instituto. Desde el comienzo se lo ha considerado más un organismo de dirección que un organismo de ejecución de los programas. En 2006, la reforma en curso llevó al Gobierno a explicar a la población la función rectora del Instituto en virtud de su mandato y se presentó al Congreso Nacional un proyecto de modificación del artículo 2 de la Ley sobre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, disponiendo que el Instituto sea la entidad rectora, la principal autoridad técnica del Estado en su ámbito de competencia.

27.Las actividades realizadas por los sectores público y privado en la esfera de la protección de la infancia y la familia se deben integrar en una política nacional y no responder a ciertas necesidades particulares con miras a solucionar los diferentes problemas que encuentran los niños a nivel local. Sería preferible llevar a cabo actividades de prevención, para evitar que los niños se encuentren en situaciones difíciles que los lleven a romper los vínculos con la sociedad y con el derecho.

28.El proyecto de reforma presentado al Congreso tiene un componente presupuestario. Se ha propuesto la asignación de 25 millones de dólares al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia para que pueda asumir sus nuevas funciones de órgano encargado de las políticas sobre la infancia. La ejecución de este presupuesto, que abarca el período 2007-2010, será objeto de un examen anual. Se dará prioridad a la prevención, para lo cual se movilizará a las administraciones locales, pero también a las asociaciones locales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas, deportivas, culturales, etc.

29.La reforma del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia supone también una reorganización de su plantilla, puesto que están diplomados menos del 10% de sus 954 funcionarios, y no están necesariamente especializados en las cuestiones relativas a la infancia, dado que no existe en Honduras ninguna formación universitaria específica de este sector.

30.El Consejo Directivo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, al frente del cual está el Presidente de la República, reúne a representantes de los Ministerios de Salud, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, del Interior y de Justicia; el Consejo Consultivo está formado por representantes de 13 organismos de los sectores público y privado.

31.El Sr . ZERMATTEN pregunta cuáles serán las partes respectivas de los salarios (95% en este momento) y de la prevención en el presupuesto anunciado, sabiendo que es principalmente en este sector donde el Gobierno tiene intención de fortalecer las actividades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Se ruega que faciliten información sobre las medidas previstas para aumentar la proporción de personal diplomado.

32.La Sra.  GARCĺA DE ZÚÑIGA (Honduras) responde que está prevista la asignación anual de alrededor del 70% a gastos de personal. El Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia reformado debería contar como máximo con un centenar de funcionarios.

33.La Sra.  ORTIZ cree entender que el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia va a dejar de prestar servicios a los niños de manera directa y que cerrará sus centros y pregunta qué ocurrirá con las 954 personas que trabajan allí en la actualidad.

34.La Sra.  GARCĺA DE ZÚÑIGA (Honduras) explica que las 41 guarderías del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia se transferirán a las colectividades locales. Los gastos que soporta el Gobierno son demasiado elevados en relación con los resultados obtenidos, pero sobre todo se trata de involucrar a todos los sectores interesados. En cambio, la cuestión de los infractores menores de edad seguirá estando exclusivamente a cargo del Gobierno.

35.El S r . LARA WATSON (Honduras) dice que su país, en el marco de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, se ha comprometido a invertir en el sector social a cambio de un alivio de la carga de la deuda. Con este fin ha adoptado una estrategia de reducción de la pobrezapara cuya aplicación una de las condiciones es la descentralización de los gastos, a fin de favorecer la participación de las comunidades y mejorar la transparencia. Por consiguiente, todos los proyectos que se lleven a cabo tienen que recibir la aprobación de los municipios, en consulta con la población local. Alrededor del 35% de los fondos asignados a esta estrategia están destinados al sector social, sobre todo a la infancia.

36.El presupuesto del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia pasó, en efecto,de 108 millones de lempiras en 2005 a 100,8 millones en 2006, pero ascenderá a 112 millones en 2007. Además, se ha aumentado la cuantía de los créditos asignados a partidas muy importantes para la infancia, como los servicios de salud − en particular los destinados a los discapacitados −, la educación − sobre todo la enseñanza secundaria − y la reinserción de los delincuentes menores de edad.

37.En septiembre de 2002 se creó la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas de Menores, que depende del Ministerio de Seguridad, pero rinde cuentas directamente a la Comisión Permanente de Protección a la Integridad Física y Moral de la Niñez, con una plantilla de 22 personas, 15 para la región nordoccidental, de las que 11 son investigadores, y siete para la región centrooriental, con seis investigadores. A pesar de disponer de medios extraordinariamente limitados, la Unidad Especial ha podido investigar 1.202 muertes violentas de niños. El número de casos reconocidos por las organizaciones no gubernamentales es de unos 3.000, pero esta diferencia se explica por el hecho de que la Unidad Especial se ocupa únicamente de las muertes que parecen ejecuciones, mientras que el resto se confían a otros servicios de la policía. De estos 1.202 casos, 267 (es decir, el 22%) se han transmitido ya al ministerio público: en 34 ocasiones los presuntos culpables eran agentes del Estado (principalmente policías o militares), otros 130 eran particulares y los 103 restantes miembros de las maras, las bandas de jóvenes que representan un problema creciente en Honduras y en los países vecinos. La mayor parte de los actos de violencia se deben a dos bandas rivales, la «Mara 18» y la «Mara Salvatrucha». Se ven afectados en particular tres municipios del departamento de Cortés: Villanueva, Cofradía y Choloma. Hay que señalar que por iniciativa del Presidente de la República y la Comisión Permanente de Protección a la Integridad Física y Moral de la Niñez se ha decidido recientemente dotar a la Unidad Especial de un presupuesto específico.

38.El PRE SIDENT E pregunta si se ha establecido un mecanismo de indemnización a las familias de las víctimas.

39.El S r .  LIWSKI pregunta si se puede someter a la acción de la justicia a los superiores jerárquicos de los autores de asesinatos de niños que pertenecen a las fuerzas de seguridad en calidad de ordenantes o cómplices de los hechos y si se ha creado un registro de víctimas distinto del de los miembros de bandas.

40.El Sr.  LARA WATSON (Honduras) responde que cada vez que se denuncia a un miembro de las fuerzas de policía o del ejército toda la cadena de mando es objeto de una investigación, pero que hasta el momento jamás se ha demostrado que un autor haya actuado por orden de un superior.

41.La Sra.  ORTIZ desea saber qué mecanismo controla la utilización de los fondos asignados a la estrategia de reducción de la pobreza y si se consulta a la sociedad civil sobre la manera de utilizar esos fondos.

42.Aconseja al Estado parte que organice cursos de formación sistemática para dar a conocer la Convención en las universidades, a las fuerzas de policía y en los centros de detención, así como en el seno del sistema judicial.

43.Se invita a la delegación a presentar información complementaria sobre las estructuras establecidas a nivel local para facilitar la vida cotidiana de las familias − en particular guarderías, centros de asesoramiento, hogares de acogida para las víctimas de la violencia − y a explicar qué recurso distinto del ingreso en una institución hay previsto cuando fracasa una familia. Sería oportuno que los niños se pudieran colocar en familias de acogida de manera provisional durante el tiempo necesario para determinar si se pueden reintegrar en el domicilio familiar o si habría que plantear la posibilidad de la adopción.

44.Sería interesante saber si el proceso de ratificación de la Convención de la Haya sobre la protección de la infancia y la cooperación en materia de adopción internacional ha progresado y en qué situación está el proyecto de ley de 2000 sobre la reforma del sistema de adopción.

45.El Sr.  ZERMATTEN desea saber cuál es el presupuesto del proyecto «Cero niños en la calle», quién coordina esa iniciativa, si se han examinado las causas profundas del fenómeno y si en el proyecto se contemplan medidas concretas en cuanto a vivienda, formación y recopilación de datos.

46.Según diversas fuentes de información, las condiciones sanitarias y de seguridad en los centros de detención de menores son particularmente preocupantes; se necesitan medidas que permitan limitar la superpoblación, dar a los detenidos acceso al agua potable y a los cuidados básicos y poner fin al tráfico de armas y los ajustes de cuentas en esos establecimientos.

47.El Sr.  FILALI pregunta si en los casos de violencia los investigadores, las víctimas y los testigos reciben la protección indispensable para garantizar la seriedad de las investigaciones y si los Estados de la región cooperan para hacer frente a este fenómeno, que afecta a todos.

48.La aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia representa un avance, pero los resultados sobre el terreno no están a la altura de lo esperado. Además de los problemas de financiación, otros factores que sin duda contribuyen a ello son el deterioro de las infraestructuras y la falta de formación, junto con la falta de coordinación entre las fuerzas de policía, el ministerio público y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, debiendo atribuirse a este último una prioridad más elevada que al resto.

49.La Ley antimaras, que autoriza al juez a dictar prisión preventiva para menores, se deberá aplicar con prudencia, manteniendo el espíritu del principio de la presunción de inocencia. De todos modos, los que se ven sometidos a prisión preventiva siempre se deberán mantener separados de los condenados y se dará preferencia a las medidas socioeducativas sobre las de represión, aunque hasta ahora solamente se ha recurrido a ellas en el 8% de los casos. También habría que saber si en los centros de detención se impone el aislamiento como sanción disciplinaria, y en caso afirmativo durante cuánto tiempo.

50.La Sra.  LEE señala que lamenta que el informe no contenga información referente a la aplicación de las recomendaciones anteriores del Comité sobre los niños discapacitados ni sobre la autoridad encargada de las políticas en favor de este grupo de la población. Es deplorable que no se haya realizado ningún estudio para determinar el número de casos de discapacidad y sus diferentes causas, por ser indispensables estos datos para formular medidas adecuadas con objeto de reducir su incidencia. Pregunta qué ocurre con los numerosos niños discapacitados que no asisten a la escuela y cómo se puede ajustar Honduras a la iniciativa de «Educación para todos» si no se escolariza a los discapacitados. La delegación tal vez desee confirmar el número total de días de escuela por año en Honduras, que es muy inferior a la media mundial.

51.La Sra.  AL-THANI observa que se han reconstruido muy pocos de los centros destruidos por los huracanes y que en las zonas rurales el acceso a los servicios de salud sigue siendo difícil, lo que hace pensar que los esfuerzos realizados para acelerar el proceso de reforma del sector de la salud no son suficientes. Si bien los indicadores de mortalidad muestran un retroceso, siguen siendo elevados para la región, debido en gran parte a la malnutrición, que afecta a una proporción elevada de los habitantes, y a la tasa de cobertura de la vacunación, que está retrocediendo.

52.Los embarazos de adolescentes siguen siendo muy numerosos y su interrupción se efectúa de manera clandestina, con los riesgos que esto comporta.

53.La ley aprobada en 1999 para hacer frente a la epidemia de VIH/SIDA no parece haber dado frutos, puesto que la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual y el número de niños huérfanos a causa del SIDA no dejan de aumentar. Se necesita una estrategia de reducción de los casos de transmisión de la madre al niño y de ayuda a las personas afectadas por el VIH/SIDA.

54.El consumo de alcohol y de estupefacientes es otro motivo de gran preocupación, y sería útil conocer las medidas adoptadas para mejorar la salud física y mental de los adolescentes.

55.La Sra.  OUEDRAOGO insiste en la necesidad de determinar el alcance del fenómeno de la explotación sexual de niños con fines comerciales y de examinar el tema no sólo desde el punto de vista de la represión, sino también y sobre todo de la prevención. Hay que atacar las causas del problema con un plan integrado y proponer cuidados y programas de reinserción social para los niños afectados, porque son víctimas y no delincuentes.

56.En el capítulo del informe relativo a las medidas especiales de protección no se hace referencia a las poblaciones indígenas, cuestión que requiere una aclaración. En efecto, estas poblaciones vulnerables se deberían beneficiar de medidas particulares, como lo demuestra su elevada presencia en las bandas y las prisiones. Además, la manera en que el Gobierno transfiere los recursos a estas comunidades en el marco de su estrategia de reducción de la pobreza parece perjudicial para su cultura y sus tradiciones.

57.El PRE SIDENT E pregunta si se ha establecido una educación bilingüe en las comunidades indígenas, y en caso afirmativo cuántos niños la reciben.

58.El Sr.  KRAPPMAN constata que la tasa de escolarización ha mejorado en la enseñanza primaria, pero que la tasa de abandono es preocupante y no se han conseguido progresos en la secundaria. Persisten grandes disparidades entre las regiones y entre las zonas urbanas y rurales. La elevada tasa de repetición, que incita a los alumnos a abandonar los estudios, pone de manifiesto la mediocridad de la educación. Hay que crear puestos de maestros, porque en la actualidad es frecuente que haya solamente dos maestros para todos los alumnos de todos los niveles, y se les debe impartir una formación inicial y continua mejor. El fortalecimiento de la educación preescolar y la mejora de los programas también podrían contribuir de manera significativa a reducir las dificultades escolares de los niños. Se invita a la delegación a indicar cómo piensa fomentar el Estado la formación profesional y si se reúne de manera regular con los sindicatos que representan a los menores que trabajan. Son muchos los niños que deben trabajar para ayudar a su familia, aunque desearían poder proseguir su escolaridad, y por consiguiente habría que oír sus propuestas.

59.El Sr.  KOTRANE, cree entender que los fondos asignados al Plan nacional de acción contra el trabajo infantil son insuficientes para erradicar esta práctica, por lo que pregunta si Honduras se beneficia de la asistencia del Programa Internacional para la Abolición del Trabajo Infantil. (IPEC) de la OIT, y en caso afirmativo si están incluidos los niños indígenas que se dedican a la agricultura, los de 14 a 17 años que trabajan en las minas y las niñas empleadas en el servicio doméstico.

60.Aconseja vivamente al Estado parte que imparta más formación a los jueces de menores y encargue a una comisión de investigación independiente la realización de visitas regulares a las prisiones, sobre todo teniendo en cuenta que la imposición de medidas privativas de libertad es más frecuente desde la adopción de la Ley antimaras.

61.El Sr.  LIWSKI pide detalles sobre los beneficiarios de las considerables inversiones efectuadas para mejorar el acceso al agua potable.

62.Tras la repatriación de un gran número de menores hondureños expulsados de países situados al norte de Honduras, sería oportuno que la delegación indicara si en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza se han previsto medidas orientadas a detener la emigración, si los países afectados han concertado acuerdos de coordinación con objeto de proteger a los migrantes a nivel regional y han establecido mecanismos bilaterales a fin de procurar que las expulsiones tengan lugar sin riesgo para los menores, si hay relación entre estas expulsiones y la pertenencia a bandas y si los menores repatriados se benefician de programas de reinserción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas .

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