Párrafo 8
La base jurídica de la garantía de la protección de los derechos de los sospechosos, acusados, sus familiares y abogados defensores y de las garantías de la protección de la tortura en la Federación de Rusia son la Constitución de la Federación, que consagra los derechos y las libertades humanos fundamentales, una serie de tratados internacionales en que la Federación es parte, así como la legislación penal y de procedimiento penal.
De acuerdo con el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal se garantiza a los sospechosos y acusados el derecho a la defensa que pueden realizar por conducto de un abogado defensor y/o un representante legítimo, así como a entrevistarse con su abogado defensor a solas o confidencialmente, incluso antes del primer interrogatorio, sin que se limite el número ni la duración de las entrevistas (apartado 3 del párrafo 4 del artículo 46 y apartado 9 del párrafo 4 del artículo 47 del Código). Además, el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal establece que el acusado carente de medios para invitar a un abogado de su elección puede solicitar un abogado de oficio.
Si el propio sospechoso o un representante suyo no invita a un abogado defensor, el encargado de las diligencias previas, el investigador o el fiscal deberá asignarle un defensor (artículo 51 del Código de Procedimiento Penal).
La renuncia al abogado defensor sólo es admisible por iniciativa del sospechoso. La legislación establece que la renuncia a un abogado defensor no es vinculante para el encargado de las diligencias previas, el investigador, el fiscal ni el tribunal, y que tampoco priva al sospechoso del derecho a solicitar posteriormente los servicios del defensor. Puede invitarse a varios abogados defensores y, de ser necesario, se permite el cambio de abogado defensor (artículos 50 y 52 del Código de Procedimiento Penal).
Además, de acuerdo con el artículo 37 del Código, durante las diligencias penales supervisa las actuaciones de los órganos encargados de las diligencias previas y de la investigación preliminar un fiscal a quien pueden dirigirse para la protección de sus derechos las personas cuyos derechos y libertades han sido lesionados.
Según los artículos 17 y 18 de la Ley federal sobre la detención de sospechosos y acusados, Nº 103-FZ, de 15 de julio de 1995, y el Reglamento interno de los centros de prisión preventiva del sistema penitenciario (SIZO), ratificado por la Orden Nº 189 del Ministerio de Justicia, de 14 de octubre de 2005, y la Orden Nº 950 del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, de 22 de noviembre de 2005, los sospechosos y encausados tienen derecho a entrevistarse con su abogado defensor y sus familiares desde el momento en que sean efectivamente detenidos.
Las entrevistas con el abogado defensor se producen a solas y confidencialmente sin limitación de su número ni duración, excepto los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal. Las entrevistas se conceden al abogado defensor tras la presentación del carnet de abogado y la orden correspondiente. Se prohíbe pedir a los abogados otro tipo de documentos. Si se encarga de la defensa otra persona, las entrevistas se le conceden tras la presentación de la determinación o dictamen del tribunal, así como el documento de identidad. La separación del abogado de la participación en la causa es prerrogativa del órgano o la persona encargados de las actuaciones penales.
De acuerdo con el capítulo 16 del Reglamento interno de los centros de prisión preventiva del sistema penitenciario (SIZO), previa autorización por escrito de la persona u órgano encargado de la causa penal, el sospechoso o encausado podrá mantener como máximo dos entrevistas al mes con familiares u otras personas de hasta tres horas de duración cada una.
El encausado cuya sentencia ha entrado en vigor pero todavía no se está ejecutando, tiene derecho a entrevistas con sus familiares con la autorización del que preside las actuaciones penales o el presidente del tribunal.
Las entrevistas de los sospechosos o acusados con los familiares y otras personas se celebran con el control de los funcionarios penitenciarios en locales acondicionados especialmente para estos fines con una rejilla que no permite transmitir objetos de tipo alguno, pero no impide las conversaciones ni el contacto visual. En caso de intentos de transmitir al sospechoso o encausado objetos, sustancias o productos alimentarios prohibidos o bien información que pueda impedir la determinación de la verdad en la causa penal o contribuir a la comisión de un delito, las entrevistas se interrumpen antes de tiempo.
Las conversaciones de los sospechosos y encausados con las personas que han acudido a la entrevista se llevan a cabo mediante un locutorio y pueden ser escuchadas por los funcionarios penitenciarios.
Dichas normas de la Ley federal Nº 103-FZ, así como del Reglamento interno de los centros de prisión preventiva, demuestran que los sospechosos o encausados están en condiciones de recibir la asistencia especializada del defensor, un abogado defensor cualificado, desde el momento mismo de la privación efectiva de libertad, además de relacionarse periódicamente con sus familiares y otras personas.
Además, de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia, Nº 14-P, de 25 de octubre de 2001, fue declarada inconstitucional la disposición que figura en el apartado 15 del párrafo 2 del artículo 16 de la Ley federal sobre la detención de sospechosos y acusados, que servía de base para la limitación ilícita del derecho a la asistencia letrada y hacía que la posibilidad de celebrar entrevistas del encausado (sospechoso) con el defensor dependieran de la decisión del órgano encargado de la causa penal.
Mediante la Orden conjunta Nº 640/190 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia, de 17 de octubre de 2005, sobre la organización de la atención médica para las personas que cumplen penas en instituciones de reclusión y para las personas detenidas, se ha reglamentado el procedimiento que ha de seguir el personal sanitario al detectar en las personas que se mantienen en instituciones del sistema penitenciario lesiones corporales que hacen pensar que esos daños infligidos al acusado o encausado son consecuencia de actos ilícitos.
Con arreglo al párrafo 16 del Reglamento interno de los centros de prisión preventiva del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia, los sospechosos y encausados que ingresan en un centro de prisión preventiva serán sometidos obligatoriamente a un reconocimiento médico inicial y a una serie de medidas sanitarias preventivas. Los resultados del reconocimiento y de las pruebas diagnósticas y de tratamiento se consignan en una ficha médica ambulatoria.
En caso de descubrirse lesiones corporales a los sospechosos y encausados que hacen pensar que son consecuencia de actos ilícitos, además de las anotaciones correspondientes en la ficha médica ambulatoria, el médico levanta el acta correspondiente que firman el asistente de turno y el jefe de guardia que haya practicado el ingreso en prisión. En tal caso, el departamento operativo procede a una verificación y, de haber indicios de delito, pone el caso en conocimiento del fiscal territorial para que disponga o no la apertura de una causa penal.
En caso de empeorar el estado de salud del sospechoso o encausado o si éste presentara lesiones corporales, el personal sanitario del centro de detención preventiva debe practicarle inmediatamente un examen médico, que consiste en un reconocimiento médico y, en caso necesario, la utilización de métodos y consultas adicionales de médicos especialistas. Los resultados obtenidos se consignan en la ficha médica ambulatoria y se comunican al sospechoso o al encausado de forma que le resulte comprensible. A petición del sospechoso o el encausado, o bien su abogado defensor, se les entregará un ejemplar del resultado del reconocimiento médico (párr. 130).
Se encargará el examen médico al personal de otros centros sanitarios si así lo dispone el director del centro de prisión preventiva o la persona u órgano encargados de la causa penal o si así lo solicitan el sospechoso, el encausado o su letrado. La negativa a practicar tal examen médico podrá recurrirse ante el fiscal o el tribunal (párr. 132).
Cuando se descubren indicios que hacen pensar que el daño a la salud del sospechoso o encausado ha sido ocasionado por actos ilícitos, el médico que ha realizado el reconocimiento informa por escrito al jefe del centro de prisión preventiva. El departamento operativo procede a una verificación y, de haber indicios de delito, pone el caso en conocimiento del fiscal territorial para que disponga o no la apertura de una causa penal de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia (párr. 133).
La Fiscalía General de la Federación de Rusia adopta medidas para registrar y organizar los controles pertinentes relacionados con todas las denuncias sobre los delitos cometidos, en particular sobre la obtención de pruebas con la utilización de torturas y de tratos crueles de los sospechosos y acusados.
Los órganos de la fiscalía se ocupan constantemente de erradicar las medidas de coacción física y psicológica contra las personas que están detenidas y de las que cumplen condenas en centros penitenciarios. Al supervisar el cumplimiento de la ley en los centros de prisión preventiva y los establecimientos penitenciarios, los funcionarios de la fiscalía comprueban toda la información facilitada por los sospechosos, encausados o condenados, así como sus abogados defensores u otras fuentes, sobre actos cometidos por los funcionarios penitenciarios que sean ilícitos y equiparables por el Comité a la tortura o los tratos o penas crueles y degradantes.
De confirmarse la conducta improcedente, el abuso de poder o el uso ilícito de la fuerza física se incoa la correspondiente causa penal y se establece la responsabilidad penal de los responsables. Sin embargo, el número relativamente reducido de causas penales de esta clase en las que el tribunal ha dictado un fallo condenatorio permite afirmar que las violaciones de la Convención no son frecuentes en los centros de prisión preventiva ni en los establecimientos penitenciarios.
El personal facultado de la fiscalía realiza controles del cumplimiento de la legislación en los centros de prisión preventiva al menos una vez al año y en las instituciones penitenciarias, al menos una vez al trimestre.
En 2006 los organismos de la Fiscalía de la Federación examinaron 41.096 denuncias de los detenidos, condenados y sus representantes sobre el respeto a la legalidad en las instituciones y los órganos del sistema de instituciones penitenciarias, mientras que en 2005, 37.744 denuncias. De estas denuncias, en 2006 se consideraron fundamentadas 2.224 (el 5,4%), y en 2005, 2.370 (el 6,3%).
Entre el total de las comunicaciones recibidas en 2006, se examinaron 3.936 denuncias de medidas ilícitas de presión contra los detenidos y condenados por parte de los trabajadores del sistema de instituciones penitenciarias, de las cuales 91 (el 2,3%) se consideraron fundamentadas. En 2005 se tramitaron 5.167 denuncias análogas, entre las cuales se consideraron fundamentadas 102 (el 2%).
Según las propuestas de los fiscales presentadas a consecuencia de los controles y las comprobaciones de denuncias concretas, en 2006 fueron objeto de sanciones disciplinarias 2.110 funcionarios del sistema de instituciones penitenciarias (entre ellos, 105 fueron despedidos). En el mismo período fueron condenados 109 funcionarios de ese sistema por delitos relacionados con el cargo. En 2005 fueron objeto de sanciones disciplinarias 4.850 funcionarios de las instituciones del sistema penitenciario (entre ellos, 72 fueron despedidos), y 71 fueron condenados por delitos relacionados con el cargo.
La detención administrativa puede imponerse excepcionalmente cuando por las circunstancias del caso y la personalidad del infractor se consideren insuficientes otras sanciones administrativas previstas en el artículo correspondiente.
Las personas que han cometido infracciones administrativas no pueden ser aisladas de la sociedad en una cárcel o en colonias de trabajo o correccionales.
Los criterios para imponer la detención administrativa se enumeran en artículos concretos de la parte especial del Código de Infracciones Administrativas. El juez puede ordenar la detención administrativa (artículo 3.9 del Código). La razón de ser jurídica de ésta es mantener al infractor aislado de la sociedad en instituciones concebidas con tal fin. Entre ellas se cuentan las instalaciones especiales de los órganos del Ministerio del Interior para las personas sometidas a detención administrativa. El régimen de detención es uno de los medios para el logro de los fines de esta sanción administrativa, pues permite la custodia y vigilancia constantes del detenido para impedir que cometa otros delitos.
La detención administrativa no puede imponerse a las mujeres embarazadas, las madres de niños menores de 14 años, las personas menores de 18 años o los discapacitados de las categorías I y II. Estas excepciones obedecen a consideraciones de carácter humanitario.
No se permite el aislamiento de la sociedad en cárceles, colonias penitenciarias ni correccionales de las personas que hayan cometido infracciones administrativas.
Por lo que respecta a las garantías de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención en las operaciones antiterroristas, con arreglo al artículo 1 de la Ley federal de lucha contra el terrorismo, de 6 de marzo de 2006, la base jurídica de la lucha antiterrorista reside en la Constitución, en los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, en los tratados internacionales suscritos por la Federación de Rusia, en la Ley federal de lucha antiterrorista y en otras leyes federales, en las disposiciones normativas del Presidente y del Gobierno de la Federación de Rusia y otros instrumentos normativos de los órganos federales de poder estatal que son consonantes con éstos. Por consiguiente, la ley invoca directamente las obligaciones internacionales pertinentes contraídas por la Federación de Rusia.
Párrafo 10
La legislación de la Federación Rusia prevé la responsabilidad penal por los delitos de violación del régimen establecido de las relaciones entre miembros de las fuerzas armadas. En este grupo de delitos está el abuso de autoridad por los comandantes (jefes) (artículo 286 del Código Penal), resistencia al comandante o coacción para que viole las obligaciones del servicio militar (art. 333), actos de violencia contra un jefe (art. 334), violación del régimen de las relaciones entre miembros del mismo rango de las fuerzas armadas (art. 335) e insultos a los miembros de las fuerzas armadas (art. 336).
El Código Penal prevé penas bastante severas. Por ejemplo, por violación del régimen de las relaciones entre miembros de las fuerzas armadas del mismo rango (art. 335) pueden imponerse penas de hasta dos años de asignación a guarniciones disciplinarias o de hasta tres años de privación de libertad cuando se trate de ultrajes al honor y la dignidad o insultos y agresión física. Cuando estos mismos actos se cometan contra dos o más personas, o un grupo de personas, con uso de armas o causen perjuicios a la salud de grado medio se impondrán penas de privación de libertad de hasta cinco años. Si estos actos conllevan consecuencias graves, las penas podrán ser de hasta diez años.
La labor de mantenimiento del orden y de la disciplina militar en las fuerzas armadas de la Federación de Rusia se lleva a cabo en el marco de los planes anuales integrales del Ministerio de Defensa de la Federación para mantener el orden, mejorar el servicio del ejército y garantizar la seguridad del servicio militar en las fuerzas armadas, así como los planes de trabajo conjunto del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General Militar.
En 2006 y el primer semestre de 2007 los problemas del orden público (en particular, la delincuencia entre los oficiales) y de la disciplina militar se examinaron en la segunda Conferencia de oficiales de todos los ejércitos, en la reunión del Colegio del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, en el encuentro de los altos mandos de las fuerzas armadas, durante el examen de resultados de la labor de los órganos centrales del mando militar, en las reuniones militares de las diversas armas del ejército, los distritos militares (flotas) y los tipos de tropas de las fuerzas armadas, así como en las reuniones y ejercicios militares con diversas categorías de funcionarios del mando militar.
Se ha elaborado y se está llevando a cabo una modificación de la base normativa y jurídica en la parte del reglamento de la organización y la organización del fortalecimiento de orden jurídico y la disciplina militar, así como de la prevención de las infracciones en las fuerzas armadas de la Federación de Rusia.
El mando de las fuerzas armadas ha adoptado las decisiones de organización correspondientes para el paso gradual de varias unidades y formaciones militares al reclutamiento de tipo contractual. Además, se ha solucionado en la legislación la cuestión de la reducción del plazo del servicio militar de los quintos a 12 meses, lo cual debe beneficiar el fortalecimiento de la disciplina militar y del orden público.
En junio de 2007 se elaboraron y se enviaron a las fuerzas armadas unas recomendaciones metodológicas sobre la organización del trabajo educativo relacionado con la reducción gradual en 2007-2008 del servicio militar a 12 meses, en que se expone detalladamente el algoritmo de las actividades prácticas de los funcionarios destinadas a mantener la moral y el estado psicológico sano del personal y, ante todo, durante los períodos en que se prevé la posibilidad del aumento de la tensión en los colectivos militares.
El Ministerio de Defensa, en cooperación con otras instituciones, lleva a cabo una serie de medidas de lucha contra las manifestaciones de relaciones entre el personal militar contrarias al reglamento (la llamada dedovshchina).
El Ministro de Defensa y el Comisionado de Derechos Humanos en la Federación de Rusia firmaron el 21 de junio de 2005 un Memorando de cooperación para lograr la garantía de la protección estatal de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Se ha logrado una estrecha cooperación y una colaboración constructiva entre el Ministerio de Defensa y la Cámara Social de la Federación de Rusia.
Se ha organizado una intensa labor del Consejo Social adscrito al Ministerio de Defensa (sobre la base de la Orden del Ministro de Defensa Nº 490 acerca de la creación del Consejo Social dependiente del Ministerio de Defensa). Los días 18 y 19 de junio de 2007 se celebró una reunión del Consejo Social en el Distrito Militar del Cáucaso septentrional sobre los problemas mencionados.
En enero de 2007, en cumplimiento de las indicaciones del Ministro de Defensa, en las unidades militares y las comisarías militares de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia se formaron comités de padres para prestar ayuda a los mandos en el fortalecimiento de la disciplina militar y del orden público, la prevención de las infracciones entre el personal, la cohesión de los colectivos militares y la garantía de las condiciones de seguridad del servicio militar.
Del 21 al 23 de mayo de 2007 se celebró la primera Reunión de sargentos y brigadas de las fuerzas armadas de toda la Federación, en que se examinaron las cuestiones del fortalecimiento de la disciplina militar y del orden público y la lucha contra las manifestaciones violentas en los colectivos militares. Se han elevado los requisitos profesionales para los candidatos a sargento y se ha decidido reemplazar a partir de 2009 a los comandantes de rango inferior con militares contratados.
El problema de la prevención de los delitos violentos en el ejército y de las relaciones entre los militares contrarios al reglamento se resuelven junto con la cuestión del aumento del prestigio del servicio militar, de la importancia y la función de la labor educativa con los militares y del fortalecimiento de las subdivisiones primarias del ejército con el cuerpo de oficiales:
-La Duma Estatal de la Asamblea Federal tiene ante sí más de 30 proyectos de ley relacionados directa o indirectamente con los problemas del procedimiento de prestación del servicio militar y el perfeccionamiento del sistema de las prestaciones y garantías sociales de los militares;
-Se aplican medidas (establecidas por la resolución del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, de 20 de junio de 2006) para estabilizar el cuadro de oficiales, elevar el estatuto y la función de los oficiales de compañía e introducir normas jurídicas que determinen los nuevos tipos de pagos adicionales a los militares que prestan servicio sobre la base de un contrato.
Se ha puesto en marcha un trabajo constructivo de los órganos de la fiscalía militar para la lucha contra ese tipo de delitos. Así pues, en 2005 y 2006 los problemas del aumento de la eficacia de la utilización de los medios de vigilancia de la justicia penal para garantizar la protección de la vida y la salud de las fuerzas armadas se examinaron en repetidas ocasiones en los colegios de la Fiscalía General Militar, en las reuniones de coordinación de los jefes de los órganos de defensa de los derechos en las fuerzas armadas y otras armas y formaciones militares con la participación de representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación de Rusia, los altos funcionarios de los ministerios y de los departamentos que, según la legislación, tienen competencias en el servicio militar. Con este fin se ha creado y está funcionando (con viajes de trabajo periódicos a los lugares de estacionamiento de las fuerzas armadas) un grupo de trabajo interinstitucional de lucha contra las manifestaciones contrarias al reglamento, la violencia física y otros delitos violentos, que dirige S. N. Fridinsky, Fiscal General adjunto de la Federación de Rusia y Fiscal General Militar. En los distritos militares se han formado grupos análogos. En 2006 se hizo el análisis pertinente y se prestó asistencia práctica a los órganos de la jefatura militar de varios mandos, distritos militares y flotas para prevenir las infracciones violentas en las relaciones interpersonales de los militares.
Junto con los representantes de los mandos militares y las organizaciones públicas se llevan a cabo medidas de vigilancia y prevención, cuyos resultados sirven para enviar a los mandos competentes propuestas concretas para fortalecer la disciplina militar, se editan documentos de información y análisis y se adoptan decisiones de organización administrativa para prevenir y erradicar las infracciones contrarias al reglamento.
Para garantizar el derecho de los militares de acceder de forma rápida a la justicia, en cada unidad y destacamento militares existe información sobre la dirección y los números de teléfono de los órganos de la fiscalía militar, de los tribunales militares, de los mandos superiores y de los órganos del poder ejecutivo. Los números de contacto de los "teléfonos de la confianza" de los órganos de la fiscalía militar aparecen también en los medios de comunicación.
Los fiscales militares colaboran estrechamente con las organizaciones públicas que representan los intereses de los padres de los militares. Oficiales de las fiscalías militares reciben a los militares y a sus familiares en la sala de recepción pública del Consejo de Coordinación de la Unión de comités de madres de soldados de Rusia, con sede en Moscú.
La Fiscalía General Militar ha organizado la cooperación con el Comisionado de Derechos Humanos en la Federación de Rusia y los comisionados de derechos humanos en las entidades constitutivas de la Federación, que consiste en el intercambio de información sobre la situación de la legalidad en las unidades militares y la aplicación de medidas conjuntas para vigilar el cumplimiento de los derechos y de las libertades en el ejército.
Se ha organizado una labor de formación en derechos y de prevención del Ministerio de Defensa, la Fiscalía General Militar y el Colegio militar del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia en las unidades y destacamentos militares con un nivel de orden y disciplina militar poco elevados con la participación de oyentes (cadetes) de los últimos cursos de las instituciones docentes militares del Ministerio de Defensa, así como cursos de capacitación para aumentar los conocimientos jurídicos, consultas jurídicas, detección de necesidades y demandas, y garantía de los derechos y las libertades constitucionales de los militares y sus familias. Se examinan las cuestiones relacionadas con la aplicación de la legislación de la Federación de Rusia por los mandos militares, y el control de la situación de los militares condenados en causas penales no privativas de libertad. A escala de distrito y de guarnición se organizan sistemáticamente medidas análogas (de acuerdo con los planes).
Desde el 1º de enero de 2007 entró en vigor la Ley federal Nº 199-FZ del procedimiento judicial sobre las infracciones disciplinarias graves que acarrean arresto disciplinario de los militares y del cumplimiento del arresto disciplinario, que aumenta considerablemente las posibilidades que tienen los comandantes (jefes) de mantener el régimen establecido en las unidades y subdivisiones que están a su mando.
Hay una búsqueda continua de nuevas formas de trabajo con el fin de elevar el nivel de la cultura jurídica de los militares y del personal civil de las fuerzas armadas y realizar los derechos y los intereses legítimos de los militares y del personal civil del ejército, de los ciudadanos licenciados del ejército y de sus familias.
Con este objetivo se organizan una vez durante el ciclo lectivo la celebración de la Semana de Conocimientos Jurídicos (con la dirección y la participación personal de los comandantes (jefes); días trimestrales de trabajo de los mandos en las unidades (fuerzas) más problemáticas; encuestas trimestrales de comprobación de los conocimientos de los militares sobre temas jurídicos; resumen de los resultados en las (unidades) fuerzas que están al mando con la participación de representantes de las fiscalías militares y los tribunales militares; clases metodológicas y de instrucción con las personas encargadas en la investigación de las unidades militares; al menos una vez al mes, en las viviendas de los oficiales de las guarniciones y en el territorio de las unidades militares (que no se encuentran en centros urbanos), consultas para militares, el personal civil de las fuerzas armadas, las personas licenciadas del servicio militar y sus familiares, etc. En los gabinetes de conocimientos jurídicos es obligatorio tener materiales de información sobre las formas de denunciar los actos ilícitos de los comandantes (jefes) y otros funcionarios y las bases jurídicas de la defensa del honor y de la dignidad personal de los militares.
Hasta el momento no se ha conseguido modificar radicalmente la situación insatisfactoria en lo que respecta a las relaciones contrarias al reglamento. A pesar de las medidas adoptadas, el número de militares procesados, en particular oficiales, por esos delitos sigue siendo elevado. No obstante, durante 2005-2007 se ha observado una tendencia a la disminución del número de delitos contra el régimen establecido de las relaciones, del número de víctimas de esos delitos y de casos de daños graves a la salud de los militares y de su fallecimiento.
A consecuencia de las medidas adoptadas por la fiscalía militar junto con los mandos de las fuerzas armadas en 2006 el número de delitos contra el régimen establecido de las relaciones y la violencia descendió en un 3,9 y un 8,9%, respectivamente.
En el año en curso de 2007 ha disminuido considerablemente el número de delitos registrados contra el reglamento, entre los cuales, los delitos contrarios al reglamento descendieron en un 28,1%, y los de violencia, en un 41,7%.
En la mayor parte de los casos las causas de dicha categoría han sido investigadas por los órganos de instrucción preliminar y vistos por los tribunales en los plazos previstos por la legislación.
Al examinar las causas penales de dicha categoría los tribunales militares prestan atención a la detección de los factores que generan la delincuencia y que determinan de una u otra forma la comisión de los delitos analizados, e informan de ello a los funcionarios militares competentes.
En los órganos de la fiscalía militar no existen datos estadísticos que atestigüen la condena de "miles de oficiales acusados de esos delitos" que hayan quedado impunes.
Resulta dudosa la afirmación del Comité sobre la ausencia de un sistema de protección de los militares que han sido víctimas de la violencia por parte de sus compañeros.
En cumplimiento de la Ley federal Nº 119-FZ, de 20 de agosto de 2004, sobre la protección estatal de las víctimas, los testigos y otros participantes en los procesos penales, los órganos de la fiscalía militar, junto con los mandos, utilizan ampliamente y con eficacia medidas prácticas para garantizar la seguridad de los militares (víctimas, testigos y otros participantes en los procesos penales), en particular la adscripción a otra unidad o dependencia militar. Además, se adoptan medidas de prestación de asistencia médica y psicológica oportuna a las víctimas en las instituciones médicas militares.
El Tribunal Supremo de la Federación de Rusia examinó las condenas de los militares en el período de 2002 a 2006 por los delitos contra las relaciones establecidas entre los miembros de las fuerzas armadas y preparó notas de información y análisis que se transmitieron al Ministro de Defensa, el Comandante en Jefe de las fuerzas del Ministerio del Interior de Rusia y al Primer adjunto del Director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación, que es el Jefe del Servicio de Fronteras.
En esos documentos se refleja la situación, la dinámica, la estructura y el carácter de las condenas de los militares por los delitos contra el régimen establecido de relaciones, sus causas principales y las condiciones que contribuyeron a su comisión y las medidas para evitar y prevenir esos delitos.
El análisis de las tendencias y las pautas de esas condenas, de sus causas y las condiciones que contribuyeron a su comisión atestiguan la posibilidad de aumentar la eficacia de la labor para impedir y prevenir dichos delitos. Con la utilización de un planteamiento integrado de la lucha contra esos fenómenos negativos parece factible en el futuro crear en cada colectivo militar unas relaciones conformes al reglamento y disminuir considerablemente los incidentes de violencia entre los miembros de las fuerzas armadas. A consecuencia de ello, en los próximos años resultará posible disminuir la incidencia de las condenas de los militares por delitos de esa índole.
Párrafo 12
Atendiendo a numerosas recomendaciones de las organizaciones internacionales, las autoridades de Rusia adoptaron la decisión de reformar el sistema de la Fiscalía General para garantizar su independencia e imparcialidad.
De acuerdo con la Ley federal Nº 87-FZ, de 5 de junio de 2007, de modificación del Código de Procedimiento Penal y la Ley federal de la Fiscalía de la Federación de Rusia, que entró en vigor el 7 de septiembre de 2007, está previsto reformar los órganos de la Fiscalía de la Federación mediante la división de las competencias de investigación de las causas penales y la vigilancia en el ámbito de la administración de la justicia penal.
Dicha ley federal prevé la creación de un comité de investigación adscrito a la Fiscalía de la Federación, integrado por la Dirección Principal de Investigación del Comité, las direcciones de investigación del Comité para las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y las direcciones especializadas de investigación, equiparadas a las anteriores, del Comité, en particular sus direcciones militares de investigación, así como las secciones de investigación del Comité para las regiones, las ciudades y las secciones especializadas de investigación, equiparadas a las anteriores, del Comité de Investigación, en particular sus secciones militares de investigación.
El 2 de agosto de 2007 el Presidente de Rusia V. V. Putin firmó el Decreto sobre las competencias del Comité de Investigación adscrito a la Fiscalía de la Federación de Rusia, relativo a la creación del Comité de Investigación.
Dicho Comité se equipara por su condición a la Fiscalía General. El Presidente del Comité de Investigación es al mismo tiempo el adjunto del Fiscal General, pero en realidad tiene un cargo del mismo nivel: es nombrado de la misma forma que el Fiscal General por el Consejo de la Federación a propuesta del Presidente. Actualmente se están llevando a cabo las medidas de carácter organizativo necesarias para la creación y el funcionamiento de dicho Comité y sus subdivisiones.
Párrafo 16
Al examinar las cuestiones de extradición, la Fiscalía General de la Federación de Rusia presta especial atención a las seguridades de que las personas cuya entrega ha sido solicitada por los órganos de orden público de Estados extranjeros para un proceso penal o para el cumplimiento de una pena no sean sometidas a torturas ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los actos normativos vigentes no prevén el recuento del número de seguridades recibidas sobre la no utilización de la tortura.
Al evaluar el riesgo de aplicación de torturas a las personas que van a ser extraditadas se tienen en cuenta la legislación de la parte solicitante, la información recibida sobre esta cuestión del detenido o de sus abogados y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como se toma en consideración la participación de la parte solicitante en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se exigen a la parte solicitante seguridades sobre la no utilización de torturas ni de la pena de muerte en relación con la persona que se va a extraditar, que se transmiten a los jefes de los órganos competentes en cada caso concreto cuando existe información sobre el riesgo de su utilización. La decisión sobre la extradición no se adopta antes de haber recibido esas seguridades.
De acuerdo con el artículo 463 del Código de Procedimiento Penal, se puede recurrir ante un tribunal la decisión sobre la extradición. La extradición no se efectúa hasta que se haya tramitado el recurso.
Después de la extradición se solicitan obligatoriamente los resultados del procedimiento penal y el cumplimiento de las seguridades dadas.
Además, al adoptar la decisión sobre la extradición, la Fiscalía General tiene en cuenta el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que establece que ningún Estado parte procederá a la extradición a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Párrafo 22
En cuanto al asesinato de A. S. Politkovskaya, la fiscalía de Moscú ha incoado una causa penal según los indicios de delito previstos en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 105 del Código Penal (asesinato relacionado con las actividades profesionales de la persona).
La Fiscalía General, en el curso de la investigación de la causa penal sobre el asesinato de A. S. Politkovskaya, actualmente está examinando varias versiones, en particular la versión sobre la comisión del asesinato en relación con las actividades profesionales de la periodista, teniendo en cuenta sus publicaciones sobre la situación en el Cáucaso septentrional.
Para verificar las suposiciones expuestas por la periodista en su último artículo de prensa titulado "Te nombramos terrorista" acerca de los actos ilícitos de los miembros del Ministerio del Interior de la República de Chechenia de la Federación de Rusia, la Fiscalía de la República de Chechenia inició el 13 de diciembre de 2006 una causa penal contra esos trabajadores según los indicios de delito previstos en el artículo correspondiente del Código Penal de la Federación de Rusia (abuso de autoridad).
La Fiscalía General de la Federación de Rusia está controlando la investigación de la causa penal relativa al asesinato de A. S. Politkovskaya.
El 18 de abril de 2006 entró en vigor la Ley federal Nº 18-FZ, de 10 de enero de 2006, de enmiendas de determinados actos legislativos de la Federación de Rusia mediante la cual se incorporaron modificaciones, en particular en las leyes federales de organizaciones no lucrativas (en adelante, la Ley) y de asociaciones voluntarias.
El Servicio Federal de Registro, adscrito al Ministerio de Justicia de Rusia, mediante dicha Ley, así como el Decreto del Presidente de la Federación Nº 450, de 2 de mayo de 2006, sobre la incorporación de modificaciones en el Decreto del Presidente de la Federación de Rusia Nº 1315, de 13 de octubre de 2004, relativo al Servicio Federal de Registro y en la disposición aprobada por dicho decreto, se ha dotado de funciones en el ámbito del registro estatal de las organizaciones no lucrativas, incluidas las filiales de las organizaciones no gubernamentales (ONG) no lucrativas extranjeras, para incorporar las filiales y las representaciones de esas organizaciones en el registro de filiales y representaciones de organizaciones internacionales y ONG no lucrativas extranjeras.
El Servicio Federal de Registro y sus organismos territoriales también tienen competencias para controlar la adecuación de las actividades de las organizaciones no comerciales, en particular las filiales de las organizaciones internacionales y las ONG no lucrativas extranjeras a los objetivos y propósitos que figuran en sus estatutos, la adecuación de las actividades de las filiales y las representaciones de las organizaciones internacionales y las ONG no lucrativas extranjeras a los objetivos y propósitos declarados, así como el cumplimiento por estas entidades de la legislación de la Federación de Rusia. Por medio de la Ley federal Nº 18-FZ, de 10 de enero de 2006, se han incorporado, en particular, modificaciones en la Ley y la Ley federal de asociaciones voluntarias, según las cuales:
-Las ONG no lucrativas están obligadas a presentar al Servicio (su organismo territorial) los documentos que contienen el informe de sus actividades, el personal que integra los órganos directivos, así como los documentos sobre los fondos empleados y la utilización de otros bienes, en particular los recibidos de las organizaciones internacionales y extranjeras, ciudadanos extranjeros y apátridas;
-Las divisiones de las ONG no lucrativas extranjeras informan al Servicio (su organismo territorial) del monto de los fondos recibidos y otros bienes, la forma prevista de distribuirlos, los fines de su asignación y utilización y su empleo y gasto en la práctica, de los programas que tienen previsto ejecutar en el territorio de la Federación, así como del gasto de los fondos aportados por personas físicas y jurídicas y de la utilización de otros bienes suministrados;
-Las asociaciones voluntarias están obligadas a informar al Servicio (su organismo territorial) del monto de los fondos recibidos de las organizaciones internacionales y extranjeras, de los ciudadanos extranjeros y de los apátridas y de otros bienes, de los fines de su asignación o utilización y su gasto o empleo en la práctica.
La forma y los plazos de presentación de la mencionada información (informes), así como la forma de las solicitudes para el registro estatal de las organizaciones no lucrativas, están establecidos mediante la disposición Nº 212 del Gobierno de la Federación de Rusia relativa a las medidas para la puesta en práctica de determinadas disposiciones de las leyes federales que reglamentan las actividades de las organizaciones no lucrativas, de 15 de abril de 2006. Cabe observar que muchas de las casillas incluidas en los formularios de solicitudes e informes (adiciones 1 a 5 de dicha disposición) llevan notas donde se explica, entre otras cosas, la forma de cumplimentarlas.
Cabe observar también que en los apartados 9.1 y 6 de la disposición sobre el Servicio Federal del Registro, corresponde al Servicio aprobar, de acuerdo con el Servicio Federal de Impuestos, recomendaciones metodológicas para cumplimentar los formularios de los documentos que se presentan al Servicio y a sus organismos territoriales en los casos y según los procedimientos establecidos por la legislación de la Federación.
Al mismo tiempo, en los artículos 13.1 y 23.1, la Ley establece listas exhaustivas de los documentos que han de presentar las organizaciones no lucrativas al registro estatal y las bases para el rechazo de su inscripción en el registro, mientras que el mecanismo para controlar las actividades de las organizaciones no lucrativas se expone claramente en el artículo 32 de la Ley.
El plazo para adoptar una decisión sobre el registro estatal de una organización no lucrativa de acuerdo con la Ley es de 14 días laborables.
El rechazo de inscribir en el registro de una organización no lucrativa se puede recurrir en un órgano superior o un tribunal sobre la base del artículo 23.1 de la Ley. Además, una advertencia formulada por el Servicio Federal de Registro o sus subdivisiones territoriales a una organización no lucrativa acerca de la detección de infracciones de la legislación de la Federación de Rusia o la comisión por la organización de actos que contradicen los objetivos previstos en su estatuto, también puede recurrirse en un órgano superior o un tribunal. Una norma análoga se establece con respecto a las advertencias formuladas al jefe de la subdivisión correspondiente del registro estatal de ONG no lucrativas extranjeras en caso de la detección de infracciones de la legislación de la Federación de Rusia o la comisión por la organización de actos que contradicen los objetivos previstos en su estatuto.
El Ministerio de Justicia de Rusia emitió sobre la base de la Ley una serie de actos necesarios para su aplicación, en particular las órdenes siguientes:
-Nº 115, de 17 de abril de 2006, sobre la aprobación de las formas de comunicar la creación en el territorio de la Federación de Rusia de una subdivisión o representación de una organización internacional, una ONG no lucrativa extranjera, la forma de comunicar un cambio en los datos contenidos en la comunicación sobre la creación en el territorio de la Federación de Rusia de una subdivisión o representación de una organización internacional, una ONG no lucrativa extranjera o de los documentos adjuntos y el extracto del registro de subdivisiones y representaciones de organizaciones internacionales y ONG no lucrativas;
-Nº 222, de 22 de junio de 2006, sobre la aprobación del procedimiento de verificación de la adecuación de las actividades de una organización no lucrativa, en particular en lo que respecta al gasto de los fondos y la utilización de otros bienes, a los objetivos previstos en sus documentos fundacionales (objetivos estatutarios).
Además, el Ministerio de Justicia aprobó lo siguiente:
-Orden Nº 872, de 19 de diciembre de 2006: Reglamento administrativo para el cumplimiento por el Servicio Federal de Registro de la función estatal de adopción, según el procedimiento establecido en la legislación de la Federación de Rusia, de una decisión sobre el registro estatal de organizaciones no lucrativas, en particular las subdivisiones de organizaciones internacionales y ONG no lucrativas extranjeras, asociaciones públicas, partidos políticos, cámaras de comercio e industria y otras personas jurídicas;
-Orden Nº 380, de 25 de diciembre de 2006: Reglamento administrativo de cumplimiento por el Servicio Federal de Registro de la función estatal de verificación, según los procedimientos establecidos, de las cuestiones que forman parte de las competencias del Servicio y la aplicación de medidas según los resultados obtenidos, previstas en la legislación de la Federación de Rusia.
Dichos reglamentos administrativos se han creado con el fin de mejorar la calidad del cumplimiento y el acceso a los resultados del cumplimiento por el Servicio Federal de Registro y sus órganos territoriales de las funciones estatales de adopción de decisiones sobre el registro estatal de las organizaciones no lucrativas, y de la realización, según el procedimiento establecido, de verificaciones (en particular, de las organizaciones no lucrativas). Además, determinan los plazos y la secuencia de los actos al realizar las funciones estatales correspondientes, la forma de verificación y el recurso contra los actos del Servicio y de sus órganos territoriales.
El Reglamento administrativo del cumplimiento por parte del Servicio Federal de Registro de la función de adopción de decisiones, según los procedimientos establecidos en la legislación de la Federación, acerca del registro estatal de las organizaciones no lucrativas, en particular las subdivisiones de las organizaciones internacionales y de las ONG no lucrativas extranjeras, las asociaciones públicas, los partidos políticos, las cámaras de comercio y de industria y otras personas jurídicas, establece también el procedimiento de recurso ante un órgano superior contra el rechazo del registro estatal de una organización no lucrativa y de la adopción de decisiones respecto de tales denuncias por un órgano superior: el Ministerio de Justicia, en lo que respecta a las decisiones adoptadas por el Servicio Federal de Registro, y el Servicio Federal de Registro, respecto de las decisiones adoptadas por sus órganos territoriales.
El Servicio aplicó una serie de medidas para poner en práctica el nuevo procedimiento de registro. Desde el 18 de abril de 2006 toda la información necesaria fue colocada en el sitio web del Servicio. Se organizó la recepción de documentos de las ONG no lucrativas extranjeras tanto por correo como en una entrevista personal con sus representantes. Se previó la posibilidad de hacer consultas sobre la forma de cumplimentar los documentos, así como de terminar de rellenar los documentos presentados sin que se adopte la decisión de rechazar su inscripción en el registro.
Para informar a los representantes de las ONG no lucrativas extranjeras sobre las características de los nuevos procedimientos de registro, se celebraron varias conferencias de prensa, seminarios y encuentros con los jefes de las misiones diplomáticas de Estados extranjeros y se difundieron en repetidas ocasiones comunicados de prensa sobre la organización de dicha labor.
Actualmente se han recibido 240 solicitudes de creación de filiales en el territorio de Rusia de 240 extranjeras (entre las 500 que trabajan en el país). De este número, 212 ONG no lucrativas se incluyeron en el registro y 11 solicitudes están examinándose. Se ha rechazado la inclusión en el registro de 17 ONG no lucrativas extranjeras debido a que los documentos y datos presentados, previstos por la legislación, estaban incompletos, o a causa de los defectos en la presentación de los documentos. Por regla general, estas negativas se referían a las ONG cuyos fundadores no completaron los documentos presentados teniendo en cuenta las observaciones del Servicio y exigieron un dictamen oficial sobre la negativa de incluirlas en el registro. Todas las observaciones indicadas en la negativa se pueden subsanar, y los documentos se pueden presentar al Servicio en un número ilimitado de veces.
Párrafo 23
La defensa de los derechos y las libertades humanos y la lucha contra las diversas manifestaciones extremistas, en particular la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, constituyen una de las prioridades de las actividades de los órganos del Ministerio del Interior y de la fiscalía.
En cumplimiento de la Orden del Fiscal General de la Federación de Rusia Nº 13, de 17 de mayo de 2004, relativa al aumento de la eficacia de la vigilancia por la fiscalía de la aplicación de la legislación sobre la lucha contra las actividades extremistas, los órganos de la fiscalía llevan a cabo trabajos de prevención, detección, advertencia y suspensión de las actividades extremistas de las asociaciones sociales y religiosas, los medios de comunicación y las personas físicas.
Además, de acuerdo con la Orden del Fiscal General de la Federación de Rusia Nº 70, de 3 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de presentación a los órganos de la fiscalía de partes especiales sobre incidentes y delitos extraordinarios, así como de otra información obligatoria, los fiscales de las entidades constitutivas de la Federación deben comunicar inmediatamente a la Fiscalía General los delitos contra el régimen constitucional y la seguridad del Estado, en particular los delitos previstos en el artículo 282 del Código Penal (incitación al odio o la enemistad, así como menoscabo de la dignidad humana), además de los incidentes extraordinarios ocurridos por motivos de enemistad u odio nacional.
La Fiscalía General de la Federación de Rusia analiza dos veces al año la situación de la aplicación de la legislación sobre la lucha contra las actividades extremistas y de la vigilancia de la fiscalía en ese ámbito.
Todas las denuncias de las embajadas sobre los incidentes de agresiones contra ciudadanos extranjeros son objeto de una comprobación exhaustiva, cuyos resultados se transmiten al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los denunciantes.
En la labor de vigilancia de los órganos de la Fiscalía de la Federación desempeña un papel importante la cooperación establecida con el Comisionado de Derechos Humanos en la Federación de Rusia, cuyas disposiciones principales figuran en el Acuerdo entre el Comisionado de Derechos Humanos en la Federación de Rusia y el Fiscal General de la Federación de Rusia sobre cooperación en cuestiones de defensa de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano, de 3 de mayo de 2007.
El análisis de la situación operativa en el ámbito de la propagación de los delitos extremistas en el territorio de la Federación permite sacar la conclusión acerca de dos tendencias peligrosas: por una parte, ha aumentado la frecuencia de los delitos por parte de las estructuras nacionalistas, y por otra, se ha intensificado la amplia difusión de las ideas extremistas con base religiosa.
Es motivo de especial preocupación el aumento de los incidentes de violencia física por parte de miembros del grupos extremistas contra estudiantes extranjeros procedentes de países de Asia sudoriental, Oriente Medio y África, que cursan estudios en instituciones de enseñanza superior de Rusia.
Teniendo en cuenta la situación operativa que se está creando, el Ministerio del Interior de Rusia adopta un conjunto de medidas adicionales para luchar contra la radicalización de la juventud rusa y los intentos de inspirar manifestaciones extremistas y otras manifestaciones inconstitucionales entre los jóvenes.
Por ejemplo, en el marco del sistema estatal de prevención de la delincuencia, el Ministerio del Interior de Rusia ha elaborado y aplica un plan integral de medidas para aumentar la eficacia de las actividades de los órganos de interior en cuanto a detección y suspensión de las manifestaciones extremistas durante 2006-2007, y se ha creado una base de datos de las organizaciones extremistas, incluidas las juveniles.
En cumplimiento de la Orden del Ministerio del Interior Nº 19, de 17 de enero de 2006, relativa a las actividades de los órganos del Ministerio del Interior para la prevención de los delitos, en los Ministerios, las Direcciones Generales y los Departamentos de Interior de las entidades constitutivas del país se han creado consejos de coordinación metodológica de prevención de la delincuencia.
Se está llevando a cabo una labor centrada en la detección de los líderes y los miembros activos de las asociaciones juveniles no oficiales de carácter extremista. Cuando se recibe información sobre su intención de viajar a otras regiones del país para cometer actos ilícitos, se aplican las medidas operativas y preventivas necesarias para impedir esos delitos y se informa oportunamente a los órganos de interior del lugar de destino previsto y a los órganos de interior del transporte sobre su itinerario.
Para prevenir y poner fin a los delitos dirigidos a los ciudadanos que cursan estudios en las instituciones docentes de la Federación de Rusia, se ha organizado una labor planificada y acordada con los órganos territoriales del Servicio Federal de Seguridad para garantizar la seguridad personal y material de los ciudadanos extranjeros que son alumnos de doctorado, médicos internos residentes, estudiantes de instituciones de enseñanza superior y otras instituciones docentes de la Federación de Rusia, incorporar a esa actividad las asociaciones públicas interesadas en la defensa del orden público (grupos de estudiantes, cosacos), tomar medidas adicionales para proteger las residencias de estudiantes y los lugares con gran densidad de estudiantes extranjeros y dotar esos edificios y locales y el territorio adyacente de medios de videocontrol.
En los lugares de reunión de las asociaciones juveniles no oficiales de carácter extremista se colocan puestos adicionales de defensa del orden público.
Se está prestando gran atención a la lucha contra el nacionalismo, el racismo y el extremismo religioso por medio de la información y a la intensificación de la cooperación de los órganos de interior con las asociaciones religiosas.
En los medios de comunicación se está mejorando la labor de promoción de un modo de vida conforme con la ley. Durante el último año en las diversas regiones del país se han realizado más de 170.000 publicaciones y emisiones de radio y televisión sobre temas relacionados con el orden público.
Junto con representantes de las confesiones religiosas, las administraciones de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, las instituciones y los departamentos, entre los alumnos de las escuelas y otras instituciones docentes se lleva a cabo una labor explicativa dirigida a prevenir las infracciones del orden público realizadas en grupo, el gamberrismo y los actos de vandalismo por motivos de odio político, ideológico, racial, nacional o religioso.
Párrafo 24
No existen datos sobre la existencia de lugares de detención no oficiales en la República de Chechenia ni de presuntos casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos en esos lugares.
Sobre la base de la visita de la delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura a la República de Chechenia, del 4 al 10 de septiembre de 2006, sus representantes afirmaron en sus conclusiones que existían en la República lugares de detención no oficiales.
Con el fin de encontrar posibles lugares de detención de esa índole, la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en el Distrito Federal Meridional creó un grupo de trabajo que, en presencia de los jefes de las subdivisiones, examinó los lugares en que se encontraban la Segunda Oficina de Investigaciones Operacionales (ORB-2) de la Dirección General en el distrito de Grozny, así como cuatro secciones interregionales del ORB-2 en los poblados de Urus-Martan, Shali, Naurskaya y la ciudad de Gudermes.
Durante el examen no se detectaron casos de detención no oficial en los locales del ORB-2 y sus dependencias ni se encontraron lugares de posible detención.
Los funcionarios del Ministerio del Interior de la República de Chechenia realizaron verificaciones del emplazamiento temporal de las compañías del regimiento de patrulla y vigilancia de los servicios especiales de la policía Nº 2 en los poblados de Oysjara, del distrito de Gudermes, Tsotsin-Yurt, del distrito de Kurchaloev, Avtury, Shali, Nozhay-Yurt y Achjoy‑Martan.
Durante los controles se determinó que no existían habitaciones para la detención administrativa ni locales de detención preventiva en la base del regimiento Nº 2 A-J. Kadyrov ni en los puntos de emplazamiento provisional. En cumplimiento de las normas establecidas en las órdenes del Ministerio del Interior de Rusia, que reglamentan las actividades de las subdivisiones activas del servicio especial de policía, este tipo de locales no está previsto.
Los locales descritos en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura eran de servicio y no se utilizaban para la detención de personas.
El centro de detención preventiva de sospechosos y encausados del ORB-2 tiene la siguiente dirección: Grozny, Ave. Staropromyslovskoye Nº 12.
Este centro se creó en cumplimiento de la Orden del Ministerio del Interior de Rusia Nº 709, de 3 de noviembre de 2004, y forma parte del Grupo operativo provisional de los órganos y subdivisiones de interior del Ministerio del Interior de Rusia.
Dicha decisión se adoptó para armonizar con la legislación vigente los centros de detención en la República de Chechenia, así como eliminar la posibilidad de objeciones y declaraciones por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
El centro tiene 6 celdas con un máximo de 20 personas, y el número de detenidos medio en 2006 fue de 3,2 personas.
La plantilla del centro de detención preventiva (35 personas), incluido el personal contratado (practicante, técnico de desinfección, empleado de cocina), se cubre con funcionarios destacados por el Ministerio del Interior, la Dirección General de Interior y la Dirección de Interior de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia sobre la base de la contratación.
La dotación de plantilla del centro de detención preventiva incluye el puesto de médico, que, de acuerdo con las instrucciones de las funciones relacionadas con el puesto, efectúa el reconocimiento obligatorio de todas las personas que llegan al centro como sospechosas o encausadas, en el momento del ingreso en el centro y el envío a otro destino, con la consignación de los datos en los registros médicos. Además, en las rondas diarias de las celdas que se efectúan por las mañanas se hace un reconocimiento médico de los detenidos para detectar lesiones corporales y escuchar sus quejas sobre el estado de salud.
Desde el punto de vista organizativo, el centro es independiente del ORB-2 dedicado a la lucha contra la delincuencia organizada de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en el Distrito Federal Meridional. No obstante, teniendo en cuenta su emplazamiento conjunto, las actividades del centro de detención preventiva están dirigidas totalmente a cumplir los objetivos del ORB-2.
En 2006 fueron detenidas e internadas en centros del Grupo operativo provisional 126 personas sospechosas de haber cometido delitos graves y especialmente graves.
De acuerdo con los datos estadísticos, entre las personas detenidas en los centros predominan las que han sido arrestadas por haber cometido delitos contra las subdivisiones de las fuerzas federales, los trabajadores de los órganos de orden público, miembros del Gobierno, de la administración y habitantes locales, delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal de la Federación de Rusia: 105 (Asesinato), 205 (Terrorismo), 206 (Toma de rehenes), 208 (Organización de una formación armada ilícita o participación en ella), 209 (Bandolerismo) y 210 (Organización de una asociación delictiva).
La detención de los ciudadanos durante las actividades profesionales de los funcionarios del ORB-2 se lleva a cabo durante un plazo no superior a tres horas, establecido en el párrafo 1 del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, sobre las bases previstas en el artículo 91 de ese Código. A los detenidos se les explican los derechos previstos en el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal. Las personas arrestadas se transfieren al centro de detención preventiva, donde se las inscribe en el registro y se somete a un reconocimiento médico obligatorio.
No es conveniente mantener a los detenidos en los locales del ORB-2 una vez realizada la investigación correspondiente, ya que aumenta el riesgo de fuga y otros actos ilícitos.
Cuando se reciben denuncias de los detenidos sobre lesiones físicas recibidas de la policía, la Dirección General para los grupos operativos provisionales del Ministerio del Interior realiza comprobaciones inmediatas junto con la Fiscalía de la República de Chechenia.
La Fiscalía de la República de Chechenia verifica diariamente la legalidad de la detención de los sospechosos y acusados de los centros de detención preventiva en cumplimiento del párrafo 5.1 de la Orden Nº 39 del Fiscal General de la Federación de Rusia, de 5 de julio de 2002, relativa a la organización de la vigilancia por la fiscalía de la legalidad de las actuaciones penales en la etapa anterior al juicio.
De acuerdo con esta orden, los fiscales de las ciudades y distritos realizan controles análogos de los centros de detención preventiva en las ciudades y distritos de la República de Chechenia.
Toda comunicación sobre tratos crueles y utilización de métodos ilícitos de investigación e interrogatorio se consigna en el libro de registro que contiene información sobre los delitos. Los órganos de la fiscalía realizan esas comprobaciones según el procedimiento establecido en los artículos 144 y 145 del Código de Procedimiento Penal, cuyas conclusiones, una vez detectados indicios suficientes de delito, sirven de base para incoar causas penales.
En 2006 se recibieron 270 denuncias y comunicaciones sobre la utilización de métodos prohibidos de investigación e interrogatorio, según las cuales se incoaron 11 causas penales y se denegó el procesamiento penal en 259 casos.
En relación con las infracciones cometidas de las leyes y las órdenes departamentales que reglamentan la detención de sospechosos y encausados de haber cometido delitos en los centros de detención preventiva, el Ministro del Interior en la República de Chechenia y el Jefe del Grupo operativo provisional del Ministerio del Interior de Rusia reciben informes de la Fiscalía de la República sobre la eliminación de las infracciones, así como las causas y condiciones que contribuyen a la violación de la legislación y de las órdenes departamentales.
Durante la estancia de los sospechosos y encausados en los centros de detención preventiva los investigadores de la fiscalía trabajan con ellos con la participación de abogados. De esta forma se garantiza el respeto de los derechos de los sospechosos y encausados, previstos en el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.
En el caso de los detenidos que son sospechosos de haber cometido delitos, en particular de carácter terrorista, las actuaciones procesales se llevan a cabo en estricta conformidad con el Código de Procedimiento Penal de la Federación. Las personas sospechosas de la comisión de delitos de carácter terrorista gozan de todos los derechos y garantías establecidos para los sospechosos en el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia. No se dispone de datos sobre la difusión de la práctica de detención de familiares de las personas sospechosas de terrorismo.
Los órganos de la Fiscalía de la República de Chechenia no han recibido comunicaciones sobre la detención de personas por no haber cumplido los requisitos del registro según el lugar de resistencia. Al mismo tiempo, los órganos de orden público, de acuerdo con el Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, conducen a los órganos territoriales de interior a las personas que carecen de documentos de identidad o las personas cuyos documentos infunden sospechas, donde en el plazo de tres horas se establece la identidad de la persona y se comprueba la legitimidad de sus documentos, después de lo cual es puesta en libertad inmediatamente.
Teniendo en cuenta los deseos del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el personal de los centros de detención preventiva de la Segunda Oficina de Investigaciones Operacionales ORB-2) de la Dirección General del Ministerio del Interior en Rusia y del Grupo operativo provisional de los órganos y subdivisiones de interior del Ministerio del Interior de Rusia han recibido capacitación adicional para examinar la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Ley federal Nº 103-FZ, de 15 de julio de 1995, sobre la detención de sospechosos y acusados, así como las órdenes del Ministerio del Interior de Rusia.
El 21 de septiembre de 2006, el Presidente de la República de Chechenia celebró una reunión sobre las medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación respecto de las personas que se encuentran en lugares de detención. Se preparó un proyecto de programa de la República para 2007-2010 titulado "Armonización de las condiciones de detención de los sospechosos y encausados en los centros de detención preventiva de los órganos de interior de la República de Chechenia con los requisitos de la Ley federal Nº 103-FZ, de 1995".
Al día de hoy los representantes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura han visitado la República de Chechenia nueve veces para supervisar las actividades de las instituciones y los órganos del sistema penitenciario.
En marzo de 2007 el Comité Europeo declaró públicamente que en lo que respecta a las condiciones de detención se habían logrado determinados progresos y que las autoridades rusas mostraban su disposición a la apertura en las cuestiones relacionadas con las condiciones de detención. Además, durante las visitas de los representantes del Comité a las instituciones penitenciarias no recibieron denuncias de los detenidos sobre tratos ilícitos por parte del personal.
El 6 de abril de 2007, en una reunión del Comité de Coordinación del Comisionado de Derechos Humanos de la Federación de Rusia y los Comisionados de Derechos Humanos de las entidades constitutivas de la Federación se escuchó el informe del Comisionado de Derechos Humanos en la República de Chechenia, en que se valoró muy positivamente el restablecimiento de las subdivisiones del Servicio Penitenciario Federal en el territorio de la República.
Además, también se valoraron positivamente las actividades del Servicio Penitenciario Federal para mejorar la asistencia médica y las condiciones de habilitación en las instituciones penitenciarias, así como la garantía de que las personas que se mantienen en los centros de detención preventiva y las instituciones penitenciarias puedan dirigir denuncias sin obstáculo alguno a cualquier órgano de control, en particular a los internacionales.
A partir de 2005, en el marco del programa de cooperación con la Federación de Rusia, el Consejo de Europa celebra mesas redondas para los representantes de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de la Federación de Rusia.
Durante esos actos, en que participaron representantes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la República de Chechenia, no se formularon objeciones a las actividades de las instituciones y los órganos del sistema penitenciario de Rusia.
El secuestro de personas es uno de los principales factores negativos que influyen en la situación en la República de Chechenia, lo cual ocasiona la frecuente reprobación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos rusas y extranjeras. En el momento de formación de los principales órganos legítimos de autoridad del Estado y del orden constitucional en el territorio de la República de Chechenia los incidentes de secuestro de personas se utilizan para acusar a los órganos de orden público de inactividad, con fines propagandistas para desacreditar las fuerzas federales.
La lucha contra el secuestro de personas y la organización de la búsqueda de los desaparecidos se encuentra entre los objetivos prioritarios de los órganos y fuerzas de defensa del orden público. Esta labor se lleva a cabo en una situación sociopolítica y operativa compleja, caracterizada por los cambios relacionados con el paso de los restos de las bandas de la confrontación armada abierta a las actividades de sabotaje y terrorismo.
La práctica del descubrimiento de los delitos de dicha categoría permite destacar cuatro principales tipos de delito relacionados con el secuestro de personas o la privación ilícita de libertad:
-Secuestros cometidos sobre la base de actos ilícitos de las propias víctimas: evasión fiscal mediante la ocultación de los beneficios obtenidos; obtención de ingresos de forma ilícita; incumplimiento de los compromisos contractuales relacionados con la devolución de préstamos y créditos; incumplimiento del suministro de mercancías o materias primas o suministro de mercancías y materias primas de mala calidad, es decir, las actividades comerciales de las víctimas (cerca del 40%);
-Secuestros realizados con el fin de solucionar conflictos familiares, problemas interpersonales o para cumplir con las costumbres y las tradiciones nacionales (cerca del 10%);
-Secuestros como industria delictiva dirigida a financiar las actividades de formaciones armadas ilícitas, o relacionada con actividades terroristas y extremistas (cerca del 45%);
-Secuestros como medio de presionar a los representantes de diversas instituciones públicas, políticas y estatales (cerca del 5%).
El análisis de las circunstancias de los secuestros de personas en la zona del Cáucaso septentrional permite mencionar una serie de factores negativos que impiden descubrir oportunamente los delitos:
-Muchos secuestros para recibir un rescate no se denuncian, es decir, no se registran por diversas razones, y ante todo a consecuencia de la negativa de los familiares y allegados de presentar una denuncia;
-Una parte considerable de las víctimas no recurre a los órganos de orden público por temor por sus familiares y allegados y prefiere solucionar los problemas de la liberación sobre la base de las costumbres nacionales o con ayuda de las relaciones familiares.
Existen materiales que demuestran que los bandoleros, para desacreditar las instituciones estatales, cometen delitos dirigidos contra ciudadanos pacíficos vistiendo el uniforme militar o de la policía. Estos actos dan motivos a los representantes de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos para afirmar que la mayor parte de los secuestros y de la privación de libertad ilícita, que ocasionan la desaparición de ciudadanos, las cometen representantes de las fuerzas federales.
En los meses transcurridos de 2007, los organismos de orden público de la República recibieron 66 denuncias (en 2006, 98) de secuestro y 74, de privación ilícita de libertad (en 2006, 115).
En 2007 los órganos de la fiscalía iniciaron 18 causas penales (en 2006, 30) sobre el secuestro de 22 personas (en 2006, 37).
Al 1º de junio de 2007, durante todo el período de la operación antiterrorista los investigadores de los organismos de la Fiscalía de la República remitieron a los tribunales 109 causas penales de esta categoría relacionadas con 164 acusados.
Cabe observar que los organismos de la Fiscalía de la República dedicados a la lucha contra el secuestro cooperan estrechamente con los departamentos del Presidente y el Gobierno, el Parlamento de la República de Chechenia, el Comisionado de Derechos Humanos en esa República y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Para aumentar el descubrimiento de los delitos de secuestro, los organismos de la Fiscalía de la República controlan constantemente la calidad y la marcha del trabajo de los órganos territoriales de interior de la República de Chechenia según los casos pertinentes del registro de operaciones.
Con el fin de incrementar la eficacia de la prevención, la investigación y el descubrimiento de los delitos de secuestro, la Fiscalía de la República, junto con los órganos de orden público, ha elaborado y está aplicando un conjunto de medidas jurídicas y de organización.
Se ha elaborado y se está poniendo en práctica el Programa integral renovado de lucha contra los secuestros y búsqueda de los desaparecidos para 2006-2010. El Programa se ha preparado teniendo en cuenta la experiencia acumulada por los órganos de orden público de la República en la lucha contra los secuestros y contiene una serie de acciones conjuntas para la lucha de todas las entidades contra la delincuencia en la República de Chechenia.
Según los informes de la Fiscalía de la República de Chechenia, no existen datos fidedignos de que los secuestros y las desapariciones forzadas en la República, en particular durante las operaciones antiterroristas, ocurrieron o están ocurriendo con la participación, la instigación o la anuencia de funcionarios y otras personas que actúan con carácter oficial.
La Dirección General de la Fiscalía General de la Federación de Rusia en el Distrito Federal Meridional supervisa constantemente la cuestión de la lucha contra los secuestros.
El artículo 22 de la Ley constitucional federal Nº 1-FKZ, de 31 de diciembre de 1996, del sistema judicial de la Federación de Rusia, prevé la creación y el funcionamiento de tribunales militares junto con los tribunales de jurisdicción general en el territorio de la Federación de Rusia. La misma ley delimita las competencias de dichos tribunales. La Ley federal de la Fiscalía de la Federación de Rusia reglamenta también la creación y el funcionamiento en el territorio de Rusia de fiscalías militares. Las competencias de los fiscales territoriales y de las fiscalías militares y especiales a ellos equiparables están definidas en la Orden del Fiscal General de la Federación de Rusia Nº 54, de 9 de septiembre de 2002, de la delimitación de las competencias de los fiscales territoriales y de las fiscalías militares especiales a ellos equiparables. Por consiguiente, el funcionamiento en el territorio de la República de Chechenia del Tribunal Militar de la guarnición de Grozny y de los tribunales de jurisdicción general, así como de las fiscalías territoriales y militares, corresponde plenamente a la legislación vigente de Rusia.
-----