54º período de sesiones
Acta resumida de la 1523ª sesión (Sala A)
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 2 de junio de 2010 a las 15.00 horas
President a:Sra. Lee
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Bélgica
Informe inicial de Bélgica con arreglo al Protocolo facultativo de la Convención sobre los D erechos del N iño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Bélgica (continuación) (CRC/C/BEL/3-4; CRC/C/BEL/Q/3-4 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Bélgica se sientan nuevamente a la Mesa del Comité.
El Sr. Puras pide información sobre la integración de los niños con discapacidad en el sistema de enseñanza y cita informes de algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) según los cuales la combinación de educación especializada y general disponible para esos niños es insatisfactoria. Aunque las familias deberían ser libres de elegir para su hijo entre una educación especializada o una educación integradora, el Comité apoya firmemente la integración como opción preferida, siempre que esté bien gestionada y cuente con recursos adecuados. El orador observa que, al parecer, un Decreto de 2009 del Gobierno de la Comunidad Francesa que fortalece la integración y la inclusión ha encontrado resistencia y solicita información sobre las tendencias básicas en esa esfera y las medidas que se han adoptado para asegurar que las necesidades y los derechos de los niños con discapacidad sean plenamente satisfechos en Bélgica.
También desea saber cómo está atendiendo el Gobierno la escasez de plazas residenciales de cuidados psiquiátricos para niños de que se ha informado, si busca simplemente aumentar el número de plazas hospitalarias o si está estudiando también el desarrollo de alternativas de atención de pacientes externos, de extensión y de servicios de guardería. Hace hincapié en la necesidad de un abanico equilibrado de opciones de atención mental infantil para contrarrestar el uso excesivo de tratamiento hospitalario. Puesto que algunas ONGs han expresado la preocupación de que pudiera negarse a los niños en atención psiquiátrica su derecho a la intimidad y otros derechos básicos, como el acceso a la educación, el orador también se pregunta qué tipo de sistema de vigilancia existe para garantizar que se respeten sus derechos. Otro tema que le preocupa son las denuncias de que cada vez con mayor frecuencia se prescriben fármacos para tratar el trastorno de déficit de atención, por lo que agradecerá que se le confirme que antes de administrar cualquier medicamento se tienen debidamente en cuenta todas las alternativas educativas, psicológicas y terapéuticas.
El reciente proyecto Daphne de la Unión Europea ha situado a Bélgica entre los cinco países europeos con mayor número de niños menores de 3 años en acogimiento en instituciones, junto con Bulgaria, Letonia, Montenegro y Rumania. Puesto que períodos de más de tres meses en una institución son perjudiciales para el desarrollo del niño, el orador solicita una explicación de la alta tasade internamiento en instituciones. Las medidas previstas para fortalecer la capacidad de crianza de los padresdescritas en el informe son loables, pero falta información sobre su sostenibilidad y alcance geográfico, lo que debe remediarse. También quisiera saber cómo consiguen las autoridades la participación de las familias menos favorecidas.
La Presidenta se muestra preocupada porque la demanda de servicios de guardería es muy superior a la oferta y que a menudo tales servicios solo están disponibles para los padres que trabajan. Por lo tanto, le gustaría saber de qué opciones disponen los padres que no trabajan. La Presidenta también pide datos estadísticos sobre la lactancia materna. Cita informes según los cuales el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna ha sido infringido frecuentemente en Bélgica e insta al Gobierno a trabajar en todos los niveles para asegurar su cumplimiento.
La Sra. D’ hondt (Bélgica) dice que la delegación belga responderá en primer lugar a las cuestiones planteadas durante la sesión matinal.
El Sr. Van Haelst (Bélgica), respondiendo a una pregunta referente a la integración de los niños francófonos en las escuelas flamencas, explica que hay tres alternativas para los niños que hablan en su hogar una lengua distinta a la lengua principal de enseñanza: i) programas educativos que incorporan enseñanza en la lengua de origen de la familia; ii) programas introductorios de un año que proporcionan enseñanza en flamenco a fin de preparar al niño para su integración dentro del programa escolar ordinario; y iii) escolarización en una escuela flamenca o francesa en ejercicio de la libertad de los padres de elegir para su hijo una educación en lengua flamenca o francesa independientemente de en qué parte del país vivan.
La Sra. Govaert (Bélgica) añade que en el sistema educativo francófono existen 136 escuelas primarias y 78 secundarias que ofrecen inmersión lingüística en francés e inglés y en francés y flamenco. Esta forma de enseñanza está disponible para todos los niños y no tiene requisitos previos de matriculación.
La Sra. Somers (Bélgica), respondiendo a las preocupaciones planteadas por la aplicación de la ley penal a los menores infractores, dice que es importante hacer hincapié en que los menores son juzgados como adultos solo en circunstancias muy excepcionales, cuando el delito es particularmente grave y el menor ha alcanzado la edad de 16 años y ya ha sido sometido a sanciones disciplinarias. Tales decisiones solo las puede tomar un juez con formación especial en cuestiones relacionadas con la juventud y siempre y cuando haya habido una evaluación médica y psicosociológica satisfactoria que tome en cuenta la madurez y el entorno social del acusado. Incluso si fuesen considerados aptos para ser enjuiciados como un adulto, los menores siempre son juzgados en salas especiales para jóvenes ante jueces especialmente capacitados. También es importante recalcar que los menores condenados ya no son enviados a la cárcel sino que, en el futuro, serán alojados en un instituto para menores infractores en Saint-Hubert.
El Sr. Kotrane dice que, aunque el Comité es consciente de que solo un número muy pequeño de los jóvenes de entre 16 y 18 años son juzgados como adultos, no acepta tales excepciones.Según el artículo 40 de la Convención y otros textos pertinentes, todos los menores tienen derecho a ser juzgados como menores, a tener acceso a justicia restaurativa y a que su pena se ajuste a sus circunstancias; nunca deben ser juzgados sobre el fondo del asunto como es costumbre en el procedimiento penal de adultos.
La Sra. Somers (Bélgica), pasando a la cuestión de la adopción, informa de que en 2009 hubo 451 adopciones internacionales y 51 nacionales. En la legislación belga, se distingue entre adopción “convencional”, en la que el país de origen del adoptado es signatario del Convenio de La Haya y adopciones “no convencionales”. Los principios rectores del Convenio sobre Adopción Internacional han sido asimilados por la legislación belga para evitar la mercantilización de las adopciones y desalentar a posibles adoptantes de procurar obtener adopciones no convencionales como un medio más fácil. Así pues, no se realizan adopciones en contravención del derecho internacional, el orden público, los mejores intereses del niño ni el principio de subsidiariedad. Todas las adopciones se registran ante una autoridad federal central, y siempre se conserva un registro con el nombre original del niño incluso si los padres eligen uno nuevo.
La Sra. Ortiz solicita una aclaración sobre dos puntos: primero, la razón de las dos formas de adopción y, segundo, la asistencia y el asesoramiento ofrecidos a los padres biológicos mencionados en el párrafo 374 del informe. En concreto, desea que se le confirme si el objetivo de la asistencia es permitir, cuando sea posible, que los niños permanezcan con sus padres biológicos. También agradecería una explicación sobre el bajo número de adopciones nacionales, si verdaderamente hay tan pocos niños para adoptar en Bélgica o si la situación indica que los posibles adoptantes están solo interesados en niños muy pequeños sin problemas aparentes de salud. Quiere saber qué pasos está tomando el Gobierno para fomentar la adopción de niños mayores y de niños con discapacidad.
La Sr a . Somers (Bélgica) explica que el derecho belga reconoce dos formas de adopción porque el Gobierno Federal ha decidido autorizar adopciones de niños extranjeros incluso si el país de origen del adoptado no es signatario del Convenio de La Haya, como es, por ejemplo, el caso de Kazajstán. El fin de las disposiciones específicas referentes a esas adopciones es asegurar que se respeten en todos los casos los principios de La Haya.
La Sra. Govaert (Bélgica), respondiendo a la segunda pregunta de la Sra. Ortiz, explica que el procedimiento aprobado tanto para las adopciones nacionales como para las internacionales incluye un estudio de los motivos de la adopción y prevé la determinación de cualquier ayuda financiera o asistencia social o psicológica disponible para las familias biológicas que pudieran hacerlas reconsiderar su decisión. Se examinan todas las alternativas posibles y las posibles adopciones a veces se posponen o incluso se abandonan. Las decisiones se toman en consulta con la familia biológica, teniendo en cuenta cualquier obstáculo financiero o psicológico, y se hace todo lo posible por encontrar la mejor solución para el niño.
El Sr. Van Haelst (Bélgica), hablando sobre iniciativas de salud preventiva en la Comunidad Flamenca, informa de que se ha concedido una subvención total de 2,3 millones de euros al centro Sensoa para la salud sexual a fin de financiar campañas de prevención dirigidas a grupos de alto riesgo —concretamente hombres homosexuales y jóvenes africanos. Los centros de apoyo para jóvenes emprenden campañas de prevención dirigidas a los jóvenes en general, y brindan ayuda y asesoramiento en relación con el VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y los métodos anticonceptivos así como asistencia sanitaria. Para combatir la obesidad, en 2009 el Gobierno lanzó un plan de acción para concienciar sobre la importancia del ejercicio físico y de una dieta sana para los escolares, que está vinculado a una iniciativa paneuropea más amplia en favor de una alimentación sana. Un decreto con fuerza de ley prohíbe fumar en las escuelas, incluso a los profesores. También hay planes de acción para combatir el consumo de drogas y el tabaquismo entre los niños y para evitar los suicidios de menores. El primero incluye una campaña que aboga por aulas sin humo y un programa de reafirmación personal para animar a los jóvenes a decir no a las drogas. El segundo consta de cuatro componentes: i) asesoramiento en salud mental en las escuelas secundarias; ii) apoyo en línea y por teléfono; iii) un mecanismo de detección e intervención rápida que permite a los profesionales de la salud mental adoptar medidas inmediatamente en el lugar de residencia del menor; y iv) un programa de apoyo preventivo basado en Internet para los hijos de padres con enfermedades psiquiátricas.
La Sra. D’hondt (Bélgica) añade que en la Comunidad Francesa se dispone de programas semejantes de prevención, tratamiento y seguimiento.
La Sra. Goossens (Bélgica) dice que la mutilación genital femenina es un problema del cual el Gobierno Federal es muy consciente y respecto del cual está adoptando amplias medidas para su erradicación. Por ejemplo, en abril de 2008 las autoridades de asilo introdujeron un procedimiento de seguimiento que incluía controles anuales de las familias con niñas menores de 16 años. Cuando los padres solicitan el estatuto de refugiado, se les pide que firmen una declaración por la que confirman que conocen los riesgos inherentes a tal práctica y la responsabilidad penal en que incurren si someten a sus hijas a ella. Desde entonces, cada año, se les pide que presenten un certificado médico que confirme la ausencia de circuncisión femenina. El seguimiento hasta la fecha ha dado resultados positivos y la cooperación de los padres es buena.
La erradicación de la mutilación genital femenina es también uno de los objetivos del plan de acción nacional para combatir la violencia doméstica, y el Gobierno Federal tiene planes para crear un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones que rodean a la violencia de género. Los representantes de la Comunidad Flamenca desean añadir que la circuncisión femenina no es un problema de grandes dimensiones en Bélgica y que las niñas que podrían estar en peligro son examinadas en centros especiales de apoyo al alumnado —el único programa de este tipo en Europa.
La Sra. Joosten (Bélgica) dice que combatir prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y todas las formas de violencia por motivo de género en general es un elemento fundamental de la política exterior del Gobierno de Bélgica para fomentar la igualdad entre los géneros y de oportunidades, los derechos del niño y la salud reproductiva y sexual. Los 18 países socios con los que tiene acuerdos de cooperación bilateral incluyen naciones africanas donde la mutilación genital femenina es una práctica continuada —principalmente en Malí, pero también en el Senegal, Benin y el Níger. La cooperación belga con esos países consiste en apoyar la promoción de la salud, la igualdad entre los géneros y el respeto de los derechos del niño más que en brindar una financiación directa. Con todo el Gobierno contribuye económicamente a los programas de cooperación multilateral dirigidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y otras organizaciones internacionales. Además, lleva a cabo campañas de concienciación en Bélgica, apoya conferencias internacionales y está organizando una serie de eventos para poner de relieve la cuestión durante su próxima presidencia de la Unión Europea.
El Sr. Citarella (Relator para el país) pregunta a la delegación si la legislación nacional belga contiene disposiciones concretas que tipifiquen como delito la mutilación genital femenina.
La Sra. Joosten (Bélgica) confirma que el Código Penal contiene un artículo específico que tipifica tales prácticas como delito.
La Sra. Govaert (Bélgica), refiriéndose al derecho de los niños a la intimidad, confirma que las unidades de planificación familiar que se ocupan de la atención de la salud emocional y sexual, la educación y el bienestar en la Comunidad Francesa, que proporcionan anticonceptivos e información sobre cuestiones como la interrupción del embarazo, deben acatar un código ético muy estricto y mantener una confidencialidad médica absoluta respecto a los menores que usan sus servicios.
La Sra. D’hondt (Bélgica) añade que el requisito de confidencialidad que deben cumplir todas las personas que trabajan en esos ámbitos, incluso como voluntarios, también está establecido expresamente en un artículo del Código Penal.
El Sr. Van Haelst (Bélgica) dice que la Comunidad Flamenca ha subvencionado un estudio para determinar cómo hacen uso de su tiempo libre los niños desfavorecidos y qué piensan estos de las opciones de que disponen. En cuanto a los servicios de guardería, las normas establecidas por el Consejo Europeo de Barcelona de proporcionar guarderías al 33% de los niños menores de 3 años se respetan en todo el territorio flamenco, pero en algunas ciudades este nivel no se ha alcanzado. La Comunidad Flamenca tiene, por tanto, un nuevo plan para aumentar el número de plazas disponibles en guarderías, y para 2010 se aprobó un presupuesto adicional de 5,5 millones de euros para educación preescolar y de 9,5 millones de euros para la atención de niños fuera del horario escolar. El programa de crianza positiva Triple P (Positive Parenting Program) ha demostrado ser muy beneficioso para niños desfavorecidos, y el gobierno de la comunidad considera extenderlo a todo el territorio flamenco.
Respecto a la delincuencia juvenil, un estudio reciente ha confirmado los informes de ONGs que afirman que los menores infractores que son internados provienen, muy probablemente, de entornos desfavorecidos. El Gobierno está estudiando qué enseñanzas se pueden extraer de ello, y ha aprobado un presupuesto adicional de 1,5 millones de euros para soluciones alternativas a la colocación en instituciones.
En la Comunidad Flamenca, las políticas contra la pobreza incluyen medidas para proteger el derecho de los pobres a la energía, como por ejemplo normas que establecen que los servicios de gas y electricidad no pueden interrumpirse en invierno.
La Sra. Aidoo se pregunta si los programas en vigor para reducir la pobreza están a salvo de recortes presupuestarios en tiempos de dificultades financieras. Entiende que la educación primaria es gratuita, pero desea saber si los gastos conexos, como los libros de texto y el transporte escolar, también están cubiertos.
La Sra. Ortizdice que según la información de que dispone el Comité, a algunos niños les lleva hasta dos horas llegar a la escuela, y pregunta qué está haciendo el Gobierno para subsanar esas dificultades en el transporte escolar.
La Sra. Villará n de la Puente indica que el Comité ha recibido información de que se ha instituido un sistema para penalizar a los niños que faltan a la escuela y pregunta si esos niños son denunciados a las autoridades. Desea saber también si hay alguna iniciativa en la Comunidad Flamenca para recortar los subsidios a las familias cuyos hijos no asistan a la escuela.
La Sra. Govaert (Bélgica) responde que existe la voluntad política dentro de la Comunidad Francesa para atender a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los planes para la cohesión social en la comunidad se basan en el ejercicio de derechos fundamentales y el acceso a los servicios sociales. Los presupuestos para estos planes se han mantenido durante la crisis económica y hay un marco legal para asegurar que no se puedan recortar.
El Sr. Van Haelst (Bélgica) dice que todas las nuevas iniciativas que ha mencionado se han tomado durante la crisis financiera y esos programas no se reducirán.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que en el curso de la preparación del informe, ambas comunidades se comprometieron a llevar a cabo muchas iniciativas distintas. En la Comunidad Flamenca, por ejemplo, el 60% de las plazas de guardería para niños pequeños está en función de los ingresos familiares, y las familias de bajos ingresos pagan menos. También existen iniciativas para permitir que las familias de bajos ingresos vayan de vacaciones o asistan a actos deportivos o culturales.
Con respecto a los menores extranjeros no acompañados, es cierto que solo los menores no europeos no acompañados son colocados al cuidado del Servicio de Tutela. Sin embargo, en 2007 se adoptó una disposición por la cual los menores no acompañados de la Unión Europea que tengan grandes necesidades deben ser remitidos por el Servicio de Tutela a las instituciones competentes que puedan darles alojamiento y la asistencia social necesaria.
La Sra. Ortiz dice que, según la información de que dispone el Comité, existe una crisis en los centros de recepción y estos centros no están en condiciones de atender a muchos menores extranjeros no acompañados. Existen denuncias de que a menudo estos menores son detenidos por la policía, y la oradora se pregunta si el Estado parte puede crear soluciones alternativas en vez de detener a los niños.
La Sra. Goossens (Bélgica) responde que la crisis de ocupación excesiva en los centros de recepción se debe al aumento en un 40% de las solicitudes de asilo. La Dirección Federal de Recepción de Solicitantes de Asilo (FEDASIL) está trabajando para procesar las solicitudes más de prisa. Entre marzo de 2009 y marzo de 2010 se han concedido partidas presupuestarias adicionales a la FEDASIL y se han creado 2.720 plazas adicionales dentro de los centros de recepción. En marzo de 2010, se designó un delegado especial para facilitar la apertura de más plazas para los solicitantes de asilo. Con respecto a la detención de menores no acompañados, la información que ha citado la señora Ortiz no es correcta, ya que los menores ya no son detenidos en centros cerrados.
La Sra. D’hondt (Bélgica) añade que los menores no acompañados que solicitan asilo son remitidos al Servicio de Tutela y colocados en Centros de Observación y Asesoramiento.
La Sra. Villará n de la Puente desea saber exactamente qué proporción de la demanda de plazas en centros de recepción se está satisfaciendo en términos absolutos y por qué el Comité recibe aún informaciones de que hay familias de solicitantes de asilo con niños que están viviendo en la calle.
La Sra. Goossens (Bélgica) aclara que las cifras que ha dado antes corresponden al número total de solicitantes de asilo y no solo a los niños.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que hay planes para derogar la ley por la cual los menores pueden ser alistados en el ejército a partir de los 17 años, pero que ello no ha ocurrido aún. En la práctica, sin embargo, esa ley solo se aplica a aquellos que fueron alistados antes de 1993, así que en la actualidad no hay menores sirviendo en el ejército belga.
La Sra. Joosten (Bélgica) dice que Bélgica concede una gran importancia a la promoción y protección de los derechos de los niños involucrados en conflictos armados y que su país está trabajando en estrecha colaboración con ONGs para rehabilitar a niños soldados en la región africana de los Grandes Lagos.
La Sra. Goossens (Bélgica), refiriéndose a la introducción de disposiciones sobre los apátridas en la legislación belga, dice que se está preparando un anteproyecto de ley pero aún no se ha ultimado. Se espera que sea aprobado como ley una vez que el nuevo gobierno asuma funciones.
La Sra. Govaert (Bélgica) dice que, a pesar de que la exportación de armas es una cuestión de competencia de las autoridades regionales, los órganos del Estado no están excluidos del proceso. Bélgica respeta el Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas, especialmente el segundo criterio, referente al respeto de los derechos humanos en el país de destino final. También se aplica en todo el país una disposición adicional que prohíbe la exportación de armas a países con niños soldados.
La Sra. D’hondt (Bélgica) añade que en la Región Valona está prohibido que los países de destino revendan las armas a terceros países, recluten niños menores de 16 años o involucren a menores de 18 años en conflictos armados.
El Sr. Van Haelst (Bélgica) dice que las mismas normas se aplican en la Región Flamenca. También hay un instituto flamenco de promoción de la paz que controla cuestiones como la exportación de armas y los niños en los conflictos armados.
La participación de los niños en la Comunidad Flamenca se asegura a través del Consejo de Jóvenes, que transmite a las autoridades las opiniones de los niños sobre temas que les afectan. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido uno de los textos fundamentales usados para preparar el decreto que forma la base legal del Consejo de Jóvenes flamenco. A nivel local, los consejos municipales están obligados a escuchar a los Consejos de Jóvenes locales. Los proyectos que buscan promover la concienciación sobre los derechos del niño cuentan con financiación.
La Sra. Govaert (Bélgica) dice que la participación de los niños en decisiones que los afectan y la necesidad de ser sensible a las preocupaciones que ellos expresan constituyen una de las principales prioridades del Gobierno de la comunidad francófona. Las investigaciones centradas en los niños y relacionados con todos los ámbitos de sus vidas han mostrado que los niños no participan plenamente en la toma de decisiones que los afectan en la escuela. Se han diseñado herramientas para que los profesores remedienesa carencia, y se pondrán en uso en un futuro próximo. Además, se está procurando asegurar que los niños disfruten del derecho a la información. Se ha publicado un manual sobre cómo traducir los documentos en un lenguaje adaptado a los niños. Como prueba, se ha editado un folleto para niños en el que se explica el contenido del informe periódico que se halla actualmente ante el Comité.
La Sra. D’hondt (Bélgica) indica que se dispone de varias versiones de la Convención para niños. Cuando se reciban las observaciones finales del Comité, se las traducirá a un lenguaje comprensible para los niños.
El Sr. Citarella (Relator para el país) dice que el diálogo constructivo con la delegación ha confirmado que el Estado parte está aplicando muchas medidas para defender los derechos de los niños. Sin embargo, es difícil llegar a conocer con precisión el grado en que disfrutan de esos derechos todos los niños en todo el país dado que la coordinación entre regiones, órganos y autoridades es extremadamente complejo. El Estado parte debería velar por conseguir logros en varios ámbitos, como la justicia de menores y el uso de las distintas lenguas en la enseñanza, los cuales el Comité ya planteó como preocupantes en sus observaciones finales de 2002.
Informe inicial de Bélgica con arreglo al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/BEL/1; CRC/C/OPSC/BEL/Q/1 y Add.1)
La Presidenta (Relatora para el país en lo que respecta al Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía)dice que el Comité pasará a examinar el informe de Bélgica con arreglo al Protocolo facultativo y que, en ese contexto, hablará en su calidad de Relatora para el país en lo que respecta al Protocolo facultativo.
La oradora acoge con beneplácito que el Estado parte haya ratificado el Protocolo facultativo y varios instrumentos internacionales pertinentes, que haya aprobado varias leyes sobre la trata de personas y montado campañas de concienciación sobre la explotación sexual, pero señala que el informe no sigue las orientaciones revisadas del Comité acerca de los informes iniciales que se deben presentar con arreglo al Protocolo .
Se pregunta cuál ha sido la participación de la sociedad civil y de los niños en la preparación del informe. Pregunta cuál de las instancias de gobierno —federal, regional, o comunitario— se encarga del seguimiento y la aplicación del Protocolo facultativo. Desea saber si el plan de acción nacional contra la trata de personas comprende todas las medidas necesarias para la aplicación del Protocolo facultativo. También se pregunta si el plan nacional de 2001 contra la explotación sexual comercial de niños sigue existiendo y cuál ha sido su eficacia. Pide información actualizada sobre las deliberaciones del poder judicial para determinar si el Protocolo facultativo tiene un efecto directo en la legislación nacional en casos donde ambos entren en conflicto.
Desea saber si la Comisión Nacional de los Derechos del Niño es responsable de gestionar la base de datos Domino y si esa base de datos funciona plenamente. Pregunta si existe un presupuesto destinado especialmente para la aplicación del Protocolo facultativo. La oradora se pregunta por el sentido de la afirmación del párrafo 30 del informe del Estado parte de que las víctimas de la trata de personas pueden recibir un permiso especial de residencia siempre y cuando colaboren, con las autoridades judiciales. El anexo del informe muestra que al menos 240 niños registrados como menores no acompañados no han estado al cuidado de la FEDASIL y desea saber quién está atendiendo a esos niños. La misma pregunta vale para los niños que han sido registrados en el Servicio de Tutela pero no han sido atendidos por la red de FEDASIL.
El Sr. Citarella pregunta si el Estado parte contempla adoptar leyes que tipifiquen como delito y castiguen la venta de niños como se define en el Protocolo facultativo. Desea saber qué medidas toma el Gobierno para ayudar a los menores que han sido víctimas de la prostitución y reducir el fenómeno de la prostitución entre los adolescentes.
El Sr. Kotrane dice que en el informe del Estado parte con arreglo al Protocolo facultativo no queda claro qué constituye exactamente la venta de niños. Así, el párrafo 198 y ss. tratan de la explotación económica, pero el orador se pregunta si el caso de un niño que es forzado a trabajar supone un caso de venta de niños. Lo mismo puede decirse de la adopción a través de un intermediario. En ambos casos, si se consideran como venta de niños, podrían quedar sujetos a sanciones más severas.
El párrafo 28 del informe indica que no se dispone de datos sobre la prostitución infantil relacionada con el turismo sexual. Por tanto, el orador pregunta cuáles son las leyes por las que se podría enjuiciar a un ciudadano belga que viajase al extranjero por turismo sexual, y solicita ejemplos concretos de condenas por turismo sexual en los tribunales belgas.
El párrafo 20 del informe dice que la definición de la utilización de los niños en la pornografía se restringe a la representación visual de niños con fines sexuales, en razón de que Bélgica no quiere censurar la expresión escrita. De acuerdo con el Protocolo facultativo, sin embargo, cualquier forma de representación, visual o de otro tipo, está prohibida. La libertad de prensa debe quedar restringida a fin de asegurar la protección de los niños, y el orador espera que el Gobierno cambie la ley para lograr ese fin. El Protocolo también prohíbe la posesión de pornografía infantil, pero el párrafo 215 del informe sugiere que solo los aspectos comerciales de la pornografía infantil son punibles en virtud de la legislación belga. El orador solicita una aclaración.
El Sr. Puras dice que fuentes independientes indican que el Gobierno de Bélgica sigue sin conseguir proteger a los niños de la explotación y de la mendicidad forzosa, ya sea que haya trata o no. Entiende que se han realizado estudios, pero se pregunta si se ha tomado alguna medida concreta. También se pregunta cuáles son los criterios del Gobierno para definir los grupos vulnerables de niños que deben ser objeto de los programas de prevención y protección y cómo impide la identificación de niños en tales grupos, pues de lo contrario podrían ser estigmatizados. Por último, se pregunta qué medidas se toman para impedir la violencia institucional contra los niños que han sido víctimas de la prostitución y pornografía infantiles.
La Sra. Ortiz pregunta cómo se dan a conocer el Protocolo facultativo y las nuevas medidas adoptadas sobre la base del Protocolo, especialmente las referentes a la venta de niños. Desea saber especialmente cuál es el papel de los medios de comunicación de masas a ese respecto. En segundo lugar, se pregunta qué pasos está tomando el Gobierno para proteger a los niños de delitos contemplados en el Protocolo cometidos mediante el uso de tecnologías como la Internet y los teléfonos móviles, qué grupos profesionales están recibiendo capacitación en esas cuestiones y en qué consiste esa capacitación.
El Sr. Gurán desea saber quién es responsable de controlar la aplicación del Protocolo facultativo y se pregunta si el Ombudsman Federal desempeña la misma función para el Protocolo que para la propia Convención a ese respecto. En segundo lugar, pregunta si hay programas especiales para hacer frente al problema de los menores extranjeros no acompañados, especialmente los de países de Europa del Este, muchos de los cuales son romaníes. Por último, se pregunta si Bélgica es tan activa en la lucha contra el turismo sexual como lo son los países escandinavos, donde las agencias de viajes colaboran con el Gobierno. El orador se pregunta también si se ha tomado alguna medida especial para evitar los viajes organizados de turismo sexual fuera de Europa.
La Sra. Aidoo dice que, en su respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones, el Gobierno se refiere a las medidas prácticas que ha tomado el Gobierno flamenco para evitar la explotación sexual de los niños, mientras que, al parecer, la Comunidad Francesa recurre a la educación moral. Si bien es crucial proteger los cimientos morales de la sociedad, se pregunta si el criterio adoptado por la Comunidad Francesa es eficaz y si proporciona una preparación o una protección preventivas adecuadas para los niños. Pregunta si el abuso sexual también es tratado como un tema moral. Apoya la sugerencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de que Bélgica tipifique el abuso sexual como un delito de violencia contra los niños, lo que haría que recibiera penas más severas que las vigentes.
La oradora señala que, según el párrafo 120 y ss. del informe presentado con arreglo al Protocolo Facultativo Flandes está preparando un código de conducta para uso de las agencias de viajes, que incluye una cláusula sobre turismo sexual. Se pregunta si existen códigos de conducta semejantes en otras comunidades o regiones. Es importante que haya una legislación que asegure que la industria del viaje sea consciente del fenómeno del turismo sexual de que son víctimas los niños.
La Presidenta (Relatora para el país en lo que respecta al Protocolo facultativo) señala que, en la respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones, se afirma que al Departamento de Estadística le es imposible desglosar las extradiciones por tipo de delito. Se pregunta si ello obedece a que el Gobierno federal no mantiene datos de esa índole o a que no se han registrado casos de extradición. Se pregunta si alguna de las comunidades mantiene sus propios archivos.
Se suspende la sesión a las 16.40 horas y se reanuda a las 17.05 horas.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que el informe con arreglo al Protocolo facultativo lo ha redactado la Comisión Nacional de Derechos del Niño, que creó un grupo de trabajo para estudiar las cuestiones prioritarias. Ha habido una cooperación amplia de las ONGs, entre ellas ECPAT Bélgica, Child Focus y la oficina de Bélgica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), pero el resultado final es un documento oficial. Respecto a la división de atribuciones, las autoridades federales son responsables de la protección de los niños a través de los tribunales mientras que las comunidades se ocupan más de la prevención y la protección de las víctimas. En cuanto a las estadísticas, el objetivo es lograr una mayor participación de las comunidades y regiones. En el nivel federal, el Gobierno obtiene datos del servicio de protección penal, la policía —que mantiene una base de datos nacional— y la Oficina de Extranjería. La Comunidad Flamenca también tiene su propia fuente de estadísticas, la base de datos Domino. La Comisión Nacional ha recomendado que los datos sean puestos en común en un centro nacional de información, pero aún no se han tomado medidas. Respecto a la aplicación del Protocolo facultativo, dice que, a nivel federal, existe una unidad de coordinación que supervisa las medidas adoptadas en todo el país, mientras que las comunidades y regiones tienen sus propios planes de acción respecto de cuestiones como la prostitución infantil.
La Sra. Somers (Bélgica) dice que varias disposiciones de la legislación belga prohíben la mendicidad, el tráfico de órganos, el trabajo en condiciones contrarias a la dignidad humana y la coacción para cometer un delito. Todos estos delitos se inscriben dentro de la categoría de trata de niños. Lo mismo puede decirse de cualquier acción que sea contraria al Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. En cuanto a la pornografía infantil, cualquier persona en posesión de representaciones visuales de niños con fines sexuales puede incurrir en una pena de prisión de un mes o hasta un año, o una multa que puede oscilar entre 100 y 1.000 euros. En cuanto al enjuiciamiento de personas involucradas en casos de turismo sexual, la oradora asegura al Comité que se han registrado casos de esa índole, pero los datos del Gobierno sobre delitos sexuales no están desglosados, así que no consta una categoría específica para el turismo sexual. El motivo de restringir los criterios que definen la pornografía infantil a la representación visual es que Bélgica no quiere penalizar a las víctimas si llegaran a escribir una narración de sus experiencias.
La Sra. de Craim (Bélgica) explica que los menores víctimas son entrevistados en instalaciones especiales por agentes de policía capacitados al efecto. Los menores pueden estar acompañados por una persona de su confianza. También puede asistirles un psicólogo pero no puede estar en la entrevista.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice, respecto a la explotación de adolescentes por adolescentes, que en un caso así se aplica la ley sobre la protección del menor, lo que puede acarrear toda una serie de penas. También hay programas de reintegración social para los infractores de este tipo.
La Sra. Goossens (Bélgica) afirma que se espera que los menores extranjeros no acompañados colaboren con el sistema judicial, pero su edad se tiene en cuenta, especialmente porque a menudo carecen de la información necesaria. Se está considerando la posibilidad de dotar al sistema de mayor flexibilidad.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que no se ha destinado un presupuesto específico al Protocolo facultativo. Sin embargo, los distintos proyectos, iniciativas y servicios dedicados a evitar y castigar los delitos enumerados en el Protocolo facultativo reciben una parte sustancial del presupuesto general. A nivel federal, una unidad constituida a ese fin asegura la coordinación entre la policía y el sistema judicial en lo que atañe a esos delitos, y la policía mantiene una base de datos que reúne datos de distintas fuentes.
Además, varios proyectos buscan evitar que los niños sean víctimas de delitos debido a su uso de Internet, por ejemplo, el proyecto “Un Internet Más Seguro”, que proporciona información a los padres, niños y maestros y que está coordinado por Child Focus, el Centro Europeo para los Niños Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual. Otra campaña fomenta el uso seguro del Internet, especialmente mediante anuncios de televisión, carteles y un sitio web exclusivo a esos efectos, www.clicksafe.be. En los párrafos 100 y 110 del informe inicial (CRC/C/OPSC/BEL/1) se proporcionan más detalles. Bélgica tiene un buen historial de colaboración entre los sectores privado y público para luchar contra la prostitución infantil y el turismo sexual, para lo cual cuenta con las aportaciones de las autoridades federales, las ONGs y las empresas públicas y privadas, entre otras. En los párrafos 101 y 102 del informe inicial se encuentra información adicional. El párrafo 109 brinda detalles completos de las tarjetas de identificación que permiten a los niños comprobar si los demás usuarios de las salas de chat de Internet son realmente menores y no adultos intentando contactar con menores con fines deshonestos o dolosos. Otras iniciativas para luchar contra la pornografía infantil se detallan en los párrafos 110 a 115.
La Sra. Govaert (Bélgica) declara que la Comunidad Francesa ha colaborado con ONGs que trabajan con niños para formular recomendaciones a fin de acabar con la mendicidad infantil. Se ha puesto el acento en integrar o reintegrar a los niños romaníes en el sistema escolar. En Bruselas y Namur, mediadores romaníes sirven de enlace entre los niños romaníes, sus familias y el sistema escolar. En Bruselas, el proyecto destinado a evitar el abandono escolar alcanzó un nivel de éxito del 80%.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que las medidas de protección especiales son principalmente pertinentes para los menores extranjeros no acompañados. La Dirección Federal de Recepción de Solicitantes de Asilo en Bélgica (FEDASIL) vela por que todos los menores extranjeros no acompañados no tengan contacto exterior en sus primeros días en un centro de recepción, después de lo cual las visitas y comunicaciones por teléfono móvil son cuidadosamente controladas. Los menores no acompañados que hayan sido víctimas de trata de personas también están protegidos del contacto externo que pueda resultar peligroso para ellos.
La Sra. Govaert (Bélgica) añade que el centro Esperanto imparte cuidados a menores no acompañados que hayan sido víctimas de la trata de personas. El centro provee un entorno seguro, en el que los niños están a salvo de las redes de trata, son integrados en su nuevo entorno y acompañados en todas las etapas durante su solicitud de un estatuto legal. Los empleados del centro son expertos en la materia.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que existen unas 150 plazas en hostales destinadas a las víctimas de la trata de personas. Las plazas vacantes se adjudican a otros menores extranjeros no acompañados. El Ombudsman Federal no tiene competencia específica para actuar en casos que entrañen delitos con arreglo al Protocolo facultativo. En la Región Flamenca, un decreto prohíbe que las agencias de viajes colaboren de cualquier forma posible con entidades involucradas en el turismo sexual o la prostitución. Aunque no existen tales normas en la Región Valona por el momento, hay planes para introducirlas.
La Sra. Govaert (Bélgica) dice que si bien en los planes de estudios y en los programas de formación del profesorado no se hace referencia concreta a los delitos contemplados en el Protocolo facultativo, se han hecho esfuerzos significativos en las escuelas para que los niños sean más conscientes de esos delitos. Tras el juicio al asesino pederasta Marc Dutroux, los trabajadores de centros escolares han recibido materiales didácticos y formación para saber cómo abordar los problemas de los estudiantes. Además, se ha dado amplia difusión a un folleto sobre prostitución infantil con objeto de advertir a los niños sobre los peligros, especialmente a los niños que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad.
La Sra. D’hondt (Bélgica) dice que los trabajadores sociales están llevando a cabo un proyecto en Amberes a fin de determinar qué problemas han encontrado los niños que se prostituyen y sugerirles otros estilos de vida.
En la Comunidad Flamenca, ciertos programas de televisión buscan advertir a los niños sobre algunos de los problemas que pueden encontrar. Las autoridades de los medios de comunicación también se esfuerzan por proteger a los niños del material audiovisual que puede ser perjudicial para ellos, especialmente mediante avisos sobre contenidos de programas potencialmente perjudiciales y emitiendo tales programas a ciertas horas.
La Presidenta (Relatora para el país en lo que respecta al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) dice que, aun siendo una tarea abrumadora, es esencial que el Estado parte trace un esquema de todas las políticas, planes de acción nacionales, iniciativas, estrategias y normas jurídicas encaminados a fomentar los derechos de los niños, especialmente aquellos que se definen en el Protocolo facultativo. Con ello, se pondrían de manifiesto las lagunas o diferencias entre regiones y comunidades, que entonces podrían ser subsanadas o remediadas, lo cual, cabría esperar, conduciría a una mejor coordinación en el futuro. Sugiere que el Estado parte realice evaluaciones del efecto sobre los niños para determinar hasta qué punto las políticas y acciones están alcanzando los resultados deseados de manera eficaz en función de los costos.
El Comité sigue sin saber exactamente qué porcentaje del presupuesto total del Estado parte se destina a la aplicación del Protocolo facultativo. Es importante que se puedan dar estas cifras, especialmente porque los estudios han mostrado que la inversión en servicios sociales tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza infantil. Puesto que muchos de los niños que son víctimas de los delitos definidos en el Protocolo facultativo lo son a causa de la pobreza, el Estado parte debería hacer todo lo posible para mejorar sus políticas de reducción de la pobreza. Las observaciones finales del Comité se centrarán en la penalización, la prohibición y la prevención de los delitos definidos en el Protocolo facultativo.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.