64º período de sesiones

4 a 22 de julio de 2016

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Nota: El presente documento se distribuye en español, francés e inglés solamente.

Lista de cuestiones y preguntas relativas a los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Malí

Contexto general

Desde que los grupos islámicos radicales (yihadistas) ocuparan el norte y el centro de Malí en 2012, el Estado parte ha afrontado tiempos difíciles marcados por una administración pública al borde del colapso, el cierre de escuelas, la destrucción de establecimientos de atención médica y el desplazamiento de poblaciones hacia el sur de Malí y países vecinos. Las constantes hostilidades en el Estado parte han acarreado graves consecuencias para los civiles, en particular las mujeres, que afrontan mayores niveles de discriminación y violencia, incluida la violencia sexual. En consecuencia, se ha retrocedido en el acceso de los grupos más vulnerables a la atención médica y la educación, lo que ha aumentado la inseguridad, la escasez de alimentos y la prestación insuficiente de asistencia sanitaria, en particular en la región del norte. Esto también ha repercutido de forma negativa en la aplicación de la Convención. Como se señala en la Recomendación general núm. 30 (2013) del Comité sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, el Estado parte tiene la obligación de aplicar la Convención en todas las situaciones de crisis, incluso durante los conflictos, por lo que rogamos proporcionen información sobre las medidas y mecanismos existentes para mitigar los efectos del conflicto en la vida de las mujeres y las niñas, protegerlas de la violencia y asegurar que la discriminación profundamente arraigada de mujeres y niñas no siga aumentando. Asimismo, faciliten por favor información sobre el tipo de medios de subsistencia alternativos que se han proporcionado a las familias para su supervivencia y la asistencia prestada, en particular para los hogares encabezados por mujeres.

Marco legislativo e institucional

Sírvanse indicar si el Estado parte prevé llevar a cabo, en un plazo concreto, el examen pendiente desde hace tiempo de su legislación, en particular del Código de la Familia, para determinar y revocar las disposiciones discriminatorias contra la mujer, especialmente las disposiciones que reducen la edad para contraer matrimonio de los 18 a los 16 años en el caso de las mujeres y las disposiciones que otorgan a los progenitores permiso legal para dar en matrimonio a sus hijas menores de edad que hayan alcanzado, conforme a la tradición, el nivel mínimo de madurez, que es el primer ciclo menstrual. Sírvanse ofrecer información sobre las medidas adoptadas o previstas para armonizar la legislación a fin de eliminar la discriminación de las mujeres generada por la actual coexistencia del derecho escrito, consuetudinario y religioso que definen los derechos de la mujer, en particular el derecho de la mujer a la tierra, incluida la herencia de tierra.

Acceso a la justicia

En los informes sexto y séptimo combinados (CEDAW/C/MLI/6-7) del Estado parte se indica que, en relación con el acceso a la justicia, las mujeres topan con obstáculos como, por ejemplo, procedimientos judiciales engorrosos, la falta de información y asistencia, las demoras administrativas, las altas costas judiciales y la ausencia de sensibilidad hacia las cuestiones de género y los derechos de la mujer por parte de algunos agentes judiciales y auxiliares de justicia (párrs. 201 y 210). Facilítese información sobre las medidas, además de los servicios de asistencia jurídica, adoptadas para superar los impedimentos que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia y, en particular, la insensibilidad de los agentes judiciales y auxiliares de justicia en materia de género y las referencias mínimas que los jueces hacen a la Convención para respaldar sus decisiones. Sírvanse explicar cómo ha contribuido el programa de reforma del sector judicial a la eliminación de esos impedimentos. Proporcionen también información sobre los recursos asignados al fondo de asistencia jurídica y sobre las condiciones para poder acceder a él. Indiquen por favor el número de mujeres que se han beneficiado del fondo.

Sírvanse presentar información sobre las iniciativas llevadas a cabo para impartir formación a los profesionales del derecho, en particular a los jueces, los fiscales y los abogados, así como a otros actores con responsabilidad en la aplicación de las disposiciones de la Convención. Rogamos que indiquen también las medidas que se han tomado para garantizar que los sistemas de justicia consuetudinaria no discriminen a las mujeres.

Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer

Se indica que el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia elaboró un documento marco para el período de 2008 a 2012 orientado a fomentar las capacidades económicas de las mujeres, desarrollar el liderazgo femenino y promover la perspectiva de género en los proyectos y programas (párr. 21). También se afirma que el Estado parte aprobó una política nacional de género y un plan de acción para el período de 2011 a 2013 (párr. 22). Sírvanse ofrecer información sobre si se ha realizado una evaluación de los efectos de los programas y el plan de acción para constatar si se han logrado progresos en el adelanto de la mujer gracias a la aplicación de estas iniciativas. Faciliten información también sobre las medidas previstas por el Estado parte como seguimiento del documento marco y el plan de acción ya expirados.

Se indica que una auditoría de la Dirección Nacional para la Promoción de la Mujer puso de relieve que existían inconvenientes y deficiencias en la organización y las modalidades funcionales de la Dirección (párr. 9). Sírvanse indicar, en particular, las medidas adoptadas para garantizar que la Dirección disponga de suficiente capacidad de decisión y los recursos financieros y humanos necesarios para desempeñar sus actividades. Indiquen también si hay instituciones encargadas de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel regional, municipal y comunitario y, de ser así, si se garantiza la coordinación entre la Dirección y las instituciones subnacionales.

Estereotipos y prácticas nocivas

La circuncisión femenina, el matrimonio forzado o el matrimonio a edad temprana figuran entre las prácticas que el Estado parte considera perjudiciales para la salud de las mujeres y los niños (párr. 133). Además, en el informe con fecha de 12 de marzo de 2013 del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/23/6), se afirma que el Estado parte aceptó la recomendación de promulgar legislación que prohíba todas las formas de la práctica tradicional de la mutilación genital femenina, de conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité y el Comité de los Derechos del Niño (ibid., párr. 112.18). Rogamos proporcionen información sobre las medidas adoptadas para eliminar esas prácticas y evaluar la repercusión de las iniciativas puestas en marcha para educar y concienciar sobre el efecto perjudicial de este tipo de prácticas en las niñas y las mujeres. Por favor indiquen también las medidas previstas con el fin de acelerar la aprobación y la entrada en vigor de legislación que penalice todas las formas de mutilación genital femenina y el matrimonio infantil o forzado.

Violencia contra la mujer

La información de que dispone el Comité indica que la violencia doméstica, incluidos el incesto y la violación conyugal, y la violencia y el acoso sexuales suceden de forma generalizada, aunque no se dispone de datos específicos sobre su prevalencia. Sírvanse facilitar información detallada sobre la situación actual y las tendencias observadas con respecto a la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el incesto, la violación y la violación conyugal, y sobre el número de enjuiciamientos y condenas en todos los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, expliquen si el Estado parte prevé la recogida y el análisis sistemáticos y periódicos de datos e información sobre todas las formas de violencia contra la mujer.

La información de que dispone el Comité indica que en 2006 se puso en marcha un plan de acción nacional de cinco años para combatir la violencia contra la mujer. Sírvanse indicar si se llevó a cabo una evaluación de los efectos del plan de acción y, de ser así, qué resultados se obtuvieron. Proporcionen información sobre si el Estado parte prevé adoptar una estrategia nacional para combatir la violencia contra la mujer, incluida una ley específica que prohíba todas las formas de violencia contra la mujer y que, entre otras cosas, penalice la violación conyugal. Sírvanse explicar si existen servicios de acogida para mujeres que son víctimas de violencia en la familia e indiquen las medidas adoptadas para proporcionar recursos y asistencia, así como servicios de asesoramiento y rehabilitación dirigidos a todas las víctimas de la violencia doméstica.

Violencia contra la mujer en situaciones de conflicto

En el informe del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Malí de 9 de enero de 2015 (A/HRC/28/83 y Corr.1), se menciona que, durante el conflicto, las fuerzas armadas malienses violaron a mujeres y también a niñas menores de edad. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también indicó en su informe de 26 junio de 2013 (A/HRC/23/57) que se habían presentado denuncias de secuestro y violencia sexual contra mujeres y niñas, especialmente mujeres songhai y bella, por miembros de grupos armados, entre ellos el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, Al-Qaida en el Magreb Islámico, el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental y Ansar Eddine, en el norte del país entre enero y diciembre de 2012. Sírvanse facilitar datos sobre el número de mujeres que fueron víctimas de violencia y los servicios ofrecidos para su rehabilitación y sobre las medidas adoptadas para garantizar la acusación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia durante el conflicto y el número de casos de este tipo.

Trata y explotación de la prostitución

En el informe se señala que se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir la trata de personas (párr. 46). Indiquen por favor si ya se ha aprobado esa ley y, de no ser así, indiquen las medidas previstas para acelerar su aprobación y entrada en vigor. Sírvanse ofrecer datos desglosados por sexo sobre la trata de personas, en particular sobre el número de víctimas, casos investigados, causas incoadas y condenas y sobre el castigo de los autores. Asimismo, faciliten información sobre las disposiciones jurídicas en relación con la penalización de la prostitución e indiquen las medidas adoptadas para proporcionar alternativas educativas y económicas a la prostitución y poner en marcha programas de abandono de esa actividad, así como medidas de rehabilitación y reinserción para las mujeres que deseen dejar la prostitución.

Participación en la vida política y pública

Una de las recomendaciones incluidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal fue que el Estado parte velara por el pleno respeto de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad en la gestión del conflicto, en particular garantizando la participación efectiva de las mujeres en el diálogo político (A/HRC/23/6, párr. 111.30). Sírvanse informar sobre la participación de las mujeres en la consolidación de la paz en los niveles de responsabilidad decisoria, de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad. Indiquen también cómo tiene previsto el Estado parte aplicar las disposiciones de la Convención en los diálogos y negociaciones de consolidación de la paz, en consonancia con la Recomendación general núm. 30.

Se señala que se están celebrando debate sobre la elaboración de una ley de cuotas por la que se asigne a las mujeres el 30% de todos los puestos cubiertos por designación y elección. Por favor indiquen el plazo para la aprobación del proyecto de ley propuesto y las medidas adoptadas para superar los obstáculos socioculturales que dificultan su aprobación. También se menciona el plan de acción 2012-2015 para la participación y mayor representación de las mujeres en las elecciones generales (párr. 49). En vista de la escasa representación de las mujeres en los cargos electivos y designados, rogamos que informen sobre nuevas medidas previstas para lograr una representación igualitaria de mujeres y hombres en puestos de adopción de decisiones a los que se accede por designación, en el Gobierno, la Asamblea General, el sistema judicial, el funcionariado a nivel nacional, provincial y municipal y el servicio diplomático, incluso mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la Recomendación general núm. 25 (2004) del Comité relativos a este tipo de medidas.

El Comité ha sido informado de que existe un número desproporcionadamente alto de mujeres sin documentos de identidad, lo cual les impide votar. Indiquen las medidas adoptadas y previstas para resolver esa situación.

Educación

Se mencionan (párr. 57) diversas medidas que se han adoptado para aumentar el acceso de las mujeres y las niñas a la educación y se señala que se han logrado efectos positivos en algunas zonas (párrs. 58 y 59). También se identifican deficiencias y obstáculos para la educación de las niñas, como la alta tasa de deserción escolar debido al matrimonio infantil o forzado y el trabajo infantil. La baja tasa de alfabetización de las mujeres se atribuye al embarazo precoz y las funciones de reproducción social de las mujeres adultas, especialmente en las zonas rurales, así como a otros factores como la falta de materiales educativos. Sírvanse ofrecer información y datos sobre otras medidas previstas para: afrontar la baja tasa de alfabetización entre las mujeres; incrementar las tasas de matriculación y retención de las niñas en todos los niveles de la educación, incluida la formación profesional; superar los obstáculos económicos, sociales y culturales para el acceso de las niñas a la educación, incluidos los costos directos e indirectos de la educación, el matrimonio infantil o forzado y el embarazo en la adolescencia; e introducir una política de tolerancia cero sobre la violencia sexual y el acoso sexual de las niñas en las escuelas.

Empleo

Se indica que, a pesar de las disposiciones legislativas y normativas favorables sobre la igual remuneración por trabajo de igual valor, de media, las mujeres todavía cobran menos que los hombres. También se menciona que las mujeres tienen prohibido expresamente aceptar determinados puestos de trabajo. Sírvanse ofrecer información sobre las medidas que se hayan tomado para: garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, entre otras cosas, haciendo frente a la segregación ocupacional de la mujer en los sectores público y privado y promoviendo el acceso de las mujeres a cargos de mayor responsabilidad y mejor remunerados; velar por que las medidas de protección de las mujeres se limiten estrictamente a la protección de la maternidad y no se basen en una concepción estereotipada de sus aptitudes y su función en la sociedad; y proteger a las niñas de la explotación del trabajo infantil, incluida la mendicidad. Indiquen por favor si el Estado parte ha tomado medidas para garantizar que las mujeres que trabajan en el sector informal y en las zonas rurales también obtengan cobertura del sistema de protección social.

Salud

Se hace referencia a la adopción de varias medidas orientadas a aumentar el acceso de las mujeres y las niñas a la asistencia sanitaria (párrs. 95 y 97). Sírvanse indicar si se han evaluado los resultados de esas medidas a fin de tomar las medidas correctoras que sea necesario. Rogamos que indiquen las medidas previstas para seguir afrontando: la financiación insuficiente del sector sanitario; la persistencia del alto índice de mortalidad materna; y el acceso limitado a los servicios básicos de asistencia sanitaria y atención obstétrica esencial, incluso a consecuencia de la pobreza y la existencia de barreras socioculturales, en particular entre las mujeres que viven en zonas rurales.

Sírvanse ofrecer información sobre las medidas que se hayan contemplado para abordar: la carencia de educación integral, apropiada a cada edad, en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para los adolescentes tanto matriculados en la escuela como sin escolarizar; la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de anticonceptivos modernos y servicios de planificación familiar, incluso para adolescentes; y el problema de las personas que asocian el uso de anticonceptivos a la promiscuidad, lo que provoca que los adolescentes sean reservados sobre sus actividades sexuales y conduce al aborto clandestino y en condiciones de riesgo. Sírvanse indicar si el Estado parte prevé legalizar el aborto cuando la salud física y mental de la madre corren peligro y en los casos de malformación grave del feto. Faciliten datos sobre el número y la proporción de mujeres en prisión a raíz de ser condenadas por someterse a un aborto ilegal.

Indiquen asimismo las medidas adoptadas para afrontar la tasa desproporcionadamente alta de VIH/SIDA entre las mujeres que se dedican a la prostitución.

Grupos desfavorecidos de mujeres

Sírvanse indicar las medidas que se han tomado para seguir aumentando el acceso de las mujeres rurales al crédito, incluidos los préstamos bancarios y la tierra como recurso productivo. Sírvanse ofrecer información sobre las medidas previstas para aumentar aún más el acceso de los grupos de mujeres desfavorecidos, como las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres refugiadas y desplazadas, a los servicios sanitarios, la educación, el agua, el saneamiento, la alimentación, la vivienda y las actividades que generan ingresos. Indiquen asimismo las medidas previstas para velar por que las mujeres detenidas puedan estar separadas de los hombres detenidos y bajo la supervisión de guardias de sexo femenino y que existan medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género para garantizar el trato adecuado, en particular de las mujeres embarazadas y las mujeres detenidas con sus hijos.