68º período de sesiones
23 de octubre a 17 de noviembre de 2017
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativas al octavo informe periódico de Kenya
Adición
Nota : El presente documento se distribuye únicamente en español, francés e inglés.
* El presente documento se publica sin revisión editorial.
Respuestas de Kenya*
[Fecha de recepción: 3 de julio de 2017]
Marco constitucional y legislativo y armonización de las leyes
Si las disposiciones de la Convención han sido invocadas por los tribunales
Kenya es un Estado con un sistema dualista, con lo cual está obligado a incorporar en la legislación nacional todos los tratados y convenciones internacionales en virtud de la Ley de Elaboración y Ratificación de Tratados núm. 45 de 2012. El objetivo de esta ley es dar efecto a las disposiciones del artículo 2 6) de la Constitución y establecer el procedimiento para la elaboración y la ratificación de los tratados y otros asuntos conexos. La Constitución prevalece sobre la legislación nacional y los tribunales respetan el derecho internacional en sus decisiones, como pone de manifiesto la decisión en el asunto Mary Mwaki Masinde v. County Government of Vihiga . La solicitante alegó discriminación por motivos de estado civil que dieron lugar a que se le negara un empleo en la administración del condado de Vihiga. El Tribunal competente invocó el artículo 2 de la Convención, que impone a los Estados partes la obligación de condenar la discriminación contra la mujer. La demandante recibió 3 millones de chelines kenianos (30.000 dólares de los Estados Unidos), en concepto de daños por la discriminación sufrida. Además, el Tribunal Supremo de Kenya en la Opinión Consultiva núm. 2 de 2012 confirmó la aplicación progresiva del principio de los dos tercios de representación de un género invocando el artículo 4 de la Convención, que dispone la adopción de medidas provisionales encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.
Las disposiciones de la Convención también se han invocado en sentencias, como en la decisión del Tribunal de Apelación en el caso Rono v. Rono y la decisión del Tribunal Superior en el asunto Lerionka Ole Ntutu. No obstante, la Constitución prevalece o prima sobre cualquier otra ley del Parlamento. Asimismo, los artículos 1, 2 1) y 2 6) establecen que la Constitución es la ley suprema del Estado y en su cumplimiento, toda convención ratificada por el Estado deberá formar parte de su legislación. Kenya ha ratificado la Convención, por lo que esta forma parte de la Constitución y es jerárquicamente superior a las leyes del Parlamento. En este caso, la Convención se aplica tal y como está y conforme al espíritu del artículo 2 6) de la Constitución.
Medidas para asegurar que los tribunales Kadhi no estén exentos de aplicar las disposiciones constitucionales relativas a la igualdad
La Constitución consagra los tribunales Kadhi debido a las circunstancias históricas singulares de Kenya al respecto, como el intenso debate en torno a la cuestión antes de la promulgación de la Constitución en 2010. Los tribunales Kadhi, sin embargo, no están exentos de aplicar las disposiciones constitucionales relativas a la igualdad y no tienen prioridad sobre los tribunales superiores. Cualquier parte que profese la fe musulmana tiene libertad para plantear sus asuntos ante el Tribunal Superior, en lugar de los tribunales Kadhi. También existe el recurso de apelación ante el Tribunal Superior en caso de que las partes no estén satisfechas con la decisión adoptada por un tribunal Kadhi. A este respecto, las partes no quedarán en situación de desventaja por recurrir a un tribunal Kadhi. El Recurso Civil núm. 15 de 2013 constituye un ejemplo de tal proceder. En este caso, una madre presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Mombasa contra la decisión del tribunal Kadhi de conceder la custodia de sus dos hijos a su exmarido. El juez del Tribunal Superior revocó la decisión aduciendo falta de competencia del tribunal Kadhi. Asimismo, en la Causa de Sucesión del Tribunal Superior de Justicia de Mombasa núm. 301, de 2014 (relativa a la sucesión del fallecido S. P. B.), la cuestión en litigio era si el Tribunal Superior tenía jurisdicción para conocer de una cuestión de sucesiones de los bienes de un difunto musulmán o si eran los tribunales Kadhi los que tenían jurisdicción exclusiva. El Tribunal resolvió que los tribunales Kadhi no tenían jurisdicción exclusiva en cuestiones relacionadas con el islamismo.
La jurisdicción de los tribunales Kadhi
El artículo 170 de la Constitución de 2010 de Kenya describe la jurisdicción de los tribunales Kadhi. Esta se limita a cuestiones y problemas de derecho musulmán referidos a la situación personal, el matrimonio, el divorcio o la herencia, en casos en que las partes interesadas profesen la religión musulmana y se sometan en consecuencia a dicha jurisdicción. Por lo tanto, solo pueden plantear asuntos ante los tribunales Kadhi las partes de fe musulmana que acepten someterse a dichos tribunales. Existe el recurso de apelación ante el Tribunal Superior en caso de que las partes no estén satisfechas con la decisión adoptada. Ello revela que las mujeres musulmanas pueden recurrir, ya que dichos tribunales están bien instruidos y no son ad hoc, lo que significa que son competentes y conocedores del derecho islámico. Dos de las condiciones para servir en los tribunales Kadhi son que el Kadhi profese la fe musulmana y conozca el derecho musulmán, que se aplica a cualquier secta de la fe islámica.
La Ley de Tribunales Kadhi de 2010 (en su versión revisada de 2012) dispone que el Tribunal Superior y cualquier otro tribunal inferior prevalecen sobre los tribunales Kadhi. Los casos planteados ante tribunales Kadhi son objeto de revisión judicial y sus expedientes se conservan y presentan en el Tribunal Superior. Los tribunales Kadhi tendrán jurisdicción y ejercerán su competencia en los siguientes ámbitos: la resolución de cuestiones de derecho musulmán relativas a la situación personal, el matrimonio, el divorcio o la herencia, en procedimientos en que las partes profesen la religión musulmana; pese a ello, nada de lo dispuesto al respecto limitará la jurisdicción del Tribunal Superior o de cualquier otro tribunal inferior en ningún proceso incoado ante ellos.
Acceso a la justicia
Programa nacional de asistencia jurídica: financiación, cobertura y asuntos civiles
Financiación
En virtud del artículo 48 de la Ley de Asistencia Jurídica de 2016, las mujeres han recibido acceso a la justicia en Kenya. El Gobierno no ha aportado la financiación suficiente y los asociados para el desarrollo, como la Unión Europea (UE) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), han sido los que han financiado las acciones. Sin embargo, se han realizado progresos con la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica de 2016. Además, se ha creado una junta de nueve miembros para llevarla a la práctica. La financiación de las actividades de la junta se ha tenido en cuenta también para el ejercicio económico 2017/2018. El programa abarcará todo el país.
Cobertura
De conformidad con la Ley de Asistencia Jurídica de 2016, se ha creado el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica cuyas funciones incluyen la gestión de un sistema nacional de asistencia jurídica accesible y asequible para todos los kenianos que lo necesiten. En el marco del programa nacional de asistencia jurídica y sensibilización se han ejecutado cinco proyectos piloto entre 2009 y 2012 en el país. Entre ellos cabe destacar el proyecto de Nairobi, que se ocupa del derecho de familia (matrimonios, divorcios y la división de los bienes matrimoniales) y otros proyectos que abordan otros ámbitos del derecho en Nakuru, Mombasa, Kisumu y Eldoret. Su objetivo es ofrecer cobertura a los condados.
Grupos marginados
Se han puesto en marcha otros mecanismos para fomentar el acceso a la justicia, como los comités de usuarios de tribunales por todo el país y los tribunales móviles en zonas apartadas destinados a grupos marginados como las mujeres, cumpliendo así el requisito constitucional de que tanto hombres como mujeres estén representados en los sistemas de justicia tradicionales; la mediación parajudicial y los tribunales que conocen causas de mínima cuantía contemplados en la Ley de 2016, que atiende las necesidades de los litigantes vulnerables como las mujeres.
Gestión de la solución de controversias: medios alternativos de arreglo de controversias
Se ha facilitado el acceso a la justicia con el reconocimiento de medios alternativos de arreglo de controversias que están sujetos a la ley. Estos son mecanismos de solución de controversias por vías diferentes al sistema judicial; entre las vías contempladas cabe destacar la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y el uso de mecanismos informales de solución de controversias. El artículo 35 de la Ley de Asistencia Jurídica dispone que la asistencia jurídica está destinada a una variedad de asuntos, incluidos asuntos civiles, penales, relacionados con la familia, constitucionales y de interés público.
Jerarquía entre el derecho escrito, el derecho consuetudinario, el derecho islámico y el derecho aplicable a las personas
La Constitución es la ley suprema de Kenya, por lo que prevalece sobre cualquier otra. La Constitución reconoce los medios alternativos de arreglo de controversias en la medida en que no contravengan sus disposiciones. En lo que respecta al derecho consuetudinario, puede aplicarse en tanto no sea contrario a la justicia y la moralidad y no contravenga ninguna disposición de la Constitución, como las relativas a la igualdad y la no discriminación, contempladas en el artículo 27, y al respeto de la dignidad de la mujer, conforme al artículo 28. Puede haber algunas esferas en que la solución de controversias se rija por el derecho consuetudinario y el derecho islámico. En el caso de los tribunales islámicos (Kadhi), serán asuntos en que ambas partes deberán someterse a las decisiones adoptadas. Como ya se ha mencionado, las decisiones de los tribunales Kadhi son objeto de revisión jurídica por parte del Tribunal Superior competente. Por tanto, los particulares pueden apelar también las decisiones de los tribunales Kadhi ante los tribunales superiores.
Las mujeres y la paz y la seguridad
Representación y participación de las mujeres
Se ha aprobado el Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad y se ha creado una secretaría para su ejecución. El Plan se fundamenta en los valores constitucionales de la igualdad de género, la inclusión y la participación. Sitúa a la “persona” en el núcleo de los asuntos de seguridad, por oposición al “Estado”. A nivel de los condados, existen Comités de Paz de Condado que garantizan la representación de la mujer en cumplimiento con las disposiciones de acción afirmativa de la Constitución (el principio de no más de dos tercios del mismo género).
Combatir el extremismo violento
Radicalización
La repercusión de la insurgencia protagonizada por Al-Shabaab queda patente en cómo mujeres y niñas se están radicalizando y participan en actos de extremismo violento. Por ejemplo, tres mujeres bombardearon una comisaría de policía en Mombasa. Por otro lado, el Gobierno de Kenya solicitó una orden de arresto de INTERPOL de Samantha Lewthwaite, conocida popularmente como la “viuda blanca” por su participación en el atentado con explosivos perpetrado por Al-Shabaab en el centro comercial de Westgate en septiembre de 2013. Como parte del avance de la insurgencia, las mujeres son secuestradas y radicalizadas; hay otros casos de mujeres que cruzan a la vecina Somalia con la intención de unirse a Al-Shabaab como novias yihadistas. Se va a llevar a cabo un estudio para determinar las causas subyacentes de la nueva tendencia de mujeres extremistas, además de las razones económicas. También se ha iniciado una campaña nacional dirigida por el Gobierno sobre la mujer, la paz y la seguridad y un importante componente de la sensibilización es la prevención y la lucha contra el extremismo violento desde una perspectiva de género.
Estrategia nacional
En respuesta al aumento de los casos de extremismo violento, el Presidente puso en marcha una estrategia nacional en septiembre de 2016 para combatirlo. Entre las cuestiones que aborda la estrategia cabe destacar la implantación de instrumentos accesibles de alerta e intervención tempranas contra la radicalización que cuentan con la confianza de la población. El pilar psicosocial de la estrategia atiende las necesidades en ese ámbito de las personas que se han radicalizado e incluso se han unido a redes o grupos extremistas violentos y se presta el mismo apoyo a sus familias, quienes a menudo también sufren traumas, experimentan temor y sienten vergüenza.
Rerradicalización e iniciativas de reintegración
La estrategia nacional también prevé programas de rehabilitación y de lucha contra la rerradicalización. El Gobierno ha promulgado otras leyes, como la Ley de Prevención del Terrorismo (2012), la Ley sobre los Ingresos Procedentes del Delito y la Lucha contra el Blanqueo de Dinero (2009) y la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada (2010). Además, se ha creado un Centro Nacional contra el Terrorismo y una Unidad de Policía contra el Terrorismo. Un buen ejemplo de caso en que se invocó la Ley de Prevención del Terrorismo de 2012 es el asunto Nuseiba Mohammed Haji Osman, de quien se sospechaba que fuera miembro de un grupo terrorista y tuviera la intención de participar en acciones terroristas. Como resultado, se obligó a la acusada a entregar su pasaporte a la Unidad de Policía contra el Terrorismo y a presentarse en dicha Unidad cada 15 días. El Centro Nacional contra el Terrorismo está colaborando con organizaciones de mujeres como Kenya Muslim Women Alliance y Kenya Community Support Centre para combatir el extremismo violento y la radicalización entre las mujeres. El Gobierno también está fomentando la cooperación con teólogos islámicos moderados y teólogos kenianos musulmanes para llegar a las mujeres jóvenes y mejorar los conocimientos acerca de los principios del islam.
Mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer
Estrategia nacional y cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5
La estrategia nacional para el adelanto de la mujer se basa en la Constitución, Kenya Vision 2030 y sus planes de mediano plazo quinquenales. Fundamentándose en estos documentos nacionales, Kenya ha elaborado la Política Nacional sobre la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, para velar completamente por que las cuestiones de género se integren en el proceso de desarrollo nacional y las mujeres ocupen las dos terceras partes del Gobierno. La Política también se basa en gran medida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y sus metas. Kenya ha completado un estudio de referencia sobre el ODS 5 para dar más garantías de que las intervenciones que se llevarán a cabo para fomentar el cumplimiento del Objetivo 5 estén bien fundamentadas.
Comisión Nacional de Género e Igualdad y Dirección de Género
Los dos mecanismos se han reforzado mediante la reestructuración y el aumento de los recursos humanos y financieros. La Dirección de Género ha sufrido mejoras gracias a la creación del Departamento de Estado sobre Asuntos de Género en el Ministerio de Servicio Público, Juventud y Asuntos de Género. Por primera vez en la historia de Kenya, el país dispone de un departamento exclusivo para los asuntos de género, encabezado por un secretario principal. Por otro lado, se ha destinado más presupuesto y en el plazo de un año, se han contratado alrededor de 100 miembros del personal profesional procedentes de diferentes ámbitos relacionados con el género.
La Comisión Nacional de Género e Igualdad y el Departamento de Estado sobre Asuntos de Género tienen responsabilidades relacionadas con las políticas, la incorporación de la perspectiva de género y los tratados y convenciones internacionales. Las dos autoridades tienen distintas funciones, habida cuenta de que la labor de la Comisión Nacional es puramente de supervisión, mientras que el Departamento de Estado sobre Asuntos de Género se ocupa de coordinar la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el género en todos los sectores. Los mandatos y las responsabilidades están claramente establecidos en la Ley de Igualdad de Género y el Decreto de mayo de 2016. La estructura para la aplicación de la Política Nacional sobre la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer aporta más detalles en torno a las responsabilidades.
Envío de oficiales de género a los ministerios
Los oficiales de género que trabajan con oficiales de juventud han desempeñado un papel decisivo en el establecimiento de comités para la incorporación de la perspectiva de género, la formulación de políticas en la materia y la adopción de políticas en el lugar de trabajo para erradicar la violencia de género, incluidas las estructuras de ejecución. También supervisan el acceso del 30% a las oportunidades de contratación pública del Gobierno dentro de los ministerios, haciendo frente a retos emergentes, lo que mejora, por lo tanto, el acceso de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad a dichas oportunidades.
Gracias a las aportaciones de los oficiales, Kenya ha desarrollado sistemas para hacer el seguimiento y publicar la asignación económica para la igualdad de género mediante la formulación de directrices de elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Dichas directrices, publicadas en el ejercicio económico 2016/2017, introdujeron disposiciones concretas para incorporar las cuestiones de género durante la definición de metas a mediano plazo. Además, se están realizando acciones en colaboración con la Tesorería nacional para incorporar las cuestiones de género en las clasificaciones de los planes de cuentas estándar, a fin de hacer el seguimiento y publicar las asignaciones para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en Kenya, de conformidad con los indicadores del ODS 5.
Datos desglosados por sexo
Se ha adoptado un marco para consolidar el desglose de datos por sexo, edad, origen étnico y discapacidad. En la actualidad se dispone de datos en las siguientes esferas: los servicios públicos (empleo, nombramientos y promociones), la Comisión del Servicio Docente y las universidades.
Medidas especiales de carácter temporal
Cumplimiento del principio de no más de dos tercios del mismo género
El proyecto de ley Chepkonga y el relativo a los dos tercios se debatieron en el Parlamento en 2015. En marzo de 2017, el juez Mativo dio instrucciones al Fiscal General y al Parlamento de promulgar legislación en 60 días para aplicar el principio de dos tercios de representación de un género. Según el Juez, de no hacerlo, cualquier keniano podrá apelar al Presidente del Tribunal Supremo de la República de Kenya recomendando al Presidente disolver el Parlamento. El Gobierno ha dirigido todos sus esfuerzos a promulgar el proyecto de ley en cumplimiento de los artículos 27 y 81 de la Constitución; sin embargo, no ha sido suficiente. Además, se ha puesto en marcha una estrategia nacional para aumentar el apoyo a las mujeres en cargos políticos electivos.
Otras medidas de carácter temporal
Según la Ley de Contratación Pública y Enajenación de Activos núm. 33 de 2015, los gobiernos de los condados tienen el mandato de reservar el 30% de los planes de las microempresas y las pequeñas empresas para las mujeres y los jóvenes. Igualmente, en el plano nacional, dicha ley dispone que el 30% de todas las contrataciones y ventas de activos debe reservarse para las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados. También se reserva un 5% de ese 30% a las mujeres con discapacidad. Entre las otras medidas adoptadas cabe destacar el Fondo Nacional de Acción Afirmativa del Gobierno, el Fondo Uwezo, el Fondo de Desarrollo de Empresas de Jóvenes, el Fondo Empresarial de la Mujer, las transferencias de efectivo para las personas con discapacidad y el aumento del salario mínimo en virtud de la Ley de Salarios Mínimos.
Estereotipos y prácticas nocivas
Labor de concienciación
Participación de los ancianos
A la lucha contra la mutilación genital femenina se han sumado más hombres defensores de los derechos a protección y educación de las niñas. Esto resulta evidente entre los masai y los embu, que han reconocido que la práctica repercute negativamente en el desarrollo de sus comunidades. Además, el suministro de medios de vida alternativos para lograr un cambio en aquellos que practican la circuncisión se traduce cada vez más en el abandono de esta práctica.
Participación de las comunidades
El tradicional Consejo de Ancianos, dirigido a los encargados de hacer cumplir la ley, ha experimentado mejoras. Se ha puesto en marcha un programa de formación en modelos de conducta en las zonas con alta prevalencia de dichas prácticas. Las zonas que se beneficiaron fueron: Wajir, la región del río Tana, Meru, Tharaka Nithi, Elgeyo Marakwet, Bomet, Nyamira, Kajiado, Narok, Marsabit, Isiolo, Baringo, Samburu y Pokot Occidental. El país ha llegado a, al menos, 1.530 personas del grupo destinatario. También se han ejecutado programas de intercambio dirigidos a las comunidades maa de Kajiado, Samburu y Narok en torno a las prácticas culturales nocivas, entre las que cabe destacar la violación de niñas, conocida como “beading”, y la mutilación genital femenina. Las comunidades decidieron celebrar diálogos en sus respectivos Manyattas para invitar a los residentes a cesar dichas prácticas tradicionales nocivas.
Violación de niñas (“beading”)
Es un rito de iniciación entre los samburu que consiste en adornar a las muchachas (de 9 años incluso) con abalorios y con este regalo asumen un compromiso (para fines sexuales exclusivamente) con los guerreros samburu (morans).
Educación
Se ha elaborado un manual de formación, en torno a poner fin a la medicalización de la mutilación genital femenina, destinado a médicos. Su objetivo es crear conciencia y brindar formación gradual a todos los trabajadores sanitarios sobre todo en zonas de alta prevalencia, como en las comunidades kisii, samburu, masai y somalí. Se abordará así una serie de cuestiones: empoderar a los trabajadores sanitarios y plantear la cuestión de la ética y el código de conducta de los profesionales de la salud. Se han logrado progresos en la incorporación de contenidos en torno a la mutilación genital femenina en los nuevos planes de estudios. Hasta la fecha, se ha elaborado una matriz de cuestiones pertinentes y actuales y ya se ha programado contenido.
Enjuiciamientos
La Oficina del Director de la Fiscalía ha examinado 76 casos que constituyen diferentes tipos de enjuiciamiento. Hay una serie de ritos de iniciación alternativos que se han comenzado a practicar en las comunidades que consideran que la mutilación genital femenina es una forma de iniciación de las niñas. El Gobierno ya ha logrado la aprobación de los gobiernos de los condados dirigidos por la organización County First Ladies Association. También ha reservado fondos para iniciativas en pro del empoderamiento de las niñas.
Alianzas
Existe una mayor colaboración con los gobiernos de los condados para resolver sus problemas presupuestarios con respecto a los programas contra la mutilación genital femenina. Por ejemplo, en el ejercicio económico 2016/2017, Pokot Occidental reservó cerca de 60 millones de chelines kenianos (60.000 dólares de los Estados Unidos) para iniciativas en pro de la infancia y contra los matrimonios precoces y la mutilación genital femenina. Se han establecido redes entre organismos estatales y agentes no estatales a nivel de los condados, a fin de combatir tales prácticas tradicionales nocivas. Se ha examinado la política de 2010 contra la mutilación genital femenina y se ha presentado al Gabinete para su aprobación.
Otras medidas
Se han adoptado varias medidas. Cabe destacar las acciones para hacer cumplir la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina (capítulo 62B de las Leyes de Kenya). Algunas personas que contravinieron la ley han sido enjuiciadas. Por ejemplo, en la Apelación Penal núm. 6 de 2014, una mujer fue condenada a siete años por practicar la mutilación genital femenina. La Fiscalía ha continuado actuando en esta línea en un caso más reciente en 2015.
También se han emprendido medidas para poner fin al matrimonio infantil por imperativo de la Constitución que establece, en el artículo 45 2) (Leyes de Kenya, 2010), que el derecho a contraer matrimonio solo puede concederse a los adultos. La Constitución dispone que un adulto es una persona de 18 años o más. Este artículo fue invocado en la Petición Constitucional núm. 40 de 2011, en la que los solicitantes fueron acusados de exponer a una joven al matrimonio infantil. La Ley sobre el Matrimonio de 2014 es otra medida en esta lucha. Esta Ley dispone que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. La Ley de Delitos Sexuales también puede invocarse para enjuiciar a los infractores.
Modificar los estereotipos y las normas sociales
Hay datos de que los gobiernos de los condados de Kenya están garantizando que se adoptan medidas para modificar las normas sociales y los estereotipos en relación con el papel de hombres y mujeres fomentando la participación de la población. A través de dicha participación, se cumple el principio de dos tercios de representación de un género, en el marco de las acciones emprendidas para tener en cuenta la voz y las opiniones de las mujeres en el proceso de participación pública y modificar los estereotipos de género. La Ley de Educación Básica de 2013 también ha servido para hacer frente a la cuestión de la erradicación y la eliminación de los estereotipos de género. La garantía de que no se perpetúen los estereotipos en los materiales didácticos es una acción que respalda esta lucha. La oferta de educación básica también es una forma de acabar con los estereotipos tradicionales en torno a la mujer y el hombre. Ello tiene implicaciones de amplio alcance.
Violencia de género contra la mujer
Cumplimiento de la legislación
La Ley de Protección contra la Violencia Doméstica de 2015 es una ley exhaustiva que ofrece protección y asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género. La Ley de Delitos Sexuales de 2006 también tiene por objeto proteger a las víctimas contra este tipo de violencia. Un informe de investigación nacional de 2014 sobre delincuencia indica que el 45% de las mujeres kenianas de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual o física. Se han hecho avances en la prestación de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia de género, mediante la creación de ventanillas únicas en los hospitales de remisión y en algunas comisarías de policía existen oficinas encargadas de las cuestiones de género. Dichos servicios han servido para denunciar casos de violencia de género.
Los tribunales también han asumido un papel destacado en la toma de decisiones sobre violencia sexual contra la mujer. Por ejemplo, el 27 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Meru emitió una decisión constitucional histórica en el caso de un grupo de mujeres jóvenes que impugnó con éxito la inacción del Gobierno de Kenya ante casos de abuso sexual de menores, conocido como estupro. La demanda, que se presentó simbólicamente el 11 de octubre de 2012, primer Día Internacional de la Niña, con el apoyo de Equality Effect, un grupo internacional de investigación colaborativa bajo los auspicios del proyecto “160 Girls”. La acción judicial fue presentada en el contexto de alta incidencia de la violencia sexual contra niños en el condado de Meru y, de hecho, en todo el país. En aquel momento, Kenya ya disponía de legislación adecuada en forma de Ley de Delitos Sexuales (de 2006), que impone penas severas para el estupro y otros delitos sexuales. Sin embargo, la eficacia de dicha ley se ha visto ensombrecida por las escasas acciones en pro de su cumplimiento, debido a que la policía no investiga las denuncias de violencia sexual ni detiene a los autores.
Presentación de informes
En marzo de 2017, se estableció un teléfono de emergencia para responder ante casos de violencia de género (número 1195). Se trata de una iniciativa del programa contra la violencia de género de Healthcare Assistance Kenya con el que se duplican los esfuerzos para proteger a las mujeres y las niñas contra este tipo de violencia.
Marco de seguimiento y evaluación
El marco se desarrolló en 2011 y está siendo objeto de examen. Además, todos los servicios de los condados cuentan con personal especializado y unidades en que se responde de manera urgente a los casos de violencia sexual y por razón de género. El Gobierno ha impulsado, asimismo, la creación de un sistema nacional de información para obtener datos y recopilar información sobre violencia sexual y por razón de género en los siguientes sectores: la salud, el cuerpo nacional de policía, la Oficina del Director del Ministerio Público, el poder judicial, la educación y la Comisión del Servicio Docente.
Trata y explotación de la prostitución
Aplicación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2010
Se ha elaborado un plan de acción nacional y se ha establecido un comité asesor. Algunas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Salud, han incorporado un módulo sobre la trata de personas en los planes de estudios revisados sobre violencia sexual y por razón de género de los trabajadores sanitarios. El Gobierno también ha comenzado a desarrollar un mecanismo de recopilación de datos para mejorar el seguimiento de las iniciativas de lucha contra la trata en los 47 condados.
Ley de Protección de las Víctimas de 2013
El objetivo de esta ley es mejorar el apoyo a todas las víctimas de la trata, en particular suministrando alojamiento, alimentos, tratamiento médico, atención psicosocial y protección policial, y la creación de un fondo para prestarles asistencia. Durante el período sobre el que se informa, el Gobierno asignó siete millones de chelines kenianos (70.000 dólares de los Estados Unidos) al fondo de asistencia a las víctimas. Prestó servicios a los adultos víctimas identificados en el país o en el extranjero. Las misiones diplomáticas de Kenya también proporcionaron asistencia a las víctimas kenianas, facilitando sobre todo el contacto entre ellas y sus familias. Por otro lado, el Gobierno ha adoptado medidas para enviar agregados laborales a las misiones kenianas en el extranjero, especialmente en el Oriente Medio. Se han establecido nuevas políticas en pro de los kenianos que buscan oportunidades de empleo en el extranjero, a fin de garantizar que sus contratos de trabajo cumplan las normas específicas establecidas por el Ministerio. En septiembre de 2015, un grupo ministerial de trabajo presentó un informe a la Secretaría del Gabinete que concluía que los trabajadores no calificados son los más vulnerables a la explotación y formuló recomendaciones sobre cómo abordar esta cuestión y cómo regular las agencias de contratación, especialmente las clandestinas. Las limitaciones del Gobierno en materia de financiación y recursos siguen siendo motivo de preocupación.
En cuanto a la aplicación de la Ley de Protección de las Víctimas de 2013, se han realizado progresos y en la actualidad existe una Junta de Protección de las Víctimas. La Comisión de Reforma Legislativa de Kenya y la Oficina del Fiscal General están examinando los proyectos de reglamentos y los reglamentos en materia de fondos fiduciarios, como parte de las acciones para aplicar la Ley. Se ha elaborado, asimismo, una carta de los derechos de las víctimas.
Datos sobre la trata
Si bien los datos sobre casos de trata no se desglosan completamente todavía, 762 presuntos traficantes fueron enjuiciados y se registraron 456 condenas en 2016. Ochenta y un casos terminaron con una absolución. Por primera vez, el Gobierno recibió datos en torno al cumplimiento de la ley de los 47 condados, lo que contribuyó en parte al aumento significativo de los enjuiciamientos y de las condenas registrados.
Comité Asesor para la Aplicación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2010.
Como parte de su plan de trabajo anual, en 2016 elaboró procedimientos operativos estándar dirigidos a los fiscales e impartió formación a unos 50 instructores de las partes interesadas clave en la lucha contra la trata. El Comité Asesor, a través de las oficinas de representación y el Departamento de Servicios para la Infancia, ha difundido materiales de sensibilización y estudios de casos en un intento de formar a las comunidades locales sobre posibles indicadores de la trata.
Formación
El Gobierno ha proporcionado formación contra la trata a su personal diplomático. Sus programas de formación de las tropas desplegadas en el extranjero en misiones internacionales de mantenimiento de la paz incluyen un módulo sobre derechos humanos, que aborda el tema de la lucha contra la trata de personas.
Participación en la vida política y pública
Disposiciones de la Constitución
Se ha utilizado la Constitución de Kenya para aumentar el número de mujeres en los órganos decisorios a los que se accede por designación. Además, la Constitución de Kenya de 2010 contempla el principio de dos tercios de representación de un género en el artículo 81, que garantiza que no más de dos tercios de los miembros de órganos públicos electivos sean de uno de los géneros. Además, hay ciertas normas que rigen la composición de la Asamblea Nacional: el artículo 97 1), que establece que debe haber 47 mujeres que representen a cada uno de los 47 condados, y que hay 12 miembros designados que representan a grupos de interés especial, como las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. El artículo 98 también describe la composición del Senado y garantiza que los 16 miembros sean mujeres designadas por los partidos políticos. A nivel de los condados, las asambleas hacen lo posible por cumplir dicho principio, según lo dispuesto en el artículo 177 1) b), mediante la asignación de escaños especiales, a fin de garantizar que no más de dos tercios de los miembros sean del mismo género. Con estas medidas las mujeres aseguran su participación en la vida política y pública.
Aplicación de la Constitución y legislación conexa
Kenya ha promulgado leyes que, junto con la reciente reforma de la legislación electoral a través de la Ley Electoral (Modificación) de 2016, tratan de fomentar la participación de la mujer en los procesos electorales. La Ley de Delitos Electorales (2016) busca promover dicha participación; la Ley de Partidos Políticos (2016) dispone también que para que un partido complete su inscripción, sus miembros y la composición de su órgano rector deben reflejar el equilibrio de género. No más de dos tercios de los órganos rectores serán del mismo sexo. La Ley contempla un fondo para los partidos políticos; una proporción de dicho fondo deberá utilizarse para fomentar una participación y representación de hombres y mujeres más justa. Las modificaciones de la ley, introducidas a través de la Ley de Partidos Políticos (Modificación) (núm. 2) de 2016, tratan de promover la participación inclusiva. Para completar su inscripción, todo partido debe incluir datos desglosados de sus miembros; los estatutos de los partidos deben garantizar que no más de dos tercios de los miembros de todos sus órganos sean del mismo género. La Ley de Partidos Políticos (2016) fue modificada de nuevo por la Ley Electoral (Modificación) de 2016, que prevé la asignación proporcionada del 15% del Fondo para los Partidos políticos a aquellos partidos que tengan derecho a ello según el número de candidatos de grupos de intereses especial, incluidas las mujeres. Se promulgó la Ley de Delitos Electorales de 2016, que contiene disposiciones relativas a la celebración de elecciones libres y limpias, y la Comisión Independiente de Elecciones y Límites imparte programas de educación cívica con el mismo objetivo.
Política de igualdad
Se ha presentado al Gabinete un proyecto de política de igualdad para su aprobación. Kenya ha incorporado a nivel nacional los ODS mediante la adopción de los indicadores del Objetivo 5 sobre la proporción de mujeres en cargos directivos (5.5.2) y la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Gobierno nacional y de los condados. Esto se ha tenido en cuenta en el Tercer Plan de Mediano Plazo de Kenya Vision 2030, que se ejecutará en los próximos cinco años. El Gobierno ha elaborado también una estrategia nacional para apoyar a las mujeres que compiten por puestos electivos. El período de aplicación de la estrategia va más allá de las elecciones generales de agosto.
Violencia política
Se están tomando diversas medidas para prevenir la violencia política en vista de las próximas elecciones generales:
a)Diferentes agentes, entre ellos agentes estatales, están organizando marchas por la paz y oraciones en todo el país;
b)Se han llevado a cabo ejercicios de cartografía de las zonas de tensión donde es probable que se produzcan actos de violencia y se están implantando sistemas de alerta temprana;
c)Se han celebrado reuniones consultivas con mujeres aspirantes y la Secretaría del Gabinete a cargo de la seguridad, la Comisión Independiente de Elecciones y Límites y otros órganos, y se dan garantías sobre los preparativos en curso para velar por la seguridad y detener cualquier forma de violencia política;
d)Se está supervisando la actividad en los medios sociales para prevenir el discurso de odio.
Nacionalidad
La Ley de Ciudadanía y la Constitución
La Constitución prima sobre la Ley de Ciudadanía y, por consiguiente, puede ser invocada para asegurar que las mujeres y las niñas nacidas fuera de Kenya de padres kenianos no se conviertan en apátridas.
Mujeres refugiadas y apátridas
El Gobierno de Kenya ha adoptado medidas para hacer frente a los problemas de la apatridia a que se enfrentan los nubios y los makonde. En su caso, el Gobierno ha expedido documentos de identidad y títulos de propiedad a los makonde y los ha clasificado en el puesto 43º de las tribus del país. Se han abordado los problemas que afrontan los nubios con la concesión de títulos de propiedad. El Gobierno también ha establecido comités en los condados con población somalí, a fin de facilitar la expedición de documentos de identidad a todos los ciudadanos de origen somalí. Se expide una partida de nacimiento a todos los niños en la fecha de su nacimiento para acabar con el problema del registro en el futuro.
Educación
Acción afirmativa
El Gobierno ha adoptado la medida de proporcionar educación primaria gratuita y enseñanza secundaria subvencionada, a fin de aumentar el número de mujeres y niñas que promocionan a la educación secundaria y universitaria. Esta medida de acción afirmativa incluye un componente de género relacionado con la reducción de 2 puntos en la admisión de mujeres solicitantes que deseen cursar programas de grado. En la misma política de actividades de colocación universitaria, se ha previsto reducir los puntos para admitir a las personas de grupos marginados y las personas con discapacidad. Por ejemplo, se hace una reducción de 3 puntos en las notas de admisión para las personas con discapacidad física. Estas políticas de acción afirmativa tratan de lograr la paridad de género y garantizan la existencia de un sistema de educación inclusiva.
Protección de los estudiantes
La Ley de Profesorado de 2012 protege a los estudiantes contra los malos tratos gracias a la labor de la Comisión del Servicio Docente, denegando la inscripción de maestros que han cometido delitos contra alumnos o que han sido condenados por delitos sexuales contra ellos. Del mismo modo, la Ley sobre la Infancia de 2001 (revisada en 2011) establece salvaguardias en el artículo 15 contra el maltrato y la explotación sexual de los niños. Al mismo tiempo, el Proyecto de Ley de Atención de la Salud Reproductiva de 2014 se ha elaborado para garantizar la protección de los adolescentes frente a la violencia sexual o física, incluidas prácticas y normas culturales que menoscaban sus derechos de salud reproductiva.
Empleo
Se reconocen las altas tasas de trabajo infantil del país y, por tanto, se está abordando el problema a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aprobación del Protocolo de Palermo.
Kenya también es signatario del Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es ofrecer oportunidades para la equidad de género en las zonas urbanas y rurales. Además, hay otros dos convenios de la OIT relativos al empleo que Kenya ratificó en 2001. Se trata del Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (Núm. 111); este primer convenio promueve la equidad de género y la no discriminación en el empleo, que incluye el acoso sexual. El segundo convenio es el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), que promueve la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
Empoderamiento económico de la mujer
Se han realizado progresos en la esfera del empoderamiento económico de la mujer, gracias a la Ley de Contratación Pública y Enajenación de Bienes que establece que el 30% de las licitaciones públicas han de estar reservadas para las mujeres. Esta disposición garantiza que las mujeres puedan trabajar en pro de su empoderamiento económico. La Constitución también contribuye a su logro mediante el artículo 27, que establece que tanto hombres como mujeres deben disfrutar de igualdad de derechos y oportunidades en todos sus aspectos, entre ellos los económicos y sociales.
Salud
Mortalidad materna
Se están adoptando medidas para hacer frente a la elevada tasa de mortalidad materna de Kenya mediante la política de atención gratuita de la maternidad que se puso en marcha en 2013. Se están abordando las disparidades regionales en el acceso a los servicios de asistencia sanitaria a través de la prestación del servicio de ambulancias en los condados. El Gobierno también se ha comprometido a reclutar a 30 enfermeros y 10 trabajadores sanitarios de la comunidad por circunscripción.
Un rápido análisis de la situación basado en el Censo de Población y Vivienda de Kenya de 2009 en torno a la incidencia de la mortalidad materna y su distribución identificó 15 condados con las tasas de mortalidad materna más elevadas. En dichos condados se producen aproximadamente el 50% de las muertes maternas a escala nacional. El Programa Conjunto de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil y de los Adolescentes es una iniciativa puesta en marcha en seis condados en julio de 2015. Actualmente se está ejecutando en los condados de Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, Lamu y Migori. Se centra en las acciones para aumentar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes; generar demanda de dichos servicios en las comunidades; y apoyar el desarrollo de la capacidad institucional a nivel nacional y de condado, a fin de prestar dichos servicios y reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación en los planos nacional y subnacional.
Logros
Entre los logros alcanzados cabe destacar los equipos suministrados a 507 nuevos centros de salud que ya prestan servicios de atención obstétrica y neonatal de urgencia. También se pusieron en marcha otros 14 centros de atención obstétrica y neonatal de urgencia, lo que aumentó el acceso a dichos servicios. Se registraron mejoras significativas en la prestación de servicios de atención prenatal, posnatal y de asistencia cualificada en los partos en los seis condados. La demanda de servicios de salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y de los adolescentes se ha duplicado debido a iniciativas de financiación innovadoras orientadas hacia la demanda, la reorientación de la estrategia de salud de la comunidad y el uso de los medios de comunicación, como los anuncios de radio, junto con mejoras en la prestación de servicios de salud. Como resultado del programa, los líderes religiosos están participando activamente en la promoción de la salud materna y de la lucha contra prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil que son frecuentes en todos los condados en que se ejecuta. El programa también ha contribuido a mejorar la coordinación y las estructuras de colaboración a nivel de condado. El problema de la elevada tasa de mortalidad materna se ha abordado mediante una serie de intervenciones por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos de los condados.
Descentralización de los servicios de salud
La Constitución de Kenya de 2010 confirió competencias en la materia a los gobiernos de los condados. Como resultado, se ha registrado un aumento de los establecimientos de salud a nivel de los condados, de 8.846 en 2013 a 10.032 en junio de 2016.
Servicios de maternidad gratuitos
Esta iniciativa se puso en marcha a través de una directiva presidencial con el fin de abordar la falta de acceso a los servicios de asistencia sanitaria y reducir la mortalidad materna y neonatal. Se han logrado progresos considerables; la utilización y la prestación de los servicios de maternidad aumentó del 52% al 60%. La atención especializada aumentó del 62% al 74%. La tasa de mortalidad materna disminuyó de 488 a 362/100.000 (Encuesta Demográfica y Sanitaria de Kenya de 2014). Los partos en el hogar se han reducido, mientras que los practicados en los centros siguen aumentando. Además, se ha garantizado un fondo condicional para el programa de promoción de los servicios gratuitos de maternidad, cuyos recursos se distribuyen como corresponde a los gobiernos de los condados para prestar servicios gratuitos y otorgar subsidios.
Modernización de los establecimientos de salud en los barrios marginales de las zonas urbanas
Este proyecto se inició fundamentalmente para hacer frente a los desafíos sociales y económicos que afrontan los habitantes de los barrios marginales para acceder a los servicios de asistencia sanitaria, como el aborto sin riesgo. A finales del ejercicio económico 2015/2016, se habían establecido 11 instalaciones móviles (dispensarios), de las cuales 8 están en funcionamiento en el barrio marginal de Kibera en el condado de Nairobi. El Ministerio de Salud tiene previsto establecer otros 100 más en 12 ciudades importantes. Asimismo, se han llevado a cabo ejercicios de cartografía de las zonas y se han identificado hasta el momento 80 emplazamientos para ello.
Programa de subsidios del seguro médico
Se han emprendido iniciativas tanto por parte del Gobierno nacional como de los gobiernos de los condados orientadas a contribuir a mejorar la calidad de vida, mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo humano atendiendo las necesidades sanitarias de la población; otras buscan eliminar las barreras financieras a la asistencia sanitaria y reducir la incidencia de los gastos desorbitados en materia de salud mediante la consolidación y la ampliación de los mecanismos de subsidios en el ámbito de la salud y la asistencia social, con miras a lograr la cobertura sanitaria universal. Este programa está dirigido a unos 21.530 hogares, de los que 17.612 están cubiertos para acceder a los servicios de salud del hospital que prefieran. Los gobiernos de los condados también han puesto en marcha iniciativas para ampliar la cobertura sanitaria universal a fin de mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios médicos y garantizar que nadie se quede atrás.
Servicio de gestión de equipos
El objetivo de esta iniciativa es mejorar el acceso a servicios integrales del Conjunto de Servicios Esenciales de Salud de Kenya a diferentes grupos de población. En concreto, el objetivo del proyecto es contribuir a la adquisición de la infraestructura y los equipos necesarios de cerca de 100 hospitales en los condados de nivel 4 en la actualidad a fin de cumplir las normas y los estándares vigentes. Estos equipos están destinados a unidades de cuidados intensivos, quirófanos y el diagnóstico por imágenes y rayos X. Además, los centros estarán completamente equipados para que puedan prestar una amplia gama de servicios integrales de asistencia sanitaria cumpliendo las normas y los estándares y contribuir al diagnóstico temprano de enfermedades no transmisibles.
Campaña “Más allá de cero”
Se han forjado alianzas entre los gobiernos de los condados en el marco de la iniciativa “Más allá de cero”. La campaña tenía por objeto acelerar el desarrollo económico y social en el país a través de la salud. Pretende lograr una Kenya donde no exista la mortalidad materna y en la niñez prevenible y no haya desigualdades sociales en la prestación de servicios de salud esenciales. Entre los logros de la campaña cabe destacar el establecimiento de dispensarios móviles en todos los hospitales de remisión a nivel de condado del país. Al acercar la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, en los dispensarios móviles se ha podido tratar a madres y niños que, de lo contrario, se habrían visto obligados a caminar millas para recibir tratamiento.
Fondo Nacional de Seguro de Enfermedad
El Fondo Nacional de Seguro de Enfermedad ha ampliado su gama de productos, en particular los servicios de hospitales agrupados en tres categorías (A, B y C), a fin de proporcionar cobertura para hospitalización médica para que los beneficiarios gocen de servicios completos e integrales de atención ambulatoria y hospitalaria que cubran la maternidad y las enfermedades médicas, incluida la cirugía. El Ministerio de Salud a nivel nacional y de los condados colaborará con el Fiscal General y otras partes interesadas para realizar la revisión establecida en los artículos 158, 228, 240 y 260 del Código Penal.
Mujeres de las zonas rurales
Legislación
El artículo 60 de la Constitución de Kenya describe la política territorial. Dispone que no debe haber discriminación por razón de género en lo que respecta a la tierra y la propiedad. La Ley de Derecho de Sucesión también ha servido para garantizar que las niñas y las mujeres no se vean perjudicadas en los ámbitos de la herencia y la sucesión. Por ejemplo, en el asunto relativo a los bienes de Lerionka Ole Ntutu, el Tribunal competente invocó la Convención y resolvió en contra de algunas disposiciones de dicha Ley, a fin de garantizar que las hijas del difunto pudieran heredar tierras.
Este asunto refleja la decisión anterior del Tribunal de Apelación en el caso Rono v. Rono, que ignoró el derecho consuetudinario masai. La Ley de Derecho de Sucesión (cap. 160) sirvió para alcanzar esta decisión, alegando que en ella, el término “niños” incluye a niños y niñas y, además, no se diferencia entre hijos e hijas, ni tampoco entre hijas casadas y solteras. La Comisión de Reforma Legislativa de Kenya también está reformando la Ley de Derecho de Sucesión para armonizarla con la Constitución eliminando las disposiciones discriminatorias.
Grupos de mujeres desplazadas internas y marginadas
Acción afirmativa
Entre las medidas que el Estado ha puesto en marcha para atender las necesidades de determinados grupos de mujeres desfavorecidas destaca la creación del Fondo de Desarrollo Social de Acción Afirmativa para complementar el actual Fondo para el Desarrollo de las Circunscripciones. El objetivo del Fondo es el empoderamiento socioeconómico de las mujeres vulnerables, los jóvenes, las personas con discapacidad, los niños y los ancianos. Desde el ejercicio económico 2014/2015, el Gobierno ha desembolsado 6.290 millones de chelines kenianos (610.679.611 dólares de los Estados Unidos). Hasta el 20% de los fondos se destina a la prestación de un servicio financiero para las mujeres mediante un fondo rotatorio; el apoyo a las iniciativas que generan un valor añadido (por ejemplo, las industrias ligeras; la construcción de instalaciones de mercado y almacenamiento) y la puesta en marcha de módulos de educación cívica y sensibilización de la comunidad en los programas y políticas gubernamentales, como que el 30% de las adquisiciones se reserven para las mujeres.
Creación del grupo de trabajo
El Estado ha establecido un grupo de trabajo para aplicar la decisión de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Se espera que este grupo proporcione orientación sobre las consecuencias políticas, económicas y en materia de seguridad de la decisión; examine su posible impacto ambiental en el lago Bogoria y la región circundante; estudie la viabilidad de la devolución del lago Bogoria y la región circundante a la comunidad endorois teniendo en cuenta que está considerado sitio del Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y evalúe la cuantía de la indemnización a pagar por las pérdidas sufridas y las regalías que adeudan por las actividades económicas existentes en el lago y en los alrededores.
Matrimonio y relaciones familiares
Poligamia
La poligamia es una práctica muy arraigada en las comunidades tradicionales y en los matrimonios musulmanes y por ello se incluyó en la Constitución y en la Ley sobre el Matrimonio de 2014. Se espera que la práctica desaparezca con el tiempo. En la actualidad, a la mayoría de los jóvenes les resulta una tarea onerosa desde el punto de vista económico tener muchas esposas, lo que llevará a que la práctica acabe desapareciendo con el tiempo. Sin embargo, el Gobierno de Kenya ha adoptado medidas para garantizar la protección de las mujeres en matrimonios polígamos o islámicos de acuerdo con la Ley sobre el Matrimonio de 2014, que establece los requisitos para su registro e igualdad de trato. Por lo tanto, a las mujeres de matrimonios polígamos se les brinda protección conyugal, ya que la Ley reconoce su matrimonio y, por lo tanto, pueden disfrutar de derechos y responsabilidades similares a las de sus homólogas en matrimonios monógamos.
Legislación
La Ley de Patrimonio Conyugal de 2013 también garantiza la protección del patrimonio de las esposas en matrimonios polígamos. El artículo 8 dispone que, si las partes de un matrimonio polígamo se divorcian o si un matrimonio polígamo se disuelve de otra forma, el patrimonio conyugal adquirido por el hombre y la primera esposa, antes de contraer matrimonio con otra mujer, será retenido por igual por el hombre y la primera esposa únicamente. Por otro lado, el patrimonio conyugal adquirido por el hombre después de contraer matrimonio con otra mujer se considerará propiedad del hombre y de las esposas tomando en cuenta todas las contribuciones hechas por las partes. La ley dispone que es posible que una esposa sea dueña de su patrimonio conyugal con su esposo por separado del de las otras esposas. Esto significa que cualquier esposa puede ser dueña de patrimonio conyugal por igual con el esposo sin la participación de la otra esposa o las otras esposas. Los cónyuges en los matrimonios, incluidos el hombre y cualquiera de las esposas del hombre en el caso de un matrimonio polígamo, tienen un interés en el patrimonio conyugal susceptible de protección por salvedad, caución o cualquier ley vigente sobre el registro de títulos de propiedad. Ninguno de los cónyuges, durante la subsistencia del matrimonio, será desalojado de la vivienda conyugal por el otro cónyuge ni a instancias de este, salvo por orden de un tribunal. Ninguno de los cónyuges será desalojado de la vivienda conyugal por ninguna persona, salvo en cumplimiento de un decreto; por ningún síndico de quiebras; ni por un acreedor hipotecario ni acreedor garantizado en el ejercicio de un poder de venta ni otro recurso, tal y como dispone el artículo 2 2) de la Ley.
En cuanto a lo previsto en la Ley de Patrimonio Conyugal de 2013, las mujeres deben demostrar las contribuciones hechas, incluso a la adquisición de la vivienda conyugal. Sin embargo, un cambio importante es que la Ley tiene en cuenta tanto las contribuciones monetarias como las no monetarias. El trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, la compañía, el trabajo agrícola y la gestión de los asuntos familiares son tenidos en consideración como contribuciones no monetarias. Esta disposición mejora la situación de las mujeres con respecto a su posición antes de la nueva ley. Además, el requisito de aportar pruebas de la contribución se ha impugnado ante un tribunal y cabe esperar que este decida a favor de la división automática por igual del patrimonio conyugal por maridos y esposas.
La nueva Ley de Patrimonio Conyugal ha establecido nuevos precedentes sobre esta cuestión vital. La Juez Mary Gitumbi falló a favor de una mujer en una causa en que el marido había realizado el 100% de las contribuciones financieras al desarrollo del hogar familiar. La Juez competente reiteró que las disposiciones jurídicas en vigor se guían necesariamente por el principio de igualdad. Además, en U.M.M. v. I.M.M., demanda civil núm. 39 de 2012, Tuiyott J sostuvo que “las disposiciones de la ley palían la dureza del asunto Echaria. La ley reconoce la contribución no monetaria de un cónyuge. Sin embargo, no va tan lejos como sugirió el Tribunal de Apelación en el caso Nanjala William, cuando sostuvo que el artículo 45 3) de la Constitución quizá fuera “una enunciación del principio de que el patrimonio conyugal ha de compartirse por igual en caso de que el matrimonio se disuelva. En mi opinión, las disposiciones de los artículos 2, 6 y 7 de la Ley de Patrimonio Conyugal de 2013 precisan el derecho previsto en el artículo 45 3). El reconocimiento de que deben tenerse en cuenta las contribuciones monetarias y no monetarias es conforme con lo dispuesto en el artículo 45 3) de la Constitución, según el cual las partes de un matrimonio tienen los mismos derechos en el momento de contraer matrimonio, mientras dure el matrimonio y tras su disolución. Considero que tras la disolución del matrimonio cada una de las partes debe irse con lo que le corresponde”. Esta sentencia aclara la cuestión de la igualdad en el matrimonio y la división del patrimonio conyugal.
Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20 1) de la Convención
En Kenya, la Ley de Ratificación de Tratados de 2013 regula la ratificación de los protocolos facultativos y de las convenciones. Kenya ha adoptado medidas para hacer efectivas las disposiciones de la Ley nombrando recientemente a un Registrador de Tratados, tal y como se prevé en ella. Se espera que el Registrador facilite la ratificación del Protocolo Facultativo.