65º período de sesiones
24 de octubre a 18 de noviembre de 2016
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativa a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Armenia
Marco constitucional, legislativo e institucional
En el párrafo 14 de sus informes periódicos quinto y sexto combinados (CEDAW/C/ARM/5-6), el Estado parte indica que se ha aprobado el Programa Estratégico de Reformas Legislativas y Judiciales para el período 2012-2016, en el cual se contempla una amplia gama de actividades que abarca la legislación judicial, penitenciaria y penal, así como todas las leyes relacionadas con los derechos humanos de la mujer. Sírvanse proporcionar información actualizada sobre cualquier nueva legislación aprobada en la esfera de la protección de los derechos humanos de la mujer en este contexto, así como sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil especializadas en este ámbito en el proceso de elaboración del informe.
El Estado parte indica que se han elaborado diferentes estrategias y políticas relativas a los derechos de la mujer, como el Documento Conceptual sobre la Política de Género (párr. 19), el Programa Estratégico de Política de Género correspondiente al período 2011-2015 y el Plan de Acción para la Igualdad de Género de 2011 (párr. 20), una guía metodológica sobre la forma de garantizar la igualdad de género a nivel comunitario (párr. 21) y un plan de acción estratégico para la lucha contra la violencia por razón de género correspondiente al período 2011-2015 (párr. 70). Se ruega facilitar información actualizada sobre la aplicación de dichas estrategias y políticas, así como señalar si se han adjudicado los recursos financieros adecuados a tal efecto y si se ha llevado a cabo alguna evaluación de su repercusión. Proporciónese además información sobre la aprobación de otras estrategias y políticas pertinentes en la esfera de los derechos de la mujer.
Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia
El Estado parte señala que la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos tiene contratado a un Asesor del Defensor sobre cuestiones relativas a la mujer (párr. 3). Sírvanse facilitar información detallada sobre el mandato y los recursos humanos y financieros de dicho Asesor. Asimismo, facilítese información sobre el procedimiento de denuncias individuales existente para informar sobre violaciones de los derechos de la mujer, el número de denuncias recibidas y tratadas y el grado de utilización de la Convención en las investigaciones.
Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer
El Estado parte indica que existe un proyecto orientado a transformar el Consejo de la Mujer en un mecanismo nacional para la aplicación de la política de género (párr. 3). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre el resultado del proyecto, indicando tanto su mandato como el presupuesto y los recursos humanos previstos. Se ruega facilitar también información sobre la cooperación del Consejo con las organizaciones de la sociedad civil y la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos.
Medidas especiales de carácter temporal
En el párr. 44 se hace referencia a la adopción de medidas especiales de carácter temporal en el Estado parte, si bien no se facilitan ejemplos concretos al respecto. Proporciónense ejemplos específicos de dichas medidas, de su inclusión en las políticas y los programas nacionales y de su aplicación concreta con vistas a promover y acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en consonancia con la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal.
Estereotipos
El Estado parte reconoce la persistencia de estereotipos de género y proporciona cierta información sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación, en particular para superar los estereotipos en los medios de comunicación y en los programas educativos (párrs. 45 y 46). Se ruega facilitar información sobre la existencia de políticas y programas claramente orientados a la erradicación de los estereotipos de género, además de sobre la aplicación y el seguimiento de las políticas y programas vigentes y cualquier otra medida adoptada desde la presentación del informe combinado. Asimismo, sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para contrarrestar las actitudes estereotipadas hacia las mujeres y las niñas que experimentan múltiples formas de discriminación debido a su edad, origen étnico o discapacidad, o bien por su condición de mujeres y jóvenes lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales o cualquier otra característica.
Violencia contra la mujer
Indíquese si el Estado parte dispone de una legislación integral que abarque todas las formas de violencia contra la mujer. En el párrafo 50 del informe combinado, se indica que se ha presentado al Gobierno un proyecto de ley sobre la violencia doméstica, pero no se facilita información relativa al calendario para su promulgación, su situación actual y su contenido. Se ruega proporcionar información sobre la disponibilidad actual de centros de acogida en todas las regiones para las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, incluida la violencia doméstica. Facilítese información sobre el resultado de la investigación realizada en el marco del programa de mejora de la calidad del servicio prestado a las mujeres víctimas de la violencia doméstica en Armenia que se menciona en el párrafo 51, así como en relación con el plan de acción elaborado sobre la base de dicha investigación.
Trata y explotación de la prostitución
El Estado parte señala la aprobación, en 2013, del Cuarto Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2013-2015) (párr. 53). Asimismo, indica que la policía ha elaborado un proyecto de ley sobre la identificación de las víctimas de la trata o la explotación y la prestación de apoyo a estas (párr. 55). Sírvanse proporcionar información sobre la situación actual, el contenido y el calendario de aprobación del proyecto de ley, e indíquese también si se ha evaluado el Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, el resultado de dicha evaluación y si se ha decidido prorrogarlo. Se ruega indicar asimismo si se ha suprimido la sanción administrativa impuesta a las mujeres que se dedican a la prostitución, además de facilitar información y datos desglosados por edad y origen étnico sobre la explotación de la prostitución.
Participación en la vida política y pública
El Estado parte facilita información sobre el establecimiento de cuotas en función del género, orientadas a aumentar la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional hasta un porcentaje mínimo del 20% (párr. 58). Según los datos aportados, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los cargos con funciones decisorias, especialmente en la judicatura (45 de los 213 jueces y 3 de los 13 miembros del Consejo de Justicia son mujeres) (párr. 13) y en el servicio diplomático (solo existen 3 embajadoras) (párr. 63). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas adoptadas a fin de aumentar la representación de las mujeres en todos los órganos legislativos y de adopción de decisiones, especialmente en la judicatura y el servicio diplomático. Asimismo, indíquese el porcentaje de mujeres existente en la Asamblea Nacional y los órganos locales autónomos, incluidas las autoridades regionales.
Educación
El Estado parte informó de que, entre 2007 y 2012, el número de embarazos entre las jóvenes de 15 a 17 años de edad alcanzó su máximo en 2011, con 169 casos de embarazo, la mayoría de los cuales culminó en parto (párr. 91). Sírvanse aportar datos sobre las tasas de deserción escolar e información sobre las medidas adoptadas para lograr que las madres adolescentes regresen a la escuela después del parto y retomen sus estudios en el nivel en que los dejaron. Indíquese asimismo si se ha llevado a cabo algún tipo de análisis basado en el género y de revisión de materiales educativos, además de si el plan de estudios incluye información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos adecuada a cada edad. Señálese también si el Estado parte garantiza una educación inclusiva y accesible a las niñas con discapacidad, en particular en las zonas rurales, y si proporciona capacitación a los docentes sobre las necesidades educativas especiales de tales niñas. Apórtese información sobre la situación de las niñas que abandonan la escuela debido a las prácticas culturales y confesionales de las minorías étnicas y religiosas que viven en el Estado parte (en particular, los miembros de la comunidad yazidí y molokana).
Empleo
El Estado parte reconoce que las mujeres constituyen el 73,4% del número total de personas desempleadas (párr. 71). Según la información de la que dispone el Comité, existe una amplia desigualdad salarial por razón de género en diferentes sectores, además de persistir la segregación vertical y horizontal. Se ruega proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para abordar el problema de la segregación horizontal y vertical entre hombres y mujeres, que conlleva, entre otras cosas, una desigualdad salarial por razón de género. Facilítese asimismo información sobre la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de guardería orientados a permitir que las mujeres concilien su vida laboral y familiar.
El informe no aporta datos sobre la cuestión del acoso sexual en el lugar de trabajo. Se ruega facilitar información detallada sobre la existencia de legislación específica que prohíba dicho acoso, así como indicar si se han establecido mecanismos para que las mujeres denuncien este tipo de actos de manera confidencial. Asimismo, sírvanse proporcionar información sobre los datos recopilados para evaluar la magnitud del problema y detectar deficiencias al respecto en el marco jurídico. Explíquese en qué medida se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba a fin de proteger los derechos de las mujeres víctimas de discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo.
Salud
El Estado parte indica que solo el 33% de las mujeres de las zonas urbanas y el 19% de las mujeres rurales utilizan métodos anticonceptivos modernos (párr. 94). Según la información que obra en poder del Comité, la tasa de abortos es alta y el aborto se utiliza como método de planificación familiar. Proporciónese información sobre las medidas que el Estado parte haya adoptado para concienciar a las mujeres y las niñas sobre la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos y facilitar el acceso de aquellas a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con la información de la que dispone el Comité, existe una carencia de neonatólogos y anestesistas en algunas regiones, factor al que se suma la falta de medicamentos de calidad en los centros de maternidad, todo lo cual repercute en la tasa de mortalidad materna y en la niñez. Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para mejorar la atención de la salud materna.
El Estado parte indica que la mayoría de las mujeres que viven con el VIH están en edad reproductiva y que la causa de la infección está indirectamente vinculada con la pobreza y la migración (párr. 99). Según la información que el Comité tiene ante sí, existen actitudes sociales negativas y prácticas discriminatorias hacia las mujeres embarazadas que viven con el VIH. Se ruega proporcionar datos sobre los estudios realizados para identificar las causas de la infección por VIH entre las mujeres, así como una valoración de la magnitud del problema. Sírvanse facilitar, además, información sobre las medidas adoptadas para aprobar estrategias y leyes específicamente orientadas a proteger a las mujeres seropositivas de la discriminación y hacer frente tanto a esta como a la estigmatización que sufren, así como a los actos de violencia cometidos contra ellas. Proporciónese también información sobre las medidas adoptadas para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH y garantizar un acceso efectivo de las mujeres y las niñas que viven con el VIH a los servicios médicos, así como sobre las iniciativas emprendidas para protegerlas de la estigmatización, la discriminación y la violencia.
Mujeres con discapacidad
El Estado parte reconoce la existencia de numerosos problemas que impiden la integración plena de las personas con discapacidad, en particular en los ámbitos de la educación y el empleo (párr. 30). Además, indica que se ha presentado al Gobierno el proyecto de ley relativo a la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (párr. 25). Sírvanse aportar información sobre la situación actual y el contenido del proyecto de ley, así como sobre la manera en que el Estado parte incorpora las necesidades específicas de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas y los programas orientados al adelanto de la mujer y la protección de sus derechos en todas las esferas que abarca la Convención. Facilítese además información sobre las medidas adoptadas para prevenir la violencia, en particular la violencia sexual, contra las mujeres y las niñas con discapacidad en las instituciones, la comunidad y el hogar, así como para protegerlas de dicha violencia.
Mujeres rurales
El Estado parte señala que el 57,1% de todas las trabajadoras se dedica a la agricultura y describe algunas medidas adoptadas para mejorar su situación (párrs. 111 a 114). Se ruega proporcionar información sobre el seguimiento y la evaluación de la aplicación de dichas medidas, así como el resultado de tal evaluación. Facilítese asimismo información sobre las medidas adoptadas para incrementar la participación de las mujeres rurales en la vida política y pública, mejorar su acceso a la justicia, brindarles protección, apoyo y asistencia cuando son víctimas de la violencia por razón de género y garantizar su acceso a los servicios de salud, al empleo y a las oportunidades económicas, en consonancia con la recomendación general núm. 34 (2016) del Comité sobre los derechos de las mujeres rurales.
Refugiadas y solicitantes de asilo
El Estado parte indica que tiene en cuenta las necesidades específicas de las solicitantes de asilo en su internamiento en los centros temporales de acogida (párr. 33). Según la información de la que dispone el Comité, dichos centros no cuentan con la capacidad necesaria para hacer frente a las nuevas necesidades de acogida ni proporcionan a las solicitantes de asilo instalaciones de alojamiento independientes y seguras o protección frente a la violencia sexual y por razón de género. Facilítese información actualizada sobre las condiciones de vida actuales de las refugiadas y solicitantes de asilo, en particular en relación con la vivienda, la seguridad alimentaria, la protección frente a la violencia y el acceso a la justicia, así como sobre el acceso de este tipo de mujeres a los servicios de salud, la educación y el empleo.