En el período 2000-2004 los órganos de la fiscalía militar investigaron 3 casos penales por indicios del delito tipificado en la parte 2 del artículo 302 y 2 casos penales por indicios del delito tipificado en el inciso d) de la parte 2 del artículo 117 del Código Penal. De ellos se incoaron ante los tribunales dos procesos penales contra dos personas acusadas del delito tipificado en la parte 2 del artículo 302 del Código y dos procesos contra tres personas acusadas del delito tipificado en el inciso d) de la parte 2 del artículo 117 del Código Penal. Los demás casos penales fueron sobreseídos.

15.No es posible separar del número total de las personas condenadas por los delitos tipificados en la parte 3 del artículo 286 del Código Penal el número de personas condenadas por actos de tortura. Ello no está previsto en la contabilidad estadística.

Artículo 5

16.Como ya se ha señalado, la Constitución de la Federación de Rusia consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y los tribunales.

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Código Penal de la Federación de Rusia, las personas que cometan un delito con el agravante de la tortura en el territorio de la Federación de Rusia (sea cual sea la ciudadanía de la víctima) incurrirán en responsabilidad penal con arreglo a los artículos correspondientes de dicho Código. La legislación penal protege así a todos los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, así como a los apátridas, contra el uso de la tortura.

La cuestión de la responsabilidad penal de los representantes diplomáticos extranjeros y de otras personas que gocen de inmunidad, en caso de que cometan algún delito en el territorio de la Federación de Rusia, se resolverá con arreglo a las normas del derecho internacional (párrafo 4 del artículo 11 del Código Penal).

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del Código Penal de la Federación de Rusia, los ciudadanos de la Federación de Rusia y los apátridas con residencia permanente en el país que hayan cometido un delito con uso de la tortura fuera del territorio de la Federación de Rusia podrán ser juzgados con arreglo al Código Penal de la Federación de Rusia cuando el acto cometido se considera un delito en el Estado en que se cometió y si los responsables no han sido condenados ya en ese Estado.

Cuando los tribunales dicten sentencia contra dichas personas, la sanción no podrá ser superior al castigo máximo previsto con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito.

Incurrirán en responsabilidad penal los ciudadanos extranjeros o los apátridas que no tengan residencia permanente en la Federación de Rusia que hayan cometido un delito fuera del territorio de la Federación de Rusia cuando se dé por lo menos una de las dos condiciones siguientes previstas en el párrafo 3 del artículo 12 del Código Penal de la Federación de Rusia:

1)Cuando el delito afecta a los intereses de la Federación de Rusia;

2)En los casos previstos en los tratados internacionales en los que la Federación de Rusia es Parte (principio de jurisdicción universal).

En el párrafo 1 del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia se establece también que el procesamiento penal en el territorio de la Federación de Rusia, independientemente del lugar en que se haya cometido el delito, se lleva a cabo con arreglo a las normas del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, a menos que se disponga otra cosa en los tratados internacionales en los que la Federación de Rusia es Parte.

Los militares de la Federación de Rusia destacados fuera del territorio de la Federación de Rusia incurrirán en responsabilidad penal por los delitos que cometan en el territorio de otro Estado, a menos que se prevea otra cosa en los tratados internacionales en los que la Federación de Rusia es Parte.

Artículos 6, 7, 8 y 9

17.De conformidad con el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, dicho Código establece las normas de la administración de justicia penal en el territorio de la Federación de Rusia sobre la base de la Constitución de la Federación de Rusia.

Los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional y los tratados concertados por la Federación de Rusia forman parte integrante de la legislación que regula la administración de justicia penal. Cuando las normas de un tratado internacional al que se ha adherido la Federación de Rusia difieran de las del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, se aplicarán las normas del tratado internacional.

En el territorio de la Federación de Rusia, todas las diligencias previas de los casos penales, incluidos los casos relativos a delitos de tortura, se realizan con arreglo al Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.

Las normas relativas a la entrega de personas a efectos de su procesamiento penal o de la ejecución de una sentencia, establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se ajustan a las normas de los tratados internacionales a los que se ha adherido la Federación de Rusia. En el período que abarca el año 2005 y el primer semestre de 2006 no hubo ningún caso en que se denegara la entrega de una persona por el peligro de que hubiera sido víctima de tortura en el Estado requirente o porque no se ofrecieran garantías de que no se le aplicaría la pena de muerte.

Artículo 10

18.En las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, así como en ministerios y órganos en los que se prescribe el servicio militar, se organizan e imparten cursos de formación jurídica al personal militar, en los que se explican las disposiciones de las leyes que establecen la responsabilidad penal por delitos de violencia. Asimismo, se pone en conocimiento de cada miembro del personal militar lo dispuesto en el artículo 42 del Código Penal de la Federación de Rusia, que establece que no se puede invocar la orden de un superior como justificación del uso de la tortura.

Además, a fin de estudiar la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para facilitar información jurídica al personal militar, en 2006 la Fiscalía Militar Principal preparó y envió a las fiscalías militares de distrito y a los órganos federales de supervisión del poder ejecutivo en los que se prescribe el servicio militar con arreglo a la legislación federal, materiales de información sobre el tema del respeto de las normas de derecho internacional en condiciones de movilización de tropas en el Cáucaso septentrional.

En los programas de estudio de los centros de formación del Servicio Federal Penitenciario de la Federación de Rusia se dedica especial atención al estudio de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Así, los programas de estudio de varias asignaturas abarcan los siguientes temas:

-"Historia de la cooperación internacional en materia de ejecución de sanciones penales y tratamiento de los reclusos";

-"Regulación jurídica de las medidas de seguridad en los establecimientos y órganos penitenciarios";

-"Cooperación internacional en materia de ejecución de sanciones penales. Instrumentos y normas de derecho internacional relativas al tratamiento de los reclusos";

-"Aplicación de las normas de la legislación penitenciaria internacional en la labor del Servicio Federal Penitenciario de la Federación de Rusia";

-"Garantía de los derechos humanos en el proceso de organización de la vigilancia de los sospechosos, acusados y condenados que se encuentran privados de libertad";

-"Instrumentos jurídicos internacionales y normativas institucionales que reglamentan la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario (para estudiantes del programa de enseñanza media profesional a distancia)";

-"Garantía de los derechos de los condenados a privación de libertad de distintas categorías";

-"Características de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Cooperación internacional en materia de derechos humanos";

-"Protección y garantía de los derechos humanos en la labor del sistema penitenciario";

-"Garantía de la legalidad en la labor de los establecimientos y órganos penitenciarios".

Los temas enumerados se imparten en el marco de las siguientes asignaturas: derecho de ejecución penal, organización del régimen y protección en los centros de prisión preventiva del sistema penitenciario de la Federación de Rusia, garantía de los derechos humanos en la labor del sistema penitenciario. Además, los diversos aspectos de la garantía de los derechos humanos se abordan en el estudio de asignaturas tradicionales tales como teoría del Estado y el derecho, derecho constitucional e internacional, derecho penal y de ejecución penal, derecho procedimiento penal, así como en las asignaturas de filosofía, sociología, politología y ética profesional.

Al estudiar el tema "Supervisión de la labor de los establecimientos y órganos penitenciarios", se abordan también las cuestiones relacionadas con la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Además, en los primeros años de estudios se ofrece un curso especial titulado "La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la aplicación de sus disposiciones en la labor de los órganos de orden público y judiciales".

Los funcionarios del sistema penitenciario de distintas categorías estudian, con arreglo a programas de formación, perfeccionamiento y reorientación profesional, las cuestiones relativas a la garantía de los derechos humanos, las normas de derecho internacional relativas al tratamiento de los reclusos, y las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Régimen jurídico penitenciario único.

Las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los reclusos y el respeto de sus derechos se abordan también en las obras de científicos de las instituciones de formación del Servicio Federal Penitenciario de la Federación de Rusia (por ejemplo, en "Cuestiones relativas al respeto de las normas internacionales y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la labor del sistema penitenciario de la Federación de Rusia" de V. M. Morozov y V. A. Ilin; "La protección de la seguridad del hombre y de su actividad vital" de V. M. Merkurev; y "La delincuencia penitenciaria: fundamentos y problemas actuales para su prevención", editado por Y. I. Kalinin, Director del Servicio Federal Penitenciario).

19.De conformidad con las bases legislativas para la protección de la salud de los ciudadanos, recogidas en la Ley Nº 5487-1, de 22 de julio de 19993, y la Ley federal Nº 128-FZ, de 8 de agosto de 2001, sobre la expedición de licencias para realizar determinados tipos de actividad, todo el personal médico de los establecimientos del Servicio Federal Penitenciario de la Federación de Rusia, después de terminar los estudios básicos deben seguir cada cinco años cursos de especialización médica y psicología, por los que se les otorgan certificados estatales en las respectivas especialidades. Además, en los párrafos 38 y 56 de la disposición Nº 640/190 del Ministerio de Salud y Promoción Social y del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, de 17 de octubre de 2005, se establece que cuando hay indicios de que un sospechoso, acusado o condenado ha sufrido daños a su salud como resultado de actos ilícitos, el personal médico que ha realizado el reconocimiento médico debe informar por escrito de ello al director del establecimiento.

El personal médico de los centros de prisión preventiva no realiza estudios especializados específicamente dirigidos a desarrollar su capacidad para detectar signos físicos o psicológicos del uso de la tortura.

No obstante, de conformidad con el párrafo 124 del reglamento interno de los centros de prisión preventiva de los órganos del Ministerio del Interior para sospechosos y acusados, a fin de determinar el estado de salud o la posible presencia lesiones corporales, es obligatorio que el personal médico practique un reconocimiento médico a los sospechosos y acusados cuando ingresan en un centro de prisión preventiva, y consigne los resultados del reconocimiento en el expediente médico.

Cuando el establecimiento no cuenta con personal médico, un agente de la milicia con preparación especial realiza un reconocimiento médico inicial. En ese caso, un médico deberá realizar posteriormente otro reconocimiento médico.

Los sospechosos y acusados certificarán con su firma personal que han tomado conocimiento de los documentos y expedientes en los que se consignan los resultados del reconocimiento médico.

Artículo 11

20.Los funcionarios autorizados del Servicio Federal Penitenciario (SFP de Rusia) llevan a cabo la inspección de los establecimientos y órganos del sistema penitenciario, y los funcionarios de los departamentos correspondientes lo hacen en el caso de los centros de detención policial temporal.

De conformidad con la Ley federal sobre la Fiscalía de la Federación de Rusia, los órganos de la Fiscalía vigilan la aplicación de las leyes por la administración de los órganos y centros de cumplimiento de penas y medidas judiciales de carácter coercitivo (cautelares), así como por la administración de los lugares de detención policial y preventiva.

Además, la Fiscalía General de la Federación de Rusia y las fiscalías locales vigilan debida y constantemente el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que se encuentran detenidos o cumplen condena (y en primer lugar, los derechos a la libertad y la inviolabilidad de la persona, a la protección de la salud y la asistencia médica y a las condiciones de alojamiento adecuadas). Los funcionarios de la Fiscalía tienen derecho a llevar a cabo en cualquier momento una visita de verificación en los centros de prisión preventiva y centros penitenciarios. Durante esas visitas, los fiscales, en particular, recorren los locales de dichos centros, interrogan a los reclusos y reciben personalmente a los procesados y condenados (en algunos casos de forma confidencial).

Los funcionarios autorizados de la Fiscalía verifican el cumplimiento de las leyes en los centros de prisión preventiva por lo menos una vez al mes y en los centros penitenciarios no menos de una vez por trimestre.

Además, conforme a la orden del Fiscal General de la Federación de Rusia, de 4 de febrero de 2004, Nº 3, los fiscales de las entidades territoriales de la Federación de Rusia verifican cada mes personalmente el cumplimiento de las leyes en un centro de prisión preventiva o un centro penitenciario. Si se ponen de manifiesto violaciones de la ley por parte de los directores de los respectivos centros y órganos se propone que se los separe del cargo, se impugnan los actos jurídicos ilegales y se libera a las personas que se hallan en las celdas de castigo sin fundamento. Se exige responsabilidad (incluso en materia penal) a los funcionarios de los servicios encargados de hacer cumplir la ley que hayan conculcado los derechos de los detenidos y condenados.

La inspección de los órganos territoriales del sistema penitenciario por el Servicio Federal Penitenciario tiene lugar por lo menos una vez cada cinco años. Para realizar la inspección, los funcionarios del SFP se rigen por los requisitos establecidos en las Instrucciones para la organización de inspecciones de los órganos territoriales por el SFP de Rusia, ratificadas por orden del SFP de 20 de diciembre de 2005, Nº 913. Dichas Instrucciones obligan a los inspectores del SFP a visitar no menos del 50% de todos los centros del sistema penitenciario establecidos en el territorio de las entidades de la Federación de Rusia. La realización de visitas de inspección es obligatoria en los centros de prisión preventiva, las colonias correccionales, y los centros médicos.

21.Hasta mayo de 2005 el sistema penitenciario formaba parte orgánicamente del Ministerio de Justicia. Los representantes del Consejo Público ante el Ministerio de Justicia visitaban periódicamente los centros penitenciarios del SFP. Los miembros del Consejo realizaban tanto visitas programadas como visitas en respuesta a peticiones especiales. En particular, en junio de 2005, a raíz de los sucesos ocurridos en el penal Nº 2 de Lgor, dicho centro fue visitado por una delegación de defensores de los derechos humanos encabezada por un miembro del Consejo Público ante el Ministerio de Justicia, V. V. Borschevo.

Por Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de 4 de agosto de 2006, Nº 842, titulado "Procedimiento para la creación de consejos públicos ante los ministerios, servicios y agencias federales cuyas actividades son dirigidas por el Presidente de la Federación de Rusia y ante los servicios y federales subordinados a esos ministerios federales" el SFP ofreció la posibilidad de crear un consejo público análogo. Ya se está trabajando en este sentido.

Cuando se descubren actos de tortura o tratos crueles o degradantes en un centro penitenciario, la administración de dicho centro o la persona autorizada por el órgano territorial del sistema penitenciario procede a una verificación oficial. Conforme a los resultados de la verificación se adoptan las medidas apropiadas. Los órganos superiores del sistema penitenciario y el SFP comprueban que los resultados estén completos y sean objetivos y detallados.

Si se manifiestan indicios constitutivos de delitos, el expediente de la verificación se remite a los órganos de la Fiscalía.

22.En el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia se enuncian los motivos por los que se pueden decidir las medidas coercitivas, comprendida la detención preventiva. Se decide una medida coercitiva cuando existen indicios suficientes para suponer que un acusado o un sospechoso:

-Se sustraerá al sumario, la investigación preliminar o el tribunal;

-Puede continuar en su actividad delictiva;

-Puede amenazar a un testigo o a otra parte en el procedimiento judicial, destruir pruebas u obstaculizar por otros medios la celebración del proceso penal.

Como en los tres últimos años se ha registrado un mayor número de delitos graves y especialmente graves, han aumentado las solicitudes del fiscal en que se ha planteado la cuestión de aplicar a acusados o sospechosos la medida coercitiva de detención.

A la vez, es preciso señalar que los tribunales distan de satisfacer todas las solicitudes.

En la ley de procedimiento penal de Rusia se prevén los motivos por los que por resolución judicial se puede decidir una medida coercitiva como la detención preventiva. Conforme al párrafo 3 del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal o el investigador, con el acuerdo del fiscal, en el auto por el que solicita la detención, expone los motivos y fundamentos que hacen necesario recluir al sospechoso o acusado. Se adjunta al auto el expediente que confirma la justificación de la solicitud. Si no se presenta ese expediente o si el tribunal considera que es insuficiente, el tribunal tiene derecho a desestimar la solicitud, y se pone inmediatamente en libertad a la persona. Si una de las partes solicita que se prolongue la detención en razón de la imposibilidad de presentar en el plazo establecido el expediente completo que confirma sus argumentos, el tribunal también tiene derecho a prolongar la detención de la persona por un período no superior a 72 horas hasta que se tome una decisión definitiva sobre la medida coercitiva de detención preventiva, si las razones mismas de la detención son legítimas y están justificadas (inciso 3 del párrafo 7) del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal).

En base a esas mismas razones los tribunales de la Federación de Rusia desestiman las solicitudes en un 10% de los casos.

Además, se puede apelar contra las decisiones de no satisfacer las solicitudes, así como contra las decisiones de recluir preventivamente a los sospechosos o acusados. Aproximadamente otro 10% de las decisiones adoptadas se anulan en la vista de casación. De esta forma, los tribunales desestiman alrededor del 20% de los casos en que se les pide que decidan esa medida coercitiva.

En 2005 los tribunales examinaron más de 277.000 solicitudes de la medida coercitiva constituida por la detención preventiva y las aceptaron en el 92% de los casos. La razón principal por la que los tribunales den una respuesta negativa es la falta de motivos suficientes previstos en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal para adoptar precisamente esa medida coercitiva.

En el período de 2002 a 2004 los tribunales militares no respondieron favorablemente a 168 (4%) solicitudes de la medida coercitiva de detención preventiva en relación con sospechosos (acusados) presentadas con el acuerdo de los fiscales militares.

La razón principal por la que un tribunal desestimó la adopción de dicha medida coercitiva fue que los funcionarios investigadores de la fiscalía al presentar la solicitud no habían justificado con pruebas suficientes la necesidad de precisamente la medida coercitiva de detención preventiva, y no de ninguna otra medida más leve de coacción procesal.

No se dispone de información sobre el rechazo por los tribunales militares de la aplicación de esa medida coercitiva en los casos de violaciones de la legislación en materia de procedimiento penal permitidas por funcionarios de los órganos de la fiscalía militar.

23.Con el fin de garantizar la legalidad en todas las etapas del procedimiento penal, la prohibición de utilizar pruebas obtenidas en infracción de la ley se ha concretado en una norma especial del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia (art. 75) que incluye entre las pruebas inadmisibles, en particular, las declaraciones de un sospechoso o acusado hechas durante la fase de instrucción de una causa penal en ausencia de un abogado defensor, aun si rechazara la presencia de un defensor, y no corroboradas por el sospechoso o acusado ante el tribunal (inciso 1 del párrafo 2 de dicho artículo).

A fin de aumentar las garantías de los derechos del acusado (sospechoso), conforme al Código de Procedimiento Penal el derecho a considerar inadmisibles las pruebas aducidas corresponde no sólo al juez sino también al fiscal, el investigador y el encargado de las diligencias previas, lo que tiene por objeto garantizar los derechos de las partes en el proceso penal en una etapa de la investigación más temprana que la vista de la causa.

La presencia de un abogado defensor durante las diligencias realizadas con la participación del sospechoso o acusado, así como de un pedagogo, un psicólogo o un representante legal en el caso de que el sospechoso o acusado sea menor de edad, es una garantía de la observancia de los derechos y de que no aplican torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 51, párrafo 3 del artículo 425, y párrafo 1 del artículo 426 del Código de Procedimiento Penal).

Además, una de las garantías de que se excluyen las pruebas obtenidas mediante tortura es la presencia del acusado (sospechoso) cuando el tribunal examina si se le deben imponer medidas coercitivas como la prisión preventiva, la prórroga de la prisión preventiva o el ingreso en un centro médico o psiquiátrico para proceder a un examen forense (artículo 108, inciso 16 del párrafo 4 del artículo 47, párrafo 2 del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal).

En tales circunstancias el sospechoso (acusado) tiene la posibilidad efectiva de denunciar no sólo al investigador, el encargado de las diligencias y el fiscal, sino también al tribunal, que se le han infligido torturas tanto durante la verificación de los autos del sumario como en cualquier momento de la investigación.

En virtud del inciso 3 del párrafo 2 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal puede no sólo participar en el desarrollo de la investigación preliminar y en los casos necesarios dar instrucciones por escrito, sino también practicar personalmente diligencias, incluido el interrogatorio, lo cual representa una garantía adicional de la prohibición de la tortura y los tratos crueles durante los interrogatorios.

24.Por el delito de secuestro, tipificado en el artículo 126 del Código Penal, en el período de 1999 a 2005 fueron condenadas 764 personas en 1999, 705 personas en 2000, 759 personas en 2001, 562 personas en 2002, 531 personas en 2003, 527 personas en 2004 y 559 personas en 2005.

La información sobre las penas impuestas a los procesados en relación con el artículo 126 del Código Penal sólo está disponible para los años 2004 y 2005, dado que en los años anteriores esos datos no figuraban desglosados en las estadísticas judiciales.

En 2004 del total de condenados por infringir el artículo 126 del Código Penal (527 personas), se impuso pena de privación de libertad de hasta 1 año al 0,5% de los procesados, de más de 1 año a 3 años, al 5,8%, de más de 3 años a 5 años, al 11,4%, de más de 5 años a 8 años, al 35,51%, de más de 8 años a 10 años, al 7,4%, y de más de 10 años a 15 años, al 4,3%.  Se resolvió considerar condicional la pena impuesta al 32,1% de los condenados.

En 2005 se impusieron las siguientes penas privativas de libertad a las personas condenadas por infringir el artículo 126 del Código Penal (559 personas); de más de 1 año a 3 años, al 8,7% de los procesados, de más de 3 años a 5 años, al 12,5%, de más de 5 años a 8 años, al 44,1%, de más de 8 años a 10 años, al 10,2%, y de más de 10 años a 15 años, al 4,1%; y la condena fue condicional para el 20,2%.

Las causas por delitos contemplados en los párrafos 1 y 2 del artículo 126 del Código Penal fueron remitidas a la jurisdicción de los tribunales regionales. En los casos en que el secuestro produce la muerte no intencional de la víctima o tiene otros efectos graves (párrafo 3 del artículo 126 del Código Penal), los procesos penales se examinan ante los tribunales de las entidades territoriales de la Federación de Rusia.

Desde septiembre de 1999 hasta el presente se han desarrollado 48 procesos penales ante los órganos de la fiscalía militar invocados a raíz de indicios del delito previsto en el artículo 126 del Código Penal (secuestro). De éstos, 35 se referían a delitos de dicha categoría cometidos en el territorio del distrito militar del Cáucaso Norte, 5 en el distrito militar de Moscú, 3 en el de Siberia, 2 en los distritos militares de Leningrado y de la región del Volga y los Urales y 1 en el distrito militar del Lejano Oriente.

Se remitieron a los tribunales 20 causas penales con 43 acusados, de los que 24 eran militares, por la comisión del delito previsto en el artículo 126 del Código Penal. Treinta de esas personas (21 militares) fueron declaradas culpables de la comisión del delito de secuestro y 8 (3 militares) fueron absueltas. Se suspendió una causa (1 militar) sobre la base del artículo 25 del Código de Procedimiento Penal (reconciliación de las partes) y se sobreseyó el proceso en relación con 4 personas (1 militar) sobre la base del inciso 1 del párrafo 1 del artículo 238 del Código de Procedimiento Penal.

Los tribunales dictaron medidas condicionales de castigo en relación con 3 personas (1 militar). Se impuso la pena de privación de libertad de uno a cinco años a 14 personas, de cinco a diez años a 11 personas, y de más de diez años a 2 personas (no militares).

Dos procesos penales de esta categoría se suspendieron en la fase de la investigación preliminar sobre la base del inciso 2 del párrafo 1 del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal a fin de poder localizar a ciudadanos ausentes por razones desconocidas y a causa de inexistencia del cuerpo del delito en los actos de las personas que podrían haber participado en la comisión de los delitos.

Trece causas fueron remitidas para procesamiento a los órganos territoriales de la Fiscalía: en 11 de ellas se decidió suspender las investigaciones preliminares sobre la base del inciso 1 del párrafo 1 del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal porque no fue posible individualizar a los presuntos autores, y en las otras dos causas las investigaciones continúan.

25.De conformidad con las exigencias del derecho internacional la legislación de la Federación de Rusia autoriza el uso de la fuerza física y de medios especiales en relación con los acusados y condenados. El procedimiento y las condiciones para la aplicación de tales métodos correctivos a un infractor están reglamentados estrictamente por la ley (capítulo 5 de la Ley federal de 21 de julio de 1993, Nº 5473‑1 titulada "Ley de centros y órganos encargados de la ejecución de las penas privativas de libertad", artículos 43 a 47 de la Ley federal de 15 de julio de 1995, Nº 103, titulada "Ley sobre la detención de sospechosos y acusados", y artículo 86 del Código penitenciario de las Federación de Rusia).

En cada caso de uso de la fuerza física o de medios especiales en la persona de un acusado o condenado impuesto por la administración de un centro de detención o un centro penitenciario se procede a una meticulosa verificación de la legalidad de esa medida. Asimismo, los órganos de la Fiscalía y los órganos superiores del sistema penitenciario verifican la legalidad del uso de la fuerza física o de medios especiales.

La legislación penitenciaria de Rusia contiene una lista exhaustiva de las sanciones que la administración de los establecimientos del sistema penitenciario puede imponer a los acusados o condenados. Ninguna de esas sanciones prevé castigos corporales.

La legislación prevé el procedimiento para recurrir contra tales medidas de castigo, incluso por la vía judicial.

Artículo 12

26.El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal establece los derechos y responsabilidades de las víctimas. Entre los derechos de las víctimas se cuenta el derecho a elevar peticiones y recusaciones al tribunal y los participantes en el juicio, y a participar, con la autorización del investigador o el encargado de las diligencias previas en las investigaciones realizadas a petición de ellos o de su representante legal. Además, las víctimas tienen derecho a impugnar las medidas tomadas por el investigador, el encargado de las diligencias previstas, el fiscal o el tribunal y apelar contra las sentencias, dictámenes o decisiones del tribunal.

En la práctica judicial las víctimas ejercen su derecho de petición o apelación con mucho menor frecuencia que los sospechosos, los acusados, los condenados y sus abogados defensores. Las estadísticas disponibles no hacen una distinción entre las quejas de personas condenadas y las de las víctimas de delitos. La mayoría de las veces las víctimas presentan sus quejas en la fase de investigación previa al juicio contra las medidas tomadas por el investigador o el encargado de las diligencias previas o apelan contra la denegación de solicitudes de peritajes o determinadas investigaciones. Rara vez apelan contra las sentencias dictadas, pero sí hacen uso de ese derecho. No se ha presentado ante los tribunales ninguna denuncia de víctimas que hayan sido sometidas a torturas u otras conductas irregulares o ilícitas.

En el año 2005 el Servicio Federal Penitenciario recibió 15.515 quejas de personas condenadas. Unas 125 se referían a conducta ilícita del personal penitenciario, y 6 fueron confirmadas. Los responsables fueron objeto de sanciones administrativas y un funcionario fue despedido del servicio penitenciario.

En el primer semestre de 2006 el Servicio Federal Penitenciario recibió 79 quejas de presos por quebrantamiento de la ley por el personal de los centros penitenciarios, 4 de las cuales se referían a la colocación ilícita de personas en celdas de castigo. También recibió 13 quejas por privación o atribución ilícita de derechos a personas condenadas por la administración de centros correccionales y 2 quejas por demora de la puesta en libertad. Se recibieron unas 180 quejas por conducta ilícita del personal penitenciario, entre ellas 15 por violación de los derechos de los condenados en colonias correccionales. Durante ese período se recibieron 74 quejas por atención médica deficiente.

Número y objeto de las quejas recibidas (por escrito) de los presos condenados y los detenidos por el Servicio Federal Penitenciario

	2003	2004	2005	9 primeros meses de 2006
Relacionadas con el cumplimiento de las penas	9.311	11.580	10.935	9.122
De ellas:
Peticiones relativas a la causa penal	70	729	930	378
Atención médica para los presos	1.681	1.777	1.652	1.121
Puesta en libertad por razones de salud	224	198	126	71
Traslados a otros centros penitenciarios	4.904	6.145	6.258	4.640
Autorizados	911	254	401	222
Libertad condicional o indulto	757	688	697	341
Pagos de dinero	212	313	276	168
No recibo de las prestaciones reglamentarias	122	154	102	56
Actos ilícitos del personal de los establecimientos penitenciarios	81	96	125	498
Total de las quejas recibidas	12.757	16.011	15.515	10.573

27.Si se establece que los funcionarios de los órganos del interior han cometido actos de violencia o torturas o utilizado otras medidas coercitivas ilícitas contra los sospechosos o los acusados, incluidos miembros de minorías étnicas, raciales o religiosas u otro tipo de actos ilícitos que entrañan la infracción deliberada de la legislación de procedimiento penal durante las investigaciones previas al juicio, los fiscales supervisores deben iniciar procedimientos penales conforme a los artículos pertinentes del Código Penal.

La instrucción de causas penales contra los funcionarios de los órganos del interior es competencia exclusiva de los investigadores de la fiscalía (artículo 151, sección 2, párrafos 1 b) y c), y artículo 447, sección 3, párrafo 7 del Código Penal).

28.Los juicios con jurado se introdujeron en la Federación de Rusia en 1993.

De conformidad con la Ley federal de entrada en vigor del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, de 22 de noviembre de 2001, en su versión Nº 181-FZ de 27 de diciembre de 2002, los juicios con jurado se están introduciendo gradualmente en los tribunales de toda la Federación. El 1º de enero de 2003 se introdujeron en 60 regiones, el 1º de julio de 2003 en 14 regiones, el 1º de enero de 2004 en 5 regiones, y el 1º de enero de 2007 se introducirán en la última región: la República Chechena.

Revisión de las sentencias absolutorias dictadas por tribunales con participación de juicios

Según la legislación rusa (artículo 385, sección 2, del Código de Procedimiento Penal) la sentencia absolutaria basada en el veredicto de un jurado goza de protección especial. Sólo puede ser revocada por una razón: durante la vista de la causa se infringió la ley de procedimiento penal de tal manera que:

-Se restringió el derecho del fiscal, la víctima o su representante a presentar pruebas;

- Se influyó en el contenido de fondo de las cuestiones planteadas al jurado y las respuestas dadas a éstas.

En la jurisprudencia de los tribunales de apelación se consideran en la primera categoría infracciones tales como la de denegación ilícita de la solicitud de un fiscal público participante en el proceso de presentar pruebas admisibles o de interrogar o contrainterrogar a los investigadores y peritos que comparecen ante el tribunal. Son infracciones correspondientes a la segunda categoría la exposición incorrecta de las cuestiones entre el jurado, el resumen tendencioso de los hechos por parte del juez, la violación de la confidencialidad de las deliberaciones del jurado y la inducción del jurado a determinadas conclusiones.

Las sentencias absolutorias pueden revocarse únicamente a instancia del fiscal o a raíz de una queja de la víctima o su representante legal.

Al permitir que se revoque una sentencia absolutoria basada en el veredicto de un jurado, los legisladores rusos parten de la premisa de que los procedimientos penales tienen dos propósitos: proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y organizaciones que han sido víctimas de delitos, y proteger a las personas contra acusaciones, condenas o restricciones de sus derechos y libertades que sean ilícitas o injustificadas.

Este concepto de los propósitos y funciones de los procedimientos penales es congruente con los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, dado que la justicia por definición sólo puede ser reconocida como tal cuando satisface los principios de justicia y ofrece un recurso eficaz (artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Cualquiera de las violaciones indicadas en el párrafo 2 del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal significa que en contra del juramento prestado por los miembros del jurado éstos no han tenido la oportunidad de decidir sobre la causa penal de acuerdo a sus propias convicciones y conciencia y no se les han presentado todas las pruebas consideradas admisibles. Una sentencia basada en semejante veredicto no puede considerarse legítima.

Cabe observar también que pese a que fue introducido en todas las regiones de la Federación en 2003 (salvo en la República Chechena), el uso de esta modalidad judicial aún no se ha generalizado. El número de procesos penales en que los tribunales de las entidades utilizaron la modalidad del jurado fue de 496 en 2003, 572 en 2004, 618 en 2005 y 333 en el primer semestre de 2006 (esto es, aproximadamente el 12% de las causas vistas en estas instancias). Cada año un 17% de las personas enjuiciadas son absueltas en base a un veredicto de jurado (204 personas en 2004, 205 en 2005), mientras que globalmente resultan absueltas no más del 5% de las personas enjuiciadas cada año ante los tribunales de las entidades constituyentes de la Federación de Rusia.

Del análisis de la experiencia de la fiscalía y las investigaciones se desprende que muchas sentencias absolutorias se deben a infracciones de la legislación de procedimiento penal durante la investigación preliminar que vuelven inadmisibles las pruebas reunidas. No se dispone de información sobre casos en que el testimonio del acusado o de otras personas haya sido declarado inadmisible como prueba por el tribunal por haberse obtenido mediante torturas.

Sin embargo, cada año, debido a infracciones de la ley de procedimiento penal cometidas por los profesionales que participan en los procesos judiciales, el tribunal de apelación revoca un número considerable de sentencias absolutorias pronunciadas en juicios con jurado. Por ejemplo, en el primer semestre de 2006 el tribunal absolvió a 113 personas, pero revocó la sentencia en los casos de 35 personas absueltas, es decir, la tercera parte, y sólo en el 9% de los casos de personas condenadas.

Cuando se anula una sentencia, el caso se somete a un nuevo juicio con jurado, y el nuevo jurado tiene derecho a emitir un veredicto condenatorio o absolutorio. No se informa al jurado de la anulación de la sentencia anterior ni de las razones de esa decisión, dado que la ley estipula expresamente (artículos 334 y 335 del Código de Procedimiento Penal) que cuando interviene un jurado sólo tienen que considerarse las circunstancias de hecho de la causa penal que deben establecer los miembros del jurado (establecimiento de la comisión del delito, de su comisión por el acusado y de la culpabilidad del acusado). Por lo tanto, si se revoca la sentencia absolutoria en apelación, no hay ningún riesgo de que se juzgue dos veces a una persona por el mismo delito.

A diferencia de sistemas judiciales de la mayoría de otros Estados, el de la Federación de Rusia tiene una instancia de revisión de las decisiones judiciales ya en vigor que consiste en un procedimiento de supervisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado que esta fase del procedimiento judicial de Rusia no es incompatible con las normas y principios internacionales (fallo de 20 de julio de 2004 en el caso Nikitin c. Rusia). Sin embargo, de conformidad con el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, si el efecto ha de ser perjudicial para la persona condenada (o absuelta), un error judicial no puede rectificarse mediante el procedimiento de supervisión en ninguna circunstancia, ni siquiera si ha habido vicios de fondo en el proceso.

En dictamen pronunciado el 11 de mayo de 2005 el Tribunal Constitucional consideró que el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal era incompatible con la Constitución en la medida en que, al no permitir ninguna revisión de las decisiones que fuese perjudicial para la persona condenada o absuelta, no permitía que se rectificasen errores de fondo de los procedimientos anteriores que habrían influido en el resultado del proceso.

Por ende, el Tribunal Constitucional consideró que en circunstancias extremas podía permitirse una excepción a la norma general de la inadmisibilidad de la revisión perjudicial cuando el error judicial hubiera minado la esencia misma de la justicia y la razón de ser de la sentencia como acto judicial.

Hasta la fecha no se han introducido las enmiendas apropiadas (a la luz de este dictamen del Tribunal Constitucional) en el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 13

29.En 2004 el ministerio público resolvió 35.861 casos de denuncias de presos condenados y sus representantes sobre el cumplimiento de la ley en los centros e instituciones del sistema penitenciario. En 2005 se resolvieron 37.744 casos de denuncias. Se consideraron fundadas 2.458 denuncias (6,9%) en 2004 y 2.370 (6,3%) en 2005.

Del número total de denuncias en 2004, 4.104 se referían a medidas coercitivas ilícitas aplicadas a los detenidos y presos por el personal penitenciario, y 94 (2,3%) se consideraron fundadas. En 2005 se examinó un total de 5.167 denuncias de este tipo, de las cuales 102 (2,0%) se consideraron fundadas.

Por recomendación de los fiscales, basada en los resultados de inspecciones rutinarias e investigaciones de denuncias específicas, 3.635 miembros del personal penitenciario fueron sometidos a acción disciplinaria en 2004 (76 de ellos despedidos). Ese mismo año 57 empleados carcelarios fueron condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En 2005 se entabló acción administrativa contra 4.850 trabajadores de prisiones (incluidos 72 que fueron despedidos), y 71 personas fueron condenadas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Según las estadísticas de las fiscalías militares, durante el bienio 2003-2004 del total de 48.050 denuncias y quejas relacionadas con las investigaciones preliminares, se consideraron y resolvieron 597 casos de presunta aplicación de métodos ilícitos de investigación; 8 de ellos se resolvieron a favor de los demandantes. Antes de 2003 no se mantenían registros separados de este tipo de denuncias.

En 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante "el Tribunal") admitió a examen 56 demandas de ciudadanos de la Federación de Rusia. En 2003 el número fue de 25, en 2004 de 16, en 2005 de 10 y de 5 en 2006.

Las demandas que examina el Tribunal se refieren fundamentalmente a incidentes ocurridos entre 1998 y 2002. Desde entonces ha mejorado la situación en lo que se refiere al respeto de los derechos de los reclusos, razón por la cual han disminuido las demandas admitidas por el Tribunal.

El Servicio Federal Penitenciario investiga exhaustivamente todas las reclamaciones y la información en que se basan, independientemente de que el Tribunal pida aclaraciones sobre determinadas reclamaciones.

Tras el examen de las demandas, el Tribunal sólo ha admitido parcialmente las reclamaciones de diez demandantes (el 6,6% del total de las demandas examinadas por el Tribunal en el período 1998-2006)

Las demandas admitidas parcialmente desde 2002 comprenden los casos de las hermanas Smirnov (denegación de pasaporte tras la puesta en libertad), Klyakhin, Poleshchuk (obstrucción de la comunicación con el Tribunal), Labzov (condiciones de detención deficientes en el centro de prisión preventiva Nº 2 de Tsivilsk), Mayzet (condiciones de detención deficientes en el centro de prisión preventiva Nº 1 de Kaliningrado), Romanov (condiciones de detención deficientes en el centro de prisión preventiva Nº 2 de Moscú) Novoselov (condiciones de detención deficientes en el centro de prisión preventiva Nº 3 de Novorossisk), Abdul-Vakhab Shamaev y otros (obstrucción de la correspondencia con el Tribunal), Khudoerov (condiciones de detención deficientes en el centro de prisión preventiva Nº 1 y en la prisión Nº 2 de Vladimir).

En 2005 los órganos territoriales del Servicio Federal Penitenciario examinaron un total de 47.033 quejas y comunicaciones sobre la conducta del personal de prisiones. De ellas, 2.259 se consideraron fundadas. Unas 1.087 comunicaciones se referían a la colocación ilícita en celdas de castigo, de las cuales 79 se consideraron fundadas; 182 se referían al uso de dispositivos especiales de coerción, de las cuales 2 se consideraron fundadas; 140 se referían al empleo ilícito de la fuerza física, ninguna de las cuales se consideró fundada; 161 se referían a la falta de garantías de seguridad personal, 1 de las cuales se consideró fundada, y 3.220 se referían a la falta de atención médica, 20 de las cuales se consideraron fundadas.

Durante el segundo semestre de 2006 los órganos territoriales del Servicio Federal Penitenciario han examinado 127.759 comunicaciones de reclusos. Unas 694 se han comprobado, entre ellas 39 de 1.143 referentes a la reclusión ilícita en celdas de castigo. Otras 125, ninguna de las cuales se ha comprobado, se refieren al empleo ilícito de medios especiales de coerción; 207, ninguna de las cuales se ha comprobado, se refieren al uso ilícito de la fuerza física; 297, de las cuales 6 se han comprobado, se refieren a la privación ilícita de alimentos; 201, ninguna de las cuales se ha comprobado, se refieren a la falta de garantías de seguridad personal; y 3.636, 29 de las cuales se han comprobado, se refieren a la denegación de atención médica.

30.La legislación en vigor en la Federación de Rusia garantiza el derecho de todos los ciudadanos, incluidos los que realizan el servicio militar, a elevar peticiones y comunicaciones a las autoridades del Estado y de orden público sobre violaciones inminentes o efectivas de sus derechos. El procedimiento establecido para examinar y resolver esos casos no permite que los funcionarios o los órganos cuyos actos o decisiones se impugnen resuelvan sobre los asuntos en cuestión.

La ley prohíbe la divulgación de la información presentada por los reclamantes sobre violaciones de sus derechos e intereses legítimos y los resultados de la verificación de esa información. El incumplimiento de esta norma al tramitarse las quejas o comunicaciones y realizarse la verificación entraña responsabilidad legal.

Los funcionarios y órganos facultados para investigar las infracciones ponen especial cuidado en respetar estrictamente el principio de confidencialidad, dado que la violación de ese principio dificulta considerablemente el establecimiento y la exigencia de responsabilidad penal.

Al investigar los delitos e incidentes, incluidos los casos de "conducta antirreglamentaria", las fiscalías militares actúan en estricta conformidad con la necesidad de garantizar el castigo de toda infracción. Con este fin, ya en las primeras fases de toda verificación de indicios de delitos de violencia cometidos por militares se procede a restringir la libertad del acusado (cuando se justifica) y a poner a los testigos y las víctimas de los hechos a recaudo de toda posible presión de las partes que puedan tener un interés en el resultado de esa verificación e investigación.

La Ley federal Nº 119-FZ de 20 de agosto de 2004 sobre la protección estatal de las víctimas, los testigos y otros participantes en los procesos penales estipula que los miembros de las fuerzas armadas que sean víctimas o testigos disfrutarán de las siguientes medidas de protección de conformidad con la ley:

-Adscripción a otra unidad o dependencia militar;

-Transferencia a otro lugar de destino, como una unidad militar o institución militar dependiente de otro organismo federal en que sea posible prestar servicio militar conforme a la ley federal;

-Adscripción o transferencia a otra unidad o dependencia militar de reclutas que puedan representar una amenaza para la persona protegida.

La responsabilidad de la ejecución de tales medidas de seguridad recae en la comandancia de la unidad militar correspondiente y en el mando superior.

La legislación penitenciaria rusa garantiza el derecho de los acusados y los condenados a la seguridad personal (Ley federal Nº 103-FZ de 15 de julio de 1995 sobre la prisión preventiva de los sospechosos y los acusados, (art. 17, y Código Penitenciario de la Federación de Rusia, arts. 10 y 13).

La legislación de la Federación también garantiza la correspondencia sin censura de los sospechosos, los acusados y los condenados con el Tribunal, la fiscalía, la autoridad penitenciaria o los ombudsman para los derechos humanos de la Federación de Rusia y sus entidades constituyentes, la comisión de vigilancia pública establecida en virtud de la legislación rusa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Ley federal Nº 103-FZ de 15 de julio de 1995, art. 21, y Código Penitenciario, art. 91).

La Ley federal Nº 161-FZ de 8 de diciembre de 2003 modifica la legislación penitenciaria con objeto de garantizar la correspondencia sin censura de los sospechosos, los acusados y los condenados con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las administraciones de los centros de prisión preventiva y penitenciarios reciben esa correspondencia de los reclusos en un paquete sellado y la envían al destinatario sin conocimiento alguno de su contenido. La correspondencia dirigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los sospechosos, los acusados o los condenados se entrega a éstos en un paquete sellado, lo cual impide la censura.

Hay que señalar que mucho antes de que se introdujeran estas enmiendas legislativas las autoridades del Servicio Federal Penitenciario ya estaban adoptando medidas en cumplimiento del artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la correspondencia sin trabas entre los reclusos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En tres ocasiones se han dado instrucciones a tal efecto a los órganos e instituciones territoriales del Servicio Federal Penitenciario.

La instrucción más reciente del Servicio Federal Penitenciario a los directores adjuntos de los servicios territoriales del sistema penitenciario en relación con el respeto de los derechos humanos les ordena hacer visitas regulares a los centros que están bajo su supervisión con el fin de informar a los sospechosos, los acusados y los condenados así como a sus familias de los procedimientos y condiciones para dirigir sus demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos; entregarles, de ser necesario, copias de los formularios para las demandas ante el Tribunal y las instrucciones para cumplimentarlos; y proveer a la preparación de poderes, certificados por el director del centro, que autoricen la representación de los intereses de los demandantes ante el Tribunal.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesario que el Servicio Federal Penitenciario de la Federación de Rusia adopte ninguna medida adicional para garantizar la seguridad de las personas que presenten demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o que envíen comunicaciones al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

31.La participación de los fiscales en la vista judicial de las causas penales tiene su base jurídica en la Constitución de la Federación de Rusia, los tratados internacionales concertados por la Federación, la Ley sobre la fiscalía, el Código de Procedimiento Penal, otra legislación en vigor y las órdenes dictadas por el Fiscal General.

La propia naturaleza de la actividad de los órganos de la fiscalía en los procedimientos previos al juicio implica que el procedimiento penal en esta etapa y la forma en que se desarrolla están indisolublemente ligados a la vigilancia del respeto de los derechos y libertades de la persona.

Se controla estrictamente el cumplimiento de la ley desde el momento en que se recibe una denuncia o comunicación sobre un delito hasta que concluyen las diligencias previas y la investigación preliminar.

Una prioridad impostergable es el control de la legalidad en la recepción, el registro y resolución de los casos denunciados de infracciones relacionadas, por ejemplo con los procedimientos de registro, la reacción tardía a las denuncias de delitos, la negativa injustificada a admitirlas, y su desestimación sin verificar su contenido.

La protección de los derechos y libertades de la persona durante los procedimientos previos al juicio supone sobre todo garantías contra la imputación y la acusación infundadas.

Reviste particular importancia el inicio de la acción penal. En este contexto la ampliación de las facultades procesales del fiscal para que pueda autorizar al encargado de las diligencias previas o al investigador a incoar la acción penal constituye una garantía adicional de protección de los derechos de las víctimas de delitos y de toda persona que pueda verse sometida injustificadamente a un procedimiento penal.

También contribuye a la protección de los derechos de la persona el procedimiento por el cual los órganos de investigación criminal obtienen el consentimiento del fiscal para incoar una acción penal ante los tribunales.

Durante el juicio el fiscal ejerce la acción pública en audiencias públicas y semipúblicas (Código de Procedimiento Penal, art. 37, párr. 4). La participación de un fiscal público es obligatoria en la vista de las causas en primera instancia y en apelación (Código de Procedimiento Penal, art. 246, párr. 2, y art. 364, párr. 3).

También está establecido que el fiscal, al apoyar la acción pública ante los tribunales, debe garantizar su legalidad y validez (Código de Procedimiento Penal, art. 37, párr. 4); en otras palabras, debe incoar el procedimiento penal sólo en la medida en que sea legítimo y justificado.

Para ejercitar la acción pública y garantizar la legalidad y la validez de los procedimientos en los procesos penales contradictorios, el fiscal público está facultado para:

1.Presentar pruebas y participar en su examen, presentar peticiones y mociones, opinar sobre la fundamentación de los cargos y otras cuestiones que se planteen durante el juicio, y hacer sugerencias al tribunal sobre la aplicación del derecho penal y la pena que ha de imponerse al acusado (Código de Procedimiento Penal, arts. 244 y 246, párr. 5).

2.Presentar o apoyar una demanda civil en relación con una causa penal de ser necesario para proteger los derechos de los ciudadanos o los intereses de la sociedad o el Estado (Código de Procedimiento Penal, art. 246, párr. 6).

3.Retirar los cargos contra el acusado si durante el juicio llega a la conclusión de que las pruebas no los confirman (Código de Procedimiento Penal, art. 246, párr. 7). El retiro de los cargos por el fiscal público durante un juicio entraña el cierre de la causa o del procedimiento penal por los motivos previstos por la ley.

4.Reducir los cargos (Código de Procedimiento Penal, art. 246, párr. 8). En tales casos, el tribunal está obligado a tener en cuenta la opinión del fiscal público.

5.Apelar decisiones de los jueces de paz que no hayan entrado en vigor aún (Código de Procedimiento Penal, arts. 354 a 357).

6.Solicitar la casación de fallos emitidos por los tribunales en primera instancia y en apelación (Código de Procedimiento Penal, arts. 354 a 357).

7.Participar en la vista en casación de causas penales y presentar documentos y material adicionales (Código de Procedimiento Penal, art. 377).

8.Solicitar la revisión de un fallo judicial ya en vigor recurriendo al procedimiento de supervisión; participar en las audiencias de la instancia de supervisión (Código de Procedimiento Penal, arts. 402 y 407).

Del artículo 6, el párrafo 4 del artículo 37 y el artículo 246 del Código de Procedimiento Penal se desprende que el fiscal público no sólo tiene la función de enjuiciamiento, es decir, ejercitar la acción penal contra un acusado, sino también, la función de defensa de la legalidad.

El acusado cuya causa penal se cierra a raíz del retiro de los cargos por el fiscal público tiene derecho a reparación, es decir, indemnización por los daños materiales o morales sufridos y restitución de sus derechos al trabajo o a la vivienda o de otro tipo (Código de Procedimiento Penal, arts. 136 a 138).

La función de la fiscalía de defensa de la legalidad queda patente en las relaciones entre el fiscal y los demás participantes en el proceso judicial.

Cuando hay indicios suficientes de que una víctima, un testigo u otro participante en un proceso judicial, miembros de su familia inmediata u otros parientes o personas cercanas a él han sido amenazados de muerte, violencia, destrucción o daños a su propiedad u otros actos ilícitos y peligrosos, el fiscal tiene el derecho (y la obligación) de notificar al tribunal la necesidad de disponer medidas de seguridad para las personas amenazadas, según lo prescrito en la Ley federal de 20 de agosto de 2004 sobre la protección de las víctimas, los testigos y otros participantes en los procesos penales. Son medidas de seguridad la interrogación de las víctimas y los testigos sin divulgar la información sobre su identidad y en condiciones que impidan la observación visual de la persona interrogada por las demás partes en el proceso (Código de Procedimiento Penal, art. 11, párr. 3, art. 277 y art. 278, párr. 5), la vista a puerta cerrada de parte o la totalidad del juicio (Código de Procedimiento Penal, art. 271, párr. 1) y la interrogación de los menores víctimas en ausencia del acusado (Código de Procedimiento Penal, art. 280, párr. 6).

Tras el término del juicio, si se ha violado cualquiera de los derechos de la víctima de un modo que atente o pueda atentar contra la legalidad, la validez o la imparcialidad del juicio, el fiscal debe presentar un recurso de apelación o de casación.

Procedimiento de selección de los jueces y miembros de los jurados

Según el artículo 118 de la Constitución, sólo los jueces pueden administrar justicia en la Federación de Rusia. El sistema judicial está establecido por la Constitución y la legislación constitucional federal. No está permitido el establecimiento de tribunales extraordinarios.

Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo de la Asamblea Federal (Parlamento) de la Federación por recomendación del Presidente de la Federación de Rusia (teniendo en cuenta la opinión del Presidente del Tribunal Supremo); los jueces de los demás tribunales federales de jurisdicción general son nombrados por el Presidente de la Federación de Rusia por recomendación del Presidente del Tribunal Supremo (artículo 128 de la Constitución).

Los jueces de los tribunales federales son inamovibles. Un juez sólo puede ser suspendido o destituido conforme el procedimiento y por los motivos establecidos por la legislación federal (artículo 121 de la Constitución).

Como los jueces de paz son jueces de las entidades constituyentes de la Federación de Rusia, el procedimiento para su nombramiento -designación a cargo de un órgano representativo o elección popular- es determinado por el órgano legislativo de la entidad constituyente respectiva. La duración del mandato de un juez de paz es determinada por la entidad constituyente respectiva, pero no puede exceder de cinco años. El nombramiento de un juez de paz puede ser renovado por un segundo período de no menos de cinco años.

Una vez que se programa un juicio con jurado, por instrucciones del juez que lo ha de presidir el secretario del tribunal o el auxiliar del juez procede a la selección aleatoria de los candidatos al jurado a partir de las listas generales y de reserva del tribunal (artículo 326 del Código de Procedimiento Penal).

Con arreglo a la Ley de jurados federales en los tribunales federales de jurisdicción general de 20 de agosto de 2004, cada cuatro años los órganos ejecutivos supremos de las entidades constituyentes de la Federación compilan las listas de candidatos para los jurados (generales y de reserva) de entre los ciudadanos que tienen residencia permanente en esas entidades constituyentes. La ley especifica los procedimientos y plazos para la preparación de las listas, los requisitos que deben cumplir los miembros de los jurados y las condiciones para retirar a los ciudadanos de las listas generales y de reserva, y trata de las cuestiones de subsistencia de los miembros de los jurados y otros asuntos.

El artículo 12 de la ley estipula expresamente que las garantías establecidas para asegurar la independencia y la inviolabilidad de la judicatura deben hacerse extensivas a los miembros de los jurados durante su desempeño como tales.

Garantías de la independencia de los jueces

La Constitución de la Federación de Rusia, la Ley federal constitucional de 31 de diciembre de 1996 sobre el sistema judicial, la Ley de 26 de julio de 1992 sobre el estatuto de los jueces, la Ley federal de 2 de abril de 1995 sobre la protección estatal de los jueces y funcionarios de orden público y los órganos de inspección, la Ley de jurados federales en los tribunales federales de jurisdicción general y la legislación de procedimiento actualmente en vigor en la Federación de Rusia prevén las siguientes garantías de independencia de la judicatura:

-Establecimiento de procedimientos especiales para el nombramiento de los jueces, y su inamovilidad;

-Procedimientos especiales de administración de justicia;

-Prohibición (so pena de acción penal) de la injerencia de cualquier persona en la labor de administración de justicia de los jueces;

-Normas especiales relativas a los procedimientos para la sustitución y la destitución de los jueces;

-Inviolabilidad de la judicatura;

-Existencia de órganos judiciales profesionales;

-Pago por el Estado a los jueces de un sueldo y de prestaciones acordes con su condición;

-Concesión de protección especial del Estado a los jueces y sus familiares, así como a sus bienes.

En la Federación de Rusia no puede promulgarse ninguna ley ni reglamentación que suprima o limite la autonomía de los tribunales o la independencia de los jueces (artículo 5 de la Ley federal constitucional sobre el sistema judicial).

32.Según la legislación de la Federación de Rusia, la rehabilitación de las víctimas de la tortura puede incluir, en base a un fallo judicial, una indemnización por el perjuicio material o moral que se les haya infligido. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, el perjuicio causado a una persona por la violación de sus derechos y libertades por parte de un tribunal o los órganos de enjuiciamiento puede ser indemnizado en las condiciones y conforme al procedimiento establecidos por el Código. El tribunal otorga la indemnización a las víctimas de torturas -a instancia de las víctimas, que deben entablar una demanda civil- cuando considera culpable al demandado.

La demanda civil puede entablarse en cualquier momento entre el inicio del procedimiento penal y el término de la vista de las pruebas en el tribunal de primera instancia. El demandante civil está exento de pago de costas. Para proteger los intereses de los menores, las personas consideradas sin capacidad legal o con capacidad legal limitada y las personas que por otras razones no puedan proteger sus propios derechos e intereses legítimos, la acción civil puede ser entablada por sus representantes legales o por el fiscal (artículo 44, párrafo 2.3 del Código de Procedimiento Penal).

La persona que haya sufrido trato violento a manos de los agentes de enjuiciamiento puede pedir una indemnización monetaria no sólo por los daños materiales sino los daños morales infligidos. El artículo 151 del Código Civil establece los principios generales para determinar los montos de indemnización por daño moral y los criterios que debe tener en cuenta el tribunal: el grado de culpa del agresor, el grado de sufrimiento físico y psicológico de la víctima, que está vinculado con las características individuales de la persona afectada, y otros factores pertinentes.

Un ciudadano que haya sido sometido a tratos crueles también tiene derecho a presentar una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios. De conformidad con el artículo 1064 del Código Civil, el perjuicio causado a un ciudadano, incluidos la pérdida de la vida o el daño a la salud, como resultado de actos de violencia física, torturas o lesiones corporales, debe ser indemnizado en su totalidad por el causante del perjuicio, siempre que se haya demostrado su culpabilidad conforme al procedimiento establecido por la ley. El perjuicio (incluido el daño moral) causado a raíz de una condena ilícita, un procesamiento ilícito, el recurso ilícito a la detención como medida preventiva o un confinamiento ilícito debe ser indemnizado por el Tesoro de la Federación de Rusia, independientemente de que el hecho se impute al encargado de las diligencias previas, el investigador, el fiscal o el tribunal (artículos 1070 y 1100 del Código Civil, artículo 133 del Código de Procedimiento Penal)

La legislación de la Federación no prevé otros mecanismos para la rehabilitación de las víctimas de la tortura.

33.En su Decisión Nº 8-P de 14 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el párrafo 1 del artículo 122 de la Ley federal del presupuesto federal de 2003, que facultaba al Gobierno para regular el cumplimiento de los fallos judiciales sobre demandas de indemnización contra la Federación de Rusia por daños y perjuicios causados por actos (omisiones) ilícitos de los órganos y funcionarios públicos, y los párrafos 3, 5 y 6 del Reglamento de ejecución por el Ministerio de Hacienda de los fallos judiciales de indemnización por daños y perjuicios causados por actos (omisiones) ilícitos de los órganos y funcionarios públicos, aprobado por Decisión del Gobierno Nº 666 de 9 de septiembre de 2002.

El tribunal puntualizó que los legisladores federales, al prever en el párrafo 1 del artículo 122 de la Ley federal del presupuesto federal de 2003 que los autos de ejecución relativos a las demandas contra la Federación de Rusia debían ser transmitidos al Ministerio de Hacienda para que los hiciera cumplir conforme al procedimiento establecido por el Gobierno y al delegar así en el Gobierno la facultad de regular el procedimiento de ejecución de los correspondientes fallos judiciales, no habrá establecido el alcance y los límites de dicha regulación. A consecuencia de ello, los legisladores federales habían facultado al Gobierno para regular cuestiones que eran competencia de los tribunales.

Además, el Tribunal indicó que no había una base jurídica sólida para incluir en las leyes federales del presupuesto federal para el año siguiente disposiciones que pretendieran establecer un mecanismo para la ejecución de los fallos judiciales relativos a las demandas contra la Federación de Rusia o para la recuperación de fondos destinados a cumplir las obligaciones financieras de los receptores de los recursos del presupuesto federal y, en particular, para determinar el órgano de gobierno federal encargado de la ejecución de esos fallos. Ello constituía una violación del principio de supremacía del derecho, uno de cuyos elementos esenciales era la certidumbre jurídica.

A raíz de este fallo judicial, se promulgó legislación federal para regular la ejecución de los fallos judiciales correspondientes: la Ley federal Nº 197-FZ, de 27 de diciembre de 2005, de enmienda del Código Presupuestario, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Arbitral y la Ley federal sobre el procedimiento de ejecución.

34.De conformidad con la legislación de procedimiento penal actualmente en vigor en la Federación, la condena no puede basarse exclusivamente en la confesión de culpa del acusado, a menos que esa confesión sea corroborada por todas las pruebas disponibles en el caso (artículo 77, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal). El tribunal superior (a instancia del fiscal o previa queja de otra parte en el procedimiento judicial) consideraría que la condena basada únicamente en la confesión del acusado contraviene la legislación de procedimiento penal y podría revocar la condena conforme al artículo 379, párrafo 1.2, del Código de Procedimiento Penal.

Las pruebas obtenidas mediante amenazas, torturas u otras formas de violencia y las pruebas obtenidas en contravención de las exigencias del Código de Procedimiento Penal se han de declarar inadmisibles y carentes de todo valor jurídico (artículo 75, párrafo 3, del Código de Procedimiento Penal). De conformidad con el párrafo 2.9 del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, el hecho de que una condena se haya basado en pruebas declaradas inadmisibles por un tribunal es uno de los fundamentos incondicionales para que un tribunal superior revoque o modifique un fallo judicial. La declaración de un acusado (condenado) de que se han utilizado métodos ilícitos de investigación en su caso (violencia, torturas u otros tratos crueles o degradantes) debe ser verificada tanto durante la vista de la causa en primera instancia como durante los procedimientos en instancia superior.

Al presentarse un recurso de casación o solicitarse una vista en casación, el tribunal de casación debe cerciorarse de que el veredicto sea legítimo, bien fundado y justo (artículo 373 del Código de Procedimiento Penal). Las disposiciones vigentes de la Ley de procedimiento penal obligan al tribunal superior a examinar todos los argumentos de la persona condenada, incluida toda declaración de que su confesión fue obtenida por medio de torturas u otros métodos ilícitos de investigación.

Artículo 16

35.El Servicio Federal Penitenciario está procurando mejorar las condiciones de detención de los sospechosos y los acusados y las personas condenadas. Por ejemplo, entre 2002 y 2005 se crearon más de 19.700 plazas adicionales en los centros de detención policial preventiva.

Desde el comienzo del año, se han creado 8.430 plazas para la detención de sospechosos o acusados: 4.045 (48%) en el marco del programa federal especial para el desarrollo del sistema penitenciario en el período 2002-2006, y 4.385 (52%) financiadas con cargo a otras fuentes.

Se han puesto en funcionamiento dos nuevos centros de detención preventiva: uno en la oficina provincial de Vologda del Servicio Federal Penitenciario (en Cherepovets), con 419 plazas, y el otro en la oficina central del Servicio en el Territorio de Primorie (en Ussuriisk), con 256 plazas.

Se ha aumentado en 5.706 plazas la capacidad de 33 centros de detención y 29 centros regionales y locales del Servicio Federal Penitenciario.

En 13 centros territoriales regionales y locales del Servicio Federal Penitenciario se han creado 16 nuevas instalaciones de detención policial, que agregan 1.356 plazas, y se ha incrementado en 693 plazas la capacidad de cinco centros de este tipo administrados por tres subdivisiones del Servicio.

Además, antes del fin del año se tiene previsto crear otras 6.541 plazas, 4.792 en el marco del programa federal especial de reforma del sistema penitenciario para el período 2002-2006, y 1.722 financiadas con cargo a otras fuentes.

Prosiguen estos esfuerzos. Este año el Gobierno aprobó el esquema del proyecto federal especial de desarrollo del sistema penitenciario para el período 2007-2016. Se tiene previsto asignar 54.000 millones de rublos para la ejecución del programa, incluidos 42.000 millones (78%) para la construcción y rehabilitación de centros de detención policial.

El programa prevé la construcción de 39 instalaciones en el marco del programa federal especial de reforma del sistema penitenciario para 2002-2006 y después de 2010 se tiene proyectado construir 26 nuevos centros de detención policial que se ajusten a las normas europeas (7 m2 de espacio habitacional por persona).

En total se tiene previsto crear más de 33.000 plazas adicionales en el marco del programa para la detención de sospechosos y acusados.

A diferencia de años anteriores, se están asignando considerables recursos para la construcción de nuevos centros de detención policial y la rehabilitación de los existentes. Se están realizando obras de reparación capital y de mantenimiento en los edificios y estructuras de los centros de detención y se están sustituyendo los sistemas de comunicaciones. Hoy en día todas las personas detenidas en los centros de detención provisional reciben su propia litera, ropa de cama y servicio de mesa, y pueden hacer ejercicios físicos diariamente.

Actualmente las condiciones de las instituciones permiten el respeto del derecho de los sospechosos y los acusados a la atención médica. Se observan las normas mínimas de alimentación establecidas por el Gobierno.

Las instituciones penitenciarias acogen a personas condenadas a cadena perpetua y personas cuya pena de muerte se ha conmutado por cadena perpetua. Los números son los siguientes:

1.046 reclusos al 1º de enero de 2002;

1.115 reclusos al 1º de enero de 2003;

1.203 reclusos al 1º de enero de 2004;

1.295 reclusos al 1º de enero de 2005;

1.341 reclusos al 1º de enero de 2006.

Las subdivisiones regionales y locales del sistema penitenciario que acogen a las personas condenadas a prisión perpetua están tomando las siguientes medidas para mejorar las condiciones de detención:

En la República de Mordova, el Territorio de Perm y la provincia de Orenburgo se están habilitando zonas de trabajo de conformidad con las normas de seguridad técnica y los presos (condenados) que trabajan tienen derecho a descansos de diez minutos por hora durante la jornada laboral.

En la provincia de Vologda se están construyendo patios adicionales donde los presos (condenados) tienen la posibilidad de hacer ejercicios físicos, para lo cual pueden ponerse ropa y calzado deportivos. Los patios de ejercicio están dotados de toldos de protección contra el mal tiempo y de bancas para sentarse.

En la provincia de Orenburgo se ha complementado la ración de alimentos con verduras de la huerta de la prisión.

Para mejorar las condiciones de reclusión y dotar las instalaciones de más espacio para los presos condenados, se está construyendo y habilitando un segundo edificio en el Servicio Penitenciario central del territorio de Perm y un edificio de cuatro pisos con capacidad para 112 reclusos en el centro penitenciario de la provincia de Orenburgo.

Además, se tiene previsto examinar y adoptar el Programa federal especial de desarrollo del sistema penitenciario para 2007-2016 en una reunión del Gobierno de la Federación de Rusia el 31 de agosto de 2006. En el marco del programa se asignarán más de 54.000 millones de rublos durante diez años para la construcción y rehabilitación de centros de prisión preventiva y las instituciones penitenciarias.

36.Actualmente no hay hacinamiento en las instituciones penitenciarias. El 1º de enero de 2006 el sistema penitenciario tenía 765 colonias penitenciarias, en las que cumplían sus penas 644.729 personas:

Tipo de colonia penitenciaria	Capacidad máxima	Número de reclusos
Colonia de hombres	218.415	172.714
Colonia de mujeres	37.497	34.866
Régimen estricto	329.600	307.271
Régimen especial:	37.572	10.738
Personas condenadas a prisión perpetua o a la pena capital conmutada por penas de 25, 20, 15 años de privación de libertad	2.013	1.611
Prisiones abiertas	68.947	53.020
Hospitales de seguridad	60.663	42.555
Hospitales	25.686	22.137
Total	780.225	644.729
Prisiones	3.798	3.060
Centros y dependencias de detención	144.056	161.069
Colonias de rehabilitación	27.017	14.545
Total	955.096	823.403

El hacinamiento sí se da, en cambio en los centros de detención policial.

El 1º de agosto de 2006 había 155.600 sospechosos, acusados y reos en los centros de detención y prisión preventiva, lo que representa un aumento de 15.000, o el 10%, desde el 1º de enero de 2005.

El factor principal del aumento de las personas detenidas es el número creciente de sospechosos y acusados cuya detención disponen los órganos judiciales como medida preventiva. En 2004, 328.400 personas fueron detenidas y en 2005 la cifra aumentó en 52.100, o el 16%.

Sigue aumentando el número de personas que son detenidas por delitos menores. En 2005, 135.900 personas de esta categoría fueron llevadas a centros de detención policial, 31.400 más que en 2004. Esta categoría representa casi el 36% del total de personas recluidas en los centros de detención policial, mientras que hace dos años representaba menos del 24%.

La duración máxima de la detención está regulada por el Código de Procedimiento Penal.

Según el artículo 109 del Código, los sospechosos y acusados no deben permanecer detenidos mientras se investigan los delitos durante más de dos meses. Si la investigación previa al juicio no puede concluir en ese período, la detención puede prolongarse hasta seis meses.

En los casos penales particularmente complejos la prisión preventiva puede prolongarse nuevamente hasta 12 meses en los casos de personas acusadas de delitos graves o particularmente graves.

La prisión preventiva puede prolongase hasta los 18 meses sólo en circunstancias excepcionales, en los casos de personas sospechosas de haber cometido delitos graves o particularmente graves, por decisión de los magistrados del tribunal supremo de una determinada república, territorio o provincia, o el tribunal de una ciudad de importancia federal, con el acuerdo del Fiscal General de la Federación o de su adjunto. No se permite ninguna otra prórroga.

La prolongación de los períodos de detención de los acusados durante los procedimientos judiciales está regulada por el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, según el cual el período de detención entre la fecha de remisión del caso a los tribunales y el momento de la sentencia no puede exceder de seis meses. Una vez transcurrido ese plazo, el tribunal que entiende en el caso puede ordenar que se prolongue la prisión preventiva. Dicha prórroga está permitida sólo en los casos de delitos graves y particularmente graves, y cada prórroga no puede exceder de tres meses.

37.En el primer semestre de 2006 un total de 2.007 personas murieron en instituciones penitenciarias (en el primer semestre de 2005 la cifra fue de 2.088); de esas personas, 461 murieron de tuberculosis (en comparación con 569 en la primera mitad de 2005), 1.247 murieron de otras enfermedades (en comparación con 1.214 en la primera mitad de 2005), 8 murieron de lesiones sufridas en los talleres de la prisión (en comparación con 21 en el primer semestre de 2005) y 291 murieron por otras causas, principalmente causas imprevistas (en comparación con 284 en el primer semestre de 2005).

La tasa de defunción entre los presos condenados es un tercio de la tasa correspondiente a la población de la Federación en su conjunto. En 2001 la tasa de defunción en el país fue de 1.568,4 por cada 100.000 personas; en el sistema penal fue de 569,3 por cada 100.000 (65% menos). En 2002 la tasa de defunción en el país fue de 1.631,1 por cada 100.000 personas, y en el sistema penal fue de 472,6 por cada 100.000 (71% menos); en 2003 la tasa en el país fue de 1.687,2 por cada 100.000 y en el sistema penal de 423,3 por cada 100.000 (74% menos); en 2004 la tasa en el país fue de 1.702,3 por cada 100.000 y en el sistema penal de 500 por cada 100.000 (71% menos), y en 2005 la tasa en el país fue de 1.717,6 y en el sistema penal 540,3 por cada 100.000 (69% menos). La tasa de defunción en el sistema penitenciario aumentó en 7,7% en 2005. En los dos últimos años ha habido una reducción considerable del número de remisiones de penas por motivos de salud, lo cual ha contribuido considerablemente al aumento de los casos de muerte en las instituciones penitenciarias. En 2005 sólo el 60,2% de quienes solicitan a los tribunales la remisión de sus penas fueron puestos en libertad, 7,4% menos que en 2004 y 12,3% menos que en 2003. El número de remisiones rechazadas por los tribunales aumenta anualmente en 5 a 7%.

Ha entrado en vigor la Orden Nº 640/190 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia de 17 de octubre de 2005 sobre la organización de la atención médica para las personas que cumplen penas en instituciones de reclusión y para las personas detenidas, que garantiza la atención médica a los sospechosos, los acusados y los condenados de conformidad con las normas internacionales de diagnóstico y tratamiento. Los expertos del Consejo de Europa aprobaron el proyecto de orden en Estrasburgo en noviembre de 2004 y en Kaliningrado en agosto de 2005.

Estadísticas de las defunciones en los establecimientos de reclusión y sus causas

Indicadores	Total	Centro de detención	Colonia penal
2004	Muerte a causa de la tuberculosis	872	39	833
Muerte a causa de otras enfermedades	2.213	216	1.997
Muerte a causa de lesiones sufridas en talleres de la prisión	43	1	42
Muerte por otras causas	563	135	428
2005	Muerte a causa de la tuberculosis	1.023	86	937
Muerte a causa de otras enfermedades	2.451	295	2.156
Muerte a causa de lesiones sufridas en talleres de la prisión	35	1	34
Muerte por otras causas	615	165	450
Primera mitad de 2006	Muerte a causa de la tuberculosis	461	50	411
Muerte a causa de otras enfermedades	1.247	193	1.054
Muerte a causa de lesiones sufridas en talleres de la prisión	8	0	8
Muerte por otras causas	291	93	188

38.El Código Penal contiene un capítulo especial (cap. 14) sobre la administración de justicia penal a los menores y el castigo a los menores por la comisión de delitos, y el Código de Procedimiento Penal tiene un capítulo especial (cap. 50) sobre el desarrollo de los procedimientos penales en los casos de menores.

Según la legislación penal rusa, las personas son pasibles de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad. La ley además permite que personas más jóvenes -de 14 años de edad- sean pasibles de responsabilidad penal por el tipo de delitos enumerados específicamente en el párrafo 2 del artículo 20 del Código Penal, principalmente delitos calificados de graves o particularmente graves y otros tipos más generalizados de delitos que entrañan un riesgo considerable para la sociedad (homicidio, lesión corporal grave e intencional, robo, hurto, robo con violencia, violación sexual, destrucción intencional de bienes o daño intencional a la propiedad, terrorismo y toma de rehenes).

Los menores pueden ser sometidos a un proceso obligatorio de reeducación y en lugar de recibir sanciones penales pueden ser enviados a instituciones especiales de educación o rehabilitación de tipo cerrado.

Los menores sólo pueden ser condenados a 6 de los 12 tipos de penas previstos en el Código Penal, y sólo por períodos cortos.

El derecho penal prevé un procedimiento especial para la imposición de penas de reclusión a los menores. En general, la pena máxima de reclusión para un menor es de diez años, por un delito único o por varios delitos.

Para los menores que hayan cometido delitos antes de cumplir los 16 años, las penas no pueden exceder de seis años de privación de libertad, y sólo si el delito se considera particularmente grave (asesinato, terrorismo, secuestro, etc.) pueden ser condenados a hasta diez años de privación de libertad.

Cuando se trata de un delito grave o particularmente grave, la pena mínima prevista en el Código Penal se reduce a la mitad.

Si un menor que ha sido puesto en libertad condicional comete un nuevo delito que no se considera particularmente grave, el delincuente puede nuevamente ser puesto en libertad condicional.

Además, la edad del menor se considera circunstancia atenuante.

Un menor que comete un delito o infracción menor puede ser absuelto de responsabilidad penal si se considera que puede lograrse su rehabilitación social mediante un proceso de reeducación. La ley prevé las siguientes medidas de reeducación:

-Advertencias;

-Puesta bajo la supervisión de padres o tutores, o un órgano especializado del Estado;

-Obligación de enmendar el daño causado;

-Restricciones a las actividades de esparcimiento y exigencias de comportamiento.

Según el párrafo 2 del artículo 92 del Código Penal, un menor condenado a pena de privación de libertad por un delito grave u otra infracción de gravedad puede ser exonerado de la pena por el tribunal y enviado a una institución cerrada especial de reeducación administrada por el Departamento de Educación.

Los plazos para el procesamiento y la imposición de la sentencia a los menores corresponden a la mitad de los que se aplican a los adultos. También se aplican reducciones a los períodos de prescripción para los antecedentes penales (artículos 94 y 95 del Código Penal).

Al 1º de julio de 2006 había 32.809 menores en las nóminas de las oficinas de libertad vigilada. De ellos:

-31.884 estaban en libertad bajo palabra;

-576 prestaban servicio comunitario;

-327 realizaban trabajos punitivos;

-14 estaban encinta o tenían hijos pequeños y se había aplazado el cumplimiento de sus penas;

-8 tenían prohibidas ciertas actividades.

Alrededor del 10% de los menores de esta categoría eran niñas, y el 12% menores de 16 años de edad. El 2,5% de los adolescentes no tenían padre ni madre (ni tutores o guardadores), el 11% vivían en hogares problemáticos en que los padres o tutores legales no cumplían sus deberes y tenían una influencia indeseable en su comportamiento.

En 2005 unos 96.000 niños fueron puestos en libertad condicional. Casi 72.000 (75%) habían sido condenados por delitos contra la propiedad: robo, hurto, robo con violencia; 1.700 por perturbación del orden; 2.000 por delitos relacionados con drogas, y 64 por homicidio.

El Código de Procedimiento Penal regula estrictamente las posibilidades de detener a un delincuente juvenil. Deben aplicarse rigurosamente las exigencias del artículo 143.

En primer lugar, el representante legal del menor debe ser informado inmediatamente de la detención de éste, y antes de decidir la imposición de medidas cautelares debe examinarse en todos los casos la posibilidad de poner al menor bajo la supervisión de sus padres, de otras personas en su lugar o de instituciones especializadas; en segundo lugar, los menores deben ser citados para ser interrogados por vía de sus representantes legales e interrogados en presencia de éstos y no pueden ser interrogados más de dos horas sin interrupción o cuatro horas en un día; en tercer lugar, además del representante legal del menor, el abogado defensor debe estar presente durante el interrogatorio conforme lo prescribe la ley (párrafo 1.2 del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal).

Aunque el representante legal debe ser informado de las audiencias judiciales, y puede estar presente en esas audiencias, el hecho de que no se presente en su debido momento no supondrá que se aplace la vista del caso si el tribunal no considera indispensable la presencia del representante legal. El representante legal del menor puede ser autorizado a participar en el proceso como abogado defensor o parte civil. En tales circunstancias, se le asignan todos los derechos y deberes establecidos en el Código de Procedimiento Penal para tales participantes en un juicio (arts. 53 y 54).

Si un menor es víctima o testigo, también debe ser interrogado en presencia de un representante legal, y tanto en la investigación preliminar como durante el juicio puede representar sus intereses un abogado profesional además de su representante legal.

La Federación de Rusia presta especial atención a la protección de los derechos e intereses legítimos de los menores. En todos los casos de menores procura cumplir la Reglas Mínimas para la administración de la justicia de menores (las "Reglas de Beijing") y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Mediante el Decreto gubernamental Nº 38-R, de fecha 19 de enero de 2006, la Federación de Rusia adoptó un programa de mediano plazo de desarrollo social y económico para el período 2006-2008, que subraya la necesidad de un sistema de justicia de menores.

Durante muchos años la práctica ha sido que en los tribunales rusos las causas penales y las civiles sean vistas por jueces diferentes que son especialistas en esos ramos.

El 14 de febrero de 2000 el Pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia adoptó la Resolución Nº 7 sobre la práctica judicial en las causas penales en que son partes los menores, que contiene recomendaciones para los tribunales de la Federación sobre una práctica judicial coherente en la aplicación de la ley al examinar los casos de menores; la Resolución Nº 5 del Pleno, adoptada el 10 de octubre de 2003, trata de la aplicación por los tribunales de jurisdicción general de los principios y normas generalmente aceptados del derecho internacional y los tratados internacionales en la Federación de Rusia, y subraya la necesidad de aplicar escrupulosamente estas normas a los menores.

La Duma Estatal de la Asamblea Federal ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley constitucional Nº 38948-3 por el que se enmienda la Ley constitucional federal sobre el sistema judicial añadiendo el artículo 26-1 titulado "Tribunales de menores", que propone el establecimiento de un sistema de tribunales de jurisdicción general que entiendan en las causas penales en los cuales al menos una de las partes sea un menor.

La Federación de Rusia ya tiene experiencia en el funcionamiento de los tribunales de menores. En la provincia de Rostov y en las ciudades de Taganrog y Shakhty existen tribunales especializados en causas penales y civiles en que son partes los menores. En agosto de 2006 se inauguró un tribunal de menores en la ciudad de Angarsk, provincia de Irkutsk. Se están introduciendo elementos de justicia de menores en la labor del tribunal de la ciudad de Leningrado. En las salas de lo penal de muchos tribunales de provincia y equivalentes trabajan especialistas en asuntos de menores.

39.La condición jurídica de la República Chechena está definida por la Constitución de la Federación de Rusia: según el artículo 65, la República Chechena es una entidad constituyente de la Federación.

Para aumentar la eficacia de las operaciones y la coordinación de las actividades de las unidades antiterroristas en la lucha contra los secuestros y en la búsqueda de las personas desaparecidas, y para agilizar la labor de detección e investigación de otros delitos, se ha creado un grupo de trabajo interdepartamental en cumplimiento de la orden conjunta Nº 12p/61p de 29 de junio de 2005 del Viceministro del Interior y del Jefe del Personal de Operaciones Regionales que supervisa las operaciones antiterroristas en la Región del Cáucaso Norte de la Federación de Rusia y el Fiscal de la República Chechena en el que participa el primer fiscal militar adjunto del Grupo de las Fuerzas Conjuntas (c).

Una de las prioridades es la investigación de los crímenes cometidos contra los habitantes de la República Chechena dada la relevancia social que ésta adquiere durante el desarrollo de las operaciones antiterroristas.

La experiencia de larga data indica que en la mayoría de los casos la investigación de los crímenes en la República Chechena, en particular los cometidos contra los habitantes locales, se ve complicada por las difíciles y diversas condiciones operacionales de la región, costumbres étnicas y tradiciones religiosas (el enterramiento rápido tras la muerte, la negativa a autorizar el examen forense de los cadáveres, el traslado de víctimas y testigos a otros lugares del país, etc.).

Los fiscales militares trabajan en estrecha cooperación con los representantes de las autoridades federales, los órganos locales de orden público, el mando militar y la administración local.

Se está programando e implementando la coordinación necesaria para mejorar la cooperación entre las autoridades del orden y las estructuras de poder.

Si es necesario determinar si los miembros de las fuerzas armadas han estado implicados en delitos contra los habitantes de la República Chechena, se establecen unidades de investigación integradas por detectives de la fiscalía militar y de los órganos locales de orden público.

El procedimiento para la formación y el funcionamiento de dichas unidades está establecido en las órdenes correspondientes.

La base jurídica de las operaciones antiterroristas se halla en la Constitución de la Federación de Rusia, la Ley federal contra el terrorismo Nº 35-FZ de 6 de marzo de 2006, otras leyes federales, los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional, los decretos del Presidente de la Federación, las secciones pertinentes de las resoluciones y decretos del Gobierno Federal y otras instrucciones reguladoras adoptadas en base a lo anterior.

Se trata de una base jurídica suficiente que regula los derechos y deberes de los participantes en las operaciones antiterroristas y garantiza a los habitantes de la República Chechena los derechos previstos por la ley.

40.No se ha establecido ningún caso de tortura o trato cruel de sospechosos, acusados o condenados recluidos en los centros del Servicio Federal Penitenciario.

El 6 de junio de 2005 la fiscalía del distrito de Shelkovo, República Chechena, inició una investigación criminal por indicios de delitos tipificados en el párrafo 2 zh) del artículo 105, los párrafos 2 a), 2 g), 2 zh) del artículo 126, y el párrafo 2 del artículo 167 del Código Penal de Rusia, en relación con los acontecimientos del 4 de junio de 2005 en Borozdinovskaya. El caso se ha remitido para más investigaciones al departamento de investigaciones de la fiscalía militar del Grupo de las Fuerzas Conjuntas (c).

Se está desarrollando la necesaria investigación especializada del caso. Se ha encomendado a las autoridades del Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio del Interior la tarea de identificar a los culpables y las personas desaparecidas.

La investigación continúa.

41.Según informes de las fiscalías municipales, distritales e interdistritales de la República Chechena e información del ministerio público de la República, las autoridades nacionales de orden público no han recibido ninguna denuncia o petición de ciudadanos, incluidos testigos de desapariciones o torturas, en la que se solicite protección a raíz de persecución o amenazas. No se ha dispuesto la aplicación del tipo de medidas de seguridad previstas en el párrafo 3 del artículo 11 del Código Federal de Procedimiento Penal para las partes en procesos penales de la categoría que interesa al Comité.

Las autoridades de investigación han optado por mantener confidenciales los datos personales de los testigos, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 166 del Código Federal de Procedimiento Penal. El ministerio público sigue esta práctica en la República Chechena en los casos de cinco testigos de delitos.

42.El ministerio público de la República Chechena se ha adherido estrictamente a la exigencia del párrafo 3 del artículo 108 del Código Federal de Procedimiento Penal de que las personas detenidas sean llevadas ante un juez en un plazo de 48 horas después de la detención para que se decida sobre su prisión preventiva y la exigencia de los artículos 91 y 92 del Código de que se levante acta de detención dentro de tres horas tras la puesta del sospechoso a disposición de las autoridades. Se ha establecido la debida colaboración entre el ministerio público y las autoridades judiciales para asegurar que se cumplan dichos plazos. Ya no se dan casos de detención arbitraria en los que se eludan los procedimientos estipulados para verificar las denuncias contra ciudadanos presuntamente implicados en delitos. Todos los presuntos casos de detención ilícita y de secuestro se verifican de conformidad con los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Penal, y si existe suficiente información para suponer que se ha cometido un delito, se inicia un procedimiento penal.

43.El 13 de septiembre de 2000 la fiscalía del distrito de Achkhoi-Martan en Chechenia abrió la causa penal Nº 26045 en virtud del párrafo 2 del artículo 167 y del párrafo 2 del artículo 105 del Código Penal a raíz del ataque aéreo contra un convoy de civiles entre las intersecciones de Achkhoi-Martan y Shaami-Yurt en la carretera federal "Kavkaz", que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.

El 16 de septiembre de ese año la misma fiscalía abrió la causa penal Nº 26047 en virtud del párrafo 2 del artículo 105 del Código Penal a raíz del ataque aéreo contra Katyr-Yurt en el distrito de Achkhoi-Martan, que dio muerte y lesionó a civiles.

Se descubrió que había personal militar implicado en estos delitos, que fue puesto a disposición de la fiscalía militar para que prosiguiera las investigaciones.

La Oficina Central de la Fiscalía Militar ha considerado la posibilidad de adoptar algunas disposiciones generales en relación con la entrada en vigor de los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de Isaeva c. la Federación de Rusia e Isaeva, Yusupova y Bazaeva c. la Federación de Rusia -denuncias de habitantes de la República Chechena sobre la muerte de familiares suyos y la destrucción de sus bienes cuando las unidades militares utilizaron armas de combate para sofocar la resistencia activa de miembros de grupos armados ilegales en el distrito de Shaami-Yurt de la República Chechena en octubre de 1999 y en el distrito de Katyr-Yurt en febrero de 2000.

Los dictámenes del Tribunal Europeo se han remitido a todos los fiscales militares de distrito y zona para que los apliquen en sus actividades de supervisión, en la investigación de los delitos y en su labor jurídica con los miembros de las fuerzas armadas.

Las investigaciones criminales de esos incidentes se suspendieron por razones de procedimiento en la fiscalía militar durante la fase preliminar dado que los actos cometidos por el personal militar implicado no constituían delito. Los demandantes no han apelado contra estas decisiones de procedimiento adoptadas conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal.

44.Cuando ocurren casos de matanzas, torturas y trato cruel de la población civil en la República Chechena, el ministerio público investiga e inicia procedimientos penales. Si se descubre que hay miembros de las fuerzas armadas implicados en dichos delitos, se asigna a las fiscalías militares la tarea de realizar nuevas investigaciones.

La Fiscalía General de la Federación de Rusia abrió la investigación criminal Nº 49152 en virtud del párrafo 2 a) del artículo 105 (homicidio) del Código Penal a raíz del homicidio de habitantes de la aldea de Alkhan-Yurt en el distrito de Urus-Martan. La investigación se ha encomendado a la fiscalía del distrito de Urus-Martan.

En los procedimientos se ha establecido que la noche del 8 al 9 de diciembre de 1999 individuos armados no identificados penetraron en viviendas de la aldea portando armas de fuego y robaron bienes. Resultaron muertos el Sr. Asuev, el Sr. I. Usmanov, la Sra. I. Muradova y el Sr. A. Sultanov y herido el Sr. A. Golubkin.

En este caso se considera que las víctimas son los familiares de las personas fallecidas y las personas que sufrieron los daños a la propiedad.

La investigación preliminar ha sido interrumpida varias veces porque no se ha identificado a los culpables. Fue reanudada el 7 de agosto de 2006 y el investigador y la fiscalía del distrito han recibido instrucciones de realizar nuevas indagaciones para identificar a los culpables.

En virtud de los párrafos 2 a), 2 d), 2 e) y 2 zh) del artículo 105 del Código Penal se ha abierto la investigación criminal Nº 12038 de la muerte, ocurrida entre el 19 y el 21 de enero de 2000, del Sr. Kh. Khashiev, la Sra. L. Khashieva, el Sr. R. Taimaskhanov y otros en la calle Neftyanaya Nº 107 en Grozny a manos de personas desconocidas. De las investigaciones se encarga la fiscalía del distrito de Staromyslovsky en Grozny. La investigación ha sido interrumpida varias veces; la última vez que se reanudó la investigación preliminar fue el 20 de julio de 2006.

La investigación ha recogido información sobre otros delitos cometidos por personas desconocidas contra los habitantes del subdistrito de Katayama en Staromyslovsky; en consecuencia, se ha retirado del expediente de la investigación Nº 12038 alguna información sobre el descubrimiento de 34 cadáveres, asesinatos, el secuestro de una persona y la desaparición de un habitante del distrito.

La fiscalía de Staromyslovsky ha iniciado una investigación criminal de toda la información que se ha descubierto.

El 2 de julio de 2003 se abrió la investigación criminal Nº 50080 en virtud del párrafo 2 a) del artículo 105 del Código Penal, a raíz del asesinato del Sr. S. Musaev y el descubrimiento de los cadáveres de Sheima y Shamani Inderbiev en el sótano de la vivienda Nº 154b de la calle Pugacheva en Grozny.

El 2 de julio de 2003 se abrió la investigación criminal Nº 50082, en virtud del párrafo 2 a) del artículo 105 del Código Penal, a raíz del asesinato del Sr. Vaka Sataibaev y diez personas no identificadas la noche del 26 al 27 de febrero de 2000.

El 9 de septiembre de 2003 se abrió en virtud del mismo artículo del Código la investigación criminal Nº 50100 a raíz del uso de un arma de fuego por personas desconocidas contra el Sr. Kh. Makhauri, que resultó herido.

El 11 de enero de 2000 se abrió, en virtud de los párrafos 2 a), 2 g) y 2 zh) del Código Penal, la investigación criminal Nº 50104 a raíz de las desapariciones de la Sra. L. Mustrigova, la Sra. T. Aslambekova y el Sr. S. Shishkhanov. La investigación de estos casos se ha interrumpido y reanudado varias veces.

El 5 de febrero de 2000, mientras se desarrollaban operaciones especiales en la aldea de Novye Aldy en Chernorechye, Grozny, 55 personas fueron matadas a tiros por desconocidos. Esos mismos desconocidos robaron bienes de ciudadanos pacíficos. El 5 de marzo de 2000 la fiscalía de Grozny abrió la investigación criminal Nº 12011 sobre este caso en virtud de los párrafos 2 a), 2 d), 2 e) y 2 zh) del artículo 105 del Código Penal.

Sobre la base de las pruebas reunidas, el 3 de abril de 2006 se dictó una orden de acusación contra S. G. Babin, miembro de la unidad militar especial del Departamento de Asuntos Internos de la Provincia de San Petersburgo-Leningrado, por delitos previstos en los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo 286, el párrafo 2 zh) del artículo 105 y el párrafo 2 del artículo 162 del Código Penal de Rusia. La investigación preliminar fue suspendida el 10 de abril de 2006 porque no se pudo determinar el paradero del acusado.

La fiscalía del distrito de Shalin abrió una serie de investigaciones criminales, en virtud del párrafo 2 (secuestro) del artículo 126 del Código Penal, a raíz del secuestro masivo de habitantes de la aldea de Mesker-Yurt, en el distrito de Shalin, por personas desconocidas.

Todas estas investigaciones se combinaron el 6 de agosto de 2006 con la causa penal Nº 59205, que fue abierta por la fiscalía de la República Chechena en virtud del párrafo 1 del artículo 105 del Código Penal a raíz del homicidio del Sr. A. Saltamirzaev, habitante de Mesker‑Yurt.

La investigación del caso se ha interrumpido y reanudado varias veces porque no se ha determinado la identidad de los sujetos que deberían ser encausados. La última interrupción por este motivo tuvo lugar el 21 de junio de 2006; la fiscalía de la República Chechena está verificando la legalidad de esta decisión.

Se sigue de cerca la evolución de las investigaciones criminales mencionadas.

Anexo

5. Número de personas detenidas en centros de prisión preventiva

República, territorio, provincia	1º de enero de 2000	1º de enero de 2001	1º de enero de 2002	1º de enero de 2003	1º de enero de 2004	1º de enero de 2005	1º de enero de 2006
República de Adygei	0	0	0	0	0	0	60
República de Altai	410	263	68	44	54	71	83
República de Bashkortostán	3.139	2.603	1.395	855	809	1.028	1.160
República de Buryatia	1.017	928	591	393	320	422	496
República de Daguestán	1.011	866	650	184	91	87	109
República de Kabardino-Balkar	287	277	192	74	76	111	130
República de Kalmykia	163	163	63	62	45	44	42
República de Karachai-Cherkes	126	122	157	65	26	35	34
República de Karelia	571	504	265	194	163	217	269
República de Komi	2.225	2.079	555	481	419	446	502
República de Mari El	728	637	210	128	121	143	224
República de Mordova	930	618	238	167	141	169	190
República de Saja, Yakutia	694	571	506	166	137	102	152
República de Ossetia del Norte	798	687	189	128	154	159	145
República de Tatarstán	2.269	1.962	965	564	566	616	674
República de Tuva	253	311	470	240	196	183	308
República de Urdmurt	2.158	1.519	519	306	408	405	532
República de Jakassia	0	0	0	0	0	28	36
República Chechena	0	0	100	62	95	142	204
República de Chuvash	1.064	908	358	250	273	272	345
Territorio Alti	3.658	2.182	855	484	504	717	705
Territorio de Krasnodar	3.329	3.474	1.789	1.047	1.021	1.319	1.287
Territorio de Krasnoyarsk	6.133	5.025	1.686	1.261	1.378	1.055	1.467
Territorio de Primorye	3.017	2.463	1.132	420	571	690	717
Territorio de Stavropol	1.918	1.958	794	468	454	640	573
Territorio de Jabarovsk	3.125	2.120	857	517	402	435	555
Provincia de Amur	1.622	933	787	301	152	152	285
Provincia de Arjangelsk	1.277	915	585	398	444	515	483
Provincia de Astraján	492	480	414	325	224	255	569
Provincia de Belgorod	650	593	363	165	153	208	212
Provincia de Bryansk	1.178	877	338	276	313	341	439
Provincia de Vladimir	1.732	1.225	933	309	363	344	110
Provincia de Volgogrado	2.953	3.122	1.387	740	802	953	870
Provincia de Vologda	1.324	403	568	355	336	413	350
Provincia de Voronezh	1.560	1.295	532	305	224	272	357
Provincia de Ivanovo	1.429	1.109	598	481	588	438	326
Provincia de Irkutsk	7.229	6.400	3.065	935	629	591	984
Provincia de Kaliningrado	1.205	1.163	685	359	269	321	267
Provincia de Kaluga	999	845	491	297	263	380	314
Provincia de Kamchatka	255	245	200	123	80	102	77
Provincia de Kemerovo	3.723	2.668	1.051	659	419	632	910
Provincia de Kirov	1.295	1.190	530	427	329	414	447
Provincia de Kostroma	882	701	247	290	266	254	284
Provincia de Kurgan	1.066	861	560	388	251	264	502
Provincia de Kursk	545	469	382	289	204	284	500
Provincia de Lipetsk	808	562	288	170	188	108	238
Provincia de Magadan	96	115	82	56	19	81	68
Ciudad de Moscú	4.613	4.480	2.914	2.449	2.794	3.036	2.998
Provincia de Moscú	2.302	2.251	1.464	1.144	1.180	1.445	1.792
Provincia de Murmansk	1.394	1.073	417	300	301	273	405
Provincia de Nizhny-Novgorod	3.072	2.768	2.214	652	791	1.093	1.129
Provincia de Novgorod	706	869	462	333	284	155	253
Provincia de Novosibirsk	4.869	3.991	1.347	835	778	815	1.072
Provincia de Omsk	2.109	1.306	870	548	549	415	476
Provincia de Orenburgo	2.144	2.084	1.129	678	555	605	856
Provincia de Orel	361	307	225	183	137	174	205
Provincia de Penza	734	624	579	230	242	275	259
Provincia de Perm	4.504	3.714	1.725	861	1.086	1.216	1.379
Provincia de Pskov	794	768	429	220	190	184	216
Provincia de Rostov	3.441	2.145	1.175	702	646	798	993
Provincia de Ryazan	943	713	290	173	175	158	270
Provincia de Samara	1.935	1.663	1.322	749	853	928	1.167
Provincia de San Petersburgo-Leningrado	13.578	11.407	3.210	1.220	1.092	1.245	1.592
Provincia de Saratov	2.405	1.784	846	446	358	380	351
Provincia de Sajalin	702	737	113	96	126	122	173
Provincia de Sverdlovsk	8.620	7.327	2.900	2.183	1.921	1.493	1.662
Provincia de Smolensk	1.467	1.472	529	307	255	361	423
Provincia de Tambov	367	391	314	195	175	214	238
Provincia de Tver	2.257	1.891	473	382	380	459	548
Provincia de Tomsk	1.858	1.464	361	314	247	261	338
Provincia de Tula	2.966	1.880	480	372	285	349	389
Provincia de Tyumen	3.120	2.231	752	399	431	504	573
Provincia de Ulyanovsk	1.237	915	507	319	228	433	470
Zona Autónoma de Janty-Mansi	540	400	93	57	54	37	75
Provincia de Chelyabinsk	4.742	3.744	1.793	871	972	946	1.180
Provincia de Chita	1.654	1.454	844	534	496	564	621
Provincia de Yaroslavl	2.014	1.668	436	454	383	476	440
Federación de Rusia: total de personas detenidas	152.791	125.932	58.835	34.414	32.904	36.272	42.134

Número de personas condenadas por artículo de Código Penal Federal

Artículo	1º de enero de 2003	1º de enero de 2004	1º de enero de 2005	1º de enero de 2006	1º de julio de 2006
Homicidio	1.225	1.423	1.407	1.468	1.313
Lesión corporal grave e intencional	1.772	2.212	2.134	2.271	2.178
Violación sexual	820	744	681	785	725
Robo con allanamiento de morada	2.335	5.335	3.723	4.228	4.004
Atraco a mano armada	1.135	2.145	2.015	2.305	2.425
Atraco con violencia	2.370	2.447	1.925	1.896	1.826
Perturbación del orden público	250	521	136	95	89
Extorsión	117	136	126	175	211
Apropiación ilícita de vehículos	382	812	716	863	777
Delitos relacionados con drogas	164	212	92	157	206
Robo o expropiación de arma, munición o artefacto explosivo	84	76	41	48	50
Otros	296	428	411	254	430

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