Comité de Derechos Humanos
Respuestas de Camboya a la lista de cuestiones relativa a su tercer informe periódico *
[Fecha de recepción: 17 de diciembre de 2020]
Marcos jurídicos (art. 2)
1.Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CCPR/C/KHM/Q/3)
1.A fin de aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Reino de Camboya incorpora disposiciones fundamentales en su derecho interno, a saber, los artículos 31 a 50 del capítulo 3 de la Constitución del Reino de Camboya, que es la norma jurídica que garantiza la aplicación del Pacto en los tribunales nacionales. Además, los principios básicos de derechos humanos contenidos en los pactos, como las disposiciones del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se han incorporado en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal del Reino de Camboya, que son instrumentos esenciales aplicados por los tribunales nacionales.
2.Como ya se mencionó en el informe, en el Reino de Camboya, el derecho internacional de los derechos humanos, en general, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular, están incluidos en el programa de formación de los jueces, los fiscales y los abogados. Hasta la fecha se han formado unos 440 jueces y fiscales, además de 1.236 abogados de un total de 2.170.
3.Como ya se señaló en el informe, el Real Gobierno de Camboya ha estudiado detenidamente el momento y las circunstancias idóneos para ratificar el primer Protocolo Facultativo, relativo a las comunicaciones individuales, y adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
2.Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones
4.Como ya se ha mencionado, desde 2007, el Real Gobierno de Camboya ha brindado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) la oportunidad de redactar una ley para el establecimiento de un órgano nacional de derechos humanos de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París); sin embargo, hasta la fecha han persistido problemas técnicos y otras circunstancias que lo han dificultado. El Comité Camboyano de Derechos Humanos está reelaborando la ley con el apoyo y la cooperación de expertos de la Embajada de Australia, la Embajada del Japón, el Día de Asia y el Pacífico y la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya. Una vez que se reciban suficientes aportaciones, el proyecto de ley se someterá a consulta con las partes interesadas, especialmente los grupos de la sociedad civil.
Medidas contra la corrupción (arts. 2 y 25)
3.Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
Medidas para combatir la corrupción
5.Una medida general prevista en la legislación es la obligación de que todos los funcionarios públicos con rango de jefe de departamento o superior formulen una declaración de patrimonio y la presenten a la Dependencia de Lucha contra la Corrupción.
6.La labor de vigilancia de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción constituye una medida de orden práctico con dos vías de actuación:
En público, mediante la participación directa en el proceso de examen de la situación y los documentos pertinentes. Por ejemplo, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción ha asignado funcionarios para que observaran el proceso de selección de jueces en prácticas en todas sus etapas, desde el inicio hasta el anuncio de los resultados.
En privado, por medio de la reunión de información sobre los antecedentes y las relaciones con las partes interesadas (conflictos de intereses).
7.Desde 2012 hasta la fecha, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción ha inspeccionado 112 dependencias de adquisiciones, tanto a nivel nacional como subnacional, que suman un total aproximado de 2.800 proyectos; ha informado de los aspectos positivos y las irregularidades; ha recomendado medidas correctivas, y ha seguido realizando un seguimiento de sus actividades. Además, la Dependencia también ha establecido una base de datos de gestión de la información relativa a la contratación pública.
8.En el ámbito de la fiscalidad, se ha adoptado un sistema tecnológico para la tramitación de los formularios de registro y pago, con el objetivo de eliminar la posibilidad de reuniones personales e introducir algunos procesos de pago de impuestos a través del sistema bancario.
9.En relación con el cumplimiento de la legislación anticorrupción, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción ha establecido un mecanismo para recibir y atender quejas, que pueden presentarse directamente, en todos los formatos, mediante buzones públicos, la oficina de postal, el teléfono, el correo electrónico y las redes sociales (Facebook), y ha examinado y resuelto todas las quejas recibidas.
10.El Consejo Nacional contra la Corrupción tiene los siguientes cometidos:
Elaborar estrategias y políticas de lucha contra la corrupción.
Celebrar consultas y formular recomendaciones en relación con la lucha contra la corrupción a la Dependencia de Lucha contra la Corrupción.
Supervisar la labor de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción.
Solicitar a la Dependencia de Lucha contra la Corrupción que presente información o facilite aclaraciones.
Preparar informes para el Primer Ministro sobre el funcionamiento de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción.
Preparar informes semestrales y anuales para el Primer Ministro.
Preparar y aprobar reglamentos internos para el desempeño de sus funciones.
La Dependencia de Lucha contra la Corrupción actúa como policía judicial e investiga los delitos de corrupción, identificando y deteniendo a los delincuentes, y reuniendo pruebas para los tribunales.
11.En 2019, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción recibió 621 denuncias, investigó y reunió información sobre 330 de ellas, y determinó que en 109 no había indicios de corrupción. En cuanto a los delitos denunciados, 104 denuncias se referían al uso indebido de bienes estatales, 69 denuncias guardaban relación con los servicios públicos, 18 denuncias se referían a licitaciones y adquisiciones, y 431 denuncias aludían a otros delitos; 15 sospechosos fueron puestos a disposición de los tribunales.
La nación durante estados de emergencia (art. 4)
4.Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones
12.La Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia sirve de fundamento jurídico para garantizar la aplicación del nuevo artículo 22 de la Constitución y otorga al Real Gobierno la facultad de adoptar las medidas que sean indispensables en el país durante un estado de emergencia para proteger la seguridad, el orden público, la vida y la salud de las personas, así como la propiedad y el medio ambiente.
13.En la Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia se establece que solo podrá declararse el estado de emergencia en el país si este se encuentra en peligro, es decir, en caso de guerra o invasión por parte de fuerzas extranjeras, una emergencia de salud pública causada por la propagación de enfermedades, una situación de caos absoluto que afecte a la seguridad nacional o al orden público, o desastres graves que amenacen o pongan en peligro al país en su conjunto.
14.La Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia consta de 5 capítulos y 12 artículos. En el capítulo 3, el artículo 4 prevé que, cuando se declare el estado de emergencia en el país, el Real Gobierno estará facultado para dictar las normas siguientes:
1.Prohibir o restringir el derecho a circular libremente;
2.Prohibir o restringir el derecho de reunión y asociación;
3.Prohibir o restringir las actividades laborales o profesionales;
4.Prohibir o restringir la posibilidad de que las personas abandonen el lugar donde residen o se alojan;
5.Imponer una cuarentena o medidas de aislamiento en caso de emergencias de salud pública causadas por brotes de enfermedades;
6.Introducir procedimientos de circulación y evacuación como respuesta a las emergencias;
7.Adoptar las medidas en materia de circulación, confiscación, gestión de activos y servicios que sean necesarias para hacer frente a las emergencias. El Real Gobierno determinará los procedimientos de circulación e indemnización.
8.Introducir medidas relativas al cierre de lugares públicos o privados si fuera necesario para hacer frente a las emergencias;
9.Introducir medidas relativas al cierre de lugares públicos o privados si fuera necesario para hacer frente a las emergencias;
10.Introducir sistemas de vigilancia y supervisión para obtener información mediante todo tipo de telecomunicaciones con objeto de hacer frente a las emergencias;
11.Prohibir o restringir la distribución o difusión de información que pueda causar miedo o malestar en la población, o que pueda perjudicar la seguridad nacional o inducir a error sobre el estado de las emergencias;
12.Introducir otras medidas apropiadas y necesarias en respuesta a las emergencias.
15.En ese artículo también se prevé que las medidas que se tomen cuando el país se encuentre en estado de emergencia podrán aplicarse a todo el país o solo a una parte de su territorio. En caso necesario, el Real Gobierno podrá establecer un mecanismo, delegar su autoridad en otra autoridad competente o utilizar las fuerzas armadas con el fin de garantizar que se cumplan las citadas medidas.
16.En el capítulo 4, el artículo 7 prevé que todo acto intencionado para impedir u obstaculizar la aplicación del estado de emergencia se castigará con una pena de prisión de uno a cinco años y una multa de 1 a 5 millones de riel. El bloqueo de operaciones de emergencia se castiga con una pena de prisión de cinco a diez años si ese acto da lugar a disturbios públicos o afecta a la seguridad nacional.
17.En el artículo 8 del mismo capítulo se afirma que todo acto intencionado que infrinja las medidas establecidas por el Real Gobierno de conformidad con el artículo 5 de la Ley se castigará con una pena de prisión de un mes a un año y una multa de 100.000 a 1 millón de riel. El incumplimiento de las medidas del estado de emergencia se castiga con penas de prisión de uno a cinco años y con una multa de 1 a 5 millones de riel si ese acto causa disturbios públicos.
18.En el artículo 10 del capítulo 4 se dispone que los funcionarios competentes que ejerzan arbitrariamente sus funciones en contra de los fines de la Ley y causen daños físicos o materiales a otra persona, podrán ser sancionados por los actos que hayan cometido, de conformidad con lo dispuesto en la legislación camboyana.
19.La Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia es compatible con la Constitución, los convenios internacionales y otras normas jurídicas nacionales.
20.Esa Ley se ha elaborado con arreglo al nuevo artículo 22 de la Constitución y, en caso de que contuviera disposiciones incompatibles con ella, el Consejo Constitucional la declararía jurídicamente inaplicable.
21.Las disposiciones de esta Ley no dificultan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, los artículos 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
22.Como ya se ha señalado, la Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia tiene por objeto hacer frente a la situación que reine en el país durante un estado de emergencia, de forma que se protejan el orden público, la vida y la salud de las personas, y los bienes y el medio ambiente, cuando el país se enfrente a una situación de peligro como, por ejemplo, las emergencias de salud pública causadas por brotes de enfermedades. Por consiguiente, esas disposiciones judiciales han de aplicarse para hacer frente a la propagación mundial de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19).
23.En las disposiciones de la Ley se contempla la posibilidad de suspender los derechos consagrados en el Pacto, lo que permite imponer restricciones (art. 22).
24.Como ya se ha indicado, la finalidad de la Ley de Gestión de la Nación durante Estados de Emergencia es hacer frente a un estado de emergencia, lo que significa que la Ley se aplicará siempre que se declare el estado de emergencia en el país conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Constitución. En consecuencia, las suspensiones de determinados derechos consagrados en los pactos internacionales cumplen los requisitos estrictos de proporcionalidad con las exigencias del estado de emergencia y deberá informarse al respecto. En este sentido, el Reino de Camboya aún no ha informado al Secretario General de las Naciones Unidas porque hasta la fecha no ha declarado el estado de emergencia.
Lucha contra la impunidad y violaciones de los derechos humanos(arts. 2, 6, 7 y 14)
5.Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
25.En el Reino de Camboya, todas las violaciones, incluidos los casos relacionados con los derechos humanos, son investigadas por la dependencia competente, a saber, la policía judicial, que se encarga de encontrar, identificar y detener a los delincuentes, así como de reunir pruebas y enviarlas a los tribunales.
26.Todos los actos considerados violaciones graves de los derechos humanos son contrarios al derecho penal; por ello, la policía judicial debe actuar con arreglo a los procedimientos jurídicos mencionados. Dependiendo de las circunstancias que rodeen los delitos, las investigaciones pueden llevarse a cabo en distintos momentos y algunas pueden prolongarse durante años. Dicho de otro modo, las autoridades competentes no se desentienden de la impunidad y actúan contra ella.
6.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
27.Las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya son un tribunal especial en el que participan las Naciones Unidas. A fin de garantizar la independencia y eficacia del tribunal, este está formado por dos estructuras de dependencias separadas, a saber, la Oficina de Administración y las Salas. Los jueces, fiscales y funcionarios judiciales trabajan de forma independiente, sin injerencias externas. El tribunal sigue un procedimiento contradictorio en sus actuaciones y se organiza en tres niveles (Sala de Cuestiones Preliminares, Sala de Primera Instancia y Sala del Tribunal Supremo), de manera que las partes puedan interponer recursos. Con el fin de adoptar una decisión y dictar sentencia, los jueces hacen todo lo posible para alcanzar un acuerdo unánime. Si no puede alcanzarse la unanimidad, se requiere una decisión por mayoría cualificada. Dada la composición de las Salas, todas las decisiones deben recibir el apoyo de los jueces camboyanos y de los jueces internacionales.
28.El Real Gobierno de Camboya ha preparado la inclusión de las estrategias de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya en los sistemas jurídicos nacionales y, a tal efecto, ha difundido las sentencias y los fallos dictados en los recursos de apelación de todos los niveles judiciales de las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya entre los sectores pertinentes, los estudiantes de derecho y los investigadores nacionales, lo que permite transmitirles conocimientos reales y directos. Además, las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya aceptan periódicamente en su programa de pasantías a estudiantes de derecho de las universidades nacionales para que trabajen en distintos ámbitos dentro de ese órgano. El público en general, incluidos futuros agentes de la autoridad como, por ejemplo, jueces, fiscales y funcionarios judiciales en prácticas, puede visitar las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya para estudiar la labor administrativa, jurídica y judicial que realizan y debatir sobre ella. Además, los jueces nacionales que han terminado su mandato en las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya retoman su trabajo en los tribunales nacionales, aportando experiencias, competencias y conocimientos adicionales que adquirieron en ese órgano.
No discriminación (arts. 2 y 25)
7.Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
29.El Real Gobierno de Camboya ha realizado enormes esfuerzos con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer mediante el fomento de la igualdad y la equidad de género, para lo que ha elaborado y aplicado un marco jurídico, políticas, planes de acción y varios programas dirigidos a hacer frente a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, y a promover la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad. Con el objetivo de aplicar esos programas, el Real Gobierno de Camboya ha tomado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como base para sensibilizar a todos los grupos de la población y lograr la abolición de la ley (Código de Conducta de las Mujeres) y las normas sociales precedentes que entrañaban una discriminación por motivos de sexo, identidad de género y origen étnico.
30.Con el fin de recabar información sobre las necesidades de las minorías y los grupos vulnerables, el Real Gobierno de Camboya ha encomendado las tareas siguientes:
El Ministerio del Interior se encarga de gestionar las estadísticas y los datos.
El Ministerio de Desarrollo Rural se encarga de las condiciones de vida y las necesidades.
El Ministerio de Asuntos Sociales y Veteranos se ocupa de las necesidades de las víctimas.
31.Hasta ahora, el Reino de Camboya no ha contemplado la posibilidad de elaborar una ley integral contra la discriminación porque su Código Penal contiene disposiciones aplicables en esa esfera.
Violencia contra la mujer (arts. 2, 3, 6, 7 y 26)
8.Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
32.a)Los resultados del Segundo Plan de Acción Nacional para Prevenir la Violencia contra la Mujer (2014-2018) fueron los siguientes:
El código de conducta para medios de comunicación sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres fue adoptado en 2017 y se está aplicando.
Se ha implantado, a título experimental, un sistema unificado de notificación de niveles de alcoholemia para abordar el abuso del alcohol y la violencia contra las mujeres.
Se han finalizado las directrices sobre la derivación de mujeres y niñas afectadas por la violencia de género a servicios adecuados.
Se han elaborado e implantado políticas sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y conjuntos de medidas para su prevención en las fábricas textiles.
Se han elaborado directrices nacionales para los sistemas sanitarios sobre la gestión de la violencia contra las mujeres y los niños y se han redactado manuales de medicina para hacer frente a la violencia sexual perpetrada por las parejas y otras personas.
A finales de 2018, en respuesta a la violencia contra las mujeres, 101 centros públicos de atención sanitaria habían recibido capacitación sanitaria sobre la forma de prestar servicios a las víctimas de esa violencia.
Se han creado grupos de trabajo subnacionales sobre la violencia de género en ocho provincias con la finalidad de mejorar la coordinación entre los principales proveedores de servicios.
Se han puesto en funcionamiento, a título experimental, dos centros de servicios integrales en sendos hospitales provinciales de Kampong Cham y Stung Treng.
En la capacitación impartida a los proveedores de servicios públicos y privados se tratan las normas sociales y los cambios de comportamiento.
Se lanzó la campaña “Por qué parar”, centrada en el acoso sexual.
Se organizó una campaña de sensibilización, de 16 días de duración, con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres.
Todos los agentes de la policía judicial provincial han recibido formación sobre las directrices para la protección jurídica de las mujeres víctimas.
Se ha aumentado la financiación para prestar servicios de asistencia letrada a las mujeres víctimas.
Se ha aumentado la financiación para atender las necesidades inmediatas de las víctimas y supervivientes de la violencia contras las mujeres.
Se llevó a cabo un segundo análisis de las muestras de datos disponibles para determinar cuáles eran los principales ámbitos en los que debía intervenirse: la prensa, el abuso del alcohol, el maltrato infantil y la educación.
33.b)La Ley sobre Prevención de la Violencia en el Hogar y Protección de las Víctimas está en consonancia con las disposiciones del Pacto, de 2005, incluida la atención especial que se presta en ella a los acuerdos extrajudiciales y la definición jurídica de la violencia en el hogar.
34.En el artículo 2 de la Ley sobre Prevención de la Violencia en el Hogar y Protección de las Víctimas se señala que por violencia en el hogar se entiende la violencia que se produce o puede producirse entre:
1.El esposo y la esposa;
2.Los hijos a cargo;
3.Las personas que viven bajo el mismo techo y están a cargo de la familia.
35.c)Está garantizada la información sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas en relación con todas las formas de violencia contra las mujeres en el período que abarca el informe, incluida la información sobre diversas medidas para proteger a las víctimas.
36.A continuación se indican las medidas adoptadas para fortalecer la aplicación de la ley en relación con la violencia contra las mujeres:
Medidas de orden práctico para proteger a las víctimas. De 2018 a 2019, el Ministerio del Interior impartió capacitación a las autoridades locales de 25 ciudades y provincias sobre las leyes y los procedimientos judiciales relacionados con la violencia contra las mujeres, con la participación de 1.284 personas (1.124 mujeres).
En el nuevo programa de estudios de la Real Escuela de Policía Nacional, se han incorporado normas mínimas sobre el asesoramiento básico ofrecido a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia de género, así como directrices con perspectiva de género relativas al apoyo prestado a las supervivientes de violencia contra las mujeres. Se aplican los protocolos de actuación y el código de conducta de los agentes de policía, en los que se tienen en cuenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Asuntos de la Mujer ha impartido formación a los agentes de la policía judicial sobre diversos procedimientos y procesos de conciliación para su labor en relación con los derechos de la mujer. De 2018 a 2019, el Consejo Nacional de Camboya para la Mujer prestó asistencia a 237 mujeres supervivientes de la violencia de género por conducto de agentes de la policía judicial del Ministerio de Asuntos de la Mujer.
Los agentes de la policía judicial se han coordinado eficazmente con las autoridades locales y los funcionarios de los tribunales para agilizar los procedimientos judiciales en los casos de violencia contra las mujeres y los niños, especialmente los menores de edad.
Derecho a la vida (arts. 6 y 24)
9.Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones
37.En el Reino de Camboya, todas las ejecuciones extrajudiciales constituyen un delito castigado con arreglo al derecho penal. Todas las ejecuciones extrajudiciales son objeto de investigación, enjuiciamiento y condena:
a)En relación con el caso del asesinato de Kem Ley el 10 de julio de 2016, en su sentencia núm. 89ក្រ7ឈ, de 23 de marzo de 2017, el tribunal condenó al autor, de nombre Oeut Ang, alias Chuop Samlab, a reclusión a perpetuidad;
b)Con respecto al caso del asesinato de Suon Chan, el Tribunal Provincial de Kampong Chhnang, en su sentencia núm. 27ឃ, de 11 de noviembre de 2014, condenó a seis acusados a 13 años de prisión y les ordenó el pago de una indemnización de 5 millones de riel.
Prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 6, 7, 9 y 10)
10.Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones
38.El Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se creó en virtud del Real Decreto núm. នស/រកត/0817/619, de 22 de agosto de 2017. Desde su establecimiento, el Comité ha investigado presuntos casos de tortura, malos tratos y muerte de personas detenidas, ha detenido a 11 personas y ha entrevistado a 90 partes interesadas, incluidos 40 funcionarios pertinentes y 50 personas (testigos) que habían sido privadas de libertad.
39.El Reino de Camboya no tiene intención de adoptar una ley específica en materia de tortura porque su Código Penal contiene disposiciones aplicables en esa esfera:
a)El Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es jurídicamente independiente. Los funcionarios que forman parte del Comité deben renunciar a sus cargos en la administración pública (artículo 15 del Real Decreto por el que se crea el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes);
b)Sirva de ejemplo el caso de dos agentes de la Real Gendarmería que hicieron uso de la violencia y golpearon a un sospechoso, de nombre Tun Sros, hasta la muerte. Se adoptó la siguiente medida: el 18 de enero de 2020, los agentes de policía judicial de la Comisión de la Gendarmería Nacional prepararon el caso de los dos oficiales de la Gendarmería Provincial de Banteay Meanchey, Sar Bunsoeung, comandante adjunto de la Gendarmería Provincial de Banteay Meanchey, y Chloy Ratana, ayudante en la Oficina Antidrogas de la Gendarmería Provincial de Banteay Meanchey, y los enviaron al Tribunal Provincial de Primera Instancia de Banteay Meanchey para que fueran juzgados;
c)Las confesiones obtenidas mediante coacción física o psicológica no deben utilizarse como prueba de culpabilidad;
d)La información obtenida durante las entrevistas del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con funcionarios competentes y ciudadanos que han sido privados de libertad (testigos) pone de manifiesto que ninguna persona ha sido obligada a estampar sus huellas dactilares en documentos.
11.Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones
40.Con objeto de aliviar las condiciones de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una campaña concebida para resolver la acumulación de causas penales en los tribunales, reduciendo para ello el número de detenidos en prisión preventiva e instando a los jueces a que impongan a los acusados medidas de supervisión judicial en lugar de la prisión provisional:
a)Se ha aplicado la única alternativa a la prisión que es acorde con los derechos humanos, a saber, la imposición de una medida de supervisión judicial a los acusados. Entre las condenas por delitos no violentos que no acarrean una pena de privación de liberad pueden citarse las condenas condicionales y las condenas a trabajos comunitarios, y el Ministerio de Justicia aconseja y alienta a los tribunales a que las apliquen en consonancia con las disposiciones de la legislación vigente;
b)Medidas para hacer frente a la corrupción y el abuso de los “jefes de celda” y del personal de las prisiones: en distintos lugares de los establecimientos penitenciarios hay buzones para que los reclusos puedan presentar quejas o hacer comentarios y sugerencias de forma anónima, y solo los directores de las prisiones tienen derecho a abrirlos y adoptar medidas al respecto. Todos los centros correccionales y dependencias carcelarias son objeto de inspecciones periódicas a cargo de inspectores del Ministerio del Interior, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité Camboyano de Derechos Humanos, los jueves y los fiscales; esas inspecciones brindan a los detenidos la oportunidad de informar directamente sobre los problemas que se plantean en los establecimientos penitenciarios. Los “jefes de celda” tienen que cumplir estrictamente los reglamentos y normas internos, en los que se prohíben los malos tratos físicos;
c)El Ministerio de Justicia ha colaborado con la Dirección Nacional de Lucha contra la Droga, estudiando la posibilidad de transferir a los toxicómanos y a otras personas implicadas en el consumo de drogas a centros de rehabilitación de toxicómanos para que reciban tratamiento en lugar de ponerlos a disposición de los tribunales e imponerles medidas de prisión provisional, habida cuenta de que esas personas también son víctimas del consumo de drogas y de que esas medidas pueden incluso contribuir a reducir el hacinamiento del sistema penitenciario.
12.Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones
41.Respuestas a la COVID-19 con el fin de abordar los riesgos para los reclusos:
Medidas para reforzar los reconocimientos médicos practicados a los reclusos y realizar labores de limpieza regularmente (en todos los casos sospechosos, funcionarios especializados acuden a tomar muestras directamente y las llevan al Instituto Pasteur para que sean analizadas).
Medidas de gestión de la privación de libertad (los nuevos reclusos son puestos en cuarentena/aislados).
En relación con los permisos para que los reclusos se reúnan con sus familiares, cabe señalar que las entradas y salidas de familiares son objeto de un control riguroso; entre otras medidas, los familiares deben tomarse obligatoriamente la temperatura; están separados de los reclusos por una mampara de cristal; tienen que llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos; y se ha reducido a uno el número de familiares que pueden reunirse con un recluso en cada visita.
Privación de libertad (arts. 9, 10 y 14)
13.Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones
42.Al 30 de septiembre de 2020, el número total de reclusos que continuaban pendientes de juicio ascendía a 11.897, es decir, el 30 % de la población carcelaria, de los que 804 eran mujeres, lo que equivalía al 32 % del número total de reclusas. El hacinamiento del sistema penitenciario se abordó del modo ya descrito en el presente informe.
43.En los establecimientos penitenciarios del país viven 122 lactantes al cuidado de sus madres. De conformidad con la legislación penitenciaria, los niños pueden vivir con sus madres para que los cuiden en prisión hasta que cumplan 3 años, momento en que se permite que sus familiares y los organismos sociales se hagan cargo de ellos.
44.En principio, los reclusos en espera de juicio se alojan en edificios distintos de aquellos en que están encarcelados los reclusos condenados; sin embargo, cuando el número de reclusos sobrepasa el límite, los reclusos en prisión preventiva son alojados en los mismos edificios en que viven los reclusos condenados, aunque en celdas separadas y de forma temporal.
45.El período de prisión preventiva está limitado por ley del modo siguiente:
Cuatro meses en el caso de los delitos leves.
Seis meses en el caso de los delitos graves.
Durante el período de prisión preventiva, los jueces de instrucción pueden decidir prorrogarlo según lo dispuesto en la ley.
14.Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones
46.Con objeto de aumentar la asistencia letrada que reciben los acusados y los detenidos en prisión preventiva, el Real Gobierno de Camboya ha adoptado las siguientes medidas:
Ha autorizado al Colegio de Abogados del Reino de Camboya a destacar delegados permanentes del Colegio en todos los tribunales de primera instancia municipales y provinciales.
El Primer Ministro, Samdech Techo, ha organizado un grupo de abogados voluntarios para que ayuden gratuitamente a proteger a las personas pobres según lo previsto en la ley.
El Comité Camboyano de Derechos Humanos ha constituido un grupo de abogados voluntarios para que ayuden a defender gratuitamente a las personas pobres.
El Ministerio de Justicia está elaborando una política nacional sobre asistencia letrada.
15.Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones
47.En el Reino de Camboya, a los consumidores de drogas se les proporciona información y se les alienta a que se sometan voluntariamente a un tratamiento, lo cual no tiene nada que ver con obligar a los toxicómanos a seguir un tratamiento ni con privarlos de su libertad. Actualmente existen no menos de 450 unidades clínicas en centros de salud, hospitales de referencia, hospitales provinciales y hospitales nacionales y se ha capacitado a 883 profesionales sanitarios para que proporcionen servicios de atención y orientación y tratamiento a los toxicómanos. Sin embargo, las personas que tienen una adicción grave representan una amenaza real para sí mismos y para los demás y serán privadas de su libertad y obligadas a someterse a un tratamiento médico y de rehabilitación de conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley de Fiscalización de Drogas del Reino de Camboya.
48.En 2019, un total de 13.414 toxicómanos fueron enviados a centros temporales para su tratamiento y rehabilitación. No obstante, la mayor parte de los toxicómanos se integró en familias o comunidades. De hecho, a finales de 2019, solo 4.351 toxicómanos seguían en centros temporales para continuar con su tratamiento y rehabilitación.
Eliminación de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas (arts. 2, 7, 8 y 26)
16.Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones
49.En el Reino de Camboya, todas las formas de trata y explotación laborales constituyen delitos castigados con arreglo a la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual:
a)En el primer semestre de 2020, se cometieron un total de 79 delitos, se detuvo y se puso a disposición de los tribunales a 103 sospechosos y se rescató a 287 víctimas. En 2019, se investigaron 114 casos y se presentaron cargos contra 130 delincuentes, que fueron puestos a disposición de los tribunales; se juzgaron 47 de los casos y, como consecuencia, 97 delincuentes fueron condenados y cumplen penas de prisión. En el Reino de Camboya no existe la servidumbre por deudas. Lo que ocurre es que trabajadores que se dedican a diversos oficios artesanales piden prestado dinero a los propietarios de esos negocios para hacer frente a sus problemas de liquidez y, cuando se les paga su salario, liquidan sus deudas; de ningún modo puede considerarse que ese proceder sea una forma de servidumbre por deudas;
b)En la legislación del Reino de Camboya no se tipifican como delitos la maternidad subrogada ni el ejercicio de la prostitución a título individual; por consiguiente, las mujeres que se dedican a esas actividades no son condenadas a prisión y tan solo se las sensibiliza al respecto. Sí se condena a prisión a las mujeres que se dedican a explotar a otras en esas actividades;
c)Con miras a abordar la vulnerabilidad frente a la trata de personas y la explotación, así como la migración en el contexto de la COVID-19, el Real Gobierno de Camboya proporciona ayuda en efectivo a las personas pobres y a las familias vulnerables; del 25 de junio al 24 de septiembre de 2020, se dedicaron a ese fin 434.989.392.000 riel.
Independencia judicial (art. 14)
17.Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones
50.Entre las medidas adoptadas para luchar contra la corrupción en el poder judicial, cabe citar las siguientes:
Fomentar la lealtad de los jueces mediante la formación impartida a los jueces en prácticas sobre su código de conducta y su estatuto profesional, en los que el principio de integridad es fundamental para empezar a desempeñar sus funciones en los tribunales.
Proporcionar formación adicional sobre la administración de justicia a las partes que actúan como jueces y desempeñan esa función habitualmente. En ese sentido, el Consejo Supremo de la Magistratura efectúa visitas periódicas a los tribunales con objeto de reforzar las competencias relacionadas con la toma de decisiones, sobre la base de las pruebas y la legislación vigente.
El Consejo de Disciplina del Consejo Supremo de la Magistratura examina y responde a todas las quejas de presuntas irregularidades cometidas por los jueces en el desempeño de sus funciones, incluida la corrupción. En aquellos casos en que se encuentran pruebas de irregularidades, el Consejo de Disciplina impone una sanción administrativa con arreglo al estatuto de la magistratura. En particular, si los jueces cometen delitos penales (como la corrupción), son puestos a disposición de los tribunales.
51.Las medidas adoptadas para garantizar la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo incluyen las siguientes:
Con arreglo a la Constitución, los poderes del Estado se dividen en tres ramas distintas, una de las cuales, el poder judicial, es independiente. El poder ejecutivo del Gobierno no está facultado para impartir órdenes a los tribunales. El Ministerio de Justicia, una institución gubernamental del poder ejecutivo, se encarga de la administración de los tribunales, pero carece de autoridad para gestionar, nombrar, trasladar o destituir a los jueces o para revocar su nombramiento o adoptar medidas disciplinarias contra ellos. Todas estas funciones son competencia del Consejo Supremo de la Magistratura, presidido por el Rey, quien garantiza la independencia del poder judicial.
52.Entre las funciones de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción relacionadas con la corrupción en el poder judicial, cabe señalar las siguientes:
La Dependencia de Lucha contra la Corrupción actúa como policía judicial anticorrupción con facultades de detección, investigación, obtención de pruebas y detención de los responsables de actos de corrupción sobre la base de la información o las denuncias recibidas. Al recibir información o quejas en que se denuncian casos de corrupción judicial, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción debe investigar siguiendo dos procedimientos autorizados por ley, a saber, la investigación abierta y la investigación confidencialidad:
La investigación abierta consiste en seguir las normas de los interrogatorios cara a cara, reunir información y pruebas y analizar los delitos.
La investigación confidencial requiere que la Dependencia de Lucha contra la Corrupción asigne agentes para que efectúen un seguimiento de todas las actividades de los tribunales, instalen de forma secreta grabadoras y cámaras para captar el sonido y las imágenes de las actividades que tienen lugar en los tribunales, y envíe agentes para que se infiltren en cualquiera de las actividades corruptas de los tribunales.
53.Gracias a ese trabajo, la Dependencia de Lucha contra la Corrupción ha detenido a varios funcionarios judiciales acusados de corrupción y los ha puesto a disposición de los tribunales para que sean juzgados conforme a la ley.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión(arts. 19, 20, 21 y 22)
18.Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 18 a)
54.Una serie de empresas de medios de comunicación nacionales e internacionales, incluidos 17 sitios web de noticias, fueron cerradas en las 48 horas previas a las elecciones de 2018 por falta de profesionalidad y vulneración de la ley:
Se bloqueó la publicación de 17 sitios web porque anunciaban y difundían noticias falsas y noticias con mensajes de incitación relacionados con el proceso electoral en la víspera de las elecciones y en la jornada electoral.
Se procedió al cierre de 17 sitios web de noticias en las 48 horas previas a las elecciones de 2018 porque vulneraron el artículo 7.2.4 de la Ley, los Procedimientos y las Normas de las sextas elecciones legislativas a la Asamblea Nacional en relación con la prohibición de campañas de propaganda durante las 24 horas previas a la jornada electoral y el artículo 142 de la Ley de Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional, que prohíbe la difusión de información que pueda disuadir a la población de acudir a las urnas, cause confusión y pérdida de confianza en el secreto del voto y tenga un efecto adverso o cree una atmósfera desfavorable para el proceso electoral.
Respuesta al párrafo 18 b)
55.Las acciones judiciales penales y civiles se han aplicado a personas que afirman ejercer la libertad de expresión pero vulneran la legislación penal y civil como, por ejemplo:
Sok Udom, titular del sitio web Rithy Sen (www.rithysen.news.com), que difundió información exagerada, incitó a la violencia y provocó discriminación racial, inseguridad y malestar social.
Uon Chhin y Chheang Sothearith, antiguos empleados de Radio Free Asia, que fueron acusados, en virtud del artículo 445 del Código Penal, de suministrar a Estados extranjeros información perjudicial para la defensa nacional del Reino de Camboya.
Radio Free Asia, que tenía una oficina en Camboya, suspendió sus emisiones. En el caso del periódico The Cambodia Daily, este había infringido la Ley Tributaria al no pagar impuestos al Estado y dejó de publicarse.
Respuesta al párrafo 18 c)
56.En el Reino de Camboya no se viola la libertad de expresión en Internet. El bloqueo de sitios web no fue consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, sino de la vulneración de la ley.
19.Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 19 a)
57.En Camboya, nunca se ha revocado la licencia de empresas de medios de comunicación de buena fe por publicar información sobre pandemias mundiales, excepto en el caso de aquellas empresas que utilizan esta pandemia mundial como excusa para difundir mensajes intimidatorios que causan agitación social; se les aplicará la legislación vigente.
Respuesta al párrafo 19 b)
58.No se practican detenciones cuando las personas se limitan a una crítica constructiva de la respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades competentes han detenido a un pequeño número de delincuentes que se han aprovechado de la situación para inventar información que envenena el clima social y causa miedo, con la intención de provocar inseguridad y sabotear la economía.
Respuesta al párrafo 19 c)
59.El periodista Sovann Rithy no fue detenido porque citara las declaraciones del Primer Ministro, Samdech Techo Hun Sen, sobre la COVID-19, sino porque reprodujo un extracto del principio y del final de sus declaraciones omitiendo una oración que permitía entender el contexto, lo que indujo a que el público malinterpretara las medidas del Gobierno y sembró la confusión respecto de la protección social.
60.Sovann Rithy fue acusado de incitación a la comisión de un delito. El tribunal lo condenó a una pena de 18 meses de prisión. Cumplió la pena de prisión desde la fecha de su detención hasta el día en que se dictó la sentencia; el resto de la pena fue suspendida. Posteriormente fue puesto en libertad.
20.Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 20 a)
61.El Reino de Camboya no tiene previsto modificar las disposiciones del Código Penal relativas a la difamación, la injuria pública, la incitación y la ofensa.
Respuesta al párrafo 20 b)
62.La modificación del Código Penal, en 2018, con el fin de incluir un delito de lesa majestad no es incompatible con las disposiciones del Pacto porque esa modificación es acorde con el artículo 73 de la Constitución del Reino de Camboya, en el que se establece que el Rey no podrá ser objeto de injurias.
Respuesta al párrafo 20 c)
63.Las facultades conferidas por la Ley de Telecomunicaciones de 2016 a la autoridad competente no son incompatibles con las disposiciones del Pacto porque se ciñen a la administración de las infracciones únicamente. En lo tocante a la proclama ( prakas ) núm. 170 ប្រក.អន្ថរក្, de 28 de mayo de 2018, tampoco hay nada en ella que sea incompatible con las disposiciones del Pacto porque la única función de la proclama es distribuir las responsabilidades entre las instituciones competentes, a fin de hacer frente a la ciberdelincuencia y prevenir todas aquellas actividades de difusión de información falsa e imágenes que pongan en peligro la seguridad nacional y el derecho a la intimidad.
Respuesta al párrafo 20 d)
64.El proyecto de ley sobre el acceso a la información fue ampliamente debatido por los organismos de las Naciones Unidas, entre ellos, los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que han transmitido sus comentarios a Camboya, así como por las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos humanos. El Ministerio de Justicia está examinando el proyecto de ley y formulando comentarios sobre las sanciones:
Con respecto a la modificación de la Ley de Prensa de 1995, el Ministerio de Información ha constituido una comisión encargada de su reforma, que deberá estudiar y revisar el texto del proyecto de ley, en consulta con todas las partes interesadas, para asegurarse de que se ajusta a las obligaciones internacionales del país.
Por otra parte, en lo tocante al proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, cabe señalar que el Ministerio del Interior se ha reunido con las partes interesadas pertinentes.
21.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 21 a)
65.Se revocó la circular de 2017 por la que se exigía a las organizaciones de la sociedad civil que notificaran con tres días de antelación la celebración de cualquier acto; la circular había dejador de aplicarse. El Ministerio del Interior emitió la Instrucción núm. 040, la Circular de 31 de octubre de 2018 y la Carta núm. 2006 សជណ, de 27 de noviembre de 2018, con el objetivo de garantizar que las ONG, las asociaciones y las comunidades tuvieran plena libertad para actuar sin notificarlo a las autoridades locales.
Respuesta al párrafo 21 b)
66.En relación con la reunión convocada por la Prey Lang Community Network (PLCN), las autoridades se limitaron a cumplir lo dispuesto en la Ley de Manifestaciones Pacíficas. El uso de la fuerza en las protestas por la tierra que tuvieron lugar en Sihanoukville tuvo consecuencias para la vida de los manifestantes por su grado de violencia y las fuerzas de seguridad se limitaron a utilizar sus armas en legítima defensa. Sin embargo, a los responsables de este incidente también se les impusieron sanciones administrativas y el Real Gobierno destituyó a dos vicegobernadores.
Respuesta al párrafo 21 c)
67.La Sra. Tep Vanny y el Sr. Meach Sovannara no se habían enfrentado a acusaciones penales por ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión, como se indicaba erróneamente en los informes. Según el fallo emitido por el tribunal:
La Sra. Tep Vanny fue acusada de proferir insultos contra funcionarios públicos y cometer actos de violencia intencionada contra funcionarios públicos, que son dos delitos tipificados en el Código Penal del Reino de Camboya.
El Sr. Meach Sovannara fue acusado de encabezar una revuelta, un delito por el que fue condenado a prisión de conformidad con lo previsto en el Código Penal.
Respuesta al párrafo 21 d)
68.La Ley Nacional de Sindicatos de 2016, que fue elaborada en consulta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene por objeto proteger los intereses de los trabajadores y de los empleadores que se enuncian en los fines y objetivos de la Ley:
Fines:
Reconocer los derechos y las libertades de las empresas e instituciones y de los particulares en virtud de las disposiciones de la legislación relativa al trabajo y al personal que presta servicios en el transporte aéreo y marítimo.
Definir la estructura y el funcionamiento de las organizaciones profesionales de trabajadores y empleadores del Reino de Camboya.
Objetivos:
Proteger los derechos y los intereses legítimos de todas las personas conforme a las disposiciones de la legislación relativa al trabajo y al personal que presta servicios en el transporte aéreo y marítimo.
Velar por el derecho a la libertad de negociación colectiva entre los trabajadores y los empleadores.
Promover la armonía en las relaciones laborales.
Contribuir al desarrollo del empleo, al incremento de la productividad y a la inversión.
Determinados sindicatos se enfrentan a actuaciones judiciales a causa de sus actividades solo si vulneran el derecho penal.
Los casos en que activistas sindicales nacionales son amenazados o agredidos constituyen actos de particulares y pueden atentar contra los intereses o derechos de otros.
22.Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones
69.La Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales se ha elaborado sobre la base de leyes fundamentales como la Constitución del Reino de Camboya, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por consiguiente, la Ley no es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
70.En el marco del foro de cooperación entre el Real Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, unos 500 representantes de organizaciones de la sociedad civil propusieron la modificación de los siguientes 14 artículos de la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32 y 35. A este respecto, cabe señalar que, de noviembre de 2019 a julio de 2020, los grupos de trabajo del Real Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil mantuvieron reuniones y consultas en seis ocasiones; sin embargo, aún no han concluido totalmente un acuerdo. Los trabajos proseguirán hasta que se alcance un acuerdo.
Derecho a votar y a participar en la vida pública (arts. 2, 10 y 25)
23.Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 23 a)
71.El Tribunal Supremo del Reino de Camboya es competente para decidir sobre la disolución de un partido político, de conformidad con lo previsto en la Ley de Partidos Políticos de 2017, en su forma modificada. En su nuevo artículo 44 se establece que, independientemente de otras sanciones penales que puedan imponerse cuando un partido político vulnere el nuevo artículo 6 y el artículo 7 de la Ley, el tribunal podrá adoptar las siguientes decisiones:
Suspender las actividades del partido político de que se trate por un período no superior a cinco años.
Disolver el partido político de que se trate.
72.En el artículo 7 se dispone que ningún partido político estará subordinado a un partido político o Gobierno extranjero ni sometido a sus órdenes o su voluntad.
73.En el nuevo artículo 6 se establece que ningún partido político deberá:
1.Provocar una secesión que conduzca a la destrucción de la unidad nacional y la integridad territorial de Camboya;
2.Realizar sabotajes con el fin de socavar el régimen de democracia liberal multipartidista y monarquía constitucional;
3.Llevar a cabo actividades que atenten contra la seguridad del Estado;
4.Crear una fuerza armada;
5.Incitar a romper la unidad nacional.
74.La Comisión Electoral Nacional era competente para reasignar los escaños del Partido de Salvación Nacional de Camboya al Partido Popular Camboyano. En cumplimiento de la ley, los escaños se reasignaron según la fórmula prevista en el artículo 138 bis de la Ley de Elección de los Miembros de la Asamblea Nacional, en su forma modificada, en la que se dispone que, en el marco del mandato de la Asamblea Nacional, si un partido político declara que renuncia a sus escaños, ha sido privado de su condición de partido político o ha sido disuelto de conformidad con la Ley de Partidos Políticos, la lista de sus candidatos y representantes será invalidada. En ese caso, la Comisión Electoral Nacional distribuirá los escaños vacantes en un plazo máximo de siete días entre otros partidos políticos que participaron en las elecciones nacionales en la capital y en las provincias, excluyendo del reparto a aquellos partidos políticos que renuncien a sus escaños, sean privados de su condición de partidos políticos o hayan sido disueltos de conformidad con la Ley de Partidos Políticos, así como entre los partidos políticos que tengan escaños en la Asamblea Nacional y estén al frente del Real Gobierno.
75.La decisión de distribuir los escaños adoptada por la Comisión Electoral Nacional no era incompatible con el Pacto, habida cuenta de que se tomó con arreglo a la legislación aplicable del Reino de Camboya.
Respuesta al párrafo 23 b)
76.La decisión de reasignar los escaños no afectaba al principio de pluralismo político en esas elecciones, ya que ese principio se aplica solo a la participación electoral y no al pluralismo político de los parlamentarios.
77.Otorgar todos los escaños para el Partido Popular Camboyano no es incompatible con las disposiciones del Pacto.
Respuesta al párrafo 23 c)
78.La reforma de la Ley de Partidos Políticos no permite al Gobierno disolver partidos políticos ni impedir la afiliación a un partido político. El nuevo artículo 38 de la Ley autoriza al Ministerio del Interior, una institución del Real Gobierno, a hacer un seguimiento de las actividades de los partidos políticos para garantizar que estos actúen conforme a la legislación vigente. Si un partido político vulnera la legislación, el Ministerio del Interior solo está facultado para emitir una advertencia por escrito, en la que se le instará a cesar en todas sus actividades ilegales y a suspender sus actividades durante un período determinado. En casos muy graves, el Ministerio del Interior podrá tener derecho a recurrir al Tribunal Supremo, que es el órgano competente según la legislación vigente.
79.Las disposiciones que autorizan al Ministerio del Interior a disponer de las citadas facultades, en virtud del nuevo artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos, no son incompatibles con las disposiciones del Pacto.
Respuesta al párrafo 23 d)
80.Hasta la fecha, no se ha intentado castigar a las personas que no votaron. Los hechos mencionados se refieren a las personas que actuaron con la finalidad de impedir que la gente acudiera a votar.
24.Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones
81.En relación con las acusaciones penales por injurias, incitación y traición, cabe señalar que no solo se han presentado cargos contra miembros de partidos opositores, sino que también se presentan cargos contra miembros de otros partidos que cometen delitos.
82.Se dispone de pruebas de que el Sr. Kem Sokha ha aceptado estrategias y modelos extranjeros para cambiar a dirigentes de Camboya. Ha cometido delitos consistentes en conspirar con ciudadanos extranjeros y llevar a cabo actividades subversivas. Ha sido acusado de conspiración con una potencia extranjera, conforme a lo previsto en el artículo 443 del Código Penal del Reino de Camboya.
83.Se confiscaron los pasaportes de 12 miembros y activistas del Partido de Salvación Nacional de Camboya porque colaboraban en distintas actividades con los rebeldes proscritos que dirige Sam Rainsy, con el propósito de derrocar al Gobierno y a la monarquía. El tribunal dictó órdenes de detención y, por ello, el Ministerio del Interior anuló los 12 pasaportes.
84.No hay pruebas que sugieran que los disidentes políticos fueran amenazados con violencia e intimidación durante el período anterior a las elecciones de 2018. Si se produjo algún incidente, se trató de diferencias de opinión entre personas que apoyaban a distintos partidos y los enfrentamientos verbales solo se produjeron en la campaña electoral.
Derechos del niño (arts. 23, 24 y 26)
25.Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones
85.A fin de reformar el sistema de justicia juvenil, tras la promulgación de la Ley de Justicia Juvenil, el Real Gobierno estableció un grupo de trabajo interministerial formado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación de la Juventud y el Tribunal de Apelación. En el marco de la cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comité Interministerial ha estudiado la posibilidad de promover penas sustitutivas para los jóvenes que cometan delitos leves y ha elaborado los planes, medidas y reglamentos pertinentes para transferir la competencia sobre los jóvenes detenidos del Ministerio del Interior al Ministerio de Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación de la Juventud, en consonancia con lo previsto en la Ley de Justicia Juvenil.
86.Por su parte, el Ministerio de Justica ha preparado directrices sobre los procedimientos y normas para la transferencia de los jóvenes infractores y las disposiciones judiciales oficiales, de conformidad con la Ley de Justicia Juvenil.
87.A fin de garantizar la aplicación plena y efectiva de la Ley de Justicia Juvenil de 2016, el Real Gobierno de Camboya ha adoptado las siguientes medidas:
Emitió el Decreto Complementario núm. 155 អនក្រ.បក, de fecha 29 de septiembre de 2017, sobre el Establecimiento y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Juvenil con el propósito gestionar a los menores privados de libertad.
Presentó un plan estratégico y un plan de acción para la aplicación de la Ley de Justicia Juvenil (2018-2020).
Preparó un proyecto interministerial de prakas , en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación de la Juventud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, sobre la transferencia, la gestión y la rehabilitación de menores en conflicto con la ley.
Preparó un proyecto de prakassobre las condiciones mínimas de atención a los menores en los centros de rehabilitación juvenil.
Nombró un total de 50 agentes sociales en las 25 capitales y provincias para facilitar y prestar servicios sociales a los menores en conflicto con la ley.
Agregó la Ley de Justicia Juvenil al programa de estudios de la Academia de Policía de Camboya.
88.Hasta la fecha, ningún menor ha permanecido detenido con reclusos adultos. Los menores han sido internados en centros comunes, pero en edificios distintos de los destinados a los adultos. Los menores serán internados en los centros de rehabilitación una vez que estos entren en funcionamiento.
89.Aunque la prisión preventiva se impone a los menores como último recurso, sigue siendo necesaria porque el Reino de Camboya continúa sin poder garantizar la comparecencia de los menores acusados ante los tribunales para participar en las vistas.
Pueblos indígenas (arts. 2 y 25 a 27)
26.Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones
Respuesta al párrafo 26 a)
90.Solo se reubica a las comunidades indígenas cuando es necesario por el interés nacional o por necesidades nacionales urgentes. Esa reubicación se lleva a cabo de conformidad con las políticas de reasentamiento y da derecho a una indemnización adecuada, según la legislación vigente, que se percibe por adelantado. El Real Gobierno necesitaba construir una central de energía hidroeléctrica que afectaba a las viviendas de varias comunidades indígenas. Como solución, el Real Gobierno intercambió todas las viviendas afectadas por otras ubicadas en lugares habilitados especialmente para esas comunidades y adoptó las siguientes medidas, entre otras:
Se crearon nuevas aldeas con infraestructuras públicas adecuadas.
Se construyó para cada familia una vivienda de 80 m2 en una parcela de 20 m de ancho por 50 m de largo.
Se cedieron a cada familia 5 ha de terreno en propiedad.
Con objeto de ayudar a las familias a iniciar una nueva vida, el Real Gobierno les proporcionó alimentos, petróleo para alumbrado, diversas semillas y plaguicidas durante un año.
El Real Gobierno también les proporcionó tierras forestales para la obtención de productos forestales no leñosos, y estableció cementerios y lugares de culto de conformidad con las tradiciones de las comunidades.
Respuesta al párrafo 26 b)
91.A fin de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas a poseer y ocupar tierras, el Real Gobierno ha establecido una política relativa al registro de tierras y a la inscripción de los derechos de uso de las tierras de las comunidades indígenas, y ha emitido el Decreto Complementario núm. អនក្រ.កប, de 9 de junio de 2009, sobre los Procedimientos de Registro de las Tierras de las Comunidades Indígenas.
92.El Real Gobierno de Camboya ha hecho un gran esfuerzo para proteger y garantizar la propiedad y la ocupación de las tierras de los pueblos indígenas. A finales de 2020, 152 comunidades indígenas habían registrado sus tierras y continuaban el proceso de registro.
Respuesta al párrafo 26 c)
93.Con respecto a las medidas adoptadas por los Estados partes para brindar una protección integral a los grupos minoritarios contra la COVID-19, el Ministerio de Desarrollo Rural ha impartido formación a esos grupos y ha difundido información sobre cómo prevenir la propagación de la COVID-19, en consonancia con las directrices del Real Gobierno. El Ministerio de Desarrollo Rural cumple y aplica estrictamente las directrices del Ministerio de Salud del Reino de Camboya relativas a la difusión de información en el idioma nacional y en las lenguas propias de todas las comunidades y aldeas indígenas de 15 provincias del país, con fines de sensibilización y aplicación de medidas sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19.