Naciones Unidas

CRC/C/SR.1479

Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general

28 de marzo de 2011

Español

Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño

53º período de sesiones

Acta resumida de la 1479ª sesión (Sala A)

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves, 21 de enero de 2010, a las 10.00 horas

President a :Sra. Aidoo (Vicepresidenta)

Sumario

Examen de los informes de los Estados partes (continuación)

Tercer y cuarto informes periódicos de El Salvado r

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes de los Estados partes (continuación)

Tercer y cuarto informes periódicos de El Salvador (CRC/C/SLV/3-4, CRC/C/SLV/Q/3-4 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, el delegado de El Salvador toma asiento en la mesa del Comité.

2.El Sr. Urquilla (El Salvador) dice que desea expresar la profunda simpatía de su delegación por el pueblo haitiano y muy especialmente por los niños y adolescentes de Haití, tras el terremoto registrado recientemente en el país.

3.El actual Gobierno entró en funciones hace ocho meses y, desde entonces se ha dedicado a evaluar los éxitos y fracasos anteriores y a examinar qué programas y políticas podrían garantizar más adecuadamente la observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Buena prueba de la importancia otorgada por el nuevo Gobierno a la dignidad humana como base de los derechos humanos fundamentales ha sido el hecho de que el Presidente de El Salvador reconociera públicamente que funcionarios del Estado y grupos paramilitares cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado que terminó en 1992 y durante el cual desaparecieron muchos niños. El Presidente pidió disculpas a las víctimas de tales violaciones y anunció la creación de una comisión encargada de preparar un programa presidencial para proporcionar una reparación a esas víctimas. Por otra parte, el Presidente creó una comisión para determinar el paradero de los niños desaparecidos durante el conflicto armado y tomar las disposiciones necesarias para que puedan reunirse con sus familias biológicas. Además, el Gobierno invitó recientemente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a enviar representantes a ambas comisiones.

4.El Gobierno de El Salvador es consciente de que, si no se cuenta con información fiable acerca de la población, es imposible idear políticas públicas eficaces. El sistema oficial existente no permite establecer referencias cruzadas entre grupos de edad y variables como la etnicidad y la discapacidad. La Secretaría de Inclusión Social ha iniciado un diálogo con las Naciones Unidas con miras a elaborar una base de datos fiables, cuya utilización contribuiría a concebir políticas destinadas a los niños indígenas y con discapacidad. Además, se ha encargado a la Secretaría Técnica de la Presidencia que establezca un nuevo sistema nacional de estadística para solucionar esas deficiencias.

5.En el nuevo Gobierno la formulación de políticas se basará en amplias consultas y en la participación de los interesados. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) comenzó a trabajar recientemente con el fin de diseñar una política nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia. El primer paso en este proceso consistirá en determinar los obstáculos con que tropieza la observancia de los derechos de niños y adolescentes, en consulta con una amplia gama de instituciones. Por otra parte, en fecha próxima se iniciará un proceso nacional de consultas sobre el establecimiento de una política de la juventud, y los jóvenes desempeñarán un cometido esencial en dicha iniciativa.

6.En los últimos meses se han adoptado varias medidas, que el Gobierno no ha incluido en sus respuestas a la lista de cuestiones (CRC/C/SLV/Q/3-4 y Add.1). La primera de estas medidas ha consistido en la creación de un programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares para estudiantes de párvulos y escuelas de enseñanza primaria. Asimismo, se ha iniciado un diálogo interinstitucional sobre el establecimiento de una política de educación para niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años. Se están tomando medidas para mejorar los programas escolares, añadiendo temas tales como los derechos humanos (incluida la tolerancia de la diversidad humana y el reconocimiento de la naturaleza pluriétnico y multicultural de la sociedad salvadoreña) y el ejercicio de una sexualidad segura y responsable. La idea es formular una política educativa centrada en la eliminación de obstáculos de todo tipo, especialmente aquellos con que tropiezan los niños con discapacidad.

7.El Gobierno ha trabajado con ahínco para eliminar barreras en el acceso a los servicios de salud y suprimir el pago de tasas en las clínicas públicas. Se ha avanzado en el tratamiento del dengue y el virus AH1N1. Durante la crisis epidémica de la gripe causada por el virus A se tomaron las medidas preventivas oportunas para reducir la propagación del virus. Tras el huracán Ida y con ayuda de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones internacionales, el Gobierno proporcionó atención con carácter prioritario a los niños, ofreciendo a éstos albergue, apoyo emocional y terapias lúdicas. Actualmente se está estudiando una reforma del sector de la salud para reducir desigualdades y ampliar la cobertura.

8.Asimismo, el Presidente creó recientemente el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que trabaja en colaboración con los organismos de las Naciones Unidas para reducir la malnutrición infantil en zonas sumamente pobres, en particular en las comunidades indígenas, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Consejo señaló que la lactancia es una prioridad. Con la asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se puso en marcha un programa de alimentación escolar para proporcionar alimentos a los niños en las escuelas públicas.

9.Además, en el segundo informe de El Salvador sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha indicado que el país está en camino de lograr la reducción de la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, que el porcentaje de personas que viven en la miseria se ha reducido a la mitad y que en la educación se ha eliminado la desigualdad por consideraciones de género.

10.Desde 2009 está en funcionamiento el programa denominado Comunidades Rurales y Urbanas Solidarias, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la vida de los grupos de población en situación de pobreza y exclusión social. En el marco de ese programa, se conceden subvenciones a las familias pobres, siempre y cuando sus hijos asistan regularmente a la escuela hasta el 6º grado, se controle la salud de los menores de 5 años y se les administren todas las vacunas necesarias, y las mujeres acepten controles prenatales y postnatales. Con la aprobación de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, El Salvador ha dado un importante paso para garantizar la observancia de los derechos protegidos por la Convención, aun cuando el Gobierno no haya podido rectificar cabalmente las insuficiencias de las estructuras y mecanismos del ISNA que el Comité ha señalado en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de El Salvador (CRC/C/15/Add.232).

11.Por último, el orador dice que los problemas relacionados con la infancia y adolescencia no difieren de los problemas estructurales a que se enfrenta la sociedad salvadoreña, entre los cuales cabe mencionar las desigualdades históricas, la baja tasa de recaudación fiscal y el recurso a la violencia como mecanismo para resolver conflictos. Asegura al Comité que sus comentarios y observaciones ayudarán en gran medida al Gobierno de El Salvador a establecer una estrategia para garantizar la observancia de los derechos de los niños de El Salvador.

12.La Sra. Villarán de la Puente (Relatora para el país) dice que el conflicto armado que se produjo en El Salvador entre 1980 y 1992 dejó tras de sí a una sociedad traumatizada y armada. Sigue preocupando el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz de 1992, como también las causas de una violencia en principio política, pero que ha adquirido después un cariz delictivo. No se han resuelto aún los casos de desaparición de niños durante los años del conflicto armado. El nuevo Gobierno ha propuesto una ambiciosa transformación, en cuyo marco se incluiría la gobernanza, sobre la base de los derechos humanos y las políticas de inclusión social. El Comité espera que las muchachas y muchachos del país sean los primeros en beneficiarse de esa iniciativa y para ello está dispuesto a ayudar a El Salvador a diseñar la correspondiente hoja de ruta.

13.Si bien se ha atendido a algunas de las recomendaciones contenidas en las observaciones finales del Comité sobre el segundo informe periódico de El Salvador, no ha ocurrido así con otras observaciones relativas a cuestiones tales como la elevada tasa de criminalidad y violencia en contra de los niños, la explotación y el tráfico sexual de éstos, la administración de la justicia juvenil y la inversión en salud, educación y protección. El Comité espera recibir información acerca de la aplicación dada a dichas recomendaciones, así como sobre la que se daría a las recomendaciones que se formularían como resultado del presente debate.

14.La nueva Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, que tiene por objeto crear un sistema nacional de protección integral, no se ha aplicado aún. El Comité está deseoso de saber qué progresos se han logrado sobre el particular y de qué forma se abordarán los problemas que la ley tiene en el proceso de aplicación. El Comité desearía saber qué tipo de órgano ejecutivo se encargaría de supervisar la implementación de las políticas pertinentes y qué cometido desempeñaría el ISNA.

15.El Comité desearía saber también si el Gobierno ha preparado un nuevo plan de acción nacional holístico en favor de la juventud, que permita abordar problemas como el tráfico de seres humanos y las peores formas de trabajo infantil.

16.El Comité ha señalado que los créditos asignados a la educación y la salud son excesivamente bajos y que existen disparidades significativas entre las regiones, así como entre hombres y mujeres. Resultaría útil que se informara sobre si se está considerando la posibilidad de establecer un presupuesto protegido en favor de los niños en zonas clave y presupuestos estratégicos para la implementación de políticas de acción afirmativa destinadas a los niños marginados. Convendría saber también si El Salvador se encuentra diseñando un modelo de presupuesto basado en resultados y qué medidas se han tomado para garantizar la transparencia y el acceso a la información con el fin de supervisar las inversiones e impedir y castigar la corrupción.

17.Preocupa particularmente la elevada tasa de criminalidad del país. En El Salvador muere por homicidio un niño diariamente; los adolescentes abandonan la escuela e ingresan en las "maras"; preocupan también la muerte de adolescentes por causa de abortos clandestinos. El Comité desearía saber si el Gobierno está preparando una política global de prevención y control de la violencia, basada en los derechos de los niños y los adolescentes.

18.La Sra. Ortiz (Relatora para el país), destacando la importancia de la recopilación de datos para garantizar la aplicación eficaz de la Convención, puesto que la falta de información precisa y actualizada podría obstaculizar los esfuerzos encaminados a garantizar los derechos de todos los niños, dice que el Comité agradecería contar información sobre el contenido en relación con los derechos del nuevo programa para recoger información y estadísticas del censo. Habida cuenta de que el sistema de multas introducido para los padres que no inscriben el nacimiento de sus hijos no ha sido eficaz, desea saber si se modificarán la legislación y las medidas administrativas existentes para promover la inscripción de los nacimientos y si se están adoptando medidas para asegurar la inscripción de los niños indígenas.

19.La oradora expresa su satisfacción por el establecimiento de una comisión interinstitucional encargada de localizar el paradero de los niños desaparecidos durante el conflicto armado de El Salvador y pregunta qué progresos ha logrado al respecto la comisión. Se pregunta si el Gobierno tiene la intención de ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Desea saber en qué medida la Secretaría de Cultura promueve el derecho de los niños a la libertad de expresión, conciencia y pensamiento, así como su derecho a la intimidad y a tener acceso a la información. ¿Actúa la Secretaría no sólo en el plano nacional sino también en el local? Pregunta cuáles son las medidas que se están tomando para incluir los derechos humanos en los programas escolares y promover así entre el público el cambio de mentalidad necesario para establecer una cultura de derechos humanos. Expresa su preocupación ante el inquietante nivel de impunidad de la policía en cuanto a la tortura de niños y adolescentes detenidos, especialmente niños de la calle y niños integrantes de bandas. El Comité contra la Tortura se ha manifestado preocupado por el hecho de que El Salvador no cuente con una definición de los actos de tortura en su legislación, como se estipula en los artículos 1 y 4 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La oradora pregunta si se han adoptado medidas para rectificar esa situación.

20.El Sr. Kotrane acoge complacido los esfuerzos realizados por el Estado parte para adaptar su legislación con arreglo a las recomendaciones del Comité. Si bien reconoce que El Salvador es parte en un gran número de instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, le preocupa que el país no haya ratificado el Convenio sobre el reconocimiento y la aplicación de decisiones relativas a las obligaciones alimentarias, el Convenio sobre el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias o el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Pregunta si el Gobierno considera la posibilidad de adherirse a esos convenios, ya que revisten particular importancia para garantizar los derechos de los niños separados de sus padres, incluido, en particular, el derecho a la seguridad alimentaria.

21.Encomia el enfoque holístico adoptado con respecto a la protección de los niños en la nueva Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, y destaca la importancia de ajustar la legislación nacional a la Convención. Desea saber si en El Salvador los jueces están familiarizados con la Convención, si la Convención prima sobre la legislación nacional en caso de discrepancia entre ambas y, de ser así, si la delegación podría proporcionar algunos ejemplos de casos recientes en que los tribunales hayan invocado directamente la Convención.

22.El Sr. Citarella dice que, pese a acoger con satisfacción el enfoque holístico adoptado en la nueva ley respecto de la protección de los niños, le preocupa que la definición de niño que figura en la ley no sea acorde con la de la Convención. La ley distingue entre "niños", hasta 12 años, y "adolescentes", entre 12 y 18 años, mientras que en la Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. El orador se pregunta si se va a modificar la ley para incluir una definición general del niño y la edad a la que se llega a la mayoría.

23.El Sr. Puras pregunta cuál es la posición del Gobierno en relación con las ONG que participan en procesos políticos e iniciativas de promoción de los derechos, especialmente en los casos en que dichas ONG no estén de acuerdo con la política del Gobierno. Se pregunta si esas ONG reciben asistencia del Gobierno o si dependen principalmente de la financiación internacional. Pregunta si hay ONG que trabajan con niños a nivel comunitario.

24.Refiriéndose al derecho del niño a ser oído, pregunta qué medidas se están tomando concretamente para hacer participar a los niños en la adopción de decisiones sobre asuntos que les afectan en el plano nacional y local. En particular, desea saber si los niños han participado en la elaboración de la nueva ley y, de ser así, en qué plano. Se pregunta si el Gobierno tiene la intención de adoptar medidas para aumentar la participación de los niños en la adopción de decisiones.

25.Hablando del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, dice que el Comité ha recibido información alarmante sobre las amenazas que existen en El Salvador al desarrollo emocional, social y cultural de los niños, y al derecho de éstos a la vida. Dado que durante el período que se examina murieron por homicidio 1.755 niños, pregunta qué medidas se han tomado en el pasado y cuáles está adoptando el nuevo Gobierno para romper ese ciclo de violencia. Aunque el orador reconoce la importancia de juzgar a los autores de actos de violencia, señala que sería necesario desplegar esfuerzos para hacer frente a las causas profundas de la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia debe considerarse un problema de salud pública. Pregunta si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de adoptar estrategias o planes para afrontar la situación de violencia desde el punto de vista de la salud pública.

26.La Sra. Al-Asmar pide a la delegación de El Salvador que explique de qué forma el interés superior de los niños y en particular de las niñas se toma en consideración en la legislación y en las decisiones judiciales y administrativas del país.

27.La President a pide más información sobre los esfuerzos que se harán para difundir el texto de la Convención y garantizar que se den a conocer adecuadamente sus principios y que éstos queden reflejados en los valores que el Gobierno desea inculcar a la sociedad salvadoreña. Pregunta también qué medidas se están adoptando para enseñar a todos los profesionales que tienen relación con niños a aplicar los principios de la Convención. Si bien el Comité celebra que en gran parte de la legislación nacional de El Salvador se estipule expresamente la igualdad entre las personas, siguen existiendo disparidades y se discrimina con frecuencia a las niñas, los niños indígenas, los niños con discapacidad y los niños de las zonas rurales y alejadas. Pregunta qué medidas, aparte de las legislativas, se adoptarán para reducir y, en última instancia, acabar con esa discriminación, así como para garantizar todos los derechos a todos los niños.

28.La Sra. Villarán de la Puente solicita información sobre el papel que desempeña la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que informó de que se interponían graves obstáculos a su actuación, incluido el recorte de sus recursos. La oradora se manifiesta particularmente preocupada por el hecho de que la dependencia especializada en derechos del niño de la Procuraduría no haya podido cumplir su mandato. Pregunta qué se está haciendo para lograr que puedan presentarse ante la Procuraduría las denuncias de violaciones de los derechos del niño y, en particular, de qué forma se garantiza a los niños de las zonas rurales y lejanas el acceso a los servicios de la Procuraduría.

La sesión se suspende a las 11.10 horas y se reanuda a las 11.35 horas.

29.El Sr. Urquilla (El Salvador) dice que el Consejo de Ministros estableció en junio de 2009 la Secretaría de Inclusión Social. El mandato de la Secretaría consiste en proteger a la familia y ayudar a poner fin a las causas profundas de la discriminación y la exclusión. La Secretaría trabaja en estrecha colaboración con la población indígena, las poblaciones migrantes, las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad y las personas con discapacidad y, si bien no implementa las políticas de inclusión social, coordina las aplicadas por diferentes ministerios. Así pues, las actividades de la Secretaría guardan estrecha relación con los problemas de la infancia.

30.En los próximos días se propondrá un marco jurídico para el adecuado seguimiento de las observaciones finales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. En el pasado no se comunicaban estas observaciones finales a los diferentes sectores de la sociedad civil. El nuevo Gobierno desea rectificar la situación organizando mesas redondas para determinar formas de dar seguimiento a las cuestiones suscitadas por los órganos de tratados. Se tomarán en cuenta las recomendaciones y observaciones anteriores, incluida la observación formulada por el Comité contra la Tortura en lo que concierne a la disparidad entre la legislación penal salvadoreña y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Gobierno se ha comprometido a fomentar los derechos humanos y, a dicho efecto, el Presidente ha firmado recientemente el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se está considerando la posibilidad de ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

31.Los tribunales han invocado directamente la Convención y ésta se ha citado, especialmente, en asuntos relacionados con el derecho de familia. Aunque en la ley salvadoreña se distingue entre niños y adolescentes, se trata simplemente de dos subgrupos de menores de edad, y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. La aprobación de la nueva Ley de protección es un paso importante para garantizar la observancia de la Convención y su aplicación institucional. La protección de los niños en conflicto con la ley es un asunto particularmente difícil, y habrá que desplegar considerables esfuerzos para acabar con la cultura de los malos tratos y los castigos corporales que existe en el país. Para ello, habrá que revisar la legislación en consecuencia. Establecer las necesarias garantías legislativas en relación con los derechos especificados en la Convención es un proceso complejo cuya culminación llevará tiempo.

32.El Sr. Kotrane dice que la Comisión desearía que se facilitaran ejemplos, especialmente de la Sala de lo Constitucional, en que los jueces invocaran directamente la Convención. Por otra parte, pide más información sobre el mecanismo que se propondrá para hacer un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones formuladas por los diversos órganos de tratados de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. Observa preocupado que en 2009 se recortó la financiación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institución de derechos humanos de El Salvador. Ante esta situación, se pregunta de qué forma se establecerá, financiará y coordinará el nuevo mecanismo. Es importante que el nuevo órgano reciba una financiación adecuada para poder hacer un seguimiento de la aplicación de tales recomendaciones.

33.El Sr. Urquilla (El Salvador) indica que se remitirán al Comité ejemplos de asuntos en que los jueces hayan invocado directamente la Convención a la hora de adoptar decisiones, en particular los de de la Sala Constitucional. El mecanismo de seguimiento propuesto no será un nuevo órgano, sino un procedimiento claro para identificar a los encargados de aplicar cada recomendación. Así por ejemplo, podrán organizarse mesas redondas bajo los auspicios del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se reciban esas recomendaciones de forma que la sociedad civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los organismos públicos competentes puedan colaborar activamente para asegurar la aplicación de las recomendaciones.

34.Volviendo a la nueva Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, el orador señala que es preciso modificar el marco institucional considerado en su conjunto, para que sea más eficaz. Está plenamente de acuerdo con el Comité en que el objetivo debería ser promulgar legislación nacional destinada a fortalecer los derechos del niño, pero el proceso es complejo y requiere un examen atento, si se desea resolver los problemas planteados, especialmente en lo que concierne a la aplicación de ciertas disposiciones y el establecimiento del marco institucional idóneo.

35.La Sra. Ortiz, destacando la importancia de la coordinación en la aplicación de la Convención y sus dos protocolos facultativos, dice que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) es el órgano en cuyo marco se reúnen los diferentes ministerios y autoridades para formular y evaluar políticas con la participación de la sociedad civil, los niños y los adolescentes. Pregunta a qué órgano ejecutivo se asignará la tarea de reforzar las competencias en lo que respecta a la adopción de políticas y a su implementación del Consejo Nacional: ¿a la Secretaría de Inclusión Social, a la ISNA o a algún otro órgano? Lejos de restar importancia al Consejo Nacional, el Comité aprecia su relevancia y desea saber qué medidas se están adoptando para dar a éste mayor autoridad.

36.La Sra. Villarán de la Puente señala que el Comité entiende que es difícil traducir a la práctica ciertas disposiciones y que hay que reajustar el marco institucional. No obstante, es necesario que se precise si la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia entrará en vigor, según lo previsto, en abril, y si las modificaciones de la ley se harán durante su aplicación, o si se postergarán nuevamente.

37.El Sr. Ur quilla (El Salvador) indica que el nuevo Gobierno comparte la preocupación expresada por el Comité en el sentido de que el sistema carece de un sólido mecanismo político, que es fundamental para aplicar efectivamente la nueva ley. La ley fue promulgada inmediatamente después de las elecciones de 2009, y no ha habido tiempo suficiente para llevar a cabo las reformas necesarias para cimentar las ideas del Gobierno en relación con el marco institucional aplicable a los niños. La Secretaría de Inclusión Social no existía aún en el momento en que se aprobó la ley, y la ausencia de ese órgano ha constituido una importante laguna institucional; la Secretaría se enmarca en el poder ejecutivo y debe participar en el mecanismo encargado de garantizar la aplicación de la ley. A juicio del Gobierno, no es aconsejable retrasar la implementación de la parte sustantiva de la ley, aunque, por motivos de prudencia, convendría darse un compás de espera para introducir reformas, detenidamente estudiadas, en la estructura administrativa e institucional que requiere la aplicación de la ley.

38.La Sra. Ortiz recuerda al Estado parte que el propósito de la Convención va más allá de establecer medidas de protección en favor de los niños, y lo insta a tener presente este aspecto a la hora de reformar su marco institucional. De hecho, pensar únicamente en términos de programas de protección de los niños equivaldría a dar un paso atrás. Otra cuestión que preocupa es el hecho de que la ley no contemple el necesario establecimiento de un órgano municipal. Preocupa también al Comité la demora en la aplicación de la ley. La Convención ha estado en vigor 20 años y es urgente ultimar un marco constitucional que se adecue a las circunstancias de los niños salvadoreños.

39.El Sr. Urquilla (El Salvador) dice que se transmitirán al Presidente de El Salvador las inquietudes y sugerencias del Comité. Agrega que la demora obedece a la necesidad de contar con el tiempo suficiente para examinar opciones y encontrar una solución que desestabilice lo menos posible la legislación y el marco institucional establecidos para proteger los derechos de los niños en El Salvador.

40.El Sr. Salazar (El Salvador) dice que el ISNA fue creado en 1993 y está reconocido en el Código de Familia como órgano de coordinación nacional para la protección integral de niños y adolescentes. Con todo, nunca ha desempeñado plenamente esta función. En virtud de la nueva Ley de protección, el ISNA será el órgano ejecutivo que se encargue de adoptar determinadas medidas para proteger a los niños. En primer lugar, el ISNA será el centro nacional de investigación y la fuente principal de datos unificados sobre niños y adolescentes. En segundo término, el ISNA será el órgano de coordinación encargado de determinar a qué niños se ha denegado el pleno disfrute de sus derechos y de tomar las medidas necesarias para garantizar tales derechos. El ISNA supervisa actualmente las necesidades de 3.000 niños, que reciben atención con arreglo a varias disposiciones de tutela y, está trabajando contrarreloj, por considerarlo urgente, para sacar a esos niños de las instituciones en que se encuentran y transferir la responsabilidad de su atención a uno de los nuevos organismos de protección. En tercer lugar, el ISNA será el centro nacional de divulgación de los derechos de los niños y de formación del personal encargado directamente del cuidado de los niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido denegados o violados. En cuarto lugar, el ISNA atenderá a las necesidades de los jóvenes en conflicto con la ley, tanto en libertad como detenidos. Además, el ISNA desarrollará y coordinará, una nueva red integrada por ministerios, la sociedad civil y órganos locales, que trabajarán en colaboración para implementar la política adoptada por el Gobierno en favor de los niños y los adolescentes.

41.La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos coordina mesas redondas nacionales en las que participan jueces del sistema de justicia penal juvenil, órganos de la sociedad civil y otros órganos, en las que se examinan y proponen medidas actualizadas para rehabilitar a jóvenes en conflicto con la ley, en colaboración con la Secretaría Técnica. Por otra parte, el ISNA está preparando directrices sobre el cuidado de niños y adolescentes, que se transmitirán a la Secretaría Técnica con miras a su utilización a la hora de formular políticas públicas que garanticen que las necesidades de los niños y adolescentes se tengan en cuenta en el plan general de acción del Gobierno.

42.Por lo que hace a la prevención de la tortura, si bien hay que señalar que las medidas adoptadas para proteger a los jóvenes en conflicto con la ley y en reclusión preventiva no han sido eficaces, se han tomado otras para que en todo el país, los centros de reclusión estén bajo la autoridad del ISNA, con el fin de que el control directo sobre todos los centros de reclusión de menores pase de la policía al Gobierno, ya que el control de la policía ha llevado frecuentemente a violaciones de los derechos de los jóvenes privados de libertad. Durante los últimos dos años se ha multiplicado por dos el número de jóvenes privados de libertad, y el Gobierno se ha comprometido a tomar las medidas adecuadas para llegar a una solución alternativa a la reclusión de los jóvenes en conflicto con la ley. Por otra parte, el Gobierno está estudiando fórmulas para disuadir a los jóvenes de entrar a formar parte de bandas.

43.La Sra. Lee dice que el anterior Gobierno de El Salvador preparó un programa de estudios para jóvenes privados de libertad, pero que éste nunca entró en vigor. Educar a los jóvenes privados de libertad es una forma importante de intentar que estos jóvenes no entren a formar parte de bandas. La oradora pregunta si el ISNA considerará la posibilidad de emprender una iniciativa semejante.

44.El Sr. Salazar (El Salvador) responde que el Gobierno está preparando un nuevo modelo para abordar la situación de los jóvenes privados de libertad, con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Secretaría de Inclusión Social y otros órganos competentes. Es necesario introducir cambios radicales para eliminar las disparidades existentes en materia de educación. A partir de 2010 se establecerán centros educativos institucionales y en los centros de reclusión del país se han introducido ya las diferentes modalidades de educación formal.

45.La Sra. de Espinoz a (El Salvador) dice que responderá a las preguntas sobre el derecho a la identidad, el derecho de participación y los planes nacionales para hacer frente al problema del trabajo infantil y la trata de seres humanos.

46.El capítulo I de la Ley de protección regula el derecho a la personalidad, la identidad y la identificación; la ley amplía, además, el plazo para la inscripción de nacimientos y promueve la inscripción gratuita. La ley no ha eliminado las multas impuestas por inscripciones tardías, pero se están adoptando medidas para hacerlo, lo cual contribuirá a eliminar todos los obstáculos a la inscripción y garantizará de este modo la protección del derecho al nombre y a la nacionalidad. En relación especialmente con la inscripción de niños indígenas, el Gobierno se ha comprometido a actuar de conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Como primera medida, el Comité de Seguimiento al Derecho de la Identidad de la Niñez Salvadoreña, preparará, con apoyo del UNICEF, un plan en 2010 con el fin de promover la expedición de certificados de nacimiento y cédulas de identidad a los niños y adolescentes indígenas.

47.Se organizó un taller sobre la participación de los niños en la elaboración de políticas al que asistieron unos 200 funcionarios públicos y 240 niños; los niños también formularon la metodología del taller. Se organizó una mesa redonda sobre la participación de los niños y varias municipalidades están tratando de que los niños participen en la configuración de las políticas locales. El Estado también está tratando de impulsar la participación de los niños en la adopción de políticas. El Gobierno reconoce que el trabajo infantil es un obstáculo para el desarrollo de los niños y ha adoptado medidas a fin de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y todas las formas de trabajo infantil para 2020.

48.La Sra. Villarán de la Puente pide a la delegación que informe al Comité sobre la situación de los trabajadores domésticos.

49.La Sra. de Espinoz a (El Salvador) dice que la hoja de ruta aprobada para hacer frente a la situación del trabajo infantil incluye una sección consagrada al problema del trabajo doméstico infantil.

50.La Sra. Ortiz pregunta en qué difiere el nuevo plan nacional del anterior, si se han evaluado los resultados del plan precedente y si el actual cuenta con un presupuesto suficiente.

51.La Sra. de Espinoz a (El Salvador) dice que se ha evaluado el plan anterior y que en el nuevo se han tenido en cuenta las conclusiones de esa evaluación.

52.La Sra. Ortiz pregunta acerca de los esfuerzos realizados por el Gobierno para prestar apoyo a las familias, con el fin de evitar el internamiento de los niños en instituciones. ¿Existen programas destinados a las familias pobres que vengan acompañadas de medidas específicas para garantizar que la familia constituya un refugio y que los niños no sean víctimas de violencia doméstica? ¿Se han establecido redes locales para proporcionar apoyo a las familias, mediante, por ejemplo, centros de asistencias en las municipalidades? La oradora dice que muchas familias sufren estrés como consecuencia de la migración de algunos de sus miembros. ¿Cómo proporciona el Gobierno ayuda a los migrantes y a sus hijos, tanto si estos últimos acompañan a sus padres como si no lo hacen? ¿Cómo responde el Gobierno a los problemas concretos a los que se enfrentan esos niños?

53.Refiriéndose a los esfuerzos del Gobierno para sacar a los niños de las instituciones en que se encuentren, la oradora pregunta si la ley ofrece cierta orientación sobre la forma en que debe reubicarse a los niños. Pregunta si en esas instituciones los niños pueden hacer oír su voz. ¿Existen en dichas instituciones mecanismos para realizar consultas o presentar denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Qué tipo de seguimiento se lleva a cabo, cuando se coloca a los niños en familias de acogida? El Estado parte ha informado de que los padres de acogida tienen prioridad para la adopción, pero, dado que los padres de acogida no son sometidos a la rigurosa investigación de antecedentes aplicable en los procedimientos de adopción, dicha manera de proceder puede constituir, inadvertidamente, un canal de adopción que no cuente con la adecuada verificación de calificaciones de los padres adoptivos. Por último, pregunta si se ha aprobado alguna ley para prohibir el reclutamiento militar de niños de 17 años y edades inferiores.

54.La Sra. Villarán de la Puente se manifiesta preocupada por la difícil situación de los niños menores de 5 años que viven con sus madres recluidas. ¿Cómo contempla la ley la situación de esos niños y cómo son educados? Pese a los progresos legislativos y sociales logrados en la lucha contra la violencia doméstica y la discriminación por motivos de género, las estadísticas indican que ha aumentado el número de víctimas de la violencia y los abusos en el hogar, incluidos los abusos sexuales, pero no se dispone de información más detallada sobre el particular. Por otra parte, las estadísticas de la policía revelan que en 2007 y 2008 se registraron 125 casos que entrañaron la muerte de niñas. La oradora se refiere a la elevada tasa de embarazos de adolescentes y a los problemas relacionados con el contacto sexual a edades precoces y el abuso sexual de menores y pregunta si existe una ley en la que se contemple el problema del embarazo de adolescentes. Agrega que no se trata únicamente de una cuestión relacionada con el aborto, puesto que los embarazos de adolescentes entrañan graves riesgos para la madre y el niño.

55.El Sr. Puras pregunta si existe una política o plan general para ayudar a los niños con discapacidad. El Comité ha comprobado que la pronta identificación de los niños con discapacidad es esencial para asegurar la prestación eficaz de servicios comunitarios y evitar el internamiento en instituciones. ¿Los niños que se encuentran en instituciones pueden disfrutar de sus derechos fundamentales a la educación, la salud y la intimidad? ¿Hay mecanismos independientes para supervisar su situación?

56.El Gobierno ha reconocido que los elevados precios de los medicamentos obstaculizan la prestación de servicios de atención de la salud a los niños. ¿Qué medidas se han adoptado para resolver este problema? ¿Qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la malnutrición? ¿Qué niveles de recursos humanos y financieros se han destinado a la atención primaria de salud y la promoción de la salud? El Comité es consciente de que en el país trabajan unos 2.000 promotores de la salud. Sería conveniente contar con información sobre las actividades de esos promotores, incluida cualquier medida que se haya tomado para fomentar la lactancia y la vacunación y promover una cultura de no violencia con miras a reducir la violencia doméstica y promover la salud mental. Es de encomiar que los niños reciban asistencia psicológica tras las catástrofes naturales. ¿Hay algún otro enfoque sistemático para apoyar la salud mental de los niños?

57.El Sr. Kotrane señala que un gran número de niños no vive con sus familias. ¿De qué forma se ayuda a las familias a asumir sus responsabilidades? ¿Qué medidas concretas pueden tomar los jueces cuando se incumple el pago de los gastos de manutención de los hijos o de las pensiones alimenticias? Algunos países han establecido fondos especiales para cubrir las necesidades de los niños.

58.El Salvador ha hecho considerables esfuerzos para luchar contra el trabajo y la explotación infantil, especialmente organizando actividades en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y colaborando con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). No obstante, siguen existiendo algunas de las peores formas de trabajo infantil en sectores tales como el trabajo doméstico y la agricultura. ¿Cuenta el Gobierno con un número suficiente de inspectores de trabajo para detectar esos casos? ¿De qué información se dispone y qué tipo de programas se están llevando a cabo?

59.En la esfera de la justicia juvenil, pese a que las enmiendas introducidas en la Ley penal juvenil en 2004 trajeron consigo algunos cambios favorables, el enfoque general sigue siendo al parecer represivo y se basa aún en gran medida en la privación de libertad. El orador dice que el Comité tuvo conocimiento de que en 2009 cinco niños murieron en centros de rehabilitación. ¿Qué está haciendo el Gobierno para velar por que el sistema de justicia juvenil se ajuste a la Convención?

60.La Sra. Al-Asmar pregunta si el Gobierno ha creado algún programa para dar a las familias medios para superar algunos de los peores efectos de la pobreza. ¿Qué medidas han tomado el Gobierno, o las ONG, para informar a los niños que trabajan sobre sus derechos? ¿Se tiene en cuenta en la política educativa la necesidad de impartir educación sobre salud sexual y reproductiva e inculcar una cultura de no violencia?

61.El Sr. Citarella pregunta si existe algún plan para formular una política educativa que tenga en cuenta la disparidad existente entre las infraestructuras escolares rurales y urbanas, la elevada tasa de abandono escolar y la práctica persistente, pese al objetivo del Gobierno de garantizar el libre acceso a la educación, de imponer tasas de escolaridad para la educación de los niños. ¿Ha puesto en marcha el Gobierno programas educativos orientados a las culturas indígenas y ofrece cursos en idiomas indígenas?

62.La Sra. Ortiz, señalando que el prematuro abandono escolar de más de la mitad de los adolescentes del país, a lo que se añaden los enormes problemas derivados de la violencia de las bandas, señala que el Estado debería garantizar, al menos, que los jóvenes puedan seguir en la escuela. ¿Qué medidas se están adoptando para reducir la tasa de abandono escolar? ¿Qué se está haciendo para eliminar divergencias existentes en la educación entre las zonas rurales y urbanas, así como entre las niñas y los niños? Preocupa también al Comité el volumen del presupuesto destinado a educación.

63.La Presidenta dice que, para un país de ingresos medios con un producto interno bruto (PIB) per cápita de unos 4.000 dólares de los Estados Unidos, parece insuficiente destinar a educación menos del 3% del PIB. El desarrollo de la primera infancia requiere mayor ayuda. Sólo aproximadamente la mitad de todos los niños del país participan en programas preescolares. La tasa de asistencia escolar en la enseñanza secundaria, que asciende a un 36% aproximadamente, es muy baja. Se requiere un programa integrado y global de desarrollo de la primera infancia, que vaya más allá de los programas preescolares y prepare eficazmente a los niños para la escolarización posterior. Esto permitiría reducir las tasas de repetición de curso y abandono escolar, que resultan sorprendentemente elevadas incluso en primer grado. ¿Qué tipo de estrategias preparará el Ministerio de Educación para que los niños sigan estudiando y mantener las escuelas alejadas de fenómenos tales como la violencia de las bandas? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre las causas últimas de los embarazos precoces con miras a diseñar estrategias lo más adecuadas posible? ¿Pueden continuar con sus estudios los adolescentes con hijos?

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.