* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
Información recibida de Australia relativa al seguimiento de las observaciones finales sobre su octavo informe periódico *
[Fecha de recepción: 9 de febrero de 2021]
Introducción
En sus observaciones finales de 25 de julio de 2018 (CEDAW/C/AUS/CO/8), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité) solicitó a Australia que, en el plazo de dos años, proporcionara información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones contenidas en los párrafos 12 b) (Marco constitucional y jurídico de la igualdad de género), 46 b) (Prestaciones sociales y económicas), 50 a) (Salud) y 54 b) (Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo).
Australia suministra a continuación la información solicitada sobre la puesta en práctica de las cuatro recomendaciones. El Gobierno de Australia y todas las administraciones estatales y territoriales hicieron contribuciones al presente informe.
Recomendación 12 b) del Comité: reconocer a las Primeras Naciones en su Constitución para que las mujeres indígenas puedan reivindicar sus derechos
Australia es una democracia constitucional cimentada en el estado de derecho, con una sólida tradición de respeto de los derechos y las libertades de las personas, incluidos los de las mujeres y las niñas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres. El Gobierno de Australia tiene la determinación de reconocer a los australianos indígenas en su Constitución. En Australia, toda ley en la que se proponga modificar la Constitución debe ser examinada por el Parlamento australiano y sometida al voto del pueblo australiano. Los referéndums tienen éxito cuando una mayoría de votantes de una mayoría de estados votan a favor de una propuesta de modificación. Cuando el resultado del referéndum es negativo, es poco probable que se vuelva a considerar la cuestión en un referéndum posterior pasado un período largo, si es que vuelve a considerarse. Reconocer a los indígenas australianos es una cuestión demasiado importante como para arriesgarse a que el proceso no tenga éxito.
Se lleva trabajando en la celebración de un referéndum para reconocer a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres durante más de un decenio, y esa labor fundamenta el planteamiento actual del reconocimiento constitucional. La labor sustantiva comenzó en 2010 con el nombramiento del Grupo de Expertos sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas. En su informe, de enero de 2012, el Grupo de Expertos recomendó que se hicieran varias modificaciones a la Constitución australiana, como una declaración de reconocimiento, nuevos poderes para elaborar leyes relativas a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, la eliminación de las referencias a la raza y la protección frente a la discriminación racial.
También se crearon un Grupo de Examen de la Ley de Reconocimiento de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (que presentó su informe en septiembre de 2014) y un Comité Especial Mixto sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (que presentó su informe en junio de 2015).
En diciembre de 2015 el entonces Primer Ministro, Sr. Malcolm Turnbull, y el entonces líder de la oposición, Sr. Bill Shorten, establecieron un Consejo sobre el Referéndum que entabló una serie de diálogos en todo el país. El Consejo sobre el Referéndum presentó su informe final el 30 de junio de 2017. Las recomendaciones orientaron el proceso hacia el establecimiento en la Constitución de un órgano que amplificara la voz de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres en el Parlamento australiano y hacia una declaración de reconocimiento extraconstitucional aprobada por todos los parlamentos australianos.
En marzo de 2018 el Parlamento australiano creó una Comisión Especial Mixta sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. La Comisión Especial Mixta presentó su informe al Parlamento australiano el 29 de noviembre de 2018. En su informe, la Comisión Especial Mixta recomendó que:
•Se iniciara un proceso de codiseño para definir los detalles de la Voz de las Primeras Naciones en el Parlamento;
•Finalizado el proceso de codiseño, el Gobierno de Australia estudiara las opciones legislativas, ejecutivas y constitucionales para establecer la Voz de las Primeras Naciones; y
•El Gobierno de Australia respaldara el proceso de esclarecimiento de la verdad y considerara la posibilidad de crear un Cementerio Nacional para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, que podría convertirse en un lugar que propiciara el recuerdo, la cicatrización de heridas y la reflexión.
El Gobierno de Australia ha adoptado las recomendaciones y está avanzando en la creación de un órgano que amplifique la voz de los pueblos indígenas mediante un proceso de codiseño con las mujeres y los hombres indígenas.
Recomendación 46 b) del Comité: restablecer la financiación para los servicios que se centran en los derechos de la mujer y las organizaciones de mujeres, en particular las dedicadas a los derechos de las mujeres indígenas
El Gobierno de Australia aporta financiación a las organizaciones de mujeres y los servicios que se centran en los derechos de la mujer, en particular los derechos de las mujeres indígenas.
Programa de Liderazgo y Desarrollo para Mujeres
El Gobierno de Australia canaliza fondos a través del Programa de Liderazgo y Desarrollo para Mujeres con el fin de mejorar la vida de las mujeres australianas en diversas esferas. La consignación del Programa para 2020-2024 asciende a 59,06 millones de dólares australianos.
El Programa apoya proyectos para mejorar la vida de las mujeres australianas en las esferas de la creación de empleo, la seguridad económica, la participación en la fuerza de trabajo, el liderazgo, la seguridad en términos generales y la participación en el plano internacional. También respalda seis alianzas nacionales de mujeres que trabajan en las esferas del liderazgo y la igualdad de género, la violencia contra las mujeres, la seguridad económica de las mujeres y las cuestiones específicas de las mujeres cultural y lingüísticamente diversas, las mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres y las mujeres que viven en zonas rurales y remotas.
Comisionada contra la Discriminación Sexual
El Gobierno de Australia aporta financiación a la Comisión Australiana de Derechos Humanos (21,014 millones de dólares australianos para el ejercicio económico 2020-2021). La Comisionada de Australia contra la Discriminación Sexual tiene la responsabilidad de supervisar la Ley sobre Discriminación Sexual, luchar contra la discriminación sexual y promover la igualdad de género en el país.
Declaración sobre la Seguridad Económica de las Mujeres (2020)
El Gobierno de Australia emitió el 6 de octubre de 2020 la Declaración sobre la Seguridad Económica de las Mujeres (2020), en la que comprometió 240,4 millones de dólares australianos en cinco años para prestar a las mujeres apoyo específico para incrementar sus oportunidades, su salario, su participación y su flexibilidad en el ámbito laboral. Las cinco esferas prioritarias son: i) restablecer y reconstituir la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y seguir cerrando la brecha salarial de género; ii) dar a las familias alternativas y flexibilidad para conciliar el trabajo y los cuidados; iii) respaldar a las mujeres en sus funciones de liderazgo y como modelos de actuación positivos; iv) dar respuesta a las necesidades diversas de las mujeres; y v) ayudar a las mujeres a sentirse seguras en el trabajo y en el hogar.
Seguridad de las mujeres
El Gobierno de Australia ha comprometido 340 millones de dólares australianos para el Cuarto Plan de Acción del Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos (2010-2022). También aportó 150 millones de dólares australianos al Paquete de Apoyo frente a la Violencia Doméstica durante la Pandemia de COVID-19.
Asistencia jurídica
El Gobierno de Australia ha asignado más de 2.000 millones de dólares australianos a través de la Alianza Nacional para la Asistencia Jurídica (2020-2025) para que los estados y territorios faciliten los servicios de asistencia jurídica de primera línea que prestan centros jurídicos comunitarios, comisiones de asistencia jurídica gratuita y la organización Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Service (ATSILS).
De esos 2.000 millones de dólares australianos, al menos 165,9 millones deben destinarse a asuntos de derecho de familia y violencia familiar. Esa cifra incluye 94,8 millones de dólares australianos para financiar los centros jurídicos comunitarios, las comisiones de asistencia jurídica gratuita y ATSILS. Esos fondos complementan la financiación básica suministrada por conducto de la Alianza Nacional para la Asistencia Jurídica, que esos centros y comisiones y ATSILS pueden utilizar para tratar asuntos de derecho de familia o de violencia familiar. También comprenden 51,1 millones de dólares australianos para dependencias de violencia doméstica y alianzas de justicia sanitaria especializadas, que proporcionan asistencia jurídica específica y otros servicios de apoyo holísticos a mujeres, y 19,9 millones de dólares australianos para el Servicio de Apoyo y Defensa de la Familia, que combina asistencia jurídica gratuita con apoyo judicial para las personas afectadas por violencia doméstica y familiar.
Conforme al acuerdo sobre la Alianza Nacional para la Asistencia Jurídica, los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres y las personas que experimentan, o están en riesgo de experimentar, violencia familiar son grupos diana prioritarios de los servicios de asistencia jurídica. Además, en la Alianza se establece un compromiso formal con los principios de la libre determinación en el que se reconoce que las organizaciones comunitarias administradas por los aborígenes están en mejor disposición de prestar servicios apropiados desde el punto de vista cultural en sus respectivas comunidades.
En mayo de 2020 el Gobierno de Australia anunció la puesta en marcha del Paquete de Preparación del Sector de la Justicia, con el que se aportaban otros 63,3 millones de dólares australianos a partir de 2019-2021 para que el sector de la asistencia jurídica pudiera satisfacer la mayor demanda de servicios generada debido a la COVID-19.
Mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres
El Gobierno de Australia aporta financiación a 14 proveedores de servicios jurídicos de prevención de la violencia familiar por conducto de la Estrategia de Promoción de los Indígenas a escala regional y en zonas remotas. Esos proveedores prestan asistencia jurídica y no jurídica con perspectiva cultural a las personas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres que son supervivientes de casos de violencia familiar y de agresiones sexuales.
El Gobierno de Australia también aporta fondos a siete proveedores de servicios del Programa para las Mujeres Indígenas y a cinco del Programa de Asistencia Jurídica Complementaria a escala regional y en zonas remotas para que las mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres puedan acceder a servicios de asistencia jurídica y servicios conexos equitativos y con perspectiva cultural.
El Gobierno de Australia sigue ayudando a la Comisionada de Australia de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, Sra. June Oscar AO, a ejecutar el proyecto de consultas nacionales Wiyi Yani U Thangani (Women’s Voices). Sobre la base de las conversaciones mantenidas con más de 2.300 mujeres y niñas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres procedentes de 50 comunidades de todo el país, el informe Wiyi Yani U Thangani recoge recomendaciones para que todas las administraciones australianas velen por la priorización de las cuestiones importantes para las mujeres y las niñas aborígenes e isleñas del estrecho de Torres y de sus oportunidades de empoderamiento. El informe, publicado el 9 de diciembre de 2020, orientará la elaboración de políticas en adelante. La segunda etapa del proyecto Wiyi Yani U Thangani tiene por objeto mejorar las alianzas entre las comunidades, las organizaciones y las administraciones y generar recursos para que las mujeres y las niñas indígenas comiencen a impulsar cambios en el plano local.
Recomendación 50 a) del Comité: aplicar la recomendación formulada en 2017 por la Comisionada de los Niños de que se revisen las leyes, las políticas y las prácticas de los estados y territorios para garantizar el acceso a servicios de aborto legales y prescritos, y sensibilizar a las mujeres y las niñas, los padres, los docentes, los profesionales médicos y la población en general sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y crear zonas seguras en los alrededores de las clínicas donde se practican los abortos
Las administraciones australianas tienen la determinación de implantar políticas, programas y prácticas que garanticen que todos los australianos gozan de acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva. Con esas políticas y programas se procura que la población tenga acceso a servicios de salud sexual y reproductiva asequibles y de calidad y se facilita el desarrollo profesional en materia de salud sexual y reproductiva en los sectores de la salud, la educación y los servicios comunitarios.
Con esos servicios se reafirma el derecho a tener relaciones sexuales sanas y sin coacción ni control. Para lograrlo es necesario aumentar los conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva mejorando el acceso a un conjunto completo, seguro y eficaz de productos informativos y opciones relacionados con la reproducción y la contracepción, así como promover el acceso de los estudiantes y los progenitores a recursos de los que puedan aprender más acerca de la salud sexual y reproductiva.
Los estados y territorios tienen la competencia legislativa en lo tocante al aborto. El aborto quirúrgico y farmacológico es legal en todas las jurisdicciones, pero los plazos de gestación dentro de los que se puede practicar y las zonas seguras varían según los estados y territorios.
Gobierno federal
Australia defiende y mantiene un compromiso a largo plazo con la promoción y protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como prioridad sanitaria mundial y nacional y como cuestión clave para lograr la cobertura sanitaria universal y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Gobierno de Australia financia actividades de formación en servicios de salud sexual y reproductiva dirigidas a los profesionales sanitarios y otras personas, subvenciona una serie de medicamentos anticonceptivos mediante el Programa de Prestaciones Farmacéuticas y vela por que las mujeres tengan acceso a abortos seguros a través de la Lista de Servicios Médicos.
El aborto farmacológico está regulado a nivel nacional por la Administración de Bienes Terapéuticos, órgano responsable de aprobar los medicamentos que se utilizan en Australia, y se incluye en el Programa de Prestaciones Farmacéuticas, lo cual lo hace más asequible para la población. El servicio financiado consiste en un envase de comprimidos administrables por vía oral (mifepristona y misoprostol) indicado en embarazos intrauterinos de hasta 63 días de gestación.
Territorio de la Capital de Australia
Desde 2002, el Territorio de la Capital de Australia ha regulado el aborto como cualquier otra intervención médica, con arreglo a la Ley de Salud de 1993. Tanto el aborto farmacológico como el aborto quirúrgico son legales en el Territorio, cuya legislación no dispone límites en el período de gestación.
En 2018, la administración territorial modificó la Parte 6 de la Ley de Salud de 1993 para redactar definiciones independientes del aborto farmacológico y el aborto quirúrgico y eliminar el requisito de que los abortos farmacológicos se practicaran en un centro autorizado. Esa modificación aumentó la accesibilidad en el Territorio al hacer posible optar por un aborto farmacológico en el domicilio, con el apoyo de una teleconsulta médica o de un médico generalista, o un aborto quirúrgico en un centro médico autorizado. Los cambios entraron en vigor el 1 de julio de 2019.
La modificación facilitó que los médicos y farmacéuticos pudieran disponer de una zona protegida de 50 metros alrededor de su clínica o su establecimiento en la que se prohibía acosar, estorbar, intimidar, oponerse, amenazar ni impedir el paso a quien acudía al centro, ni tampoco obtener imágenes de esas personas, mientras accedían a servicios de aborto. La modificación se basó en las disposiciones relativas a las zonas protegidas que se recogían en la Ley de Salud de 1993 y siguen siendo de aplicación en la zona circundante a la única clínica de interrupción del embarazo del Territorio.
Nueva Gales del Sur
El aborto es una opción de salud reproductiva segura y legal en Nueva Gales del Sur y está disponible en varios establecimientos públicos y privados.
En octubre de 2019 el parlamento estatal aprobó la Ley de Reforma de la Ley del Aborto, de 2019, por la que se reformó la ley relativa a la interrupción del embarazo y se reguló la conducta de los profesionales sanitarios en relación con el aborto. A la entrada en vigor de la Ley se modificó la Ley de Delitos de 1900 para derogar las disposiciones relativas al aborto y abolir los delitos de derecho anglosajón conexos.
En junio de 2018, con la aprobación del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Salud Pública (Acceso Seguro a las Clínicas de Salud Reproductiva), de 2018, se modificó la Ley de Salud Pública de 2010 para crear “zonas de acceso seguro” alrededor de las clínicas de salud reproductiva del estado en las que se practicaban abortos. Ello supuso la creación de delitos por oponerse (p. ej., acosar) o comunicarse de forma que pudiera provocar angustia o ansiedad a quien visitaba una zona de acceso seguro o una clínica o la abandonaba.
La zona de acceso seguro circundante a una clínica de salud reproductiva abarca las instalaciones de la clínica y la zona de 150 m desde esas instalaciones o un punto de acceso peatonal hasta el edificio de la clínica. La creación de zonas de acceso seguro garantiza el respeto del derecho de toda persona a acceder a los servicios de salud, incluido el aborto, de manera que se protejan su seguridad y su bienestar y se respeten su privacidad y su dignidad. Ese derecho se aplica también a los empleados de la clínica y otras personas que necesiten acceder a ellas como parte de sus funciones y responsabilidades.
La administración estatal hace donaciones anuales a 20 centros de salud para mujeres de todo el estado, incluido Women’s Health NSW, que presta apoyo a esos centros. Los centros están pensados para prestar una combinación de servicios médicos y clínicos y una gama de servicios de asesoramiento, promoción de la salud, educación, autoayuda y defensa de los consumidores. En 2020-2021 su financiación ascendió a 12,1 millones de dólares australianos.
Territorio del Norte
La Ley de Reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo se aprobó en la asamblea legislativa del Territorio del Norte el 21 de marzo de 2017 y entró en vigor el 1 de julio de 2017. Con la reforma legislativa se garantizó el acceso a servicios de aborto legales y prescritos para toda la población del Territorio, se despenalizó la interrupción del embarazo y se legalizó la prestación de esos servicios por médicos con la cualificación adecuada, tanto en hospitales como en entornos no hospitalarios. La ley incorpora también disposiciones relativas a la objeción de conciencia y establece zonas de acceso seguro en las inmediaciones de los centros donde se prestan servicios de interrupción del embarazo.
Queensland
El 17 de octubre de 2018 el parlamento aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo de 2018, que entró en vigor el 3 de diciembre de 2018. Con el nuevo marco legislativo se modificó el Código Penal de Queensland para despenalizar el aborto y se tipificó como delito que las personas no cualificadas practicaran abortos o ayudaran a practicarlos. La Ley permite abortar hasta las 22 semanas de gestación de forma voluntaria, y después de las 22 semanas con el consentimiento de dos médicos.
En la Ley también se prevén zonas de acceso seguro de 150 metros alrededor de las clínicas para proteger a las mujeres del acoso. Además, la Ley exige que los sanitarios acreditados que sean objetores de conciencia deriven a las mujeres a un médico que les practique la interrupción del embarazo.
Australia Meridional
Las residentes de Australia Meridional con un embarazo de hasta 23 semanas pueden optar por un aborto farmacológico o un aborto quirúrgico. En noviembre de 2020 el parlamento estatal aprobó una ley que exigía una zona de exclusión de 150 metros medidos desde la entrada de las clínicas de interrupción del embarazo.
En 2019, la Fiscal General de Australia Meridional encargó al Instituto de Reforma Legislativa del estado un estudio sobre el aborto y el informe subsiguiente con miras a modernizar la legislación vigente y adoptar reformas basadas en las mejores prácticas para regular la interrupción del embarazo como intervención médica legal. El Instituto presentó en 2019 un informe sobre los aspectos legislativos y prácticos del aborto en el estado que contenía 66 recomendaciones de reforma, entre ellas la de despenalizar el aborto y aprobar disposiciones independientes adecuadas para regular la interrupción del embarazo como intervención médica legal. El Proyecto de Ley de Interrupción del Embarazo de 2020 se presentó en el parlamento en octubre de ese año; con él se despenalizará el aborto y se lo regulará como intervención médica en una nueva ley independiente.
Tasmania
El aborto quedó despenalizado en Tasmania en noviembre de 2013. Para regularlo, se introdujo la Ley de Salud Reproductiva (Acceso a la Interrupción del Embarazo), de 2013. El aborto es legal hasta las 16 semanas de gestación de forma voluntaria y, pasado ese plazo, con la anuencia de dos médicos.
Conforme a lo dispuesto en la Ley, si una mujer solicita la interrupción del embarazo o asesoramiento sobre las opciones frente al embarazo a un médico que es objetor de conciencia, dicho médico debe suministrar a la mujer una lista de los servicios sanitarios prescritos donde puede solicitar asesoramiento, información u orientación sobre el conjunto de opciones frente al embarazo. El objetivo es que la mujer tenga acceso a esos servicios independientemente de la opinión de un médico concreto.
La Ley también dispone una zona de acceso de 150 metros en torno al establecimiento donde se practica la interrupción del embarazo. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley, las conductas de acoso, hostigamiento, intimidación, amenaza, estorbo o impedimento del paso y las protestas contra la interrupción del embarazo son ilegales dentro de una zona de acceso. Se prevén sanciones considerables para quienes adopten conductas prohibidas, incluidas multas de hasta 12.900 dólares australianos o 12 meses de prisión.
Victoria
En Victoria, las mujeres pueden abortar hasta las 24 semanas de gestación de conformidad con la Ley de Reforma de la Ley del Aborto, de 2008. Después de las 24 semanas, un médico puede practicar un aborto si otro médico conviene en que la intervención es adecuada en vista de todas las circunstancias.
Con la Ley de Modificación de la Ley de Salud y Bienestar Públicos (Zonas de Acceso Seguras), de 2015, se garantiza que las mujeres y el personal que entra en los centros donde se practican abortos o los abandonan puedan hacerlo en condiciones de seguridad y privacidad, sin temor ni acoso.
La introducción de la Ley de Reforma de la Ley del Aborto ha reforzado las rutas de derivación de la red de médicos generalistas de Victoria y en los centros comunitarios de planificación familiar y ha posibilitado y mejorado el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva que necesitan, en plazos más cortos y en establecimientos más cercanos a su domicilio.
Australia Occidental
En Australia Occidental, las disposiciones relativas al aborto se recogen en la Ley de Compilación del Código Penal, de 1913 (Australia Occidental), y en la Ley de Salud (Disposiciones Diversas), de 1911. En 1998 se modificó la Ley de Compilación del Código Penal, de 1913, para concretar que practicar un aborto era ilegal a menos que lo hiciera un médico de buena fe, con los cuidados y conocimientos razonables, y que se justificara con arreglo a la sección 334 de la Ley de Salud (Disposiciones Diversas), de 1911.
Conforme a la Ley de Salud (Disposiciones Diversas), de 1911, se puede solicitar abortar hasta una fecha anterior a las 20 semanas de gestación y con consentimiento informado. Las “mujeres que sean menores dependientes” están sujetas a restricciones adicionales. En el caso de menores de 16 años que reciben apoyo económico de un progenitor o tutor, para que pueda practicársele un aborto el progenitor o tutor de la niña embarazada debe estar informado o la niña puede solicitar al Tribunal de Menores una orden que dicte que no procede informar a esa persona. Se pueden ofrecer servicios de aborto en hospitales públicos y privados, en clínicas y en consultas de médicos generalistas.
El Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Salud Pública (Zonas de Acceso Seguro), de 2020, se presentó en el parlamento estatal el 14 de octubre de 2020. El Proyecto de Ley tiene por objeto proteger y respetar la seguridad, la dignidad, el bienestar y la privacidad de las personas que deseen acceder a los establecimientos donde se practican abortos, así como proteger a su personal. El 12 de noviembre de 2020 la asamblea legislativa aprobó el Proyecto de Ley, que se presentó en el consejo legislativo el 24 de noviembre de 2020.
Recomendación 54 b) del Comité: poner fin a la tramitación extraterritorial en Nauru y a la tramitación de las solicitudes de asilo en ultramar, y velar por que todas las mujeres y niñas solicitantes de asilo tengan acceso a procesos de determinación de la condición de refugiada justos y que tengan en cuenta las cuestiones de género en el territorio del Estado parte, así como a representación letrada y recursos legales
El Gobierno de Australia mantiene con Nauru acuerdos de tramitación regional para las personas que llegan a Australia por rutas marítimas no autorizadas con el fin de respaldar la tramitación regional de sus solicitudes de protección y reasentamiento en un país tercero. Las disposiciones de tramitación regional en Nauru, así como la gestión de las personas, es responsabilidad del Gobierno de Nauru.
Los acuerdos de tramitación regional se aplican en consonancia con el derecho internacional y respetando los derechos humanos. La República de Nauru es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y en su Protocolo de 1967, así como en otros tratados internacionales de derechos humanos. Las personas sujetas a disposiciones de tramitación regional reciben asistencia para presentar sus solicitudes de protección, que son evaluadas por el Gobierno de Nauru de acuerdo con la Ley de Nauru relativa a la Convención sobre los Refugiados, de 2012.
Aunque Australia no administra las disposiciones de tramitación regional en Nauru, ayuda al Gobierno de ese país a aplicarlas mediante la contratación de servicios sanitarios y sociales especializados. Se proporcionan servicios básicos y de otra índole para atender y gestionar a las personas trasladadas a Nauru con arreglo a los acuerdos de tramitación regional, incluidos servicios especializados para las mujeres y los niños. Los proveedores prestan servicios sanitarios, educacionales, recreativos y culturales adaptados a la edad y suministran acceso a programas educativos, lugares de oración, bibliotecas y actividades de ocio. Entre los servicios sanitarios específicos cabe mencionar los de psicología y psiquiatría infantil, obstetricia, atención médica posnatal y salud maternoinfantil.
Conforme a sus estrictas políticas de protección de fronteras, Australia seguirá trasladando a las personas que lleguen por rutas marítimas no autorizadas a un país de tramitación regional donde se evaluarán sus solicitudes de protección y reasentamiento en un país tercero. Dichas políticas se aplican de forma igualitaria a todas las personas que llegan por rutas marítimas no autorizadas, ya sean hombres, mujeres o niños, y con ello se logra atajar el flujo de tráfico de personas hacia Australia y se evita la pérdida de vidas en el mar.
Australia reitera su determinación de establecer capacidad de tramitación regional a largo plazo en Nauru y está trabajando con ese fin.