70° período de sesiones

2 a 20 de julio de 2018

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Lista de cuestiones y preguntas relativa al noveno informe periódico de México

Adición

Respuestas de México *

[Fecha de recepción: 26 de marzo de 2018]

[El texto comienza en la página siguiente]

Abreviaturas

AEAnticonceptivos de Emergencia

AMBER(retro acrónimo en inglés) Americas Missing: Broadcasting Emergency Response

AMEPosadas de Atención Materna

APFAdministración Pública Federal

ARAPAnticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada

AVGMAlerta de Violencia de Género contra las Mujeres

BANAVIMBanco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres

CAMIModalidad Casas de la Mujer Indígena

CAASCenso de Alojamiento Colectivos de Asistencia Social

CARACentro de Atención Rural al Adolescente

CBPConvención de Belém do Pará

CDCámara de Diputados

CDIComisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDMXCiudad de México

CDPIMComisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

CEAVComisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

CENAPICentro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia

CENSIDACentro Nacional para la prevención y el control del VIH/Sida

CIComisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos

CEPCIComité de Ética y de Prevención de Conflictos

CEFERESOCentro de Rehabilitación/Reintegración Social

CIDHComisión Interamericana de Derechos Humanos

CIRTCámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión

CJFConsejo de la Judicatura Federal

CJMCentros de Justicia para las Mujeres

CNcHCruzada Nacional contra el Hambre

CNDHComisión Nacional de los Derechos Humanos

CNEGSRCentro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud

CNPJConferencia Nacional de Procuración de Justicia

CNPJECenso Nacional de Procuración de Justicia Estatal

CNPPCódigo Nacional de Procedimientos Penales

CNSPConsejo Nacional de Seguridad Pública

CNSComisión Nacional de Seguridad

Co IDHCorte Interamericana de Derechos Humanos

COFEMERComisión Federal de Mejora Regulatoria

COFIPECódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

COMARComisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONACYTConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADISConsejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad

CONAFEConsejo Nacional de Fomento Educativo

CONAGOConferencia Nacional de Gobernadores

CONALEPColegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONAPOConsejo Nacional de Población

CONAPREDConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONATRIBComisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

CONAVIMComisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

CPEUMConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPFCódigo Penal Federal

DH Derechos Humanos

DOFDiario Oficial de la Federación

DGPVDirección de Protección de Grupos vulnerables

EFEntidades Federativas

ENDI-REHEncuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares

ENAPEAEstrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolecentes

FEADLEFiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión

FAPPAComponente Proyectos Productivo

FEPADEFiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

FEVIMTRAFiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas

FNEFondo Nacional del Emprendedor

GEPEAGrupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

IDSÍndice de Discriminación Salarial

ILEInterrupción Legal del Embarazo

IMMInstitutos Municipales de las Mujeres

IMSSInstituto Mexicano del Seguro Social

INACIPEInstituto Nacional de Ciencias Penales

INADEMInstituto Nacional del Emprendedor

INALIInstituto Nacional de Lenguas Indígenas

INDESOLInstituto Nacional de Desarrollo Social

INEInstituto Nacional Electoral

INEAInstituto Nacional para la Educación de los Adultos

INEGIInstituto Nacional de Estadística y Geografía

INMInstituto Nacional de Migración

INMUJERESInstituto Nacional de las Mujeres

IPNInstituto Politécnico Nacional

ISSSTEInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITSInfección de Transmisión Sexual

LAMVLVLey de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

LFTLey Federal del Trabajo

LGVLey General de Víctimas

LGDNNALey General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

LGAMVLVLey General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

LGIMHLey General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

LGBTTTILésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexuaL

LGIPELey General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGIPDLey General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

LGSNSPLey General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

LGSLey General de Salud

LGSMIMELey General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

LGPPLey General de Partidos Políticos

LGTAILey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

LFPEDLey Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

LFRSPLey Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

LRPCAPLey sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

MAMMecanismos para el Adelanto de las Mujeres

MEVyTModelo Educación para la Vida y el Trabajo

MLCEMarcos Locales de Convivencia Escolar

NNANiños, Niñas y adolescentes

NOMNorma Oficial Mexicana

NSJPNuevo sistema de Justicia Penal

OITOrganización Internacional del Trabajo

ONUOrganización de las Naciones Unidas

ONUDDOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

OPPMMObservatorio de Participación Política de las Mujeres en México

OSCOrganizaciones de la Sociedad Civil

PAProtocolo Alba

PAEPrograma de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal

PAEIPrograma de Apoyo a la Educación Indígena

PAIBPadrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües

PAIMEFPrograma de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres

PAPPPrograma de Apoyo a Pequeños Productores

PCDPersonas con Discapacidad

PEFPresupuestos de Egresos de la Federación

PEGPerspectiva de Género

PEMPrograma Especial de Migración

PESAProyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria

PGRProcuraduría General de la República

PJFPoder Judicial de la Federación

PNIPolítica Nacional de Igualdad

PNT Plan Nacional de Transparencia

PIPASEVMPrograma Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

PNBPrograma Nacional de Becas

PNDPlan Nacional de Desarrollo

PNDHPrograma Nacional de Derechos Humanos

PNPSVDPrograma Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

PNDIPPPrograma Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad

PROCODESReglas de Operación del Programa de Conservación para el Desarrollo. Sostenible

PROIGUALDADPrograma Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018

PROINPrograma para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

PRONAINDPrograma Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014–2018

PRONAFIMPrograma Nacional de Financiamiento al Microempresario

PROSESAPrograma Sectorial de Salud 2013-2018

PROSPERAPrograma de Inclusión Social

PFTPGPrograma de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

PYMEPequeña o mediana empresa

REBUPRed Especializada de Búsqueda de Personas

RedDHRed de Enlaces de Derechos Humanos

RMMRazón de Muerte Materna

RNARegistro Nacional Agrario

RNPEDRegistro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

RNRRed Nacional de Refugios A.C.

SCJNSuprema Corte de Justicia de la Nación

SCTSecretaria de Comunicaciones y Transportes

SECTURSecretaría de Turismo

SEDATUSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENASecretaría de la Defensa Nacional

SEDESOLSecretaría de Desarrollo Social

SEGOBSecretaría de Gobernación

SEMEFOServicio Médico Forense

SEPSecretaría de Educación Pública

SFPSecretaría de la Función Pública

SESNSPSecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

SIECServicio Médico Forense Estatal

SJPASistema de Justicia Penal Acusatorio

SEMARSecretaría de Marina

SIPINNASistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

SNAVSistema Nacional de Atención a Víctimas

SNIEGSistema Nacional de Información Estadística y Geografía

SNIMHSistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

SNITSistema Nacional de Institutos Tecnológicos

SNPASEVMSistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

SNSPSistema Nacional de Seguridad Pública

SPSeguro Popular

SRESecretaría de Relaciones Exteriores

SSSecretaría de Salud

STPSSecretaría del Trabajo y Previsión Social

TEPJFTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UIUniversidades Interculturales

UIGUnidad de Igualdad de Género

UIDPMUnidad de investigación de delitos para personas migrantes

UNAMUniversidad Nacional Autónoma de México

UNFPAFondo de Población de las Naciones Unidas

UPMUnidad de Política Migratoria

VGVisitaduría General

VIHVirus de la Inmunodeficiencia Humana

Marco constitucional, legislativo e institucional

Armonización Legislativa: inclusión de mujeres migrantes, indígenas en la legislación

La enmienda al 73 constitucional faculta al Congreso federal a homologar al menos los tipos penales y las sanciones sobre secuestros, desapariciones forzadas y trata de personas. Todo el país está homologado en materia de secuestros y desapariciones. Respecto a trata, 21 EF están homologadas con la ley general, 4 no tienen legislación y 7 tienen leyes previas a la ley general.

Los Encuentros Nacionales de Armonización Legislativa permiten analizar las legislaciones estatales con PEG y de DH, a fin de que los congresos locales tengan sustento teórico para derogar, adicionar, legislar o reformar la normatividad en aras de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos. De estos encuentros se derivan las agendas legislativas de género en las EF.

El Estado mexicano efectúa los procesos de consulta procedentes con los pueblos y comunidades indígenas con base en el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la OIT”, además de contar con el Informe de la Consulta Nacional sobre la Situación que Guardan los Derechos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades.

Incorporación del principio de igualdad

La igualdad entre mujeres y hombres está reconocida en la CPEUM: el artículo 1º establece que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en ella y los tratados internacionales ratificados por México, sin ningún tipo de discriminación; el 4º determina la igualdad entre mujeres y hombres.

A la luz de la CPEUM, está prohibida la discriminación por sexo, género y edad, entre otros factores. Además, existe normatividad específica que prohíbe toda forma de discriminación: la LFPED establece criterios para respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la igualdad y no discriminación.

Las 32 EF cuentan con una ley antidiscriminatoria; 31 tienen la prohibición expresa de génerocomo motivo de discriminación; y 29 cuentan con preceptos antidiscriminatorios en sus constituciones locales.

Acceso a la justicia

Impacto de protocolos

Los protocolos de la SCJN facilitan la labor jurisdiccional acorde con estándares nacionales e internacionales; ofrecen metodologías para identificar y evaluar los impactos diferenciados de las normas, la identificación de estereotipos en el derecho, las exclusiones jurídicas sobre de identidad sexo y/o género, la distribución inequitativa de recursos y poder, y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

En abril de 2017, el TEPJF presentó el Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, se evalúa en el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo en la CDMX; mientras que el Protocolo para la Realización de Diligencias Ministeriales en Materia de Trata de Personas, se revisa en la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas de la CDMX.

Criterios interpretativos en resolución de casos

Los criterios interpretativos establecidos en forma de jurisprudencias, sentencias y tesis tienen como base los DH, buscando la mayor protección de la persona. Además, todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con PEG, partiendo del reconocimiento de los DH a la igualdad y no discriminación por género, en atención a la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a).

El TEPJF ha emitido sentencias, tesis y jurisprudencias, sobre la paridad de género en candidaturas de elección popular y de violencia política contra mujeres.

Se han desarrollado acciones como la firma de declaratorias y análisis de sentencias detectando prácticas discriminatorias, buscando solución e intervención inmediata de las autoridades competentes.

Debida diligencia

La SCJN emitió un criterio para que las autoridades estén obligadas a adoptar medidas integrales con PEG para actuar con debida diligencia en situaciones de violencia contra las mujeres.

Por medio de la VG de la PGR se realizan evaluaciones técnico-jurídicas, labores de supervisión, fiscalización y control de Agentes del MP, Policías Federales, personal pericial, y oficiales ministeriales. Sus labores se evalúan con apego a la normatividad, y respeto a los DH. Cuando hay una falta de cumplimiento, la VG inicia expedientes de investigación.

Procedimientos de investigación

En 2017, el CNSP acordó que la PGR y las Fiscalías Generales de Justicia de las 32 EF deben iniciar la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos del feminicidio.

Acceso a la Información

De acuerdo con los artículos 63 y 85 de la LGTAIP, los organismos garantes -de oficio o a petición de los particulares- deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

La Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial verifica las obligaciones de transparencia de la SCJN y del CJF, debiendo publicar, entre otras cuestiones, las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, y “las versiones públicas de las sentencias de interés público”. Respecto a la publicación de resoluciones y laudos, en la primera evaluación, la SCJN cumplió en 64.5% y el CJF con 94.5%; en la segunda, ambas tuvieron 100%. Sobre la publicación de sentencias, en la primera y en la segunda etapa, ambos cumplieron al 100%.

INAI e INMUJERES tienen un convenio en materia de transparencia para incorporar la PEG en actividades relacionadas con acceso a la información; protección de datos personales; gestión documental; gobierno abierto; transparencia proactiva y archivos; y de promoción de la cultura de igualdad y no discriminación.

En 2017 se llevó a cabo el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Federal y Estatal.

El TEPJF ha emitido sentencias sobre el cumplimiento de los partidos políticos a las cuotas de género en relación con el registro de candidaturas; representación política de mujeres a nivel local; número de juicios presentados con motivo de las cuotas de género; criterios sobre paridad de género; paridad de género vertical y horizontal; paridad de género en las dirigencias partidistas, y sentencias relacionadas con derechos de las personas de la diversidad sexual.

Capacitación para la judicatura y servidores públicos

La capacitación que imparte el PJF se ha ampliado significativamente, de manera que se imparten cursos de capacitación para el personal judicial, de carácter obligatorio y opcional; en caso de incumplimiento se aplican medidas disciplinarias.

Además del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF y de la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la PEG en los Órganos de Impartición de Justicia, la SCJN y el CJF cuentan con UIG, que se fortalecen permanentemente.

Acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas

La SCJN ha adoptado las siguientes determinaciones para el seguimiento y la evaluación del impacto:

Resolución “Comunidades y Pueblos Indígenas. Todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligadas a consultarlos, antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses”;

“Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Forma de garantizar el derecho humano relativo tratándose de personas indígenas”. Las mujeres víctimas (Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú), solicitaron la evaluación de las acciones para el seguimiento de las medidas de reparación. Así, en diciembre de 2011, se ordenó la formación del expediente Varios No. 1396/2011, que determina obligación del Poder Judicial de aplicar medidas administrativas para dar seguimiento a las sentencias de la CoIDH.

La SCJN determinó que, ante los casos de violencia sexual contra las mujeres, los juzgadores/as deben obtener y valorar las pruebas con PEG, teniendo la obligación de atender la naturaleza de la violación sexual; valorar preponderante la información testimonial; y evaluar las inconsistencias del relato de la víctima conforme a la naturaleza traumática de los hechos y factores interseccionales; entre otros.

Cuando en un juicio se encuentre involucrada una mujer, las y los juzgadores deben identificar: relaciones de poder entre las partes; cuestionar los hechos y valorar las pruebas sin prejuicio o estereotipo; cuestionar la neutralidad del derecho aplicable; indagar desventajas por cuestiones de género; evaluar el impacto diferenciado de la solución; y aplicar los más altos estándares de DH.

La SCJN ha emitido resoluciones para promover el acceso a la justicia para mujeres indígenas, la inclusión de la PEG en los órganos jurisdiccionales, la consideración de su cultura y costumbres paralelamente a las normativas estatales, entre otros. Para garantizar su acceso a la justicia, la Defensoría Pública Federal cuenta con 25 defensores públicos y 21 oficiales administrativos que conocen y hablan una lengua indígena, aptos para llevar la difusión de sus derechos y la defensa en 34 lenguas.

En 2016, el TEPJF creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual presta gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales.

La PGR proporciona a las personas indígenas un intérprete o traductor; imparte capacitación en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres a instituciones estatales y a intérpretes y abogadas bilingües mujeres, quienes, a su vez, replican los cursos con las indígenas/os de sus comunidades.

En 2016, la CEAV coordinó la Investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre victimización que afectan los derechos de las personas indígenas. Con ese sustento, está elaborando el Protocolo de atención a población indígena en situación de víctima, con atención especial a las mujeres indígenas con enfoque de género e intercultural.

Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer

Armonización del SNIMH

Al cierre de 2017 se tiene un registro de 21 UIG en la APF, cuatro en organismos autónomos, dos en el Poder legislativo y dos en el Poder Judicial, que promueven la incorporación de la PEG, tanto en el diseño, planeación, programación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas, en el ámbito de sus competencias, como en la cultura organizacional. Las titulares de estas Unidades desarrollan sus actividades en el marco del SNIMH.

Varias dependencias y entidades de la APF cuentan con enlaces de género al interior de sus instituciones o en sus delegaciones estatales, actualmente se registran más de 500 enlaces. Los 32 Tribunales Superiores de Justicia de las EF cuentan con una UIG; y desde 2014, la CONAGO cuenta con una Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En el ámbito estatal, se cuenta con los SEIMH, mecanismos similares al SNIMH. Actualmente, las leyes estatales de igualdad entre mujeres y hombres establecen la obligación de establecer SEIHM en 31 EF; 30 de ellos se encuentran operando.

Medidas especiales de carácter temporal

Proigualdad

En el PROIGUALDAD los organismos autónomos y los poderes legislativo y judicial, así como las EF tienen asignadas acciones específicas.

El PROIGUALDAD contemplaba objetivos modestos respecto a la participación política de las mujeres, pero en 2014 se legisló sobre la paridad en las candidaturas a los congresos. Gracias a las legislaturas estatales y a la intervención del Poder Judicial, se alcanzó la paridad vertical y horizontal en los marcos normativos. Hoy todos los partidos tienen la obligación de garantizar la paridad, lo cual vigila el INE.

Medidas temporales especiales para la igualdad

Se promueve la adopción de acciones afirmativas para cerrar las brechas de desigualdad en liderazgo de mujeres indígenas, pobres, jefas de familia, con discapacidad, adultas mayores, jóvenes, y migrantes, mediante acciones para incidir en las esferas de educación, salud, trabajo, formación política, autonomía económica, e incidencia en la toma de decisiones.

Estereotipos y prácticas discriminatorias

Medidas para eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos discriminatorios

La SEGOB establece anualmente los lineamientos para que las campañas de comunicación social de la APF promuevan la igualdad de género. El "Convenio de Intercambio de Contenidos y Materiales Audiovisuales" entre la Subsecretaría de Normatividad de Medios, el Sistema Público de Radiodifusión Mexicano y la agencia Notimex, contempla la creación y difusión de materiales que promuevan la igualdad de género.

Todas las dependencias han fortalecido las acciones de sensibilización, gestión e información en materia de igualdad de género, erradicación de estereotipos discriminatorios, lenguaje no sexista, DH, y prevención de la violencia de género. Es un proceso gradual que requiere continuidad, de constante evaluación y rediseño.

En 2011, CONAPRED elaboró el manual Escrito sin discriminación. Periodismo sin etiquetas, cuyo objetivo es que las y los periodistas identifiquen y eviten las prácticas discriminatorias, sexistas o excluyentes.

Medidas para abordar la discriminación multidimensional

Con el fin de modificar patrones sociales y culturales, CONAPRED imparte capacitaciones en la APF, las EF y otros poderes, en materia de discriminación directa e indirecta, y discriminación por razones de sexo, género, edad, raza, etnia, orientación sexual.

Si bien se reconoce que en materia de discriminación tenemos un largo camino por recorrer, el Estado mexicano también trabaja para cambiar la imagen de las mujeres en el hogar, comunidad, escuela, trabajo, medios de comunicación, ciencia y tecnología; en destacar sus habilidades y talentos; en demostrar los beneficios de incluirlas en la toma de decisiones; promover la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; diseñar mecanismos de compensación, nivelación e inclusión; y en modificar la división del trabajo y su segregación, impulsando una mayor participación de varones en el hogar.

Campañas de sensibilización dirigidas a comunidades indígenas

Continuamente existen campañas dirigidas a poblaciones indígenas sobre igualdad en la educación, acceso a la salud, proyectos productivos, prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas, prevención del embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos, derechos patrimoniales, entre otros.

Mediante diversos programas y recursos, México apoya a las OSC para fortalecer capacidades de la población indígena en igualdad de género, derechos de las mujeres y, combate a la violencia. Ejemplos: PROEQUIDAD, Conversión Social y Apoyos CDI.

Violencia contra la mujer

Medidas para garantizar la armonización

El proyecto de armonización legislativa continúa en México y ha rebasado las metas establecidas; en 2018 en el Anexo “Erogaciones para la Igualdad en Mujeres y Hombres” se autorizaron 34 mdp para el trabajo legislativo, lo que posibilita que las Comisiones de Igualdad de Género en los congresos locales impulsen la igualdad en el país.

Feminicidio

En la actualidad las 32 EF han tipificado el delito de feminicidio alineados a la mayoría de los criterios establecidos por el CPF.

En 2013, INEGI inició la captación de información en las fiscalías y en los tribunales. A pesar de los esfuerzos, todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de feminicidios, ya se inició un proceso estadístico robusto de registro de cada caso.

En 2013 se registraron en carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, 353 casos con 247 personas inculpadas; en 2014, 443 con 341; en 2015, 730 con 1156; y en 2016, 631 feminicidios con 424 personas imputadas. Respecto a las procesadas en 2013 fueron 271 personas, en 2014, 325; en 2015, 284 y en 2016, 327. Sobre las sentenciadas: en 2013 fueron 110; en 2014, 63; en 2015, 79; y en 2016, 83. Cabe señalar que el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo y los casos con sentencia ya han recorrido un largo camino.

También existen estadísticas de mortalidad por causas, registrando defunciones por agresiones intencionales, el cual se utiliza como proxi de los feminicidios. Existen diferencias importantes entre lo registrado por estos datos como homicidios de mujeres y las víctimas del delito de feminicidio por diferentes causas: técnicas, conceptuales y registrales. Sin embargo, se trabaja para lograr un registro puntual.

Continúan dos estrategias integrales: i) el acuerdo nacional de todas las fiscalías estatales para investigar cualquier homicidio femenino con los protocolos para el feminicidio a partir de diciembre de 2017; y ii) la revisión de expedientes de casos de homicidios de mujeres buscando identificar si fueron presuntos feminicidios.

Se suman las múltiples instancias creadas en distintas EF - con recursos y presupuesto- para atender a las mujeres víctimas de violencia, además de los Centros de Justicia (38 en 26 EF).

Varias entidades han desarrollado herramientas digitales como el “Sistema de Investigación de Feminicidios y Homicidios de Mujeres” de Morelos, donde se puede consultar el estado de cada carpeta o averiguación previa; o el Sistema Judicial de Gestión Administrativa de Tabasco, cuyo módulo para violencia de género tiene un campo obligatorio donde las juzgadoras/es deben indicar las convenciones y protocolos aplicados. Ello muestra los esfuerzos locales y el compromiso para enfrentar la violencia.

Capacitación para identificación de violencia de género

El CJF, la SCJN, las judicaturas locales y los tribunales estatales han reforzado acciones de formación y capacitación de su personal, en materia de impartición de justicia con enfoque de DH, control de la convencionalidad y PEG hasta cuestiones internas que pasan por acciones afirmativas, conciliación familiar-profesional y clima organizacional sin violencia

El Sistema Nacional de Salud vigila la aplicación de la NOM-046-SSA-2005 las EF, permitiendo establecer la coordinación interinstitucional e intersectorial y difundiendo los criterios aplicables para la prevención y atención de la violencia sexual, consejería, capacitación y registro de casos y acciones. 32 Servicios Estatales de Salud sensibilizan y capacitan al personal en: violencia de género; atención a las mujeres que viven violencia; asesorías legales; y orientación sobre la interrupción legal del embarazo en casos de violación; entre otras.

Las instancias de procuración de justicia han ampliado su oferta de cursos, talleres, diplomados, seminarios, dirigidos a instancias policiales del país en materia de DH de las mujeres, trata, igualdad, PEG, feminicidio, violencia de género, investigación con PEG, y desaparición forzada, entre otras.

También se ha reforzado y ampliado la cobertura sobre sensibilización, capacitación y profesionalización del funcionariado publico encargado de atender a mujeres víctimas de violencia en las EF que tienen una AVGM. El PIPASEVM contempla líneas de capacitación integral; mientras que al SNPASEVM se reportan las acciones de capacitación al personal policial, militar y ministerial en investigación de delitos de violencia contra mujeres.

Sistema de recopilación de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer

A partirde enero de 2018, el Secretariado Ejecutivo del SNSP instrumentó un sistema de reporte mensual de delitos contra las mujeres, que opera en todo el país.

Actualmente, el BANAVIM contempla más de 300 variables de registro, que cargan 30 de las 32 EF. En 2017, el BANAVIM compartió su sistema informático para el registro de casos de violencia contra las mujeres en nueve EF y así homologar información. Al día de hoy registra que el 95% de los hombres son generadores de violencia, frente al 5% de las mujeres. Además se cuenta con Sistema integrado de estadísticas sobre violencia contra las mujeres, que contiene 272 indicadores.

CEAV tiene el Registro Federal de Victimas en una Plataforma, que incluye el Sistema para la Transmisión de Información permitiendo integrar el padrón nacional de víctimas.

En el marco de las AVGM se impulsa la sistematización de la información en las EF: el Estado de México sistematizó la información y su georreferenciación para el diseño de políticas de prevención. Morelos integró el Semáforo de Violencia contra las Mujeres, que relaciona la información de las llamadas de emergencia y con la de la Fiscalía General del Estado, y mensualmente presenta el índice georreferenciado de violencia contra las mujeres. Guanajuato rediseñó su banco estatal de casos de violencia contra las mujeres con los municipios. Colima actualizó su banco de datos. Quintana Roo y Tabasco adquirieron el software de SEGOB para su banco. Puebla diseñó un sistema para registrar y dar seguimiento a los casos. La CDMX creó el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida, que coordina acciones interinstitucionales, y diseñó la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, cuyo objeto es recolectar, procesar, clasificar y dar seguimiento a la información. NuevoLeón está integrando el Banco Estatal de Datos e Información para casos de violencia atendidos o identificados en las instancias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Querétaro cuenta con el Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia.

México está consciente de que todos estos esfuerzos son insuficientes, sabe que es necesario interrelacionar los sistemas y subsanar los vacíos de información que hay y que es necesaria la homologación nacional. Por ello, la SEGOB ha solicitado al INEGI catalogar todos los datos de violencia contra las mujeres como información de interés nacional, y construir proyectos estadísticos para obtener la estadística necesaria.

PIPASEVM 2014-2018

La implementación del Programa es responsabilidad del Ejecutivo Federal, las OSC monitorean su cumplimiento y piden información sobre los avances alcanzados. Además, se contempla su participación en algunas líneas de acción del Programa, a fin de promover su participación en la atención de mujeres víctimas de violencia –y de sus hijas e hijos-, en el proceso de empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia y en la Política Integral Nacional. También se busca desarrollar mecanismos de concertación entre la iniciativa privada y las OSC, para la inserción laboral de mujeres en situación de violencia.

Desaparición Forzada

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se publicó en noviembre de 2017, y entró en vigor en enero de 2018. Establece la distribución de competencias y coordinación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y erradicar delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, fija sus tipos penales para todo el país, crea el Sistema Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y ordena la creación de comisiones locales; además, señala las formas de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

CONAVIM tiene un convenio con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para adecuar el Protocolo Alba y cumplir con los estándares de la sentencia “Campo Algodonero” de la CoIDH. En el marco del SNPASEVM, se instó a las autoridades estatales a instrumentar el Protocolo Alba mediante la Guía para la aplicación del mismo, pero solo en seis EF se ha logrado.

Alerta de Violencia de Género

A tres años y medio de la implementación del nuevo mecanismo de AVGM, se ha identificado que las EF no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia contra las mujeres. Por lo anterior, en el marco del SNPASEVM se está trabajando para reforzar las acciones de prevención y se está reestructurando el Sistema para incidir en las EF y en sus municipios, por medio de los sistemas estatales. No existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVGM.

Medidas para identificación de criminales

Existe un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial altamente capacitados/as para la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas; la Unidad de Análisis Criminal tiene acceso en tiempo real a las bases de datos y herramientas de investigación utilizadas por el Centro Nacional de Planeación y Análisis para el Combate a la Delincuencia. Sin embargo, estos recursos son insuficientes.

Campañas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas

CONAVIM difunde permanentemente el respeto de los DH de las mujeres y la construcción de una cultura de no violencia, campañas como “No todos los hombres somos iguales”, “Nuevas formas de ser hombre”, “Prevención de la violencia en su versión #NavegaSegura”. En 2017 celebró el Primer Encuentro Regional para la Sensibilización a Medios de Comunicación “Comunicar para la Igualdad: los medios como constructores de una cultura de la paz”; y firmó un convenio con la UNAM para investigar las representaciones de género y violencia contra las mujeres en los medios digitales y de entretenimiento.

En redes sociales, se difunden las campañas Prevención de la violencia contra las mujeres (incluyendo 01800 Háblalo y Centros de Justicia); Tipos de violencia (incluyendo violencia en el noviazgo); y Eliminar estereotipos de género y nuevas masculinidades. El Observatorio de Medios, además de impulsar el lenguaje incluyente, se concentra en prevenir el acoso digital, la ciber violencia y el embarazo adolescente.

El sector saludha instauradoprogramas como “Intervención de Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y Juventud”, para los Servicios Estatales de Salud, que permiten atender a adolescentes y jóvenes, prevenir la violencia en el noviazgo y la violencia sexual en la comunidad.

Las Estrategias Educativas de Promoción a la Salud como JuvenIMSS Jr., dirigida a adolescentes de 10 a 14 años, y JuvenIMSS para adolescentes de 15 a 19 años. Su fin es prevenir la violencia, promover cambios en los estilos de vida y desarrollar habilidades. Además, el abordaje de prevención de violencia abarca a ChiquitIMSS Jr, ChiquitIMSS, Ella y Él con PrevenIMSS y Envejecimiento Activo PrevenIMSS.

Las CAMI han reforzado la capacitación para prevenir y atender la violencia de género con énfasis en la violencia sexual y familiar contra niñas, adolescentes y mujeres adultas, desde los ámbitos social, psicológico y de acceso a la justicia para reconocer, detectar, prevenir y atender la problemática de estas violencias con enfoque de DH. La capacitación incluye al profesorado, padres y madres, y NNA en sus comunidades.

El Inmujeres y los MAMs también instrumentan campañas permanentes.

Víctimas de violencia y abuso sexual

En 2017, se reformó el CPF para sancionar a quien cometa los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación.

Ese mismo año se acordó impulsar la homologación de las legislaciones locales con la federal, para proteger a niñas y adolescentes en materia del delito de abuso sexual infantil, con miras a eliminar tipos penales como ‘atentados al pudor’, ‘estupro’, ‘abusos deshonestos’ y expresiones similares, y para que estos delitos se persigan de oficio. Se elevó de 12 a 14 años la edad para el consentimiento sexual, y se establecieron previsiones para la reparación del daño de los delitos de naturaleza sexual.

Se trabaja con las instancias de la procuración de justicia para proteger y acompañar a las víctimas durante todo el proceso, aunque se requiere un proyecto integral que prevenga la conducta, fortalezca la denuncia, y facilite el proceso de procuración e impartición de justicia.

Trata de personas

Casos, proceso de investigación y sanciones por trata de personas

Se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, con la cual se determinan competencias y canales de coordinación, se homologan los tipos penales, se establecen los refugios y se cuenta con fondos federales y estatales para la atención a las víctimas; 26 EF ya armonizaron sus leyes con la Ley General.

El Observatorio Legislativo en Materia de Trata de Personas, a cargo de la UNAM, realiza el proceso de monitoreo y vigilancia de los avances legislativos; y se cuenta con el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas para el registro, consulta, seguimiento y análisis de los casos.

El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación del delito de trata a nivel local se incrementó de 187 en 2012 a 500 en 2014; y a 454 en 2015. También aumentó la cantidad de imputados: entre 2012 y 2016 hay 2502. El número de víctimas registradas guarda relación con el número de averiguaciones, entre 2012 y 2016 se totalizan 3396 víctimas de trata. De 2012 a 2017 se han dictado más de 700 sentencias locales.

A nivel federal, al 2016 se habían dictado 70 sentencias de juicios de amparo directo; 68 en juicios de amparo en revisión; 26 de amparo indirecto; y 9 en procesos penales materia de trata.

Se han implementado acciones para prevenir e instrumentar una estrategia integral que contempla sensibilización, capacitación, difusión, y un código de conducta para la protección de NNA en el sector turístico.

México enfrenta retos respecto a los refugios para víctimas de trata, particularmente a nivel local. La PGR cuenta con un Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Trata de Personas y Violencia Extrema de Género, el cual ha sido fortalecido en todos sus servicios.

Once EF cuentan con protocolo de detención, identificación y atención a personas migrantes víctimas y/o posibles víctimas de trata de persona, en seis EF se encuentran en proceso de revisión, y en 15 están en la fase de creación.

Adicionalmente, se cuenta con un fondo para apoyo para víctimas de delitos de trata.

Medidas de prevención de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado

México tiene acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, para fortalecer la coordinación para el combate a la trata.

Las campañas “Libertad sin engaños, ni promesas falsas”, “Corazón Azul”, en el sector salud que cubre además a las niñas indígenas; # Aquí estoy; Te la Pintan Rebonito; Contra Abusos en el Reclutamiento; Pregunta, Apunta y Verifica; A Ti: ¿Qué te prometieron?; La Trata de Personas tiene rostro, abre los ojos; y la campaña contra la explotación sexual infantil y la trata de personas se han difundido ampliamente, todos los materiales se compartieron con las EF. Además, se realizó la Campaña Nacional contra la Trata de Personas en Lenguas Indígenas (21 lenguas indígenas), y en 2017, se difundió en cuatro estados una radionovela en comunidades rurales o indígenas.

La PGR proporciona el servicio “Atención PGR” las 24 horas de todos los días. El INM elaboró el “Protocolo para la Detección, Identificación y Atención a Personas Migrantes Víctimas y/o posibles Víctimas de Trata de Personas en México.” Su personal ha recibido capacitación en el marco del Programa Nacional de Capacitación contra la Trata de Personas y tan solo en 2017 en diversas EF se hicieron 1201 diligencias para prevenir y atender este problema.

Se cuenta con el Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de Delitos de Trata de Personas, mientras que el Programa de Derechos Indígenas promueve la prevención de ese delito. La CNDH cuenta con un Programa de Trata de Personas, que imparte capacitación para la identificación de casos y atención de los mismos desde un enfoque de DH, particularmente enfocado en los derechos de los NNA y de los sectores en situación de vulnerabilidad, como los/as indígenas.

Participación en la vida política y pública

Paridad de género

En 2018 el Anexo de Erogaciones para la Igualdad contempla la etiquetación de recursos para el INE en capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico; otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos en radio y televisión. Además, recibirá 106.6 millones de pesos para apoyar a OSC que impulsen el liderazgo político de las mujeres.

El TEPJF ha fortalecido el compromiso con la paridad de género. Los criterios emitidos por la Sala Superior son claros en cuanto a la obligación legal y constitucional de garantizar la participación efectiva de ambos géneros, los partidos políticos deben observar el principio de paridad en los procesos internos de elección de los órganos de dirección, lo cual trasciende a la conformación de los órganos de dirigencia partidista (SUP-JDC-369/2017 y acumulados).

El TEPJF cuenta con el Programa de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, que promueve fortalecer las herramientas jurídicas de las autoridades electorales. Asimismo, se encarga de la difusión de mecanismos de defensa, como el Juicio Ciudadano para la Defensa de los Derechos Político-electorales, y la instrumentación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres.

Medidas para abordar las prácticas y actitudes discriminatorias estructurales

El OPMM es una iniciativa del Inmujeres, el TEPJF y el INE, que coordina las acciones para promover la participación de las mujeres. Lo integran representantes del poder Legislativo, Judicial, y dependencias de la APF; también OSC; asociaciones y partidos políticos; la CNDH; instituciones académicas y expertas en participación política. Entre finales de 2015 y 2018, se han creado 27 observatorios estatales.

Se cuenta con una plataforma educativa gratuita para que las mujeres desarrollen habilidades y conocimientos sobre igualdad de género, representación política, políticas públicas, campañas electorales, comunicación política, negociación legislativa y gestión estratégica, entre otros temas. La plataforma es abierta, se organiza en módulos, y tiene reconocimiento formal; hasta fines del 2017, se registraban 3776 personas (88.6% mujeres).

Entre 2016 y 2017, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas atendió a 158 mujeres y tramitó 96 solicitudes en materia electoral indígena, por violencia política por género, derecho a ser votada, negativa de registro, y derecho a asumir y desempeñar el cargo.

La FEPADE atiende a las candidatas víctimas de violencia política; y ha ordenado medidas de protección para víctimas indígenas de violencia política. Cuenta con una base de datos que permite conocer la ubicación, comunidad y lengua de la quejosa.

En el Diplomado para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas, de 2013 a la fecha, han participado más de 100 mujeres líderes indígenas de México y Centroamérica, quienes han elaborado una propuesta de incidencia política.

Se realizaron 15 Diálogos Interculturales sobre Sistemas Normativos Indígenas en Materia Electoral; el Coloquio Nacional sobre Sistemas Normativos Indígenas, así como los Diálogos Interculturales sobre Sistemas Normativos en Materia Electoral.

Violencia política

En el Congreso de la Unión se han presentado 12 iniciativas para tipificar la violencia política contra las mujeres.

En 2017 la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de decreto de reforma a la LGAMVLV, la LGIPE y la LGSMIME. El dictamen pretende establecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres y se encuentra en el Senado. La batalla continúa, enfrentando resistencias de algunos legisladores.

En 2017 las instituciones responsables del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres crearon una Comisión para elaborar una ruta interinstitucional de atención y seguimiento de estos casos.

FEPADE capacitó en 2017 a 1,028 personas en 13 EF, incluyendo a integrantes de las legislaturas estatales para la tipificación de la violencia política en sus códigos, varias entidades ya la tipificaron. Esta institución ha desarrollado una base de datos de las denuncias presentadas en materia electoral.

Entre 2012 y 2017 se registraron 580 averiguaciones por denuncias presentadas por mujeres por delitos electorales, y se identificaron 187 casos de violencia política contra ellas. En el mismo periodo, en el sistema de justicia penal acusatorio, se registraron 94 carpetas de investigación provenientes de 24 estados, de violencia política contra mujeres.

Durante 2016 y 2017, el TEPJF recibió 88 asuntos de violencia política contra las mujeres. En 2017 se llevaron a cabo dos investigaciones de las sentencias emitidas por el TEPJF, para identificar, además de criterios y líneas argumentativas, los espacios de oportunidad para fortalecer tesis y jurisprudencias, y el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. La primera analiza el cumplimiento del criterio de paridad vertical, horizontal y transversal en las sentencias. La segunda estudia las resoluciones del TEPJF en materia de violencia política contra las mujeres.

29 EF han incorporado el concepto de violencia política en contra de las mujeres en su legislación.

Adopción de Plan de Acción Nacional de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Si bien no hay un Plan de Acción Nacional con base en la Resolución 1325 de la ONU, se reconoce que las mujeres desempeñan un papel vital en los procesos de consolidación de la paz, y su participación es vital en la prevención, reconstrucción y reconciliación nacional.

Para prevenir la violencia sexual en las operaciones militares y policiales, instituciones como SEDENA, SEMAR y la PF, realizan diferentes acciones e implementan el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.

Las fuerzas armadas han atendido las recomendaciones de la CNDH en igualdad, discriminación y violaciones en DH, logrando disminuir en el 2017 un 76.6% el número de quejas en comparación con 2012.

Mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas

Denuncias contra agresiones a periodistas y defensoras de derechos humanos

En mayo de 2017, el Presidente, los gobernadores de los estados y los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional abordaron el tema de los asesinatos y agresiones cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y acordaron instrumentar las siguientes medidas: i) establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación para situaciones de riesgo contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; ii) fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al MPPDDHP; iii) fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR y por medio de:

Más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos;

Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, para diseñar acciones;

Revisión de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad;

Coordinación entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva integral de derechos humanos;

Apoyo inmediato a las Entidades Federativas para la creación de unidades, ministerios públicos especializados y áreas dentro de sus fiscalías y procuradurías especializada en libertad de expresión para cerrar el paso a la impunidad; y

La creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

El personal de la FEADLE está capacitado para actuar con PEG, ésta se aplica en todo momento buscando motivaciones o impactos diferenciados por sexo en la conducta que se investiga. En 2017 tuvo un proceso de fortalecimiento de sus capacidades, su personal aumentó en 37%.

La CNDH cuenta con el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

Investigaciones y casos

Se está integrando la información para la sustentación.

Mecanismo Federal de Protección de los Defensores/as de los Derechos Humanos y los Periodistas

Se destaca el desarrollo de la metodología especializada, con la asesoría de personas expertas colombianas de la organización Freedom House, para hacer evaluaciones de riesgo, individuales y colectivas, que le permitan al MPPDDHP establecer medidas efectivas de protección a personas defensoras y periodistas. Con base en dicha metodología, el MPPDDH analiza y evalúa: i) la eficacia de las medidas de protección otorgadas a las personas beneficiarias, ii) el monitoreo nacional de agresiones y iii) la determinación de patrones de agresión.

La Matriz de Riesgo con PEG contribuye a evitar cualquier tipo de violencia o discriminación hacia las mujeres, en el plano individual o colectivo, en forma consciente o inconsciente, y para poner especial atención en valorar las condiciones específicas de las mujeres defensoras de DH y periodistas que acuden al Mecanismo solicitando protección. Durante 2017, el MPPDDHP efectuó 118 análisis de riesgo con PEG.

Educación

Formación en tecnología y ciencia, incluidos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

El Nuevo Modelo Educativo (2017) garantiza acceso, permanencia y promoción de las mujeres en la ciencia, tecnología ingenierías y matemáticas, mediante intervenciones focalizadas, acciones afirmativas y una intensa promoción. Ejemplo de ello son la Campaña STEM; el impulso de la Red de Mentoras OCDE-México (SEP); la incidencia directa en primarias y secundarias de científicas mexicanas; el programa Talentum femenino del CIDE y la exposición “Mujeres Mexicanas en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”.

En el periodo escolar 2016-2017, 106,023 alumnas cursaron alguna carrera tecnológica relacionada con las ciencias naturales, exactas y de computación (49.3%). Las universidades tecnológicas atendieron 242,100 alumnos/as (40% mujeres); las universidades politécnicas registran ya un 39% de mujeres.

Educación intercultural y bilingüe para niñas indígenas

Entre 2016 y 2017 se trabajó en el diseño de programas de lengua indígena como lengua materna y segunda lengua, y se elaboró el programa de español como segunda lengua para primaria, éstos aparecen por primera vez en la currícula nacional de educación básica.

Para promover la permanencia en la educación de NNA indígenas inscritos en escuelas públicas, se brindó servicio de hospedaje y alimentación en las Casas y Comedores del Niño Indígena, en la actualidad, el padrón es de 80,548 NNA y jóvenes indígenas en 25 EF, de ellas 48.4% son mujeres.

Embarazo Adolescente

La ENAPEA opera con grupos interinstitucionales estatales, actualmente hay 32 GEPEASfuncionando, y se cuenta con la Guía para la implementación de la ENAPEA en las EF.

Tanto el sector salud como el educativo realizan permanentemente acciones para el fortalecimiento de los conocimientos que permiten un ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención de embarazo y el cuidado ante las ITS.

Para reforzar los servicios de salud en las zonas rurales del país, los 3,683 CARA integran grupos educativos multiplicadores. Sólo en 2017 organizaron 53,342 grupos, que capacitaron a 854026 adolescentes en la prevención del embarazo no planeado; y 11,091 talleres en escuelas primarias, 15,986 en secundarias y 10,958 en preparatorias, cubriendo a 186,875 adolescentes de primaria, 310,728 de secundaria y 238,464 de preparatoria.

De octubre de 2016 a octubre de 2017 IMSS-PROSPERA organizó 20 Encuentros para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en 16 EF. Las y los jóvenes participantes, se convierten en canales multiplicadores en sus entornos familiares y escolares.

“La Gira: Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro” en 2017 cubrió 11 EF y brindó información sobre sexualidad, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos e ITS.

Acoso escolar

Entre 2013 y 2017 se han dado becas escolares a 79,283 niñas y jóvenes embarazadas. En 2017 se benefició a 10,873 embarazadas para continuar o concluir sus estudios; el 98.3% de ellas permanecieron en los servicios educativos, con apoyo de las becas que tienen presencia en 385 municipios indígenas y en 468 de la CNcH.

Las escuelas han establecido las Orientaciones para la Detección, Prevención y Actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Además, y con los “Protocolos de Seguridad para los Centros Educativos Federales de Educación Media Superior”. El programa ConstruyeT previene conductas de riesgo, embarazo temprano, consumo de sustancias adictivas, abandono escolar y violencia y acoso. En 2017, se concertó un acuerdo para las universidades e instituciones de educación superior implementen el protocolo.

El Nuevo Modelo Educativo incorporó el aprendizaje de habilidades socioemocionales a la currícula formal de educación media superior.

Se firmó el compromiso entre la SFP, Inmujeres, CONAVIM y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para que a nivel universitario se adopte el Protocolo de Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual.

Empleo

Participación de mujeres en el mercado laboral

La diferencia en la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo es una de las brechas más evidentes, se refleja en los niveles de las tasas de participación económica, en los puestos directivos, en la segregación ocupacional, en el nivel de ingresos y en las horas destinadas al trabajo remunerado.

El porcentaje de mujeres ocupadas que trabaja en la industria manufacturera se ha mantenido alrededor de 37% de 2012 a 2017, con diferencias por EF que van de un 27.9% a un 64.2%.

El IDS en 2017 se estima en -5.8; las mujeres tendrían que incrementar su salario en 5.8% para igualarlo al de los hombres. En el caso de funcionarios, gerentes y administradores la brecha salarial es de -25.2.

La promoción de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es constante en la APF. La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación promueve el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, y se instrumentan acciones con el sector privado para incrementar el número de mujeres en sus plantillas, con énfasis en los puestos de alta dirección.

EL gobierno ha destinado recursos para diferentes áreas para impulsar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.

Para 2018 el Anexo “Erogaciones para la Igualdad” contempla: 7,843 mdp para la SAGARPA, para proyectos productivos de mujeres; 340 mdp, para el FNE; 326 mdp para el Programa de Apoyo al Empleo de la STPS; y 139 mdp para el Programa de Empleo Temporal de la SEMARNAT. Adicionalmente existen recursos para el PRONAFIN, El FNE, Crezcamos Juntas, el Programa Mujeres Moviendo México, Mujeres PYME, la Red de Apoyo al Emprendedor y el Programa de Incubación en Línea, con acciones afirmativas para impulsar la participación de las mujeres.

Respecto a la igualdad salarial, la STPS verifica que en los centros de trabajo se cumpla la ley que mandata igual salario para mujeres y hombres por igual trabajo.

Barreras discriminatorias y promoción de la igualdad de género

Esta Norma se fomenta la corresponsabilidad entre la vida laboral y personal y generar espacios laborales libres de violencia, de acoso y de hostigamiento sexual.

Actualmente 283 centros de trabajo, (65 empresas privadas y 218 del sector público) se han certificado en la Norma, con el propósito de impulsar culturas organizacionales incluyentes y sin discriminación.

El PRONAFIM promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres mediante el acceso a servicios de micro finanzas con mejores condiciones respecto a las del mercado, en sus ROP se establecen los principios de igualdad, no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad.

En 2017, PRONAFIM ofreció dos líneas de crédito estratégicas solo a mujeres: microcréditos con tasas de interés preferenciales, y créditos para fomentar la capacitación financiera y empresarial de las mujeres (104,550). También autorizó 754,876 créditos en beneficio de 597,713 personas (95% mujeres), en marco del Programa para Contribuir al Empoderamiento de las Mujeres; e impulsa el acompañamiento del microcrédito con capacitaciones a la población microempresaria, en 2017 capacitó 41 883 personas (39,316 fueron mujeres). En el mismo año autorizó 2,998 incubaciones de actividades productivas (2,423 conformadas mayoritariamente por mujeres) bajo el esquema de coinversión, con prioridad a población migrante repatriada y a mujeres .

El FNE cuenta con medidas de carácter temporal, entre ellas la asignación de cinco puntos adicionales en la evaluación técnica, financiera y de negocios a los proyectos de mujeres emprendedoras.

Acoso sexual en el lugar de trabajo

En 2016 se publicó el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF” de observancia obligatoria para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual.

Trabajadoras domésticas

Se reconoce que existe una deuda pendiente con las trabajadoras del hogar remuneradas y que la LFT necesita reformarse para derogar los dispuesto en su artículo 181, y del 331 al 343 para reconocer el trabajo remunerado del hogar como cualquier otro trabajo y garantizar sus derechos laborales.

Instancias de la APF con algunas OSC, los sindicatos de trabajadoras del hogar y algunos congresistas, desde 2014 impulsan reformas legales y el reconocimiento pleno de trabajo del hogar. CONAPRED elaboró Legislar sin Discriminar, que aborda el problema de las trabajadoras del hogar, y la STPS hizo el estudio “El trabajo doméstico en México: La gran deuda social” para proponer una política integral que les permita acceder a sus derechos laborales. El Inmujeres publica cada año el “Directorio de apoyos y servicios para las trabajadoras del hogar remuneradas.”

El principal obstáculo para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar es obtener los recursos necesario, ya que se trata de un grupo cercano a los 2.5 millones de personas. El estado mexicano actualmente analiza las condiciones de gradualidad que permitirán su inclusión en la seguridad social.

Mecanismos de inspección del trabajo

La STPS efectúa visitas de inspección en todo el país en materia de Condiciones Generales de Trabajo, Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento, Igualdad Salarial, etc. verificando que se cumpla con la normatividad laboral, los derechos laborales de las personas -en especial los de las mujeres- y detectar presuntas violaciones al marco normativo.

Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo -ámbito federal y local- brindan gratuitamente servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica, ante cualquier autoridad, sobre los derechos y obligaciones laborales, de previsión y seguridad social, y cuenta con herramientas físicas y digitales.

Salud

Aborto, ILE

En el Senado se presentaron dos iniciativas: i) en 2017, adicionar al artículo 30 de la LGV la consideración de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, dentro de los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria que prestan las instituciones de salud del sector público; y adicionar el artículo 221 del CNPP para iniciar una investigación penal con base en las comunicaciones que hagan las instituciones de salud del sector público relacionadas con la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo. ii) en marzo de 2017, se presentó un proyecto de decreto para reformar la LGAMVLV para que la SS capacite a su personal para detectar la violencia contra las mujeres en los servicios de salud -público o privado-, buscando erradicar la violencia obstétrica. Ambas se encuentran en análisis para su dictaminación.

Reformas de NOM-046-SSA2-2005, obligaciones y sanciones

En las 32 EF se ha difundido lo que la población debe hacer en caso de una violación sexual, tanto desde la perspectiva de la salud, como de la procuración de justicia. Se ha trabajado intensamente con el personal médico y de salud en lo referente a la anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo en los casos que permiten los marcos legales estatales.

El taller “Atención Médica de la Violación Sexual y Servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo” dirigido a los servicios de urgencias y a las áreas gineco-obstetras y de pediatría en las 32 EF informa sobre el marco legal de la LGV y la obligatoriedad de la NOM-046-SSA-2005, su incumplimiento da origen a sanción penal, civil o administrativa.

En conjunto con las OSC se difunde ampliamente la obligatoriedad de la Norma y muchas asociaciones civiles judicializan los casos si se presenta un incumplimiento.

Estadísticas de acceso al aborto legal

A partir 2017 la SS elabora el Informe de casos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo al amparo de la NOM-046-SSA2-2005, para 2017 reportaron 89 mujeres atendidas por esta causal, que incluye el aborto en caso de que el embarazo sea resultado de una violación.

En 2013 se registraron 97,335 abortos; en 2014, 96,717; en 2015, 92,565; en 2016, 90,757 y en 2017, 75,028 correspondientes a todos los egresos hospitalarios por aborto, no están incluidas las ILE.

En la CDMX desde abril de 2007 hasta el 15 de marzo de 2018 se han realizado 192,551 interrupciones.

Reformas a la Ley General de Salud sobre aborto, y anticonceptivos

El Poder Legislativo aprobó altos estándares en materia de salud sexual y reproductiva, no obstante las discusiones son parte del ejercicio de pluralidad democrática que impera en nuestro país.

La Cámara de Diputados aprobó en 2017 el Proyecto de decreto que reforma el artículo 61 Bis de la LGS donde se faculta a las autoridades sanitarias para establecer medidas a fin de evitar que el personal de salud, mediante acciones u omisiones, ocasionen un daño físico o psicológico a la mujer durante la atención del embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud, un trato cruel, inhumano o degradante.

Mujeres en zonas rurales y mujeres indígenas

La SS atiende los temas de salud materna, sexual y reproductiva; y abastece de anticonceptivos a las unidades del Sistema Nacional de Salud, tarea que realiza desde 2014 y contempla 13 métodos diferentes, la distribución es nacional, con especial atención en las localidades dispersas y de difícil acceso, mediante las unidades móviles o caravanas de la salud y también se cuenta con personal voluntario de las comunidades.

Mortalidad Materna

La tasa de mortalidad materna nacional en 2012 fue de 42.3 por cada 100 mil nacidos vivos, en 2016 se estima en 33.9. En el anexo 2 está el desglose por EF.

Con la eliminación de los obstáculos para el acceso de los servicios de todas las mujeres que tengan una emergencia obstétrica, mediante un Convenio General de Colaboración, se abren las puertas para la política Cero rechazo, y se atiende a mujeres en situación de emergencia obstétrica, aun cuando no sean derechohabientes de las instituciones adheridas al convenio.

Violencia obstétrica

El Senado aprobó la iniciativa que reforma y adiciona una fracción del artículo 6 de la LGAMVLV para introducir la violencia obstétrica, actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. En las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de 21 EF ya incluyeron la definición de violencia obstétrica y en cuatro ya está tipificada como delito.

El CNEGySR ha implementado desde 2014 la “Estrategia de capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en salas de obstetricia de los servicios de salud”. Entre 2014 y 2017 se ha sensibilizado a 18,328 personas.

Niñas en edad escolar (aborto)

La ENAPEA es una estrategia integral para evitar la recurrencia al aborto. El Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes incluye estrategias y líneas de acción que van desde la información hasta la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes de 10 a 19 años.

La SS opera 2,089 Servicios Amigables para Adolescentes, éstos aumentaron en cinco años un 98%, considerando los 1,055 que había en 2012. En 2017 atendieron a cerca de 2.3 millones de adolescentes.

Se cuenta con la NOM-047-SSA2-2015, para la atención del grupo de 10 a 19 años, que explicita todo lo que debe hacer el personal de salud para atender sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva.

En el marco de la ENAPEA funcionan los CARA que han logrado atender a las necesidades de anticonceptivos de 390,270 adolescentes; los CARA atienden las necesidades sexuales de adolescentes.

Con las madres adolescentes una acción fundamental es el control prenatal, en 2017 se atendieron más de 43 mil adolescentes embarazadas con un promedio de siete consultas a lo largo de su embarazo.

El IMSS otorga servicios médicos a adolescentes embarazadas no derechohabientes. En 2017 registró 15,948 casos.

Mujeres con discapacidad

Programas y políticas dirigidas a personas con discapacidad

En 2016 se elaboró un directorio especializado de organizaciones que brindan servicios a PcD, clasificándolas por tipo de discapacidad, servicios que otorgan, población y ámbito geográfico de atención.

CONAPRED imparte el curso “Inclusión, discapacidad y no discriminación”, en su plataforma “Conéctate”. Desde su inicio, en el año 2016, y hasta septiembre de 2017, se han efectuado 19 aperturas con un total de 5,614 personas egresadas (3,616 mujeres) de diferentes instituciones. Se encuentra disponible el curso en línea “Principios de la Educación Inclusiva”. Desde el 2014 y hasta el mes de septiembre de 2017 se han llevado a cabo 40 cursos para 22,149 personas (12,976 mujeres) de diversas instituciones. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Conadis

El PNDIPD incorpora líneas de acción específicas para la atención de las mujeres con discapacidad.

Se trabaja para lograr la transversalidad de todos los programas sociales; a la fecha, 28 dependencias y entidades de la APF han determinado 218 indicadores para los seis objetivos del PNDIPD. Actualmente, 60 de 70 ROP de los Programas Sociales consideran la priorización de apoyo a personas con discapacidad.

El indicador de inclusión laboral en 2016 registró 39%, rebasando la meta de 38.5% considerada en el PND al 2018, también hay avances en el acceso a los servicios de salud, la carencia de acceso a servicios de salud en 2012 era de 18.8% y en 2016 de 12%; en materia de educación, el rezago educativo en 2014 fue de 51.1% y en 2016 de 48.7%.

Planes de protección social

Se está integrando la información para la sustentación.

Mujeres indígenas y rurales

Prospera y Cruzada contra el hambre

Desde 2013, todas las familias beneficiarias de PROSPERA tienen una cuenta en la que se transfieren los apoyos monetarios que el programa ofrece. Considerando la falta de conectividad y/o liquidez en las localidades rurales se tienen dos esquemas para la entrega de los apoyos: el de punto temporal y el de punto fijo.

Aunque no se cuenta con una evaluación de impacto respecto a esta intervención, se tiene un diagnóstico de los medios de entrega-retiro de apoyos monetarios a las familias beneficiarias, donde las titulares que se consideran indígenas perciben como positivo el uso de una tarjeta que pueden utilizar para hacer compras o retiros de efectivo en múltiples establecimientos, la tarjeta les parece segura y les permite administrar mejor su dinero.

Control de recursos

Se expidieron 92,777 certificados y títulos en el RAN, beneficiando a 52,116 mujeres; se autorizaron -en 2017- 3,682 proyectos productivos en beneficio de 2 788 mujeres; se otorgaron subsidios para la implementación de proyectos productivos de tipo agrícola, pecuario, comercial y agroindustrial en el FAPPA; y mediante la iniciativa “Agro emprendedoras” se brindó capacitación a poco más de 28 mil jóvenes mujeres y hombres del sector rural, se logró apoyar el arraigo de jóvenes y poco más del 40% de los capacitados fueron mujeres jóvenes.

La CDI tiene una política para la promoción, protección, reproducción y conservación de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Además apoya proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación del patrimonio cultural indígena. Entre 2012 y 2017 se han apoyado 3,365 proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento, difusión y preservación de los patrimonios culturales indígenas de México, dichos apoyos se ubican en 27 EF del país.

De enero a diciembre de 2017se otorgaron 12,486 microcréditos a personas indígenas, distribuidas en 29 EF (el 95% de los créditos fueron otorgados a mujeres) con un monto de casi 112 millones. 972 personas que hablan alguna lengua indígena recibieron capacitaciones para el desarrollo empresarial y financiero, y 606 con apoyos de incubación de actividades productivas.

Medidas temporales sobre el derecho al acceso a la tierra y propiedad, servicios sociales, educación, salud y procesos de tomas de decisiones

Se han modificado las ROP de los programas que otorgan recursos a la población rural eliminando el requisito de la propiedad de la tierra, que además da prioridad a las mujeres y a la población indígena.

Se impulsan estrategias para grupos productivos integrados únicamente por mujeres, como una acción afirmativa. En coordinación con IMSS-PROSPERA en los lugares más apartados operan 139 Unidades Médicas Móviles, que ofrecen los servicios de medicina general, atención de embarazadas, detección de cáncer cervico uterino y cáncer de mama, entre otros. De enero a noviembre del 2017 realizaron casi 419 mil consultas, 57 mil detecciones de diabetes mellitus; 77 mil de hipertensión arterial; casi nueve mil de cáncer cervico uterino; cerca de 30 mil de cáncer de mama y registraron 2,800 nuevas usuarias de métodos anticonceptivos indígenas.

Se pusieron en operación 19 Unidades Médicas Rurales Básicas y la ampliación y equipamiento de tres Hospitales Rurales, que junto con las 4,391 unidades médicas de primer y segundo niveles de IMSS-PROSPERA, dan atención a 6,310 localidades predominantemente indígenas y cobertura en salud a 12.4 millones de personas.

Respecto a la participación en los procesos de toma de decisiones de las mujeres indígenas y rurales, en 2016 se adicionó un párrafo a la Ley Agraria, para establecer que las candidaturas a puestos de elección para la integración del Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia deberán integrarse por no más de 60% de candidatos de un mismo género.

Refugiadas y mujeres que solicitan asilo

Derechos y situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo

El Programa Frontera Sur establece medidas para proteger los derechos de las personas migrantes, evitar que pongan en riesgo su integridad, desarrollar estrategias que garanticen la seguridad y la protección de todas las personas en tránsito, y combatir a los grupos criminales que vulneran sus derechos.

Medidas de protección a las mujeres en tránsito

La PGR estableció la UIDPM, que realiza la búsqueda de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. También se cuenta con el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación que ayuda a las victimas migrantes y/o familiares.

La PGR implementa el Protocolo de Actuación Ministerial para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados.

Datos de Mujeres deportadas

Entre 2013 y 2016 fueron “devueltas” 124,337 mujeres, de las cuales 37.8% eran guatemaltecas, 30.4% hondureñas y 25.7% salvadoreñas. El 70% fueron devueltas mediante una resolución administrativa de retorno asistido; y el 28.9% fueron niñas y adolescentes. Entre 2013 y 2016 se observa un descenso en el número de mujeres devueltas.

La orientación sexual o identidad de género no es un factor que influya de manera negativa en el proceso de ingreso o resolución del estatus migratorio. No obstante, se reconoce que, a pesar de que la COMAR realiza entrevistas para detectar necesidades específicas y vulnerabilidades y canalizar a instancias de apoyo especializado a personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI que han sido víctimas de violencia de género, no se cuenta información desagregada sobre estas personas.

El gobierno, junto con OSC y organismos internacionales, desarrolla acciones para coadyuvar a la detección de la población cuyo motivo de huida es su sexo y/o género; para ello se consolidó la DPGV, que hoy en día atiende a NNA, así como a la población LGBTTTI, a la población con alguna discapacidad, menor de edad o de adultos mayores.

Situaciones de violencia sexual y de género que afectan a mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo

Se han realizado esfuerzos de coordinación para establecer mecanismos que permitan identificar a las personas que necesitan protección internacional, destacando el Protocolo de Evaluación Inicial para la Identificación de Indicios de Necesidades de Protección Internacional en NNA no Acompañados o Separados; el Protocolo de Atención a NNA Migrantes no Acompañados o Separados que se encuentran Albergados; y el Modelo de Protección y Asistencia a Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, entre otros.

No se cuenta con una estrategia para identificar, prevenir y atender las situaciones de violencia sexual y de género que afectan a mujeres y niñas refugiadas, o solicitantes de asilo. No obstante, el Grupo de Trabajo de Prevención Social de la Violencia y Protección de Personas Migrantes atiende y previene esas situaciones, para lo cual ha firmado convenios de colaboración cuya finalidad es reconocer la condición de refugiado a NNA.

Los datos muestran que en 2016, 52% de las solicitantes de refugio obtuvieron la condición de residencia permanente, y se reconoció al 37% el estatus de protección complementaria (la mayoría provienen de El Salvador y Honduras).

Mujeres migrantes

Medidas para combatir la discriminación contra las mujeres migrantes

Se han puesto en marcha algunas estrategias de comunicación que fomentan el respeto a los DH y la lucha en contra de la discriminación y la xenofobia contra mujeres migrantes, destacando la campaña “Soy Migrante”; personas y atención a población migrante con PEG.

En materia de capacitación, en 2017 se impartieron cursos de DH y violencia; prevención de la violencia laboral; el ABC de la Igualdad y No Discriminación, Migración y Xenofobia; El Fenómeno Migratorio; y el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes y sus Familias en México.

En el ámbito educativo se reforzó la difusión del Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional, para el acceso inmediato a los planteles educativos de nivel básico de niñez migrante.

La UPM y el Inmujeres crearon el Grupo Técnico para la Incorporación de la PEG en las Políticas de Atención y Protección de las Mujeres Migrantes.

En materia de salud, se reactivó el Convenio de coordinación entre la SS y el DIF para la protección de NNA migrantes no acompañados y repatriados, no derechohabientes del seguro social.

Protección y asistencia en casos de violencia doméstica

Únicamente se cuenta con el Grupo Beta para atender estos casos.

Empleo

No se cuenta con información.

Violencia contra las mujeres migrantes

La UIDPM aplica el Protocolo de actuación ministerial de investigación de delitos cometidos por y en contra de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad y de aquellas sujetas de protección internacional en territorio nacional, con él las migrantes reciben atención diferenciada, con enfoque de género y de DH. La Unidad tiene actualmente 26 averiguaciones previas y 45 carpetas de investigación, con 48 y 49 víctimas u ofendidas mujeres o niñas, respectivamente.

La UIDPM tiene la campaña “Migrar no es un delito” con dos objetivos: prevenir los delitos cometidos en contra de personas migrantes vulnerables, entre ellas las mujeres; y difundir su derecho de acceder a la justicia.

También opera el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

La UEDE de la PGR en 2017 dio inicio a averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos cometidos en agravio de mujeres y niñas (38 por delitos sexuales y 12 por homicidio).

Mujeres en reclusión

Trato humano y tengan acceso adecuado a la atención médica

Se construyó el Cefereso 16 en Morelos, donde todas las personas privadas de la libertad desde su ingreso reciben atención médica, general o especializada.

La salud de las mujeres detenidas por la PGR es valorada por peritos/as médicas en cuanto son puestas a disposición de la persona Agente del MP. Los inmuebles tienen celdas específicas para mujeres, en las que se procura contar con custodias. Sin excepción, se proporciona a las detenidas insumos de higiene personal.

En 2017 se concluyó el Protocolo de Actuación, Mujeres Detenidas en Estado de Embarazo, Lactancia y Alumbramiento reciente. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario aprobó el Protocolo de Ingreso de las Hijas o Hijos que Vivan en el Centro Penitenciario con su Madre Privada de la Libertad; el Protocolo de Permanencia de las Hijas e Hijos que Vivan con su Madre Privada de la Libertad en el Centro Penitenciario; el Protocolo de Egreso Temporal o Definitivo de las Hijas e Hijos que Viven en el Centro Penitenciario con su Madre Privada de la Libertad; y el Protocolo de Visita de Niños, Niñas y Adolescentes a un Centro Penitenciario.

Se analizan alternativas para que las mujeres que cometen delitos contra la salud y son primo-delincuentes puedan cumplir sus procesos en libertad. Además, se han presentado propuestas de políticas públicas para atender a las privadas de su libertad, sus hijos e hijas.

Prisión preventiva

El Cefereso 16 aplica un modelo innovador para el sistema penitenciario, garantizando los DH, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, programa múltiples actividades.

El Protocolo sobre Mujeres Detenidas en Estado de Embarazo, lactancia y alumbramiento reciente, permite que se solicite que la prisión preventiva oficiosa se ejecute en su domicilio seguridad). Asimismo, especifica que el/la Agente del MP deberá hacer las acciones necesarias y suficientes para solicitar a la autoridad jurisdiccional que la detenida sea enviada al centro penitenciario más cercano a su domicilio.

Mujeres en reclusión por aborto

Las mujeres sentenciadas por aborto en todo el país en 2013 fueron 19; en 2014, 10; en 2015, 7; y en 2016, 1.

Matrimonio y relaciones familiares

Deudores de pensiones

La figura de banco de deudores sigue sin cambios, solo existe para cinco EF.

División igualitaria de responsabilidades entre hombres y mujeres en la familia

No se ha aprobado la Ley General de Paternidad Responsable.

Matrimonio Infantil

El SIPINNA y el Inmujeres promovieron la reforma a la legislación para prohibir el matrimonio entre menores y la eliminación de todas las dispensas. Se logró que en las 32 EF la edad se estableciera en 18 años y solamente falta eliminar dispensas en 4 EF.

El PRONAPINNA impulsa la difusión de los derechos de NNA y la necesidad de eliminar los matrimonios forzados. Y en el marco de la ENAPEA se promueve la aprobación de iniciativas en los congresos estatales para homologar los códigos penales locales y eliminar los matrimonios forzados en la población adolescente.