Comité de los Derechos del Niño
51º período de sesiones
Acta resumida de la 1415 a sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 5 de junio de 2009, a las 10 horas
Presidenta:Sra. Lee
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Rumania
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto de Rumania (CRC/C/ROM/4, CRC/C/ROM/Q/4 y Add.1)
1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Rumania toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
La Sra. Sa vu (Rumania) dice que recientemente ha sido nombrada directora del Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño. La situación relativa a esos derechos ha mejorado de forma considerable en los últimos años debido a los esfuerzos sostenidos que desplegaron los gobiernos anteriores, orientados por las observaciones finales del Comité con respecto a los informes anteriores del Estado parte. En 2005, entraron en vigor una serie de nuevas leyes de protección y promoción de los derechos del niño, en virtud de las cuales se establecieron las bases de una colaboración interinstitucional coordinada por el Organismo Nacional. Si bien el lugar que ocupa el Organismo Nacional en el Gobierno es incompatible con su mandato, ha conseguido alcanzar la mayoría de sus objetivos creando mecanismos tales como el Consejo de coordinación interministerial y aplicando proyectos financiados con cargo al presupuesto nacional y por fuentes externas.
El plan de acción para aplicar las nuevas leyes, en particular la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de Niño 2008-2013, ha orientado las intervenciones de las instituciones pertinentes. Se han realizado progresos significativos con respecto a la sensibilización de profesionales, padres y niños en lo relativo a las disposiciones de la nueva legislación, a fin de asegurar una mayor protección de los niños frente al abuso, el descuido y la explotación, y se han mejorado los servicios destinados a los niños en situación de riesgo.
Se ha iniciado un proceso generalizado de descentralización, con especial hincapié en el apoyo a las autoridades locales para permitirles cumplir con sus obligaciones en la esfera de los derechos del niño, así como a la preparación del traspaso de responsabilidades del nivel central al local en los sectores de la educación y la salud. Durante ese proceso, han surgido problemas en relación con los recursos financieros y humanos, y se están haciendo esfuerzos para fortalecer la capacidad de los servicios sociales locales mediante la capacitación de su personal y la sensibilización de los responsables locales de adoptar decisiones sobre los temas que afectan a la infancia.
El número de niños colocados en entornos de tipo familiar ha aumentado en comparación con el de los que han ingresado en instituciones. En la actualidad, se coloca a los niños principalmente debido al abuso, al descuido o a la explotación, mientras que en el pasado las razones principales del internamiento en instituciones eran la pobreza y/o las discapacidades. Se han desplegado esfuerzos a fin de incrementar los beneficios y servicios para los niños con discapacidades o que viven en la pobreza, con objeto de evitar la desestructuración familiar; no obstante, es necesario apoyar más a los padres desarrollando y diversificando los servicios ofrecidos, incluidos los programas de educación parental. Se han adoptado medidas para alentar la adopción nacional reduciendo la duración del procedimiento, y el Gobierno aprobará próximamente un plan quinquenal de acción nacional para prevenir y combatir la violencia contra los niños.
Con respecto a la cuestión de la salud de los niños, la calidad de los servicios médicos ha mejorado y se ha prestado más atención a la salud prenatal y postnatal. En breve se ultimará una estrategia nacional sobre la salud mental de los niños que pone de relieve la necesidad de la intervención temprana. Los beneficios de que gozan los niños discapacitados que viven en sus hogares no siempre han ido acompañados de los servicios necesarios; el Organismo Nacional ha iniciado recientemente un proyecto para apoyar la integración social de esos niños.
La educación sigue siendo una prioridad y, en los últimos años, Rumania ha realizado inversiones sustanciales en infraestructuras. Las medidas más recientes se han encaminado a aumentar el acceso a la educación para los niños que viven en comunidades desfavorecidas, a hacer participar a los niños y a sus padres en la adopción de las decisiones relativas al sistema educativo, y a mejorar la infraestructura preescolar. En cuanto a la prestación de servicios de cuidados diurnos para niños, el Gobierno tiene la intención de alcanzar los objetivos de Barcelona sobre el cuidado de los niños para 2013, mediante servicios desarrollados por las autoridades locales de acuerdo con las necesidades de sus comunidades. Se está prestando atención a la creación de instalaciones y clubes deportivos para niños, así como parques y zonas de esparcimiento para niños pequeños.
En la esfera de la justicia, se han creado grupos especiales de jueces; los jueces y fiscales que trabajan en los casos donde hay niños implicados han recibido una formación especial sobre los derechos del niño, y se ha iniciado una colaboración con los servicios de protección de la infancia. Desde 2005, se han acometido muchos proyectos para formar a los profesionales que están en contacto con niños en el curso de sus actividades diarias. Un estudio reciente del UNICEF/Banco Mundial prevé que, en 2009, el número de niños pobres aumentará significativamente, por lo que se está prestando especial atención a la prevención y la lucha contra la pobreza infantil apoyando en mayor medida a los niños vulnerables y a sus familias. Por último, Rumania seguirá beneficiándose de las importantes asignaciones de fondos de la Unión Europea y presentando nuevos proyectos en las esferas de la educación, la salud, la inclusión social y la descentralización.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que en los últimos 20 años se han producido cambios fundamentales en las vidas de los niños de Europa central y oriental. Además de conllevar nuevas obligaciones, la adhesión de Rumania a la Unión Europea ha abierto un abanico de oportunidades. La Comisión Europea se propone fortalecer la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en sus Estados miembros, y ha puesto a disposición de éstos programas y recursos. Por ejemplo, aunque el programa de la Unión Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión social de los niños resulte ahora poco realista en muchos países debido a la crisis financiera global, puede proporcionar directrices de cara al futuro.
El sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha jugado un papel importante en los últimos años; sin embargo, muchas ONG están abandonando el país, y las actividades de la Unión Europea suelen requerir una contribución equivalente a un 20%, cantidad que no pueden pagar. La oradora pregunta cómo ayuda el Gobierno a las ONG a solicitar fondos para beneficiarse de los programas de la Unión Europea destinados a ayudar a los niños y sus familias. Las autoridades locales no contratan a las ONG, y aumenta cada vez más el número de organizaciones que prestan servicios con fines de lucro; sin embargo, esos servicios solamente están disponibles para quienes pueden pagarlos. La oradora pregunta qué prevé hacer el Gobierno para flexibilizar el sistema y asegurar servicios para todos.
La oradora encomia al Estado parte por la enmienda al Código de Familia, que establece la edad del matrimonio en 18 años para ambos sexos, e introduce una nueva disposición sobre la paternidad; le encomia asimismo por el acuerdo suscrito con el Gobierno de Italia en relación con los niños romaníes no acompañados que viven en las calles y cometen delitos en ese país.
De acuerdo con el informe, un alto porcentaje de niños rumanos conoce sus derechos y la Convención. No obstante, sería útil saber qué mecanismos pueden utilizar los niños para hacer valer sus derechos y quién puede ayudarles al respecto. La oradora también desea saber si el informe se ha traducido al rumano y si se ha distribuido entre los niños en el Estado parte. Se han aplicado varios planes de acción nacional para mejorar la observancia de los derechos y el bienestar de los niños; sin embargo, parece que no existen medios adecuados de vigilancia y evaluación, y es preciso prestar más atención a los grupos de niños más vulnerables, entre ellos los romaníes, los discapacitados, los niños afectados por el VIH/SIDA y los niños de la calle.
Por último, la oradora señala que el registro de nacimientos aún no es universal, lo que supone que se deniegan servicios a algunos niños. Con frecuencia, los padres no informan sobre el nacimiento de sus hijos, en particular los romaníes y los residentes ilegales en el país.
El Sr. Gurán (Relator para el país) dice que, durante el decenio de 1990, se vertieron muchas críticas sobre Rumania en relación con la situación de los derechos del niño en el país, y que la mejora de la observancia de esos derechos ha sido una condición explícita para la adhesión de Rumania a la Unión Europea; así pues, se ha prestado mucha atención a la situación. El Comité ha tomado nota de un cambio muy dinámico en la esfera de los derechos del niño. Sin embargo, eso no siempre se ha correspondido con mejoras en otras esferas conexas, tales como el fortalecimiento de la capacidad administrativa en las instituciones locales y de condado y la provisión de los recursos financieros que necesitan, así como la creación de normas y métodos nuevos de cooperación y cofinanciación con el sector de las ONG para la prestación de servicios importantes.
Se ha establecido el Consejo de coordinación interministerial como un órgano consultivo dependiente del Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño, con el fin de coordinar la política y los programas nacionales y vigilar la aplicación sobre el terreno. La delegación debe facilitar información adicional sobre la situación del Consejo y sus responsabilidades. En el informe se menciona que hay varios ministerios representados en el Consejo; sería útil saber cuál es la posición que ocupan los representantes de esos ministerios y si las decisiones del Consejo son vinculantes.
En principio, la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño es un programa excelente pero, según las respuestas escritas, aún se está examinando el plan operativo para 2009-2011. El orador pregunta cuándo se aprobará, y qué impacto ha tenido la primera fase del programa en 2007 y 2008.
La delegación debe facilitar al Comité información complementaria sobre los mecanismos de financiación para las entidades descentralizadas, así como las medidas que se están aplicando para remediar la disparidad en la prestación de servicios entre las diferentes comunidades, y si existe un sistema para controlar la calidad de los servicios ofrecidos. También se debe proporcionar más información sobre la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño y el posible conflicto de intereses entre sus funciones de proveedor, contratista y órgano de vigilancia de los servicios.
Se ha nombrado a un Defensor (Ombudsman) adjunto para la protección de los derechos del niño, si bien parece que también es responsable de las personas mayores y los discapacitados. Según el Estado parte, recientemente el Parlamento de Rumania ha rechazado un anteproyecto de ley para establecer la oficina del Defensor del Niño y ha transferido las actividades existentes al Organismo Nacional, que es un órgano estatal. El orador pide a la delegación que explique cómo prevé el Estado parte resolver esa situación, de conformidad con la Convención y las observaciones finales del Comité sobre el informe más reciente que le ha presentado.
El Sr. Kotrane encomia a Rumania por las numerosas medidas positivas que ha adoptado desde su último informe, en particular con respecto a la legislación. No obstante, al orador le preocupa la aplicación efectiva de las nuevas leyes; por ejemplo, desea saber si el Gobierno dispone de un programa para difundir el Código de Familia enmendado, que aumenta la edad mínima del matrimonio a los 18 años ya que, según las estadísticas, el 35 % de las muchachas, en particular las pertenecientes a la población romaní, son menores de 16 años cuando contraen matrimonio.
En su respuesta escrita a la primera pregunta, el Estado parte no ha explicado con claridad si los tribunales nacionales han invocado o se han referido directamente a la Convención. Sería útil saber si la Convención prevalecerá cuando se plantee un conflicto entre sus disposiciones y la legislación de Rumania, y si los jueces conocen las disposiciones de la Convención y las aplican en casos específicos.
El Sr. Zermatten dice que, si bien parece que existe un marco jurídico para aplicar la Convención, al Comité le preocupa cómo se aplica en la práctica. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 3, el interés superior del niño debe respetarse en todos los niveles y en todas las decisiones; por consiguiente, la delegación debe facilitar información sobre cómo aplican dicha disposición los jueces y los responsables de adoptar decisiones. Además, de conformidad con el artículo 12, los niños tiene derecho a expresar libremente sus puntos de vista en asuntos que les afectan. Sin embargo, en el informe no se menciona la intervención de los niños en la vida pública y, según Save the Children, los niños rumanos tienen un conocimiento muy limitado de sus derechos. El orador pregunta qué prevé hacer el Estado parte para asegurar que los principios consagrados en la Convención se lleven a la práctica.
El Sr. Citarella dice que, habida cuenta de que la Convención no se ha incorporado a la legislación del Estado parte, la delegación debe explicar cuál es la situación de ese instrumento. El orador también desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para sensibilizar más a los diferentes ministerios, el público en general y los propios niños en lo relativo a la Convención, y si en los programas escolares se incluye el estudio de los derechos humanos y, en particular, de los derechos del niño.
La Sra. Villarán de la Puente dice que, de conformidad con el artículo 6 de la Convención, el derecho a la vida incluye el derecho a un proyecto de vida; en consecuencia, el Estado parte debe redoblar esfuerzos a fin de asegurar mayor equidad en el ejercicio y el goce de los derechos de las mujeres, los grupos minoritarios y los niños de las zonas rurales.
La tasa de mortalidad infantil de Rumania es la más elevada de Europa, y los niños mueren a causa de enfermedades que se pueden prevenir y curar. Sería útil conocer las cifras oficiales sobre la inversión global del país en la infancia, ya que el informe proporciona información sobre diferentes sectores tales como la salud y la educación, pero omite una cifra global. La delegación también debe informar al Comité sobre cómo participan los niños a la hora de definir la política relativa a la infancia en el Estado parte; si el Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño es el organismo principal en lo que respecta a la Convención, o el liderazgo en esa esfera está fragmentado; y qué medidas se han adoptado para evitar que la actual crisis financiera tenga una gran repercusión en la vida de los niños.
Asimismo, por lo que respecta al derecho a la vida, la oradora solicita información sobre el número de embarazos, abortos y muertes derivadas de éstos en la adolescencia, y desea saber si se dispone de información desglosada por edad y si el aborto se utiliza como método anticonceptivo.
La Sra. Ortiz dice que la falta de servicios de ocio adecuados hace que, con frecuencia,el alcohol y las drogas se conviertan en la única opción para los niños vulnerables que están en la calle. Pregunta si existe la capacidad, a nivel local, de ofrecer servicios de esparcimiento y ocio fuera del ámbito escolar y, en tal caso, si esas actividades son gratuitas o los padres tienen que pagar por ellas.
Refiriéndose a la descentralización de los servicios de protección del niño mencionada en el informe (párrafo 24 e)), el Sr. Koompraphant pregunta qué medidas se han adoptado para asegurar un control de calidad y cuál es la autoridad responsable en esa esfera.
La Sra. Maurás Pérez dice que las estrategias y programas descritos parecen diseñados para sectores específicos de la población menor de 18 años y no para el conjunto de los niños. Incluso el mandato del Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño parece centrarse en la protección específica. En consecuencia, la oradora desea saber qué medidas se están adoptando para asegurar la coordinación sectorial, habida cuenta de que el Consejo de coordinación interministerial parece desempeñar una función meramente consultiva y, como tal, no tendrá suficiente autoridad sobre los diferentes ministerios.
La delegación también debe facilitar información complementaria sobre cómo asegura el Gobierno el equilibrio entre el bienestar y el desarrollo en el contexto de la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, cómo se financiará la estrategia en los diferentes niveles, y las medidas de vigilancia y control de la calidad que se han adoptado. Asimismo, la oradora pregunta qué se está haciendo con miras a desglosar las estadísticas nacionales por edad y sexo como base para la adopción de decisiones relativas a las políticas y los programas. También pregunta qué medidas se adoptan para alentar el apoyo de las asociaciones público-privadas a la Estrategia Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño.
La Sra. Al-Asmar pregunta cómo participarán los niños activamente en el contexto de la nueva ley sobre la protección y promoción de sus derechos, mencionada en el informe (párrafo 23). La oradora señala que en el informe también se indica (párrafo161) que el derecho a la educación está garantizado para todos los ciudadanos rumanos, sin que exista discriminación basada en una serie de categorías; los discapacitados no están incluidos en la lista, y la oradora se pregunta si se trata de una omisión. En el caso de los jardines de la infancia, pregunta si son gratuitos y, en caso contrario, si existe una alternativa accesible.
La Presidenta encomia a Rumania por los esfuerzos que ha desplegado para aplicar las políticas y los programas de promoción de los derechos del niño. Sin embargo, se ha informado al Comité de que la corrupción es uno de los principales problemas del país y menoscaba la prestación de servicios sociales, en particular en la esfera de la educación y la atención de salud. Pregunta qué medidas adopta el Estado parte para solucionar el problema.
Se suspende la sesión a las 11.15 horas y se reanuda a las 11.40 horas
Refiriéndose a los mecanismos de aplicación y vigilancia de los derechos del niño, la Sra. Savu (Rumania) dice que el Consejo de coordinación interministerial está integrado por expertos y no por ministros, aunque los ministros de los sectores pertinentes están invitados a las reuniones que celebra. El Consejo se restableció en 2009. En su primera reunión adoptó normas de procedimiento y, en la segunda, preparó los informes periódicos tercero y cuarto para el Comité, así como propuestas de legislación sobre los servicios de cuidados diurnos y familiares. Todos los ministerios responsables de los asuntos de la infancia han colaborado estrechamente con el Organismo Nacional.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta por qué la Oficina Rumana de Adopciones tiene que responder directamente ante el Gobierno, y por qué el Organismo Nacional para la Protección de los Derechos del Niño forma parte del Ministerio de Trabajo, Familia e Igualdad de Oportunidades. Esa estructura sugiere que se hace cierto hincapié en la protección de los niños en situación de riesgo y no en el bienestar general de todos los niños, que es el objetivo de la Convención.
La Sra. Savu (Rumania) dice que la cuestión de la adopción ha suscitado un amplio debate, que ha obligado a abordar el tema a nivel gubernamental. La protección de los niños forma parte de las competencias de ese ministerio porque todas las cuestiones sociales pertenecen a su mandato. El Gobierno intenta mitigar la pobreza infantil proporcionando ayuda financiera a las familias, lo que mejora el nivel de vida de muchos niños. Hay una buena cooperación entre todos los ministerios que trabajan para aplicar la Convención.
Debido a que, en la actualidad, no existen asignaciones presupuestarias específicas destinadas a la infancia, a nivel gubernamental no se han llevado a cabo evaluaciones del impacto en los niños. La oradora está de acuerdo en que el Consejo de coordinación interministerial debe reunir todos los datos sobre los niños de que dispongan los ministerios competentes, y utilizarlos para elaborar un presupuesto dedicado a la infancia.
El Gobierno está respaldando un proyecto de legislación sobre la contratación de servicios de las ONG. Se invita a esas organizaciones a las reuniones del Consejo de coordinación interministerial, donde tienen la oportunidad de contribuir a toda la legislación relativa a la protección de la infancia. Si bien es difícil para las ONG acceder a fondos estructurales, se están manteniendo conversaciones con las que se ocupan de la protección de la infancia en lo relativo a un proyecto conjunto sobre formación en los derechos del niño.
La Sra. Maurás Pérez pregunta si el Gobierno está adoptando medidas para alentar al sector privado a que asuma sus responsabilidades sociales, en particular por lo que se refiere a los derechos del niño.
La Sra. Savu (Rumania) dice que al Gobierno le interesa promover las asociaciones público-privadas. Algunas empresas grandes han creado centros de cuidados diurnos para los hijos de sus empleados, que el Gobierno financia en parte.
El Consejo de coordinación interministerial ha pedido que se revise la Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, debido a que varias de sus disposiciones han quedado obsoletas y a que sigue siendo incompleta. No obstante, se han desarrollado y aplicado varias estrategias sectoriales en esferas tales como la educación, la no discriminación, la mejora de la situación de los romaníes y la lucha contra la violencia doméstica. El Consejo de coordinación interministerial es responsable de vigilar la aplicación de la Estrategia Nacional.
La descentralización de los servicios de protección de la infancia se está supervisando cuidadosamente con la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como medida previa a su reestructuración, que se producirá en cooperación con las ONG pertinentes. A nivel local, se formará a los alcaldes en lo relativo a la protección de la infancia, para sensibilizarles en mayor medida sobre sus responsabilidades.
El Sr. Gurán (Relator para el país) pregunta en qué etapa se encuentra el proceso de descentralización, y si el público tiene claro dónde debe acudir para acceder a los diferentes servicios. Si la intención es descentralizar plenamente todos los servicios sociales a nivel local, sería útil saber si se alentará a las comunidades más pequeñas a que cooperen en la prestación de servicios conjuntos.
El Sr. Citarella pregunta si existe el riesgo de que el proceso de descentralización pueda dar lugar a diferentes niveles de servicios para los niños de distintas zonas.
La Sra. Villarán de la Puente pregunta cuáles son las autoridades responsables de los servicios de salud y educación en la actualidad, y en qué medida se ha descentralizado el presupuesto.
La Sra. Savu (Rumania) dice que, si bien el Gobierno central asigna recursos presupuestarios a los condados, éstos no asignan sumas a nivel local. De conformidad con la política del Gobierno, en la actualidad la protección de la infancia se está transferido del nivel de condado al nivel local.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta si el Gobierno ha introducido un sistema universal de documentación y evaluación general para cada niño. En tal caso, podría utilizarse para supervisar y evaluar la prestación de servicios, haciendo que las autoridades locales fueran responsables de la prestación o la falta de servicios.
Haciendo uso de la palabra en calidad de miembro del Comité, la Presidenta solicita información adicional sobre el sistema de recogida de datos relativos a los menores de 18 años. A fin de supervisar y evaluar adecuadamente el disfrute de los derechos del niño con arreglo a la Convención, se requiere un sistema integral que proporcione datos desglosados.
La Sra. Savu (Rumania) dice que el sistema actual de recogida de datos solamente incluye a los niños registrados en la Dirección General de Asistencia Social y Protección del Niño. Por lo tanto, no permite la identificación temprana de los niños en situación de riesgo o de la violación de los derechos del niño a nivel local. Se han adoptado medidas a fin de mejorar la utilización actual del sistema en la Dirección General, y para hacerlo extensivo al ámbito local.
La Sra. Palaghie (Rumania) dice que se registra a los niños inmediatamente después del nacimiento. En 2005, se firmó un acuerdo ministerial destinado a evitar el abandono de los niños en hospitales y clínicas, y para asegurar que todos los niños tengan documentos de identidad desde su nacimiento. Normalmente, uno de los padres registra el nacimiento, pero si eso no es posible la responsabilidad recae en quienes prestan asistencia en el parto. Se llevan a cabo comprobaciones regulares para asegurar que se registre a los niños. En 2007, las autoridades comprobaron que habían dejado de registrarse unos 259 nacimientos; en 2008, unos 539, y 128 en los tres primeros meses de 2009.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pide que se aclare qué sucede con los niños que no aparecen en el sistema porque nunca han sido registrados, ni en el momento del nacimiento ni con posterioridad. Pregunta si existe alguna reglamentación relativa a la obligación de los profesionales de la salud o las autoridades locales de informar sobre los niños cuyo nacimiento no se ha registrado nunca.
La Sra. Palaghie (Rumania) dice que las peticiones de registro de los niños que no han sido inscritos en el momento de nacer deben realizarse a través del sistema judicial.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que al Comité le preocupa el gran número de niños nacidos en comunidades romaníes o comunidades aisladas cuyo nacimiento no se registró porque no tuvo lugar en hospitales. La oradora pregunta si existe algún mecanismo para localizar a esos niños y a sus familias.
La Sra. Villarán de la Puente pregunta si hay un sistema de prestaciones familiares que tenga como requisito previo el registro de los nacimientos. Esa clase de sistema suele resultar eficaz a la hora de alentar a las personas más vulnerables de la sociedad a que registren el nacimiento de sus hijos.
La Sra. Savu (Rumania) dice que no hay legislación que obligue a los profesionales que trabajan con niños a informar sobre ellos. No obstante, los profesores, los profesionales de la atención de salud y los trabajadores sociales sensibilizan a los padres sobre la necesidad de registrar a sus hijos y les ayudan a completar el proceso.
El Defensor (Ombudsman) adjunto para la protección de los derechos del niño ha propuesto que se modifique la legislación relativa a los niños que están en conflicto con la ley. Si bien el Parlamento aún no ha aprobado el establecimiento de un defensor del niño, varios departamentos y ONG continuarán haciendo presión en ese sentido.
El Sr. Gurán (Relator para el país) pregunta por qué el Defensor del Pueblo recibe tan pocas denuncias relativas a los derechos del niño.
La Sra. Savu (Rumania) dice que, casi siempre, el problema es la falta de información. Se adoptarán medidas para sensibilizar al público en mayor medida sobre la función del Defensor del Pueblo.
La Sra. Ion (Rumania) dice que la Convención se puede invocar directamente ante los tribunales rumanos en cualquier etapa del proceso judicial. La mayor parte de los derechos consagrados en la Convención también se ha incorporado a la legislación nacional, razón por la que en casi todas las decisiones judiciales que afectan a los derechos del niño se citan leyes rumanas. No obstante, en los tribunales superiores se ha invocado la Convención. El principio del interés superior del niño también se ha incorporado a varios instrumentos de la legislación nacional, incluidos los relativos a casos de padres divorciados.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) dice que al Comité le preocupa el hecho de que, con arreglo a la legislación interna, en los medios de comunicación se pueda revelar información personal sobre niños mayores de 14 años, incluso información pormenorizada sobre niños víctimas de abusos psicológicos, físicos o sexuales. La oradora no comprende cómo puede esa disposición respetar el interés superior del niño. Asimismo, los profesores o profesionales de la medicina pueden revelar que un niño está infectado por VIH/SIDA, lo que suele conllevar la discriminación contra esos niños y la violación de sus derechos. El carácter confidencial de los informes judiciales relativos a los niños en conflicto con la ley no se está respetando, lo que constituye un incumplimiento adicional del principio del interés superior del niño. La oradora acogería complacida las observaciones de las delegaciones con respecto a esas cuestiones.
La Sra. Ion (Rumania) dice que la legislación prohíbe a los medios de comunicación revelar la identidad de los niños víctimas, en particular en el caso de delitos sexuales. Los jóvenes en conflicto con la ley comparecen ante el tribunal en sesión privada en los casos de trata de personas o violencia doméstica. Los niños víctimas de la violencia doméstica no prestan declaración en la sala del tribunal.
La Sra. Herczog (Relatora para el país) pregunta qué medidas se están adoptando para resolver el problema de los niños abandonados en los hospitales en el momento de nacer o durante la primera infancia. Sería útil saber qué se está haciendo para ayudar a fortalecer las capacidades parentales. A la oradora le sigue preocupando que la legislación permita colocar en instituciones a niños discapacitados menores de 2 años, lo que da lugar al registro como discapacitados de muchos niños sin discapacidades a fin de cumplir los requisitos de ingreso en las instituciones.
El Sr. Gurán (Relator para el país) pide aclaraciones sobre los datos de las adopciones nacionales y, en particular, pregunta si sólo ha habido 485 casos de adopción en 2007, habida cuenta de los numerosos niños que viven en instituciones a la espera de ser adoptados.
La Sra. Varmah pregunta qué esfuerzos se están desplegando a fin de establecer la educación inclusiva de los niños con discapacidades físicas y mentales de todo tipo. Pregunta también qué medidas se adoptan para asegurar la disponibilidad de profesionales de atención de salud y demás recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los niños discapacitados, en particular a nivel local. Asimismo, pregunta si se dispone de recursos para promover y ampliar los programas comunitarios de rehabilitación e inclusión social.
El Sr. Zermatten pregunta si el derecho a la asistencia jurídica para los jóvenes en conflicto con la ley se respeta en todos los casos, y si los padres pueden intervenir durante la etapa de investigación. La delegación debe aclarar si los jóvenes permanecen junto con adultos durante la detención preventiva en las comisarías de policía. El orador pregunta si hay suficientes jueces de menores para todos los casos, y si la función del juez de menores está bien considerada en la profesión jurídica. Sería útil saber si se están desplegando esfuerzos reales a fin de aplicar castigos alternativos a la privación de libertad en los casos de los menores, y si los centros para delincuentes juveniles proporcionan servicios adecuados de educación y reintegración.
El Sr. Krappmann pregunta si el Estado parte tiene previsto proseguir sus esfuerzos para subsanar las deficiencias que persisten en relación con el acceso a la educación. El orador acogería complacido las observaciones de la delegación con respecto a la necesidad de recursos para poner fin al sistema de turnos en la enseñanza, equipar a todas las escuelas con servicios sanitarios adecuados, eliminar las disparidades existentes entre las zonas urbanas y rurales en la prestación de servicios educativos, incluir de manera más eficaz a los niños con discapacidades, disminuir la baja asistencia y los malos resultados de los niños romaníes, y facilitar el acceso de los niños de la calle a la educación. El orador pregunta cómo prevé el Estado parte asegurar que los niños completen sus estudios primarios, y que los niños sin la debida documentación puedan disfrutar del derecho a la educación. Desea saber qué autoridades se encargan de los adolescentes que fracasan en la transición del sistema educativo al mercado de trabajo. El orador pregunta también si la prestación de servicios de educación preescolar es adecuada.
El Sr. Koompraphant pregunta qué disposiciones legislativas facilitan un equilibrio entre las funciones de padres y madres, por ejemplo, en lo relativo a los permisos de maternidad y paternidad. Pregunta también cómo averigua el Estado parte si los padres cumplen con sus responsabilidades de forma adecuada. En los casos de abuso doméstico, pregunta quién decide qué es lo que favorece el interés superior del niño y de la familia, y si los profesionales luchan por averiguar las causas que originan la violencia. Asimismo, desea saber si se obliga a los padres que cometen abuso a asistir a programas obligatorios. El orador pregunta también quién es responsable de la posterior reintegración social del niño.
La Sra. Aidoo pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para cambiar la percepción que tiene la población de los niños con discapacidades, de manera que se les considere titulares de derechos y no personas con necesidades especiales. La oradora acogería complacida información detallada sobre la situación de los niños con discapacidades que viven con sus familias, debido en particular a que muchas familias niegan la situación de sus hijos por miedo a ser estigmatizadas. También pide información adicional sobre la formación y las responsabilidades del personal que trabaja en las instituciones que se ocupan de los niños con discapacidades.
La oradora pregunta cómo supervisa el Estado parte la pobreza entre los diferentes grupos de niños, y cómo se analiza su impacto en esos grupos. Sería interesante saber si los programas de reducción de la pobreza se destinan a los niños y a sus familias de manera tal que se eliminen las disparidades entre grupos.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas .
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