Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes

Séptimos informes periódicos que los Estados partesdebían presentar en 2016

Canadá * ** ***

[Fecha de recepción: 5 de agosto de 2016]

Introducción

1.El Canadá se complace en presentar al Comité contra la Tortura su séptimo informe en virtud del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la Convención). Este informe se centra en las principales medidas adoptadas en el país para mejorar la aplicación de la Convención desde la última comparecencia del Canadá ante el Comité, en mayo de 2012, y responde a la lista de cuestiones presentadas por el Comité.

2.Las respuestas se centran en aquellas cuestiones de importancia fundamental para las protecciones aportadas por la Convención y remiten a la información adicional que el Canadá ha proporcionado recientemente al Comité y a otros órganos de tratados de derechos humanos. Se ha incluido un anexo estadístico en relación con las cuestiones 10 y 13.

3.El presente informe se refiere a la aplicación de la Convención en todos los niveles de gobierno. Se entenderá por "Gobierno del Canadá" el Gobierno federal, en tanto que "el Canadá" hace referencia generalmente al Gobierno federal y a los gobiernos provinciales y territoriales combinados. Además, toda referencia a una provincia o un territorio (por ejemplo, Quebec, Manitoba o el Yukón) es, en general, una referencia a su gobierno.

Medidas para reforzar la aplicación de la Convención

4.El Canadá posee un sólido marco de leyes y políticas para aplicar la Convención, que incluye la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (la Carta), el Código Penal, la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, la Ley de Extradición y la Ley de Establecimientos Penitenciarios y Libertad Condicional, así como otras muchas medidas legales y operacionales. En el período que abarca el informe se han logrado algunos avances para seguir mejorando la aplicación de la Convención.

5.Con respecto al Protocolo Facultativo de la Convención, el Canadá está firmemente decidido a prevenir la tortura y eliminar los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el país como en el extranjero. El Canadá está a favor de la supervisión independiente de las condiciones de vida en los lugares de reclusión. El 2 de mayo de 2016, el Ministro de Relaciones Exteriores declaró que el Protocolo Facultativo "ya no será opcional para el Canadá en el futuro" y que el Canadá iniciaría un proceso para adherirse a él. El proceso de adhesión incluirá amplias consultas con otros departamentos federales interesados; las provincias y los territorios; los gobiernos indígenas que puedan estar interesados; y la sociedad civil. El Ministro de Relaciones Exteriores está convencido de que, cuando se hayan adoptado las medidas necesarias y se hayan escuchado todas las opiniones, el Canadá estará en condiciones de adherirse al Protocolo Facultativo. La adhesión y la ratificación del Protocolo Facultativo darán más peso a los llamamientos a otros países para que garanticen una supervisión independiente de las condiciones de reclusión.

6.El Canadá desea destacar otros avances recientes, que se exponen más detalladamente en el informe:

Prohibición absoluta: En 2014, el Tribunal Supremo del Canadá afirmó que la prohibición absoluta de la tortura es una norma imperativa (ius cogens) del derecho internacional y que la tortura ejercida por funcionarios canadienses sería abiertamente contraria a la Carta (cuestiones 1 y 3).

Enjuiciamientos penales: En agosto de 2015, un funcionario sirio fue acusado en el Canadá de haber participado en actos de tortura contra un ciudadano canadiense (cuestiones 1 y 3).

Garantía de no devolución: En diciembre de 2012 se estableció la División de Apelación para Refugiados de la Comisión de Inmigración y Refugiados, lo que permite que la mayoría de los solicitantes de la condición de refugiado puedan apelar una determinación inicial negativa. Desde el verano de 2015, los solicitantes de los países de origen designados también tienen acceso a la División de Apelación para Refugiados (cuestión 5).

Cooperación internacional: Desde mayo de 2012, el Canadá ha recibido nueve solicitudes de asistencia judicial recíproca de otros países u otros organismos sobre casos relacionados con denuncias de tortura. Hasta la fecha, el Canadá ha podido prestar asistencia en cinco de ellos (cuestiones 14, 15 y 16).

Condiciones de reclusión: En todos los niveles de gobierno se han tomado medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones. En mayo de 2014, el Gobierno del Canadá puso en marcha el Plan de Acción de Salud Mental para los Delincuentes bajo Responsabilidad Federal (cuestión 19).

Fortalecimiento de la rendición de cuentas de la policía: La legislación promulgada en junio de 2013 reformó significativamente las estructuras de rendición de cuentas de la Real Policía Montada del Canadá, lo que incluyó la creación de la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias, que es un órgano externo e independiente. La Oficina de Investigaciones Independientes de Columbia Británica entró en funcionamiento en 2012 y, en 2013, Quebec promulgó una ley para establecer una Oficina de Investigación Independiente (cuestiones 20 y 26).

Fortalecimiento de la rendición de cuentas en materia de seguridad nacional: El Gobierno del Canadá ha adoptado medidas legislativas para crear un comité de parlamentarios con acceso especial a la información clasificada. El comité tendrá el mandato de examinar a fondo las actividades de seguridad nacional e inteligencia en todos los sectores del Gobierno del Canadá con el fin de velar por el respeto de la ley y los valores democráticos. Además, el Gobierno federal organizará consultas públicas para asegurar que el marco de seguridad nacional del Canadá refleje las necesidades y los valores de los canadienses (cuestión 34).

Seguimiento del uso de la fuerza por la policía: Las Directrices Nacionales del Canadá para el Empleo de Armas de Descarga Eléctrica, publicadas por vez primera en octubre de 2010, fueron modificadas en 2014, tras la finalización de un programa nacional de investigación sobre dichas armas (cuestión 32).

Contribución al reasentamiento de refugiados: El Gobierno federal se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos destinados al reasentamiento de refugiados sirios, además de los compromisos ya adquiridos con respecto a la acogida de refugiados provenientes de otros lugares. Hasta el 29 de febrero de 2016, se han reasentado más de 25.000 refugiados sirios en más de 100 comunidades del Canadá (cuestión 29). Aparte del reasentamiento de refugiados sirios, el Canadá ha contraído una serie de compromisos plurianuales en materia de refugiados que está aplicando, en particular con respecto a refugiados congoleños, eritreos y colombianos, a lo que hay que añadir el reasentamiento de personas de otras nacionalidades designadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por patrocinadores privados del Canadá. Desde abril de 2016, el Canadá ha restablecido completamente el Programa Federal Provisional de Salud, que presta servicios de salud limitados y temporales a los refugiados reasentados y a los solicitantes de asilo. En abril de 2017, el Canadá ampliará el programa para incluir de manera sistemática un conjunto específico de servicios de salud previos a la partida, que se prestarán a los refugiados seleccionados para ser reasentados en el Canadá.

Sistema federal del Canadá – Policía, justicia penal, sistema penitenciario

7.El Canadá es un Estado federal que cuenta con 1 Gobierno federal, 10 gobiernos provinciales y 3 gobiernos territoriales. Cada uno de ellos tiene su respectiva esfera de jurisdicción constitucional. Todos los niveles de gobierno toman muy en serio sus obligaciones en virtud de la Convención y comparten un sólido compromiso de trabajar juntos para proteger y promover los derechos humanos en el Canadá.

8.Hay servicios policiales a nivel federal, provincial, territorial y municipal. Aunque dependen de los ministros de los correspondientes gobiernos (federal, provincial o territorial), gozan de un grado importante de independencia operacional para realizar investigaciones penales. La Real Policía Montada del Canadá es la policía federal, y también presta servicios policiales bajo un régimen contractual a los 3 territorios, 8 provincias (Ontario y Quebec tienen sus propias fuerzas policiales provinciales), más de 190 municipios, 184 comunidades aborígenes y tres aeropuertos internacionales. Muchas provincias también tienen fuerzas policiales de ámbito regional o municipal.

9.La formulación de cargos penales o su confirmación están sujetas a supervisión de los servicios de la fiscalía (a los que se suele denominar "fiscales de la Corona"). En el caso de determinados delitos muy condenados por la opinión pública, como el terrorismo y la propaganda de incitación al odio, el Código Penal, como salvaguardia adicional, establece el requisito específico de la aprobación del Fiscal General competente. Los fiscales de la Corona deben velar por que no se formulen cargos penales si no existen probabilidades razonables de obtener una declaración de culpabilidad, y por que todo enjuiciamiento corresponda al interés público. Los fiscales están sujetos a obligaciones éticas, procesales y constitucionales, y se espera que desempeñen sus funciones con imparcialidad, objetividad e integridad.

10.Las penas de dos o más años de prisión se cumplen en las penitenciarías federales, y su administración está a cargo del Servicio Penitenciario del Canadá, de conformidad con la ley federal (la Ley de Establecimientos Penitenciarios y Libertad Condicional). Los gobiernos provinciales y territoriales son responsables de la administración de las penas de menos de dos años de prisión, los períodos de libertad vigilada impuestos a los infractores y las medidas adoptadas con respecto a los jóvenes infractores. Cada provincia y territorio tiene su propio organismo de administración de las instituciones penitenciarias.

11.Todos los gobiernos consultan con la sociedad civil, los grupos comunitarios, las organizaciones indígenas y otras partes interesadas sobre las políticas y los programas particulares que promueven los derechos humanos. Sus opiniones fueron fundamentales en el proceso de preparación del presente informe. En ese contexto, una serie de organizaciones de la sociedad civil plantearon sus puntos de vista sobre la lista de cuestiones del Comité. Cuando corresponde, esas cuestiones también se abordan en el presente informe.

Cuestiones 1 y 3

La Convención en la legislación canadiense

12.Como se ha expuesto más arriba y en los informes anteriores, el Canadá sigue basándose en la Carta, así como en otras muchas medidas legales y operacionales, como medio principal para cumplir las obligaciones internacionales del Canadá de prevenir, enjuiciar y castigar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el país.

13.Las obligaciones del Canadá dimanantes de los tratados internacionales de derechos humanos son invocadas regularmente por los tribunales nacionales y ante ellos, en todos los niveles, así como ante los responsables de la adopción de decisiones administrativas. Los tratados internacionales ratificados por el Canadá no son de aplicación directa en el país, pero pueden fundamentar la interpretación del derecho interno. Los tratados de derechos humanos, como la Convención, pueden contribuir a determinar el alcance de los derechos protegidos por la Carta. Por ejemplo, se ha utilizado la Convención para interpretar el artículo 7 de la Carta, que garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, así como el derecho a no ser privado de ellas, salvo con arreglo a los principios de la justicia fundamental. Además, los tribunales canadienses se remiten a las disposiciones pertinentes de los tratados suscritos por el Canadá para interpretar la legislación ordinaria (no constitucional) y examinar las disposiciones administrativas. Por ejemplo, los tribunales interpretan la legislación ordinaria presuponiendo la intención del poder legislativo de cumplir las obligaciones contraídas por el Canadá en virtud de los tratados, siempre que no se exprese claramente lo contrario.

14.Algunas disposiciones de la Convención se han integrado específicamente en la legislación canadiense:

A efectos de la no devolución, la definición de "persona que necesita protección" de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados menciona explícitamente la definición de tortura de la Convención (véase la cuestión 11). En consecuencia, los órganos pertinentes citan con frecuencia la Convención cuando tienen que decidir si una persona necesita protección.

El delito de tortura, tipificado en el artículo 269.1 del Código Penal, reproduce esencialmente la definición de "tortura" del artículo 1 de la Convención (véase la cuestión 2).

La ley federal que rige los establecimientos penitenciarios prohíbe expresamente que se someta a los detenidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (véase la cuestión 19).

La regla de exclusión del artículo 15 de la Convención se refleja directamente en el artículo 269.1 4) del Código Penal (véase la cuestión 30).

15.Los párrafos 136 a 148 del documento básico del Canadá contienen información adicional sobre los instrumentos internacionales y la legislación nacional de derechos humanos.

Referencias significativas a la Convención por parte de los tribunales

16.En su decisión de 2014 en la causa Kazemi, el Tribunal Supremo del Canadá analizó la cuestión de si la Ley de Inmunidad de los Estados era contraria a la Carta, en la medida en que impide que las víctimas de tortura (o sus familiares más cercanos) demanden a los funcionarios públicos de otros países por actos de tortura cometidos en el extranjero. Entre las consideraciones mencionadas por el Tribunal figuran las obligaciones del Canadá en virtud del artículo 14 de la Convención y las observaciones del Comité sobre esa disposición. Finalmente, el Tribunal decidió que la disponibilidad de ese recurso civil no era un requisito constitucional y, al mismo tiempo, subrayó que la prohibición de la tortura era una norma imperativa (ius cogens) de derecho internacional. El Tribunal señaló que "[s]i el Gobierno del Canadá llevara a cabo actos de tortura, esa conducta violaría las normas y los principios de derecho internacional vinculantes para el Canadá, sería ilegal en virtud del Código Penal y sería también indudablemente inconstitucional", en particular porque sería "abiertamente contraria" a la prohibición de infligir tratos o penas crueles o inusitados, establecida en la Carta.

17.En su decisión de 2014 en la causa Diab, el Tribunal de Apelación de Ontario citó el artículo 15 de la Convención al resolver que el Ministro debería negarse a entregar a una persona para su extradición cuando existiera un riesgo importante de que en el Estado solicitante se utilizaran contra dicha persona pruebas obtenidas bajo tortura. En otro procedimiento de extradición, la causa 'Isa, el Tribunal de Apelación de Alberta invocó el artículo 15 para subrayar la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura (véase la cuestión 30).

Jurisdicción extraterritorial respecto de los delitos relacionados con la tortura

18.La tortura es un delito tipificado en el Código Penal. Cuando se comete un delito relacionado con la tortura fuera del Canadá, el artículo 7 3.7) del Código Penal establece normas jurisdiccionales especiales. Los actos extraterritoriales que constituyan delitos relacionados con la tortura se considerarán cometidos en el Canadá si, por ejemplo, el autor de dichos actos es un ciudadano canadiense, el demandante es un ciudadano canadiense o la persona que cometió el acto está presente en el Canadá. Los "delitos relacionados con la tortura" incluyen la tortura propiamente dicha, la tentativa de tortura, el asesoramiento para que otra persona practique la tortura, la conspiración para practicar la tortura o la complicidad después de cometido el hecho. Si el acusado no es un ciudadano canadiense, el enjuiciamiento de esos actos extraterritoriales requiere el consentimiento del Fiscal General del Canadá. La decisión sobre el consentimiento se delega en el Director Adjunto del Ministerio Público del Canadá y es una cuestión que queda a discreción del Fiscal, quien debe tener en cuenta la suficiencia y la disponibilidad de las pruebas presentadas y el interés público de proceder al enjuiciamiento.

19.De manera análoga, el artículo 8 de la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra permite el enjuiciamiento extraterritorial de aquellas personas presuntamente implicadas en actos de tortura cuando estos constituyan los actos subyacentes de un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Dicha ley contiene disposiciones jurisdiccionales más amplias que el Código Penal, y prevé su aplicación en situaciones de conflicto armado y otras circunstancias en las que se podrían cometer ese tipo de delitos. Para proceder a su enjuiciamiento es necesario el consentimiento del Fiscal General del Canadá.

20.Las investigaciones de delitos extraterritoriales relacionados con la tortura pueden estar a cargo de una fuerza policial provincial o de la Real Policía Montada del Canadá. El encausamiento de esos delitos puede corresponder a un fiscal general provincial o al Ministerio Público del Canadá, según las circunstancias que concurran en el delito. La adopción de decisiones en el marco de la investigación por parte de las fuerzas policiales, así como el ejercicio de la discrecionalidad procesal de la Corona, se realizan de manera independiente y al margen de toda influencia política. Los particulares pueden iniciar procesos penales privados, que están sujetos al requisito ya mencionado de contar con el consentimiento del Fiscal General.

21.Recientemente se ha formulado una acusación con arreglo a las disposiciones jurisdiccionales especiales. El 31 de agosto de 2015, la Real Policía Montada del Canadá acusó al funcionario sirio George Salloum por su participación en actos de tortura contra el ciudadano canadiense Maher Arar. La imputación de cargos se realizó en rebeldía, de conformidad con el artículo 269.1 del Código Penal, tras la realización de una investigación compleja en la que participaron diversos países y organizaciones no gubernamentales (ONG), incluida Amnistía Internacional. Se trata de la primera investigación realizada en el Canadá en la que se formula una acusación contra un funcionario extranjero por haber cometido actos de tortura en su país. La Real Policía Montada del Canadá continuará trabajando, junto con sus asociados nacionales e internacionales en materia de seguridad y cumplimiento de la ley, con el fin de localizar a Salloum e iniciar el proceso de extradición al Canadá, a fin de que comparezca ante la justicia.

Cuestión 2

22.La tortura es un delito tipificado en el artículo 269.1 del Código Penal. Dicho artículo establece que todo funcionario, o toda persona que actúe a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, que inflija torturas a cualquier otra persona será culpable de la comisión de un delito. El artículo 269.1 2) contiene una amplia definición de "tortura", que está en conformidad con la del Artículo 1 de la Convención.

23.Las disposiciones sobre las penas tienen en cuenta el grave carácter de la tortura. Las personas condenadas por haber cometido actos de tortura, haber participado en ese tipo de actos (por ejemplo, ayudar o instigar, o asesorar), o haber conspirado con otra persona para cometer torturas pueden ser condenadas a una pena de hasta 14 años de prisión. Si una persona intenta practicar la tortura, encubre un acto de tortura o aconseja dicho acto y este no se realiza, la pena máxima aplicable es de siete años de prisión.

24.En correspondencia con el compromiso del Canadá de prevenir la tortura mediante medidas como las que exige la Convención, los enjuiciamientos relacionados con el delito de tortura establecido en el Código Penal no son frecuentes. El Canadá no tiene conocimiento de ningún caso ocurrido en el período que abarca el informe en el que se haya acusado a un funcionario canadiense en virtud del artículo 269.1. Se han realizado investigaciones disciplinarias sobre el presunto empleo excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden u otros funcionarios, que, aunque no equivalen a actos de tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se tratan muy seriamente (véanse las cuestiones 17, 20 y 25).

Cuestión 4

Reconocimientos médicos en las instituciones penitenciarias

25.El Servicio Penitenciario del Canadá está obligado por ley a "prestar servicios básicos de atención de la salud a los reclusos y velar por que estos tengan un acceso razonable a servicios no básicos de salud mental que contribuyan a su eficaz rehabilitación y reintegración en la comunidad". Esos servicios deben ajustarse a las normas profesionalmente aceptadas. En todas las decisiones que afecten a los reclusos, el Servicio Penitenciario del Canadá debe tener en cuenta su estado y sus necesidades en materia de salud. Toda persona que indique que tiene una lesión o una enfermedad mientras esté bajo la custodia de dicho Servicio debe ser objeto de un reconocimiento completo e imparcial por parte de un médico o un enfermero diplomados.

26.Los servicios de enfermería evalúan periódicamente a los reclusos de manera integral (en el momento de la admisión, en los traslados y a lo largo de todo el período de la condena), lo que incluye cualquier problema de salud que pueda deberse al sufrimiento de torturas o malos tratos con anterioridad. El proceso de evaluación que realizan los servicios de enfermería del Servicio Penitenciario del Canadá en el momento de la admisión se centra en la detección temprana de los problemas de salud y la pronta remisión para su seguimiento.

27.En las primeras 24 horas desde su llegada, se realiza una evaluación completa del estado de salud física de los reclusos, así como una evaluación inicial de su estado de salud mental, con el propósito de detectar posibles problemas de salud que requieran una atención inmediata. Se identifican los problemas de salud graves o crónicos (incluidas las lesiones) y los trastornos de salud mental (como la depresión y el riesgo de suicidio o de autolesión) y, cuando es necesario, se remite al recluso al médico pertinente (médico general, psiquiatra, dentista u otros). Los reclusos que, de acuerdo con la evaluación inicial, no necesitan un seguimiento son informados de que pueden ponerse en contacto con los servicios de salud en cualquier momento (véanse también las cuestiones 19 y 22).

28.A nivel de las provincias y los territorios, Terranova y Labrador ha mejorado los servicios médicos mediante la contratación de enfermeros de atención directa en las instituciones penitenciarias. Además, se cuenta con los servicios de médicos generales, enfermeros de atención directa, psiquiatras y psicólogos para ayudar y prestar apoyo a los reclusos. Si se requiere otro tipo de servicios, se traslada a los reclusos a los centros médicos locales.

29.En Columbia Británica, todos los reclusos tienen acceso a un personal médico que proporciona un tratamiento completo e independiente, tanto a los reclusos como a los detenidos. Si no es posible proporcionar el tratamiento médico necesario en el lugar, se puede trasladar a las personas bajo custodia al hospital o a los servicios especializados de la comunidad, según sea necesario. En enero de 2015, el servicio penitenciario de Columbia Británica formalizó su política de no suspender los servicios de atención de la salud, incluidos los medicamentos, por razones punitivas o para modificar el comportamiento de los reclusos.

30.Por último, en Quebec, los reclusos tienen derecho a recibir servicios de salud comparables a los disponibles en la comunidad para necesidades similares. Pueden acceder a los servicios del personal sanitario del centro de detención o ser trasladados a un centro de atención de la salud externo si fuera necesario.

Reconocimientos médicos bajo custodia policial

31.La política nacional sobre el tratamiento médico de las personas bajo custodia de la Real Policía Montada del Canadá se revisa periódicamente, y la modificación más reciente se realizó en enero de 2015. Las políticas de la Real Policía Montada del Canadá se han elaborado sobre la base de consultas de ámbito nacional y están destinadas ayudar a que las provincias y los territorios establezcan sus propias políticas y procedimientos para proporcionar asistencia médica a las personas bajo custodia.

32.Dichas políticas dejan en claro que la Real Policía Montada del Canadá es responsable de asegurar la plena protección de las personas bajo su custodia y, en particular, que debe tomar medidas inmediatas para procurar atención médica cuando se necesite. Toda persona que indique que tiene una lesión o una enfermedad mientras esté bajo custodia de la Real Policía Montada del Canadá es objeto de un reconocimiento completo e independiente por parte de un médico o un enfermero diplomados. El médico es responsable de documentar el reconocimiento, sobre la base de las directrices del organismo regulador de su jurisdicción (esto es, un colegio de médicos o de enfermeros).

Reconocimiento médico en el marco de la detención de inmigrantes

33.Las personas detenidas por motivos relacionados con la inmigración en un centro de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá deben ser objeto de un reconocimiento médico general por un médico o un enfermero en un plazo máximo de 48 horas desde la detención. La Agencia de Servicios de Fronteras cuenta con médicos contratados expertos en identificar problemas de comportamiento y de salud mental, incluida la información que pueda indicar si se han sufrido torturas o malos tratos con anterioridad, y debe contratar a los profesionales sanitarios necesarios de acuerdo con los protocolos médicos pertinentes. Todos los detenidos tienen acceso a los servicios médicos. Por ejemplo, los centros de detención de Toronto y Laval cuentan con los servicios de médicos y enfermeros en el propio centro y, cuando es preciso, se dispone de servicios médicos de apoyo fuera del horario laboral. Además, los trabajadores sociales y representantes de ONG, el ACNUR y la Cruz Roja del Canadá, visitan regularmente a los inmigrantes detenidos. Toda persona que indique que tiene una lesión o una enfermedad mientras esté bajo custodia de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá es objeto de un reconocimiento completo e independiente por parte de un médico o un enfermero diplomados.

34.La Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá puede trasladar a las personas que tengan una enfermedad mental a un centro de detención provincial que disponga de servicios de salud mental. Las personas detenidas por dicho organismo que estén en centros penitenciarios provinciales tienen acceso a la atención médica en todo momento. Cada provincia tiene sus propios mecanismos de presentación de informes y actividades de seguimiento e investigación de las denuncias de malos tratos. Las provincias deben mantener informada a la Agencia de Servicios de Fronteras de todas las denuncias de malos tratos, la investigación pertinente y sus resultados. Por ejemplo, los centros de detención de Quebec deben prestar determinados servicios a las personas recluidas, en particular servicios de atención de la salud (consultas, reconocimientos médicos). Además, de acuerdo con el reglamento correspondiente a la ley que regula el sistema penitenciario de Quebec, "todo recluso cuyo estado de salud lo requiera debe ser trasladado a un centro hospitalario" (art. 11) donde se presten los servicios de salud necesarios.

35.La Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá está revisando sus normas nacionales en materia de detención. Las nuevas normas establecerán las prácticas que se deberán cumplir y asegurarán la coherencia a nivel nacional sobre distintos aspectos de la detención, como la seguridad, la atención de los detenidos (incluida la salud mental), la administración y la gestión. Además, recientemente, dicho organismo ha puesto en marcha un nuevo curso de formación sobre detención dirigido a todos sus funcionarios. El curso en línea trata la cuestión de la prevención del suicidio y de la autolesión de los inmigrantes detenidos. El organismo también imparte formación sobre la prevención del suicidio al personal contratado responsable de los inmigrantes detenidos en los centros de internamiento de inmigrantes.

Cuestión 5

Marco general de la detención de inmigrantes

36.De conformidad con la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, los funcionarios de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá tienen potestad para detener a un ciudadano extranjero o a un residente permanente cuando tengan motivos razonables para considerar que es inadmisible en el Canadá y que concurren uno o más de los motivos de detención (el más habitual es que esa persona sea un peligro para la seguridad pública o que sea poco probable que comparezca para ser objeto de un examen). Los funcionarios solo deben detener a una persona cuando sea necesario y proporcional a las circunstancias y, cuando detengan o arresten a una persona, deben examinar la posibilidad de adoptar soluciones alternativas razonables, como la obligación de presentarse ante las autoridades o el establecimiento de depósitos y garantías.

37.Los funcionarios de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá deben comparecer periódicamente ante la División de Inmigración de la Comisión de Inmigración y Refugiados, que es un tribunal administrativo imparcial e independiente, para explicar por qué es necesario prolongar la detención. En ese examen, dichos funcionarios deben presentar la información que justifique la continuidad de la detención. La persona detenida puede exponer su caso y estar representada por un abogado. Un miembro de la Comisión de Inmigración y Refugiados examina el caso y decide si dicha persona debe continuar detenida o ser puesta en libertad, con o sin condiciones. En estas audiencias, el miembro de la Comisión de Inmigración y Refugiados debe considerar la posibilidad de adoptar todas las alternativas a la detención disponibles. Si no se pone en libertad a la persona, la División de Inmigración debe examinar nuevamente el caso en un plazo de 30 días.

38.No existe un plazo límite oficial para la detención de inmigrantes. No obstante, el Tribunal Supremo del Canadá ha concluido que la inexistencia de un plazo límite general no significa que se trate de una "detención indefinida", ya que se ha establecido un proceso pertinente de examen permanente y periódico de la detención que tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. La División de Inmigración siempre explica los motivos de sus decisiones, que están sujetas a revisión judicial con la venia del Tribunal Federal. Las salvaguardias constitucionales contenidas en la Carta permiten una evaluación contextual acerca de si la detención de una persona se ha prolongado tanto tiempo que resulta contraria a los derechos humanos.

39.Entre abril de 2014 y marzo de 2015, la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá detuvo a 6.768 personas. La duración media de dichas detenciones fue de 24,5 días.

Ciudadanos extranjeros designados

40.En 2012 se aprobó el proyecto de ley C-31, promulgándose así la Ley de Protección del Sistema de Inmigración del Canadá. La nueva ley no modifica sustancialmente el régimen de detención de los inmigrantes aplicable en la gran mayoría de los casos, explicado más arriba. Las disposiciones de la ley solo afectan a un subconjunto de personas extranjeras poco numeroso y excepcional: si el Ministro de Seguridad Pública califica de irregular la llegada de un grupo de extranjeros, los miembros de ese grupo que han entrado en el país se convierten en "ciudadanos extranjeros designados". Los que tengan 16 o más años de edad en la fecha de llegada son detenidos obligatoriamente, a fin de que las autoridades fronterizas dispongan de tiempo suficiente para investigar la identidad y la admisibilidad en el territorio de los recién llegados.

41.Hay una serie de salvaguardias para impedir que dicha detención se prolongue más de lo necesario. Estas consisten en: el examen periódico de la detención por la Comisión de Inmigración y Refugiados; la posibilidad de una revisión judicial por el Tribunal Federal; la posibilidad de la puesta en libertad a solicitud del ciudadano extranjero en circunstancias excepcionales (según las políticas que determinan esas circunstancias); y la puesta en libertad, por iniciativa del Ministro, cuando los motivos de la detención hayan dejado de existir.

42.Si bien algunos de estos extranjeros han sido sometidos a este régimen de detención, la mayoría han sido puestos en libertad por el Ministro con ciertas condiciones o han sido expulsados. Con respecto a un pequeño grupo que suscitaba preocupación por cuestiones delictivas, el Ministro pidió que se prolongara la detención, lo que fue autorizado por la División de Inmigración de la Comisión de Inmigración y Refugiados en un examen de la detención. Desde el 11 de mayo de 2016 no ha habido personas detenidas en el marco de este régimen.

43.Los ciudadanos extranjeros designados también están sujetos a algunas restricciones, como la prohibición de solicitar la residencia permanente en el Canadá durante cinco años y, como consecuencia de ello, la prohibición de auspiciar la migración de sus familiares durante ese período. Estas medidas están destinadas a disuadir a quienes estén considerando el contrabando de personas como un posible medio para llegar al Canadá. No obstante, el Canadá sigue respetando sus obligaciones de no devolución en virtud del derecho internacional, ya que garantiza que los solicitantes de asilo que reúnan las condiciones, aunque hubieran entrado en el Canadá mediante el contrabando de personas, sean objeto de una evaluación justa de los riesgos que pueden enfrentar si son expulsados del Canadá, bien sea por medio de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o, en el caso de los solicitantes que no reúnan las condiciones, mediante una evaluación del riesgo previa a la devolución (véase la cuestión 11).

División de Apelación para Refugiados

44.En virtud de la Ley de Protección del Sistema de Inmigración del Canadá, se creó la División de Apelación para Refugiados en el seno de la Comisión de Inmigración y Refugiados. Ello permite que la mayoría de los solicitantes rechazados puedan apelar una determinación inicial negativa de la División de Protección de los Refugiados. Además, todos los solicitantes rechazados pueden solicitar al Tribunal Federal una revisión judicial de la decisión final de la Comisión de Inmigración y Refugiados sobre su reclamación.

45.Anteriormente, los solicitantes de los países de origen designados no tenían acceso a la División de Apelación para Refugiados, pero, en virtud de una decisión emitida por el Tribunal Federal del Canadá en julio de 2015, estos solicitantes tienen derecho a apelar ante dicho organismo. Por lo tanto, en la actualidad, los solicitantes de los países de origen designados tienen acceso a la División de Apelación para Refugiados.

46.No obstante, algunos grupos específicos no tienen acceso a la División de Apelación para Refugiados, por ejemplo, los que estén sujetos a una excepción establecida en el Acuerdo sobre Terceros Países Seguros suscrito entre el Canadá y los Estados Unidos, los solicitantes que formen parte de un grupo de llegada irregular de extranjeros designados, o aquellos cuya solicitud haya sido considerada manifiestamente infundada o carente de credibilidad. La exclusión de esos solicitantes del acceso a la apelación constituye un desincentivo para entrar en el Canadá por esos medios y reduce el tiempo dedicado en el país a la tramitación de solicitudes infundadas. No obstante, esos grupos pueden solicitar una revisión judicial al Tribunal Federal y acceder a otros recursos judiciales eficaces, lo que asegura que el Canadá cumpla sus obligaciones internacionales con respecto a evitar la devolución.

Cuestión 6

47.El Canadá utiliza los certificados de seguridad en circunstancias excepcionales, cuando, en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, un residente permanente o un ciudadano extranjero no puede ser admitido en el país por motivos de seguridad, por haber vulnerado derechos humanos o internacionales, por haber cometido delitos graves o por su pertenencia a la delincuencia organizada, y cuando se requiere de información clasificada para establecer la inadmisibilidad de esa persona. Dicha información no se puede hacer pública, porque podría perjudicar la seguridad nacional o poner en peligro la seguridad de alguna persona. El sistema del certificado de seguridad establece un procedimiento constitucionalmente equitativo para conciliar la protección de la información confidencial y los derechos de la persona.

48.En los anteriores informes presentados al Comité por el Canadá se describían las importantes modificaciones introducidas en las disposiciones sobre los certificados de seguridad de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados tras una decisión del Tribunal Supremo de 2007, así como un recurso ante los tribunales presentado por el Sr. Harkat sobre la constitucionalidad de las disposiciones modificadas. En mayo de 2014, el Tribunal Supremo dictaminó sobre ese recurso, declarando que el sistema del certificado de seguridad era compatible con la Carta. El Tribunal Supremo sostuvo que las disposiciones no vulneraban el derecho de la persona afectada a un proceso equitativo, esto es, el derecho a conocer las alegaciones en su contra y a responder a ellas, así como el derecho a que se adopte una decisión basada en los hechos y en la ley. El Tribunal Supremo declaró que el sistema del certificado de seguridad permitía el suministro de suficiente información a la persona afectada, y que "el juez está investido de amplias facultades discrecionales y debe asegurarse no solo de que se hagan constar en el proceso los motivos que justifiquen una conclusión de los ministros favorable a la prohibición de estancia en el país, sino también de que todo el proceso sea equitativo".

49.Actualmente solo hay tres personas sujetas al certificado de seguridad. Ninguna de ellas está detenida; todas han sido puestas en libertad con condiciones que fueron impuestas y son revisadas periódicamente por el Tribunal Federal. En la causa del Sr. Mahjoub, el Tribunal Federal consideró razonable el certificado. Posteriormente, el Sr. Mahjoub recurrió la decisión ante el Tribunal Federal de Apelación. En la causa del Sr. Jaballah, en mayo de 2016, el Tribunal Federal dictaminó que su certificado de seguridad no era razonable. El Gobierno del Canadá está examinando esta decisión.

50.Por último, en la causa del Sr. Harkat, mediante su decisión de mayo de 2014, el Tribunal Supremo del Canadá consideró que su certificado era razonable; dicha persona no era admisible en el Canadá por motivos de seguridad nacional, debido a su pertenencia a una organización terrorista. En consecuencia, se inició el procedimiento de expulsión ordinario contra el Sr. Harkat.

51.Recientemente, el Sr. Harkat fue objeto de una evaluación realizada por funcionarios, en la que se recomendaba su traslado desde el Canadá a Argelia, de conformidad con la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados. Dicho documento contiene dos elementos principales: en primer lugar, evalúa los riesgos a los que podría hacer frente al regresar a Argelia; en segundo lugar, evalúa si dicha persona representa un peligro para la seguridad del Canadá. El siguiente paso del procedimiento es la posibilidad de que la persona afectada presente una respuesta por escrito. Esas respuestas pueden abordar cualquier asunto pertinente, incluido el riesgo que se enfrenta al regresar al país de origen o cualquier consideración relacionada con la seguridad del Canadá. Todos los documentos pertinentes, incluida la respuesta de la persona afectada, deben ser enviados al delegado del Ministro a fin de que adopte una decisión sobre si dicha persona debe o no ser expulsada del Canadá. Dicha decisión está sujeta a revisión judicial.

52.La Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados contiene disposiciones que aclaran la información que se puede utilizar en los procedimientos relativos a los certificados de seguridad. El apartado 1.1) del artículo 83 confirma que la información que, sobre la base de motivos razonables, se considere que ha sido obtenida mediante la práctica de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no se considerará fiable ni adecuada y, por lo tanto, no podrá utilizarse en el procedimiento. En dicho apartado se hace referencia al Código Penal para definir la tortura (véase la cuestión 2) y a la Convención para definir los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Tribunal Federal aplicó esta disposición en 2010, en una decisión que mencionaba extensamente las observaciones del Comité, en particular en relación con la definición de los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo con la decisión del Tribunal, el apartado 1.1) del artículo 83 contiene "tres proposiciones: en primer lugar, la información obtenida mediante la práctica de la tortura es inherentemente poco fiable; en segundo lugar, la exclusión de esa información en los procedimientos judiciales desalienta efectivamente la práctica de la tortura; y, en tercer lugar, la admisión de esas pruebas es contraria a la integridad del procedimiento judicial, que resulta menoscabada".

Cuestión 7

53.El propósito de las directivas ministeriales mencionadas era establecer una política coherente y consecuente sobre los procesos de decisión en relación con el intercambio de información en los casos de riesgo de malos tratos. Como señalan claramente estas directivas, el Canadá ni promueve ni condona el uso de la tortura u otros métodos ilícitos de investigación y se opone firmemente al maltrato de cualquier persona a manos de cualquier entidad extranjera por el motivo que sea. Las directivas ministeriales establecen las obligaciones del Canadá en virtud de la Convención, así como las disposiciones pertinentes del Código Penal y la Carta. Por último, cabe señalar que el derecho canadiense prohíbe que en ningún procedimiento se invoque como prueba ninguna declaración que se demuestre que ha sido obtenida bajo tortura, salvo contra una persona acusada de haber utilizado la tortura para obtener tal declaración (véase la cuestión 30).

54.Además de las directivas ministeriales, el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad ha reforzado y mejorado la prohibición de la tortura en una serie de cursos de capacitación operacional que se imparten regularmente al personal. Estos cursos internos de capacitación aseguran que los empleados conozcan la prohibición legal y la política sobre los procesos de decisión en relación con el intercambio de información en los casos de riesgo de malos tratos. Los cursos actualizados hacen hincapié en la adhesión del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad a las protecciones de los derechos humanos establecidas en la Carta y al tratamiento adecuado de la información en relación con la coacción o la tortura.

Cuestión 8

55.El Canadá combate firmemente la violencia contra las mujeres y los niños y tiene el compromiso de garantizar la seguridad de todas las mujeres y todos los niños en el Canadá. Se combate la violencia contra las mujeres y los niños con medidas jurídicas, programas y políticas destinados a prevenir y reducir la incidencia del fenómeno, prestar atención médica y asistencia social a las víctimas, y exigir responsabilidades a los agresores. El Canadá se ha comprometido a elaborar y poner en práctica una amplia estrategia y un plan de acción de ámbito federal contra la violencia de género.

56.Esta cuestión, junto con las cuestiones 9, 10, 24, 31 y 33, tratan de actos de violencia cometidos por agentes no estatales. La definición de tortura establecida en el artículo 1 de la Convención requiere un cierto nivel de participación del Estado para que los malos tratos constituyan un acto de "tortura". Según el artículo 1, los actos de violencia solo constituirán un acto de "tortura" cuando exista la participación intencional, incluida la aquiescencia, de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Este requisito también figura en el derecho penal del Canadá. Por lo tanto, solo en las circunstancias más excepcionales la violencia por parte de agentes no estatales (por ejemplo, la violencia doméstica) puede ser considerada tortura en el sentido del artículo 1. Por ejemplo, la aquiescencia a la violencia ejercida por un agente no estatal puede ocurrir si un funcionario público, antes de que ocurra el acto de violencia en cuestión, tiene un conocimiento subjetivo y específico de ello y no toma unas medidas preventivas razonables. El Canadá no comparte el amplio enfoque de la aquiescencia expuesto por el Comité en el párrafo 18 de su observación general núm. 2 (2008).

57.Véase información más detallada sobre las medidas adoptadas por los gobiernos canadienses para combatir la violencia contra la mujer en los informes presentados por el Canadá al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. A continuación se presenta un breve resumen, con algunos puntos destacados que ilustran las medidas adoptadas en las provincias y los territorios.

Medidas para combatir la violencia contra las mujeres y los niños

58.El Código Penal del Canadá da una respuesta exhaustiva en el ámbito de la justicia penal a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica. Para hacer frente a los casos de violencia doméstica puede invocarse la comisión de delitos de carácter general, como las amenazas, las agresiones, el abuso sexual, el homicidio, el matrimonio forzado y el acoso delictivo. Además, como factores agravantes para la determinación de la pena, los tribunales deben tener en cuenta si, al cometer el delito, el autor maltrató a su cónyuge o pareja de hecho. Las recientes modificaciones del Código Penal han reforzado las disposiciones que castigan la utilización de armas para cometer delitos violentos contra una pareja o un familiar.

59.Las provincias y los territorios han adoptado medidas de ámbito penal para responder mejor a las necesidades de las víctimas y de los autores de violencia doméstica, como la adopción de políticas de imputación y enjuiciamiento, para asegurar que los casos de violencia doméstica sean tratados con el mismo rigor que los casos de violencia entre personas ajenas a la familia. Diez jurisdicciones tienen tribunales especializados en violencia doméstica, diseñados para facilitar la intervención en ese tipo de casos y actuar como centro de coordinación de los servicios destinados a las víctimas y los programas de tratamiento para los infractores.

60.Otras leyes del Canadá (como las relacionadas con el derecho de familia y la protección de la infancia, la inmigración o las viviendas familiares y los intereses matrimoniales en las reservas) contienen disposiciones específicas en materia de seguridad que tienen en cuenta la violencia doméstica. Además, diez provincias y territorios del Canadá tienen disposiciones legislativas de derecho civil que se ocupan específicamente de la violencia doméstica. Esas disposiciones garantizan el acceso de las víctimas a medidas de protección y reparación, mediante el establecimiento de órdenes de protección de emergencia de corto plazo y otras órdenes civiles de alejamiento.

61.También hay otros servicios y programas que se ocupan de la violencia doméstica, como los programas de la policía y los programas de indemnización, y, cuando procede, hay programas específicos que ofrecen respuestas adecuadas al entorno cultural en los casos de violencia doméstica que afectan a víctimas o a autores aborígenes.

62.Por ejemplo, el Gobierno de Saskatchewan pondrá en marcha un nuevo alojamiento transitorio y, en 2015-2016, se incrementó en un 22% la financiación de siete servicios especializados en casos de agresión sexual que centran su labor en el apoyo directo a las víctimas y los supervivientes. Además, se ha puesto en marcha la Iniciativa de Transporte y Apoyo del Distrito Septentrional, a fin de mejorar el acceso a lugares seguros y proporcionar apoyo temporal a los residentes de la zona septentrional de Saskatchewan que huyen de situaciones de violencia o maltrato.

63.En 2015-2016, el Gobierno de Terranova y Labrador estableció el Tribunal de Intervención en materia de Violencia Familiar en St. John's (Terranova). Además, ha comenzado su labor, como experiencia piloto, un tribunal del mismo tipo, que cuenta con asistencia tecnológica, en la costa oeste de la parte insular de la provincia. Se tiene el propósito de desarrollar un modelo de tribunal adaptado a las características culturales y regionales específicas, lo que requerirá un proceso de consultas más amplio con las comunidades indígenas y las partes interesadas. Por último, la Política sobre las Víctimas de la Violencia del Gobierno de Terranova y Labrador proporciona apoyo de emergencia a corto plazo a todos los residentes de la provincia para que puedan alejarse de las situaciones violentas.

Estadísticas sobre la violencia conyugal y la violencia contra la pareja

64.El Comité solicitó que se presentaran datos desglosados sobre las denuncias de violencia doméstica y la respuesta de la justicia penal. Las fuentes principales de este tipo de datos son los estudios estadísticos basados en las declaraciones de las víctimas y los informes sobre los delitos respecto de los cuales se ha informado a la policía. El informe más reciente se publicó en enero de 2016.

65.La violencia conyugal denunciada por las víctimas ha disminuido en el Canadá en los últimos años. En las provincias, el porcentaje de personas que informaron haber sido víctimas de violencia conyugal en los últimos cinco años disminuyó del 7% en 2004 al 4% en 2014. En los territorios, dicho porcentaje se mantuvo relativamente estable, en un 12% en 2014, habiendo sido de un 10% en 2009. Aunque el porcentaje de hombres y mujeres que informaron de haber sido víctimas de violencia conyugal en los últimos cinco años era igual, existen notables diferencias en cuanto a la gravedad de la violencia sufrida. Por ejemplo, la probabilidad de que las mujeres sufrieran abusos sexuales, golpes, estrangulamientos o amenazas con una pistola o un cuchillo duplicaba la de los hombres.

66.La mayoría de los incidentes de violencia conyugal (70%) no fueron denunciados a la policía, aunque aproximadamente el 19% de las víctimas sí lo hizo. El 10% informó que la policía tuvo conocimiento de los actos de violencia de alguna otra manera. Dos tercios de las víctimas de violencia conyugal cuyo maltrato había sido denunciado a la policía estaban satisfechas con la forma en que la policía había tratado su situación.

67.En 2014, el año más reciente del que se dispone de datos, se denunciaron a la policía 88.688 casos de violencia contra la pareja, incluidos 68.348 casos de agresión física y 2.693 casos de delitos sexuales. Ello representó una tasa de 301,1 incidentes por cada 100.000 habitantes, en comparación con 310,3 en 2013. El número de mujeres víctimas de casos de violencia contra la pareja denunciados a la policía fue desproporcionadamente alto (con una tasa de 469,1 incidentes por cada 100.000 habitantes entre las mujeres, en comparación con una tasa de 129,3 entre los hombres). En general, dichas tasas fueron significativamente más altas en los territorios que en las provincias. La más elevada se dio en Nunavut (3.578) y las más baja en la Isla del Príncipe Eduardo (207,6).

68.El Canadá no está en condiciones de proporcionar los datos solicitados sobre los procesos iniciados, las sentencias condenatorias dictadas y las penas impuestas en relación con actos de violencia doméstica. En el Canadá, la información sobre los procesos penales se reúne mediante la Encuesta Integrada sobre los Tribunales Penales, que recopila información sobre los juicios penales tramitados ante los tribunales. Sin embargo, dicha Encuesta no recopila datos sobre las víctimas (como el género o el origen étnico), ni sobre la relación entre la víctima y el acusado. El informe sobre la violencia en la familia mencionado más arriba proporciona la información más completa a este respecto.

Cuestión 9

69.El derecho penal del Canadá prohíbe específicamente la trata de personas, independientemente de si esta se produce íntegramente en el país o de si incluye traer personas del extranjero al Canadá. Los delitos de aplicación general tipificados en el Código Penal también pueden incluir los casos de trata de personas. La reciente reforma de la legislación relacionada con la prostitución (2014) tenía el propósito, entre otras cosas, de reducir la incidencia de la trata de personas con fines de explotación sexual. Las nuevas disposiciones tipifican como delito la contratación de servicios sexuales.

70.En junio de 2012, el Gobierno del Canadá puso en marcha el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, en el que se indican los esfuerzos desplegados para combatir ese delito. El Canadá ha adoptado medidas muy importantes para poner en práctica dicho Plan de Acción, en particular:

La organización de una campaña nacional de sensibilización pública sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en el país, de la que son víctimas los aborígenes que viven dentro y fuera de las reservas, en comunidades rurales, urbanas y septentrionales;

La financiación de una serie de organizaciones internacionales y ONG que colaboran con los gobiernos para combatir la trata de personas, centrándose principalmente en la prevención, la protección y la rehabilitación de las víctimas de la trata; y

El establecimiento de la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas de la Real Policía Montada del Canadá, que colabora estrechamente con la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá en las investigaciones sobre la trata y otras iniciativas conexas. Este equipo, integrado por 17 personas y con sede en Montreal, ha realizado 5 investigaciones y ha logrado que se dicte 1 condena; existe además 1 caso que está siendo examinado por los tribunales.

Medidas para prestar apoyo a las víctimas de la trata

71.Los funcionarios de control de fronteras están capacitados para identificar a las posibles víctimas de la trata de personas, a las que se les proporciona información en los puestos fronterizos. Además, se puede conceder a las presuntas víctimas un permiso de residencia temporal, a fin de que puedan considerar sus opciones y recibir asistencia. Las víctimas de la trata de personas pueden beneficiarse de una amplia gama de programas sociales, como la atención sanitaria universal, la vivienda de emergencia, la asistencia jurídica y la asistencia social. Generalmente estos programas se gestionan en las provincias y los territorios.

72.Mediante el Programa de Promoción de la Mujer, la Oficina de la Mujer del Canadá ha apoyado una serie de proyectos destinados a combatir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Estos proyectos se basan en la colaboración con las mujeres y las partes interesadas de la comunidad, como las fuerzas del orden, los centros de acogida, los servicios jurídicos y los servicios de atención de la salud, con el fin de diseñar y aplicar estrategias integradas de prevención y respuesta para combatir la trata y mejorar los servicios prestados a las víctimas.

73.A nivel de las provincias y los territorios, Terranova y Labrador revisó en 2013 su Política sobre las Víctimas de la Violencia, concediendo prioridad para la obtención de una vivienda social a las víctimas de la violencia en la familia, o de la explotación por medio de la trata de personas o el trabajo sexual, que buscan apoyo para superar su situación. Las víctimas de la violencia tienen derecho a que se les conceda una prioridad especial en los procedimientos de solicitud o de cambio de vivienda y en cuestiones específicas de mantenimiento, como el cambio de la cerradura. Esta política apoya a las víctimas de la trata de personas que pretenden alejarse de la persona que las maltrata y abandonar una modalidad de convivencia u otras circunstancias violentas.

74.El Equipo de Respuesta contra la Trata de Personas de Manitoba está integrado por representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se reúne trimestralmente para examinar los casos, colaborar y compartir los recursos, con el fin de atender a las necesidades de las víctimas de la trata y subsanar las deficiencias en la prestación de servicios.

75.Por último, Alberta proporciona financiación a una serie de organismos de las comunidades que se ocupan directamente de las necesidades de las víctimas de la trata de personas, como ACT Alberta, Strathcona Shelter Society y el Centre to End All Sexual Exploitation. En colaboración con la justicia penal y los asociados comunitarios, y bajo la dirección de los servicios destinados a las víctimas del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de Alberta, ACT ha elaborado un protocolo con múltiples interesados para ofrecer servicios a las víctimas de la trata de personas.

76.El Plan de Acción contra la Trata de Personas 2013-2016 de Columbia Británica ha servido de guía para coordinar los esfuerzos del gobierno provincial destinados a prevenir y combatir la trata de personas, en colaboración con los interesados principales, como la policía, los proveedores de servicios, los docentes, las organizaciones indígenas y las Primeras Naciones. Asimismo, la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas de Columbia Británica ha elaborado y coordina la estrategia provincial de lucha contra la trata de personas, que ha sido reconocida como una respuesta singular en el Canadá.

Cuestión 10

77.Las estadísticas de enero de 2012 a agosto de 2015, cuando están disponibles, figuran a continuación. Véase información estadística más detallada en el anexo 1 de este informe.

Delitos, procesos entablados y sentencias condenatorias dictadas en casos de trata de personas

78.En total, ha habido 212 casos de trata de personas y 304 personas acusadas. Como ejemplo de las condenas impuestas, en Columbia Británica se han dictado dos condenas por trata de personas desde 2012. Una de ellas fue por trata de personas con fines de explotación sexual, en la causa R. v. Moazami, y la otra por trata de personas con fines de explotación laboral, en la causa R. v. Franco Orr. En la primera de ellas se impuso una condena de dos años de prisión por el delito de trata de personas, que formaba parte de una condena total de 23 años de prisión. En la segunda causa, el Tribunal de Apelación de Columbia Británica revocó la condena y se celebró un segundo juicio en junio de 2016, cuya decisión está pendiente.

79.En 2013, Ontario concluyó el enjuiciamiento de una amplia causa internacional por trata de personas con fines de explotación laboral, que ha sido la investigación más importante sobre la trata de personas realizada en el Canadá desde que entró en vigor el Código Penal. En total, la policía identificó a 20 víctimas de la trata y 11 personas fueron declaradas culpables de conspiración para realizar la trata de personas y de otros delitos relacionados con la trata. De las sentencias impuestas, la más larga equivalía a nueve años de prisión.

Víctimas de la trata de personas

80.En el período que abarca el informe, se registraron en el Canadá un total de 285 víctimas de la trata de personas, y 256 de ellas correspondían a casos de trata dentro del país. No obstante, muchos casos de trata de personas no se denuncian, por lo que estas estadísticas no deben considerarse como una indicación real de la incidencia de la trata en el Canadá.

Cuestión 11

Principio de no devolución

81.El Gobierno del Canadá toma muy en serio sus obligaciones de no devolución dimanantes del artículo 3 de la Convención. Estas obligaciones están incorporadas en el derecho interno, en particular a los efectos de determinar quiénes son las "personas que necesitan protección" en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados (véanse los artículos 97 y 115). Se considera que los ciudadanos no canadienses que están expuestos al riesgo de ser sometidos a torturas, a una amenaza para su vida o al riesgo de sufrir tratos o penas crueles o inusuales pueden ser reconocidos como personas necesitadas de protección y en general pueden presentar una solicitud de residencia permanente en el Canadá. Ello puede ocurrir en el marco de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión de Inmigración y Refugiados o como resultado de una evaluación del riesgo previa a la expulsión realizada por un funcionario de inmigración. Los dos procedimientos administrativos pueden ser objeto de una revisión judicial por el Tribunal Federal.

82.El artículo 115 2) de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados establece dos excepciones muy precisas al principio de no devolución, con las que se procura recoger lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, estas excepciones discrecionales deben aplicarse de conformidad con las garantías de protección de los derechos humanos enunciadas en la Carta. El Tribunal Supremo del Canadá ha dictaminado que el artículo 7 de la Carta, interpretado a la luz de la Convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, prohíbe en general la expulsión si existe un peligro de muerte, torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos similares. Ahora bien, el Tribunal no ha descartado del todo la posibilidad de que, "en circunstancias excepcionales", el Ministro expulse a una persona si la amenaza grave que representa para la seguridad del Canadá es superior al riesgo que correría dicha persona si fuera expulsada.

Garantías diplomáticas

83.El Canadá se basa muy excepcionalmente en las garantías diplomáticas para mitigar los riesgos a los que las personas podrían tener que hacer frente si no contaran con ellas tras la expulsión o extradición. Las leyes de inmigración y extradición del Canadá permiten un examen riguroso de la suficiencia de las garantías por parte de los responsables de la adopción de decisiones administrativas y judiciales. Las personas afectadas son plenamente informadas de las garantías. Cuando se expulsa o extradita a una persona del Canadá, toda garantía diplomática recibida forma parte de la evaluación caso por caso del riesgo que correría dicha persona en el país receptor.

84.Desde mayo de 2012, el Canadá no ha solicitado garantías diplomáticas de otros Estados en relación con la expulsión de personas inmigrantes. Las expulsiones de inmigrantes se realizan de conformidad con los procedimientos y las disposiciones legales pertinentes, que incluyen la evaluación del riesgo que corre cada persona y el principio de no devolución descrito anteriormente.

85.Desde mayo de 2012, el Canadá ha solicitado garantías diplomáticas en 23 casos de extradición. En la mayoría de ellos, la garantía o las garantías incluían la protección contra la pena de muerte o la protección contra el enjuiciamiento por delitos que no estaban incluidos en la orden de extradición (protección en virtud de la norma especificada). El Canadá nunca ha extraditado a una persona que hiciera frente a un riesgo importante de torturas después de su entrega.

86.Desde mayo de 2012, se solicitaron garantías relacionadas con el trato específico de la persona afectada en 11 casos de extradición. Estas garantías incluían lo siguiente: el país solicitante adoptaría medidas razonables para garantizar la seguridad de dicha persona durante su detención; dicha persona no sería expulsada por el país solicitante a un tercer Estado determinado; dicha persona tendría acceso a un abogado en un plazo de tiempo razonable; se brindaría a la persona la atención médica necesaria durante su detención; y se proporcionaría a dicha persona el acceso oportuno a los servicios consulares.

87.Al negociar las garantías diplomáticas y evaluar los mecanismos que podrían mitigar el riesgo en un caso particular, el Canadá examina las observaciones formuladas por este Comité y otros mecanismos de las Naciones Unidas, las decisiones de los tribunales canadienses y las decisiones de otras jurisdicciones (por ejemplo, el Reino Unido y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). También se determina específicamente caso por caso si es necesario establecer medios para supervisar la situación después de la devolución y, de serlo, se examina la manera de establecer un mecanismo de supervisión eficaz. En general, las garantías consisten en una nota diplomática dirigida al Canadá por el Estado receptor.

88.La evaluación acerca de si las garantías proporcionadas en un caso particular son suficientemente fiables para hacer frente a un riesgo identificado se realiza en función del contexto. Una decisión reciente del Tribunal de Apelación de Columbia Británica, en el contexto de la extradición, es un ejemplo de una sólida revisión judicial de las garantías en un caso concreto. El Tribunal Supremo del Canadá ha dado directrices sobre el uso de las garantías diplomáticas, señalando que las garantías relativas a la pena de muerte "son más fáciles de supervisar y generalmente más fiables" que las garantías sobre la práctica de la tortura, e indicando los factores pertinentes para evaluar la fiabilidad de las garantías.

Supervisión de los detenidos en el Afganistán

89.En virtud del Acuerdo Complementario para el Traslado de Detenidos firmado el 3 de mayo de 2007, el Gobierno del Afganistán proporcionó al Canadá el acceso pleno y sin restricciones a los centros de detención donde hubiera reclusos transferidos por el Canadá. El Canadá firmó un acuerdo con los Estados Unidos el 18 de noviembre de 2011, que proporcionó el mismo acceso a los detenidos transferidos por el Canadá a la custodia estadounidense en el Centro de Detención de Parwan. De acuerdo con la política del Canadá, las visitas de supervisión comienzan poco tiempo después de la transferencia de un detenido a la custodia afgana o estadounidense, y concluyen después de que este haya cumplido la sentencia o haya sido puesto en libertad. El último detenido en el Canadá fue trasladado el 30 de noviembre de 2011, y el Canadá cumplió todas sus obligaciones en materia de supervisión el 23 de abril de 2014. En total, los funcionarios canadienses realizaron 442 visitas a centros de detención afganos y estadounidenses. De ellas, 29 visitas se realizaron después del 1 de mayo de 2012. En las entrevistas privadas, ningún detenido transferido por el Canadá y entrevistado durante ese período alegó haber sufrido malos tratos.

Cuestión 12

90.La cuestión formulada por el Comité hace referencia a una serie de comunicaciones individuales presentadas al Comité en virtud del artículo 22 de la Convención. Con el fin de respetar la confidencialidad del procedimiento de queja individual, el Canadá responderá a las cuestiones sobre los casos concretos en el marco de ese procedimiento.

91.De manera más general, el Canadá, desde que aceptó el procedimiento de comunicaciones individuales en 1989, se ha comprometido firmemente a respetar de buena fe este importante procedimiento. El Canadá recibe un número significativo de comunicaciones que solicitan medidas provisionales. Hasta el 1 de mayo de 2016, el Canadá tenía 40 comunicaciones que aún no habían sido examinadas por el Comité, esto es, respecto de las que todavía no se conocía el dictamen final. De ellas, 35 hacían referencia a la adopción de medidas provisionales.

92.Aunque las solicitudes de dictámenes y de medidas provisionales del Comité no son jurídicamente vinculantes en virtud del derecho internacional o nacional, el Canadá las examina cuidadosamente. El Canadá ha aceptado los dictámenes formulados por el Comité en la mayoría de las comunicaciones y, en la mayoría de los casos, ha respetado las solicitudes de medidas provisionales del Comité.

93.En ocasiones, el Canadá no ha estado de acuerdo con el dictamen del Comité y ha expulsado a una persona a pesar de la solicitud de medidas provisionales o de la formulación de un dictamen final negativo. En general, esas expulsiones se han llevado a cabo cuando, en los procedimientos internos justos e imparciales, se ha concluido claramente que la persona expulsada del Canadá no enfrentaría ningún riesgo real y personal de daños irreparables; no obstante, el Comité había pedido al Canadá que no expulsara a dicha persona. La decisión de expulsar a una persona a pesar de que exista una solicitud de medidas provisionales o un dictamen final negativo no se toma a la ligera. Se han establecido procedimientos para garantizar que toda la información y las consideraciones pertinentes sean presentadas a los altos funcionarios del Gobierno antes de que se adopte una decisión. El Canadá desea hacer hincapié en que toma en serio sus obligaciones derivadas de la Convención en lo que respecta a las expulsiones.

94.El Canadá ha observado con cierta preocupación que el Comité presenta solicitudes de medidas provisionales cada vez con más frecuencia. El Canadá señala que el Comité suele tardar varios años en examinar un caso y emitir un dictamen final, lo que significa que, en la práctica, las medidas provisionales pueden estar en vigor durante un período bastante prolongado. El Canadá entiende que la solicitud de medidas provisionales puede ser un medio importante para proteger los derechos fundamentales contra cualquier daño inmediato e irreversible hasta que el caso sea examinado por el Comité. Sin embargo, esas demandas deben reservarse únicamente para aquellos casos con indicios racionales suficientes. En los casos en los que los responsables nacionales equitativos e imparciales hayan examinado directamente todas las pruebas y hayan concluido que las alegaciones de riesgo formuladas por una persona carecen de fundamento, el hecho de que el autor se enfrente a la expulsión a un país con un historial generalmente problemático en materia de derechos humanos no es, por sí mismo, un motivo suficiente para dar curso a una solicitud de medidas provisionales.

Cuestión 13

Estadísticas de las solicitudes de asilo

95.En los apartados a) y b) de esta cuestión el Comité solicitó los datos desglosados sobre "el número de solicitudes de asilo recibidas y aprobadas" y "el número de solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron aceptadas" debido al riesgo de ser torturados si eran devueltos a su país de origen. Se presentan a continuación las estadísticas correspondientes al período que abarca el informe, esto es, de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015. El anexo 1 contiene cuadros estadísticos más detallados. El Canadá ha limitado el desglose de los datos para proteger la privacidad y la seguridad de las personas expulsadas.

Respuesta a la cuestión 13 a)

África y el Oriente MedioEuropaAméricaOtrosAsia y el Pacífico1 de enero a 31 de octubre de 2015Mayo a diciembre de 2012Solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por año y nacionalidad20142013

HombresMujeres1 de enero a 31 de octubre de 201520142013Mayo a diciembre de 2012Adultos (18años o más)Adultos (18años o más)Adultos (18años o más)Menores (17 años o menos)Menores (17 años o menos)Menores (17 años o menos)Adultos (18años o más)Menores (17 años o menos)Solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, por año, edad y género

Respuesta a la cuestión 13 b)

DesconocidoAméricaEuropaÁfrica y el Oriente MedioAsia y el Pacífico1 de enero a 31 de octubre de 201520142013Mayo a diciembre de 2012Decisiones favorables de la División de Protección de los Refugiadosen los casos en los que hay riesgo de tortura, por año y región

HombresMujeres1 de enero a 31 de octubre de 201520142013Mayo a diciembre de 2012Adultos (18años o más)Adultos (18años o más)Adultos (18años o más)Adultos (18años o más)Menores (17 años o menos)Menores (17 años o menos)Menores (17 años o menos)Menores (17 años o menos)Decisiones favorables de la División de Protección de los Refugiadosen los casos en los que hay riesgo de tortura, por año y género

Estadísticas de las expulsiones

96.En el apartado c) de esta cuestión el Comité solicitó los datos desglosados sobre el número de expulsiones de personas inmigrantes realizadas en el período que abarca el informe, así como los países de destino. De mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015 fueron expulsadas del Canadá un total de 48.724 personas. De ellas, 32.145 habían presentado una solicitud de asilo que fue denegada en el proceso de evaluación individualizada descrito anteriormente. Más del 80% de las personas expulsadas en este período eran adultas.

97.Los datos totales desglosados por región de destino son los siguientes: Europa, 15.364 personas; Estados Unidos, 7.918 personas; el resto de países de América, 13.570 personas; Asia y el Pacífico, 7.223 personas; y África y el Oriente Medio, 4.649 personas. Las estadísticas desglosadas más detalladas que se presentan a continuación hacen referencia al número de expulsiones realizadas por el Canadá de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015. El anexo 1 incluye cuadros estadísticos completos.

98.En el caso de las personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada, las estadísticas con respecto a la expulsión son las siguientes.

Adultos (18 años o más)Menores de 18 añosEstados UnidosAméricaEuropaÁfrica y el Oriente MedioAsia y el PacíficoExpulsiones (solicitudes de asilo denegadas), por destino y edadDe mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015

99.En el caso de las personas que no habían presentado una solicitud de asilo, las estadísticas con respecto a la expulsión son las siguientes.

Adultos (18 años o más)Menores de 18 añosAméricaEstados UnidosEuropaÁfrica y el Oriente MedioAsia y el PacíficoExpulsiones (de personas que no presentaron solicitudes de asilo), por destino y edadDe mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015

Más información sobre las expulsiones

100.La Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados establece que los ciudadanos extranjeros pueden no ser admitidos en el Canadá (y, por lo tanto, ser expulsados del país) por alguna de las siguientes razones: amenaza para la seguridad; crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; delincuencia; delincuencia organizada; riesgo para la salud de los canadienses o carga excesiva para los servicios de salud; falsa declaración; incapacidad de satisfacer sus necesidades o las de las personas que estén a su cargo; o incumplimiento de la ley (por ejemplo, sobrepasar el período en el que dicha persona esté autorizada a permanecer en el Canadá).

101.Cuando se considera que un ciudadano extranjero no es admisible en el Canadá y es objeto de una medida de expulsión, la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá tiene la obligación legal de proceder a la expulsión lo antes posible. La prioridad de las expulsiones se establece en función de un régimen de gestión de los riesgos, donde los casos relacionados con la seguridad nacional, la delincuencia organizada, las violaciones de los derechos humanos y la delincuencia tienen prioridad, a fin de garantizar la seguridad del Canadá. También se da prioridad a los solicitantes de asilo rechazados, para reforzar la integridad del sistema de inmigración y de concesión del estatuto de refugiado. A todas las demás infracciones en materia de inmigración se les concede una prioridad menor.

102.La mayoría de los casos de expulsión afectan a personas que no son delincuentes, sino solicitantes de asilo a los que se ha denegado la solicitud. Como panorama general de la situación de las expulsiones relacionadas con la inmigración del Canadá, cabe mencionar que, en 2014-2015, se expulsó a 11.835 personas del país. De ellas, 7.002 (el 59%) eran solicitantes de asilo a los que se denegó la solicitud. En 2014-2015, los cinco principales países de destino fueron los siguientes:

	Número total de personas expulsadas	Número de solicitantes de asilo cuya solicitud se denegó	Porcentaje de personas expulsadas que eran solicitantes de asilo cuya solicitud se denegó
Estados Unidos	2 192	766	35
Hungría	1 060	983	93
México	770	618	80
China	494	262	53
Croacia	397	382	96

Cuestiones 14, 15 y 16

Extradición y delito de tortura

103.El Canadá ha firmado 51 tratados bilaterales de extradición. El Canadá también ha designado a 30 países y a 3 organizaciones internacionales como colaboradores en materia de extradición en virtud de la Ley de Extradición.

104.Los delitos de tortura a los que se refiere el artículo 4 de la Convención pueden dar lugar a la extradición si están tipificados como delitos en el país solicitante. Con arreglo a la legislación canadiense, para considerar la extradición el Canadá debe determinar, en primer lugar, si se cumplen los dos criterios fundamentales: 1) la conducta en la que se basa la solicitud de extradición es un delito reconocido por ambos países (requisito de doble incriminación); y 2) la conducta se castiga con una pena de prisión especificada en cada país. El tratado de extradición aplicable generalmente establece los requisitos con respecto a la pena (por ejemplo, que la conducta debe ser castigada en ambos países con una pena superior a un año de prisión). Si el tratado no especifica nada a este respecto, la Ley de Extradición establece que la extradición es posible cuando se trate de delitos punibles con una pena de prisión cuyo período máximo sea, al menos, de dos años.

105.El Canadá no ha recibido ninguna solicitud de extradición relacionada con delitos de tortura en el período que abarca el informe.

Asistencia judicial recíproca y delitos relacionados con la tortura

106.El Canadá ha firmado 35 tratados bilaterales de asistencia judicial recíproca. También es signatario de 24 acuerdos multilaterales que contienen disposiciones relativas a la asistencia judicial recíproca. Además, en virtud de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda están designados como entidades que pueden obtener asistencia del Canadá, sobre la base de una orden judicial, con el fin de avanzar en sus investigaciones y enjuiciamiento.

107.En el período que abarca el informe, el Canadá ha recibido nueve solicitudes de asistencia judicial recíproca relacionadas con acusaciones de tortura (cometida en el extranjero por personas que no son canadienses) y, hasta la fecha, ha ejecutado las cinco primeras de la lista que figura a continuación.

Se recibió una solicitud para tomar las declaraciones y los testimonios de algunos testigos residentes en el Canadá en relación con una serie de denuncias de torturas físicas y psicológicas infligidas por un grupo militar a algunos civiles. El Canadá ha obtenido y proporcionado las declaraciones y los testimonios solicitados.

Se recibió una petición de información sobre la situación de una solicitud de extradición desde el Canadá realizada por un tercer Estado, respecto de uno de los supuestos autores en un caso relacionado con la tortura y el presunto asesinato de más de 200 personas, con inclusión de mujeres y niños, cometidos por fuerzas militares. El Canadá proporcionó la información solicitada.

Se recibió una solicitud para interrogar a un testigo por videoconferencia y entregar una citación de comparecencia por un caso de tortura y asesinato de civiles cometidos por un organismo de inteligencia. El Canadá proporcionó la asistencia solicitada.

Se recibió una solicitud para interrogar a los testigos en un caso relacionado con la tortura de civiles cometida por miembros de una milicia. El Canadá llevó a cabo los interrogatorios y proporcionó las declaraciones al país solicitante.

Se recibió una solicitud para interrogar a los testigos en un caso relacionado con la tortura de civiles cometida por un grupo militar. La solicitud ha sido llevada a cabo.

Se recibió una solicitud para tomar la declaración voluntaria de un testigo residente en el Canadá en un caso relacionado con la complicidad del Estado en actividades de tortura y malos tratos y en actos inhumanos y degradantes contra civiles. El Canadá no ha podido llevar a cabo esta solicitud debido a los riesgos relacionados con la seguridad del testigo.

Se recibió una solicitud para localizar a un sospechoso e identificar, hallar y confiscar sus bienes en un caso relacionado con la tortura de civiles detenidos, infligida por grupos militares y de la milicia. El Canadá no ha podido prestar asistencia en esta solicitud debido a que ni el sospechoso ni ninguno de sus bienes han sido localizados en el Canadá.

Se recibió una solicitud para acceder a los informes que el Gobierno del Canadá tiene en su poder en un caso relacionado con la tortura de una población civil por parte de las fuerzas armadas. Este caso está pendiente.

Se recibió una solicitud para acceder a los archivos judiciales de un caso relacionado con la tortura de los miembros de un grupo religioso infligida por dirigentes del gobierno. Este caso está pendiente.

Cuestión 17

Formación de la Real Policía Montada del Canadá

108.La Real Policía Montada del Canadá es responsable del bienestar y de la protección de las personas bajo su custodia. Existen importantes políticas operacionales y actividades de formación sobre el trato de los reclusos, dirigidas a los policías, los supervisores y los guardias.

109.El Programa de Formación de Cadetes de la Real Policía Montada del Canadá incluye capacitación acerca de la custodia, el tratamiento y la escolta de las personas detenidas y arrestadas, teniendo en cuenta la Carta, el Código Penal, la jurisprudencia, las políticas nacionales y las mejores prácticas. Los conocimientos y las habilidades impartidos a los cadetes se basan en los pilares del Modelo de Resolución de Problemas de la Policía de Proximidad, el Modelo de Intervención para la Gestión de Incidentes y los valores fundamentales de la Real Policía Montada del Canadá. Las habilidades de los cadetes en relación con la custodia, el tratamiento y la escolta de las personas detenidas y arrestadas son evaluadas de manera formal e informal en numerosas ocasiones a lo largo de su formación. El plan de estudios del Programa de Formación de Cadetes está gestionado por una unidad especializada que examina el material de forma continua, para asegurar que sea coherente con la función y las responsabilidades que se esperan de un policía de los servicios generales.

Ejemplos de formación policial en las provincias

110.La formación de la Academia de Policía de Ontario subraya el respeto de los derechos humanos, de conformidad con el Código de Derechos Humanos de Ontario y la Carta. La formación policial básica, que se imparte a todos los policías en la Academia, hace hincapié en los principios relacionados con los derechos humanos. En las sesiones prácticas, los reclutas demuestran su comprensión de las leyes federales, en particular con respecto a la potestad para detener, el sistema judicial, los tipos de leyes, la discrecionalidad, la entrada y registro, y el uso de la fuerza.

111.Como parte de su formación en las escuelas de policía y en la Academia Nacional de Policía de Quebec, los futuros policías reciben formación teórica y práctica sobre el Modelo Nacional de Empleo de la Fuerza. Los reclutas aprenden que el recurso a la fuerza es el resultado de un análisis de la situación, del comportamiento del sujeto, de la percepción y de las consideraciones tácticas. Se capacita a los policías en técnicas de distensión, comunicación y respuesta táctica, e intervención física, así como en la utilización de alternativas al empleo de la fuerza, que van desde la comunicación a la utilización de armas de fuego. La formación se centra en la ética, esto es, que los policías deben comportarse de acuerdo con los principios establecidos en la Carta de Quebec y la Carta.

112.Los servicios municipales de policía de Saskatchewan siguen el Modelo Nacional de Empleo de la Fuerza, que se enseña en la Escuela de Policía de Saskatchewan. Este modelo representa los procesos mediante los que un policía evalúa, planifica e interviene según la evolución de las situaciones que ponen en peligro la seguridad pública y la del policía. También constituye la base para la formación en el uso de la fuerza, con el fin de evitar el uso de la fuerza no autorizado o la utilización de una fuerza excesiva. Los miembros de los servicios municipales de policía reexaminan con frecuencia las directrices sobre el uso de la fuerza y recertifican las opciones a este respecto. De hecho, han reexaminado el modelo seis veces en un período de tres años.

Formación de las Fuerzas Armadas del Canadá

113.Los miembros de las Fuerzas Armadas del Canadá reciben formación jurídica en diferentes etapas de su carrera, en particular sobre las obligaciones del Canadá en virtud de la Convención. En la formación inicial, todos los miembros comienzan el estudio del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Posteriormente, estudian el Código de Conducta de las Fuerzas Armadas del Canadá, que es una síntesis de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario: la regla 6 establece que "está prohibida toda forma de maltrato, incluida la tortura" y que todo maltrato es un delito de carácter militar. El Código se refiere explícitamente a la Convención. Los oficiales complementan esta formación inicial con un módulo sobre derecho internacional humanitario, que forma parte del Programa de Perfeccionamiento Profesional de los Oficiales Subalternos de las Fuerzas Armadas del Canadá y es obligatorio para la promoción. En una etapa más avanzada de la carrera, los militares de rango superior y los suboficiales superiores pueden participar en un curso de una semana de nivel intermedio sobre el derecho de los conflictos armados, que incluye conferencias y debates que versan, entre otras cosas, sobre el tratamiento de los civiles y los detenidos. Los miembros de las Fuerzas Armadas del Canadá responsables de la labor de inteligencia reciben una formación adicional sobre el derecho aplicable en el contexto específico de su labor.

114.Algunos miembros que ocupan puestos que requieren un alto nivel de preparación reciben la formación regular previa al despliegue, que incluye una serie de módulos fundamentales sobre las obligaciones legales de las Fuerzas Armadas del Canadá. Los requisitos específicos varían en función del puesto, por ejemplo, los oficiales jurídicos reciben una formación más detallada.

Cuestión 18

115.En lo que respecta al principio de la independencia judicial, la formación a la que acceden los jueces canadienses es impartida sobre todo por instituciones independientes de formación judicial, como el Instituto Nacional de la Magistratura. Dicho instituto se creó en 1988 y se ha dedicado a desarrollar e impartir formación jurídica en los dos idiomas oficiales a los jueces de todo el Canadá.

116.El Instituto Nacional de la Magistratura imparte formación sobre temas relacionados con la prevención de la tortura y los malos tratos en el marco de los programas sobre derecho penal. El seminario general sobre derecho penal incluirá diversas unidades dedicadas a los límites de las facultades de la policía, la potestad de detener y arrestar, el habeas corpus y la determinación de la pena. El instituto también organiza un programa de formación de una semana titulado "Los jueces en las prisiones", que se realiza en una región del Canadá donde hay instituciones penitenciarias de distinto tipo, como Kingston, en Ontario. Como parte del programa, los jueces visitan las instituciones, se entrevistan con los comités de reclusos y asisten a audiencias que tratan de la puesta en libertad condicional. Las visitas incluyen instituciones de máxima seguridad y de menor seguridad, así como los centros de salud mental.

117.Los fiscales federales reciben formación periódicamente mediante una serie de cursos de formación interna, como los impartidos por la Escuela de Fiscales, gestionada por el Ministerio Público del Canadá, así como por proveedores externos, como los colegios de abogados de las provincias y los territorios, las facultades de derecho y las empresas privadas. El Ministerio Público del Canadá organiza conferencias, seminarios, mesas redondas y talleres destinados a mejorar la comprensión de los fiscales acerca de la práctica del derecho penal. Por ejemplo, el curso de una semana titulado "Principios fundamentales del ejercicio de la acción penal", impartido por la Escuela de Fiscales y dirigido a los fiscales que se inician en la profesión, dedica un día a la formación y al debate sobre la Carta y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En 2015, los temas tratados incluyeron el derecho a la protección contra la detención o el arresto arbitrarios, los límites de las facultades de la policía de detener y arrestar, y el derecho de las personas detenidas o arrestadas de contar sin demora con la asistencia de un abogado, previsto en la Carta. En 2016 se impartirá un seminario web a todos los fiscales sobre la prevención de los errores judiciales, que incluirá estudios de casos de interrogatorios policiales que plantean problemas, así como las confesiones falsas.

Cuestión 19

Condiciones de reclusión

118.En general, salvo contadas excepciones, las prácticas del Servicio Penitenciario del Canadá respetan o superan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Nelson Mandela). Un principio legislativo fundamental es que los reclusos conservan los derechos de todos los miembros de la sociedad, excepto aquellos de los que se ven privados o que les son restringidos, legítima y necesariamente, como consecuencia de la condena. Además de las salvaguardias constitucionales aplicables en virtud de la Carta, la ley federal prohíbe específicamente el trato cruel, inhumano o degradante a un delincuente: "Nadie administrará, instigará, consentirá o tolerará ningún tipo de trato o pena cruel, inhumano o degradante a un delincuente".

119.El Servicio Penitenciario del Canadá adopta todas las medidas razonables para garantizar la salud, la seguridad y la dignidad personal de los reclusos. Por ejemplo, vela por que cada recluso se vista y se alimente de forma adecuada, disponga de ropa de cama, artículos de higiene y otros artículos necesarios para su salud e higiene personal, y tenga la oportunidad de hacer ejercicio físico durante al menos una hora diaria. Los derechos humanos de los reclusos en las penitenciarías federales están bajo la vigilancia del Investigador Penitenciario del Canadá, ombudsman independiente establecido en virtud de la legislación.

120.El número de reclusos en las instituciones federales ha aumentado desde marzo de 2010. De 2010 a 2014, aproximadamente el 20% de los reclusos en instituciones federales tuvo que compartir celda. La ocupación doble de la celda sigue siendo una medida temporal a la que se recurre solo cuando no es posible la ocupación individual. Para hacer frente a este problema, el Servicio Penitenciario del Canadá está ampliando la capacidad de alojamiento de reclusos y, en el otoño de 2015, se consiguió un aumento neto de más de 1.400 celdas en las prisiones federales en comparación con 2012, más otras 300 celdas que se ocuparán a principios de 2016. Con estas nuevas celdas, se prevé que el porcentaje de reclusos que compartirán celda disminuirá hasta alcanzar el nivel de los años anteriores, esto es, entre un 8% y un 9%.

121.A nivel de las provincias y los territorios, algunas provincias, como la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Brunswick, no tienen problemas de superpoblación penitenciaria o estos son muy escasos. En 2014, Ontario inauguró dos nuevos centros de detención con una capacidad total de 2.000 plazas. Teniendo en cuenta la clausura de las instalaciones más antiguas, con los nuevos centros de detención se logrará un incremento neto de 380 plazas. A finales de 2016 se prevé la apertura de un nuevo centro, que acogerá a 120 varones que cumplen sus penas de manera discontinua (en general, los fines de semana). En 2013, Alberta inauguró el nuevo Centro de Detención de Edmonton, con una capacidad de 1.952 plazas, lo que ayudó a aliviar la creciente presión causada por las detenciones en la provincia. Además, en marzo de 2015 Nunavut inauguró el Centro de Recuperación de Makigiarvik para aliviar la superpoblación de las prisiones, ya que incorporaba 48 nuevas plazas y algunas esferas programáticas en el centro penitenciario de Baffin. El centro de Makigiarvik organiza programas de rehabilitación para los reclusos, como el programa "On the land", que les permite volver a conectar con su identidad cultural.

Reclusos con problemas de salud mental

122.La Estrategia de Salud Mental en el Medio Penitenciario del Canadá, producto de la labor de un grupo de trabajo federal, provincial y territorial, fue presentada públicamente en junio de 2012. En la actualidad, el Gobierno federal y los gobiernos de las provincias y los territorios la están aplicando. En mayo de 2014, el Gobierno del Canadá puso en marcha el Plan de Acción de Salud Mental para los Delincuentes bajo Responsabilidad Federal, que se centra en cinco esferas: evaluación, gestión, intervención, formación y desarrollo, y gobernanza y supervisión.

123.Una de las prioridades del Servicio Penitenciario del Canadá es atender las necesidades de los reclusos en materia de salud mental. La Estrategia de Salud Mental del Servicio Penitenciario del Canadá establece un proceso ininterrumpido de prestación de servicios de salud mental a la población penitenciaria federal, que incluye un reconocimiento inicial de la salud mental del recluso al ingresar en el establecimiento, la atención de su salud mental durante el período de reclusión y la atención de transición para su reinserción en la comunidad. Desde 2007, se ha impartido formación sobre los conceptos fundamentales de la salud mental a más de 11.100 miembros del personal operativo y sanitario del Servicio Penitenciario del Canadá. En el marco de la Estrategia, ese Servicio está aplicando un modelo perfeccionado de prestación de servicios de salud mental en todos los niveles del proceso ininterrumpido de atención, de modo que los reclusos, tanto hombres como mujeres, reciban los servicios de salud mental en el nivel que más se adecúe a sus necesidades. De acuerdo con este modelo, los reclusos tienen acceso a la atención psiquiátrica hospitalaria y a servicios de atención intermedia en los propios centros de tratamiento del Servicio Penitenciario del Canadá. Para los casos de reclusos con necesidades en materia de salud mental muy complejas, el Servicio Penitenciario del Canadá está reforzando la colaboración con los hospitales provinciales de psiquiatría forense.

124.En cuanto a las provincias y los territorios, Alberta ha aumentado progresivamente desde 2010 el número de unidades especializadas en toxicomanía y salud mental en el seno de los establecimientos penitenciarios, así como su dotación de personal. Ello ha incluido la creación de unidades de salud mental en los dos grandes centros penitenciarios de la provincia, de modo que los pacientes con problemas agudos de salud mental o las personas en situación de crisis puedan recibir el nivel de atención necesario. La Dirección de Salud de Nueva Escocia administra una unidad para reclusos que tienen enfermedades mentales, que dispone de 24 plazas. El personal de esta unidad realiza las evaluaciones ordenadas por el tribunal y se ocupa del tratamiento de los reclusos diagnosticados con alguna enfermedad mental.

Aislamiento administrativo y disciplinario

125.El aislamiento de los reclusos, sea por razones administrativas o disciplinarias, es una medida de último recurso. El aislamiento administrativo es una medida preventiva, no punitiva. Un recluso solo puede ser objeto de aislamiento administrativo si concurren una o varias de las circunstancias siguientes: está amenazada su propia seguridad, su relación con otros reclusos compromete la seguridad del establecimiento o la de otras personas, o existe el riesgo de que el recluso entorpezca el desarrollo de una investigación que podría concluir en una acusación penal o en la constatación de una infracción disciplinaria grave. En cualquier caso, la condición es que no exista otra alternativa razonable y el recluso debe quedar libre del aislamiento administrativo tan pronto como sea posible.

126.La legislación y las políticas que rigen la actividad del Servicio Penitenciario del Canadá establecen garantías justas. Al someter a un recluso a aislamiento administrativo, se le debe informar inmediatamente de sus derechos de consultar a un abogado y de presentar una queja o reclamación. El recluso debe recibir una explicación por escrito en un plazo máximo de dos días laborables. La Comisión de Examen de los Casos de Aislamiento debe celebrar audiencias de revisión periódicas, a más tardar, 5 días laborables tras el inicio del aislamiento y, posteriormente, cada 30 días como mínimo. Los reclusos tienen una oportunidad razonable de hacer valer sus argumentos ante la Comisión y son informados por escrito de sus conclusiones. La colocación y la permanencia de un recluso en aislamiento administrativo pueden ser impugnadas mediante el procedimiento de queja de los reclusos, la revisión judicial y el recurso de habeas corpus.

127.Antes de someter a un recluso al régimen de aislamiento administrativo, se consulta a los profesionales de la salud. De acuerdo con las garantías procedimentales, en todos los procedimientos de supervisión y revisión de las decisiones de aislamiento administrativo se deben tener en cuenta las necesidades del recluso en materia de salud mental. En diciembre de 2014, el Servicio Penitenciario del Canadá anunció la incorporación de un profesional de salud mental al órgano que examina los casos de aislamiento, así como un nuevo requisito de facilitar a algunos reclusos con trastornos mentales los servicios de un abogado para que los asista en el proceso de revisión. Estas medidas, entre otras, formaron parte de las respuestas a la investigación realizada por el médico forense sobre la muerte de Ashley Smith. El Ministro de Justicia tiene a su cargo la tarea de examinar los cambios en el sistema de justicia penal del Canadá, y los resultados de ese examen deben incluir la aplicación de las recomendaciones de la investigación de la muerte de Ashley Smith, relativas a la restricción de la utilización del régimen de aislamiento y al tratamiento de las personas con enfermedades mentales.

128.El aislamiento disciplinario se aplica en los casos de reclusos que son declarados culpables de una infracción disciplinaria grave. Solo puede ser impuesto por una entidad independiente, tras la celebración de una audiencia. En la audiencia, el recluso puede exponer su caso y ser representado por un abogado. La sanción de aislamiento disciplinario tiene un plazo limitado por la ley: no más de 30 días por una sola infracción, o de 45 días por varias infracciones.

129.El aislamiento de los reclusos a nivel de las provincias y los territorios se ajusta a principios similares. En noviembre de 2015, Columbia Británica modificó su reglamento a fin de eliminar la "enfermedad mental" y el "examen del estado mental del recluso" como motivos explícitos que justifiquen su aislamiento. Este cambio significa que los reclusos solo son objeto de aislamiento cuando su comportamiento o las circunstancias particulares pueden constituir una amenaza para su salud, su seguridad o la seguridad del centro.

130.En los Territorios del Noroeste, todos los casos de aislamiento se revisan en un plazo máximo de 24 horas desde su inicio y, después, semanalmente, y los reclusos son reincorporados a la población carcelaria en cuanto su presencia deje de representar un peligro para la seguridad. El Servicio Penitenciario los Territorios del Noroeste supervisa el nombre de cada recluso sometido al régimen de aislamiento, el tipo de aislamiento impuesto, la fecha de admisión del recluso y el período de tiempo que lleva aislado. Los reclusos solo pueden permanecer en régimen de aislamiento durante un período máximo de 15 días por cada infracción disciplinaria sancionada.

131.Por último, en Manitoba, si se somete a un recluso al régimen de aislamiento, se le observa personalmente cada 30 minutos. La decisión del aislamiento es revisada a más tardar siete días después de su inicio y, posteriormente, cada dos semanas como mínimo. Si el recluso aislado tiene problemas de salud mental, un profesional encargado del caso se reunirá con él cada siete días como mínimo.

Reclusas

132.El Servicio Penitenciario del Canadá está aplicando una serie de medidas para mejorar las condiciones de reclusión de las reclusas, en particular en la esfera de la salud mental. Por ejemplo:

El Servicio Penitenciario del Canadá ha establecido un modelo de supervisión en las prisiones para mujeres, que tiene en cuenta los riesgos y las necesidades neutros en cuanto al género y las consideraciones específicas de género. El nuevo modelo garantizará un acceso equitativo a los servicios de rehabilitación en todas las instituciones para mujeres.

En 2013 se estableció un Comité Nacional sobre los Casos Complejos de Salud Mental, como órgano de supervisión para promover el intercambio de información sobre los reclusos que tienen necesidades más complejas en materia de salud mental.

En 2014-2015 el Servicio Penitenciario del Canadá estableció nuevas unidades de seguridad mínima en cuatro instituciones para mujeres de la región. Estas unidades han permitido reducir la ocupación doble de las celdas.

El número de plazas en un entorno de vida estructurado ha aumentado de 8 a 12 en cada sitio, alcanzando un total de 60 plazas a nivel nacional. El entorno de vida estructurado es una opción de intervención para las mujeres recluidas en instituciones de seguridad mínima o media que tienen limitaciones cognitivas significativas o trastornos de salud mental, y que les permite recibir los servicios de salud mental que necesitan en los establecimientos de la región. El Centro Regional de Psiquiatría del Servicio Penitenciario del Canadá situado en Saskatoon (Saskatchewan), cuenta con 20 plazas de atención de la salud mental para las reclusas y ha establecido acuerdos con dos hospitales psiquiátricos externos, que proporcionan un total de 14 plazas para reclusas que requieran atención psiquiátrica hospitalaria.

133.En 2014 Columbia Británica puso en marcha un nuevo Programa Materno Infantil en el Centro Penitenciario para Mujeres Alouette, con el fin de permitir que las reclusas vivan y establezcan vínculos con sus hijos recién nacidos, garantizando al mismo tiempo la salud, la protección y la seguridad de los niños. Además, en 2012, Columbia Británica inauguró un nuevo edificio penitenciario en dicho centro. Esta ampliación de 104 celdas permite alojar a todas las reclusas de Metro Vancouver en un mismo lugar, aumentando el acceso a los programas y servicios diseñados específicamente para mujeres.

Cuestión 20

134.El sistema judicial canadiense dispone de un importante mecanismo externo e independiente para el examen de las denuncias sobre la conducta de los agentes del orden que se refieran a violaciones de la Carta o de otras protecciones jurídicas. Además, en todas las jurisdicciones hay mecanismos u órganos de supervisión externos e independientes cuyo mandato específico es recibir e investigar las denuncias relativas al comportamiento de los agentes del orden.

135.A nivel federal, en 2013 se promulgó la Ley para Mejorar la Rendición de Cuentas de la Real Policía Montada del Canadá. Dicha ley contiene diversos aspectos que son pertinentes en el presente informe.

136.En primer lugar, se creó la nueva Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias contra la Real Policía Montada del Canadá, que es un órgano externo e independiente que sustituyó a la Comisión Encargada de Examinar las Denuncias Públicas contra la Real Policía Montada del Canadá. La nueva Comisión está habilitada para recibir denuncias del público sobre la conducta de los miembros de la Real Policía Montada; examinar los casos cuando los reclamantes no estén satisfechos con la gestión de sus denuncias por la Real Policía Montada; celebrar audiencias o realizar investigaciones sobre las denuncias, de manera independiente o junto con otros organismos de tramitación de denuncias contra la policía; realizar exámenes sobre determinadas actividades; y difundir las conclusiones de sus informes y formular recomendaciones al Comisionado de la Real Policía Montada del Canadá y al Ministro de Seguridad Pública. Además, debe informar anualmente al Parlamento. Véase la cuestión 25.

137.En segundo lugar, la legislación de 2013 ha dado lugar al establecimiento de un marco para las investigaciones de los incidentes graves que afecten a los miembros de la Real Policía Montada del Canadá, destinado a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y promover las investigaciones independientes. Por ejemplo, dicho marco:

Faculta a las autoridades provinciales independientes a determinar si se debe designar un organismo externo e independiente o un servicio policial para que investigue los incidentes graves;

Establece que la Real Policía Montada del Canadá debe solicitar que las investigaciones sean llevadas a cabo por un organismo independiente en aquellas provincias que no tienen una autoridad designada, o en las que la autoridad designada no nombra para ello a un organismo independiente o a un servicio policial;

Requiere que, cuando no se haya designado a un organismo de investigación o a un servicio policial, la Real Policía Montada del Canadá realice la notificación obligatoria a la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias;

Faculta a la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias o a las autoridades provinciales a designar a un observador independiente cuando la Real Policía Montada del Canadá investigue un incidente grave que afecte a alguno de sus miembros; y

Permite que otro servicio policial o un organismo de investigación solicite un examen externo e independiente en los casos en los que la Real Policía Montada del Canadá investigue un incidente grave.

138.Por último, las modificaciones de 2013 han modernizado los procedimientos disciplinarios, de queja y de gestión de los recursos humanos de la Real Policía Montada del Canadá, con el fin de prevenir, abordar y remediar de manera justa y oportuna los problemas de desempeño y de conducta.

139.En el período que abarca el informe, una serie de provincias y territorios también han tomado medidas para reforzar esos mecanismos. En septiembre de 2012, Columbia Británica estableció la Oficina de Investigaciones Independientes (véase la cuestión 26). En 2013, Quebec aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de la Policía en relación con las investigaciones independientes, que establece la creación de la Oficina de Investigaciones Independientes, encargada de investigar los casos en los que, en el curso de una operación policial o de una detención por la policía, una persona que no sea un policía en servicio muera, sufra una lesión grave o sea herida por un arma de fuego empleada por un policía. Una vez concluida la investigación, la Oficina de Investigaciones Independientes presentará su informe al Director de Procesamientos Penales y Criminales, quien decidirá si la formulación de cargos penales está justificada. En el caso de un fallecimiento, la Oficina de Investigaciones Independientes presentará el mismo informe a la Oficina del Médico Forense, después de que el Director haya adoptado una decisión acerca de si formular o no una acusación contra el policía. La Oficina de Investigaciones Independientes también puede formular recomendaciones al Ministro de Seguridad Pública de Quebec sobre cualquier asunto relacionado con su mandato.

140.El Equipo de Intervención en Casos de Incidentes Graves de Alberta está en funcionamiento desde 2008. Es un organismo de investigación independiente que puede investigar las denuncias o las quejas de los ciudadanos por malos tratos de carácter penal o por un uso excesivo de la fuerza por parte de un policía. En virtud de un acuerdo firmado en 2011 entre Alberta y el gobierno del Yukón, las investigaciones externas de incidentes graves sucedidos en el Yukón también las lleva a cabo el Equipo de Intervención en Casos de Incidentes Graves de Alberta. Si se produce un incidente grave en el Yukón, el protocolo exige que se designe un funcionario de enlace con la comunidad local. Este protocolo se elaboró en consulta con los asociados comunitarios, incluido el Consejo de las Primeras Naciones del Yukón, la Primera Nación Kwanlin Dun y la Coalición de Mujeres.

141.Cuando ha estado justificado, los fiscales de la Corona han ejercido su discrecionalidad de enjuiciamiento independiente para presentar cargos penales contra policías por el uso excesivo de la fuerza. Por ejemplo, en enero de 2016, el policía James Forcillo, del Servicio de Policía de Toronto, fue declarado culpable de intento de asesinato mediante la utilización de un arma de fuego contra Sammy Yatim.

Cuestión 21

Cumbre del G-20

142.La Cumbre del G-20, celebrada en 2010, fue un evento sin precedentes para todos los niveles de gobierno. El gobierno de Ontario reconoce que no fue óptima su labor de comunicación con la ciudadanía a propósito de la Ley de Protección de las Obras Públicas, que databa de 1939 y estaba vigente en la fecha de la Cumbre. Tras la Cumbre del G-20, se encargó a un antiguo Presidente del Tribunal Supremo de Ontario que realizara un estudio independiente y detallado de dicha ley. Después de la publicación de las recomendaciones del estudio, la ley fue derogada y, en 2014, se promulgó una nueva ley. La nueva ley establece métodos más modernos destinados a proteger específicamente determinados tipos de infraestructura pública (tribunales, instalaciones nucleares y grandes centrales eléctricas), protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos.

143.Otros estudios e investigaciones independientes sobre la Cumbre del G-20 han formulado recomendaciones sobre cómo se podrían mejorar los procedimientos y las políticas policiales. Cabe destacar, en particular, el Examen Civil Independiente de la Junta de Servicios Policiales en Toronto y un informe de la Oficina del Director de Exámenes Independientes de Servicios Policiales. Ontario ha elaborado y modificado las políticas con el fin de aplicar plenamente las 34 recomendaciones del Examen Civil Independiente y continúa colaborando con sus asociados para determinar la forma de abordar las demás recomendaciones.

Tyendinaga

144.El Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Penitenciarios de Ontario se esfuerza por mantener buenas relaciones entre la policía y las comunidades de las Primeras Naciones, así como por apoyar el enfoque de la Policía Provincial de Ontario, que procura llevar a cabo las actividades de mantenimiento del orden público de manera pacífica. No obstante, el Ministerio no dirige las cuestiones operacionales de la policía ni interfiere en ellas. No se ha previsto realizar ningún examen formal de las acciones de la Policía Provincial de Ontario en Tyendinaga. La Policía Provincial de Ontario revisa constantemente sus políticas, operaciones y procedimientos internos para asegurar que se ajusten de la mejor manera posible a las necesidades del público y del servicio policial.

Cuestión 22

145.El Servicio Penitenciario del Canadá utiliza distintos mecanismos para detectar los problemas de salud física y mental de los nuevos reclusos. Ante todo, en las primeras 24 horas, los profesionales de la salud evalúan el estado físico y las necesidades inmediatas en materia de salud mental de los reclusos y, en un plazo máximo de 14 días, se evalúan las necesidades en materia de salud mental de carácter general.

146.Además de esas entrevistas personales para determinar las necesidades en materia de salud mental, dentro de los 14 días siguientes a su ingreso, también se evalúa a los reclusos por medio un sistema informatizado de examen de los trastornos mentales. Este sistema computarizado autogestionado incluye un cuestionario y cuatro pruebas. Un algoritmo identifica a los reclusos que probablemente necesiten atención en materia de salud mental. Durante el ejercicio económico 2014-2015, se examinó a aproximadamente el 92% de los nuevos reclusos mediante este sistema computarizado. De ellos, se estimó que el 27% debía ser objeto de otra evaluación de salud mental y el 95% de los reclusos identificados recibieron posteriormente servicios de salud mental.

147.Las instituciones penitenciarias provinciales también tienen sistemas de examen de la salud mental. Por ejemplo:

En Columbia Británica, todas las personas que ingresan en los centros penitenciarios de la provincia son objeto de un examen de salud mental en las primeras 24 horas, mediante el Instrumento de Examen y Evaluación en las Cárceles (Jail Screening Assessment Tool). De acuerdo con los resultados, se remite a los reclusos al profesional de la salud más adecuado. Además, todos los centros penitenciarios de Columbia Británica cuentan con un funcionario de enlace en materia de salud mental que posee formación especializada.

En Yukón se ha puesto en marcha un proyecto piloto sobre necesidades complejas en materia de salud mental, que parte de un modelo centrado en los pacientes para tratar a los reclusos con trastornos mentales. Una parte del proyecto consiste en la utilización de un nuevo instrumento de evaluación que complementa el examen de salud mental que se realiza en el momento de la admisión. Si la evaluación realizada con dicho instrumento indica que es necesario efectuar una evaluación adicional, se remite al recluso a un psicólogo.

En Manitoba, todas las personas que ingresan en un centro penitenciario, o que son trasladados a ellos, son evaluadas por el personal de los servicios de salud con el fin de determinar las necesidades en materia de salud en general y de atención psiquiátrica, así como el historial con respecto al suicidio y los riesgos asociados. La salud mental de los reclusos se supervisa mediante la gestión periódica de los casos y la observación del comportamiento. Toda preocupación derivada de cualquiera de los dos procedimientos puede dar lugar a una remisión a los servicios de salud para que realicen otra evaluación.

Cuestión 23

148.En la respuesta a la cuestión 24 se presentan las medidas adoptadas en el Canadá para abordar la cuestión de los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas aborígenes. Esta respuesta se centra en las medidas adoptadas en Columbia Británica.

149.Desde la publicación del informe de la Comisión de Investigación de los Casos de Mujeres Desaparecidas, en noviembre de 2013, el gobierno de Columbia Británica ha seguido trabajando en la aplicación de sus recomendaciones. En el segundo trimestre de 2014 se adoptaron algunas medidas fundamentales, como el establecimiento por la provincia, el Gobierno del Canadá y la Ciudad de Vancouver de un fondo de indemnización para otorgar 50.000 dólares a cada uno de los hijos biológicos supervivientes de las 67 mujeres identificadas en el informe de la Comisión.

150.Además, Columbia Británica ha finalizado las normas policiales provinciales sobre las investigaciones de personas desaparecidas, que incluyen contribuciones de las partes interesadas, pertenecientes o no a los servicios policiales, realizadas en el marco del Comité Consultivo sobre las Normas Policiales Provinciales. Estas normas entrarán en vigor en el otoño de 2016 e incluyen disposiciones sobre la comunicación de la información sin obstáculos, el inicio de las investigaciones sin demora, el reconocimiento de los peligros a los que están expuestas las mujeres y las niñas aborígenes, y la rendición de cuentas del poder discrecional de los policías por medio de la supervisión. Además, se están elaborando las normas policiales provinciales sobre la gestión de los casos graves, la cooperación interinstitucional y la imparcialidad de la labor policial.

151.Véase más información en los informes periódicos octavo y noveno combinados presentados por el Canadá en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la respuesta del Canadá al informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer relativo a su investigación sobre las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas, y los informes periódicos 21º y 22º presentados por el Canadá en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Cuestión 24

152.El Gobierno del Canadá está decidido a hacer frente, como cuestión prioritaria, al grave problema de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Se trata de una tragedia nacional continua a la que se debe poner fin.

Inicio de una investigación a nivel nacional

153.En diciembre de 2015, el Gobierno del Canadá anunció el inicio de una investigación pública de ámbito nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. La investigación constituye un paso fundamental para determinar las medidas concretas y coordinadas que se deben adoptar para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, así como para prevenir la violencia en el futuro.

154.Tres ministerios federales son responsables de realizar dicha investigación. De diciembre de 2015 a febrero de 2016, los ministerios han puesto en marcha un proceso nacional de participación previo a la investigación. Dicho proceso consistió en: 17 reuniones presenciales de uno o varios ministros con más de 2.100 supervivientes, familiares y allegados de las víctimas, así como con proveedores de servicios de primera línea; la celebración de consultas con organizaciones aborígenes nacionales y de las provincias y los territorios, dirigentes indígenas, especialistas y juristas; y la recepción de más de 4.100 comunicaciones por medio de una encuesta en línea, junto con aproximadamente 300 comunicaciones por escrito.

155.El Gobierno del Canadá también se ha comprometido firmemente a tener en cuenta las recomendaciones de los organismos de expertos, como este Comité y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el diseño de la investigación. Con la fase de consultas previa a la investigación ya terminada, actualmente el Gobierno está formulando las distintas opciones sobre la base de las respuestas recibidas.

156.La investigación formará parte de los esfuerzos del Canadá para lograr una reconciliación con los pueblos indígenas. El Canadá se ha comprometido a establecer una relación renovada, de nación a nación, con los pueblos indígenas, basada en el reconocimiento, los derechos, el respeto, la colaboración y la asociación, así como a lograr genuinos progresos en cuestiones tales como la seguridad de las comunidades, la labor policial, la vivienda, el empleo, la salud, el bienestar de los niños y la educación. La investigación nacional es un paso importante para lograr estos objetivos y también un elemento fundamental para el compromiso del Gobierno de aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las medidas propuestas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre el sistema de internados.

Otras iniciativas en curso

157.En 2015 y 2016, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales participaron en la primera y la segunda Mesa Redonda Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas. Esta Mesa Redonda es un foro decisivo para promover la colaboración entre los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales. La Mesa Redonda celebrada en 2015 aprobó el Marco de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas Indígenas, en el que se establecen tres esferas de acción prioritarias: prevención y concienciación, seguridad de la comunidad, y medidas policiales y respuestas judiciales. En la Mesa Redonda de 2016 todos los participantes se comprometieron a seguir colaborando para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, también en el marco de la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Acordaron asimismo la formulación y aplicación de un conjunto común de medidas de ejecución para evaluar los progresos alcanzados en la reducción de las disparidades socioeconómicas de los pueblos indígenas; la colaboración para mejorar la comunicación y la coordinación entre las familias y las comunidades indígenas, los servicios para las víctimas, la policía, las fiscalías, los grupos de mujeres, los grupos de lucha contra la violencia y los trabajadores de los centros de acogida; y la puesta en marcha de una campaña de prevención y sensibilización en todo el país, centrada en modificar la percepción y las actitudes del público, con el objetivo de poner fin a la violencia a la que hacen frente las mujeres y las niñas indígenas.

158.Por otra parte, en enero de 2016, los Ministros de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno federal y de los gobiernos provinciales y territoriales aprobaron el Marco de Justicia para Enfrentar la Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas. En este Marco se reconoce la tirante relación entre los canadienses indígenas y el sistema de justicia, y se identifican principios y prioridades para ayudar a orientar a los ministros en su actuación, junto con los pueblos indígenas y otros asociados fundamentales, para mejorar la manera en la que el sistema de justicia previene y enfrenta la violencia. Los principios rectores del Marco incluyen la reconciliación y el fomento de la confianza, el respeto de los derechos humanos, soluciones basadas en la comunidad y la modificación de las actitudes y conductas.

Servicios policiales

159.La Real Policía Montada del Canadá continúa dedicada a solucionar los casos pendientes de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. En 2014, la Real Policía Montada del Canadá publicó el informe titulado "Missing and Murdered Indigenous Women: A National Operational Overview" (Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas: un panorama nacional operacional), en colaboración con la Oficina de Estadística del Canadá y de unos 300 servicios policiales de todo el país. En junio de 2015 se publicó una actualización de dicho informe, que incluía nuevas estadísticas sobre las mujeres indígenas desaparecidas en el Canadá y las mujeres asesinadas en las jurisdicciones de la Real Policía Montada del Canadá. Después de la publicación del informe se revisaron todos los casos no resueltos de homicidios contra mujeres indígenas y de mujeres y niñas indígenas desaparecidas en las jurisdicciones de la Real Policía Montada del Canadá, con el fin de corroborar que se habían explorado todas las vías de investigación.

160.La Estrategia Nacional sobre Personas Desaparecidas de la Real Policía Montada del Canadá indica las medidas que se deben adoptar en todos los casos de personas desaparecidas, para asegurar que las investigaciones sean de alta calidad y que no estén influenciadas por las tendencias subjetivas de un policía. La estrategia hace hincapié en la prioridad de la investigación y la supervisión, y promueve la respuesta interinstitucional de ámbito comunitario basada en la prevención. Se han actualizado la Política de Personas Desaparecidas y la Política sobre la Violencia en las Relaciones, para que estén en conformidad con la Estrategia Nacional sobre Personas Desaparecidas. La Política de Personas Desaparecidas hace hincapié en el carácter inmediato y prioritario de los informes sobre las personas desaparecidas, el apoyo a las familias, las remisiones a los servicios para las víctimas que tienen en cuenta las necesidades culturales y la utilización de un instrumento de evaluación del riesgo obligatorio y normalizado, y trata las cuestiones jurisdiccionales relacionadas con la presentación de informes sobre las personas desaparecidas.

Medidas en las provincias y los territorios

161.Entre las recientes iniciativas emprendidas en las provincias y los territorios figuran las siguientes:

En febrero de 2016, Ontario dio a conocer la iniciativa Walking Together: Ontario's Long-Term Strategy to End Violence Against Indigenous Women (Marchemos unidos: una estrategia a largo plazo de Ontario para poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas), en la que se enuncian medidas dirigidas a prevenir la violencia y reducir sus consecuencias para los jóvenes, las familias y las comunidades. Esta iniciativa se elaboró en colaboración con los asociados indígenas. Sus objetivos son crear conciencia sobre la violencia y prevenirla, proporcionar programas y servicios comunitarios más eficaces que tengan en cuenta las prioridades de los dirigentes y las comunidades indígenas, y mejorar las condiciones socioeconómicas que favorecen la recuperación de las comunidades indígenas. El gobierno ha asignado 100 millones de dólares durante tres años para apoyar su ejecución.

Columbia Británica ha dado a conocer la estrategia denominada Vision for a Violence Free BC Strategy (Visión de una Columbia Británica libre de violencia), en la que se combinan medidas inmediatas con una visión a largo plazo para poner fin a la violencia contra las mujeres en la provincia. En el marco de esa estrategia, Columbia Británica ha invertido 824.711 dólares para apoyar proyectos centrados en la respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas indígenas.

Yukón ha proporcionado 200.000 dólares para financiar cinco iniciativas de ámbito cultural diseñadas y creadas por mujeres indígenas y dirigidas a ellas, como estrategia fundamental de acción colectiva para combatir la violencia contra las mujeres indígenas.

En 2015, Quebec y Ontario proporcionaron apoyo financiero para la celebración de reuniones de familiares cercanos de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas en esas provincias. Ambas reuniones dieron a los familiares la oportunidad de exponer sus opiniones sobre la mejor manera de prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres indígenas. También mediante financiación aportada por las provincias, las organizaciones que prepararon esas reuniones publicaron una serie de informes en los que recomendaban soluciones para hacer frente a este problema.

Manitoba ha acogido reuniones nacionales dedicadas a la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, como la denominada "Wiping Away the Tears" ("No más lágrimas") para familias de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas (septiembre de 2015) y el National Justice Practitioners' Forum (Foro Nacional de Profesionales de la Justicia) (enero de 2016).

Cuestión 25

Instituciones penitenciarias federales

162.Los reclusos tienen acceso a recursos judiciales para presentar denuncias por malos tratos, así como a mecanismos administrativos especializados que aseguran un examen accesible, justo y rápido de sus denuncias. El Procedimiento de Trámite de Quejas y Denuncias de los Detenidos del Servicio Penitenciario del Canadá es un procedimiento que permite resolver las quejas y denuncias presentadas por los reclusos sin que tenga consecuencias negativas para ellos. Es un proceso confidencial, documentado y que cuenta con un seguimiento sistemático. Los reclusos disponen de un servicio de asistencia en todas las etapas del proceso, que incluye un número de teléfono nacional gratuito para las investigaciones. El proceso tiene tres niveles: 1) la presentación de una queja por escrito por el recluso al supervisor del funcionario afectado; 2) la presentación de una queja directamente al director de la institución; y 3) la presentación de una queja al Comisionado.

163.Todas las denuncias de malos tratos presentadas por los reclusos (hostigamiento por parte del personal, acoso sexual o empleo excesivo de la fuerza) se toman muy en serio y se investigan en profundidad. Por lo tanto, se les concede una alta prioridad y deben presentarse y ser examinadas por las máximas autoridades que participen en el proceso.

164.Las quejas se pueden transmitir a los niveles superiores del Servicio Penitenciario del Canadá, así como a una Comisión Externa de Examen si el denunciante lo solicita. Esa Comisión está formada al menos por dos miembros de la comunidad. Se establece para examinar las quejas iniciales y sus respuestas, y para formular recomendaciones al director de la institución.

165.Del 1 de abril de 2014 al 30 de septiembre de 2015, el Servicio Penitenciario del Canadá recibió 15 denuncias o quejas de malos tratos cometidos por el personal y 7 relacionadas con el uso de la fuerza. De ellas, 10 se resolvieron en el nivel inicial y 12 en el nivel final. En cuanto a los reclusos, 16 de ellos no eran aborígenes (el 73%), y todas las quejas o denuncias presentadas por reclusas cumplían los criterios de selección.

Detención realizada por las autoridades de inmigración

166.Como todas las personas arrestadas o detenidas en el Canadá, los inmigrantes detenidos tienen los derechos, establecidos en la Carta, de ser informadas de los motivos de su arresto o detención y de contar con la asistencia de un abogado. Véase la información sobre otras salvaguardias de carácter jurídico en la cuestión 5.

167.La mayoría de los detenidos son alojados en los centros de internamiento de inmigrantes de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá. Las personas detenidas pueden dirigirse a un funcionario de la Agencia para plantear cualquier aspecto relacionado con su detención. El funcionario atenderá todas las reclamaciones lo más pronto posible. Las personas detenidas también pueden plantear sus preocupaciones en los exámenes de la detención realizados por la Comisión de Inmigración y Refugiados. Las personas detenidas representadas por un abogado también pueden plantear las cuestiones que las afecten por medio de esos profesionales.

168.La Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá apoya la supervisión independiente de sus centros de detención, y alienta y permite que diversas organizaciones intergubernamentales y ONG accedan a ellos siempre que sea posible, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Se han establecido vías de comunicación para debatir algunas cuestiones de manera proactiva, en particular: el acceso a los lugares de detención, las visitas periódicas, la confidencialidad y las recomendaciones para mejorar las condiciones. Las instalaciones de la Agencia, así como algunas instituciones penitenciarias provinciales en las que hay inmigrantes detenidos, son supervisadas trimestralmente por la Cruz Roja del Canadá, y el ACNUR visita los lugares de detención e interactúa con los solicitantes de la condición de refugiado. Las personas detenidas pueden plantear sus preocupaciones a ambas organizaciones, así como a otras organizaciones que tienen responsabilidades con respecto a la detención por motivos de inmigración. Además de la supervisión, la Cruz Roja del Canadá formula recomendaciones a la Agencia de Servicios de Fronteras en relación con las denuncias de malos tratos y el acceso a los mecanismos de queja de los centros a los que tiene acceso.

169.De acuerdo con los registros de la Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá, desde mayo de 2012 ha habido cinco casos de inmigrantes detenidos en instituciones penitenciarias provinciales que han denunciado algún tipo de maltrato, sea ante un organismo de las Naciones Unidas o por medio de una demanda civil. Por motivos de confidencialidad, no es posible proporcionar más detalles. La Agencia de Servicios de Fronteras del Canadá colabora plenamente con todas las investigaciones relacionadas con sus actividades o con su personal.

Real Policía Montada del Canadá

170.Todas las personas pueden presentar una denuncia sobre la conducta de un miembro de la Real Policía Montada del Canadá, sea directamente al propio organismo policial, a la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias contra la Real Policía Montada del Canadá o a un organismo provincial encargado de tramitar las denuncias contra la policía.

171.Cuando se presenta una denuncia directamente a la Real Policía Montada del Canadá, esta tiene la obligación de acusar recibo de la misma y de notificar la denuncia a la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias contra la Real Policía Montada del Canadá y al organismo provincial pertinente. Posteriormente, si considera que se corresponde con el interés público, la Comisión puede investigar la denuncia, en cuyo caso la Real Policía Montada del Canadá queda excluida de la investigación. Si se trata de la denuncia de un incidente grave, generalmente la investigación estará a cargo de un servicio policial provincial o municipal o de un órgano investigador.

172.Cuando la propia Real Policía Montada del Canadá tramita una denuncia, ello puede dar lugar a tres resultados: una resolución informal (únicamente con el consentimiento del denunciante); una negativa a iniciar a una investigación (solo en circunstancias estrictamente definidas); o un informe final de la Real Policía Montada del Canadá. Todos los informes finales se presentan a la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias contra la Real Policía Montada del Canadá, que puede examinar la denuncia si el denunciante lo solicita. Véase más información sobre la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias contra la Real Policía Montada del Canadá en la cuestión 20.

173.Del 1 de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015 se presentaron 1.888 denuncias públicas directamente a la Real Policía Montada del Canadá. Las denuncias públicas suelen hacer referencia a distintos tipos de alegaciones, muchas de las cuales no son pertinentes en el presente informe (por ejemplo, irregularidades en la conducción de vehículos o la utilización incorrecta de un bien). En cuanto a las categorías de denuncias pertinentes, las estadísticas correspondientes al período que se examina son las siguientes.

Categoría de la alegación	Denuncias investigadas	Número de casos resueltos de otro modo (de manera informal, abandonados o retirados)
Número de casos considerados admisibles	Número de casos considerados no admisibles
Uso indebido de la fuerza	8	571	185
Uso indebido de armas de fuego	1	27	3
Incumplimiento del deber	86	644	263
Delito tipificado	1	65	5
Conducta opresiva	8	145	53
Detención indebida	13	212	48

174.Del 1 de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2015, la Comisión Civil de Examen y Tramitación de las Denuncias recibió 6.076 denuncias resueltas por la Real Policía Montada del Canadá. No se ha presentado ninguna denuncia por tortura, por lo que las denuncias hacen referencia a denuncias de malos tratos agrupadas en las siguientes categorías:

2.132 denuncias de uso indebido de la fuerza, que incluyen el uso de la fuerza innecesario o no acorde con las circunstancias. De ellas, se consideró que 40 estaban fundadas y 1.889 infundadas.

1.499 denuncias de detención injustificada, lo que constituye una vulneración del espíritu y la intención de la Carta. Incluyen el arresto o la detención injustificados o arbitrarios, así como el hecho de no informar con prontitud a la persona de los motivos de la detención y del derecho a ser asistida por un abogado. De ellas, se consideró que 74 estaban fundadas y 1.125 infundadas.

1.047 denuncias de conducta opresiva, esto es, denuncias de buena fe de abuso grave de la autoridad o del poder policial, hostigamiento con agravantes, acusación infundada, injusta o sesgada, o amenazas o intimidación por alguno de los medios precedentes. De ellas, se consideró que 25 estaban fundadas y 750 infundadas.

175.Algunas denuncias no se registraron ni como "fundadas" ni como "infundadas". Estas fueron resueltas de manera informal, se abandonaron o fueron retiradas.

Ejemplos de las provincias y los territorios

176.En Manitoba, el Organismo Encargado de las Investigaciones sobre la Aplicación de la ley recibió 261 denuncias contra policías en servicio por supuestos malos tratos (uso innecesario o excesivo de la fuerza). Debido a que se pueden haber presentado denuncias paralelas, es posible que haya incidentes contabilizados dos veces. De forma análoga, en los últimos tres años, los Servicios Penitenciarios de Manitoba han registrado aproximadamente 45 incidentes de supuestos malos tratos a reclusos que dieron lugar una investigación oficial; de ellos, se ha dictado una condena (por agresiones).

177.En Quebec, de mayo de 2012 a octubre de 2015, los detenidos presentaron a las autoridades penitenciarias 68 denuncias de violencia física por parte de los funcionarios. De ellas, 18 resultaron fundadas. En el mismo período, ingresaron detenidas algo más de 150.000 personas.

178.En Columbia Británica, en el período 2012-2015, la Oficina de la Comisión de Denuncias contra la Policía resolvió 2.326 denuncias relacionadas con la conducta de la policía municipal. En total, 235 denuncias (el 10,1%) resultaron fundadas y 1.122 (el 48,2%) infundadas. Las demás denuncias (969; el 41,6%) fueron resueltas de manera informal, retiradas, canceladas, interrumpidas o resueltas por mediación.

179.Las personas también pueden presentar recursos por malos tratos de la policía ante los tribunales civiles. Por ejemplo, en la causa Elmardy v. Toronto Police Services Board, una persona denunció haber sido agredida por un policía, esposada y detenida ilegalmente durante 30 minutos. El Tribunal Superior de Ontario falló a su favor, otorgándole una indemnización de 21.000 dólares.

Cuestión 26

180.La Oficina de Investigaciones Independientes de Columbia Británica es un órgano independiente dirigido por civiles que entró en funciones en septiembre de 2012. Está facultada para realizar investigaciones rápidas e imparciales de los incidentes de la provincia que se hayan saldado con muertes o lesiones graves y en los que haya participado algún policía, en horas de servicio o fuera de ellas. Todos los funcionarios y jefes de policía y el Comisionado de Denuncias contra la Policía de Columbia Británica deben notificar inmediatamente a la Oficina de Investigaciones Independientes los incidentes que tengan esas características. La Oficina determinará si debe ejercer sus facultades y llevar a cabo una investigación.

181.Un memorando de entendimiento entre la Oficina de Investigaciones Independientes, la Real Policía Montada del Canadá y la policía municipal de Columbia Británica establece un protocolo que abarca todos los aspectos de las investigaciones, en particular, la notificación a la Oficina de Investigaciones Independientes, la seguridad en el lugar del incidente, la designación del policía de que se trate y del policía encargado de los testigos, y las investigaciones concurrentes. Cuando finaliza una investigación y resulta que algún policía podría haber cometido un delito, el Director Jefe Civil debe presentar un informe al Abogado de la Corona. Si el Director Jefe Civil considera que el policía no ha cometido ningún delito, se pueden hacer públicos los motivos de la decisión.

182.Una comisión especial de la Asamblea Legislativa examinó recientemente los progresos alcanzados por el Director Jefe Civil en sus esfuerzos por aumentar la participación civil en la Oficina de Investigaciones Independientes. En febrero de 2015 la comisión presentó su informe a la Asamblea Legislativa, incluyendo siete recomendaciones. Actualmente, el Ministerio de Justicia está examinando esas recomendaciones, así como la norma de la Oficina de Investigaciones Independientes sobre las remisiones a los fiscales de la Corona.

Cuestión 27

Reparación e indemnización a las víctimas

183.Como se ha expuesto anteriormente, los actos de tortura están prohibidos en virtud de la Carta, del Código Penal y del derecho civil común. El Canadá está firmemente decidido a impedir que los funcionarios canadienses cometan actos de tortura. Si un funcionario canadiense cometiera un acto de tortura o participara en él, la víctima dispondría de diversas vías de recurso civil. Por ejemplo, podría solicitar varias reparaciones ante los tribunales por la vulneración de sus derechos en virtud de la Carta, lo que incluye una indemnización económica, aunque no se limita a ello ("daños previstos en la Carta"). La víctima también puede interponer una demanda civil para solicitar una indemnización ("daños civiles"), ya sea basándose en la responsabilidad civil en las jurisdicciones del common law o en virtud del derecho civil de Quebec.

184.El Canadá no tiene conocimiento de ninguna sentencia civil dictada en el período que abarca el informe en la que una denuncia de supuesta tortura cometida en el Canadá por funcionarios canadienses haya sido considerada fundada. Además, aunque las demandas de una indemnización civil contra el Gobierno federal o los gobiernos provinciales por diversos motivos son frecuentes, el Canadá no tiene conocimiento de que en ninguna de las demandas presentadas durante el período que se examina se haya denunciado un caso de malos tratos cometidos en el Canadá por funcionarios canadienses que pudieran ajustarse a la definición de tortura. (Véase la información sobre las denuncias de malos tratos en el Canadá por agentes del orden u otros funcionarios públicos en las cuestiones 20 y 25.)

185.En los últimos años se han presentado un número limitado de demandas civiles para obtener una indemnización del Gobierno del Canadá por la presunta participación de funcionarios canadienses en actos de tortura u otro tipo de malos tratos cometidos en el extranjero por funcionarios extranjeros. Desde mayo de 2012, se resolvió una causa mediante un acuerdo entre las partes y otra fue desestimada por el tribunal porque el demandante no continuó con el procedimiento. El Canadá no puede formular comentarios públicos sobre las condiciones de los acuerdos, pero desea subrayar que las medidas de reparación pueden incluir indemnizaciones monetarias u otras modalidades. El Canadá tiene conocimiento de cinco demandas civiles en curso (véase, por ejemplo, la cuestión 28).

Ley de Inmunidad de los Estados

186.La Ley de Inmunidad de los Estados del Canadá aplica en el derecho interno la doctrina restrictiva de la inmunidad del Estado reconocida como parte del derecho internacional consuetudinario. Dicha ley establece que los Estados extranjeros se beneficiarán por lo general de la inmunidad de jurisdicción con respecto a los tribunales canadienses. También incluye una lista exhaustiva de excepciones a esa inmunidad general. No obstante, la ley no contiene ninguna excepción por los actos de tortura cometidos fuera del Canadá por un funcionario extranjero, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Por lo tanto, las víctimas de actos de tortura cometidos en el extranjero no tienen acceso a los tribunales canadienses para procurar una reparación civil de un Estado extranjero o de sus funcionarios. La decisión del Tribunal Supremo del Canadá de 2014 en la causa Kazemi confirmó que este aspecto de la Ley de Inmunidad de los Estados está en conformidad con el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal garantizado en la Carta. En la adopción de esa decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las obligaciones internacionales del Canadá (en particular, en virtud del artículo 14 de la Convención) y las observaciones del Comité sobre la interpretación de esa disposición. Véanse las cuestiones 1 y 3.

187.En la actualidad, el Canadá no está considerando la posibilidad de modificar la Ley de Inmunidad de los Estados para incluir una excepción a esa inmunidad por los actos de tortura cometidos fuera del Canadá por Estados extranjeros. El artículo 14 de la Convención no obliga a los Estados partes a autorizar recursos civiles por los actos de tortura cometidos en Estados extranjeros. Ello está en conformidad con el derecho internacional sobre la inmunidad de los Estados y con las obligaciones del Canadá en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Cuestión 28

188.En lo que respecta al Sr. Almalki, el Sr. Elmaati y el Sr. Nureddin, los procesos civiles deben comenzar en enero de 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Los testigos del Gobierno han participado en el proceso de interrogatorio previo y han sido interrogados por los demandantes. La divulgación de las pruebas a los demandantes está en curso. A finales de junio se inició un procedimiento de mediación ordenado por el tribunal que se debe reanudar en agosto de 2016. Los fundamentos para promover un juicio están siendo considerados por todas las partes.

189.El 29 de septiembre de 2012, los Estados Unidos trasladaron al Sr. Omar Khadr, que es ciudadano canadiense, de la Bahía de Guantánamo a la custodia de las autoridades canadienses. Dicho traslado se efectuó en virtud de la Ley del Traslado Internacional de Delincuentes del Canadá. En abril de 2015 el Sr. Khadr fue puesto en libertad bajo fianza por un tribunal de Alberta, a la espera de una decisión sobre su apelación en los Estados Unidos de su condena y de la sentencia impuesta por la comisión militar de los Estados Unidos. Fue puesto en libertad en mayo de 2015 y reside en la comunidad, sujeto a ciertas condiciones. El Sr. Khadr reside actualmente en Alberta y el gobierno provincial es responsable de la gestión de las condiciones de su puesta en libertad. Dichas condiciones pueden ser revisadas por un tribunal, si así se solicita.

190.En 2004, el Sr. Khadr presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Canadá, en la que alegaba una vulneración de sus derechos en virtud de la Carta y solicitaba una indemnización de 10 millones de dólares, así como una orden permanente sobre la utilización de la información obtenida por los funcionarios canadienses en los interrogatorios a los que fue sometido en la Bahía de Guantánamo. En octubre de 2014, modificó la demanda y solicitó una indemnización de 20 millones de dólares. El proceso civil está en curso, por lo que la cuestión de la indemnización aún no está resuelta.

191.Por motivos de confidencialidad, el Gobierno del Canadá no puede facilitar información sobre la rehabilitación psicológica del Sr. Khadr ni sobre la asistencia que se le ha proporcionado.

Cuestión 29

192.En el Canadá hay un gran número de programas mediante los que se proporciona financiación y apoyo a las personas que han sido víctimas de tortura en el extranjero y que residen actualmente en el Canadá. Entre ellos figura el Centro Canadiense para Víctimas de la Tortura, al que el Gobierno del Canadá, los gobiernos provinciales y las administraciones municipales, entre otros, continúan proporcionado una importante financiación. Las víctimas de la tortura también pueden beneficiarse de una amplia gama de programas sociales, como la atención sanitaria universal, la asistencia jurídica y la asistencia social, que en general se gestionan a nivel de las provincias y los territorios.

193.El Programa de Asistencia para el Reasentamiento del Gobierno del Canadá presta apoyo para las necesidades inmediatas y esenciales de los refugiados asistidos por el Gobierno (y otras personas admisibles) tras su llegada al Canadá. Este Programa proporciona ayuda financiera directa, que consiste en una asignación inicial única y una prestación de apoyo mensual que se suele conceder durante un período máximo de un año. Dicho Programa también financia a las organizaciones proveedoras de servicios inmediatos y esenciales, que, en general, se prestan durante las primeras 4 a 6 semanas siguientes a la llegada de la persona.

194.Esos servicios incluyen una "evaluación de las necesidades y un plan de remisión", que dirigen a los beneficiarios del Programa de Asistencia para el Reasentamiento a los servicios de asentamiento y otros servicios más amplios que se prestan en la comunidad. Entre los ejemplos de estos últimos servicios que pueden resultar útiles a la rehabilitación de las víctimas de la tortura cabe citar: los centros para víctimas de traumas o de tortura, los centros de salud mental, los profesionales de psicoterapia, los hospitales especializados (por ejemplo, en la atención de niños o de mujeres), el apoyo a las familias, los servicios de información jurídica, y el apoyo social o comunitario.

195.Recientemente, el Canadá se ha comprometido a acoger a 25.000 refugiados, desplazados debido a la actual guerra civil en Siria. Aunque la salud general de los sirios antes de los conflictos era muy buena, las adversidades continuas por las que han tenido que pasar muchos refugiados sirios han provocado un deterioro en su salud y su bienestar general. El Gobierno del Canadá reconoce la necesidad de tratar los problemas de salud mental, como el trastorno por estrés postraumático que sufren algunos refugiados. Por lo tanto, difunde información sobre los posibles problemas de salud mental que los profesionales de la salud podrían diagnosticar entre este grupo de pacientes. Por ejemplo, el Organismo de Salud Pública del Canadá ha colaborado con algunos expertos en la salud de los inmigrantes para preparar una serie de seminarios web destinados a informar a los profesionales de la salud de todo el país sobre el trastorno por estrés postraumático, su tratamiento y las opciones de remisión, así como sobre la atención más adecuada desde el punto de vista cultural.

Cuestión 30

196.El párrafo 269.1 4) del Código Penal prohíbe la admisión como prueba de toda declaración obtenida mediante la tortura a todos los efectos, excepto como prueba de que la declaración fue obtenida efectivamente por medio de la tortura. Esta prohibición desempeña una importante condena en el régimen general del Canadá para prohibir y prevenir la tortura. La regla de exclusión del párrafo 269.1 4) se aplica a "todo procedimiento incluido en la jurisdicción del Parlamento". Por lo tanto, no se aplica solo a los procedimientos penales, sino también a todos los procedimientos administrativos, de investigación y disciplinarios federales (como las audiencias de la Comisión de Libertad Condicional y las audiencias disciplinarias de los ámbitos penitenciario, policial o militar), así como a los procedimientos civiles que estén bajo la jurisdicción del Parlamento. Ello incluye los procedimientos en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra y la Ley de Extradición. Véase la información sobre la regla de exclusión en los procedimientos de los certificados de seguridad en la cuestión 6.

197.En la reciente causa United States of America v. 'Isa se aborda la cuestión de la aplicación de esta regla en los procedimientos de extradición. El Tribunal de Apelación de Alberta ha señalado que las pruebas obtenidas por medio de la tortura "no son fiables, contravienen el estado de derecho y son el resultado de una práctica abominable", y que su utilización en el marco de las actuaciones judiciales está prohibida en virtud de la Convención y del párrafo 269.1 4). El Tribunal ha indicado asimismo que, dada la dificultad de probar la tortura perpetrada por el Estado, las personas que sean objeto de una demanda de extradición solo deben demostrar una "apariencia de verosimilitud" de las alegaciones de tortura para que la prueba sea retirada del expediente o sea objeto de un examen más detallado. No obstante, en esa apelación concreta, no era necesario un recurso, ya que la prueba impugnada no era imprescindible para justificar la detención de la persona para proceder a su extradición.

198.Aunque el párrafo 269.1 4) ha desempeñado una función importante en causas como 'Isa, en el período que abarca el informe, el Canadá no tiene conocimiento de ninguna causa en la que un tribunal excluyera directamente una prueba basándose en la regla de exclusión obligatoria de dicho párrafo. No obstante, la Carta establece protecciones más flexibles contra la admisión de pruebas obtenidas por medio del maltrato, y esas protecciones son invocadas con más frecuencia. Si un tribunal concluye que una prueba se ha obtenido de manera contraria a la Carta, la prueba debe ser excluida cuando se determine que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, su admisión en el procedimiento podría socavar la confianza en la administración de justicia. Además, un tribunal puede rechazar una prueba si su admisión puede dar lugar a un procedimiento injusto, contraviniendo el artículo 7 de la Carta.

199.Dos decisiones judiciales recientes ilustran cómo esas protecciones constitucionales pueden dar lugar a la exclusión de una prueba obtenida por medio del maltrato físico. En la causa Botten, el acusado había sido detenido por la policía, retenido durante tres horas bajo la lluvia y recluido ilícitamente durante la noche en un entorno frío y hacinado. El tribunal dictaminó que se trató de una detención arbitraria y excluyó la prueba obtenida en esas condiciones. En la causa Persad, el tribunal dictaminó que la policía había ejercido una fuerza "no razonable, excesiva e injustificada" contra el acusado, ya que se le había disparado en cuatro ocasiones con armas de descarga eléctrica durante un registro en su domicilio. La utilización excesiva de la fuerza, junto con una serie de defectos en la emisión de la orden de registro, dieron lugar a la exclusión de la prueba obtenida en ese registro.

Cuestión 31

200.El Canadá está orgulloso de ser un líder mundial en lo que respecta a la protección de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), aunque, lamentablemente, la homofobia y la transfobia continúan existiendo. La intimidación y los incidentes violentos que siguen ocurriendo suscitan especial preocupación. En 2014 hubo 155 incidentes, registrados por la policía, de delitos motivados por prejuicios debido a la orientación sexual, en comparación con 186 en 2013. Según el informe sobre los delitos motivados por prejuicios registrados por la policía en 2013, es más probable que los delitos que se basan en prejuicios debidos a la orientación sexual sean violentos que los que se basan en otro tipo de prejuicios. Los jóvenes LGBT corren un riesgo mayor de sufrir intimidación que sus pares.

201.El Gobierno del Canadá toma este tipo de violencia muy en serio. El Código Penal prohíbe la instigación del odio, así como la incitación al odio en un lugar público de manera que pueda alterar el orden público, cuando se dirige contra miembros de grupos identificables. La definición de "grupo identificable" incluye los grupos identificables por su orientación sexual. La legislación propuesta por el Gobierno (proyecto de ley C-16) añadirá la identidad de género y la expresión del género a la lista de las características distintivas de los "grupos identificables" protegidos por esas disposiciones.

202.En el contexto de la determinación de la pena, los tribunales también deben considerar como circunstancia agravante el hecho de que el delito estuviera motivado por el odio basado en una lista abierta de criterios, como el género, la orientación sexual o "cualquier otro factor similar", lo que podría interpretarse que incluye la identidad de género. El Código Penal también tipifica como delitos la intimidación grave y el ciberacoso. Además, algunas provincias han aprobado leyes específicas para combatir la intimidación. Algunos servicios policiales del Canadá han establecido unidades especializadas en la lucha contra los delitos motivados por prejuicios, que se encargan del estudio y la investigación de ese tipo de delitos, y algunos de ellos imparten una formación especializada a los policías.

203.Los gobiernos de las provincias y los territorios también se ocupan de prevenir los delitos violentos y motivados por prejuicios contra las personas LGBT. Por ejemplo, la Iniciativa de Prevención de la Violencia de Terranova y Labrador, que se basa en una asociación entre el gobierno y las comunidades y se dedica a hallar soluciones a largo plazo a la violencia contra los grupos en situación de riesgo, reconoce específicamente que las personas LGBT son uno de los grupos que corren más riesgo de ser víctimas de la violencia. De forma análoga, el Plan de Acción de Prevención de la Violencia, establecido en colaboración con el Ministerio de Educación y Desarrollo en la Primera Infancia, incluye el compromiso de asegurar escuelas seguras e inclusivas para los jóvenes LGBT.

204.De manera más general, los gobiernos del Canadá han puesto en marcha una serie de programas y políticas para proteger los derechos de las personas LGBT y combatir la homofobia. Por ejemplo, en mayo de 2011, el gobierno de Quebec puso en marcha un plan de acción quinquenal de lucha contra la homofobia. El plan contiene 60 medidas concretas para apoyar a las personas LGBT, que incluyen una campaña de sensibilización en los medios de comunicación y en línea, el establecimiento de una oficina de lucha contra la homofobia y un aumento sustancial de la financiación destinada a las organizaciones que promueven y defienden los derechos de las minorías sexuales o prestan apoyo a las personas LGBT. En el marco de ese plan, también se organizan actividades de formación especializada sobre cuestiones que afectan a las personas LGBT, en las que participan, entre otros, funcionarios penitenciarios, profesionales sanitarios y personal de los servicios sociales.

Cuestión 32

205.Las Directrices Nacionales del Canadá para el Empleo de Armas de Descarga Eléctrica se publicaron en octubre de 2010 y son objeto de revisiones en la medida en que se dispone de nueva información. Se han elaborado sobre la base de consultas de ámbito nacional y están destinadas ayudar a que las provincias y los territorios, así como los servicios policiales y otros organismos del Canadá, establezcan sus propias políticas y procedimientos sobre dichas armas.

206.Las Directrices incluyen los principios básicos de utilización y precisan las circunstancias en las que deben utilizarse. Por ejemplo, establecen que: cuando se utilice la fuerza, debe hacerse de conformidad con la Carta y el Código Penal; los policías siempre deben recurrir a un grado de fuerza adecuado y razonable, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias; y la utilización de las armas de descarga eléctrica debe ajustarse a un marco regulador del uso de la fuerza reconocido a nivel federal o provincial, particularmente en lo que respecta a considerar o aplicar técnicas de distensión u otras opciones de empleo de la fuerza, según corresponda. Las Directrices abarcan cuestiones tales como la utilización de dichas armas, la capacitación, las pruebas, la supervisión y la presentación de informes sobre su utilización. El Gobierno federal, los gobiernos de las provincias y los territorios, las administraciones municipales y los servicios policiales son los responsables de formular políticas operacionales detalladas sobre el uso de estas armas, como sucede con el empleo de la fuerza por la policía en general.

207.En marzo de 2014, una vez completado un programa nacional de investigación plurianual sobre las armas de descarga eléctrica, se revisaron las Directrices y se propuso la introducción de actualizaciones de menor importancia. Entre ellas figuraba el proporcionar más orientaciones para los procedimientos de prueba de dichas armas, identificar las zonas del cuerpo en las que debería evitarse su utilización (por ejemplo, la cabeza, el cuello y los genitales), y la necesidad de tener en cuenta la disponibilidad de atención médica en las comunidades aisladas, remotas y septentrionales (para las situaciones en las que sería necesario contar con asistencia médica después de la utilización de este tipo de armas).

208.Las pruebas que se realizan varían según las jurisdicciones. La Real Policía Montada del Canadá, además de probar el 10% de sus armas de descarga eléctrica todos los años y de cumplir las directrices de las provincias o los territorios, exige que estas armas se prueben: cuando ha habido algún incidente con lesiones que han puesto en riesgo la vida, o han dado lugar a la muerte de alguna persona, relacionado con el uso de estas armas; cuando no funcionen correctamente; cuando se ordene que sea necesario realizar pruebas; y antes de que una nueva arma de este tipo se incorpore al servicio operacional.

209.En Columbia Británica, las armas de descarga eléctrica se prueban dos años después de su adquisición y, a partir de ese momento, todos los años, así como inmediatamente después de que se hayan empleado en un incidente en el que se hayan producido lesiones graves o algún fallecimiento relacionados con su utilización.

210.En las políticas operacionales de algunas fuerzas policiales se han fijado límites específicos al empleo de las armas de descarga eléctrica. Por ejemplo, el Manual de Operaciones de la Real Policía Montada del Canadá establece que estas armas solo se deben utilizar si un sujeto está infligiendo lesiones corporales a otras personas, o si el agente tiene motivos razonables, habiendo evaluado todas las circunstancias, para prever la inminencia de una agresión de ese tipo.

211.A nivel de las provincias, el gobierno de Ontario orienta a los servicios policiales en esta materia por medio de su Directriz sobre el Empleo de la Fuerza, que son de acceso público. Según esta directriz, un jefe de policía puede autorizar a un agente a utilizar un arma de descarga eléctrica si: 1) el agente considera que el sujeto representa una amenaza o tiene un comportamiento agresivo o, teniendo en cuenta todas las circunstancias, considera que es indispensable reducir cuanto antes al sujeto, y 2) el agente estima razonablemente necesario hacer uso del arma de descarga eléctrica.

212.De forma análoga, en Nueva Escocia, las directrices establecen que las armas de descarga eléctrica solo se pueden utilizar si el policía considera que la conducta del sujeto corresponde a un cuadro de resistencia agresiva o violenta, o que representa una amenaza inminente de causar daño corporal o lesiones graves. Aunque en los últimos cuatro años se ha incrementado el despliegue de estas armas en Nueva Escocia (en comparación con 2007), el número de veces en que se ha recurrido a las descargas de contacto con efecto paralizante o sondas ha disminuido considerablemente. Véase el siguiente gráfico.

Empleo de disparos Disparos con efecto paralizante SondasNúmero de incidentesAñoUtilización de armas de descarga eléctrica – Nueva Escocia

Cuestión 33

213.La definición del delito de agresión en la legislación canadiense es muy amplia, de manera que, en general, constituye un delito toda utilización de la fuerza no consentida contra otra persona, incluso cuando se emplea como castigo. El artículo 43 del Código Penal establece una excepción limitada para los progenitores que empleen una fuerza correctiva leve hacia un hijo que esté a su cuidado, siempre que dicha fuerza no exceda de lo razonable de acuerdo con las circunstancias. Si no existiera ese artículo, los progenitores que enviaran a sus hijos a su habitación y a permanecer en ella como penitencia podrían ser acusados de cometer una agresión.

214.En 2004, el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo que el artículo 43 estaba en conformidad con la Carta y con las obligaciones del Canadá en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y delimitó el alcance de la excepción, de manera que solo está justificada una "fuerza correctiva leve de carácter transitorio y sin importancia". La decisión del Tribunal establece directrices a este respecto y señala claramente que los docentes no pueden aplicar castigos corporales bajo ninguna circunstancia. Además, un gran número de provincias y territorios cuentan con leyes civiles que prohíben explícitamente los castigos corporales en las escuelas.

215.El Gobierno del Canadá apoya activamente una serie de programas que desalientan el empleo de la disciplina física con los niños, como el programa para progenitores "Nobody's Perfect" ("Nadie es perfecto"), que se lleva a cabo en todo el país y se dirige a los progenitores con hijos de hasta 5 años de edad. Mediante dicho programa se proporciona a los progenitores información práctica sobre formas de disciplina distintas de la disciplina física. El Organismo de Salud Pública del Canadá y el Ministerio de Justicia también publican materiales para promover habilidades parentales positivas y alentar métodos de disciplina que no empleen la fuerza física.

Cuestión 34

216.El Canadá está firmemente decidido a luchar contra el terrorismo de una manera que esté en conformidad con la Carta y con sus obligaciones internacionales, en particular con las que hacen referencia a respetar y garantizar los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. La legislación de lucha contra el terrorismo del Canadá aplica la resolución 1373 del Consejo de Seguridad y sus obligaciones conexas. Dicha legislación se ha formulado de manera que proteja la seguridad de los canadienses y, al mismo tiempo, sus derechos y libertades.

Evaluación permanente de las medidas de lucha contra el terrorismo

217.El Parlamento aprobó la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2015, que establece las medidas para que los organismos de seguridad nacional y las fuerzas del orden combatan el terrorismo y otras amenazas. En virtud de dicha ley, se concede a las instituciones gubernamentales poderes adicionales para compartir la información relacionada con la seguridad nacional. La ley también modificó el marco de seguridad aérea del Canadá, estableció un mandato para el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad con el fin de que adopte medidas para reducir las amenazas a la seguridad del Canadá, e introdujo medidas para proteger la información sensible en los procedimientos de inmigración. Por último, la ley modificó el Código Penal con el fin de mejorar la lucha contra la incitación al terrorismo y la propaganda del terrorismo, así como para prevenir los actos terroristas.

218.El Gobierno del Canadá tiene la intención de evaluar cómo se puede mejorar la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2015 y, posteriormente, introducir las enmiendas necesarias para proteger la seguridad colectiva y los derechos y libertades individuales. El Gobierno celebrará consultas públicas para asegurar que el marco de seguridad nacional del Canadá tenga en cuenta las necesidades y los valores de los canadienses. Ello permitirá la colaboración entre los gobiernos, las partes interesadas, los expertos en la materia y el público.

219.Además, el Gobierno del Canadá ha adoptado medidas legislativas que refuerzan su sistema de rendición de cuentas en materia de seguridad nacional, mediante la creación de un comité de parlamentarios, en el que participan los distintos partidos políticos, con acceso especial a la información clasificada. El comité tendrá el mandato de examinar a fondo las actividades de seguridad nacional e inteligencia en todos los sectores del Gobierno del Canadá con el fin de velar por el respeto de la ley y los valores democráticos.

220.El Canadá reconoce que la creación de instrumentos para evitar la radicalización que lleva a la violencia es un elemento esencial de la lucha contra el terrorismo. Uno de los medios para lograrlo es mantener activamente unas relaciones constructivas con las diversas comunidades del Canadá, colaborando con ellas para prevenir y contrarrestar la radicalización que lleva a la violencia, así como para promover la resiliencia comunitaria. El Canadá ha asignado fondos para crear una oficina de difusión comunitaria y de lucha contra la radicalización que lleva a la violencia, que dirigirá y coordinará la respuesta del Canadá a esa radicalización, colaborará con los asociados internacionales y de las provincias y los territorios, y apoyará la difusión y la investigación de ámbito comunitario. El Canadá elaborará una estrategia nacional para combatir la radicalización que lleva a la violencia, para lo que se consultará ampliamente al conjunto de los canadienses.

Enjuiciamientos, procedimientos de denuncia y recursos

221.Entre mayo de 2012 y enero de 2016, se acusó de haber cometido delitos de terrorismo en virtud del Código Penal a 27 personas. De ellas:

En una causa se ordenó la suspensión del procedimiento.

Se ha condenado por delitos de terrorismo a seis personas. De ellas, cuatro han apelado la sentencia y esas apelaciones están siendo examinadas por los tribunales.

Se ha declarado no culpable de todas las acusaciones a una persona.

Hay órdenes judiciales pendientes contra siete personas que no están en el Canadá y cuyo paradero es desconocido.

Hay procesos en curso contra 12 personas.

222.En el Canadá, las personas sujetas a medidas de lucha contra el terrorismo tienen varias opciones para presentar una denuncia. El Centro de Seguridad de las Comunicaciones, el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad y la Real Policía Montada del Canadá están sujetos al examen de organismos externos e independientes que garantizan la rendición de cuentas, lo que incluye la recepción de las denuncias presentadas por los particulares. Además, las personas pueden presentar una denuncia ante el Comisionado de Protección de la Vida Privada sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de la Vida Privada, que regula las prácticas de tratamiento de la información personal por el Gobierno federal. Las personas a las que se ha anulado el pasaporte por motivos de seguridad nacional en virtud de la Orden sobre los Pasaportes Canadienses pueden solicitar la reconsideración a la Oficina de Reconsideración de la Anulación de Pasaportes o dirigirse directamente al Ministro de Seguridad Pública y Protección Civil. Por último, toda persona a la que se haya denegado el transporte y que haya recibido una orden por escrito en virtud del Programa de Protección de Pasajeros puede solicitar a la Oficina de Recursos de dicho programa que retire su nombre de la lista.

223.Las personas también pueden iniciar acciones legales si consideran que sus derechos humanos han sido vulnerados por una investigación o un enjuiciamiento en el marco de la lucha contra el terrorismo. La vía principal para esas acciones sería una reclamación en virtud de la Carta. Por ejemplo, en la causa R. v. Khawaja, una persona fue condenada por varios delitos de terrorismo. Esa persona apeló contra su condena alegando que la definición de "actividad terrorista" del Código Penal era contraria al derecho a la libertad de expresión garantizado en la Carta. La demanda fue rechazada por el Tribunal Supremo del Canadá en diciembre de 2012.