COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Cuadragésimo séptimo período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1289 a SESIÓN*
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el miércoles 16 de enero de 2008, a las 10 horas
Presidenta: Sra. LEE
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
Informe inicial de Timor -Leste
______________No se levantaron actas resumidas de las sesiones 1286a, 1287a y 1288a.______________La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, Unidad de Edición, oficina E.4108, Palais des Nations, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de sesiones públicas del Comité se consolidarán en una sola corrección que se publicará poco después de finalizar el período de sesiones. GE.08-40137 (EXT) Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES (tema 5 del programa)
Informe inicial de Timor-Leste (CRC/C/TLS/1, CRC/C/TLS/Q/1 y Add.1; HRI/CORE/TLS/2007)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Timor-Leste toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
Presentando el informe inicial de su país (CRC/C/TLS/1), la Sra. LOBATO (Timor-Leste) dice que éste ha representado un hito para Timor-Leste y ha constituido un paso importante hacia la aplicación de la Convención y sus protocolos facultativos. Desde que obtuvo su independencia en 2002, Timor-Leste ha procurado dar prioridad a los derechos humanos, lo que se refleja en su Constitución. Sin embargo, al ser un país joven y pobre, Timor-Leste no ha establecido mecanismos para la recopilación de datos, y el proceso de presentación de informes ha supuesto un desafío. Si bien Timor-Leste se ha comprometido a salvaguardar los derechos de los niños, la aplicación de las políticas es un proceso gradual que depende de la disponibilidad de los recursos. El Gobierno se ha visto obligado a establecer prioridades, y actualmente está adoptando medidas para mejorar la educación y la salud. Se prevé que el Comisionado Nacional de los Derechos del Niño entre en funciones para junio.
Timor-Leste necesita un marco jurídico amplio y coherente que sirva de base para la aplicación de los derechos del niño. La delegación de la oradora comprende la importancia de reflejar esos derechos en el Código Civil, el Código Penal y el Código de la Infancia, que se encuentran en distintas etapas de redacción y aprobación. Aunque se enfrenta a desafíos tales como la pobreza, la inseguridad, la violencia y el desplazamiento, Timor-Leste ha tenido la oportunidad de incorporar los derechos del niño en las estructuras, los presupuestos y los programas gubernamentales, así como de asegurar que el sistema jurídico los proteja. El país está haciendo progresos en muchos sentidos, y acogerá con beneplácito las orientaciones del Comité a la hora de seguir aplicando esos derechos.
El Sr. ZERMATTEN (Relator para el país) encomia a Timor-Leste por situar los derechos humanos en el centro de su desarrollo. Resulta alentador que el Comisionado Nacional de los Derechos del Niño inicie sus funciones próximamente, y que Timor-Leste otorgue prioridad a las cuestiones relativas a la infancia. El país ha presentado al Comité su informe inicial con puntualidad pese a la crisis sufrida en 2006, que tuvo como consecuencia el desplazamiento de muchos niños y tendrá un impacto negativo en su futuro y el goce de sus derechos.
5.El orador acoge complacido los progresos realizados mediante la introducción de nueva legislación, por ejemplo el Código de la Infancia, el Código Penal y el Código Civil, así como leyes sobre la adopción, la educación y el trabajo, y encomia al país por haber incorporado la Convención y sus dos protocolos facultativos en el ordenamiento jurídico interno. Son iniciativas encomiables la creación de una Oficina Central de Registro Civil y un Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia, y la publicación de un manual para la madre y el niño a fin de educar a los padres sobre sus responsabilidades. En particular, el orador celebra que Timor-Leste haya ratificado los siete tratados de derechos humanos, incluidos sus protocolos facultativos, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Desea saber si la Convención es directamente aplicable por las autoridades judiciale s y administrativas d e Timor-Leste , y si ya la ha n invocad o directamente al adoptar sus decisiones. La delegación debe proporcionar información sobre los progreso s realizado s en el estudio de la compatibilidad d e las leyes nacionales y e l proyecto de legislación con la Convención, e indicar si la asistencia técnica de las Naciones Unidas será útil al respecto .
Debido a que Timor-Leste tiene leyes que datan de la ocupación indonesia y la colonización portuguesa, además de las adoptadas por el Parlamento Nacional, es importante aclarar qué tipo de ley es aplicable a la hora de proteger los derechos del niño. Sería interesante saber cómo interactúan el derecho civil y las prácticas tradicionales. El Gobierno debe acelerar el proceso de adopción de la legislación clave, por ejemplo el Código Civil y el Código Penal, que tienen un impacto directo sobre la aplicación de los derechos establecidos en la Convención. El orador acogerá con beneplácito toda nueva información sobre los progresos realizados en la adopción del Código Civil, el Código Penal y el Código de la Infancia.
No está claro qué objetivos y recursos específicos se han acordado a fin de aplicar el Plan Nacional de Desarrollo. El orador se pregunta qué relación tiene con el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, y qué progresos se han realizado al respecto.
La delegación debe proporcionar información sobre los vínculos entre la Oficina del Defensor y el nuevo comisionado de los derechos del niño previsto por Timor-Leste, ya que sus funciones respectivas no están claras. El orador se pregunta si el Defensor o sus colegas están especializados en las cuestiones relacionadas con la infancia, y si se permite que los niños tengan acceso directo en caso de que se vulneren sus derechos. No está claro en qué medida la Oficina del Defensor es independiente y está descentralizada.
La delegación debe indicar si las ONG en Timor-Leste han participado en la redacción del informe, y qué relación tienen con el Gobierno. En cuanto a la cooperación internacional, el orador se pregunta qué puede suceder cuando las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales que ofrecen apoyo a Timor-Leste se retiren.
La Sra. KHATTAB (Relatora suplente para el país) formula observaciones sobre las medidas generales de aplicación y dice que Timor-Leste debe dar prioridad al Código de la Infancia a fin de crear una ley que unifique todas las disposiciones jurídicas que intensifican al máximo la protección de los niños. La oradora dice que se necesitarán especialistas para redactar y aplicar el código, y recuerda que, en 2006, Timor-Leste inició un programa de formación sobre los derechos de los niños dirigido a jueces y defensores. Al no encontrar referencia alguna a ese programa en el informe, la oradora se pregunta si sigue adelante. Encomia la propuesta de establecimiento del Comisionado Nacional de los Derechos del Niño, y solicita una respuesta a la pregunta del Comité sobre si el Defensor será independiente del Gobierno. Con respecto a las asignaciones presupuestarias, reitera la petición de datos formulada por el Comité y pide asimismo información sobre la situación relativa a la cooperación internacional. Desea saber si existen dificultades para asegurar la ayuda exterior, quién decide cómo se asigna dicha ayuda, ya que la mayoría de donantes insiste en que haya un componente de derechos humanos, y si se hace referencia específica a los derechos de los niños. La oradora pregunta de qué manera puede el Comité ayudar a Timor-Leste a asegurarse de que los derechos de los niños figuren en sus acuerdos de cooperación internacional.
Refiriéndose a la definición de niño, la oradora pide aclaraciones sobre el significado de “trabajos ligeros”. También pregunta a qué edad completan los niños su educación básica y obligatoria, y añade que no deben entrar en el mercado laboral antes de ese momento. Dice que la edad del libre consentimiento para mantener relaciones sexuales y contraer matrimonio, que es de 15 años para la mujer y 18 para el hombre, es demasiado baja y altamente discriminatoria, y pregunta qué medidas adopta Timor-Leste para aumentar esos límites de edad. Pide asimismo información sobre los informes que indican que algunos funcionarios de la policía desconocen o no respetan la edad mínima para la responsabilidad penal, y los motivos por los que no se ha establecido una edad mínima para comprar y fumar cigarrillos, así como para acceder a servicios médicos sin la aprobación de los padres, heredar bienes o prestar testimonio ante los tribunales. En la actualidad, Timor-Leste está redactando leyes para proteger a los niños que trabajan en la economía formal, aunque no se ha facilitado información sobre los niños que trabajan en la economía informal y si se les ofrecerá protección.
Con respecto a los principios generales, la oradora está de acuerdo con las observaciones anteriores en el sentido de que la no discriminación parece ser un problema y de que algunos grupos de niños siguen siendo objeto de discriminación. Por ejemplo, a los niños de las antiguas milicias que apoyaron a Indonesia se les ha denegado el ingreso en las escuelas de algunas zonas remotas. Pregunta si hay discriminación social contra las niñas, y si se ha establecido algún programa de educación especial para ayudar a contrarrestar las altas tasas de absentismo y abandono escolar femeninos. En cuanto al principio de actuar para preservar los mejores intereses del niño, la oradora admira la franqueza de Timor-Leste a la hora de admitir que la aplicación de ese principio en los procedimientos judiciales y administrativos sigue siendo un problema debido a las diferencias culturales. No obstante, éstas suelen utilizarse para justificar la discriminación, por lo que desea obtener más información sobre el abanico de diversidades culturales del país. La oradora insta a Timor-Leste a que añada la protección especial para los niños a sus prioridades relativas al saneamiento, la salud y la educación.
Refiriéndose a la cuestión del registro de los nacimientos, la oradora pide información actualizada sobre los progresos realizados, e información detallada sobre los apartados que aparecen en los certificados de nacimiento pero no en los de bautismo. Pide aclaraciones con respecto al párrafo 48 del informe inicial, y pregunta si los niños reciben el nombre del padre sin el consentimiento de éste. Pregunta también si el niño recibe alguna prestación o se beneficia de algún derecho más adelante, por ejemplo en relación con la manutención y la herencia. Asimismo, la oradora pide información sobre los progresos realizados con respecto al desarrollo de la primera infancia, ya que ese programa abarca al dos por ciento de los niños. Finalmente, solicita información actualizada sobre la situación del memorando de entendimiento que los Gobiernos de Timor-Leste e Indonesia suscribieron en 2004 con el fin de proteger los derechos de los niños separados de sus familias, como resultado de la deportación forzada de 1999.
El Sr. PURAS dice que la cooperación entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil es un requisito previo para el desarrollo de una sociedad sana, y que dicha cooperación debe basarse en la confianza. Como país joven, Timor-Leste recorre un camino bien conocido donde, tras un período de gracia de buenas relaciones entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales, a veces sobreviene un período difícil e inevitable de conflictos, confrontaciones, malentendidos y desconfianza. Hay que educar a la sociedad civil y respetar a las ONG, en particular las que se atreven a criticar o se niegan a mostrar su lealtad al Gobierno. El orador pide que Timor-Leste proporcione más información sobre sus logros y desafíos a la hora de intentar construir una sociedad civil, en particular con respecto a los problemas que han surgido, cómo los ha resuelto y cómo se resolverán de manera sistémica en el futuro.
El Sr. KOTRANE pide aclaraciones sobre la función exacta del Comisionado Nacional de los Derechos del Niño, y pregunta si es un comité de elaboración de políticas de alto nivel o un órgano de vigilancia que funcionará como defensor de los derechos para la infancia. El orador desea saber cómo se separarán y coordinarán las dos funciones. Pregunta si la política nacional para los jóvenes, establecida por el Ministerio de Educación y Cultura, abarca todos los aspectos relativos a los derechos de los niños, o si será mejor disponer de un plan de acción mundial en el que participen todos los ministerios gubernamentales y ONG. Refiriéndose a la definición de niño, el orador pide aclaraciones sobre la edad mínima para que los niños puedan ser sometidos a procesos penales, que a su entender es de 12 años, si bien parece que los párrafos 23 y 228 del documento básico (páginas 14 y 64, respectivamente) son contradictorios en ese sentido.
Refiriéndose a la pobreza y sus consecuencias, la Sra. VUCKOVIC-SAHOVIC pide información actualizada sobre cómo ve Timor-Leste mejorar su economía, ya que algunos indicadores son desfavorables con respecto a los niños y la aplicación de la Convención. Pide aclaraciones sobre las estadísticas de la población rural, ya que existe una discrepancia entre las cifras que figuran en los párrafos 523 y 526 del documento básico. Es importante conocer las cifras exactas, puesto que los niños que viven en zonas rurales están más expuestos a la violencia y la pobreza. La oradora expresa su preocupación por la falta de un sistema de seguridad social en Timor-Leste, y pregunta qué se está haciendo para corregir esa situación. En cuanto a los problemas relacionados con la recopilación de datos, se pregunta si podrían probarse métodos mejores y pide información actualizada sobre los progresos realizados en la elaboración del sistema de información, así como sobre la cooperación entre el UNICEF y el Gobierno a la hora de recopilar datos desglosados sobre los niños. La oradora dice que Timor-Leste debe fijarse como objetivo disponer de datos totalmente desglosados sobre los niños, que estén disponibles para su siguiente informe al Comité.
El Sr. POLLAR pregunta por qué el número de nacimientos registrados en los archivos de los hospitales es mayor que el porcentaje de mujeres que declararon haber dado a luz. Pregunta también qué repercusiones tiene la preferencia de los maestros de aceptar certificados de bautismo en la denegación de los ingresos escolares, y en qué medida han avanzado los debates del gobierno sobre la introducción del registro civil. El orador pide aclaraciones sobre las medidas de movilización con respecto al registro de nacimientos. Refiriéndose a la educación religiosa en las escuelas, solicita información actualizada sobre los debates relativos a las dos religiones que aún no se enseñan en las escuelas. Actualmente, sólo se enseñan tres religiones, aunque la Constitución reconoce cinco, y el orador desea saber de qué manera afecta esa situación a los derechos de los niños. Con respecto al derecho de libertad de expresión, pide información sobre el acceso de los niños a los medios de comunicación electrónicos e impresos con el fin de expresar sus opiniones, así como la manera en que las escuelas prevén ofrecerles la oportunidad de dar a conocer públicamente sus opiniones, por ejemplo, mediante consejos escolares, etc. El orador también pregunta sobre la situación del nuevo Código Penal y la Ley de asamblea y manifestación, y sobre sus efectos en los derechos de los niños, en particular su repercusión en el derecho de los niños a la libertad de expresión.
La Sra. KHATTAB pregunta si Timor-Leste participó en la reunión “Un mundo apropiado para los niños + 5” de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en diciembre de 2007, y qué está haciendo el país a fin de proteger los derechos de los niños nacidos como resultado de relaciones incestuosas. La oradora acogerá con beneplácito toda nueva información relativa a las elevadas tasas de mortalidad infantil y de niños menores de cinco años. Pregunta cómo se elige a los miembros del Parlamento de los Niños, y cómo se determina el orden del día del Parlamento.
El Sr. FILALI solicita información detallada sobre la manera en que se asegura en la práctica el derecho de los niños a expresar sus opiniones libremente, previsto en el artículo 12 de la Convención, y sobre cómo se desarrolla una cultura tendente a esa libertad de expresión.
Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.55 horas .
La Sra. LOBATO (Timor-Leste) dice que la libertad de religión está garantizada de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución, y que existe una buena relación entre los católicos (el credo predominante) y quienes practican otras religiones, por ejemplo, el islamismo, el protestantismo, el hinduismo y el budismo. Con respecto al registro de nacimientos, la oradora dice que, en general, las instituciones religiosas dirigen las escuelas privadas. Algunas veces, exigen la presentación del certificado de bautismo del niño a efectos de la matriculación, pero esto no es obligatorio. La Oficina del Ministerio de Justicia se encarga de proporcionar el certificado de nacimiento, para lo que no se requiere el certificado de bautismo; es suficiente con el testimonio de dos personas que declaren que el niño es timorense.
Recientemente se firmó un memorando de entendimiento entre el Gobierno, la Iglesia y otras instituciones religiosas y la sociedad civil con el fin de trabajar conjuntamente en la esfera del registro de nacimientos. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ya se ha iniciado la labor sobre el registro de niños menores de cinco años en 12 distritos, que pronto se hará extensiva a la capital, Dili. Hasta la fecha, se han inscrito más de 160.000 niños menores de cinco años.
El Ministerio de Justicia alberga un departamento para la redacción de legislación y otro para la difusión de información. Con el apoyo del UNICEF, recientemente se han completado investigaciones y consultas con miras a redactar legislación en materia de justicia juvenil. El proceso de redacción comenzará lo antes posible.
La oradora aclara que, de conformidad con el proyecto de código penal, que actualmente está pendiente de aprobación por el Parlamento, la edad de responsabilidad penal es de 16 años. Se ha consultado a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) con respecto a esa cuestión, y sus opiniones se tendrán en cuenta a la hora de perfeccionar la legislación pertinente.
Con respecto a las cuestiones relativas a la justicia tradicional, la Constitución establece claramente que, si bien se reconoce el derecho consuetudinario, éste se considerará automáticamente nulo y sin valor cuando contravenga instrumentos internacionales o derechos fundamentales. El problema es que se requiere una mayor difusión de dichos instrumentos internacionales. Con esa finalidad, en la Oficina de los Defensores Públicos se imparte formación sobre los derechos del niño, incluida la aplicación de la Convención.
Los cinco millones de dólares estadounidenses asignados a las ONG en el marco del presupuesto anual del Gobierno demuestran la buena relación que mantiene con dichas organizaciones. Un asesor especial para la sociedad civil, designado por miembros de ésta, se adscribió a la Oficina del Primer Ministro. El Ministerio de Justicia también cuenta con un presupuesto específico para trabajar con las ONG locales en esferas tales como la difusión de conocimientos sobre instrumentos jurídicos.
El Gobierno se ha comprometido a reducir la pobreza - la pobreza rural se mantiene en el 46 por ciento y la pobreza urbana en el 26 por ciento -, si bien se enfrenta a desafíos enormes tales como altos niveles de desempleo, dependencia de la agricultura de subsistencia, sector privado reducido, recursos limitados, familias numerosas, falta de infraestructuras básicas e incapacidad de satisfacer las necesidades básicas. Por consiguiente, la asistencia y el apoyo continuos de la comunidad internacional son esenciales, y deben canalizarse hacia las esferas y los programas prioritarios que designe el Gobierno. De conformidad con el plan nacional de acción en materia de derechos humanos, esas esferas prioritarias son las siguientes: educación, salud, justicia, seguridad, agricultura e infraestructuras. Se transmitirá al Comité información detallada sobre el presupuesto que el Gobierno ha asignado a esas esferas.
La oradora confirma que permanecen en vigor algunas leyes indonesias, si bien se está preparando nueva legislación. Cuando el Parlamento ha ratificado una convención internacional, ésta entra automáticamente en vigor. Sin embargo, se necesita asistencia internacional para asegurar una mayor difusión de esos instrumentos y otras leyes, que no siempre se aplican debido a la falta de conciencia al respecto.
En virtud del artículo 27 de la Constitución, la Oficina del Defensor es un órgano constitucional independiente, establecido para abordar las quejas de los ciudadanos sobre violaciones de los derechos humanos en general, aunque no de los derechos de los niños en particular. La Oficina del Defensor transmite los resultados de sus investigaciones a la Oficina del Fiscal General, y es independiente del Comisionado Nacional de los Derechos del Niño, que desempeñará funciones tanto de vigilancia como de formulación de políticas y se nombrará lo antes posible.
La Sra. KOTRANE dice que las funciones del Comisionado Nacional de los Derechos del Niño no deben incluir la vigilancia además de sus actividades de formulación de políticas y coordinación. Más bien debe establecerse un órgano de vigilancia independiente, por ejemplo dentro de la Oficina del Defensor, encargado de recibir las quejas de los padres - o de los propios niños - en lo relativo a las violaciones de los derechos del niño.
La Sra. LOBATO (Timor-Leste) dice que, si bien la Oficina del Defensor no ha recibido hasta la fecha queja alguna por parte de niños, le complace la idea de que se establezca un departamento especial en el sendo de esa institución para abordar específicamente la vigilancia de la aplicación de los derechos del niño.
La PRESIDENTA apoya las observaciones formuladas por el Sr. Kotrane con respecto a la necesidad tanto de un órgano de coordinación para los asuntos de la infancia como de un órgano de vigilancia independiente.
La Sra. LOBATO (Timor-Leste) dice que, a su entender, no se discrimina a los hijos de quienes formaron parte de las antiguas milicias en favor de Indonesia. Sin embargo, examinará esa cuestión más detalladamente y transmitirá los resultados de sus investigaciones al Comité. Algunos ciudadanos timorenses han optado por permanecer en Indonesia y adquirir la ciudadanía indonesia.
El Sr. CITARELLA pregunta si el derecho consuetudinario discrimina a los niños nacidos fuera del matrimonio o permite que éste se produzca a muy temprana edad.
La Sra. LOBATO (Timor-Leste) dice que la Constitución reconoce el derecho consuetudinario, si bien suele ser bastante difícil de aplicar en la práctica. Timor-Leste es un país pobre, y debe dar prioridad a satisfacer las necesidades básicas de las personas en lo que a alimentación, vivienda, seguridad y escolarización de los niños se refiere. El Gobierno de su país se ha comprometido a abordar las cuestiones específicas que ha planteado el Comité. El derecho consuetudinario existió durante más de 400 años en el período colonial bajo el dominio portugués, y durante 24 años bajo el dominio indonesio. La falta de leyes, infraestructuras y recursos humanos son obstáculos para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Si bien la delegación de la oradora no dispone de datos específicos sobre las cuestiones planteadas, las observaciones de los miembros del Comité resultarán de gran utilidad.
En Timor-Leste, la educación es obligatoria y gratuita para todos los niños de entre seis y 15 años de edad. La mayoría de las escuelas tiene consejos de estudiantes, que se reúnen regularmente y permiten a los niños participar en debates y elegir a sus propios representantes. Timor-Leste aún no tiene un parlamento de los niños, pero la Presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de establecer un órgano de esas características.
La Sra. ORTIZ expresa su profundo respeto por los esfuerzos realizados en Timor-Leste en la esfera de la creación de capacidad institucional, aunque le preocupa que en un país donde la mitad de la población es menor de 18 años la infancia no parezca ser una cuestión prioritaria. Pregunta si se ha considerado la posibilidad de elaborar un código de la infancia, y si se prevé establecer un órgano que coordine la labor de los distintos ministerios a la hora de aplicar la Convención.
El Sr. ZERMATTEN (Relator para el país) pide a la delegación que arroje algo de luz sobre el problema de la violencia doméstica y la cuestión de los castigos corporales, ampliamente tolerados incluso en las escuelas. Con respecto a los servicios sociales, el orador toma nota de que, según el párrafo 660 del documento básico, sólo hay seis trabajadores sociales para todo el país, que se encuentran en la capital y no están muy especializados. A pesar de las dificultades financieras, el Gobierno debe intentar crear un equipo más numeroso de trabajadores sociales que se especialice en las esferas de los servicios sociales, la atención de salud y la justicia juvenil.
Al orador le preocupa el problema de los niños de la calle en Timor-Leste, ya que corren el riesgo de convertirse en víctimas de explotación económica o sexual. Exhorta al Gobierno de Timor-Leste a que trabaje para que se apliquen medidas preventivas y programas con el fin de acoger y mantener ocupados a esos niños.
A continuación, el orador se refiere a la cuestión de la edad de responsabilidad penal que, según la delegación, se ha establecido en 16 años. Sin embargo, en el párrafo 23 del informe inicial se indica que los niños pueden ser encarcelados a los 12 años por delitos graves. Insta al Gobierno de Timor-Leste a que establezca un límite de edad claro para esos casos. Si la edad de responsabilidad penal es de 16 años, eso significa que a los niños de entre 16 y 18 años se les trata como adultos, por lo que no se benefician de la protección otorgada en el marco de la Convención. En ese sentido, el orador se refiere a la Observación general Nº 10 (2007) del Comité, sobre los derechos del niño en la justicia de menores, que puede resultar muy útil a la hora de preparar legislación sobre el tema.
La Sra. KHATTAB (Relatora suplente para el país) dice que permanece a la espera de las respuestas a sus anteriores preguntas, ya que éstas se referían a la educación y la salud. Insta al Gobierno de Timor-Leste a que otorgue prioridad a la protección especial, y también le complacería saber qué medidas se han adoptado para aplicar el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.
La Sra. SMITH dice que las respuestas de la delegación y el contenido del informe inicial dan fe del compromiso de Timor-Leste de proteger los derechos del niño. La delegación ha hecho hincapié en la elevada prioridad que se concede a la educación. La oradora pregunta si existe un marco legislativo que garantice la educación gratuita para todos, y si el Gobierno tiene una política educativa especial. Según la delegación, la educación es gratuita, aunque en el párrafo 652 del documento básico se indica que el Gobierno está considerando la posibilidad de introducir tasas escolares. La oradora pide aclaraciones al respecto. También desea saber qué política se aplica en materia de formación de docentes y si existen programas para mejorar sus aptitudes, y pregunta si existe algún programa de almuerzos para los escolares y si se presta atención a los problemas especiales de las escuelas rurales, que normalmente están tan alejadas que los niños no pueden acceder a ellas caminando.
El Sr. KRAPPMANN dice que le impresiona la reconstrucción del sistema educativo del país, si bien observa que persisten varios problemas. Desea obtener más información sobre los programas de enseñanza en la primera infancia y enseñanza preescolar en Timor-Leste, y de qué forma prevé el Gobierno aumentar la participación en esos programas y mejorar la calidad de la educación infantil. El orador pide también información sobre las razones por las que las tasas de matriculación en la escuela primaria y secundaria son tan bajas. Pregunta si esas escuelas preparan a los niños para la vida y si son sensibles a las diferencias culturales. Señala que los castigos corporales, permitidos en las escuelas, pueden disuadir a los niños. Hay datos que indican que, con frecuencia, los niños sólo pueden asistir a dos o tres clases por día, y el orador pregunta qué esfuerzos se están haciendo para aumentar el tiempo que los niños pasan en la escuela. Pregunta también qué ocurre con los adolescentes que abandonan sus estudios y con los niños que nunca han asistido a la escuela, y si es correcto que tan sólo unos cuantos reciban capacitación de oficios. Además, pregunta si en las instituciones de capacitación de oficios se admite a quienes han abandonado sus estudios primarios o secundarios. Sería útil saber dónde se forman los trabajadores sociales y si el país tiene suficientes capacidades para satisfacer esa necesidad. Finalmente, el orador solicita información más detallada sobre el problema del idioma en las escuelas, ya que afecta a la política general relativa a los idiomas de comunicación en el país.
La Sra. AL-THANI también se centra en el problema de las bajas tasas de matriculación en las escuelas primarias y secundarias. Según el informe, es frecuente que los padres no puedan permitirse matricular a sus hijos en la escuela, y la oradora se pregunta si el Gobierno ha considerado la posibilidad de ofrecer becas a los niños procedentes de familias pobres. Si bien el párrafo 173 del informe inicial se refiere al proyecto "100 Escuelas de Buena Acogida", iniciado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el párrafo 174 indica que no se previó hacerlo extensivo a otras escuelas; teniendo esto en cuenta, la oradora se pregunta cómo piensa Timor-Leste hacer frente a la necesidad de aumentar el número de escuelas en las zonas rurales.
La oradora acoge con beneplácito los esfuerzos realizados para preparar programas de enseñanza centrados en los niños y basados en valores, así como la intención del Gobierno de otorgar mayor importancia a la cultura indígena y ofrecer clases que aborden las cuestiones relativas a los derechos humanos y la igualdad de género. Sin embargo, expresa su preocupación por las conclusiones de un estudio al que se hace referencia en el párrafo 195 del informe inicial, con respecto a las prácticas disciplinarias inhumanas contra los niños en las escuelas, y pregunta qué medidas legales se están adoptando para abordar la cuestión. De acuerdo con el informe inicial, el estudio identificó una serie de prácticas positivas y afirmativas que se pueden emplear en las escuelas, y la oradora se pregunta si el Gobierno tiene previsto basarse en ese estudio para adoptar una decisión ministerial con el fin de hacer frente al problema. Por último, pregunta si el Gobierno está adoptando medidas para prevenir las violaciones de los derechos de los niños en el ámbito de los deportes.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas .
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