Introducción
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) constituye para el Estado mexicano, desde 1981, un mapa de ruta para las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, y para enfrentar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas. Las observaciones que el Comité de Expertas hace a México, permiten reorientar las políticas y acciones, atendiendo áreas de preocupación y temas prioritarios de la Agenda Nacional de Género.
México ha presentado ocho informes de cumplimiento ante la CEDAW. Para, integrar el noveno, conforme a la normatividad de la Convención, en enero 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) convocaron a 28 dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a los poderes legislativo y judicial, a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y organismos autónomos. En febrero y marzo se recibió información de las dependencias federales; en mayo, de las entidades federativas (EF); y en julio, de los tribunales superiores de justicia del país. Posteriormente se organizaron dos reuniones generales y 12 específicas para verificar y complementar la información.
Respondiendo al compromiso de tener un proceso participativo en la elaboración del Informe, se convocó a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a tres foros de consulta, sumando a especialistas, académicas y representantes gubernamentales, para identificar los retos actuales del Estado mexicano en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
El proceso evidenció la consolidación de la estrategia jurídico-normativa mexicana, para garantizar los derechos de mujeres y niñas, junto con medidas programáticas y presupuestales, poniendo en el centro de la Política Nacional de Igualdad (PNI) a la CEDAW y otros instrumentos internacionales, que junto con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos (DH), la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, brindaron soporte al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), con un eje estructural transversal de igualdad de género.
En consonancia, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018, instrumento programático de cumplimiento obligatorio para la administración pública, los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y EF, se diseñó tomando en consideración la CEDAW, sus recomendaciones generales y las observaciones de 2012 a México.
109 de las 314 líneas de acción del PROIGUALDAD se derivan directamente de la CEDAW, 154 tienen su origen en la Plataforma de Acción de Beijing, los Consensos Regionales de Quito, Brasilia y Santo Domingo, la Convención de Belém do Pará (CBP) y el Consenso de Montevideo. En suma, 84% del PROIGUALDAD responde a los compromisos del Estado mexicano con instrumentos internacionales, coincidentes con la PNI y no discriminación, lo que permite, por primera vez, contar con un programa articulado con los programas sectoriales, institucionales y especiales derivados del PND, para acelerar el paso en materia de igualdad, teniendo como base los derechos de las mujeres y las niñas.
Finalmente, llaman la atención los avances de las EF del país, entre 2013 y 2016, para reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y en el combate institucional a la violencia contra mujeres y niñas.
I.Avances legislativos
A.Derechos humanos
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), impulsa la armonización legislativa con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos mediante la Red de Enlaces de Derechos Humanos (RedDH), conformada por 54 dependencias y entidades de la APF. El PROIGUALDAD coadyuva con estrategias y líneas de acción para armonizar la legislación nacional y estatal con instrumentos internacionales y con el Artículo 1º Constitucional.
Para implementar la reforma se tiene: la Mesa Permanente de Revisión de la Normatividad Administrativa de la APF para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, y la Mesa de Trabajo con Coordinadoras/es de Delegaciones y Representaciones de las Dependencias, Entidades y Órganos de la APF en las EF. En 2015 la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, para armonizar la normatividad con los DH. En 2015, en el marco del PNDH, las Bases Conceptuales para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos en la APF, y los Avances y Retos en la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, con la participación de los tres poderes y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En 2015, se firmaron las Bases de Colaboración entre la SEGOB y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para tener un mecanismo que incorpore la perspectiva de DH en la mejora regulatoria federal.
Para la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, en 2013, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), inició la armonización jurídica con tratados y convenios internacionales en materia indígena, en 2014 se incluyeron los derechos de las mujeres indígenas.
El Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos 2011, evaluación del proceso a tres años de su entrada en vigor, una perspectiva integral del Estado mexicano, de 2014, presenta avances y retos, y la ruta a seguir en el futuro.
En 2016 se reformó el Artículo 2° Constitucional en materia de igualdad entre mujeres y hombres (anexo 3). La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el marco del Programa de Derechos Indígenas, impulsa iniciativas comunitarias e incentiva la participación de mujeres, que en 2014 fue 46,1% y en 2015, 52,1%.
La Cámara de Diputados (CD) acordó realizar la armonización legislativa federal, atendiendo las Observaciones de la CEDAW, y exhortó a los Congresos Locales para hacer lo mismo; el Senado realizó acciones para armonizar los DH.Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la SRE cuentan con buscadores en materia de DH que sistematizan la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y las Observaciones y Recomendaciones Generales de todos los Comités de Naciones Unidas.
B.Nuevas leyes
Entre 2012 y 2016 se promulgaron importantes leyes para el ejercicio de los derechos de las mujeres: Ley General de Víctimas (LGV), Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La LGV (2013) tiene el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y opera con la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas (CEAV), para garantizar los derechos de las víctimas a la asistencia, atención, debida diligencia, etc., con especial atención en eliminar la violencia hacia las mujeres, desaparición forzada, homicidios y feminicidios; el Sistema tiene Comisiones Ejecutivas Estatales.
La LGDNNA (2014) obligó a reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, atendiendo la normatividad constitucional en materia de DH, la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW. Esta ley exige mecanismos para su operación: i) Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y 32 sistemas estatales; ii) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 32 sistemas estatales y uno por cada municipio; iii) Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y 32 procuradurías estatales; iv) Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 32 programas estatales y programas municipales; y v) Sistema Nacional de Información.
C.Reformas legislativas
Entre 2012 y 2016, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tuvo cuatro modificaciones; destacan la reforma para sancionar el feminicidio conforme al Código Penal Federal (CPF), la reducción del plazo de 24 a ocho horas para emitir órdenes de protección, y la modificación del Artículo 47 que establece que la Procuraduría General de la República (PGR), debe tener un registro público de delitos cometidos contra las mujeres, protocolos con perspectiva de género (PEG) para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, y la investigación de los delitos de: discriminación, sexuales, feminicidio, trata de personas y contra la libertad.
La modificación del Reglamento de la LGAMVLV eliminó deficiencias en las solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), diseñándose en 2014 un nuevo procedimiento (participaron SEGOB, INMUJERES, CNDH, OSC y académicas y especialistas).
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) tuvo cinco reformas, destacando la obligación de asignar presupuestos estatales para la política de igualdad, la igualdad en el empleo y las condiciones de trabajo.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Ley de Trata), tuvo dos modificaciones, resalta la tipificación y sanción del delito de trata homologado en todo el país; 26 entidades tiene ya su ley y 10 también su reglamento. La armonización de la Ley de Trata es completa en 15 estados, siete están armonizados parcialmente y cuatro aún no.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), con cuatro reformas, otorga mayores garantías en igualdad, obligaciones a los tres poderes y medidas de reparación (anexo 7).
En 2014 se garantizó la paridad política en el registro de candidaturas a los Congresos federal y locales (Reforma Político Electoral al Artículo 41 Constitucional). En 2016 se reformaron los Artículos 7 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para sancionar violaciones a los DH y a quienes discriminan a las mujeres y se niegan a aplicar la legislación que protege sus derechos.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue aprobada por el Senado en 2016.
D.Armonización legislativa
En 2015, se reformó el Artículo 73 Constitucional, facultando al Congreso de la Unión a expedir leyes generales estableciendo como mínimo los tipos penales y sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad, trata de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en materia electoral. Así, se avanzó en la homologación de tipos penales y sanciones para estos delitos en todo el país, impidiendo que las EF legislen estos aspectos.
Se armonizó -con la LGAMVLV y con la CBP- el Código Penal y el Código Civil Federal, que tipifican violencia familiar y establecen sanciones por discriminación y feminicidio. 14 estados tienen un código penal homologado al federal en esta materia.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), vigente desde 2016, tiene 407 leyes armonizadas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), sobre un universo de 416 ordenamientos (98%). Se han emitido 342 leyes alineadas al CNPP, sobre un universo de 352 ordenamientos (97%).
Para la armonización legislativa en las EF, se instrumentaron los Encuentros Nacionales para la Armonización Legislativa, que se realizan regularmente desde 2013 y reúnen a las Comisiones para la Igualdad de Género de los Congresos Locales, las Titulares de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) y representantes del Poder Judicial de cada estado, el Poder Legislativo Federal, dependencias locales y federales, y OSC. Cada Encuentro, tiene una agenda de armonización legislativa. Como resultado, entre 2014 y 2016, se reformaron, adicionaron o derogaron 138 normas para garantizar los DH de las mujeres en códigos penales y 58 en códigos civiles y familiares. Respecto al feminicidio, se tiene el análisis del tipo penal para las 32 EF, en cumplimiento del PROIGUALDAD.
El CPF actual contempla: i) el delito de violación y su sanción, incluyendo violación equiparada y entre cónyuges y concubinos. ii) no incluye las lesiones, ni el homicidio en ‘razón de honor’, ni el delito de adulterio; ninguna entidad federativa tipifica el homicidio en razón de honor, y solamente Jalisco y Durango tipifican el adulterio.
INMUJERES monitorea el Índice de avance en la armonización legislativa por entidad, considerando leyes y reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas. En 2010, el índice era de 44.9 y en 2015, de 64.8.
II.Mecanismos institucionales
México está consolidando su marco jurídico-normativo para garantizar los derechos de mujeres y niñas, y fortaleciendo sus mecanismos de coordinación: i) el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), máximo mecanismo de vinculación en materia de igualdad ahora opera a nivel ministerial, gracias al compromiso presidencial asumido en 2015, en Naciones Unidas. Las 32 EF tienen una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 29 han instalado su Sistema, ii) El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), coordina las acciones en todo el país; las 32 entidades tienen su LAMVLV y operan su sistema; el SNPASEVM adoptó el Sistema de Indicadores de Progreso de la CBP, para seguimiento, iii) 32 EF reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) y han instalado sus Sistemas Locales de Protección Integral, iv) 31 tienen una Ley contra la Discriminación, v) 26 tienen una Ley de Trata y hay una Comisión Intersecretarial que coordina acciones en todo el país, vi) La APF tiene 22 unidades de género, vii) Los 32 Tribunales Superiores de Justicia tienen un área de género; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) tiene la Comisión de Igualdad; la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tienen un Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la PEG en los Órganos de Impartición de Justicia en México (23 EF ya lo suscribieron). viii) también el poder legislativo, y los organismos autónomos. ix) Los 32 MAM se están consolidando, entre 2013 y 2016 las instancias municipales se incrementaron en 567, pasando de 54,8% a 78% (nueve entidades tienen éstas instancias en todos sus municipios, 13 rebasan 90% y el resto van de 42,6% (Oaxaca) a menos del 90%).
La Comisión de Igualdad de Género de la CD que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 2013 realiza mesas institucionales para analizar la integración del anexo de Erogaciones para la Igualdad.
En 2014, iniciaron los centros Ciudad de las Mujeres, modelo de empoderamiento con cuatro perspectivas: género, DH, interculturalidad y juventud; integra la provisión de servicios del gobierno federal, estatal y municipal para que las mujeres tengan acceso a: justicia, salud, salud sexual y reproductiva, educación, ocupación/empleo, etc. Están operando dos: Tlapa de Comonfort, y Tepeji del Río; y están en construcción cuatro: Querétaro, Estado de México y Michoacán (2).
Para fortalecer la PNI y el combate a la violencia contra mujeres y niñas, el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales firmaron la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, crearon la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la CONAGO, y se suscribieron convenios con los 32 gobiernos locales.Además, se firmó el Convenio Específico de Colaboración sobre el Cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y no Discriminación en las EF. A nivel federal y en las 32 EF se crearon las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El SNPASEVM vigila la aplicación de la LGAMVLV y supervisa el cumplimiento del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2014-2018. Por primera vez, las sesiones del SNPASEVM son presididas por el Secretario de Gobernación, reafirmando el compromiso federal de fortalecerlo. En este Sistema se acordó: i) modificar el procedimiento de la AVGM; ii) elaborar el PIPASEVM; iii) tener un Plan de Acción con Medidas Emergentes; iv) tener un diagnóstico sobre la violencia de género estatal (para la CONAGO); v) fortalecer el desempeño de comisiones y monitorear avances. Por primera vez, en 2015, se invitó a participar a representantes de OSC.
La PGR tiene mecanismos de denuncia de violencia contra las mujeres, como Atención PGR (24 horas, 365 días en todo el país); el nuevo Modelo de Gestión de la PGR para el proceso acusatorio penal y las Unidades de Atención Inmediata. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) coordina el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra Mujeres, (anexo 15), instalado en 2015.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inició en 2015 el registro de denuncias y quejas de violencia política contra mujeres, para ello tiene FEPADETEL y FEPADENET.
La SEGOB estableció el programa de mujeres y niñas desaparecidas Dar Contigo. De 2013 a 2016 ha registrado 1.727 expedientes, en el 32% de los casos fueron localizadas. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), registra una eficiencia del 100% en la atención; y respecto a la localización de niñas, niños y mujeres desaparecidas, un 79,7%, (anexo 16).
A.Alerta de violencia de género
El Gobierno Federal emitió por primera vez la AVGM para algunos municipios del Estado de México, Morelos, y Michoacán; Jalisco declaró su Alerta conforme a su legislación. Actualmente se tramitan 15 solicitudes (anexo 17).
En el marco de las AVGM se han implementado políticas públicas locales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, destacando acciones efectivas en Guanajuato, Morelos, Colima, Veracruz, Querétaro y Quintana Roo, (anexo 18), y estrategias de capacitación para fortalecer capacidades institucionales (anexo 19).
B.Protocolos
Se tiene el Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para violencia sexual, y el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio. Los siguientes protocolos contienen medidas específicas para las mujeres: Protocolo para la investigación del delito de tortura, Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, Protocolo para el tratamiento e identificación forense, Protocolo de búsqueda para personas desaparecidas o no localizadas, Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, y Protocolo de actuación para el personal de la PGR en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Además, se elaboró el Manual de la Policía Federal para la Atención de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) ha difundido y promovido su utilización.
Hay protocolos en 22 EF para el feminicidio. Cinco cuentan con un protocolo de homicidio por razones de género, y en cuatro se encuentran en proceso de publicación.
La SCJN ha emitido nueve protocolos de actuación para los impartidores de justicia, destacan el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Adicionalmente, impulsó la adopción del Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad; existe el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres (elaborado por SEGOB, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Nacional Electoral (INE), PGR e INMUJERES) que permitió, entre 2015 y 2016, recibir 141 denuncias y dictar 8 sentencias, y la Guía para presentar una queja o denuncia sobre violencia política contra las mujeres. La SRE emitió el Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia basada en el Género. La Secretaría de la Función Pública (SFP), SEGOB e INMUJERES publicaron, en 2016, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, estandarizado para toda la APF.
Existen Lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género, y con la Guía para la Ayuda Inmediata a Víctimas de Homicidio/Feminicidio, para servidores(as) públicos. Adicionalmente, con el Modelo Integral de Atención a Víctimas y el Manual de Implementación, para el personal policial en los tres órdenes de gobierno, que presentan procedimientos de actuación —en el marco de los DH— para la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) modificó su normatividad y mecanismos de actuación en el marco de los DH, especialmente para mujeres y niñas. Destacan el nuevo Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la SEDENA; la Cartilla de Derechos Humanos para el Ejército y la Fuerza Aérea (obligatoria); el Procedimiento Sistemático de Operar, que impulsa la observancia de los DH de mujeres y niñas en albergues y refugios durante la aplicación del PLAN DN-III-E; la elaboración de manuales de igualdad entre mujeres y hombres, y de lenguaje no sexista, y la armonización de manuales administrativos con lenguaje incluyente.
C.Alerta AMBER México
Entre 2013 y 2015, las 32 EF adoptaron la Alerta. De mayo 2012 a octubre 2016, la Coordinación Nacional de Alerta AMBER México en la PGR, activó 713 Alertas, logrando 482 localizaciones, el índice de efectividad de la Alerta de mediados de 2012 a 2014, se estimó en 62,9%, en 2015 68,6% y en 2016, 70,4%. Se diversificaron los mecanismos para su activación: número gratuito, correo electrónico y aplicaciones para dispositivos móviles. El programa involucra a OSC, academia, empresas, dependencias e instituciones de seguridad pública, y tiene redes de localización. Actualmente, 80% de los enlaces “Alerta AMBER” están certificados con estándares internacionales (anexo 22).
La FEVIMTRA impulsó la implementación formal del programa Alerta AMBER México en las 32 EF, mediante asesorías, acompañamiento en la elaboración de protocolos estatales, instalación de comités, y vinculación con OSC y con medios de difusión. En 2015, organizó mesas regionales con enlaces operadores de las 32 EF, y talleres con Procuradurías, Fiscalías y Delegaciones de procuración de justicia.
El uso de redes sociales tiene gran importancia para la difusión de las alertas, en 2014 inició la Coordinación Nacional dos cuentas: Twitter con más de 86.000 seguidores y Facebook, con más de 55.000.
En 2015 Iusacell, OnStar y Uno TV, se sumaron para fortalecer la operación de la Alerta; la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con más de 1.200 afiliadas también participa, así como la empresa UBER.
El Encuentro Trinacional de Enlaces del Programa Alerta AMBER, en 2016, fortaleció la cooperación internacional: estrategias, metodologías, formación, tecnologías, etc. para la búsqueda de NNA desaparecidos.
D.Protocolo Alba
El Protocolo Alba (PA), se consolidó en Chihuahua para atender la desaparición de mujeres y niñas. En 2012, se firmó un convenio entre CONAVIM y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para fortalecer el PA y al Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba. A la fecha Jalisco, Estado de México, Tabasco y Guerrero ya tienen su PA.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó que se registraron 1.112 activaciones, implicando a 1.143 personas, de las cuales 1.120 fueron localizadas. La efectividad del PA alcanza un 95,7%.
III.Nueva estrategia coordinada para la seguridad pública
En 2013 se revisó la estrategia nacional de seguridad pública, congruente con el PND 2013-2018 en el contexto de un México en Paz, para fortalecer las instituciones, construir acuerdos políticos y sociales, formar ciudadanía, combatir la violencia de género, la impunidad y corrupción, en un marco de respeto y protección de DH. El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, contiene estrategias para el respeto irrestricto de los DH, su promoción y defensa; y para insertar la PEG en todas las acciones de seguridad pública, de manera transversal. Asimismo, se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, PNDH, el Programa de Atención Integral a Víctimas, el PIPASEVM, y el Programa Especial de Educación Intercultural. Todos vinculados entre sí; estos programas reportan anualmente sus avances desde 2014.
Reparación del daño
El Estado mexicano tiene mecanismos para la reparación del daño, en el marco de la LGV, fortalecidos con el cumplimiento de sentencias y recomendaciones que organismos internacionales de DH y la SCJN han formulado.
En 2016, en la 50a Reunión de la CONAGO, la CEAV acordó con de las 32 EF, la suscripción del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Atención a Personas en Situación de Víctimas, Intercambio de Información, Diseño y Ejecución de Políticas Públicas, que establece mecanismos de coordinación y colaboración en la atención, asistencia y protección de las víctimas de delitos o de violaciones de DH. La Asesoría Jurídica Federal de la CEAV orienta y representa jurídicamente a las víctimas en el país.
En materia de prevención y erradicación de la tortura destacan: i) El amplio conjunto de acciones de todas las dependencias responsables para eliminar la tortura, especialmente de las policías y fuerzas armadas, ii) La aprobación del CNPP que garantiza el debido proceso, iii) Las determinaciones de la SCJN sobre confesiones obtenidas mediante tortura, iv) Y la entrada en vigor del Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.
En 2015, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas dio origen a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, que integra al Registro Nacional de Fosas Clandestinas, un Banco de Datos de ADN y drones para localización de víctimas.
Oaxaca tiene el Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género. Veracruz el Programa Estatal Mujer Segura en el Transporte y Espacios Públicos, la campaña Mujer Segura en el Transporte y el Protocolo de Diligencias Básicas para los Delitos de Violencia de Género. Querétaro el Protocolo de Actuación Ministerial en la Investigación y Persecución de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres por Razones de Género. La CDMX su Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual. Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Michoacán, tienen un protocolo de prevención y atención de la violencia familiar y de género. La CDMX y el Estado de México un protocolo para la investigación de delitos sexuales con PEG. CDMX, Chiapas y Puebla un plan de acción para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia feminicida. Baja California, Jalisco, Quintana Roo, y Sinaloa, un programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género. Puebla la Unidad de Seguimiento del Delito de Feminicidio. El Estado de México, y Nuevo León una Fiscalía para investigar feminicidios; y la CDMX, San Luis Potosí y Tabasco una agencia especializada de investigación en la materia. La CDMX implementó la Cédula Única de Registro y el Sistema de información para la identificación de riesgo de violencia feminicida en las mujeres y niñas. Guanajuato y Puebla tienen un Sistema de Atención y Respuesta a las Mujeres. Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, y Michoacán, tienen áreas de atención especializada para mujeres víctimas de violencia. Yucatán un Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito. Coahuila, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Oaxaca tienen estrategias para reeducar agresores.
IV.Capacitación y formación
En observancia a la LGAMVLV, y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se capacita permanentemente en DH de las mujeres al personal de seguridad pública federal y estatal; la LGAMVLV, obliga a la PGR a especializar a agentes del ministerio público, peritos y personal de atención a víctimas, para su correcto desempeño con enfoque de DH y PEG, desde la denuncia hasta el proceso judicial, especialmente en casos de discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2014, insertó transversalmente en su Programa Rector de Profesionalización, la PEG y los DH de las mujeres.
La LGDNNA, mandata a autoridades estatales y federales que promuevan programas de capacitación de DH de las NNA. Además, obliga al SIPINNA a realizar acciones sistemáticas de capacitación sobre el conocimiento y respeto de sus derechos.
El PNPSVD contempla la capacitación de fuerzas policiales y de servidores(as) públicos, en materia de DH y género; se realizan programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, familiar, en el noviazgo y la trata de personas.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, se refuerza con el Programa de DH de la Secretaría de la Defensa Nacional 2014-2018, para fortalecer el respeto de los DH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que incluye amplias acciones de capacitación y formación.
En 2016, la Secretaría de Marina (SEMAR) transformó su Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía, en la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Para garantizarlos, el personal naval se capacita en DH, derecho internacional de los DH, DIH, igualdad de género y no discriminación.
SEDENA y SEMAR realizan capacitaciones sistemáticas en DH e igualdad de género. Ambas han reforzado su formación en DH, prevención de la violencia sexual, y hacia mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, y donde se realizan operaciones contra la delincuencia organizada.
El PJF imparte programas académicos en igualdad de género y no discriminación, desde 2013 se consolidó la capacitación en tres vertientes: i) sensibilización sobre igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación; ii) capacitación académica formal; y iii) seminarios y conferencias. El curso virtual Género e Interculturalidad en la Impartición de Justicia, complementa la formación para atender comunidades indígenas. De 2012 a 2016, los Poderes Judiciales locales hicieron 840 capacitaciones.
29 EF tienen un programa de capacitación para servidoras(es) públicas que imparten justicia, en DH de las mujeres, PEG, aplicación de instrumentos internacionales y violencia contra las mujeres, ente otros.
El CJF fortaleció la formación académica de sus cuadros; las capacitaciones en materia de igualdad de género y no discriminación cubren todas las ciudades con órganos jurisdiccionales federales. La CD para profesionalizar a sus cuadros acordó con la UNAM la maestría en género y derecho. La PGR, desde 2013 lleva a cabo anualmente los Congresos Nacionales para Juzgar con PEG. La CNDH, desde 2013 incrementó significativamente su oferta de capacitación. El Instituto Nacional de Migración (INM) capacita permanentemente en materia de DH y de protección a mujeres y niñas migrantes. La FEVIMTRA realiza actividades de formación y capacitación para personal ministerial, policial y pericial de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, así como a Juezas/ces y Magistradas/dos del Poder Judicial. Para conocer con precisión los esfuerzos del Estado mexicano, así como las estadísticas y los impactos en capacitación, formación, profesionalización y sensibilización en materias de género y derechos humanos, ver anexo 25.
A nivel estatal, las procuradurías de justicia y las fiscalías capacitan sistemáticamente en DH, en 22 procuradurías y/o fiscalías se capacitó también en los derechos de las mujeres.
V.Violencia contra mujeres y niñas
Para el Estado mexicano es una prioridad garantizar a las mujeres una vida sin discriminación, ni violencia, por ello y en atención al PIPASEVM, el SNPASEVM acordó que los 32 MAM y las dependencias que lo conforman, reportarían trimestralmente los avances de las 118 líneas de acción, que incluyen acciones para enfrentar la violencia contra mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes, adolescentes, adultas mayores y privadas de su libertad, anualmente un Informe recopila las acciones realizadas (anexo 26).
A.Prevención y atención
Para prevenir y atender la violencia, se consolidaron los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) que brindan servicios integrales: asesoría legal, atención y acompañamiento jurídico; atención médica y psicológica; empoderamiento económico y social; atención especializada a niñas y niños, y canalización a casas de resguardo, albergues y refugios. Entre 2013 y 2016 se incrementaron de 7 a 31 (cooperación federal-estatal), ocho se encuentran en construcción. Para fortalecer la atención que brindan, la PGR elaboró los Lineamientos de Calidad para la Atención Ministerial de la Violencia contra las Mujeres y hay mecanismos de certificación para los Ministerios Públicos de los CJM. La CNPJ respalda el proyecto.
El INMUJERES tiene registrados más de mil establecimientos de atención a mujeres víctimas de violencia: instancias estatales y municipales, centros de atención externa y unidades de atención itinerantes. En 2013 la SEGOB instaló la línea telefónica 01800 Háblalo (nacional, 24 horas y 365 días) que entre 2014 y 2015 atendió a 43.292 mujeres. Para fortalecer la atención telefónica, se vincularon los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y los MAM de nueve estados. Actualmente se trabaja en la integración nacional al 911.
La SRE abrió 42 Ventanillas de Atención Integral para la Mujer en consulados.
El Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las EF (PAIMEF), operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), anualmente destina recursos a los MAM en las 32 EF; impulsa la capacitación para prevención y atención de violencia contra las mujeres —entre 2013 y 2015 se capacitaron 24.490 personas, de las cuales 65,3% fueron mujeres—. Adicionalmente, apoya a más de 300 unidades especializadas que brindan anualmente atención a 330.000 mujeres víctimas de violencia. De 2013 a 2016, el presupuesto del programa se incrementó 23,5%.
En el marco del Programa de Coinversión Social del INDESOL, de 2013 a 2015 se apoyaron 1.863 proyectos de OSC, enfocados a prevenir y/o atender la violencia de género, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y la promoción de los DH. 590.261 personas fueron beneficiadas (361.325 mujeres).
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la PEG operado por el INMUJERES, financia proyectos de los MAM y de Institutos Municipales de las Mujeres (IMM), para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas. Además, opera 300 Centros para el Desarrollo de las Mujeres.
La Secretaría de Salud (SS) mediante el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, realiza acciones para limitar los daños a la salud por violencia y promueve vivir sin ella, mediante el Modelo Integrado de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual que brinda atención médica y psicológica. Para la violencia moderada aplica la estrategia de Reeducación de Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, en 2015 la estrategia cubrió todo el país, benefició a más de 19.600 mujeres en 1.063 grupos, y a más de 14.000 varones en 895 grupos. Para violencia severa la atención es personal y los servicios especializados, de 2012 a 2016 estos servicios se incrementaron de 284 a 335, y el número de mujeres atendidas de 181.000 a más de 230.000. Se estima que en 2016 la atención alcanzará 250.000 mujeres. Entre 2012 y 2016 la SS incrementó su presupuesto para atender la violencia —familiar y de pareja— de 62,5 a 344,3 millones de pesos.
La SS en 2015 aplicó 1,8 millones de cuestionarios para detectar violencia contra las mujeres, identificando 19% de violencia, lo que permitió atender a más de 233.000 mujeres con violencia severa (atención médica y psicológica) en los 335 servicios especializados de las 32 EF.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SS, opera la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa. El INMUJERES y la Red Nacional de Refugios, suscribieron un convenio para profesionalizar los servicios de los refugios. En 2015 se levantó el Censo de alojamientos colectivos de asistencia social (CAAS).
La CDI, tiene el Programa de Derechos Indígenas que promueve el derecho a la igualdad, apoya 24 Casas de la Mujer Indígena, operadas por mujeres indígenas, con un Modelo de atención a la salud sexual y reproductiva y la violencia de género, brindando atención culturalmente pertinente, diferenciada, con PEG y de derechos. Entre 2013 y 2016, se apoyaron 286 proyectos de prevención y atención de violencia con enfoque intercultural y 466 de fortalecimiento de los derechos, para mujeres indígenas; para el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, se financiaron 223 proyectos de OSC, orientados a la difusión de sus derechos y se aprobaron 82 proyectos relacionados con la prevención del delito y 72 contra la trata de personas.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) publicó, el Catálogo de medidas para la igualdad, para aplicar las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, incluidas en la reforma integral a la LFPED, así como medidas para la igualdad previstas en el Programa Nacional por la Igualdad y la no Discriminación (PRONAIND) 2014-2018.
La CDI lleva a cabo acciones para la excarcelación de presos indígenas, en esta administración se liberaron 386 mujeres indígenas. Hay un Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües (198 abogadas(os)), para coadyuvar con el acceso a la justicia de la población indígena. Suscribió el Convenio para la implementación del NSJP con Perspectiva Intercultural y Multilingüe, con CJF, SEGOB, PGR, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y CEAV para fortalecer la capacitación de abogadas(os) indígenas bilingües, intérpretes-traductores(as) y servidoras(es) públicos. El INALI desde 2014 capacita intérpretes y traductores(as) en procesos judiciales (actualmente son 115); en noviembre de 2015, firmó un Convenio con CONATRIB para utilizar el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores(as) en Lenguas Indígenas.
En la CDPIM, se comprometieron actividades de protección de los DH, medidas cautelares y capacitación; participan corporaciones de seguridad y se presta especial atención a mujeres indígenas y sus sistemas normativos.
La CEAV, elaboró la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual Infantil, para progenitores, profesoras(es), especialistas, etc.; para detectar y denunciar casos, tiene el Modelo de Atención Integral en Salud, que opera bajo principios de gratuidad, no discriminación, integralidad, celeridad y confidencialidad; con servicios de salud a víctimas de violencia para su resiliencia y un nuevo proyecto de vida.
La LGDNNA reconoce el derecho de NNA a vivir una vida libre de violencia y obliga a las autoridades federales y locales a prevenir, atender y sancionar los casos de violencia, a su recuperación física y psicológica, a la restitución de sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, siendo fundamental para ello las Procuradurías de Protección. También se creó la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, en el SIPINNA.
La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (CI), de 2013 a 2015 hizo seis campañas, ese último año realizó 195 eventos de sensibilización y capacitación. La CNDH diseñó en 2015 la Campaña Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas, (anexo 28).
El INM, realiza Visitas de Verificación Migratoria y Revisiones Migratorias en casas de masaje, centros nocturnos, cantinas, bares, fábricas, hoteles, restaurantes, carreteras, centrales camioneras, etc. para detectar posibles víctimas de trata. Entre 2013 y 2016 ha realizado 2.042 diligencias de este tipo. Además, imparte permanentemente cursos de prevención (anexo 29), y junto con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) desarrollan materiales para prevenir y sensibilizar a grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad ante la trata. Existen Lineamientos para el monitoreo de anuncios en cualquier medio de comunicación cuyo contenido propicie o promueva la trata de personas, dando aviso a la PGR.
78% de las EF están previniendo la violencia familiar, 53% el feminicidio, 47% la tortura y 38% las desapariciones forzosas; 91% de las EF cuentan con expedientes sujetos a proceso por violencia contra las mujeres: 84% por homicidio doloso contra mujeres; 72% por hostigamientos y acoso sexual y 66% para feminicidio.
B.Procuración e impartición de justicia
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011, estima 6,5 millones de mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de ellas 69,4% no acuden a denunciar o pedir ayuda porque 26,9% piensa que se trata de algo sin importancia, 25,2% por miedo, 21,4% por sus hijos, 19% por vergüenza, 14,5% porque no sabía que podía denunciar, y 11% porque no confía en las autoridades.
En 2014, la PGR, algunas procuradurías de justicia, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, celebraron un Convenio para Intercambio de Información Genética, con la finalidad de fortalecer la investigación de delitos. La Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR opera la base de datos genéticos, CODIS, que contiene perfiles genéticos de cadáveres, indicios y familiares de personas desaparecidas.
La FEVIMTRA emite medidas de protección inmediata en casos urgentes, sin trámites ni plazos, para la custodia de mujeres víctimas de violencia de género y trata. Además, se incorporó al CNPP, en 2014, la implementación de medidas de protección y providencias precautorias, con obligatoriedad para su emisión y trámite por los Ministerios Públicos. Los esfuerzos aún son insuficientes, pero en el plan de trabajo de la CNPJ está fortaleciendo la expedición de medidas de protección.
De finales de 2012 a junio 2016, las instancias de procuración de justicia otorgaron 12.2047 órdenes de protección a las mujeres, en el fuero común. En el mismo periodo, se emitieron 8.729 sentencias condenatorias: por violencia intrafamiliar (7.281), homicidio (1.143), feminicidio (304) y desaparición forzada (1). Las defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 2012-2014 disminuyeron de 4,6 a 3,7 por cada 100.000 mujeres.
En materia de investigación, FEVIMTRA inició —agosto 2012/octubre 2016—1.491 averiguaciones previas, y determinó en el mismo período 1.495 indagatorias (anexo 16). De ese total consignó 13,3%, obteniendo a la fecha 53 sentencias condenatorias y 18 sentencias absolutorias. En 2014, se adhirió a la Alianza Global contra el Abuso Sexual de Niños en Internet; y actualmente, junto con UNODC, está terminando el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas. Esta Fiscalía opera el Refugio Especializado de Atención Integral para Víctimas de Violencia Extrema y Trata de Personas, (anexo 30); y, entre 2013 y 2015, capacitó a poco más de 4.500 personas, mediante 75 actividades de formación relativa a trata de personas, dirigida a personal ministerial, policial y pericial de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, así como a Juezas/ces y Magistradas/dos del Poder Judicial.
A partir de 2014, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal desagregó el delito de feminicidio. Según dicho censo, se registraron 313 víctimas y 247 presuntos inculpados, la mayoría hombres. La edición 2015, registró 322 víctimas y 341 presuntos inculpados. Esto hace evidente el enorme trabajo estadístico que falta por hacer para identificar y caracterizar correctamente los feminicidios, considerando que, en promedio, cada año son asesinadas aproximadamente 2.300 mujeres.
De 2013 a la fecha, la Policía Federal detuvo y puso a disposición de la autoridad ministerial a 568 varones relacionados con posibles delitos de trata de personas, violencia contra mujeres y delitos sexuales.
Respecto al acceso a la justicia en las comunidades y pueblos indígenas, la SCJN emitió, entre otras, cinco resoluciones. Durante el período que se reporta, realizó acciones de promoción y protección de los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, para el fortalecimiento del derecho al acceso a la justicia de las mujeres indígenas, la inclusión y el fortalecimiento del enfoque de interculturalidad. Diseñó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, acompañado de un curso virtual para su aplicación, y el Fortalecimiento del capital social étnico para el acceso equitativo en la procuración e impartición de justicia de los pueblos indígenas.
El Coloquio de impartición de justicia desde la PEG con un enfoque interculturalidad, al interior del PJF, con la participación de especialistas internacionales, académico, juzgadoras(es), directivos de la SCJN, TEPJF y CJF, representantes de la ONU y de asociaciones de mujeres indígenas, es un complemento del curso en línea Fortalecimiento de la impartición de Justicia con PEG e interculturalidad, diseñado para personal jurisdiccional.
La Defensoría Pública Federal tiene personal administrativo indígena, que asiste a las/los defensores públicos. De 2013 a 2016, el Instituto Federal de la Defensoría Pública del PJF, ha asesorado a 474 mujeres indígenas (anexo 32). Por entidad federativa, 22 procuradurías han reforzado el acceso a la justicia de mujeres indígenas, procurándoles asistencia legal, acompañamiento, traducción, y conocimientos de usos y costumbres al funcionariado, estrechando lazos con las OSC.
La CI,opera con grupos especializados donde participan OSC y la academia, hay Comisiones en materia de trata con la CONAGO, (24 en 2015); y se elaboró un Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y un Protocolo para el Uso de Procedimientos y Recursos para el Rescate, Asistencia, Atención y Protección de las Víctimas de Trata de Personas, que regula albergues, refugios y Casas de Medio Camino, para víctimas; además, del Programa de Fortalecimiento para Erradicar la Trata de la CI. En 2015 se diseñó el Procedimiento Sistemático de Operación, Detección, Investigación, Extracción Segura y Atención a Víctimas en caso de Trata de Personas.
Entre 2013 y 2015 se constataron 601 delitos de trata, logrando sentencias condenatorias en 414; en 2015 se iniciaron 429 averiguaciones previas por el delito, 114 federales y 315 estatales, se emitieron 124 sentencias condenatorias, hay 248 personas sentenciadas y se hizo justicia a 439 víctimas.
En 2013, la CNDH presentó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México,y en 2014 se actualizaron los datos. En 2014, la CI presentó el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México, elaborado conjuntamente con la UNODC. INMUJERES elaboró el Diagnóstico sobre las capacidades institucionales de las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas en materia de trata de personas. Además hay Informes del Programa Nacional en Materia de Trata de Personas, 2014 y 2015 (anexo 34).
En 2015, la FEVIMTRA en la Segunda Reunión Trilateral sobre Trata de Personas, Mejores Prácticas en Materia de Aplicación de la Ley Relacionada con la Trata de Personas, acordó fortalecer la colaboración, incrementar capacidades de investigación y judicialización del delito, tener asistencia jurídica internacional y trabajar en la iniciativa “Blue Lightning” y el programa “Ángel Guardián”.
En 2016 el INE, la PGR, las fiscalías y procuradurías del país, y la CONATRIB, suscribieron un Convenio para compartir información de las bases de datos del INE (huellas dactilares o biométricas), para identificar cuerpos y restos mortales en investigaciones de personas desaparecidas.
17 EF están emitiendo regularmente sentencia por violencia familiar, nueve por feminicidios, 15 por homicidios dolosos de mujeres con presunción de feminicidio, y ocho por hostigamiento sexual.
A nivel local, 2013-2016, el poder judicial de la CDMX integró 186 expedientes por trata y lenocinio; registra 1.019 presuntas víctimas mujeres y 110 varones, tiene 605 inculpados, 502 personas procesadas (29,3% mujeres), 309 sentencias condenatorias y 78 absolutorias. La CDMX estableció la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, y tiene un Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas, con servicios de protección y seguridad, atención integral, alojamiento de puertas cerradas y acceso restringido. Coahuila expidió el Protocolo para la Atención Integral, Capacitación e Inserción Laboral para Víctimas de Trata de Personas.
VI.Educación
En educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporó los temas de DH, igualdad de género, erradicación de la violencia, educación para la salud, educación sexual, y derechos sexuales y reproductivos con un enfoque formativo, de preescolar a secundaria. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, tiene PEG y acciones para consolidar la permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes en todos los niveles educativos.
La LGDNNA destaca el derecho a la educación de NNA, su garantía compete a los tres órdenes de gobierno que deben garantizar: acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas; acciones afirmativas de ingreso, permanencia y reingreso; eliminar obstáculos de acceso; brindar oportunidades educativas; establecer medidas positivas para niñas y adolescentes de grupos vulnerables que residan en regiones de rezago educativo, o enfrenten condiciones económicas y sociales desventajosas.
El Programa Nacional de Becas (PNB) incorpora en su normatividad PEG, DH y erradicación de la violencia; ofrece becas a NNA y jóvenes, especialmente en localidades rurales y/o dispersas, con altos grados de marginación y/o rezago social; se complementa con las Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN), con becas a niñas y adolescentes de 12 a menos de 18 años, embarazadas o madres. También opera en educación media y superior. Las becas de educación básica, media superior y superior incrementan cada año su cobertura para reducir brechas de desigualdad en el acceso, permanencia y conclusión de estudios (anexo 35). En el marco del PNPSVD, se otorgan becas en educación media superior a alumnas que viven en municipios con alto índice de violencia y delito: 2013 (228.608), 2014 (265.899) y 2015 (301.807).
En Educación Básica, desde el Programa Escuela Segura, se coordinó en las 32 EF la elaboración de Marcos Locales de Convivencia Escolar, que regulan la convivencia incluyente, democrática y pacífica en escuelas. Estos se integran por: Acuerdos Escolares de Convivencia, Protocolos de Actuación, Derivación y Seguimiento, y Redes Interinstitucionales de Apoyo a la Escuela. En Educación Media Superior se impulsó la revisión normativa y elaboración de protocolos de seguridad para centros escolares.
En 2014, se modificó el objetivo del Programa ConstruyeT para desarrollar habilidades socioemocionales en docentes, directivos y estudiantes, para el desarrollo integral, disminución de desigualdades, relaciones armónicas y satisfactorias, convivencia social y tomar decisiones acertivo-reflexivas; las estrategias y materiales que el Programa ofrece, incorporan enfoques de igualdad e inclusión.
La Reforma Educativa (2013) prevé incrementar la atención a jóvenes y adultos(as) sin educación básica terminada, mediante la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, operada por el Instituto Nacional de Educación de Adultos (INEA) en colaboración con gobiernos estatales; así, creció casi cuatro veces la cobertura de mujeres atendidas en nivel inicial (analfabetas) en zona rural y urbana, de 2012 a 2015, pasando de 56.673 a 225.163 mujeres en zonas rurales y de 82.352 a 315.688 en zonas urbanas.
En Educación Superior las acciones afirmativas para la participación de mujeres, a nivel licenciatura y posgrado, en ingeniería, tecnologías o ciencias físico-matemáticas, incrementaron las becas de 666 en 2012-2013, a 88.563 en 2014-2015.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) instrumenta un programa para fomentar la investigación con PEG, y el INMUJERES tiene el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para investigar temas de género emergentes; además del Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz.
El IPN, en colaboración con Google México, en el proyecto Shoot for the Moon, impulsa la participación de politécnicas, de nivel medio superior, en el contexto StartUp Weekend Youth México, en áreas de ciencia y tecnología. Las universidades tecnológicas y politécnicas otorgan, como acción afirmativa, becas para mujeres que desean estudiar ingeniería electrónica, mecánica automotriz y mecatrónica, entre otras.
La CDI implementa el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), para incentivar la permanencia de NNA indígenas, en las Casas y Comedores del Niño Indígena y Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación. De 2013 a 2016 el PAEI ha beneficiado con la primera a más de 142.000 niñas y 150.000 niños, de los cuales un número cada vez mayor concluyen sus estudios; y con Becas, de 2014 a 2016 a 3.287 mujeres y 2.983 varones.
El Programa de Fortalecimiento Académico para Mujeres Indígenas conjunta esfuerzos, acciones y recursos para fomentar la continuación de la formación de mujeres indígenas en posgrados con convocatorias específicas, así como para acceder a apoyos complementarios para quienes ya tienen una beca CONACYT. El Programa de Jornaleros Agrícolas incluye la entrega de estímulos para la permanencia escolar en beneficio de 4.615 niñas y 5.089 niños, en 2015.
Entre 2013 y 2016, el INEA logró que más de 529.000 mujeres y 189.000 varones se alfabetizaran, y más de 1,8 millones de mujeres y 1,3 millones de hombres concluyeran su educación inicial, primaria o secundaria; además, 112.666 adultas mayores concluyeran alguno de los niveles de educación básica, 61,5% del total. Asimismo, de la población indígena 3.608 mujeres de 65 años y más concluyeron la educación básica, 80,7% del total. Respecto a la alfabetización de adultos mayores, el 66,2% (88.144) fueron mujeres; del total de personas indígenas adultas mayores alfabetizadas, el 80,4% (6.733) eran mujeres.
Mediante el Programa Especial de Certificación que opera el INEA, en el primer semestre del 2016 acreditaron los niveles primaria y secundaria 96.477 personas de 65 años y más, de las cuales 56,4% (54.456) son mujeres.
A.Educación en sexualidad
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) conjunta esfuerzos de 13 dependencias federales y de 32 EF; a la SEP le corresponde un conjunto de líneas de acción, en la cual está trabajando desde 2015.
Se han realizado acciones sobre educación, salud, sexualidad y derechos sexuales: en 2013, el concurso “¡Inclúyete en la prevención! Alternativas lúdicas de salud sexual y reproductiva sobre métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes”; en 2014, el concurso “Diez en prevención. Diez acciones por la prevención del embarazo en la adolescencia”; en 2016, “Preventón” dirigido a NNA, y ese mismo año el concurso “Red de difusoras y difusores de la prevención del embarazo en adolescentes: es tu vida es tu futuro, hazlo seguro”.
La campaña Un condón es más confiable que el destino, de 2012, concluyó ese mismo año; sin embargo, en el marco de la ENAPEA se realizó en 2014 y 2015 una campaña de prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual en adolescentes “¡Infórmate es tu Derecho! Proyecto de Vida.” La SS tiene una campaña anual: “Todo comienza tomando buenas decisiones” (2013), “Planifica es tu mejor decisión de vida” (2014), y “Hay cosas que no puedes dejar a la suerte … tener hijos no es una de ellas” (2015). Entre 2013 y 2015 se realizaron, entre otras, estas campañas: “Prevención del embarazo no planificado en adolescentes”, “Educación Integral en Sexualidad”, “Prevención Integral del Embarazo no Planificado e Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes”; y “Sexualidad”.
Para fortalecer la toma de decisiones y promover los derechos de adolescentes, el Instituto Mexicano de la Radio produjo en 2015 campañas de prevención de adicciones y derechos sexuales y reproductivos, transmitidas por sus emisoras en todo el país. Además, campañas nacionales de más largo aliento: “Prevención del embarazo adolescente,” “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro”, “¿Cómo le hago?” que tiene una página web que proporciona información y orientación permanente, “Ser madre no es un juego de niñas” y “Yo si me cuido”, entre otras, sin mencionar múltiples esfuerzos estatales, de las OSC y del sector privado.
Diversas áreas de la SEP trabajan en la Agenda Sectorial de Educación Integral en Sexualidad con énfasis en prevención del embarazo adolescente (2015-2018), que se fundamenta en 13 instrumentos internacionales y 12 nacionales. La agenda integra acciones que han desarrollado 21 áreas del sector educativo, y busca garantizar una educación integral en sexualidad, y renovar la educación en los temas de sexualidad, con un enfoque científico y de DH; se organiza en siete ejes de trabajo: cobertura; planes, programas y materiales educativos; formación de personal educativo; líneas de investigación; estrategias de comunicación y difusión; acciones afirmativas y acciones de transversalidad.
Desde 2013, la SEP y el INEA sumaron esfuerzos para fortalecer la inclusión de mujeres en rezago educativo, promoviendo su certificación en educación básica con el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
Durante la educación básica, la sexualidad se aborda desde una perspectiva amplia: vínculos afectivos, género y reproducción, en educación preescolar y en primaria. En secundaria, la sexualidad humana se aborda desde la perspectiva personal y social: importancia de una sexualidad plena, riesgos de infecciones o de embarazo temprano, importancia del cuidado y la prevención, métodos anticonceptivos, y poder de decisión responsable, saludable y sin riesgos.
La CDMX en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, dentro del Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ha realizado 154.071 intervenciones.
B.Prevención y atención de la violencia en centros educativos
La LGDNNA señala la obligación de todas las autoridades de conformar una instancia multidisciplinaria responsable de establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de casos de maltrato, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de NNA en los centros educativos; así como de erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Esta ley opera con un complejo mecanismo de coordinación federal, estatal y municipal.
Hay una Metodología para la Armonización de la Estructura Normativa Administrativa de la SEP, con los principios constitucionales de DH, igualdad de género, no discriminación y erradicación de la violencia. En 2013, se incorporaron estos principios en las Reglas de Operación de los Programas del Sector Educativo.
Para enfrentar el problema de violencia en las escuelas, se realizó en 2013 la Encuesta Nacional Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior, para dimensionar y caracterizar la violencia escolar. El estudiantado que reporta hechos violentos de manera repetida, señala “haber sido ignorado” e “insultado” con porcentajes cercanos al 37%. Para las mujeres, el “hablan mal de mí” (30,3%) es el hecho más frecuente, para los hombres “me han insultado” con 46,9%. El 25,8% de las mujeres declaró haber experimentado violencia en cuatro o más ocasiones.
La SEP instrumenta medidas para prevención de la violencia contra mujeres y niñas, imparte materias que incluyen la PEG, y tiene 13 líneas de estudios e investigación en igualdad de género. Además, se implementaron acciones para prevenir violencia, acoso escolar, y para la atención inmediata de casos, su investigación y sanción. CONALEP implementó el Protocolo de Atención a la Violencia Escolar; el Colegio de Bachilleres tiene el Protocolo de Intervención contra la Violencia Laboral y/o Actos de Discriminación, desde 2013. El IPN implementó el Programa de Prevención, Atención y Sanción para Erradicar el Acoso y Hostigamiento en Espacios Laborales y Escolares. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene el Mecanismo para prevenir y atender casos de hostigamiento y acoso sexual. El Tecnológico Nacional de México, con 266 instituciones, tiene una Ombudsperson y una Red de Género que atiende la discriminación de género y la violación de los derechos de las mujeres. El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) tiene el Manual del Sistema de Gestión de Equidad de Género del SNIT. Ocho de 11 Universidades Interculturales (UI) fortalecen el ámbito académico y 50% tienen el programa Promoción de la Cultura de Género, para erradicar la violencia contra las mujeres, negociación del condón, igualdad de género y sexualidad.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar, en el marco de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar y los Lineamientos para la operación de la Estrategia de Formación Continua y Desarrollo Profesional, en educación básica, coadyuvan a la convivencia escolar pacífica con PEG, e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, DH, enfoque intercultural y erradicación de la violencia. Además, aplica los Lineamientos para la atención de quejas por maltrato o abuso a educandos en los planteles del Subsistema de Educación Media Superior dependientes de unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, dirigido a las autoridades educativas para la protección y atención de víctimas de violencia en centros escolares.
La SCJN, formuló seis tesis, en temas de bullying escolar y derecho a la educación. Elaboró el Protocolo de Actuación en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, e impartió el Curso-Taller de Sensibilización Equidad de Género y Prevención de la Violencia, en colaboración con la UNAM.
A nivel estatal hay 13 Unidades de Igualdad formalizadas con las Autoridades Educativas Locales. Durante 2014 y 2015, la SEP implementó acciones tendientes a prevenir la violencia laboral y docente en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género, en 26 EF, que incluye: armonización de documentos normativos para la erradicación de violencia escolar y de género en el sector educativo; elaboración del modelo y normativa necesaria de prevención y atención de violencia escolar y de género; campañas de difusión que promuevan una cultura institucional basada en el respeto a los DH, igualdad de género y erradicación de violencia de género.
VII.Salud
Los datos de la Encuesta Intercensal 2015, señalan que el porcentaje de población no afiliada a los servicios de salud se redujo entre 2010 y 2015, al pasar de 33,8 a 17,3%. El Seguro Popular (SP) en 2012 contaba con 52,9 millones (53,9% mujeres), en 2013 con 55,6 (54% mujeres), en 2014 con 57,3 (54,1% mujeres) y en 2015 con 57,1 (54,3% mujeres). Actualmente el SP destaca por el incremento de los padecimientos que atiende, en 2012 cubría 284 tipos de intervenciones, y en 2016 cubre 1.621; las y los beneficiarios del SP tienen derecho a recibir servicios de salud, medicamentos, diagnósticos y tratamientos.
Dentro del SP, como acción afirmativa en el marco de reducción de la mortalidad materna, está la estrategia “Embarazo Saludable”, para las mujeres que pertenecen a los deciles del I al VII, estén exentas de pago. En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se impulsa la afiliación, en 2015 se alcanzaron 9,1 millones de personas afiliadas al SP, por esta vía. El Programa IMSS PROSPERA que atiende básicamente a la población rural, marginada y en zonas urbanas pobres, promueve la afiliación al SP. Para garantizarles servicios de salud a las mujeres indígenas, la Secretaría de Salud afilió en el SP a 2,6 millones de ellas.
En 2015, se publicó la NOM-047-SSA-2015 para atender la salud del grupo de 10 a 19 años, facultando al personal de salud a proporcionar orientación, consejería y métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo no planeado. En 2016, se publicó la NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, respetando los derechos reproductivos de todas las personas para decidir el número de hijos que desean tener, el momento para tenerlos y el espaciamiento entre embarazos, así como a tener información para concretar sus deseos, y el derecho a obtener el mayor estándar de salud sexual y reproductiva. Para el acceso de las mujeres a los servicios de salud en casos de violencia familiar, sexual o contra las mujeres, se modificó la NOM-046-SSA2-2005 de aplicación obligatoria.
En 2015, el legislativo federal adicionó disposiciones a las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para universalizar la atención de las urgencias obstétricas, sobre todo de mujeres pobres o de zonas de alta marginación.
La LGDNNA establece el derecho a la protección de la salud de las NNA, el cual deberá ser garantizado por las autoridades de todos los niveles. La Ley exige desarrollar la atención sanitaria preventiva y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos de niñas y adolescentes, y proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva a las NNA, esta ley tiene mecanismos de implementación y coordinación.
En 2015, se inició la ENAPEA, cuya meta es reducir en 50% la tasa de fecundidad adolescente para 2030, y eliminar el embarazo de niñas menores de 15 años. Se han realizado más de cien acciones de prevención y atención, se capacitaron a más de dos millones de personas, incluyendo jóvenes, y ¿Cómo le hago?, tiene impacto en 40 millones de personas. Además, hay Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEAs), solo faltan seis EF.
El Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, con un enfoque de DH está orientado a: a) favorecer el acceso universal a información, educación y orientación en salud sexual y reproductiva para adolescentes, b) reducir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual en adolescentes, y c) incidir en los determinantes que impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y la salud reproductiva en población adolescente.
El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción 2013-2018 está orientado a (i) incrementar el acceso efectivo a servicios y mejorar la calidad de la atención en planificación familiar y anticoncepción; (ii) atender necesidades específicas de planificación familiar y anticoncepción de la población, particularmente de grupos en situación de desventaja social, y (iii) incentivar la paternidad activa y elegida y la responsabilidad del hombre en la planificación familiar y la anticoncepción.
La SS realiza desde 2014 la compra centralizada de anticonceptivos, con ello cada centro de salud cuenta al menos con 12 métodos anticonceptivos, incluyendo Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP) y anticoncepción de emergencia, asegurando el abasto. El Sistema Nacional de Información en Salud reporta 450.000 usuarias(os) adolescentes de anticonceptivos anualmente. Existen 1.494 servicios amigables disponibles en las 32 EF, que brindan atención a adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, y hay una red de casi mil promotoras(es) voluntarios para la prevención del embarazo. Tanto la SS, como el IMSS y el ISSSTE acordaron atender a adolescentes y jóvenes, independientemente de si están o no afiliados.
En coordinación con el UNFPA se diseñó la “Guía para la Acreditación de los Servicios Amigables para Adolescentes”. También se elaboró el “Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”, para estandarizar acciones de organización, capacitación y prestación de servicios en esta materia, alineados con la ENAPEA.
En México se registran casi 2,5 millones de nacimientos al año. Del Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal (PAE) 2013-2018, destacan dos objetivos: “1) propiciar el acceso universal de mujeres en etapas pre-gestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a servicios de calidad y respetuosos; 2) contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo.”
En 2015 se observó una reducción de muertes maternas, de 960 defunciones y una razón de muerte materna (RMM) de 42,3, en 2012, a 861 defunciones y una RMM de 38,2. Actualmente la RMM es de 31,7 defunciones por cada 100.000 nacimientos y las causas de defunción materna han cambiado: pasaron de causas obstétricas directas, a indirectas. Entre 2013 y 2015 se incrementó el número de mujeres que atienden su embarazo, el número de consultas prenatales promedio es 8,2, la atención del parto y la lactancia materna van en aumento, ésta última, acompañada por dos estrategias: Iniciativa Hospital amigo del niño y la niña, y Bancos de leche, (IMSS opera 43 de estos hospitales y un banco de leche). En 2015, se implementó la política Cero Rechazo en todo el Sistema Nacional de Salud; y en 14 estados la Estrategia de madrinas y padrinos comunitarios para el acompañamiento de las embrazadas, ante signos de alarma obstétrica.
La línea 01800 MATERNA nacional, brinda información en 13 lenguas indígenas. Se impulsa la partería tradicional y técnica, (hay 15.996 parteras registradas, 14.996 activas). Para asegurar la atención en complicaciones obstétricas en localidades dispersas, hay 110 Posadas de Atención a la Mujer Embarazada (AME), donde las mujeres reciben hospedaje, alimentación e incluso apoyo para cuidar de sus hijas e hijos; y existe el servicio de transporte AME.
Con el Modelo de Atención a la Salud Intercultural de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se atienden 230 jurisdicciones sanitarias con población indígena. En 2015, se contrataron 81 enlaces interculturales, hablantes de lenguas indígenas, en nueve estados, para apoyar en la atención obstétrica de mujeres indígenas, tanto en urgencias como en la consulta médica.
El INMUJERES y la CDI difunden la serie radiofónica por tu seguridad, hazle caso a las señales de tu cuerpo, que brinda a mujeres indígenas información sobre síntomas de alarma durante el embarazo, parto y puerperio; las cápsulas se transmiten en nueve lenguas indígenas.
En 2014 el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida (CENSIDA) presentó la Agenda política en materia de VIH y Sida. Dirigida a mujeres, desde el enfoque de género y de DH; en 2016, se concluyó el Plan para la Eliminación de la Transmisión Vertical del VIH y la Sífilis Congénita y los Algoritmos para la detección del VIH en mujeres embarazadas. Guía de consulta rápida. Se está trabajando en la modificación de la NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por VIH. Además, desde 2014 CENSIDA realiza acciones de acompañamiento para apoyar el traslado de las mujeres a los servicios de salud para su consulta y acceso a medicamentos.
En 2014 el artículo 30 de la LGV armonizó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, para que el personal de salud no pueda condicionar la anticoncepción de emergencia o la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violencia sexual, a la presentación de denuncia o querella. En 2016, se modificó la NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sexual, conforme a la LGV, ello obliga al personal de salud a proporcionar la interrupción del embarazo, con base en el dicho de la víctima o del solicitante, sin la obligación de verificar su veracidad. La SS informó a todo el país que independientemente de las modificaciones en sus Constituciones, respecto a la protección de la vida desde la concepción, subsistía la no punibilidad del aborto en el embarazo por violación, enfatizando la obligatoriedad de garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 y la profilaxis para evitar las infecciones, incluyendo VIH-SIDA, para ello capacitó a 8.575 médicos(as).
Para garantizar el acceso a las mujeres violadas a los Anticonceptivos de Emergencia (AE) y al tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, desde 2013 la SS adquiere y distribuye en las 32 EF un promedio de 124.500 tratamientos de anticoncepción de emergencia y más de 8.700 tratamientos profilácticos con medicamentos antiretroviral anualmente. El acceso a los AE en casos de violación es gratuito en todos los Hospitales Rurales y Unidades Médicas Rurales.
Respecto a la interrupción legal del embarazo, la LGV establece obligaciones para dar atención a las víctimas, que buscan garantizar sus DH. La Ley identifica medidas de ayuda inmediata a las que tienen derecho las víctimas, incluyendo la obligación de las instituciones hospitalarias públicas, tanto federales como estatales, de proporcionar atención de emergencia de manera inmediata, sin exigir condición previa para su admisión, y específicamente establece como servicio de emergencia médica la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
En contraste con este avance, 17 constituciones estatales protegen la vida desde la concepción, y los Códigos Penales de las 32 entidades determinan, de conformidad con el CPF, el delito de aborto.
VIII.Empleo y trabajo remunerado
La Ley Federal del Trabajo (LFT) fue reformada, incorporando conceptos como igualdad sustantiva, igualdad salarial, trabajo digno, prohibición del acoso y hostigamiento sexual, y laboral, no discriminación, paternidad y formación profesional, entre otros. La Ley actual tutela la igualdad, elimina la discriminación contra las mujeres y garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades laborales, así como el acceso a las mismas oportunidades; incorpora nuevas prohibiciones para las y los empleadores, como exigir certificados médicos de no embarazo, o coaccionar a una trabajadora embarazada para que renuncie. Regula la licencia de maternidad permitiendo transferir hasta cuatro de las seis semanas previas al nacimiento al período postparto, así como modificaciones de horarios para las madres lactantes. No obstante, aún hay modificaciones urgentes por realizar, sobre todo para personas en trabajos domésticos remunerados.
Respecto a la igualdad salarial, el índice de discriminación salarial nacional muestra una reducción, pasando de 8,3% en 2010 a 5,2% en 2016, pero la desigualdad salarial es considerable en algunas ocupaciones: funcionarios y directivos, las mujeres ganan 28,4% menos; y los trabajos industriales donde la diferencia es de 31,8%.
El Programa de Vinculación Laboral, que opera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), incluye bolsas de trabajo, ferias de empleo, programa agrícola temporal con Canadá, portales de empleo, sistemas estatales de empleo, y centros de intermediación laboral, ha colocado igual número de mujeres que de hombres.
En 2015 se publicó la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, para reconocer prácticas igualitarias e inclusivas que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres, que proporciona notables beneficios tanto a las y los trabajadores como a los centros de trabajo. En 2016, se han certificado 24 centros de trabajo, impactando a 28.581 personas (12.997 mujeres); 196 centros de trabajo están en proceso de certificación.
Se instrumentan numerosas políticas públicas para empoderar económicamente a las mujeres, emprendimientos y proyectos productivos para el ingreso de más mujeres al mercado laboral. En 2016 se lanzó el Programa Mujeres PYME, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas formales lideradas por mujeres, operado por INMUJERES, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor, para ofrecer financiamiento comercial hasta por cinco millones de pesos, con tasas de interés preferenciales, eliminación o disminución de garantías respecto a otros productos crediticios, además de acceso a herramientas para el fortalecimiento del negocio.
Hay mecanismos institucionales para el financiamiento a proyectos productivos de mujeres: el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, en esta Administración ministró 7.666,5 millones de pesos a Instituciones de Micro-financiamiento, con un aumento de 70,1%, respecto de los 3.576,8 millones de la anterior.
Las Instituciones de Micro-financiamiento otorgaron casi 3,6 millones de microcréditos en beneficio de tres millones de microempresarias/os (91,4% fueron mujeres), distribuidos en 2.084 municipios, en las 32 EF. Para el empoderamiento económico de las mujeres con micro-emprendimientos, 85,9% de más de 118.400 capacitaciones realizadas en esta Administración correspondieron a mujeres.
Otras instancias fomentan la igualdad laboral y la no discriminación: la SCJN acordó las Bases para Promover la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la SCJN; las Bases para Investigar y Sancionar el Acoso Sexual en la SCJN, y el Manual de Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral y/o el Acoso Sexual en la SCJN y .La SEDENA tiene: Guía de estímulos laborales, Programa de percepciones salariales homologadas y Licencias de paternidad; promueve el ingreso de mujeres a áreas masculinizadas y a puestos directivos; imparte talleres de conciliación ‘vida familiar y laboral’, y tiene un Comité de Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual, con un mecanismo de atención.
El IMSS modificó su Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos, contemplando el respeto a los DH y la igualdad, la erradicación de la violencia, y del hostigamiento o acoso sexual y/o laboral; tiene un Grupo de Trabajo para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso Sexual, orientado a fortalecer la igualdad de género y la atención de la violencia.
Para impulsar el principio “a trabajo igual, salario igual”, el INMUJERES promovió la incorporación de la PEG en los Criterios que deben aplicar las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo para el desarrollo del operativo de salario mínimo e igualdad salarial, y participó en la elaboración de criterios para el Operativo para promover el trabajo digno o decente, saludable y libre de violencia, para supervisar el respeto a los DH y a los derechos laborales por parte de las y los patrones.
El PRONAIND 2014-2018, fomenta criterios normativos que incrementen la contratación y permanencia de mujeres en puestos directivos y de toma de decisión; y el PROIGUALDAD tiene siete estrategias y 58 líneas de acción para impulsar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, decente y a recursos productivos.
CDMX tiene el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal, la Comisión Intersecretarial de Gasto para la Igualdad, y los Lineamientos para emitir convocatorias, procesos de selección, contratación y ascensos con enfoque de igualdad de género y de oportunidades para mujeres y hombres en la Administración Pública capitalina.
Trabajo doméstico remunerado
Desafortunadamente, el trabajo doméstico no fue objeto —en la reforma de 2012— de mayores modificaciones en el marco de la LFT, aunque estableció un apartado con los derechos básicos que debe garantizar el patrón/a, no se ampliaron los derechos laborales de estas personas, equiparándolos con los de cualquier trabajador. La Ley del Seguro Social tiene consideraciones especiales para este grupo, por ejemplo su afiliación es voluntaria.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, 68,5% de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, no cuentan con prestaciones laborales; en 2010, el porcentaje era de 76,3%, en suma, la obligación de que las y los trabajadores domésticos remunerados gocen de todos los derechos laborales, continúa pendiente.
PRONAIND y PROIGUALDAD contemplan estrategias y líneas de acción para que se reconozcan los derechos laborales de las y los trabajadores domésticos remunerados, enfocadas a la concreción de sus derechos, avanzar en su incorporación al régimen obligatorio de seguridad social, y la valoración del trabajo doméstico sin discriminación.
En el campo de la investigación, destaca el Tomo VI Sobre trabajo del hogar de la Colección Legislar sin Discriminación de CONAPRED y El trabajo doméstico en México: la gran deuda social de la STPS.
México aún no ratifica los Convenios 156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque fueron presentados sendos exhortos para ello.En 2013 se estableció la Mesa de Diálogo Especializada hacia la Implementación en México del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo del Hogar, donde participó la APF, así como autoridades y especialistas de otros países, para el conocimiento del problema, una estimación de los costos de la instrumentación y una hoja de ruta para la ratificación de este instrumento, elaborada por la STPS, con criterios de progresividad y gradualidad, para que los Convenios puedan ser ratificados.
IX.Participación en la vida política y pública
Desde 2014, derivado de la Reforma Constitucional en materia político-electoral, se garantiza la paridad de género en las candidaturas al Congreso de la Unión y a los Congresos Locales, ampliando los derechos políticos de las mujeres. Ese año, fue derogado el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y sustituido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y por la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), con ello, los partidos están obligados a garantizar paridad de género en el registro de candidaturas legislativas; determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad en el registro de las candidaturas, sin que se admitan criterios que permitan que se asigne a cualquier género distritos electorales donde los partidos hayan obtenido la más baja votación. De no acatarse esta legislación, la autoridad electoral impide el registro. Las 32 EF han legislado para incorporar la paridad en sus marcos normativos, en 12 constituciones estatales se reconoce la paridad, y cinco contemplan, además, la paridad en los ayuntamientos.
Con el proceso electoral federal 2014-2015, se alcanzó un porcentaje histórico de mujeres en la CD, 42,4%, en la LXIII Legislatura (2015-2018); los congresos locales en promedio alcanzaron 37,7% y en varios estados las mujeres superaron 50%. Respecto a presidencias municipales, el proceso electoral local 2015-2016 muestra que el porcentaje de presidentas municipales se incrementó de 8,9 a 13,4%.
Entre 2014 y 2016, el TEPJF resolvió impugnaciones sobre paridad de género en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular, federal, estatal y municipal, sus resoluciones dieron origen a seis jurisprudencias sobre paridad en las candidaturas entre mujeres y hombres a cargos de elección popular. La FEPADE, entre 2013 y 2016 registra 335 averiguaciones por denuncias de violencia política contra mujeres, además instrumentó los sistemas FEPADETEL y FEPADENET, para recibir denuncias y quejas. El INE tiene el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas, así como de Candidaturas Independientes, tanto para elecciones federales como locales, el sistema genera reportes de paridad de género.
En 2014, se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y existen 10 observatorios estatales. En 2016, se publicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que ha permitido emitir 8 sentencias contra la violencia política, y la “Guía para presentar una queja o denuncia sobre violencia política contra las mujeres en el INE”. A nivel local, seis entidades han incorporado la violencia política en su marco legislativo.
Para la participación política de mujeres indígenas y su acceso a la toma de decisiones, destaca la reforma constitucional a los Artículos 2 y 26. En 2013, la CDI y el TEPJF suscribieron un Convenio para desarrollar proyectos conjuntos que permitan el fortalecimiento, promoción y difusión de los derechos político-electorales de la población indígena. En 2014 y 2015, se suscribieron dos Convenios Específicos para continuar con estas acciones.
El INE tiene un programa para la participación política de mujeres indígenas, y este año publicó dos manuales para la formación y fortalecimiento de su participación. En 2015, financió 76 proyectos de OSC en 24 entidades, para promover la participación de mujeres en el ámbito público, desarrollando competencias cívicas y fortaleciendo liderazgos, 47 de ellos (61.8%) se centraron en mujeres indígenas; operó 81 Módulos de Atención Ciudadana itinerantes en áreas indígenas, para incorporar a la población al Padrón Electoral. Asimismo, instrumenta acciones de difusión en diferentes lenguas indígenas. La FEPADE a partir de 2015, fomenta la participación de mujeres indígenas en la vida política.
Entre 2013 y 2015, la CDI promovió la formación de liderazgos de mujeres indígenas beneficiando a 5.029 personas (5.023 mujeres); apoyó el Diplomado para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas, desarrollado por la UNAM y otras instancias, beneficiando a 80 mujeres; además, la CDPIM impulsa la paridad en las comunidades regidas por usos y costumbres, incluyendo propuestas legislativas y normativas, donde enfatizan los derechos de las mujeres indígenas. A nivel estatal, el INE trabaja con diferentes pueblos originarios, promoviendo la integración de mujeres indígenas en órganos de representación.
El Estado mexicano tiene claro que el avance político de las mujeres, puede detonar violencia política, sobre todo en comunidades indígenas; por ello, en 2016 creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, para que puedan acceder de manera gratuita a la defensa de sus derechos político-electorales. Además, sobre la tutela judicial de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, el TEPJF resolvió diversos medios de impugnación y garantizó la participación de las mujeres en elecciones regidas por sistemas normativos internos.
Derivado de la reforma político-electoral de 2014, los partidos políticos tienen que destinar 3% del financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; las EF en sus legislaciones tienen porcentajes que van del 3% al 5%. El INE tiene los Criterios para la evaluación de los Programas Anuales de Trabajo, el Sistema Integral de indicadores mediante semáforos de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos” y el “Seguimiento del ejercicio de actividades del Liderazgo Político de las Mujeres, herramientas útiles para el monitoreo de los recursos. Se tiene el Informe de la revisión de la programación de los 14 programas anuales de trabajo de los partidos políticos, como referente para la fiscalización de los recursos destinados a desarrollar el liderazgo político de las mujeres, y con la Metodología de Evaluación de Impacto del Gasto Programado, para saber si los partidos políticos cumplen con la ley.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur investigó el financiamiento de los partidos políticos para el liderazgo político de las mujeres, concluyendo que entre 2010-2014, más partidos asignan recursos. El Instituto Electoral de Colima impuso sanción al Partido Encuentro Social por no acreditar destinar 3% del presupuesto a la capacitación y liderazgo de las mujeres. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, observó —en 2014— el incumplimiento de 11 partidos políticos por no destinar recursos para el liderazgo de las mujeres, e impuso sanciones.
El Estado mexicano considera como áreas de especial atención el empoderamiento político de las mujeres, una mejor fiscalización de los recursos para el liderazgo femenino, y un mayor desarrollo de liderazgo político para las mujeres que desean ser candidatas independientes.
X.Defensoras de los derechos humanos y periodistas
Para la operación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2012 se publicó su Reglamento, y las modificaciones al Mecanismo de Protección, reduciéndose los plazos para realizar el estudio de evaluación de riesgo. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, analiza, implementa, evalúa y decreta las medidas de protección idóneas, aprobadas por la Junta de Gobierno integrada por SEGOB, PGR, SRE y CNDH.
CNS y el Consejo Consultivo. Desde su implementación y hasta 2016 el Mecanismo de Protección ha beneficiado a 612 personas, de las cuales 262 son mujeres (84 periodistas y 178 defensoras de DH) y 350 hombres (164 periodistas y 186 defensores de DH).
El Mecanismo de Protección, junto con la Organización Freedom House, realiza el fortalecimiento técnico, la mejora metodológica y de procesos y procedimientos en las etapas de recepción de casos, evaluación de riesgos e implementación de medidas de protección; hay una metodología para efectuar análisis de riesgo con PEG, considerando niveles de discriminación y/o violencia contra las mujeres, condiciones de riesgo, entornos cultural, social, económico, institucional y laboral, en los que habitan o desarrollan su labor, y pondera su pertenencia a organizaciones, grupos y redes de trabajo, así como sus relaciones familiares.
A septiembre de 2016, se han elaborado 710 estudios de evaluación de riesgo, 308 corresponden a mujeres. El Mecanismo de Protección tiene un fondo para la protección de personas defensoras de DH y periodistas.
La FEADLE capacita al funcionariado público de los tres niveles de gobierno, periodistas y personas relacionadas con la libertad de expresión y derecho a la información en todo el país: Curso Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de Protección, y Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; desde 2013 ha capacitado a más de 6.000 servidoras(es) públicos y personas relacionadas con la libertad de expresión.
Se reformó el Artículo 73 Constitucional para facultar a las autoridades federales a investigar los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística. Desde 2013, la FEADLE, está facultada para conocer los delitos del fuero común cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, actualmente tiene mayor autonomía, recursos y fortalecimiento técnico y y ha ejercido su facultad de atracción en 48 indagatorias estatales, determinado 31, y en 2015, tiene el registro más alto de acción penal con 21 consignaciones.
Se promovió la creación de leyes estatales para la protección de periodistas y defensores de DH, concretando entre 2013 y 2016 la aprobación de leyes en 11 estados y normatividad en otros 11 que protege a periodistas y personas defensoras de los DH.
Existe el Protocolo de Acompañamiento a Personas Periodistas, el Diagnóstico sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos en el Distrito Federal. Políticas Públicas en la Ciudad de México sobre Protección y Justicia para Quienes Defienden los Derechos Humanos. El Manual y Protocolo para la elaboración de políticas públicas de Derechos Humanos conforme a los nuevos Principios Constitucionales.
La CNDH emitió en 2016 dos recomendaciones: Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y Sobre agravio a personas defensoras de DH, con base en las quejas atendidas anualmente, y el número de homicidios de periodistas registrados; tiene 176 averiguaciones para investigar agravios a periodistas y medios de comunicación; registra que, de 2012 a 2015, se han integrado 208 expedientes de personas defensoras; observa un incremento en el número de defensoras(es) civiles asesinadas, destacan Chihuahua, Guerrero y Oaxaca con la mayor incidencia.Por ello, emitió 21 medidas cautelares en los casos de riesgo a la integridad física de defensores civiles, y 32 en favor de periodistas y medios de comunicación.
XI.Programas y políticas de combate a la pobreza con PEG
La mayor parte de los programas para la eliminación de la pobreza son financiados por el ejecutivo federal, tienen una clara PEG y un enfoque multidimensional. El marco normativo que protege los derechos de las mujeres refuerza los instrumentos programáticos para normar la incorporación de la PEG, en la planeación y presupuestación, incluyendo el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los Lineamientos para la Incorporación de la PEG en los Programas Presupuestarios Federales, con énfasis en las mujeres indígenas y rurales, establecen incluirlas en los programas y tienen incidencia en 67 programas con Reglas de Operación, 24 tienen presupuesto etiquetado para la igualdad de género.
Aunque los avances no son suficientes, respecto a la tenencia de la tierra y la participación de las mujeres en cargos de decisión en los ejidos y comunidades, ésta va en aumento. Las mujeres con derechos agrarios en ejidos, comunidades, posesionarias y avecindadas, ya alcanza casi un 30%, y actualmente hay alrededor de 44.000 mujeres en puestos de decisión.
En 2014 se registraron 28,5 millones de mujeres en situación de pobreza, 78,4% de población hablante de lengua indígena. PROSPERA tiene un 25% de mujeres indígenas en su padrón y 95% de las transferencias las entrega a mujeres de las familias en condición de pobreza. Se han instalado 5.158 comedores comunitarios en 21 EF y 453 en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH).
Se han construido 287.000 Cuartos Rosas para las familias de bajos ingresos, y se encuentran 165.000 en construcción.
La CDI fusionó programas de apoyo a proyectos productivos para las mujeres indígenas, mejorando su eficiencia e incrementando las políticas de igualdad con enfoque intercultural. El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, promueve intensamente la igualdad de género, la salud reproductiva, el acceso a la justicia, la prevención de violencia intrafamiliar y la trata de personas, en 36 lenguas, (difunden también traducciones de CEDAW, CBP, protocolos de justicia y leyes nacionales).
Las becas de PROSPERA en 2016 benefician a 6,2 millones personas, igual número de mujeres que de hombres en educación básica y en media superior, más mujeres que hombres cuentan con una beca (608.000 mujeres y 587.000 hombres).
El sector educativo promueve la educación para la superación de la pobreza, el PNB prioriza candidatas mujeres provenientes de municipios rurales, indígenas, que habitan en las zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo humano; alumnas embarazadas, madres jóvenes o madres jóvenes embarazadas, reciben becas para que inicien, retomen, permanezcan o concluyan sus estudios. De 2013 a 2015, se otorgaron más de 28.000 becas en 546 municipios indígenas; además, de becas a 36.622 adolescentes en 640 municipios de la CNcH. En educación superior, en los ciclos 2013-2014 y 2014-2015, se benefició a 26.245 y a 29.758 mujeres indígenas, respectivamente.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo otorga becas mensuales a las NNA de comunidades rurales sin servicios educativos que tienen que trasladarse a otras comunidades, incluyendo a los que tienen discapacidad, aun si están ubicados dentro de su propia localidad. En 2014 y 2015 se atendió a más de 68.000 estudiantes, 51% de mujeres y 49% de hombres.
Uno de los elementos estratégicos para la superación de la pobreza es la inserción de las mujeres, especialmente indígenas, en la educación superior; por ello en Bachillerato y las UI se promueve el acceso de los y las jóvenes indígenas. En apenas dos años de operación, el Bachillerato Intercultural alcanzó una matrícula de más de mil estudiantes en cinco entidades del país (Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa y Yucatán), 49% de mujeres y 51% de hombres.
Las UI, ubicadas en Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Estado de México, matricularon para el ciclo 2015-2016: 7.551 mujeres (54%) y 6.456 hombres (46%). Ocho de las once UI reciben apoyo, para fortalecer el ámbito académico, 50% operan un programa de Promoción de la Cultura de Género, que incluye erradicación de violencias contra las mujeres, negociación del condón, igualdad de género y sexualidad, entre otros.
XII.Las familias y las relaciones matrimoniales
La iniciativa de ley que reforma los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal, para ampliar el catálogo de bienes que constituyen la sociedad conyugal, considerando los bienes intangibles, las prestaciones relacionadas con el empleo (pensión y prestaciones de seguro), medidas para garantizar, en caso de divorcio, la proporción de bienes y alimentos entre los cónyuges para cumplir con la subsistencia y necesidades de los hijos, así como para garantizar a la mujer el derecho a recibir alimentos en caso de divorcio por mutuo consentimiento, está en proceso de dictaminación en la CD. 25 estados cuentan ya con medidas jurisdiccionales para reconocer los bienes tangibles e intangibles como parte de los bienes gananciales a dividir en caso de divorcio.
En cinco EF se creó la figura de banco de deudores alimentarios, para exigir el cumplimiento de la obligación. La SCJN determinó que la mujer que demanda el pago de alimentos entre cónyuges, con el argumento de que se dedicó al trabajo del hogar, cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos. En 75% de las entidades, se reconoce el trabajo sin remuneración que realizan las mujeres en sus hogares, y en 78% se consideran las disparidades económicas entre cónyuges, para casos de divorcio, y el otorgamiento de alimentos con PEG.
El Programa de Estancias Infantiles opera también en localidades indígenas y beneficia a más de 278.000 hogares por debajo de la línea de bienestar. El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia da tranquilidad a 6,2 millones de jefas de familia en condición de pobreza o vulnerabilidad.
La Pensión para Adultos Mayores beneficia a casi 5.5 millones de personas mayores. Al tercer trimestre de 2016 el programa incluye en su atención a 144.287 personas en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria.
Entre 2013 y 2015, el CJF dictó 20 sentencias de amparo reconociendo bienes tangibles e intangibles como parte de los bienes gananciales que deben dividirse en caso de divorcio y estableciendo mecanismos de reparación considerando disparidades económicas entre cónyuges y el trabajo sin remuneración de las mujeres; se dictaron 219 sentencias en juicios de amparo directo, 100 sentencias en juicios de amparo en revisión y 225 sentencias en juicios de amparo indirecto, con repartición de bienes por separación o divorcio. A nivel federal se dictaron 74 sentencias en juicios de amparo directo, seis en juicios de amparo en revisión y nueve en juicios de amparo indirecto, para pensiones solicitadas por mujeres con motivo del trabajo doméstico.
La LGDNNA estipula la obligación de establecer 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, para la protección de niñas y adolescentes frente a matrimonios forzados. Actualmente 19 entidades federativas lo han hecho, sin ningún tipo de dispensa.
No hay una Ley de Paternidad Responsable, pero se instrumentaron medidas a su favor: la LFT incorporó la licencia de paternidad, y en 2016 se reformó la LGIMH para el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, y todas las dependencias tienen la obligación de otorgar la licencia de paternidad. Lo mismo ocurre con el poder judicial federal que incluye licencias de cuidados maternos y paternos, en favor de las/os servidores públicos.
Coahuila y CDMX tienen los Lineamientos de Paternidad y Maternidad Responsable, para garantizar la convivencia armónica y equilibrada de las familias y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (en su mayoría varones). El Código Civil del Estado de México señala que en caso de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, con base en los principios de equidad y proporcionalidad”.
XIII.Avances en las entidades federativas
Las 32 EF del país están modificando su marco jurídico-normativo para garantizar los derechos de mujeres y niñas, incorporando avances legislativos, eliminando aspectos discriminatorios y excluyentes, para lograr la armonización legislativa, acorde con los instrumentos internacionales y federales vigentes. Hacen esfuerzos para contar con instrumentos programáticos y políticas públicas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, desarrollando programas estatales de igualdad y de combate a la violencia contra las mujeres. Los esfuerzos estatales y los mecanismos de coordinación, con incidencia en cada entidad, se han incrementado y fortalecido, centrados en las esferas de la Agenda de Género, que cada estado prioriza.
Cada EF enfrenta distintos retos para garantizar los derechos de las mujeres en sus estrategias para alcanzar la igualdad sustantiva; el combate a la violencia, la erradicación de la discriminación y el acceso a la procuración e impartición de justicia para las mujeres; el crecimiento, desarrollo y progreso de sus comunidades y localidades; así como la defensa cotidiana de los DH. En el anexo 55 se encuentran estos avances y las buenas prácticas de las EF.
XIV.Caso Atenco y Campo Algodonero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a México, este año, su decisión de enviar el caso “Mariana Selvas Gómez y otras” a la CorteIDH para que considere la idoneidad de las medidas de reparación, bajo los estándares interamericanos. El Estado mexicano reconoció en 2013 su responsabilidad y ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para garantizar justicia, sancionar a los responsables, adoptar medidas de reparación y medidas estructurales para evitar la repetición de estos hechos.
Hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), conforme a lo mandatado por la SCJN hizo cambios relevantes en sus procesos y creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que cubre medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud, médica y psicológica, y la entrega de viviendas; y modificó su legislación local en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública.
El Estado tiene protocolos de actuación ministerial con PEG, incrementó los CJM y está consolidando los sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; implementó acciones en los ámbitos local y federal para erradicar los factores estructurales que dieron origen a violaciones de DH.
El Estado de México tiene el Programa contra la Trata de Personas, instaló 124 Sistemas Municipales para la igualdad de trato y oportunidades, y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Expidió cinco leyes para erradicar la tortura y otros delitos, incluyendo cualquier tipo de violencia de género, y reformó sus Códigos de Procedimientos Penales en materia de violencia contra las mujeres. Elaboró siete protocolos de actuación sobre: tortura, feminicidio, libertad sexual, personas desaparecidas, maltrato a víctimas, y otros delitos en general que incluyen violencia de género. Y creó el Grupo Especial de Trabajo para el Caso Atenco.
En el ámbito federal se crearon seis programas y mecanismos enfocados a prevenir, atender y erradicar la violencia de género y todo tipo de delito cometido en contra de las mujeres, se instalaron centros de atención para los derechos de las mujeres, redes ciudadanas y redes interinstitucionales. Y, para garantizar la no repetición, si hicieron profundas modificaciones y reformas legislativas y normativas.
Para reparar integralmente a las víctimas y en seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, se incluyeron medidas de: restitución, rehabilitación, satisfacción, compensación económica y atención médica.
A la fecha la PGJEM ha consignado por tortura a 48 personas, argumentó la imprescriptibilidad del delito, basándose en estándares internacionales, con control de convencionalidad, consiguiendo que 32 personas fueran llevadas a la justicia por tortura y/o por las omisiones que cometieron.
Respecto a los 14 resolutivos de la Corte IDH en el caso González y otras (Campo Algodonero), están cumplidos del 15 al 18, 20, 22, 23 y 25; en proceso 12, 13, 14, 19, 21 y 24. El Estado mexicano continúa los procesos penales en curso e implementó medidas comprobables para continuar la investigación, persecución y sanción de los responsables: firmó dos convenios de coordinación para políticas públicas de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y niñas, que transfieren recursos federales a Chihuahua para el cumplimiento de la Sentencia del Campo Algodonero; conformó un Equipo Internacional de Peritos, para coadyuvar a que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género investigue con PEG, atendiendo los protocolos de actuación en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres; y para mejorar los procesos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género.
Se elaboró un inventario de evidencias del caso Campo Algodonero; se creó la Unidad de Análisis e Información Criminal en Ciudad Juárez, en 2014; existen Protocolos de actuación en delitos competencia de la Fiscalía General del Estado, y se establecieron las bases mínimas legales para la actuación de los cuerpos policiacos, con respeto de los derechos fundamentales de las personas.
A nivel federal se elaboraron cinco protocolos sobre violencia contra las mujeres, búsqueda de personas, tortura, delitos y feminicidio; y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), para personas no localizadas denunciadas ante la autoridad ministerial.
La Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, coordinó el Grupo de Trabajo de Atención a Víctimas de 2012 a 2015, para impulsar acciones de coordinación entre las autoridades competentes para la resolución de casos de mujeres desaparecidas. Ante los avances en el cumplimiento de la sentencia, este asunto pasó al pleno de la Subcomisión.
XV.Estadísticas
La información estadística que se genera en México, proviene de tres fuentes: censos, encuestas y registros administrativos, las mismas que deben integrarse para contar con un adecuado sistema de información estadística para mujeres y niñas.
Los censos nacionales de gobierno vinculan cuatro proyectos: los Censos Nacionales de Procuración de Justicia estatal y federal, y los Censos Nacionales de Impartición de Justicia estatal y federal, con estadísticas sobre gestión y recursos de las instituciones de procuración de justicia en el país, y del poder judicial.
En 2015 inició un proyecto estadístico para el aprovechamiento de registros administrativos sobre impartición de justicia en los Tribunales Superiores de Justicia de los estados.
El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) tiene la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana desde 2013, sobre las percepciones sobre la seguridad pública; la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, anualmente permite estimar la prevalencia e incidencia delictiva, en hogares y personas, y genera información sobre la percepción de la seguridad pública y la actuación de las autoridades. Este año el cuarto levantamiento de la ENDIREH dará nuevos datos de violencia contra las mujeres. Y ya es considerada información de interés nacional.
Respecto a los registros administrativos, el SNIEG elabora las “Estadísticas de los organismos públicos de DH”. El registro de órdenes de protección abarca al cierre del 2015, 30 Tribunales Superiores de Justicia y 28 procuradurías estatales.
México lleva un registro de Personas No Localizadas, integrado con datos de las Procuradurías y Fiscalías de todo el país. El RNPED está permanentemente actualizado y de uso público.
Derivado de la necesidad de contar con un sistema que permita integrar la información para medir y caracterizar la violencia contra las mujeres, en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con PEG del SNIEG, se decidió diseñar un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que estará listo este año y articula al menos 28 proyectos estadísticos.
Ante la necesidad de tener sistemas de información integrales y homologados, se está trabajando con el Poder Judicial —federal y estatal— en la definición de procesos homologados para la integración de registros y la recolección de información, incorporando datos mucho más completos de víctimas y agresores. El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, ya tiene el sistema informático completo y lo ha compartido con las demás EF. Adicionalmente, para fortalecer los sistemas estadísticos e informáticos en los 32 tribunales de justicia, se creó la Red de Estadísticas Judiciales, en el marco de la CONATRIB.
En relación con las estadísticas de procuración de justicia, si bien 28 entidades tienen sistemas para registrar los datos sobre violencia contra las mujeres, los registros no están homologados, no tienen las mismas clasificaciones, y no captan los mismos datos. En suma, la generación de datos de las procuradurías en todo el país, es una tarea pendiente.
Aún no hay un registro confiable de los feminicidios ocurridos, se usan como proxi las defunciones femeninas con presunción de homicidio. En 2012 se registraron 2.768 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, en 2015, 2.246, el promedio diario de mujeres asesinadas bajó de 7,6 a 6,1.
En cuanto a las estadísticas del uso del tiempo, en 2014 se realizó el tercer levantamiento. Esta encuesta es fundamental para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, para reducir las brechas de desigualdad y permite la elaboración de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado que se realiza en los hogares.
Finalmente, para la incorporación de la PEG en la producción de estadísticas, en 2015 se aprobaron los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en el SNIEG.
Bases de datos
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, administra la Base de Datos de Personas No Localizadas del Fuero Común, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, que opera con tres mecanismos. La CNPJ creó la Red Especializada de Búsqueda de Personas (REBUP), actualizada por todas las Procuradurías y Fiscalías del país, y aprobó la estandarización de los conceptos de las bases de datos de personas no localizadas de las EF. La PGR implementó la “Bases de Datos Genético Forense” para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
El Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR, inició en 2014 la captura de los datos de las personas No-Localizadas y Localizadas. A partir de 2015, bajo el SJPA los datos de las víctimas son muy relevantes, la PGR mediante su Sistema Justicia@.Net, captura estos datos. El Sistema de Gestión de Información Ante Mortem/Post Mortem, opera en el marco del Convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja desde finales de 2015, esta Base de Datos AM/PM, se encuentra en todas las delegaciones de la PGR, en las procuradurías, fiscalías y servicios médicos forenses de todas las EF.
La Asesoría Jurídica Federal tiene una base de datos sobre la atención brindada a las víctimas de delitos y de violaciones de DH, entre las cuales se encuentran los casos de trata de mujeres.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) genera irregularmente información de 22 EF, aunque se le han hecho mejoras, y se han capacitado más de 1.200 personas para su manejo: El BANAVIM tiene problemas de homogeneidad, oportunidad, obligatoriedad, y calidad de información. En 2016 SEGOB decidió rediseñar el Banco.
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Puebla tienen bases de datos de violencia contra las mujeres. CDMX tiene un sistema de información que vincula los datos de procuración con impartición de justicia, y permite el seguimiento de cada delito. Sinaloa, tiene el “Sistema Estatal de Indicadores de Género del Estado”. Baja California cuenta la “Base Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres”. Campeche con el “Sistema de indicadores para el seguimiento de brechas de género”. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua tiene dos laboratorios de genética forense. Chihuahua tiene el Sistema Estatal de Registros de ADN, para la identificación forense, y con el Servicio Médico Forense Estatal (SIEC) responsable del registro de ingresos y egresos en el SEMEFO.