54º período de sesiones
Acta resumida de la 1531ª sesión (Sala B)
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 4 de junio de 2010, a las 15.00 horas
Presidente:Sr. Zermatten(Vicepresidente)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Tercer informe periódico presentado por Túnez sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (tema 4 del programa) (continuación)
Tercer informe periódico presentado por Túnez sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/TUN/3; lista de cuestiones que deben abordarse (CRC/C/TUN/Q/3); respuestas a la lista de cuestiones que deben abordarse presentadas por escrito por el Estado parte (CRC/C/TUN/Q/3/Add.1); documento básico (HRI/CORE/1/Add.46))(continuación)
Por invitación del Presidente, la delegación de Túnez vuelve a tomar asiento a la mesa del Comité.
El Sr. Pollar pregunta si se han adoptado medidas concretas para prevenir el consumo de drogas y de tabaco, y qué disposiciones se han tomado para reducir el número de muertes debidas a accidentes de tráfico.
El orador recuerda que los niños que dejan la escuela corren el riesgo de trabajar en el sector no estructurado y pregunta si se les otorgan medidas especiales de protección.
La Sra. Maurás Pérez pide más información sobre la estrategia de información y de educación establecida para concienciar a los adolescentes sobre cuestiones de salud mental y reproductiva, y sobre las conductas riesgosas. Pregunta en particular si esta estrategia se ha incorporado en el programa escolar y si abarca la totalidad de las escuelas y niveles de enseñanza, y solicita información sobre la proporción de adolescentes que se beneficiarán realmente de ella. La oradora pregunta también si se separa a las niñas de los niños en las sesiones de información, a fin de que estas puedan recibir información mejor orientada a la mujer y formular preguntas con toda confianza. A este respecto, sería interesante saber cuáles son los temas sobre los que se plantean preguntas, por ejemplo, la violencia familiar o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La Sra. Maurás Pérez espera que los menores que mantienen relaciones homosexuales no queden expuestos a sufrir sanciones penales.
La oradora pregunta si los numerosos servicios de consulta médica que se abrieron entre 2003 y 2006 se crearon dentro de los establecimientos escolares y, si así fuera, de qué forma se conciencia a los niños que no asisten a la escuela sobre cuestiones vinculadas a la salud.
La oradora pide más información sobre el consumo de tabaco y de drogas entre los jóvenes y encuentra sorprendente que el Estado parte mantenga las disposiciones relativas a la herencia, que son discriminatorias contra mujeres, al tiempo que afirma que desea eliminar la discriminación por motivos de sexo.
El Sr. Kappmann recuerda que el Comité considera que la prohibición de utilizar el velo islámico en las escuelas y las universidades es contraria a la realización de los derechos culturales y religiosos y al ejercicio de la libertad de expresión, y pregunta cuál es la opinión de Túnez a este respecto.
El Presidente señala con sorpresa que en el párrafo 285 del informe periódico se mencionan las “infracciones de carácter social y familiar” (que el Comité denomina “delitos en razón de la condición”), es decir, actos que no son punibles cuando son cometidos por adultos, y remite a este respecto al párrafo 8 de la observación general núm. 10 del Comité, según el cual tales actos no deben tipificarse como delitos en los códigos penales. Pregunta si el Estado parte tiene previsto poner fin a esta práctica.
El orador pregunta si los niños en conflicto con la ley gozan sistemáticamente de asistencia jurídica después de la primera audiencia.
El Presidente invita a la delegación a proporcionar información precisa sobre el número de penas de privación de la libertad dictadas por jueces, dado que aún no se han establecido medidas sustitutivas, como los servicios a la comunidad o la libertad vigilada, y que la mediación no ha dado los resultados previstos. Pregunta si el observatorio ha investigado las condenas dictadas por jueces especializados y cuál es la duración máxima de la pena de privación de la libertad impuesta a un menor.
La delegación tal vez podría indicar cuántos menores se han ingresado en detención preventiva en los últimos años y si se han alojado en pabellones reservados para niños.
Sería interesante saber si los jóvenes situados en centros de reeducación pueden trabajar fuera de ellos y volver a encontrarse de vez en cuando con sus familias. La delegación también podría tener a bien indicar cuál es el sistema de control de estos centros.
En vista de la alta tasa de reincidencia, sería útil saber si el Estado parte prevé evaluar, tras 15 años de aplicación de la ley, la eficacia de las disposiciones en vigor y, en caso de que no fueran eficaces, revisarlas.
La Sra. Varmah (Relatora sobre Túnez) pregunta si la modificación del artículo 319 del Código Penal tiene en cuenta el artículo 24 del Código de Protección del Menor, relativo a los malos tratos.
La Sra. Jaber (Túnez) señala que el Gobierno se esfuerza por reducir las disparidades regionales mediante la aplicación de una política socioeconómica a favor de las regiones, basada en mapas de las prioridades sectoriales. Así, ha adoptado medidas fiscales y financieras dirigidas a alentar las inversiones y crear fuentes de ingresos para que las poblaciones se queden en su región de origen. Con el mismo fin, se han iniciado también programas de microcréditos dirigidos por asociaciones de desarrollo integrado. Finalmente, se han asignado fondos públicos a los consejos regionales de las regiones más desfavorecidas, con el objetivo de financiar la realización de proyectos integrados.
Hasta los 6 años de edad, los niños abandonados son acogidos en instituciones que dependen del Ministerio de Asuntos Sociales. Entre los 6 y los 18 años, y posteriormente si estudian, son puestos a cargo de instituciones públicas denominadas “centros integrados de la juventud y la infancia”, hasta tanto puedan asegurar su independencia. Pueden también ser ubicados en familias de acogida.
En los centros integrados de la juventud y la infancia, educadores especializados, psicólogos y asistentes sociales hacen un seguimiento de los niños. Se está elaborando un programa junto con el UNICEF dirigido a que cada niño se beneficie, desde el momento en que se lo ingresa en el centro, de un proyecto de integración que le permita asegurar su independencia.
El Sr. Boubakr (Túnez) explica que los niños que viven con una gran discapacidad son situados en instituciones especializadas que dependen del Ministerio de Asuntos Sociales y que se ha puesto en práctica un programa de integración escolar para que los niños que poseen una discapacidad ligera puedan gozar de una escolarización normal e insertarse en la sociedad. Este programa prevé la apertura de clases de integración, la formación especializada de docentes para que puedan adaptar su pedagogía a las necesidades de los niños con discapacidad, la elaboración de programas especiales y el acondicionamiento de los espacios para que sean accesibles para los alumnos con movilidad reducida. De los 7.500 niños, aproximadamente, que poseen una discapacidad ligera, 6.000 siguen una escolaridad normal y unos 1.500 son educados en clases de integración.
La Sra. Maurás Pérez pregunta si algunos de los niños que asisten a la escuela en clases de integración han sido elegidos para formar parte del Parlamento de los Niños.
El Sr. Boubakr (Túnez) responde afirmativamente. Dice que, aunque la tasa de abandono escolar es menor que en otros países de la región, este tema preocupa a las autoridades, que han adoptado una estrategia basada en tres ejes.
El primero es la prevención, mediante la generalización de la enseñanza preescolar, la formación específica de docentes de este nivel, la adopción de medidas de incentivo para el sector privado y el establecimiento de oficinas de escucha y orientación en los colegios y liceos, así como células de acción social para ayudar a los alumnos que tienen problemas familiares y sociales y que, por este motivo, corren el riesgo de salir del sistema escolar.
El segundo eje es la mejora de la calidad de la enseñanza, mediante la modificación de los programas escolares y los módulos de formación de los docentes, y el desarrollo de la infraestructura; a este respecto, en los últimos dos años se han triplicado los créditos asignados al mantenimiento de los establecimientos escolares. Además, el Estado no duda en mantener las 92 escuelas que poseen menos de 20 alumnos, a fin de que la distancia entre el domicilio de los estudiantes y el establecimiento escolar no sea un obstáculo para su escolarización.
Por último, el tercer eje de la lucha contra el abandono escolar es la multiplicación de las alternativas ofrecidas a los niños que abandonan la escuela en una etapa precoz. Así, estos pueden orientarse hacia las escuelas técnicas preparatorias, que preparan a los alumnos que dejan la escuela en el séptimo año para que se incorporen en centros de formación profesional, estudien para el certificado de competencia previsto en el artículo 13 de la ley sobre la formación profesional de 2008 para los niños que dejan la escuela antes del noveno año a fin de que puedan acceder al primer ciclo del curso de formación profesional, o seguir un ciclo preparatorio establecido para alumnos menores de 15 años.
La Sra. Varmah pregunta cuántos docentes trabajan en escuelas que cuentan con menos de nueve alumnos.
El Sr. Boubakr (Túnez) mencionan el ejemplo de una escuela donde hay seis alumnos y dos docentes, y el de una escuela de nueve alumnos que cuenta con cuatro docentes. En estos casos, la escolarización de un alumno cuesta al Estado unos 10.000 dinares, mientras que normalmente el costo es de 1.000 dinares.
El Sr. Filali pregunta si se han realizado estudios para evaluar cuántos alumnos egresados de estas escuelas siguen una enseñanza secundaria, o incluso universitaria. Pregunta si los docentes respetan a los niños y conocen la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Sr. Boubakr (Túnez) explica que las escuelas que tienen pocos alumnos forman parte de un programa de apoyo a establecimientos prioritarios, que prevé una evaluación periódica de sus resultados. Por otra parte, la lista de establecimientos prioritarios se revisa cada año en función de estos resultados. Los docentes asignados a estos establecimientos reciben una prima, pero no se les imparte una formación especializada.
En general, en los módulos de formación pedagógica se asigna importancia a la cuestión de las relaciones entre los docentes y los alumnos.
La Sra. Her c zog pregunta si existen datos sobre los resultados escolares de los niños que no viven con su familia.
El Sr. Boubakr (Túnez) dice que no dispone de datos a este respecto.
La Sra. Jaber (Túnez) precisa que, de los 7.000 niños que viven en centros integrados de la juventud y la infancia, solo 200 no tienen familia; los demás provienen de familias con problemas. La continuación de estos niños en la escuela es asegurada por los “educadores del entorno” y por diversas organizaciones no gubernamentales. Sus resultados escolares suelen ser satisfactorios, e incluso, en ocasiones, superiores a la media nacional.
El Sr. Hamrouni (Túnez) dice que se han eliminado varias enfermedades contagiosas tras el establecimiento de un sistema de atención de la salud básica en los años ochenta. La disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil, el aumento de la esperanza de vida media y la cobertura de vacunación demuestran los esfuerzos realizados.
En cuanto al acceso de los pobres al sector privado, el Sr. Hamrouni subraya que el sector público es tan eficiente como el privado, si no más, y que el sistema de salud tunecino es esencialmente público. Hay unos 2.080 centros de salud distribuidos en todo el territorio; estos no están en ningún caso a más de 4 km de las zonas habitadas. Existe, en promedio, un médico por cada 830 habitantes. El presupuesto asignado a servicios de salud aumenta todos los años y no ha disminuido jamás; actualmente, representa el 6% del PIB y el Estado procura alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, el 10% para 2015.
El Sr. Hamrouni reconoce que, desde los años ochenta, el Gobierno no ha realizado nuevas campañas de vacunación, pero señala que se añade periódicamente una vacuna más al programa ampliado de vacunación. Así, en 2004 se añadió la vacuna contra la hepatitis B, en 2005, contra la rubeola y próximamente se agregará la vacuna contra la Haemophilus influenzae. En 2011 o 2012, se debería incluir también en el programa la vacuna contra el sarampión y la rubeola, y se vacunará contra la rubeola a las niñas desde los 6 años de edad, en lugar de los 9, como ocurre en la actualidad.
En cuanto a la salud materna e infantil, se han realizado varias investigaciones sobre el terreno y se han iniciado diversos programas de gestión integrada de la protección maternoinfantil. Las cifras muestran un progreso neto: por ejemplo, los partos asistidos aumentaron del 72% en 1989 al 96% en 2006, y el objetivo consiste en alcanzar el 100% para 2012-2013.
En relación con las disparidades regionales, en particular entre las zonas rurales y las urbanas, se adoptaron varias medidas en colaboración con el UNICEF y los organismos de las Naciones Unidas. Se han definido zonas objeto de las actividades de modo que se enfrenten las desigualdades.
Existen al menos 19 programas de atención de la salud básica. Por ejemplo, para combatir la anemia se distribuye hierro gratuitamente a todas las mujeres embarazadas. La mortalidad materna ha disminuido de unas 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2003 a 36,4, y el objetivo consiste en reducirlas a 20 para 2015. En 1999, se creó una comisión para hacer un seguimiento de cada muerte materna. Actualmente, está en marcha un estudio realizado por alumnos universitarios para conocer las causas exactas de estas muertes y determinar cuáles de ellas son evitables.
Se han establecido en diversas regiones consultas para adolescentes, con médicos formados para trabajar con jóvenes. Se han creado centros dedicados a la salud reproductiva y mental en todas las universidades del país. En los liceos, existen oficinas de escucha y orientación atendidas por un agente educativo, uno de asuntos sociales y un médico abiertos a los alumnos, a quienes se invita a formular todo tipo de preguntas, incluso sobre la sexualidad. Cada año, se realiza una campaña de prevención de accidentes de tráfico durante una semana, cuando se reinician las clases en las escuelas primarias. La protección de los niños se asegura también mediante la instalación de balizas delante de las puertas de las escuelas primarias.
La Sra. Maurás Pérez pregunta si se imparten cursos de educación sexual en todo el país para niñas y niños, si los centros de salud reproductiva y mental respetan la confidencialidad de la información, si se tratan en el Parlamento de los Niños cuestiones relativas a la salud reproductiva y mental, las formas de vida y las conductas peligrosas, y qué seguimiento se da a los resultados de estos debates.
El Presidente pregunta si existe un sistema de control de los niños que no asisten a la escuela, dado que los centros de salud reproductiva y mental se encuentran en las escuelas.
El Sr. Hamrouni (Túnez) señala que los centros dedicados a la salud reproductiva y mental respetan la confidencialidad y que los niños que no asisten a la escuela tienen acceso a ellos. Las cuestiones relativas a la salud reproductiva se abordan progresivamente, a partir del sexto año de la enseñanza básica. También se mencionan las conductas de riesgo (tabaco, alcohol, obesidad, toxicomanía) entre los adolescentes. En este contexto, conviene observar que Túnez es el único país de la región del Mediterráneo oriental que ha obtenido una medalla de lucha contra el tabaco. Se ha puesto en práctica un amplio programa de concienciación sobre lo nocivo del tabaco, con miras a reducir un 10% el número de fumadores entre 2010 y 2015.
En lo que concierne a la lactancia materna, una ley nacional concede seis meses de licencia a las mujeres después del parto y se prevén horarios adaptados para que las mujeres que trabajan puedan amamantar a sus hijos. Además, se ha iniciado un programa en varias regiones para promover la lactancia materna exclusiva.
El Presidente pregunta si el suicidio de adolescentes es un tema preocupante en Túnez.
El Sr. Hamrouni (Túnez) dice que las investigaciones realizadas sobre este tema en colaboración con los organismos de las Naciones Unidas indican que el suicidio es casi inexistente en Túnez. Sin embargo, se ha decidido basar la información por una parte en la salud reproductiva, a fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y por otra parte en la salud mental, para evitar los suicidios.
La Sra. Naïmi (Túnez) señala que la edad mínima de admisión al empleo se ha fijado a los 16 años y que entre los 16 y los 18 años, la persona se considera siempre un aprendiz, cuyo sueldo ha sido establecido en 2009 por el Ministerio de Formación Profesional en el 85% del sueldo mínimo de un adulto. Estos menores se benefician de la seguridad social, sea que trabajen para una empresa o a domicilio. Existe un inspector del trabajo encargado de controlar la aplicación de la legislación y de verificar si las condiciones de trabajo no son perjudiciales para su salud física y mental, y que hace un seguimiento de la situación de estos menores. Si el jefe de la inspección considera que las condiciones de trabajo del menor no son satisfactorias, puede poner fin al contrato.
El trabajo de los menores como empleados domésticos forma parte de las situaciones difíciles que amenazan la salud del niño o su integridad física o moral mencionadas en el artículo 20 del Código de Protección del Menor, en la medida en que constituye una explotación económica del menor. En 2009 se informó de 87 casos. El Ministerio de Asuntos Sociales ha establecido estructuras de defensa y de integración social en que se admiten niños menores de 16 años que no asisten a la escuela; estas estructuras ofrecen servicios de rehabilitación, apoyo psicológico e iniciación profesional con el fin de incorporarlos en las estructuras de formación profesional. Se ha desarrollado un sistema de información en colaboración con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Familia, la Infancia y los Ancianos para identificar estos casos, darles seguimiento y tomar las medidas del caso. Se presta asistencia financiera a las familias necesitadas para que no retiren a sus hijos del sistema escolar.
Para prevenir el fracaso escolar, el Ministerio de Educación y Formación ha establecido un sistema de control social dirigido a recopilar la información pertinente en las regiones y desacelerar los problemas que pueden afectar la educación de los niños. Además, desde 1992, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación llevan a cabo un programa de acción social en las escuelas, que abarca más del 43% de los establecimientos escolares y en el que trabajadores sociales, médicos y psicólogos se ocupan de los niños en situación de fracaso escolar. Además, a principios de 2009 se proporcionó a los docentes y trabajadores sociales formación sobre los niños con discapacidad que tienen problemas de aprendizaje y se han elaborado directrices sobre el tratamiento de estos niños. Por último, se estableció un programa de control de la familia en los centros de defensa e integración social. Este programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las familias en materia educativa, para ayudar a crear un clima de diálogo en las familias y crear conciencia sobre el derecho de los niños a la educación.
El Presidente, en relación con los 87 casos de niños que trabajan como empleados domésticos reportados en 2009, pregunta si los niños en cuestión habían sido confiados a las familias para los que trabajaban y si vivían con ellas (una práctica similar a la del confiage), en cuyo caso se trataba de una forma de esclavitud, o si los niños vivían en otro lugar e iban a diario a su lugar de trabajo.
La Sra. Jaber (Túnez) dice que no se distingue entre estos dos tipos de situaciones en la información disponible.
El Sr. Khemakhem (Túnez) dice que la práctica del confiage no existe en Túnez, ya que esta es sinónimo de esclavitud. Los presuntos casos de trabajo doméstico son objeto de un control por el Ministerio de Asuntos Sociales.
La Sra. Jaber (Túnez) dice que el 30% de los niños asiste a una escuela para la primera infancia y que existen grandes disparidades regionales a este respecto. Casi el 90% de estos niños asisten a escuelas privadas; los restantes ocupan plazas ofrecidas por organizaciones no gubernamentales o jardines de infantes públicos. Para el período 2010-2014, el Gobierno desea aumentar la cobertura de estas instituciones públicas administradas por organizaciones no gubernamentales, a través de la adopción de nuevas normas en que las autoridades locales desempeñarán una función mucho más importante en la creación de instituciones de este tipo y se asignará mayor ayuda a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones que quieran crear establecimientos en zonas desatendidas por el sector privado. En cuanto a la formación de las personas que trabajan en estas instituciones, el Instituto Superior para la Infancia ofrece un certificado en educación de la primera infancia. Diversas instituciones públicas y privadas ofrecen formación como animador y asistente en al enseñanza de niños, y otros programas de capacitación para apoyar la primera infancia se están desarrollando en colaboración con UNICEF.
El Sr. Khemakhem (Túnez) dice que desde 1995 la justicia hace hincapié en la prevención. Las autoridades encargadas de la protección de los niños intervienen en situaciones en las que un niño está en peligro. Esto puede incluir, por ejemplo, un niño sin apoyo familiar, los niños víctimas de explotación económica o sexual, o los niños maltratados, y se insta a cualquier persona que tenga conocimiento de una situación tal a que la denuncie. La intervención puede tomar la forma de un acuerdo con la familia, medidas de emergencia o medidas de protección adoptadas por el juez de la familia.
Los menores que delinquen también necesitan ser protegidos; en este sentido, el artículo 13 del Código de Protección del Menor tiene por objetivo responder al fenómeno de la delincuencia juvenil sobre la base de los principios de justicia y la equidad y conceder prioridad a la prevención y la educación. La pena máxima de privación de la libertad que puede dictarse contra un menor de edad es de diez años, cualquiera haya sido el delito; los menores de 15 años no pueden ser encarcelados.
El menor es escuchado en todo procedimiento judicial o penal que lo afecte, y su opinión es tenida en cuenta siempre que sea posible dadas su situación y su madurez. El principio del interés superior del niño rige todas las medidas que les conciernen, de conformidad con el artículo 4 del Código de Protección del Menor. Una serie de decisiones adoptadas por el tribunal de apelaciones se refieren a este principio, en particular la tomada el 22 de octubre de 2003, en la que el tribunal se refirió a las disposiciones pertinentes del Código de Protección del Menor e hizo hincapié en que los tribunales deberían tener en cuenta sistemáticamente este principio. Finalmente, cuando un niño es separado de sus padres por orden judicial, la longitud de esta separación no está determinada de antemano y se basa en los mejores intereses del individuo.
Los menores que deben comparecer ante la justicia cuentan con los servicios de un abogado en todas las audiencias, incluida la primera, y en todas las etapas del procedimiento. Contrariamente a lo que se ha dicho, cada vez se recurre más a la mediación y la institución tiene gran éxito. Actualmente hay entre 380 y 400 niños privados de la libertad. No pueden aplicarse a los menores penas de servicios a la comunidad, porque estos no tienen derecho a trabajar antes de los 16 años de edad. Sin embargo, las autoridades tunecinas podrían considerar la posibilidad de adoptar una pena tal si el Comité considera que sería coherente con las disposiciones internacionales relativas a la infancia.
El sistema de libertad vigilada, aunque está previsto en el Código de Protección del Menor, nunca se aplicó porque no se ha establecido el marco necesario. Sin embargo, debería implementarse en colaboración con UNICEF, como parte del programa nacional de protección de los niños. Cabe esperar que Túnez sea capaz de proporcionar datos sobre los resultados de la aplicación de este régimen en su próximo informe periódico.
En 2005, Túnez firmó con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un acuerdo que permite a este último visitar los establecimientos penitenciarios, los centros de detención preventiva y los centros de detención para delincuentes juveniles. Los informes indican que los centros de detención de menores se centran en la rehabilitación y ofrecer a los jóvenes delincuentes condiciones propicias para su reinserción en la sociedad. Estos centros son supervisados periódicamente por la dirección general de establecimientos penitenciarios, el Ministerio de Justicia y el Comité Superior de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Los jueces de menores también van allí para comprobar las condiciones de vida de los niños.
La tasa de reincidencia de los menores de edad es baja, pero las autoridades tratan de reducirla aún más.
Se ha elaborado un proyecto de ley para asegurar que los niños víctimas obtengan una mejor protección durante todo el proceso judicial y proporcionarles asistencia psicológica después de la finalización del procedimiento.
El Presidente pregunta a qué se refiere el Estado Parte cuando habla de “infracciones de carácter social y familiar”.
El Sr. Khemakhe m (Túnez) dice que no puede responder a esa pregunta, pero que la lista de infracciones se comunicará a la Comisión tan pronto como sea posible.
Al igual que todos los demás países del mundo, Túnez ha sufrido las consecuencias de la crisis financiera y económica mundial. Se ha creado un observatorio para evaluar estos efectos y asegurar que no tengan un impacto negativo sobre los derechos del niño. Se siguen implementado programas en pro de la infancia, especialmente en cooperación con la oficina de UNICEF en Túnez.
Contrariamente a lo que afirma el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Túnez no llega al 11%. Como se indica en el informe, la tasa de pobreza absoluta es del 3,8%. Se puede llegar a un nivel de 7% u 8% o menos si se agrega a este indicador la población en situación vulnerable, es decir, la porción de la población que no goza de los beneficios del crecimiento.
El fenómeno de la sustracción de menores no existe en Túnez. En 1991 se aprobó una ley que penaliza la compra y venta de órganos para trasplante. Esta ley hace que los responsables de estos actos sean sancionados de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, la justicia tunecina no ha tenido que hacer frente a ningún caso de venta de órganos dentro de sus fronteras desde que se promulgó esta ley.
En la ley de 2007 que modifica algunas disposiciones del Código del Estatuto Personal se fijó en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio para las niñas y los niños, y en la actualidad hay pocos casos de matrimonios de niñas menores de 18 años en Túnez.
Túnez no es considerado un país de origen, tránsito o destino de la trata de seres humanos. Los delitos relacionados con la trata son de naturaleza muy local. La esclavitud está prohibida en Túnez desde 1846. Los artículos 226 y siguientes del Código Penal sancionan las diversas formas de trata de personas, en particular la trata con fines de explotación sexual. Túnez, sin embargo, es consciente del problema de la emigración ilegal hacia Europa de los tunecinos o nacionales de otros países africanos por vía marítima.
Las autoridades tunecinas no acosan a las mujeres que visten el hijab en público. Sin embargo, el creciente número de mujeres que adoptan el uso de ropas supuestamente distintivas islámicas ha sido fuertemente criticada en la sociedad tunecina en los últimos tiempos, especialmente entre los intelectuales. El Sr. Khemakhem cita a este respecto al Sr. Tawfiq Ben Ameur, profesor de pensamiento y civilización islámicos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Túnez, quien dijo que el Corán no impone ninguna vestimenta específica. Algunos versos mencionan el hecho de que las mujeres deben adoptar una conducta y vestimentas decentes. El khimar, usado por las mujeres árabes antes del advenimiento del Islam, no es una institución musulmana y se trata mayormente de una cuestión de tradición. No hay en la historia de Túnez rastro alguno de una tradición de llevar el hijab, que se debe hoy a la influencia de los canales vistos vía satélite por los tunecinos y a la falta de espíritu crítico de la población ante la información proveniente de otras partes del mundo. Las autoridades tunecinas están comprometidas con los valores auténticos y modernos de la tolerancia, la libertad y la solidaridad.
En una decisión emitida el 24 de enero de 2008, el Tribunal Administrativo reconoció la legalidad de la circular núm. 102 de 29 de octubre de 1986, por la que el Ministro de Educación nacional invitó a los maestros de las escuelas públicas a llevar vestimentas adecuadas, al tiempo que prohibía los trajes inspirados en usos sectarios de cualquier tipo, incluido el velo islámico para las mujeres. El Tribunal Administrativo consideró que los funcionarios públicos tenían libertad para elegir la vestimenta que les conviniera, pero esa libertad debía ejercerse dentro de los límites impuestos por las exigencias de recato y las condiciones concretas de su empleo.
La Sra. Varmah (Relatora sobre Túnez) pregunta si existen normas que prohíban a las niñas usar el velo en las escuelas y universidades.
El Sr. Khemakhe m (Túnez) dice que no existe una normativa a este respecto. Las autoridades de educación nacionales únicamente instan a las jóvenes y las docentes a adoptar una vestimenta que no sea provocativa.
La legislación tunecina tipifica como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En la práctica, esta ley casi no se aplica.
Los estratos más educados de la población tunecina están a favor de la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a la herencia. El Código del Estatuto Personal prevé la posibilidad de que los padres realicen una donación durante su vida a sus hijas a fin de repartir sus bienes de manera equitativa entre sus hijos e hijas, y así eludir los requisitos de la ley islámica en materia sucesoria.
El Presidente pregunta si siguen celebrándose en Túnez matrimonios consuetudinarios sobre la base de la sharia y sin respetar la edad mínima para contraer matrimonio, en particular de las mujeres.
El Sr. Khemakhe m (Túnez) dice que el Código del Estatuto Personal reprime los matrimonios consuetudinarios, como también la poligamia, y que esta práctica está desapareciendo.
La Sra. Varmah (Relatora sobre Túnez) agradece a los miembros de la delegación tunecina por la franqueza con que respondieron a las preguntas del Comité. El diálogo con la delegación ha permitido disponer de una visión general de la situación de los derechos del niño en Túnez. Las recomendaciones del Comité se referirán sobre todo al aumento de la aplicación de la legislación sobre la protección de los niños, en particular a la necesidad de simplificar el sistema actual de protección y tener en cuenta todas las situaciones de sufrimiento a las que pueden enfrentarse los niños. También abordará la necesidad de dar a las organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de expresarse de forma libre e independiente sobre la existencia de violaciones de los derechos del niño. Tendrán además como objetivo alentar al Gobierno tunecino a armonizar la legislación nacional en plena conformidad con el derecho internacional relativo a la prohibición de los castigos corporales y la violencia sexual, y a establecer nuevas leyes, nuevas instituciones y nuevos mecanismos que permitan garantizar la aplicación de los derechos consagrados en la Convención. Por último, procurarán reforzar las libertades y derechos civiles como la libertad de expresión, conciencia y religión, la protección de la privacidad, el derecho a no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y la igualdad de oportunidades y derechos de herencia para las niñas y los niños nacidos fuera del matrimonio.
El Sr. Khemakhe m (Túnez) agradece a los miembros del Comité por la seriedad y competencia con que desempeñan sus funciones. El Gobierno de Túnez hará todo lo posible para asimilar las lecciones aprendidas a partir de observaciones del Comité y aplicar las recomendaciones que se formulen.
Se levanta la sesión a las 17.50 horas.